Tema 3 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 137. Organización territorial del Estado

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138. Solidaridad y equilibrio entre territorios

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139. Igualdad de derechos y libre circulación de bienes

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Artículo 140. Autonomía municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones del régimen de concejo abierto.

Artículo 141. La provincia

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de sus límites debe aprobarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia, y en los archipiélagos las islas tendrán además administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 143. Acceso a la autonomía por la vía ordinaria

Podrán acceder al autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas —o al órgano interinsular— y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y debe cumplirse en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo. Si la iniciativa no prospera, solo podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144. Autorización de las Cortes para constituir Comunidades Autónomas

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, podrán autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuyo ámbito no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1; autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios no integrados en la organización provincial; y sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del artículo 143.2.

Artículo 145. Prohibición de federación y convenios entre Comunidades

En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146. Elaboración del proyecto de Estatuto

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147. Los Estatutos de Autonomía

Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Deben contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones propias, y las competencias asumidas junto con las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Su reforma se ajustará al procedimiento que ellos mismos establezcan y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Artículo 148. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas

Enumera en veintidós apartados las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras internos, agricultura y ganadería, montes, gestión de la protección del medio ambiente, pesca en aguas interiores, turismo, asistencia social, sanidad e higiene y vigilancia de sus edificios, entre otras. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.

Artículo 150. Leyes marco, de transferencia y de armonización

Recoge tres instrumentos distintos. Las Cortes pueden atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de dictar normas legislativas propias en el marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, estableciendo la modalidad de control (leyes marco). El Estado puede transferir o delegar mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal susceptibles de ello, previendo la transferencia de medios financieros y las formas de control. Y puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara.

Artículo 151. Acceso a la autonomía por la vía especial

Permite saltarse el plazo de cinco años del artículo 148.2 cuando la iniciativa la acuerdan, además de las Diputaciones u órganos interinsulares, las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una, y esa iniciativa se ratifica en referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El Estatuto lo elabora una Asamblea de Parlamentarios por mayoría absoluta, lo examina la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses, se somete a referéndum del cuerpo electoral y se ratifica por los plenos de ambas Cámaras antes de que el Rey lo sancione y promulgue como ley.

Artículo 152. Organización institucional de las Comunidades Autónomas

En los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151, la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde dirigir el Consejo, la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella. Presidente y Consejo responden políticamente ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.

Artículo 153. Control de la actividad de las Comunidades Autónomas

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por el Tribunal Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al ejercicio de funciones delegadas del artículo 150.2; por la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas en lo económico y presupuestario.

Artículo 154. El Delegado del Gobierno

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155. Medidas de cumplimiento forzoso

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso o para proteger el interés general. Para ejecutarlas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para desarrollar y ejecutar sus competencias, pero con dos límites expresos: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Además pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para recaudar, gestionar y liquidar los recursos tributarios estatales.

Artículo 157. Recursos de las Comunidades Autónomas

Los recursos de las Comunidades Autónomas están constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias del Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. No podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que obstaculicen la libre circulación de mercancías o servicios. Por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de estas competencias financieras.

Artículo 158. Asignaciones presupuestarias y Fondo de Compensación Interterritorial

En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Y para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos distribuirán las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias.

Artículo 1

Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para gestionar sus intereses respectivos.

Artículo 2

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles competencias según la actividad pública y su capacidad de gestión, conforme a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las Leyes básicas del Estado deben determinar las competencias locales en las materias que regulen.

Artículo 3

El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

Artículo 4

Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.

Artículo 5

Para cumplir sus fines y dentro de sus competencias, las Entidades locales tienen, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras o servicios públicos; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Artículo 6

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que tienen encomendados y actúan según los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El control de legalidad de sus acuerdos y actos lo ejercen los Tribunales.

Artículo 7

Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo las determina la Ley y se ejercen con autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinadas con las demás Administraciones. El Estado y las CCAA pueden delegar; lo delegado se ejerce según la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27. Otras competencias distintas solo si no peligra la sostenibilidad financiera ni hay ejecución simultánea del mismo servicio, con informes previos necesarios y vinculantes.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 9

Las normas que desarrollen la Ley 7/1985 y afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular. Queda a salvo lo que la propia Ley dispone para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Artículo 10

La Administración Local y las demás Administraciones se relacionan con cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procede coordinar las competencias locales cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios. En especial, la coordinación asegura el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es compatible con la autonomía local.

Artículo 11

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Sus elementos son tres: el territorio, la población y la organización.

Artículo 12

Artículo 13

Crear, suprimir o alterar municipios se rige por la ley autonómica, sin tocar límites provinciales; exigen audiencia de los municipios, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico e informe de quien ejerza la tutela financiera. Crear municipios exige núcleos de al menos 4.000 habitantes. Los municipios colindantes de la misma provincia pueden fusionarse por convenio, aprobado por mayoría simple de cada pleno; no cabe segregarse hasta pasados diez años. Las Diputaciones, con la Comunidad Autónoma, coordinan y supervisan la integración de servicios.

Artículo 14

Un cambio de denominación de un Municipio solo tiene carácter oficial cuando, tras anotarse en el Registro creado por la Administración del Estado para inscribir todas las entidades de la Ley, se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación puede ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Artículo 15

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio donde resida habitualmente; quien viva en varios, únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de inscritos en el Padrón constituye la población del municipio, y los inscritos son sus vecinos. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón.

Artículo 16

El Padrón es el registro administrativo de los vecinos; sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y sus certificaciones son documento público y fehaciente. La inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración y ajenos a la UE, al EEE o a Estados asimilados se renueva cada dos años; si no se renueva, caduca sin necesidad de audiencia previa. El artículo enumera los datos obligatorios, admite datos voluntarios (representante, teléfono, correo) y regula la cesión de los obligatorios; los voluntarios no se ceden en ningún caso.

Artículo 17

Formar, mantener, revisar y custodiar el Padrón corresponde al Ayuntamiento, que lo gestiona informáticamente; Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares la asumen en municipios sin capacidad. El INE coordina los Padrones y puede acudir a la ejecución sustitutoria; su Presidente resuelve discrepancias y propone al Gobierno las cifras oficiales. El Consejo de Empadronamiento, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y presidido por el Presidente del INE, funciona en Pleno y Comisión. Los inscritos en el Padrón de españoles residentes en el extranjero son vecinos solo para el sufragio.

Artículo 18

Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.

Artículo 19

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en Concejo Abierto. Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde, por los Concejales o por los vecinos, según la legislación electoral general. Los municipios del título X se rigen por él y, en lo no previsto, por el régimen común de los artículos siguientes.

Artículo 20

En todos los ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local, en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Con el mismo umbral, órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, con participación proporcional de todos los grupos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del título X o si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta o lo dispone el reglamento. La Comisión Especial de Cuentas, en todos.

Artículo 21

El Alcalde preside la Corporación. Entre sus atribuciones: dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno Local con voto de calidad, dictar bandos, jefatura superior del personal y de la Policía Municipal, otorgar licencias y concertar créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios. Nombra a los Tenientes de Alcalde. No puede delegar convocar y presidir, voto de calidad, créditos, jefatura del personal, separación, despido ni las letras a), e), j), k), l) y m), aunque la j) sí en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 22

Lo integran todos los Concejales y lo preside el Alcalde. Le corresponden en todo caso (y a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto), entre otras: control y fiscalización de los órganos de gobierno, alteración del término municipal, aprobación inicial del planeamiento general, reglamento orgánico y ordenanzas, presupuestos y cuentas, lesividad y créditos que excedan del 10 % de los recursos ordinarios. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, públicas y por llamamiento nominal. Puede delegar en Alcalde y Junta de Gobierno Local, salvo 2.a) a i), l), p) y el apartado 3.

Artículo 23

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y Concejales en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Asiste al Alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o legales. Los Tenientes de Alcalde lo sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad; los designa y remueve el Alcalde entre los miembros de la Junta o, si no existe, entre los Concejales. El Alcalde puede delegar en miembros de la Junta (o Tenientes) y hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal.

Artículo 24

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla. Su organización, funciones y competencias son las que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo al asentamiento de la población en el término municipal y sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios del artículo 121 se aplica el régimen de gestión desconcentrada del artículo 128.

Artículo 24 bis

Las leyes autonómicas de régimen local regulan los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del Municipio para administrar núcleos de población separados (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos…). La iniciativa corresponde indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento, que debe ser oído en todo caso. Solo pueden crearse si resultan una opción más eficiente según la Ley Orgánica 2/2012.

Artículo 25

El Municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para la comunidad vecinal. El apartado 2 enumera, de la a) a la p), las materias en que ejercerá en todo caso competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, agua, policía local, tráfico, cementerios, cultura, deporte, igualdad, energía…). Esas competencias se determinan por Ley, que irá con memoria económica, no puede suponer mayor gasto, debe evitar atribuciones simultáneas a otra Administración y exige ponderar antes la capacidad de gestión de la entidad local.

Artículo 26

Servicios obligatorios en todo caso. Todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Más de 20.000: protección civil, necesidad y exclusión social, incendios e instalaciones deportivas de uso público. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Con menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios y el Ministerio decide la forma de prestación.

Artículo 27

El Estado y las CCAA pueden delegar competencias en los Municipios. La delegación debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y respetar la estabilidad presupuestaria; fija alcance, condiciones y duración (no inferior a cinco años), con memoria económica y sin mayor gasto. Exige aceptación del Municipio y financiación suficiente, siendo nula sin dotación. La delegante puede dar instrucciones, pedir información, revocar o ejecutar por sí misma. La renuncia la acuerda el Pleno.

Artículo 28

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos para sus competencias y una prestación de calidad y sostenible de los servicios mínimos obligatorios: racionalización organizativa, gestión común o asociativa, personal en común con otros municipios y fomento del desarrollo. Su aplicación requiere decisión de la Comunidad Autónoma, conformidad previa del municipio afectado e informe de las entidades locales afectadas.

Artículo 29

Funcionan en Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente tengan ese régimen y aquellos en que lo aconsejen su localización geográfica, la mejor gestión u otras circunstancias; estos últimos requieren petición de la mayoría de los vecinos, mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación autonómica. Gobiernan un Alcalde y una asamblea vecinal de todos los electores. En municipios de menos de 100 residentes el alcalde puede convocar Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia.

Artículo 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley 7/1985, pueden establecer regímenes especiales para los Municipios pequeños o de carácter rural y para los que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Artículo 31

La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sus fines propios y específicos: garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial y participar en la coordinación de la Administración local con la autonómica y la del Estado. Su gobierno y administración autónoma: la Diputación u otras Corporaciones representativas.

Artículo 32

En todas las Diputaciones existen el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, y también órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno y de seguimiento de la gestión, salvo que la legislación autonómica prevea otra forma organizativa. En ellos participan todos los grupos políticos en proporción a sus Diputados en el Pleno. Los demás órganos complementarios los regula cada Diputación, y las leyes autonómicas pueden prever una organización provincial complementaria.

Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

El personal directivo que haya en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra según criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional, de cuerpos o escalas del subgrupo A1. Excepción: el Reglamento Orgánico puede permitir que el titular no sea funcionario, en atención a las características específicas de las funciones de esos órganos directivos.

Artículo 33

El Pleno de la Diputación lo forman el Presidente y los Diputados. Le corresponden, entre otras: organización, ordenanzas, presupuestos, planes provinciales, control de los órganos de gobierno, plantilla y RPT, dominio público, conflictos de competencias, acciones judiciales, lesividad, créditos por encima del 10 % de los recursos ordinarios y las de mayoría especial. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, de forma pública y por llamamiento nominal. Puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno, salvo las letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ) y el número 3.

Artículo 34

El Presidente de la Diputación dirige el gobierno y la administración de la provincia, la representa, convoca y preside el Pleno y la Junta de Gobierno y decide los empates con voto de calidad. Concierta créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios (tesorería, hasta el 15 % de los ingresos corrientes liquidados), aprueba la oferta de empleo público, ostenta la jefatura del personal y nombra a los Vicepresidentes. No puede delegar, entre otras, convocar y presidir, el voto de calidad, los créditos, la jefatura de personal y las letras a), i) y j).

Artículo 35

La Junta de Gobierno la forman el Presidente y Diputados en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. Le corresponde asistir al Presidente y ejercer lo que este le delegue o le atribuyan las leyes. El Presidente puede delegar en sus miembros y hacer delegaciones especiales en cualquier Diputado. Los Vicepresidentes, designados por el Presidente entre miembros de la Junta, le sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 36

Competencias propias de la Diputación: las atribuidas por leyes estatales y autonómicas y, en todo caso: coordinar los servicios municipales; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica (garantiza secretaría e intervención en menos de 1.000 habitantes); servicios supramunicipales (asume tratamiento de residuos en menos de 5.000 y prevención y extinción de incendios en menos de 20.000, si no los prestan); recaudación, apoyo financiero, administración electrónica y contratación centralizada en menos de 20.000; y seguimiento de costes efectivos. Aprueba cada año el plan provincial.

Artículo 37

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones y encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios según sus Estatutos; en la encomienda, las Diputaciones actúan con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. El Estado puede delegar en ellas competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo. El ejercicio de lo delegado se acomoda al artículo 27.

Artículo 38

Cláusula de extensión: las previsiones que este Capítulo y los restantes de la Ley 7/1985 establecen para la Diputación se aplican también a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Artículo 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 7/1985 no se les aplica de forma directa, sino con carácter supletorio.

Artículo 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Comunidad Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que en el régimen ordinario corresponden a las Diputaciones Provinciales. Queda exceptuada la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su propio Estatuto.

Artículo 41

Los Cabildos Insulares Canarios, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por la disposición adicional decimocuarta y, supletoriamente, por las normas de las Diputaciones provinciales, cuyas competencias asumen. Subsisten en Canarias las mancomunidades provinciales interinsulares solo como órganos de representación y expresión de intereses provinciales: las integran los Presidentes de los Cabildos y las preside el del Cabildo de la isla donde está la capital. A los Consejos Insulares de Baleares se les aplican las normas de las Diputaciones.

Artículo 42

Las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos, pueden crear comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios; la iniciativa puede partir de estos. No se crea si se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que representen al menos la mitad del censo electoral. Si abarca más de una Provincia, se exige informe favorable de las Diputaciones. Las leyes autonómicas fijan ámbito, órganos (representativos de los Ayuntamientos), competencias y recursos. Los Municipios conservan los servicios del artículo 26 y alguna intervención en las materias del 25.2.

Artículo 43

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, conforme a sus Estatutos. Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios y obras. La ley autonómica fija sus órganos (con todos los Municipios representados), su régimen económico y de funcionamiento y los servicios y obras metropolitanos.

Artículo 44

Los municipios pueden asociarse en mancomunidades para ejecutar obras y servicios determinados de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídicas y se rigen por sus Estatutos (ámbito, objeto, órganos, recursos, duración…); sus órganos de gobierno representan a los ayuntamientos mancomunados. Estatutos: los elaboran los concejales de los municipios promotores en asamblea, informa la Diputación y los aprueban todos los Plenos; procedimiento similar para modificar o suprimir. Caben municipios de distintas comunidades si sus normativas lo permiten.

Artículo 45

Artículo 1. Carácter de la ley

La Ley 5/2010 se dicta en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre organización territorial de Andalucía y se aprueba con las prescripciones establecidas en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esas mismas prescripciones estatutarias condicionan también las modificaciones que afecten al régimen jurídico que la ley establece.

Artículo 2. Objeto de la ley

La ley determina las competencias y potestades de los municipios y demás entes locales y las reglas de las eventuales transferencias y delegaciones de competencias de la Comunidad Autónoma. Regula las relaciones entre las entidades locales y las instituciones de la Junta, la concertación y las técnicas de cooperación y colaboración. Contiene el régimen de los bienes, las modalidades de prestación de los servicios locales de interés general y la iniciativa económica, así como la demarcación territorial municipal y la organización administrativa de su territorio.

Artículo 3. Organización territorial de Andalucía

Municipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma, integran un único nivel de gobierno. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma. Por ley, o de acuerdo con esta ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias.

Artículo 4. Autonomía local

Municipios y provincias gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes; actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas de su comunidad. La autonomía comprende, en todo caso, sus intereses públicos, órganos de gobierno y administración, territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y recursos de sus haciendas. Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Municipios y provincias tienen plena personalidad jurídica.

Artículo 5. Potestad de autoorganización

Las entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. Municipios y provincias han de contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local; su funcionamiento, régimen de acuerdos y estatuto de sus miembros se ajustan a esa legislación, garantizándose en todo caso la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios. El resto de los órganos complementarios se ajusta a los estatutos de cada entidad local.

Artículo 6. Principios generales

Las competencias de municipios y provincias se determinan por ley. Las que determina esta ley tienen la consideración de propias y mínimas y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía, y la legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

Artículo 7. Competencias locales

Las competencias locales facultan para la regulación de las correspondientes materias, dentro de la potestad normativa de la entidad. En el ámbito de sus competencias propias, corresponde a la entidad local la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª del capítulo.

Artículo 8. Cláusula general de competencia

Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Artículo 9. Competencias municipales

Enumera en 28 apartados las competencias propias de los municipios andaluces: urbanismo, vivienda, servicios sociales comunitarios, ciclo integral del agua de uso urbano, alumbrado público, residuos, limpieza viaria, transporte urbano, caminos y vías pecuarias, movilidad en vías urbanas, patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública, seguridad en espacios públicos, consumo, turismo, cultura, deporte, cementerios, educación, desarrollo económico, actividades económicas, mercadillos, mercados de abastos, eventos menores, participación ciudadana, juzgados de paz e inmigración.

Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes. En ningún caso se verán afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

Artículo 11. Competencias de asistencia a los municipios

Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, la asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrá consistir en: asistencia técnica (información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico), asistencia económica (financiación de inversiones, actividades y servicios municipales) y asistencia material (prestación de servicios municipales). Podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.

Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio

La provincia presta asistencia técnica al municipio en: planeamiento y gestión urbanística; pliegos y procedimientos de contratación; ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones; tecnologías de la información y administración electrónica; estudios, planes y proyectos; asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la defensa jurídica; personal; formación de representantes locales; igualdad de género, y cualquier otra que determine. Una norma provincial fija los requisitos y la financiación, y la diputación decide motivadamente.

Artículo 13. Asistencia económica de la provincia al municipio

La provincia asiste económicamente a los municipios para inversiones, actividades y servicios municipales. Los planes y programas se regulan por norma provincial y se elaboran, con transparencia y publicidad, en fases: la diputación recaba información, fija criterios básicos (con apoyo preferente a los municipios de menor población), cada ayuntamiento formula su propuesta priorizada, la diputación formula el proyecto, audiencia a los ayuntamientos, modificaciones y aprobación definitiva por la diputación. El rechazo de prioridades municipales será motivado.

Artículo 14. Asistencia material de la provincia al municipio

La provincia presta los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este lo solicite, y determina la forma de gestión. Según norma provincial presta obligatoriamente, a petición del municipio, al menos: inspección, gestión y recaudación de tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal; representación y defensa judicial, y suplencias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes. Si un municipio incumple, la diputación, previo requerimiento, actúa por sustitución.

Artículo 15. Competencias materiales de la provincia

La provincia tiene competencias en tres materias: carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. En las tres se repite la referencia provincial: carreteras «provinciales» y archivos, museos e instituciones culturales «de interés provincial».

Artículo 16. Disposiciones comunes a la transferencia y la delegación

Respetando la voluntad de las entidades afectadas y por razones de eficacia, eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias. Ambas figuras sirven al principio de diferenciación y se fundamentan en las características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes locales. Otros entes locales de los que formen parte los municipios podrán ejercerlas si lo prevé expresamente la ley de transferencia o el decreto de delegación.

Artículo 17. Transferencia de competencias

A iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pueden transferirse a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma mediante ley, que determinará los recursos financieros y los medios personales, materiales y económicos, conforme a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional. Un decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los municipios afectados, concreta el traspaso. La Comunidad Autónoma puede reservarse la ordenación, planificación y coordinación generales.

Artículo 18. Suspensión y revocación de la transferencia

Por razones de interés general, ante grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por los municipios o notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender el ejercicio de la competencia por tiempo determinado, no superior a un año, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad o entidades locales afectadas. La revocación la propone la Comunidad Autónoma al Parlamento y se aprueba por ley, que regula la liquidación de recursos y cargas y la devolución de bienes.

Artículo 19. Delegación del ejercicio de competencias

La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en su caso, en otras entidades locales. La entidad local ejerce las potestades inherentes a la competencia sin que se altere su titularidad. La delegación respeta en todo caso la potestad de autoorganización local y se ejerce con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control del decreto de delegación. Su efectividad requiere aceptación expresa de la entidad delegada y cesión de uso de medios materiales, dotaciones y, en su caso, recursos humanos.

Artículo 20. El decreto de delegación

El decreto de delegación lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia. Contenido mínimo: normas legales que justifican la delegación; funciones delegadas; medios, su valoración y procedimiento de revisión; coste efectivo del servicio; fecha de efectividad y duración; condiciones, instrucciones, directrices, mecanismos de control y supuestos de revocación. La Comunidad Autónoma puede reservarse, entre otras facultades, la potestad reglamentaria, el recurso de alzada y promover la revisión de oficio.

Artículo 21. Obligaciones de la entidad delegada

Los municipios y demás entidades locales que asuman por delegación competencias propias de la Comunidad Autónoma están obligados a: cumplir los programas y directrices que esta pueda establecer; proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias y atenerse a los requerimientos de subsanación de deficiencias del órgano competente de la Comunidad Autónoma; mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación, y cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.

Artículo 22. Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competencias

Si se incumplen las obligaciones del decreto de delegación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia a la entidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, podrá suspender o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias. Las entidades delegadas podrán renunciar en los casos del decreto de delegación o cuando circunstancias sobrevenidas justifiquen suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo de sus competencias propias o transferidas. El Consejo de Gobierno fija, previo expediente, los mecanismos de liquidación.

Artículo 23. La encomienda de gestión

La Administración de la Junta de Andalucía puede acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión. Se formaliza en un convenio interadministrativo que determina, al menos, alcance, habilitación normativa y plazo de vigencia. Su efectividad requiere que vaya acompañada de dotación económica o incremento de financiación a favor de las entidades locales receptoras.

Artículo 24. Colaboración financiera

La Comunidad Autónoma financia las competencias locales propias y transferidas fundamentalmente mediante la participación en sus tributos (artículo 192.1 del Estatuto). Adicionalmente puede establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas: las beneficiarias se determinan con criterios objetivos y previa aceptación. Las entidades locales deben participar en su elaboración y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en la definición de los parámetros de aplicación de los recursos. Los desarrolla y regula la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 25. Financiación de nuevas atribuciones

Si la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.

Artículo 26. Servicios locales de interés general

Son servicios locales de interés general los que las entidades locales prestan o regulan y garantizan en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, y también las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía. Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general

El régimen de los servicios locales de interés general se inspira y fundamenta en once principios: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad; precio adecuado a los costes del servicio; economía, suficiencia y adecuación de medios; objetividad y transparencia en la actuación administrativa; prevención y responsabilidad por la gestión pública; transparencia financiera y en la gestión; calidad en la prestación; calidad medioambiental y desarrollo sostenible; y adecuación entre forma jurídica y fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.

Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general

Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado. Hay servicio público cuando la propia entidad local realiza la actividad objeto de la prestación, de forma directa o mediante contrato administrativo. Hay servicio reglamentado cuando la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado

Las ordenanzas de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros aspectos: del servicio, condiciones técnicas, obligaciones específicas de servicio público, niveles mínimos de calidad en su caso, tarifas o precios y supuestos de subvención; de los usuarios, derechos y deberes; del prestatario, su situación jurídica, sanciones y supuestos de revocación o clausura. Los controles preventivos se rigen por las normas de derecho interno y europeo de la competencia. Los ciudadanos pueden exigir, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza.

Artículo 30. Creación de servicios públicos

Cada servicio público local se crea y regula por ordenanza, y su prestación se inicia al entrar esta en vigor. Solo se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares de cultura, deporte, enseñanza, turismo y similares); si procede exigir precios públicos, son preceptivos los acuerdos de imposición y ordenación. La ordenanza determina al menos: prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones al prestador, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección. Todo ciudadano puede exigir su prestación.

Artículo 31. Servicios públicos básicos

Los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En todo caso tienen esa consideración los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 32. Servicios públicos reservados

Se reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley cabe reservar otras actividades y servicios. La reserva habilita para prestarlos en monopolio, que acuerda el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente con memoria justificativa, información pública y audiencia a los directamente afectados e informe provincial, obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal. Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso de los servicios reservados.

Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público

Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración. Modalidades directas: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil, sociedad interlocal y fundación pública local. Los servicios con ejercicio de autoridad no pueden prestarse por contrato, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación. Constituir las entidades de las letras b a g exige memoria de ventajas con estudio económico financiero.

Artículo 34. Agencia pública administrativa local

Las agencias administrativas locales son entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo. Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia local, salvo las potestades expropiatorias. No pueden crearse para ejercer actividades económicas en régimen de mercado. Su régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad es el de las entidades locales. Tienen las potestades que sus estatutos les atribuyan de manera expresa y un consejo rector.

Artículo 35. Agencia pública empresarial local

Las agencias empresariales locales son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestionan servicios o producen bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden crearse para actividades administrativas. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas expresamente en sus estatutos y lo regulado en la legislación de haciendas locales, sus estatutos y demás disposiciones generales. Las rige un consejo de administración.

Artículo 36. Agencia local en régimen especial

Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas que asumen actividades propias de las agencias administrativas y empresariales locales, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado, con excepciones. Actúan conforme a un plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión, que aprueba el pleno de la entidad local. Una comisión de control, regulada en los estatutos, informa sobre la ejecución del contrato de gestión.

Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales

La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponde al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Los estatutos han de aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo. Su contenido mínimo es: denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las potestades atribuidas, y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.

Artículo 38. Sociedad mercantil local

Las sociedades mercantiles locales tienen por objeto realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias sujetas a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una forma de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital es íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local. El pleno aprueba los estatutos y se constituye como junta general; se publican antes de funcionar.

Artículo 39. Sociedad interlocal

Las entidades locales pueden crear sociedades interlocales, o participar en ellas, para prestar conjuntamente actividades y servicios de su competencia. Esa prestación se considera gestión propia si se cumplen cinco requisitos: capital exclusivo público local, con prohibición expresa de capital privado; control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen; no tener encomendadas actividades de mercado; y prestar su actividad solo en el territorio de las entidades locales que la crean.

Artículo 40. Fundación pública local

Es fundación pública local aquella en la que concurra alguna de estas circunstancias. Primera: aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o patrimonio fundacional formado, con carácter de permanencia, en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas. Segunda: representación mayoritaria de la entidad local, que existe cuando nombra, directamente o a través de sus entidades o empresas, a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia.

Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local

Requieren acuerdo previo del pleno de la entidad: la creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines fundacionales. Ese acuerdo determina las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designa a la persona que ha de actuar por la entidad en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.

Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local

Las fundaciones públicas locales no pueden ejercer potestades públicas. Solo pueden realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras y deben contribuir a la consecución de sus fines, sin asumir la titularidad de las competencias de estas. En todo caso, las entidades locales designan a la mayoría de los miembros del patronato. En lo no regulado específicamente en el capítulo se rigen, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.

Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada

Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general constituyendo empresas mixtas o participando en ellas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso, su proceso de constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia aplicables según la legislación de contratos del sector público.

Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general

Las empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o concedido derechos especiales o exclusivos quedan sujetas a obligaciones de transparencia cuando realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público. Deben llevar cuentas separadas e informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en los términos de la legislación estatal y del Derecho europeo.

Artículo 45. Iniciativa económica local

Las entidades locales andaluzas pueden ejercer la iniciativa pública para desarrollar actividades económicas, en los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, en el marco de sus políticas propias y en régimen de libre concurrencia. Para ejercer actividades económicas en ese régimen hace falta un acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría.

Artículo 46. Empresa pública local

Para ejercer actividades económicas, las entidades locales adoptarán preferentemente la forma de empresa pública local. Lo es cualquier sociedad mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante por la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen. Su objeto son actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso podrán ejercer potestades públicas.

Artículo 47. Creación de la empresa pública local

Crear una empresa pública local exige autorización del pleno por acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente que acredite la conveniencia y oportunidad. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y recoge como mínimo: denominación, forma jurídica, actividades del objeto social, facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles, participación local en el capital, líneas básicas de organización y adscripción. Incorpora y aprueba el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación. Los estatutos se aprueban y publican antes de la entrada en funcionamiento.

Artículo 48. Régimen jurídico

La empresa pública local se rige por el ordenamiento jurídico privado, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo en las materias en que se aplique la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación. Los estatutos determinan el funcionamiento del consejo de administración y de los restantes órganos de dirección. El personal se rige por el Derecho Laboral; el nombramiento del no directivo va precedido de convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras

Las empresas públicas locales deben suministrar información a la administración local de la que dependan, en los plazos que establezcan sus estatutos, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas administraciones públicas, para garantizar la transparencia de las relaciones financieras. Además, en la memoria anual deben incluir información específica sobre la puesta a disposición de fondos por las administraciones públicas, directa o indirectamente, los objetivos perseguidos y su utilización efectiva.

Artículo 50. Concepto del patrimonio local

El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, pertenezcan a las entidades locales, orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Lo gestiona la propia entidad o entidades de ella dependientes, bajo su responsabilidad directa, salvo los elementos adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas. Según el uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público.

Artículo 51. Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisición

Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales. Esa regla no impide que después se afecten al uso o servicio de interés general: el artículo deja a salvo expresamente su posterior afectación.

Artículo 52. Reglas generales sobre la disposición del patrimonio

Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De los patrimoniales, las entidades locales de Andalucía pueden disponer mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe. Para imponer cargas o gravámenes sobre bienes o derechos patrimoniales se exigen los requisitos de su enajenación.

Artículo 53. Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales

Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. Para la consecución del interés público, las entidades locales pueden concertar las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con una condición: que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.

Artículo 54. Publicidad de la actividad local y garantías

Los ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deben publicar en su sede electrónica o, en su defecto, en la de la respectiva diputación provincial, en cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales sobre catorce materias (urbanismo, vivienda, servicios, presupuesto, personal, contratación, medio ambiente…). Lo publicado goza de garantías de integridad, veracidad y actualización. Los actos de otras administraciones u órganos judiciales que deban publicar van también en sede electrónica.

Artículo 55. Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales

Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladan a la Administración de la Junta de Andalucía la información de sus disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunicación telemática, y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la Comunidad Autónoma. Esta puede recabar información complementaria para ampliar la recibida o cuando, conociendo alguna actuación local, no se le hubiese remitido en plazo. Las entidades locales pueden requerirle información sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local.

Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos

Conforme a la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía puede someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaban sus competencias, interfieren su ejercicio o las exceden. Antes de ejercer la acción procesal puede requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto y, en su caso, suspenda su eficacia. Las entidades locales pueden impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.

Artículo 57. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, órgano de representación de municipios y provincias ante las instituciones de la Junta, con autonomía orgánica y funcional y reglamento interno propio. Conoce con carácter previo anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales que afecten a competencias locales propias e informa sin carácter vinculante. Sus informes se aprueban por mayoría simple de los asistentes. Lo componen la representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local más cinco cargos electos locales; la presidencia se elige por mayoría absoluta.

Artículo 58. Coordinación administrativa

La Comunidad Autónoma puede ejercer facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales, especialmente las de cooperación, en cuatro supuestos: que la actividad o servicio trascienda los intereses propios locales, incida o condicione de forma relevante los intereses autonómicos, sea concurrente o complementario de los autonómicos, o haya delegación de competencias autonómicas. Se realiza a través de planes sectoriales e intersectoriales, no puede afectar en ningún caso a la autonomía local y busca la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta.

Artículo 59. Planes sectoriales

Las leyes sectoriales autonómicas pueden facultar al Consejo de Gobierno para coordinar, mediante planes sectoriales de coordinación, el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de la Comunidad Autónoma. Dos requisitos: que sea necesario para asegurar la coherencia de actuación de las administraciones y que ese fin no pueda alcanzarse por la cooperación voluntaria o esta resulte manifiestamente inadecuada. Las entidades locales programan, planifican u ordenan dentro de esos planes; la ley sectorial debe precisar condiciones y límites.

Artículo 60. Fines

La cooperación territorial se orienta a ocho fines: propiciar un modelo territorial de desarrollo sostenible y cohesión económica, social y territorial; adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional; mejorar la calidad y gestión de servicios, equipamientos e infraestructuras básicas; garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entidades intermunicipales; dotar a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera; favorecer proyectos comunes competitivos y la calidad de vida, y crear mecanismos de defensa de intereses comunes ante terceros.

Artículo 61. Principios de la cooperación territorial

La cooperación territorial en Andalucía se rige por siete principios generales: autonomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad. No pueden coexistir dos o más entidades de cooperación sobre un mismo territorio cuando coincidan en un mismo objeto; en ese supuesto, el expediente de creación de la nueva entidad debe incluir, en todo caso, la fórmula y el procedimiento de absorción de la entidad preexistente.

Artículo 62. Tipología

La cooperación territorial se lleva a cabo a través de entidades e instrumentos. Son entidades de cooperación territorial las mancomunidades de municipios, los consorcios y cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica. Son instrumentos los convenios de cooperación, las redes de cooperación y cualquier otra modalidad que no dé lugar a un ente con personalidad jurídica. En ambas cláusulas abiertas la modalidad debe ajustarse a los fines y principios de la ley.

Artículo 63. Definición y objeto

Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia. El objeto de la mancomunidad debe ser determinado y no puede comprender el ejercicio de la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos municipios.

Artículo 64. Ámbito territorial de las mancomunidades

El ámbito territorial de la mancomunidad es el de sus municipios. No es indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que haya continuidad territorial, si esta no la requiere la naturaleza de los fines. Constituir mancomunidades con municipios de otras comunidades autónomas exige la aprobación del Consejo de Gobierno de Andalucía y cumplir la legislación de aquellas. Una mancomunidad andaluza puede prestar servicios provisionalmente a municipios de otra comunidad que lo soliciten, también con aprobación del Consejo de Gobierno y los requisitos o autorizaciones de esa comunidad.

Artículo 65. Personalidad y régimen jurídico

Las mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico es el establecido en sus propios estatutos, que deben respetar, en todo caso, la ley y las normas que la desarrollen. Sus potestades son las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines y deben contenerse de forma expresa en los estatutos.

Artículo 66. Contenido de los estatutos

Los estatutos de las mancomunidades fijan su régimen orgánico y de funcionamiento y contienen, como mínimo, dieciséis determinaciones: denominación y sede; municipios; objeto, fines, potestades, servicios y obras; órgano de representación municipal; órganos de gobierno y administración y sus normas; recursos económicos, con aportaciones municipales proporcionales; período mínimo de permanencia, nunca superior a cuatro años; duración; modificación de estatutos; incorporación y separación; disolución y liquidación; derechos y obligaciones; régimen indemnizatorio, y bienes cedidos en uso.

Artículo 67. Garantía de representatividad municipal en las mancomunidades

Sin perjuicio de la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, sus atribuciones y régimen de funcionamiento, los estatutos deben garantizar que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. Los representantes en ese órgano se designan, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.

Artículo 68. Iniciativa para la constitución de las mancomunidades

El acuerdo inicial para la constitución de una mancomunidad debe ser adoptado por cada uno de los municipios interesados. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los plenos de cada uno de los ayuntamientos promotores.

Artículo 69. Aprobación inicial de los estatutos

El proyecto de estatutos lo redactan los concejales de los municipios promotores constituidos en asamblea, o una comisión designada por la asamblea de entre las personas representantes de cada municipio. La asamblea fija el régimen de funcionamiento y el calendario de trabajo. La presidencia y la secretaría de la asamblea las desempeñan las personas titulares de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento del municipio en que se celebren las sesiones. Redactado el proyecto, la asamblea lo aprueba inicialmente con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.

Artículo 70. Información pública e informes

El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes, mediante publicación en los tablones de edictos de cada municipio interesado, en la correspondiente sede electrónica de titularidad municipal y provincial y en los boletines oficiales de las provincias en que radiquen. Además, se remite a las diputaciones provinciales afectadas para que lo informen en dos meses; transcurrido ese plazo sin que se hayan notificado los informes, el trámite se entiende cumplimentado y el procedimiento continúa.

Artículo 71. Aprobación de los estatutos

Una vez recogidas, en su caso, las observaciones, sugerencias y alegaciones, la asamblea aprueba provisionalmente el proyecto de estatutos y lo remite, junto con todo lo actuado, a los diferentes municipios para su aprobación definitiva. Esta requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos municipales.

Artículo 72. Ratificación de acuerdos

Aprobados definitivamente los estatutos, los ayuntamientos remiten en el plazo de diez días certificación del acuerdo a la asamblea de concejales o, en su caso, a la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratificará en un acto único. La asamblea remite a la consejería competente sobre régimen local un ejemplar de los estatutos, por cualquier medio que permita garantizar su autenticidad, así como copia del expediente administrativo completo.

Artículo 73. Publicidad de las mancomunidades

La asamblea remite al BOJA, en el plazo de tres días, el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad. La publicación es constitutiva: determina el nacimiento de la mancomunidad, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los estatutos deben constituirse los órganos de gobierno y comenzar su normal funcionamiento. La Administración de la Junta de Andalucía comunica la constitución a la Administración General del Estado.

Artículo 74. Modificación de los estatutos

La modificación se rige por los propios estatutos, respetando en todo caso la ley. La iniciativa puede partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad; la aprobación corresponde, en todo caso, al órgano de representación municipal. Son trámites obligatorios la información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que informen en plazo no inferior a un mes. El acuerdo se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunica al Estado.

Artículo 75. Adhesión de municipios

Constituida la mancomunidad, los municipios que lo deseen pueden adherirse voluntariamente, con sujeción al procedimiento que determinen los estatutos. En todo caso, el pleno del ayuntamiento que pretende adherirse debe aprobar la adhesión y los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros, y hacen falta información pública e informe de la diputación o diputaciones provinciales interesadas. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunica a la Administración General del Estado.

Artículo 76. Separación de municipios mancomunados

Ningún municipio puede separarse si, transcurrido el período mínimo de permanencia, mantiene deudas con la mancomunidad: con la solicitud debe liquidarlas, abonar la parte del pasivo que le sea proporcionalmente imputable y pagar los gastos de la separación. El órgano de representación municipal puede decidir, previa audiencia y por mayoría de dos tercios de sus componentes, la separación del municipio que incumpla gravemente sus obligaciones. Si quedan deudas, la mancomunidad, previo acuerdo de ese órgano, puede pedir a la Junta de Andalucía la retención de cantidades por igual importe.

Artículo 77. Disolución de mancomunidades

La disolución se ajusta al régimen de los propios estatutos, que deben respetar en todo caso la ley. La mancomunidad disuelta mantiene su capacidad jurídica hasta que el órgano de gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio. El acuerdo de disolución se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo traslada a la Administración General del Estado. La asamblea remite el acuerdo al BOJA para su publicación, y la extinción de la mancomunidad se produce con la publicación.

Artículo 78. Definición y composición de los consorcios

El consorcio es entidad pública voluntaria y asociativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común, sometida al Derecho Administrativo. Las entidades locales pueden formarlo con las de distinto nivel territorial, con otras administraciones o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Los participados mayoritariamente por entidades locales y con fines de interés local se consideran entidades locales de cooperación territorial. Sus potestades, las estrictamente necesarias, constan expresamente en los estatutos.

Artículo 79. Estatutos de los consorcios

Los estatutos fijan el régimen de funcionamiento del consorcio y contienen, como mínimo, once extremos: denominación y sede; entes que lo integran; objeto y fines; órganos de gobierno; normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso; régimen financiero, presupuestario y contable; duración; procedimiento de incorporación y separación de miembros; procedimiento de modificación de los estatutos; causas, procedimiento de disolución y normas de liquidación; y régimen jurídico de los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen.

Artículo 80. Procedimiento de constitución de los consorcios y aprobación de sus estatutos

Las entidades que quieran consorciarse aprueban un convenio fundacional, al que pueden incorporar como anexo un proyecto de estatutos; si no, se redacta en la forma que el convenio determine. Los órganos plenarios de las entidades locales autorizan la suscripción del convenio y aprueban los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros. El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes y se remite a las diputaciones provinciales afectadas que no sean parte del convenio, para que informen en un mes. Su publicación en el BOJA es constitutiva.

Artículo 81. Órganos de gobierno de los consorcios

Los órganos de gobierno del consorcio se integran por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción estatutaria y sin que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta. Si junto con entidades locales participa la Administración de la Junta de Andalucía (mediante sus consejerías, agencias o empresas públicas dependientes) aportando medios materiales o financieros, el órgano de gobierno debe integrar un número de miembros de la Comunidad Autónoma que garantice la proporcionalidad de su aportación económica, sin suponer la mayoría absoluta del total de miembros del órgano.

Artículo 82. Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcio

Para la modificación de los estatutos del consorcio, la adhesión y separación de sus miembros, la disolución y la liquidación se aplica lo dispuesto en la propia ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los distintos entes consorciados.

Artículo 83. Convenios de cooperación

Municipios, provincias y entidades de cooperación territorial pueden celebrar convenios entre sí o con la Comunidad Autónoma para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias. El instrumento de formalización especifica ocho extremos, como la competencia que ejerce cada administración, la financiación y el plazo de vigencia. Cada convenio lleva memoria con antecedentes, razones de oportunidad y objetivos. Puede prever el traspaso de personal, sin ingreso en la función pública de otra administración. Aprobado, se remite copia a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 84. Redes de cooperación territorial

La cooperación territorial puede desarrollarse también mediante redes de ámbito inferior o igual al autonómico, nacional o internacional. Pueden integrarlas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan fines de interés general local, y sus miembros pueden crear entidades con personalidad jurídica. Las redes de ciudades son el nivel básico y preferente. Las de ámbito andaluz deben promover estructuras flexibles, no jerarquizadas y basadas en la adopción consensuada de decisiones. Constituida la red, se da cuenta a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 85. Órganos paritarios de colaboración

El órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición y funcionamiento regula su propia ley de creación. Otros órganos de colaboración se crean por ley, que determina en todos los casos las funciones atribuidas, el ámbito material y territorial de actuación, la composición y el funcionamiento. Los órganos paritarios de colaboración tienen carácter deliberante o consultivo. Todo ello sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los planes sectoriales de coordinación.

Artículo 86. De los recursos de las haciendas de las entidades locales de cooperación

La hacienda de las entidades locales de cooperación territorial se integra por: ingresos de su patrimonio y demás de Derecho Privado; tasas, contribuciones especiales y precios públicos; subvenciones; producto de operaciones de crédito; producto de multas y sanciones; transferencias, en su caso, de otras administraciones; aportaciones de los municipios integrantes, en su caso; y cualquier otro ingreso de Derecho Público. Los recursos concretos son los previstos en sus estatutos o leyes de creación. Su régimen financiero no altera el de los municipios u otras entidades locales que las integran.

Artículo 87. De las aportaciones de los municipios integrantes de las entidades locales de cooperación

Las aportaciones municipales garantizan la distribución proporcional de las cargas. Parámetros: número de habitantes, aprovechamiento de los servicios, participación en los tributos e ingresos del Estado y votos en el máximo órgano de gobierno. Las determina anualmente el máximo órgano colegiado de gobierno, previa consulta a los municipios, que las consignan en sus presupuestos. Transcurrido el plazo de ingreso, la entidad puede solicitar a la Junta de Andalucía la deducción de las entregas mensuales, con audiencia a los afectados. Cabe impugnar los presupuestos que no prevean la partida.

Artículo 88. Cooperación en materia de ingresos de Derecho Público

La Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de cooperación reguladas en la ley pueden colaborar en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público de esas entidades, sin perjuicio de la colaboración con otras administraciones públicas.

Artículo 89. Concepto de término municipal

El término municipal es el espacio físico en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias; ciertas competencias y actividades pueden desarrollarse fuera cuando sea adecuado a su naturaleza y conforme a los instrumentos jurídicos que se adopten. Abarca suelo, vuelo y subsuelo, pero sus modificaciones y dimensiones se refieren al plano superficial: no valen las alteraciones o intrusiones en el vuelo o subsuelo de forma autónoma al suelo. No lo menoscaban las competencias o derechos de otras personas dentro de él. Es continuo y no puede exceder del territorio de una provincia.

Artículo 90. La delimitación de los términos municipales

La demarcación municipal es la actuación administrativa tendente a determinar la extensión y límites de las entidades locales territoriales, como elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito espacial donde ejercen sus competencias, así como su capitalidad. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por acuerdo adoptado mediante decreto. El deslinde es la actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal y en ningún caso puede implicar modificación de términos municipales.

Artículo 91. Modificaciones de los términos municipales

Los términos municipales pueden modificarse por segregación, fusión, agregación, incorporación y aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza. Con ellas, o combinándolas, cabe crear y suprimir municipios o solo alterar sus límites. La competencia corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía, previa instrucción del procedimiento, que en todo caso precisa informe técnico de la Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía. La modificación se inscribe en el Registro Andaluz de Entidades Locales y se remite al Registro Estatal para su inscripción.

Artículo 92. La fusión de municipios

La fusión es la creación de un municipio nuevo por la unión de dos o más preexistentes y limítrofes de la misma provincia, que se suprimen. Podrá acordarse cuando se dé alguna de estas circunstancias: a) falta de recursos para prestar, cada uno por sí o asociados, los servicios mínimos impuestos por la ley; b) confusión de sus núcleos de población por el desarrollo de sus edificaciones y demás espacios urbanos; c) condiciones geográficas, económicas, demográficas, administrativas o cualesquiera otras que la hagan necesaria o conveniente.

Artículo 93. La segregación de términos municipales

Segregar es separar parte del territorio de un término municipal para crear un municipio distinto o para agregarla a otro preexistente, limítrofe y de la misma provincia (sin crear ni suprimir municipios). Crear un municipio por segregación es excepcional, solo sobre núcleos de población, y exige la conformidad expresa del pleno del municipio que la sufre, por mayoría absoluta, más las circunstancias a) a g). La segregación-agregación no puede privar de recursos para los servicios básicos ni reducir servicios; cabe compensación territorial o, si no, económica, y solo procede en tres casos.

Artículo 94. La incorporación de municipios

La incorporación es la anexión a un municipio de la totalidad del término municipal de otro u otros limítrofes, que se suprimen. Podrá acordarse por alguna o algunas de estas circunstancias: a) insuficiencia de medios para los servicios públicos obligatorios exigidos por la ley; b) descenso acusado y progresivo de la población de derecho o su total desaparición, que haga técnicamente desaconsejable prestarlos; c) incapacidad sobrevenida, total o sustancial, del territorio para sustentar edificaciones de uso residencial, por grandes obras, alteraciones geológicas o causas análogas.

Artículo 95. Iniciativa

Los procedimientos de creación y supresión de municipios o de alteración de sus términos pueden iniciarlos: uno, varios o todos los ayuntamientos afectados, por acuerdo de la mayoría absoluta del número legal de miembros; la diputación provincial de la provincia en que radiquen; o la consejería competente sobre régimen local. Si lo promueven varios ayuntamientos, se constituye una comisión mixta de representantes de estos para la formulación única de pareceres. No puede iniciarse un procedimiento si no han pasado cinco años desde que la Junta de Andalucía desestimó otro sustancialmente igual.

Artículo 96. Formación del expediente

Todo expediente de modificación de términos lleva: a) memoria detallada de las circunstancias exigidas y demás motivos; b) cartografía de la delimitación actual y la pretendida; c) informe económico sobre su posibilidad y conveniencia. Si la segregación constituye un nuevo municipio se añaden tres propuestas: nombre y núcleo de la capitalidad si tuviese más de uno; régimen especial de protección de acreedores; y atribución de bienes, créditos, derechos y obligaciones, usos públicos y aprovechamientos comunales, con bases para cuestiones futuras. En la fusión figura también la del apartado 2 a.

Artículo 97. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de iniciativa municipal

Recibida la iniciativa, la consejería competente sobre régimen local comprueba si surge de todos los municipios afectados o de parte. Antes de cualquier otro trámite da audiencia por cuatro meses a los que no participaron; el que no se pronuncie expresamente muestra su conformidad. Siguen: información pública de un mes (boletines de la Junta y de la provincia, tablones y sedes electrónicas), dictámenes que estime convenientes, parecer sucesivo de la diputación provincial y del Consejo Andaluz de Concertación Local en tres meses y remisión al Consejo Consultivo, informando a la vez al Estado.

Artículo 98. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos iniciados por la consejería competente sobre régimen local o por la diputación provincial

Si la iniciativa es de la consejería competente sobre régimen local o de la diputación provincial, se comunica a los municipios afectados para que se pronuncien en cuatro meses; el que no lo haga expresamente muestra su conformidad. La consejería somete iniciativa y acuerdos municipales a información pública por un mes y decide si continúa el expediente. Si continúa, recaba los dictámenes que estime convenientes, solicita el parecer del Consejo Andaluz de Concertación Local (tres meses) y somete lo actuado a dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, informando a la vez al Estado.

Artículo 99. Resolución del procedimiento

Todos los expedientes de creación o supresión de municipios, y también los de alteración de términos municipales, se resuelven por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 100. Gobierno de los municipios en caso de segregación

Creado un municipio por segregación, los que la experimentan conservan su número de concejalías hasta constituirse los nuevos ayuntamientos. El nuevo se rige provisionalmente por una comisión gestora con las vocalías que le correspondan de concejalías por la legislación electoral; la designa la diputación provincial según las últimas elecciones municipales en las mesas de lo segregado, a propuesta de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. La comisión designa su presidencia entre sus miembros; si lo segregado era entidad local autónoma, preside quien la presidía.

Artículo 101. Gobierno de los municipios creados por fusión

Al crearse un municipio por fusión de dos o más limítrofes cesan todas las personas titulares de alcaldías y concejalías, y la diputación provincial designa de entre ellas una comisión gestora con tantas vocalías como concejalías correspondan a la población total resultante. Se designa a las personas titulares de concejalías con mayores cocientes, tras sumar los votos de todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados en las últimas elecciones municipales y dividir esas sumas, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, tantas veces como puestos de concejalías tenga el nuevo municipio.

Artículo 102. Gobierno de los municipios en caso de mera alteración de términos municipales

Las alteraciones de términos municipales no suponen en ningún caso modificaciones en el número de concejalías de los respectivos ayuntamientos hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, aunque hayan producido cambios en la población de los municipios afectados.

Artículo 103. Estatuto de las personas integrantes de la comisión gestora

Las personas titulares de la presidencia y de las vocalías de las comisiones gestoras tienen los mismos derechos y obligaciones que la legislación de régimen local establece, respectivamente, para las personas titulares de la alcaldía y de las concejalías: la presidencia se equipara a la alcaldía y las vocalías a las concejalías.

Artículo 104. Administración interina

En todos los supuestos de creación de un nuevo municipio, y hasta tanto esté constituida su comisión gestora, la diputación provincial garantiza la prestación de los servicios públicos obligatorios a la población y actúa en su representación en cuantos asuntos sean de inaplazable gestión. Los promotores de la iniciativa están facultados para formular propuestas y colaborar con la diputación provincial en esas funciones provisionales.

Artículo 105. Concepto de capitalidad

La capitalidad de las entidades locales es la cualidad de los núcleos de población en que esas entidades tienen radicados de forma permanente sus órganos de gobierno y administración, y así viene especificado en las correspondientes inscripciones de los registros oficiales de entidades locales, el estatal y el autonómico.

Artículo 106. Causas de la alteración de la capitalidad

El cambio de capitalidad solo puede fundarse en alguna o algunas de estas cuatro circunstancias: a) desaparición, por cualquier causa, del núcleo de población donde estuviese establecida la capital; b) mayor accesibilidad del núcleo de población propuesto; c) mayor número de vecinos con residencia habitual en el núcleo propuesto; d) razones de índole histórica.

Artículo 107. Cambio de denominación

El cambio de denominación de un municipio sigue tres reglas: a) la denominación propuesta no puede ser idéntica a otra existente en el territorio nacional ni inducir a error en la organización de los servicios públicos; b) será en castellano, siendo de especial consideración la toponimia histórica del lugar; c) debe ser compatible con los principios y valores constitucionales y no implicar lesión a los derechos fundamentales. Además, los municipios no pueden usar nombres que no hayan sido debidamente autorizados.

Artículo 108. Procedimiento de cambio de nombre y de capitalidad

El nombre y la capitalidad de los municipios pueden alterarse por un procedimiento que en todo caso requiere: acuerdo del ayuntamiento, adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros; información pública por treinta días; informe del Consejo Andaluz de Concertación Local; y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La resolución se publica en los boletines oficiales de la provincia y de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, y la modificación se inscribe en los registros de entidades locales estatal y andaluz.

Artículo 109. Organización territorial del municipio

El municipio, en ejercicio de su potestad de autoorganización y como manifestación de su plena autonomía política, puede organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones territoriales, con la finalidad de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor eficacia a la prestación de servicios. Las circunscripciones pueden ser desconcentradas (distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones análogas) o descentralizadas (entidades vecinales o entidades locales autónomas).

Artículo 110. Principios de la organización territorial del municipio

La organización territorial del término municipal está presidida por el principio de racionalidad y economía administrativa. Valora fundamentalmente seis criterios: volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona. En todo caso vela por la solidaridad del conjunto de la comunidad vecinal y por el acceso en igualdad a los servicios públicos de todos los vecinos y vecinas, con independencia de su lugar de residencia.

Artículo 111. Órganos de gestión desconcentrada

Las circunscripciones territoriales desconcentradas no tienen personalidad jurídica. Las crea, modifica o suprime el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta. El acuerdo de creación fija el órgano u órganos de representación del gobierno municipal, su composición, la designación de sus titulares y su vinculación con el ayuntamiento, las competencias administrativas atribuidas (ejercidas por delegación y sujetas al Derecho Administrativo) y la estructura administrativa, modificable después. Siempre se asegura la unidad de gobierno y gestión del municipio.

Artículo 112. Las entidades de gestión descentralizada

Cuando uno o varios núcleos de población separados del de la capitalidad del municipio tengan características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que revelen de forma notoria unos intereses colectivos peculiares que hagan conveniente una gestión diferenciada, el ayuntamiento podrá constituir una entidad descentralizada. Esta solo ejerce las competencias municipales fijadas en el instrumento de creación o en sus modificaciones, sin perjuicio de la unidad de gobierno municipal y de la representación general de los órganos municipales.

Artículo 113. Tipología de entidades descentralizadas

Las entidades de gestión descentralizada tienen en todo caso personalidad jurídica y se sujetan al Derecho Administrativo. Pueden ser entidad vecinal o entidad local autónoma, según el alcance de la descentralización. Las entidades vecinales gestionan servicios locales de interés general y ejecutan obras de competencia municipal que asumen por delegación del ayuntamiento. Las entidades locales autónomas se crean para el gobierno y administración de sus propios intereses diferenciados de los generales del municipio, con competencias propias y las que el ayuntamiento les transfiera.

Artículo 114. Iniciativa para la creación de entidades descentralizadas

La iniciativa para constituir entidades vecinales y entidades locales autónomas corresponde al superior órgano colegiado ejecutivo del ayuntamiento, a cualquiera de los grupos políticos municipales o a la población interesada; en este caso hace falta petición escrita de la mayoría absoluta de los vecinos del territorio base de la entidad con derecho a voto en las elecciones locales. Se eleva al pleno, que la somete a consideración en la siguiente sesión ordinaria, salvo que no se presentara con quince días de antelación mínima. Aprobada la incoación, el pleno designa a una persona instructora.

Artículo 115. Instrucción del procedimiento de creación de entidades descentralizadas

La persona instructora practica los trámites oportunos hasta formular una memoria y una propuesta de resolución. La memoria analiza si se cumplen los requisitos legales y, en caso positivo, las causas que aconsejan o no la creación, ponderando al menos nueve factores (letras a a i). Memoria y propuesta se elevan al pleno en un máximo de cuatro meses desde el nombramiento. Si el pleno ve viable la creación, antes de deliberar somete el expediente a información pública por treinta días y lo remite a la diputación provincial y a la consejería competente sobre régimen local para informe.

Artículo 116. Aprobación de la creación de entidades descentralizadas

Crear la entidad exige el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno; en otro caso se entiende rechazada. El instrumento de creación contiene el estatuto, con un contenido mínimo (letras a a i). Si es entidad local autónoma añade, entre otros, competencias propias y un sistema de financiación con vigencia general de cinco años, actualizado cada ejercicio. En un mes desde su aprobación se envía a la consejería competente sobre régimen local para publicarlo en el BOJA y, constituidos los órganos de gobierno, se inscribe en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

Artículo 117. Organización y funcionamiento de las entidades vecinales

Los estatutos de la entidad vecinal deben prever una junta vecinal, integrada por la vocalía-presidencia y las vocalías, que serán en todo caso impar. Tras las elecciones municipales, la Junta Electoral de Zona declara los votos y determina las vocalías de cada formación; sus representantes legales designan en cinco días a vocales y suplentes, y la Junta Electoral los proclama. El alcalde o alcaldesa nombra, de entre los vocales, a quien preside. Si la alcaldía insta la convocatoria y la vocalía-presidencia no convoca en quince días, puede hacerlo directamente la alcaldía.

Artículo 118. Personal de las entidades vecinales

El personal de las entidades vecinales puede ser propio o del ayuntamiento; este se adscribe por el acuerdo de constitución o sus modificaciones. Las plantillas, relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo que apruebe la junta vecinal necesitan autorización previa del órgano competente del ayuntamiento. El personal propio puede ser funcionario o laboral. Si no hay plazas de habilitación de carácter estatal, secretaría e intervención corresponden a los titulares del ayuntamiento; la tesorería puede conferirse a un miembro de la junta vecinal o a una persona funcionaria de la entidad.

Artículo 119. Suficiencia financiera de las entidades vecinales

Los ayuntamientos garantizan a las entidades vecinales los recursos necesarios para el ejercicio de sus competencias y su funcionamiento. Para ello deben consignar en sus presupuestos la asignación adecuada en función de la población, los servicios y las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta además lo establecido en sus estatutos, sin que en ningún caso se deriven de ello consecuencias dañosas para los intereses del conjunto del municipio.

Artículo 120. Presupuestos de las entidades vecinales

Las entidades vecinales elaboran y aprueban cada año un presupuesto único que comprende todos sus ingresos y gastos, con sujeción a las normas económico-financieras que rigen para las entidades locales, a cuyas normas deben adecuar también su contabilidad y sus actuaciones de tesorería. Los municipios pueden comprobar el destino dado a los fondos de su procedencia, el grado de utilización de los recursos tributarios propios de las entidades y el nivel de prestación de los servicios públicos que tengan asignados.

Artículo 121. Supresión de las entidades vecinales

Las entidades vecinales pueden suprimirse cuando desaparezcan las circunstancias de hecho que justificaron su creación, siempre que hayan pasado cinco años desde esta, o cuando sea manifiesto el sistemático incumplimiento de sus fines o su inviabilidad económica. La supresión sigue un procedimiento análogo al de creación. El acuerdo de supresión fija la sucesión administrativa de la plantilla y la forma y condiciones de liquidación de deudas y créditos; el municipio se hace cargo frente a terceros de todos los bienes, recursos y obligaciones de la entidad.

Artículo 122. Potestades y prerrogativas de las entidades locales autónomas

La entidad local autónoma tiene nueve potestades: autoorganización; reglamentación de los servicios; presunción de legalidad y ejecutividad de sus acuerdos; revisión de oficio; administración, investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; inembargabilidad; tributaria y financiera para tasas y contribuciones especiales; sancionadora y de ejecución forzosa; y prelaciones y preferencias de la Hacienda Pública. Sus acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y tesorería los ratifica el ayuntamiento, en sesión donde un representante de la entidad tiene voz.

Artículo 123. Competencias propias de las entidades locales autónomas

Las entidades locales autónomas tienen competencias propias, como mínimo, en once materias: licencias de obras menores; pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; ferias y fiestas locales; abastos; servicios funerarios; abastecimiento de agua en baja (distribución, almacenamiento intermedio y suministro hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias); alcantarillado; recogida de residuos y control de alimentos. Al ejercerlas se tendrán presentes, en todo caso, las debidas facultades de coordinación del municipio.

Artículo 124. Participación de las entidades locales autónomas en asuntos municipales

El ayuntamiento promoverá la intervención de la entidad local autónoma en los asuntos municipales que, sin ser competencia de esta, afecten directa y específicamente a sus intereses, permitiéndole expresar su parecer. Para ello facilitará a los miembros de la junta vecinal el acceso a los procedimientos e instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten. Las juntas vecinales pueden proponer al órgano correspondiente del ayuntamiento o de sus entes instrumentales decisiones y actuaciones de competencia municipal de interés para su entidad.

Artículo 125. Órganos de gobierno de las entidades locales autónomas

Los órganos de gobierno de la entidad local autónoma son la junta vecinal y la presidencia de la entidad local autónoma. No pueden recibir denominaciones que induzcan a confusión sobre su naturaleza: la mención de la titularidad de la presidencia irá seguida siempre de la expresión «de la entidad local autónoma» y no podrá denominarse alcalde o alcaldesa; tampoco se podrá denominar ayuntamiento a la junta vecinal ni concejales a sus vocales.

Artículo 126. La titularidad de la presidencia de las entidades locales autónomas

La presidencia de la entidad local autónoma se elige directamente por la vecindad con residencia habitual en su ámbito y derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. El empate se resuelve a favor del candidato de la formación más votada en las secciones del territorio vecinal y, si persiste, por sorteo. Preside y ejecuta los acuerdos de la junta vecinal, representa a la entidad y dirige de forma inmediata sus servicios. Cesa por siete causas (letras a a g del apartado 3). No se le aplica el régimen de moción de censura o cuestión de confianza.

Artículo 127. La junta vecinal de las entidades locales autónomas

La junta vecinal, compuesta por la presidencia y las vocalías, asume el gobierno y la administración general de la entidad local autónoma: controla y fiscaliza a la presidencia, determina los recursos tributarios propios, aprueba presupuestos, cuentas, plantilla y oferta de empleo, y ejerce acciones administrativas y judiciales. El número de vocales es en todo caso par: dos hasta 250 vecinos, cuatro de 251 a 2.000, seis de 2.001 a 5.000 y ocho si excede de 5.000, sin superar el tercio de las concejalías del ayuntamiento.

Artículo 128. Impugnación de actos y responsabilidad patrimonial de las entidades locales autónomas

Las resoluciones y acuerdos de los órganos de la entidad local autónoma ponen fin a la vía administrativa, salvo que la ley requiera la aprobación posterior municipal o de otras administraciones públicas o que se adopten en ejercicio de competencias delegadas por el ayuntamiento, en cuyo caso podrán ser recurridas ante este. La entidad responde directamente de los daños y perjuicios causados a particulares por el funcionamiento de los servicios públicos o la actuación de sus órganos, personal funcionario o agentes, en los términos de la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

Artículo 129. Personal de las entidades locales autónomas

El régimen jurídico aplicable a la entidad local autónoma en lo relativo al personal a su servicio es el previsto en la propia ley para las entidades vecinales. El artículo no contiene reglas propias sobre personal: se limita a remitir al régimen de las entidades vecinales.

Artículo 130. Recursos financieros de las entidades locales autónomas

La hacienda de la entidad local autónoma se compone de recursos propios (ingresos de su patrimonio y de Derecho Privado, tributos salvo impuestos, multas, subvenciones, operaciones de crédito, precios públicos y demás prestaciones de Derecho Público), de la participación en los tributos del municipio y de los procedentes del Fondo de Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. El municipio consigna anualmente una asignación, que aprueba el pleno del ayuntamiento; su acuerdo puede impugnarlo la entidad ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 131. Presupuesto de las entidades locales autónomas

Artículo 132. Supresión de las entidades locales autónomas

Las entidades locales autónomas pueden ser suprimidas en los mismos supuestos, por el mismo procedimiento y con los mismos requisitos previstos para las entidades vecinales. La competencia para suprimirlas es del respectivo ayuntamiento, oída la junta vecinal de la entidad.