Tema 16 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos

Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Con el mismo dictamen podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin dictamen, cuando no se basen en alguna causa de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad; iniciado a solicitud, el silencio es desestimatorio.

Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables

Las Administraciones podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa declaración de lesividad para el interés público. La declaración no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a efectos informativos. Transcurridos seis meses desde la iniciación sin declararse la lesividad, el procedimiento caduca.

Artículo 108. Suspensión

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores

Las Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos.

Artículo 110. Límites de la revisión

Las facultades de revisión del Capítulo no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado

En el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; los Secretarios de Estado, respecto de los órganos directivos que de ellos dependan; y en los organismos públicos y entidades de derecho público, los órganos a los que estén adscritos respecto de los actos de su máximo órgano rector, y los máximos órganos rectores respecto de los demás.

Artículo 112. Objeto y clases

Cabe recurso de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y contra los actos de trámite cualificados: los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Pueden fundarse en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. Frente a los demás actos de trámite no cabe recurso: la oposición se alega para que se tenga en cuenta en la resolución final. Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, mediación o arbitraje ante órganos colegiados no sometidos a instrucciones jerárquicas.

Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión

Contra los actos firmes en vía administrativa solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Artículo 114. Fin de la vía administrativa

Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada; las de los procedimientos que sustituyan a la alzada del artículo 112.2; las de los órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley disponga lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación de que derive; la de los procedimientos complementarios en materia sancionadora del artículo 90.4; y las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca.

Artículo 115. Interposición de recurso

El escrito de interposición debe expresar el nombre, apellidos e identificación del recurrente; el acto que se recurre y la razón de la impugnación; lugar, fecha y firma, con el medio y lugar a efectos de notificaciones; el órgano, centro o unidad al que se dirige y su código de identificación; y las demás particularidades exigidas por disposiciones específicas. El error o la ausencia de calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieran causado.

Artículo 116. Causas de inadmisión

Son causas de inadmisión del recurso: ser incompetente el órgano cuando el competente pertenezca a otra Administración —en cuyo caso el recurso deberá remitirse al competente—; carecer de legitimación el recurrente; tratarse de un acto no susceptible de recurso; haber transcurrido el plazo de interposición; y carecer manifiestamente de fundamento.

Artículo 117. Suspensión de la ejecución

Interponer un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario. El órgano competente para resolver puede suspenderla, de oficio o a solicitud del recurrente y previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el que sufriría el recurrente, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se funde en alguna causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1. Si transcurre un mes desde que la solicitud entró en el registro electrónico sin resolución expresa notificada, la ejecución se entiende suspendida.

Artículo 118. Audiencia de los interesados

Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que aleguen en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. No se tendrán en cuenta hechos, documentos o alegaciones del recurrente que pudo aportar en el trámite de alegaciones y no aportó, ni cabe pedir pruebas cuya falta de práctica en el procedimiento originario le fuera imputable. Si hay otros interesados, se les dará traslado del recurso en el mismo plazo. El recurso, los informes y las propuestas no son documentos nuevos, ni tampoco lo son los aportados por los interesados antes de la resolución impugnada.

Artículo 119. Resolución

La resolución del recurso estimará en todo o en parte, desestimará o declarará la inadmisión. Si existe vicio de forma y no procede resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, sin perjuicio de la eventual convalidación del artículo 52. El órgano que resuelve decidirá cuantas cuestiones, de forma y de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas, oyendo antes a los interesados en este último caso; pero la resolución será congruente con las peticiones del recurrente sin que pueda agravarse su situación inicial.

Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos

Cuando deban resolverse varios recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio, el órgano podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión se notifica a los interesados, que podrán recurrirlo; el recurso de uno no afecta a los demás procedimientos suspendidos. Recaído el pronunciamiento judicial, se comunica a los interesados y el órgano podrá resolver sin trámite adicional, salvo el de audiencia cuando proceda.

Artículo 121. Objeto

Las resoluciones y actos del artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán recurrirse en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección de personal y cualesquiera otros que actúen con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado a su presidente. El recurso puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y copia completa y ordenada del expediente, siendo su titular responsable directo del cumplimiento de esa remisión.

Artículo 122. Plazos

El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses; transcurrido sin resolución, se podrá entender desestimado.

Artículo 123. Objeto y naturaleza

Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o impugnarse directamente ante el orden contencioso-administrativo. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que la reposición sea resuelta expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Artículo 124. Plazos

El plazo para interponer la reposición será de un mes si el acto fuera expreso; transcurrido, solo cabrá el contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Contra la resolución de una reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Artículo 125. Objeto y plazos

Contra los actos firmes en vía administrativa cabe recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano que los dictó, que también lo resuelve, por cuatro causas: error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente; aparición de documentos de valor esencial, aunque sean posteriores, que evidencien el error; documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; y resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia firme. El plazo es de cuatro años para el error de hecho y de tres meses en los demás casos.

Artículo 126. Resolución

El órgano competente podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, sin recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurridos tres meses desde la interposición sin resolución notificada, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Artículo 1

El orden contencioso-administrativo conoce de las pretensiones sobre la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Son Administraciones públicas la General del Estado, las autonómicas, las Entidades locales y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas. Conoce también de actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, el Senado y otros órganos, y de la Administración electoral.

Artículo 2

Conoce de: a) la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones respecto de actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, cualquiera que sea su naturaleza; b) los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación; c) los actos de las Corporaciones de Derecho público en ejercicio de funciones públicas; d) los actos de control sobre concesionarios; e) la responsabilidad patrimonial de las Administraciones; f) lo que le atribuya expresamente una Ley.

Artículo 3

Quedan fuera de este orden: a) las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública; b) el recurso contencioso-disciplinario militar; c) los conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración; d) los recursos directos o indirectos contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.

Artículo 4

La competencia de este orden se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo. Quedan a salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. La decisión que se pronuncie no produce efectos fuera del proceso en que se dicte y no vincula al orden jurisdiccional correspondiente.

Artículo 5

La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable. Sus órganos aprecian de oficio la falta de jurisdicción y resuelven previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. Si la nueva demanda ante el órgano del orden indicado en la resolución se presenta en un mes desde su notificación, se entiende presentada en la fecha en que se inició el plazo del recurso contencioso-administrativo, siempre que este se formulara siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o esta fuese defectuosa. La parte puede pedir testimonio para acreditarlo.

Artículo 6

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se integra por cinco clases de órganos: Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Artículo 7

El órgano competente para un asunto lo es también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar sus sentencias. La competencia de Juzgados y Salas no es prorrogable y se aprecia incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. La incompetencia se declara por auto y antes de la sentencia; las actuaciones se remiten al órgano que se estime competente, con emplazamiento a las partes para que comparezcan en diez días. Si puede corresponder a un tribunal superior en grado, se acompaña exposición razonada y se está a lo que este resuelva.

Artículo 8

Los Juzgados conocen: de actos de entidades locales, salvo instrumentos de planeamiento urbanístico; de actos autonómicos (no del Consejo de Gobierno) sobre personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera), multas no superiores a 60.000 euros y ceses o privaciones que no excedan de seis meses, y responsabilidad patrimonial hasta 30.050 euros; de la Administración periférica; de extranjería; de las Juntas Electorales de Zona y proclamación de candidaturas; y de autorizaciones de entrada en domicilios y de medidas sanitarias sobre particulares identificados.

Artículo 9

Los Juzgados Centrales conocen de: a) personal, por actos de Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen actos de órganos inferiores o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera o al personal militar; b) actos de órganos centrales del Estado en los supuestos del artículo 8.2.b); c) disposiciones y actos de organismos públicos estatales con competencia en todo el territorio nacional; d) responsabilidad patrimonial de Ministros y Secretarios de Estado hasta 30.050 euros; e) inadmisión de asilo político; f) Comité Español de Disciplina Deportiva.

Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia, entre otros, de: actos locales y autonómicos no atribuidos a los Juzgados; disposiciones generales autonómicas y locales; actos de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y del Central en tributos cedidos; Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas; y cualesquiera actuaciones no atribuidas expresamente a otros órganos. En segunda instancia, de apelaciones contra los Juzgados y recursos de queja; además, de revisión y de cuestiones de competencia entre Juzgados.

Artículo 11

La Sala de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de: disposiciones generales y actos de Ministros y Secretarios de Estado, y en personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera; actos del Ministerio de Defensa sobre ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos; convenios no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia; y resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En segunda instancia, de apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales y recursos de queja.

Artículo 12

El Tribunal Supremo conoce en única instancia de actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno; del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado; y, en personal, administración y gestión patrimonial, de los del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Conoce además de la casación de cualquier modalidad y la queja, de casación y revisión contra resoluciones del Tribunal de Cuentas, de revisión contra sentencias firmes de las Salas y de los actos de la Junta Electoral Central.

Artículo 13

Tres criterios para aplicar las reglas de competencia: a) las referencias a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una; b) la competencia para conocer de recursos contra actos administrativos incluye la inactividad y las actuaciones constitutivas de vía de hecho; c) salvo disposición expresa en contrario, la atribución por razón de la materia prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.

Artículo 14

Competencia territorial de Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia. Primera (general): sede del órgano que dictó la disposición o el acto originario. Segunda: en responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones elige el demandante entre su domicilio y la sede del órgano autor; si el acto es autonómico o local, solo dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de esa sede. Tercera: en urbanismo, expropiación e intervención en la propiedad privada, donde radiquen los inmuebles. Con pluralidad de destinatarios y órganos diversos: la sede.

Artículo 15

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actúa dividida en Secciones. Preside cada una el Presidente de la Sala o el Magistrado más antiguo de la Sección, salvo en el supuesto del artículo 96.6, en que preside el Presidente del Tribunal Supremo. Para la vista o deliberación y fallo concurren el que presida y: todos los Magistrados de la Sección para decidir casación y revisión; cuatro en los demás casos. Para el despacho ordinario bastan el que presida y dos Magistrados.

Artículo 16

La Sala de la Audiencia Nacional tiene las Secciones que aconseje el número de asuntos. Las de los Tribunales Superiores de Justicia se dividen en Secciones si sus miembros exceden de cinco. Preside el Presidente de la Sala o el Magistrado más antiguo de la Sección. Para vista o deliberación y fallo, y despacho ordinario, bastan el que presida y dos Magistrados. Casación en interés de la ley, para la unificación de doctrina y revisión van a una Sección de cinco miembros, con Presidentes de las demás Salas o Secciones en número no superior a dos y turno anual de la Sala de Gobierno.

Artículo 17

La distribución de asuntos entre Salas de un mismo Tribunal o Secciones de una misma Sala la acuerda la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, según la naturaleza y homogeneidad de la materia. Entre Juzgados de una misma población la aprueba la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces. Los acuerdos se adoptan cada dos años y se comunican al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación, antes de la apertura de Tribunales. Si cambia el reparto, los procesos en tramitación siguen ante el órgano competente al interponerse.

Artículo 18

Tienen capacidad procesal ante el orden contencioso-administrativo quienes la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, además, los menores de edad para defender los derechos e intereses legítimos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos también la tienen, pero solo cuando la Ley así lo declare expresamente.

Artículo 19

Están legitimados: quienes ostenten un derecho o interés legítimo; corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos afectados o habilitados para intereses colectivos; la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales territoriales frente a actos de otras; el Ministerio Fiscal; las Entidades de Derecho público; cualquier ciudadano en la acción popular; y, en igualdad de trato y LGTBI, entidades con autorización de la persona afectada. En acoso solo está legitimada la persona acosada. La Administración autora impugna su acto previa declaración de lesividad.

Artículo 20

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública: a) sus propios órganos y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente; b) los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella; c) las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la Administración de la que dependan, salvo las dotadas por Ley de un estatuto específico de autonomía.

Artículo 21

Son parte demandada: las Administraciones u órganos del artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso; las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación; y las aseguradoras de las Administraciones, siempre codemandadas. En Organismos sujetos a fiscalización: demandado el autor si el resultado es aprobatorio; la fiscalizadora si no se aprueba íntegramente. Los órganos que resuelven recursos especiales de contratación no son parte demandada. Si se alega la ilegalidad de una disposición general, también lo es su autora.

Artículo 22

Regula la sucesión procesal. Si la legitimación de las partes deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte. La sucesión es posible en cualquier estado del proceso: el precepto no la limita a un momento ni a un trámite determinado.

Artículo 23

Ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado; si la representación se confiere al Abogado, a él se notifican las actuaciones. Ante órganos colegiados, deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. Los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, usando los sistemas electrónicos. La representación puede conferirse electrónicamente.

Artículo 24

La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales no se regula en este artículo, que se limita a remitir a tres fuentes: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y las normas que sobre la materia, y en el marco de sus competencias, hayan dictado las Comunidades Autónomas.

Artículo 25

El recurso contencioso-administrativo es admisible frente a las disposiciones de carácter general y frente a los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite. Los de trámite solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Artículo 26

Las disposiciones de carácter general pueden impugnarse directamente y también de forma indirecta: recurriendo los actos que se produzcan en su aplicación con fundamento en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. Ni la falta de impugnación directa de la disposición general ni la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden impugnar después los actos de aplicación por ese motivo.

Artículo 27

Si un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra esa disposición. Dos excepciones: si el mismo órgano es competente también para el recurso directo, su sentencia declara la validez o nulidad de la disposición; y el Tribunal Supremo anula cualquier disposición general, en cualquier grado, sin plantear cuestión.

Artículo 28

No se admite el recurso contencioso-administrativo contra dos clases de actos: los que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Son dos requisitos distintos: el acto reproducido ha de ser definitivo y firme; el acto confirmado ha de estar consentido precisamente por no haberse recurrido en tiempo y forma.

Artículo 29

Inactividad prestacional (ap. 1): si la Administración está obligada a una prestación concreta en favor de personas determinadas, por disposición general que no precise actos de aplicación o por acto, contrato o convenio administrativo, quienes tengan derecho pueden reclamarla; pasados tres meses desde la reclamación sin cumplimiento ni acuerdo, cabe recurso contra la inactividad. Inejecución de actos firmes (ap. 2): los afectados solicitan la ejecución y, si no se produce en un mes, cabe recurso por el procedimiento abreviado del artículo 78.

Artículo 30

En caso de vía de hecho, el interesado puede (no es obligatorio) formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si no formula esa intimación, o si la formula y no es atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, puede deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

Artículo 31

El demandante puede pretender: 1) la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación; 2) también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.

Artículo 32

Dos pretensiones específicas. Contra la inactividad de la Administración pública (artículo 29): que el órgano jurisdiccional la condene al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Contra una actuación material constitutiva de vía de hecho: que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.

Artículo 33

Los órganos contencioso-administrativos juzgan dentro del límite de las pretensiones de las partes y de los motivos del recurso y la oposición. Si al dictar sentencia el Juez o Tribunal aprecia en apariencia otros motivos, los somete a las partes por providencia, advirtiendo que no se prejuzga el fallo, con plazo común de diez días para alegaciones y suspensión del plazo para fallar; contra esa providencia no cabe recurso alguno. Igual se hace para extender el enjuiciamiento a otros preceptos de la misma disposición general por conexión o consecuencia.

Artículo 34

Son acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. También lo son las referidas a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.

Artículo 35

El actor puede acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos del artículo anterior. Si el Letrado de la Administración de Justicia no estima pertinente la acumulación, da cuenta al Tribunal, que, en su caso, ordena a la parte interponer por separado los recursos en el plazo de treinta días. Si no lo hace, el Juez tiene por caducado el recurso respecto del cual no se haya cumplido lo ordenado.

Artículo 36

Si antes de la sentencia se dicta o se conoce un acto, disposición o actuación conexo (artículo 34), el demandante puede pedir la ampliación del recurso dentro del plazo del artículo 46. La petición suspende el procedimiento y se da traslado a las partes por plazo común de cinco días; los señalamientos ya acordados se mantienen con ciertas condiciones. Si en un recurso contra acto presunto se dicta resolución expresa, el recurrente puede desistir o ampliar; tras desistir, tiene dos meses para recurrirla desde el día siguiente a su notificación.

Artículo 37

Acumulación (ap. 1): el órgano jurisdiccional puede acordarla en cualquier momento procesal, de oficio o a instancia de parte, previa audiencia por plazo común de cinco días. Recursos con idéntico objeto no acumulados (ap. 2): tramita uno o varios con carácter preferente, previa audiencia por cinco días, y suspende los demás hasta la sentencia; igual por grupos o categorías. Firme la sentencia (ap. 3), el Secretario judicial la notifica a los recurrentes suspendidos, que en cinco días pueden interesar la extensión de efectos, continuar o desistir.

Artículo 38

Dos deberes de aviso sobre posibles acumulaciones. La Administración, al remitir el expediente administrativo, comunica al Tribunal si conoce la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación. El Secretario judicial pone en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que puedan concurrir esos supuestos.

Artículo 39

Artículo 40

El Secretario judicial fija la cuantía del recurso una vez formulados los escritos de demanda y contestación, donde las partes pueden exponer su parecer por otrosí. Si no lo hacen, requiere al demandante para que la fije en plazo no superior a diez días; si no cumple, la fija el Secretario judicial, previa audiencia del demandado. Si el demandado discrepa de la cuantía del demandante, lo expone por escrito en diez días y resuelve el Secretario judicial; el Juez o Tribunal resuelve definitivamente en la sentencia. El perjudicado puede fundar en ello el recurso de queja.

Artículo 41

La cuantía del recurso contencioso-administrativo la fija el valor económico de la pretensión. Si hay varios demandantes, se atiende a la pretensión de cada uno por separado, no a la suma de todos. En cambio, en la acumulación o la ampliación sí se suman los valores de las pretensiones, aunque esa suma no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.

Artículo 42

El valor de la pretensión se fija con la legislación procesal civil y dos especialidades. Si solo se pide la anulación: débito principal, sin recargos, costas ni otra responsabilidad, salvo que alguno supere a aquél. Si además se pide el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el cumplimiento de una obligación: valor total si la Administración denegó totalmente; la diferencia si reconoció parcialmente. Son de cuantía indeterminada, entre otros, los recursos directos contra disposiciones generales y ciertos actos de Seguridad Social.

Artículo 43

Si la propia Administración autora de un acto quiere demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, antes tiene que declararlo lesivo para el interés público. La declaración de lesividad es, por tanto, un requisito previo a la demanda y la hace la misma Administración que dictó el acto.

Artículo 44

Entre Administraciones públicas no cabe recurso en vía administrativa. La que vaya a interponer recurso contencioso-administrativo contra otra puede requerirla antes para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad debida. El requerimiento se dirige al órgano competente por escrito razonado, en dos meses desde la publicación de la norma o desde que se conoció o pudo conocer el acto. Se entiende rechazado si no se contesta en el mes siguiente a su recepción.

Artículo 45

El recurso se inicia por un escrito reducido a citar lo que se impugna y a pedir que se tenga por interpuesto. Se acompañan: representación, legitimación transmitida, copia o indicación del acto o disposición, requisitos de las personas jurídicas y, si recurre un sindicato, afiliación, comunicación y autorización expresa. El Secretario judicial examina de oficio la comparecencia y da diez días para subsanar; si no se subsana, el Juez o Tribunal se pronuncia sobre el archivo. El recurso de lesividad se inicia por demanda; también cabe demanda si no existen terceros interesados.

Artículo 46

Plazo general: dos meses desde el día siguiente a la publicación de la disposición o a la notificación o publicación del acto expreso que ponga fin a la vía administrativa; seis meses si el acto es presunto. Vía de hecho: diez días desde el día siguiente al fin del plazo del artículo 30, o veinte días desde el inicio de la actuación si no hubo requerimiento. Lesividad: dos meses desde el día siguiente a la declaración. Entre Administraciones: dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Con reposición potestativa, desde su resolución expresa o desestimación presunta.

Artículo 47

Cumplido el artículo 45.3, el letrado de la Administración de Justicia acuerda en el siguiente día hábil, si lo solicita el recurrente, anunciar la interposición y remite el oficio electrónicamente para su publicación en el periódico oficial que proceda, costeada por el recurrente; también puede acordarla de oficio. Si el recurso se inició por demanda contra una disposición general, el anuncio es obligado y concede quince días para personarse a quienes tengan interés legítimo. Después contesta a la demanda primero la Administración y luego los demás demandados personados.

Artículo 48

El letrado o letrada de la Administración de Justicia reclama el expediente al órgano autor y ordena los emplazamientos. Se remite en veinte días improrrogables desde la entrada en el registro general del órgano requerido, completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y con índice. Si no llega, se reitera y, pasados diez días, multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros, reiterada cada veinte días. Tras las tres primeras multas, se da cuenta al Ministerio Fiscal. El expediente de elaboración se entrega a las partes por cinco días.

Artículo 49

La resolución que acuerda remitir el expediente se notifica en cinco días a los interesados, emplazándolos para personarse como demandados en nueve días. Hechas las notificaciones, el expediente se envía con la justificación de los emplazamientos. El letrado o letrada de la Administración de Justicia comprueba los emplazamientos y, si son incompletos, ordena practicar los necesarios. Si no se pudo emplazar en el domicilio que conste, edicto en el Tablón Edictal Judicial Único. En el recurso de lesividad, el emplazamiento es personal y por nueve días.

Artículo 50

El emplazamiento de la Administración se entiende hecho con la reclamación del expediente, y las Administraciones públicas se entienden personadas con el envío del expediente. Los demandados legalmente emplazados pueden personarse dentro del plazo concedido; si lo hacen después, se les tiene por parte para los trámites no precluidos. Si no se personan oportunamente, el procedimiento continúa y no se les practica notificación alguna, ni en estrados ni de otra forma.

Artículo 51

El Juzgado o Sala, tras examinar el expediente, inadmite el recurso si consta de modo inequívoco y manifiesto: falta de jurisdicción o incompetencia, falta de legitimación, actividad no susceptible de impugnación o caducidad del plazo. Puede inadmitir también si se desestimaron en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, y en supuestos evidentes de vía de hecho o de inactividad. Antes, oye a las partes por plazo común de diez días. El auto de inadmisión es recurrible; el de admisión no, pero no impide oponer motivos de inadmisibilidad más adelante.

Artículo 52

Recibido el expediente en soporte electrónico y comprobados los emplazamientos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia acuerda incorporarlo a los autos y entregarlo al recurrente para que deduzca la demanda en veinte días. Si los recurrentes son varios, la formulan simultáneamente aunque no actúen bajo una misma dirección. La entrega es telemática o por el punto de acceso electrónico al expediente judicial. Sin demanda en plazo, el Juzgado o Sala declara de oficio por auto la caducidad, pero la demanda se admite si se presenta dentro del día en que se notifique el auto.

Artículo 53

Si pasa el término para remitir el expediente administrativo sin que se haya enviado, la parte recurrente puede pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda. Si el expediente llega después de haber usado ese derecho, el Secretario judicial lo pone de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas, por plazo común de diez días, para que hagan las alegaciones complementarias que estimen oportunas.

Artículo 54

Presentada la demanda, el Secretario judicial da traslado, con entrega del expediente, a los demandados comparecidos para que contesten en veinte días. Si aún no se ha recibido el expediente, emplaza a la Administración advirtiéndole que no se admitirá su contestación sin él. El defensor de la Administración puede pedir veinte días de suspensión para comunicarle su parecer razonado. Contesta primero la Administración; los demás demandados, simultáneamente. La entidad local emplazada y no personada dispone de veinte días para designar representante o comunicar sus fundamentos.

Artículo 55

Si las partes creen incompleto el expediente, pueden pedir, dentro del plazo de demanda o contestación, que se reclamen los antecedentes; la solicitud suspende ese plazo. El letrado o letrada de la Administración de Justicia resuelve en tres días. Si acepta y se pidió en los diez primeros días, el plazo se reinicia cuando el expediente completo se pone a disposición del solicitante; si rechaza o se pidió después, se reanuda, salvo que estime oportuno reiniciarlo por el volumen o importancia de lo añadido. No se reinicia si lo pidió la Administración demandada.

Artículo 56

Demanda y contestación consignan con la debida separación hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones, con cuantos motivos procedan, planteados o no ante la Administración. El Secretario judicial examina de oficio la demanda y requiere subsanar en plazo no superior a diez días; si no se subsana, da cuenta al Juez. Con ambos escritos se acompañan los documentos en que se funde el derecho. Si la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admite una casación con identidad jurídica sustancial, se oye a las partes diez días y cabe suspender por auto irrecurrible.

Artículo 57

El Secretario judicial declara concluso el pleito para sentencia, sin más trámite, una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal use la facultad del artículo 61, en dos supuestos: 1.º el actor pide por otrosí en la demanda que se falle sin prueba, vista ni conclusiones y el demandado no se opone; 2.º ni demanda ni contestación piden prueba, vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, acuerde vista o conclusiones escritas. Si el demandado pide la inadmisión, el demandante tiene cinco días para alegar.

Artículo 58

Las partes demandadas pueden alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso conforme al artículo 69. Esos motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, pueden alegarse también en la contestación, incluso si fueron desestimados como alegación previa. Para usar este trámite, la Administración demandada debe acompañar el expediente administrativo si no lo remitió antes.

Artículo 59

Del escrito de alegaciones previas el Secretario judicial da traslado por cinco días al actor, que puede subsanar el defecto, si procediera, en diez días. Evacuado el traslado, se sigue la tramitación de los incidentes. El auto desestimatorio no es susceptible de recurso y dispone que se conteste la demanda en el plazo que reste. El auto estimatorio declara la inadmisibilidad del recurso; si se declara la falta de jurisdicción o de competencia, se está a lo que determinan los artículos 5.3 y 7.3.

Artículo 60

La prueba solo se pide por otrosí en demanda, contestación y alegaciones complementarias, expresando los puntos de hecho y los medios. Si la contestación revela hechos nuevos, el recurrente puede pedirla en los cinco días siguientes al traslado. Se recibe a prueba si hay disconformidad en hechos de trascendencia; en sanciones, siempre que haya disconformidad. Se practica en treinta días. Las Salas pueden delegar diligencias en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo. En la pericial, el Juez da hasta cinco días para pedir aclaraciones.

Artículo 61

El Juez o Tribunal puede acordar de oficio el recibimiento a prueba y la práctica de cuantas estime pertinentes. Finalizado el período de prueba y hasta que el pleito se declare concluso para sentencia, puede acordar cualquier diligencia de prueba necesaria. Las partes intervienen en esas pruebas. Si no pudieron alegar sobre ellas en la vista o en conclusiones, el Secretario judicial les pone de manifiesto el resultado y tienen cinco días para alegar. El Juez puede extender los efectos de las periciales a procedimientos conexos, prorrateándose su coste.

Artículo 62

Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes pueden solicitar vista, conclusiones o que el pleito se declare concluso, sin más trámites, para sentencia. Se pide por otrosí en demanda o contestación, o por escrito en cinco días desde la notificación de la diligencia de ordenación que declara concluso el período de prueba. El Secretario judicial provee según lo que coincidentemente pidan; si no coinciden, solo acuerda vista o conclusiones si lo pide el demandante o, practicada prueba, cualquiera de las partes. Sin solicitud, el Juez o Tribunal puede acordarlas excepcionalmente.

Artículo 63

Acordada la vista, el Secretario judicial señala fecha por riguroso orden de antigüedad, salvo asuntos preferentes. Las sesiones se graban; con medios que garanticen autenticidad e integridad, el letrado de la Administración de Justicia no ha de estar en la sala salvo que lo pidan las partes al menos dos días antes o lo considere necesario. Si está presente, extiende acta sucinta. Sin esos medios, acta por procedimientos informáticos, manuscrita solo si la sala carece de ellos.

Artículo 64

Acordado el trámite de conclusiones, las partes presentan alegaciones sucintas sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos de sus pretensiones. El plazo es de diez días sucesivos para demandantes y demandados, y simultáneo dentro de cada grupo si en él ha comparecido más de una persona y no actúan unidos bajo una misma representación. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declara el pleito concluso para sentencia, salvo que acuerde diligencias de prueba, en cuyo caso lo declara inmediatamente después de practicarlas.

Artículo 65

En la vista o en el escrito de conclusiones no pueden plantearse cuestiones que no se hayan suscitado en la demanda y la contestación. Si el Juez o Tribunal juzga oportuno que se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo comunica a las partes mediante providencia y les da diez días para ser oídas; contra esa providencia no cabe recurso alguno. El demandante puede pedir, en la vista o en conclusiones, pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios, si constasen ya probados en autos.

Artículo 66

Los recursos directos contra disposiciones generales gozan de preferencia. Una vez conclusos, se anteponen para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado. La única excepción es el proceso especial de protección de derechos fundamentales, que no cede ante ellos.

Artículo 67

La sentencia se dicta en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decide todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Si el Juez o Tribunal aprecia que no podrá dictarla dentro de ese plazo, debe razonarlo debidamente, señalar una fecha posterior concreta en la que se dictará y notificarlo a las partes.

Artículo 68

La sentencia pronuncia alguno de estos fallos: inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, o estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo. Además, contiene el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Artículo 69

La sentencia declara la inadmisibilidad del recurso, o de alguna de las pretensiones, en cinco casos: que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción; que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada; que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación; que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia; y que el escrito inicial del recurso se hubiera presentado fuera del plazo establecido.

Artículo 70

La sentencia desestima el recurso cuando la disposición, acto o actuación impugnados se ajusten a Derecho. Lo estima cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Desviación de poder es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

Artículo 71

La sentencia estimatoria: a) declara no ser conforme a Derecho y, en su caso, anula total o parcialmente la disposición o acto, o dispone que cese o se modifique la actuación; b) reconoce la situación jurídica individualizada y adopta medidas para restablecerla; c) podrá establecer plazo para cumplir el fallo; d) declara en todo caso el derecho a la reparación y quién indemniza, y fija la cuantía si lo pide expresamente el demandante y hay elementos probados. Los órganos jurisdiccionales no pueden redactar los preceptos anulados ni determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Artículo 72

La sentencia de inadmisibilidad o desestimación solo tiene efectos entre las partes. La anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tienen efectos generales desde el día en que se publique su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo fue la disposición; también se publican las que anulen un acto que afecte a pluralidad indeterminada de personas. La estimación de pretensiones de situación jurídica individualizada solo tiene efectos entre partes, extensibles a terceros.

Artículo 73

Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectan por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. Única excepción: que la anulación del precepto suponga la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

Artículo 74

El recurrente puede desistir antes de la sentencia. El del representante exige ratificación o autorización; el de la Administración, testimonio del acuerdo del órgano competente. El letrado o letrada da traslado por plazo común de cinco días y, si hay conformidad o no oposición, dicta decreto de terminación; en otro caso, o si aprecia daño para el interés público, da cuenta al Juez o Tribunal. Si se desistió por reconocimiento total y la Administración lo revoca, el actor puede pedir que continúe; el Juez o Tribunal, si lo estima conveniente, da diez días para alegaciones.

Artículo 75

Los demandados pueden allanarse cumpliendo los requisitos del apartado 2 del artículo anterior. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal dicta sin más trámites sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo que ello suponga infracción manifiesta del ordenamiento jurídico: entonces comunica a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación, las oye por plazo común de diez días y dicta la sentencia que estime ajustada a Derecho. Si hay varios demandados, el procedimiento sigue respecto de los que no se hayan allanado.

Artículo 76

Si, interpuesto el recurso, la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes puede ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal cuando la Administración no lo haga. El letrado o letrada de la Administración de Justicia manda oír a las partes por plazo común de cinco días y, comprobado lo alegado, se dicta auto que declara terminado el procedimiento y ordena el archivo del recurso, si el reconocimiento no infringe manifiestamente el ordenamiento jurídico; de infringirlo, se dicta sentencia ajustada a Derecho.

Artículo 77

En primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, formuladas la demanda y la contestación, puede someter a las partes el reconocimiento de hechos o documentos y la posibilidad de un acuerdo, en materias susceptibles de transacción y, en particular, sobre estimación de cantidad. La Administración necesita la autorización oportuna. El intento no suspende las actuaciones salvo que lo pidan todas las partes personadas, y cabe hasta que el pleito se declare concluso para sentencia. El acuerdo termina el procedimiento por auto. Cabe usar medios electrónicos.

Artículo 78

El abreviado se aplica, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Centrales, a cuestiones de personal, extranjería, inadmisión de peticiones de asilo político, dopaje y asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros. Se inicia por demanda; el expediente se remite con al menos quince días de antelación a la vista. Sin vista a petición del actor: contestación en veinte días y los demandados pueden pedirla en los diez primeros. Si solo comparece el demandado, actor desistido y costas. Sentencia en diez días desde la vista.

Artículo 79

Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación cabe recurso de reposición, sin perjuicio del cual se lleva a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario. No cabe contra las resoluciones expresamente exceptuadas en la Ley ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposición y los de aclaración. Se interpone en cinco días desde el siguiente al de la notificación; el Secretario judicial da traslado por término común de cinco días y se resuelve por auto dentro del tercer día.

Artículo 80

Son apelables en un solo efecto los autos de los Juzgados y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de primera instancia, en cinco casos: los que ponen término a la pieza de medidas cautelares; los recaídos en ejecución de sentencia; los que declaran la inadmisión del recurso o hacen imposible su continuación; los recaídos sobre las autorizaciones de los artículos 8.6, 9.2 y 122 bis; y los dictados en aplicación de los artículos 83 y 84. La tramitación se ajusta a la sección 2ª del capítulo.

Artículo 81

Las sentencias de los Juzgados y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo son apelables, salvo dos excepciones: asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros y materia electoral del artículo 8.º 4. Son siempre apelables las que declaren la inadmisibilidad del recurso en asuntos de esa cuantía, las dictadas en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas, las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales y las susceptibles de extensión de efectos.

Artículo 82

Artículo 83

El recurso de apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la Ley disponga otra cosa. Aun así, el Juez puede adoptar, en cualquier momento y a instancia de la parte interesada, las medidas cautelares pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia, atendiendo a los criterios del capítulo II del Título VI.

Artículo 84

La apelación no impide la ejecución provisional de la sentencia, que pueden instar las partes favorecidas. Si de ella pueden derivarse perjuicios, cabe acordar medidas para evitarlos o paliarlos y exigir caución o garantía; hasta que estén constituidas y acreditadas en autos no se ejecuta. No se acuerda si puede producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. El Juez resuelve en cinco días, previa audiencia de las demás partes por plazo común de cinco días. La Administración pública que la inste queda exenta de caución.

Artículo 85

La apelación se interpone ante el Juzgado que dictó la sentencia, en quince días desde su notificación, por escrito razonado. Admitido, las demás partes tienen plazo común de quince días para oponerse. Si el apelado alega admisión indebida, vista al apelante por cinco días; si impugna la sentencia, traslado por diez días. Después el Juzgado eleva los autos y emplaza a las partes por treinta días ante la Sala. La Sala dicta sentencia en diez días desde que el pleito queda concluso. Si deniega la admisión, el Juez lo hace por auto, recurrible en queja.

Artículo 86

Cabe casación ante el Tribunal Supremo contra sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados (solo si contienen doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos) y en única instancia o apelación por la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Se exceptúan derecho de reunión y procesos contencioso-electorales. Las de los Tribunales Superiores, solo por infracción de Derecho estatal o de la Unión Europea; por normas autonómicas resuelve una Sección de cinco miembros con sede en el Tribunal Superior.

Artículo 87

Son recurribles en casación cinco clases de autos de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia: inadmisión del recurso o imposible continuación; fin de la pieza de suspensión o de otras medidas cautelares; ejecución de sentencia, si resuelven cuestiones no decididas en ella o contradicen el fallo; los del artículo 91; y los de los artículos 110 y 111. Exigen reposición previa. Los autos de los artículos 10.8 y 11.1.i) son recurribles en todo caso y sin reposición previa.

Artículo 87 bis

El recurso de casación ante el Tribunal Supremo se limita a las cuestiones de derecho, con exclusión de las de hecho, sin perjuicio del artículo 93.3. Sus pretensiones deben tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la resolución del litigio por la propia Sala. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo puede fijar, por acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos de interposición y de oposición.

Artículo 87 ter

La casación contra autos de los artículos 10.8 y 11.1.i) se interpone directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en tres días hábiles desde la notificación del auto. El mismo día se comunica a la Sala de instancia, que remite testimonio de las actuaciones el día siguiente hábil. El escrito se turna de inmediato a la Sección competente, con traslado al Ministerio Fiscal y a las partes por plazo común de tres días; la Sección fija doctrina y resuelve en los cinco días siguientes. Puede pedirse habilitar días inhábiles; la denegación no es recurrible.

Artículo 88

La casación puede admitirse cuando, invocada una infracción del ordenamiento jurídico, procesal o sustantiva, o de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo estime que hay interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El apartado 2 enumera nueve circunstancias en que puede apreciarse, motivándolo en el auto de admisión. El apartado 3 lo presume en cinco: falta de jurisprudencia; apartamiento deliberado o inmotivado de ella; nulidad de una disposición general; actos de organismos reguladores enjuiciados por la Audiencia Nacional; y actos de Gobiernos autonómicos.

Artículo 89

La casación se prepara ante la Sala de instancia en treinta días desde el siguiente a la notificación, por quienes fueron parte o debieron serlo. El escrito cumple seis requisitos en apartados separados con epígrafe. Fuera de plazo, la resolución queda firme por decreto del Letrado de la Administración de Justicia, contra el que solo cabe revisión. Si incumple requisitos, auto motivado que lo tiene por no preparado, recurrible solo en queja. Si los cumple, auto que emplaza a las partes por quince días ante el Tribunal Supremo; la parte recurrida no puede recurrirlo.

Artículo 90

Decide la admisión una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo: el Presidente de la Sala y al menos un Magistrado de cada una de las restantes Secciones. Se renueva por mitad al año de constituirse y luego cada seis meses, por acuerdo de la Sala de Gobierno. Puede oír a las partes por veinte días. En los supuestos del artículo 88.2 inadmite por providencia y admite por auto; en los del 88.3 inadmite por auto motivado. No cabe recurso. Los autos de admisión se publican en la web del Tribunal Supremo. La inadmisión comporta costas.

Artículo 91

La preparación del recurso de casación no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida, que pueden instar las partes favorecidas. Si de ella pueden derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, cabe acordar medidas para evitarlos o paliarlos y exigir caución o garantía; no se lleva a efecto hasta que la caución o la medida esté constituida y acreditada en autos. El Tribunal de instancia la deniega cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. El Letrado de la Administración de Justicia deja testimonio bastante de los autos.

Artículo 92

Admitida la casación, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección de Admisión remite las actuaciones a la Sección competente y da a la parte recurrente treinta días, desde la notificación, para el escrito de interposición; si no lo presenta, declara desierto el recurso. Si el escrito incumple sus requisitos, tras oír a la parte se inadmite por sentencia, con costas. En otro caso, traslado a las recurridas para oponerse en plazo común de treinta días. Vista pública salvo que sea innecesaria; puede ir al Pleno. Sentencia en diez días desde la deliberación.

Artículo 93

La sentencia de casación fija la interpretación de las normas estatales, o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea, señaladas en el auto de admisión, y resuelve anulando en todo o en parte la sentencia o auto recurrido o confirmándolos; puede ordenar la retroacción si justifica su necesidad. Si falta jurisdicción indica el orden competente; si era incompetente el órgano de instancia, remite las actuaciones al que debió conocer. Puede integrar hechos omitidos. Costas de casación: cada parte las suyas y las comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad.

Artículo 94

Ante un gran número de recursos con una cuestión jurídica sustancialmente igual, la Sección de admisión puede admitir uno o varios para su tramitación y resolución preferente y suspender la admisión de los demás. Dictada sentencia de fondo, se lleva testimonio a los suspendidos y se dan diez días de alegaciones para pedir la continuación o desistir. Sin desistimiento: si la sentencia impugnada coincide en fallo y razón de decidir, se inadmiten por providencia; si no coincide, auto de admisión y remisión a la Sección, que sigue el trámite o dicta sentencia sin más trámite.

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Cabe revisar una sentencia firme por cuatro motivos: documentos decisivos recobrados, no aportados por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida; documentos falsos; testigos condenados por falso testimonio; y cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta. También cabe contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que viola el Convenio y los efectos persistan. Legitimación, plazos, procedimiento y efectos: Ley de Enjuiciamiento Civil. Vista sólo si la piden todas las partes o la Sala la estima necesaria.

Artículo 102 bis

Contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario judicial cabe reposición ante el mismo Secretario: cinco días desde el siguiente a la notificación, traslado por tres días comunes y decreto dentro del tercer día. Cabe revisión ante el juez o tribunal contra el decreto que resuelve la reposición, y revisión directa contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación; sin efectos suspensivos. La revisión se interpone en cinco días, se impugna en cinco y se resuelve por auto en cinco. Contra la admisión o inadmisión no cabe recurso.

Artículo 103

La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden, y la ejerce el que conoció del asunto en primera o única instancia. Las partes deben cumplir las sentencias en la forma y términos que consignen, y todas las personas y entidades públicas y privadas deben colaborar. Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos dictados para eludir su cumplimiento; la nulidad la declara, a instancia de parte, el órgano que ejecuta, salvo que carezca de competencia.

Artículo 104

Firme la sentencia, el letrado o letrada de la Administración de Justicia la comunica en diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento, para que la lleve a puro y debido efecto. Transcurridos dos meses desde la comunicación de la sentencia, o el plazo que ésta fije para cumplir el fallo, cualquiera de las partes y personas afectadas puede instar la ejecución forzosa. La sentencia puede fijar un plazo inferior cuando el de dos meses la haga ineficaz o cause grave perjuicio.

Artículo 105

No cabe suspender el cumplimiento ni declarar la inejecución total o parcial del fallo. Si hay imposibilidad material o legal, el órgano obligado lo manifiesta a la autoridad judicial y el Juez o Tribunal, con audiencia, la aprecia y fija en su caso la indemnización. Causas para expropiar lo reconocido en sentencia firme: peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de derechos y libertades, temor fundado de guerra o quebranto de la integridad del territorio nacional. Las declara el Gobierno de la Nación, y el Consejo de Gobierno autonómico sólo la primera, en dos meses.

Artículo 106

Condenada la Administración al pago de cantidad líquida, el órgano encargado acuerda el pago con cargo a un crédito que siempre es ampliable; si hace falta modificación presupuestaria, debe concluirse en tres meses desde la notificación de la resolución judicial. Se añade el interés legal desde la notificación de la sentencia de única o primera instancia. A los tres meses de la comunicación de la sentencia firme cabe instar la ejecución forzosa, y la autoridad judicial puede subir dos puntos el interés si aprecia falta de diligencia. Cabe pedir compensación con créditos de la Administración.

Artículo 107

Si la sentencia firme anula total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispone, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto y su publicación en periódicos oficiales o privados si concurre causa bastante, a costa de la parte ejecutada; para los privados hay que acreditar un interés público. Si se anula una disposición general o un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario ordena su publicación en diario oficial en diez días desde la firmeza.

Artículo 108

Si la Administración incumple la condena a realizar una actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal puede ejecutar la sentencia por sus propios medios o requiriendo la colaboración de autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones, y adoptar las medidas necesarias, incluida la ejecución subsidiaria a su cargo. Si la Administración contraviene el fallo, a instancia de los interesados repone la situación y determina los daños. Antes de demoler un inmueble exige garantías para indemnizar a terceros de buena fe, salvo peligro inminente.

Artículo 109

Mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo pueden promover incidente para decidir, sin contrariar el fallo, cuantas cuestiones plantee la ejecución, especialmente: órgano administrativo responsable de las actuaciones, plazo máximo para el cumplimiento y medios y procedimiento a seguir. El Secretario judicial da traslado a las partes para alegar en plazo común que no excederá de veinte días, y el Juez o Tribunal decide por auto en diez días.

Artículo 110

En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme pueden extenderse a otros si están en idéntica situación jurídica, el juez o tribunal sentenciador es competente por territorio y lo piden en un año desde la última notificación. La solicitud va directamente al órgano jurisdiccional. El Secretario judicial recaba en veinte días antecedentes e informe, con alegaciones por cinco días, y se resuelve por auto. Se desestima si hay cosa juzgada, doctrina contraria a la jurisprudencia o resolución consentida y firme.

Artículo 111

Si se suspendieron uno o más recursos conforme al artículo 37.2, cuando se declara firme la sentencia del pleito tramitado con carácter preferente el Secretario judicial requiere a los recurrentes afectados para que, en cinco días, elijan: pedir la extensión de los efectos de la sentencia, pedir la continuación de su pleito o manifestar si desisten. Si piden la extensión, el Juez o Tribunal la acordará, salvo que concurra la circunstancia del artículo 110.5.b) o una causa de inadmisibilidad del artículo 69.

Artículo 112

Transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adopta, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para la efectividad de lo mandado. En particular, acreditada la responsabilidad y previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente, el Juez o la Sala podrán: a) imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a autoridades, funcionarios o agentes que incumplan sus requerimientos, reiterables hasta la completa ejecución; b) deducir testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal.

Artículo 113

Regula la ejecución forzosa del acuerdo a que se refiere el artículo 77.3. Si el acuerdo fijó un plazo de ejecución, una vez transcurrido cualquiera de las partes puede instar la ejecución forzosa. Si no se fijó plazo para cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada puede requerir a la otra su cumplimiento y, transcurridos dos meses, proceder a instar la ejecución forzosa.

Artículo 114

El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos del artículo 53.2 de la Constitución española se rige, en el orden contencioso-administrativo, por este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la Ley. En él pueden hacerse valer las pretensiones de los artículos 31 y 32, siempre que su finalidad sea restablecer o preservar los derechos o libertades por los que se formuló el recurso. La tramitación de estos recursos tiene carácter preferente a todos los efectos.

Artículo 115

Plazo de interposición: diez días, desde el día siguiente a la notificación del acto, la publicación de la disposición, el requerimiento de cese de la vía de hecho o el transcurso del plazo fijado para la resolución. En caso de inactividad administrativa, de recurso administrativo potestativo o de vía de hecho sin requerimiento, los diez días se inician transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación. El escrito expresa con precisión y claridad el derecho cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales.

Artículo 116

El mismo día de la presentación del recurso o el siguiente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere al órgano administrativo para que, en un máximo de cinco días desde la recepción, remita el expediente en soporte electrónico. Al remitirlo, el órgano administrativo emplaza a los interesados para comparecer como demandados en cinco días. Administración y demandados pueden pedir razonadamente la inadmisión. La falta de envío no suspende el curso de los autos; si el expediente llega tarde, se entrega a las partes por cuarenta y ocho horas para alegaciones.

Artículo 117

Recibido el expediente o transcurrido el plazo para remitirlo y, en su caso, el del emplazamiento, el Secretario judicial dicta decreto, dentro del siguiente día, mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, da cuenta al Tribunal. Ante posibles motivos de inadmisión, el Secretario judicial convoca a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia antes de transcurrir cinco días. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dicta auto: proseguir por este trámite o inadmitir por inadecuación del procedimiento.

Artículo 118

Una vez acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, el Secretario judicial pone de manifiesto al recurrente el expediente y las demás actuaciones. El recurrente dispone entonces de un plazo improrrogable de ocho días para formalizar la demanda y acompañar los documentos.

Artículo 119

Formalizada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia da traslado de ella, con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas. Todos ellos disponen de un plazo común e improrrogable de ocho días para presentar sus alegaciones y acompañar los documentos que estimen oportunos.

Artículo 120

Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano jurisdiccional decide en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales de la Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57. El período probatorio no puede superar en ningún caso los veinte días, que son comunes para la proposición y la práctica de la prueba.

Artículo 121

Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dicta sentencia en cinco días. La sentencia estima el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de ella vulneran un derecho de los susceptibles de amparo. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procede siempre la apelación en un solo efecto.

Artículo 122

Si los promotores no aceptan la prohibición o la propuesta de modificación de una reunión, pueden interponer recurso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, trasladando copia registrada del escrito a la autoridad gubernativa para que remita el expediente. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, en el plazo improrrogable de cuatro días, convoca al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes a una audiencia contradictoria, que se resuelve sin ulterior recurso. La decisión solo puede mantener o revocar.

Artículo 122 bis

Apartado 1: la autorización judicial del artículo 8.2 de la Ley 34/2002 se solicita por los órganos competentes; el Juzgado resuelve en 24 horas, previa audiencia del Ministerio Fiscal, y autoriza si no resulta afectado el artículo 18.1 y 3 de la Constitución. Apartado 2: ejecutar las medidas de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual requiere autorización judicial previa. El Juzgado da traslado en el plazo improrrogable de dos días, caben alegaciones escritas en cinco días comunes y el Juez resuelve por auto en dos días o acuerda vista oral. Solo cabe autorizar o denegar.

Artículo 122 ter. Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos

La autoridad de protección de datos solicita al Tribunal competente que se pronuncie sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de una decisión de la Comisión Europea sobre transferencia internacional de datos, con copia del expediente. Son partes esa autoridad, quienes lo fueran ante ella y, en todo caso, la Comisión Europea. Personación: tres días. Alegaciones: diez días. Decisión: diez días. Si es conforme, sentencia que deniega la autorización; si es contraria, auto de cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 122 quater. Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales

Regula la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones de los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) es parte el Ministerio fiscal. La tramitación tiene siempre carácter preferente y se resuelve por auto en un plazo máximo de tres días naturales.

Artículo 123

El Juez o Tribunal plantea la cuestión de ilegalidad del artículo 27.1 mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión se ciñe exclusivamente al precepto o preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para estimar la demanda. Contra el auto de planteamiento no cabe recurso alguno. En ese auto se emplaza a las partes para comparecer y formular alegaciones en quince días ante el Tribunal competente para fallar la cuestión; pasado ese plazo no se admite la personación.

Artículo 124

Planteada la cuestión de ilegalidad, el Secretario judicial remite urgentemente, junto con la certificación del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo. Además, acuerda la publicación del auto de planteamiento de la cuestión en el mismo periódico oficial en que se hubiera publicado la disposición cuestionada.

Artículo 125

Con el escrito de personación y alegaciones puede acompañarse documentación sobre la legalidad de la disposición cuestionada. Terminado ese plazo, el Secretario judicial declara concluso el procedimiento y se dicta sentencia en los diez días siguientes. El Tribunal puede rechazar la cuestión en trámite de admisión, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, si faltan las condiciones procesales. Ese plazo se interrumpe si, para mejor proveer, se reclama el expediente de elaboración o se practica prueba de oficio; se oye entonces a las partes por plazo común de cinco días.

Artículo 126

La sentencia estima o desestima, parcial o totalmente, la cuestión de ilegalidad, salvo que falte algún requisito procesal insubsanable, caso en que la declara inadmisible. Se le aplican los artículos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73, y se publican también las sentencias firmes que desestimen la cuestión. Firme la sentencia, el Secretario judicial la comunica al Juez o Tribunal que la planteó. Si la cuestión es de especial trascendencia para otros procedimientos, es preferente. La sentencia no afecta a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia de quien la planteó.

Artículo 127

Suspendido en vía administrativa un acto o acuerdo de Corporaciones o Entidades públicas, en los diez días siguientes al acto de suspensión (o en el plazo legal) se interpone el recurso mediante escrito fundado o se da traslado directo, con copia del acto de suspensión. Se requiere a la corporación para que en diez días remita el expediente, alegue y notifique a los interesados, que comparecen en diez días. Vista: como mínimo a los diez días de la entrega del expediente; puede sustituirse por alegaciones escritas en diez días. Prueba: no más de quince días. La sentencia anula o confirma.

Artículo 127 bis

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede presentar el recurso contencioso-administrativo para la garantía de la unidad de mercado cuando considere que una disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho de cualquier Administración pública es contraria a la libertad de establecimiento o de circulación, en los términos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. El plazo es de dos meses, conforme a los apartados 1 a 3 del artículo 46; si se interpone a solicitud de un operador económico, se computa desde la presentación de la solicitud ante la Comisión.

Artículo 127 ter

Interpuesto el recurso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Secretario judicial reclama el expediente ese día o el siguiente, a remitir en un máximo de cinco días; su falta de envío no suspende los autos. Demanda: diez días improrrogables. Contestación: diez días, plazo común e improrrogable. Prueba: no más de veinte días. Sentencia: cinco días, y puede dictarse de viva voz. Un operador económico con interés directo puede intervenir como parte recurrente, sin retroacción. La Audiencia Nacional acumula los iniciados por operadores. Tramitación preferente.

Artículo 127 quáter

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede pedir en su escrito de interposición la suspensión de lo impugnado y cualquier otra medida cautelar. La suspensión es excepcional: solo si es imprescindible por la especial relevancia del supuesto para la libertad de establecimiento y circulación. Se tramita conforme al capítulo II del título VI, una vez admitido el recurso y sin afianzamiento. La Administración recurrida puede pedir su levantamiento durante tres meses desde su adopción, si acredita perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

Artículo 127 quinquies

El procedimiento para la declaración judicial de extinción de un partido político se rige por el artículo 78, con tres especialidades: la demanda debe especificar en cuál o cuáles de los motivos del artículo 12 bis.1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se fundamenta la petición; el plazo de dos meses para presentarla se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo del artículo 12 bis.2 de esa ley; y la sentencia que declare la extinción se notifica al registro para que cancele la inscripción. El Ministerio Fiscal es parte del proceso.

Artículo 128

Los plazos son improrrogables: transcurridos, el Secretario judicial tiene por caducado el derecho y perdido el trámite. Se admite el escrito presentado dentro del día en que se notifique la resolución, salvo en plazos para preparar o interponer recursos. En agosto no corre ningún plazo de la Ley, salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, donde agosto es hábil. En casos de urgencia las partes pueden pedir que se habiliten días inhábiles en ese procedimiento o en el incidente cautelar; el Juez o Tribunal oye a las demás partes y resuelve por auto en tres días.

Artículo 129

Los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Hay una regla especial de momento: si se impugna una disposición general y se solicita la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición debe efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

Artículo 130

La medida cautelar solo puede acordarse, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. Puede denegarse cuando de ella pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.

Artículo 131

El incidente cautelar se sustancia en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordena el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días. Se resuelve por auto dentro de los cinco días siguientes. Si la Administración demandada no hubiere aún comparecido, la audiencia se entiende con el órgano autor de la actividad impugnada.

Artículo 132

Las medidas cautelares están en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en que se acordaron, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en la Ley. Pueden modificarse o revocarse durante el procedimiento si cambian las circunstancias por las que se adoptaron. No pueden modificarse ni revocarse por los avances del proceso en el análisis de las cuestiones formales o de fondo, ni por la modificación de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente.

Artículo 133

Si de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, pueden acordarse medidas para evitarlos o paliarlos y exigirse caución o garantía suficiente, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida no se lleva a efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en autos, o conste el cumplimiento de aquellas medidas. Levantada la medida, la indemnización de daños se pide ante el propio órgano jurisdiccional, por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente al alzamiento; si no, se cancela la garantía.

Artículo 134

El auto que acuerde la medida cautelar se comunica al órgano administrativo correspondiente, que dispondrá su inmediato cumplimiento; se aplica lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2. La suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general se publica con arreglo al artículo 107.2, y lo mismo se observa cuando la suspensión se refiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

Artículo 135

Si los interesados alegan especial urgencia, el juez o tribunal, sin oír a la parte contraria y en dos días, puede por auto: a) apreciarla y adoptar o denegar la medida, sin recurso alguno, dando audiencia a la contraria por tres días o convocando comparecencia dentro de los tres días siguientes a la adopción; después dicta auto de levantamiento, mantenimiento o modificación, recurrible; b) no apreciarla y tramitar el incidente conforme al artículo 131, sin nueva solicitud urgente. Si el afectado es menor en extranjería, asilo o refugio con retorno, se oye antes al Ministerio Fiscal.

Artículo 136

En los supuestos de los artículos 29 y 30 la medida cautelar se adopta, salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en ellos o que la medida ocasione perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Puede pedirse antes de interponer el recurso; entonces hay que pedir su ratificación al interponerlo, inexcusablemente en diez días desde la notificación de la adopción, y en los tres días siguientes el Secretario judicial convoca la comparecencia. Sin recurso, las medidas quedan automáticamente sin efecto y el solicitante indemniza los daños y perjuicios.

Artículo 137

Artículo 138

Si se alega que un acto de las partes no reúne los requisitos de la Ley, la parte afectada puede subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Si es el Juzgado o Tribunal quien aprecia de oficio un defecto subsanable, el Secretario judicial dicta diligencia de ordenación que lo reseña y otorga ese mismo plazo, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia. Solo si el defecto es insubsanable o no se subsana debidamente en plazo puede decidirse el recurso con fundamento en él.

Artículo 139

En primera o única instancia las costas se imponen a quien vea rechazadas todas sus pretensiones, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas; con estimación parcial, cada parte paga las suyas y las comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad. En los recursos, al recurrente si se desestima totalmente. Tope en primera o única instancia: la tercera parte de la cuantía por cada favorecido; cuantía indeterminada, 18.000 euros. A particulares las exige la Administración acreedora por apremio. Nunca al Ministerio Fiscal. Se tasan según la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 52

Contra los actos y acuerdos locales que ponen fin a la vía administrativa cabe acudir a la jurisdicción competente, con recurso de reposición previo y potestativo. Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno (salvo que una ley sectorial exija aprobación ulterior del Estado o de la comunidad autónoma, o proceda recurso ante estas en los supuestos del art. 27.2); las de órganos inferiores que resuelvan por delegación de esos órganos; y las de cualquier otro órgano si lo establece una disposición legal.