Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Capítulo IÁmbito

• Art. 1Artículo 1El orden contencioso-administrativo conoce de las pretensiones sobre la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Son Administraciones públicas la General del Estado, las autonómicas, las Entidades locales y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas. Conoce también de actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, el Senado y otros órganos, y de la Administración electoral.
• Art. 2Artículo 2Conoce de: a) la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones respecto de actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, cualquiera que sea su naturaleza; b) los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación; c) los actos de las Corporaciones de Derecho público en ejercicio de funciones públicas; d) los actos de control sobre concesionarios; e) la responsabilidad patrimonial de las Administraciones; f) lo que le atribuya expresamente una Ley.
• Art. 3Artículo 3Quedan fuera de este orden: a) las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública; b) el recurso contencioso-disciplinario militar; c) los conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración; d) los recursos directos o indirectos contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
• Art. 4Artículo 4La competencia de este orden se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo. Quedan a salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. La decisión que se pronuncie no produce efectos fuera del proceso en que se dicte y no vincula al orden jurisdiccional correspondiente.
• Art. 5Artículo 5La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable. Sus órganos aprecian de oficio la falta de jurisdicción y resuelven previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. Si la nueva demanda ante el órgano del orden indicado en la resolución se presenta en un mes desde su notificación, se entiende presentada en la fecha en que se inició el plazo del recurso contencioso-administrativo, siempre que este se formulara siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o esta fuese defectuosa. La parte puede pedir testimonio para acreditarlo.

Capítulo IIÓrganos y competencias

• Art. 6Artículo 6El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se integra por cinco clases de órganos: Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
• Art. 7Artículo 7El órgano competente para un asunto lo es también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar sus sentencias. La competencia de Juzgados y Salas no es prorrogable y se aprecia incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. La incompetencia se declara por auto y antes de la sentencia; las actuaciones se remiten al órgano que se estime competente, con emplazamiento a las partes para que comparezcan en diez días. Si puede corresponder a un tribunal superior en grado, se acompaña exposición razonada y se está a lo que este resuelva.
• Art. 8Artículo 8Los Juzgados conocen: de actos de entidades locales, salvo instrumentos de planeamiento urbanístico; de actos autonómicos (no del Consejo de Gobierno) sobre personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera), multas no superiores a 60.000 euros y ceses o privaciones que no excedan de seis meses, y responsabilidad patrimonial hasta 30.050 euros; de la Administración periférica; de extranjería; de las Juntas Electorales de Zona y proclamación de candidaturas; y de autorizaciones de entrada en domicilios y de medidas sanitarias sobre particulares identificados.
• Art. 9Artículo 9Los Juzgados Centrales conocen de: a) personal, por actos de Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen actos de órganos inferiores o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera o al personal militar; b) actos de órganos centrales del Estado en los supuestos del artículo 8.2.b); c) disposiciones y actos de organismos públicos estatales con competencia en todo el territorio nacional; d) responsabilidad patrimonial de Ministros y Secretarios de Estado hasta 30.050 euros; e) inadmisión de asilo político; f) Comité Español de Disciplina Deportiva.
• Art. 10Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de JusticiaLas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia, entre otros, de: actos locales y autonómicos no atribuidos a los Juzgados; disposiciones generales autonómicas y locales; actos de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y del Central en tributos cedidos; Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas; y cualesquiera actuaciones no atribuidas expresamente a otros órganos. En segunda instancia, de apelaciones contra los Juzgados y recursos de queja; además, de revisión y de cuestiones de competencia entre Juzgados.
• Art. 11Artículo 11La Sala de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de: disposiciones generales y actos de Ministros y Secretarios de Estado, y en personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de funcionarios de carrera; actos del Ministerio de Defensa sobre ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos; convenios no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia; y resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En segunda instancia, de apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales y recursos de queja.
• Art. 12Artículo 12El Tribunal Supremo conoce en única instancia de actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno; del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado; y, en personal, administración y gestión patrimonial, de los del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Conoce además de la casación de cualquier modalidad y la queja, de casación y revisión contra resoluciones del Tribunal de Cuentas, de revisión contra sentencias firmes de las Salas y de los actos de la Junta Electoral Central.
• Art. 13Artículo 13Tres criterios para aplicar las reglas de competencia: a) las referencias a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una; b) la competencia para conocer de recursos contra actos administrativos incluye la inactividad y las actuaciones constitutivas de vía de hecho; c) salvo disposición expresa en contrario, la atribución por razón de la materia prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.

Capítulo IIICompetencia territorial de los Juzgados y Tribunales

• Art. 14Artículo 14Competencia territorial de Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia. Primera (general): sede del órgano que dictó la disposición o el acto originario. Segunda: en responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones elige el demandante entre su domicilio y la sede del órgano autor; si el acto es autonómico o local, solo dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de esa sede. Tercera: en urbanismo, expropiación e intervención en la propiedad privada, donde radiquen los inmuebles. Con pluralidad de destinatarios y órganos diversos: la sede.

Capítulo IVConstitución y actuación de las Salas de lo Contencioso-administrativo

• Art. 15Artículo 15La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actúa dividida en Secciones. Preside cada una el Presidente de la Sala o el Magistrado más antiguo de la Sección, salvo en el supuesto del artículo 96.6, en que preside el Presidente del Tribunal Supremo. Para la vista o deliberación y fallo concurren el que presida y: todos los Magistrados de la Sección para decidir casación y revisión; cuatro en los demás casos. Para el despacho ordinario bastan el que presida y dos Magistrados.
• Art. 16Artículo 16La Sala de la Audiencia Nacional tiene las Secciones que aconseje el número de asuntos. Las de los Tribunales Superiores de Justicia se dividen en Secciones si sus miembros exceden de cinco. Preside el Presidente de la Sala o el Magistrado más antiguo de la Sección. Para vista o deliberación y fallo, y despacho ordinario, bastan el que presida y dos Magistrados. Casación en interés de la ley, para la unificación de doctrina y revisión van a una Sección de cinco miembros, con Presidentes de las demás Salas o Secciones en número no superior a dos y turno anual de la Sala de Gobierno.

Capítulo VDistribución de asuntos

• Art. 17Artículo 17La distribución de asuntos entre Salas de un mismo Tribunal o Secciones de una misma Sala la acuerda la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, según la naturaleza y homogeneidad de la materia. Entre Juzgados de una misma población la aprueba la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces. Los acuerdos se adoptan cada dos años y se comunican al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación, antes de la apertura de Tribunales. Si cambia el reparto, los procesos en tramitación siguen ante el órgano competente al interponerse.

Capítulo ICapacidad procesal

• Art. 18Artículo 18Tienen capacidad procesal ante el orden contencioso-administrativo quienes la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, además, los menores de edad para defender los derechos e intereses legítimos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos también la tienen, pero solo cuando la Ley así lo declare expresamente.

Capítulo IILegitimación

• Art. 19Artículo 19Están legitimados: quienes ostenten un derecho o interés legítimo; corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos afectados o habilitados para intereses colectivos; la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales territoriales frente a actos de otras; el Ministerio Fiscal; las Entidades de Derecho público; cualquier ciudadano en la acción popular; y, en igualdad de trato y LGTBI, entidades con autorización de la persona afectada. En acoso solo está legitimada la persona acosada. La Administración autora impugna su acto previa declaración de lesividad.
• Art. 20Artículo 20No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública: a) sus propios órganos y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente; b) los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella; c) las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la Administración de la que dependan, salvo las dotadas por Ley de un estatuto específico de autonomía.
• Art. 21Artículo 21Son parte demandada: las Administraciones u órganos del artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso; las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación; y las aseguradoras de las Administraciones, siempre codemandadas. En Organismos sujetos a fiscalización: demandado el autor si el resultado es aprobatorio; la fiscalizadora si no se aprueba íntegramente. Los órganos que resuelven recursos especiales de contratación no son parte demandada. Si se alega la ilegalidad de una disposición general, también lo es su autora.
• Art. 22Artículo 22Regula la sucesión procesal. Si la legitimación de las partes deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte. La sucesión es posible en cualquier estado del proceso: el precepto no la limita a un momento ni a un trámite determinado.

Capítulo IIIRepresentación y defensa de las partes

• Art. 23Artículo 23Ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado; si la representación se confiere al Abogado, a él se notifican las actuaciones. Ante órganos colegiados, deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. Los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, usando los sistemas electrónicos. La representación puede conferirse electrónicamente.
• Art. 24Artículo 24La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales no se regula en este artículo, que se limita a remitir a tres fuentes: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y las normas que sobre la materia, y en el marco de sus competencias, hayan dictado las Comunidades Autónomas.

Capítulo IActividad administrativa impugnable

• Art. 25Artículo 25El recurso contencioso-administrativo es admisible frente a las disposiciones de carácter general y frente a los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite. Los de trámite solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.
• Art. 26Artículo 26Las disposiciones de carácter general pueden impugnarse directamente y también de forma indirecta: recurriendo los actos que se produzcan en su aplicación con fundamento en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. Ni la falta de impugnación directa de la disposición general ni la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden impugnar después los actos de aplicación por ese motivo.
• Art. 27Artículo 27Si un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra esa disposición. Dos excepciones: si el mismo órgano es competente también para el recurso directo, su sentencia declara la validez o nulidad de la disposición; y el Tribunal Supremo anula cualquier disposición general, en cualquier grado, sin plantear cuestión.
• Art. 28Artículo 28No se admite el recurso contencioso-administrativo contra dos clases de actos: los que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Son dos requisitos distintos: el acto reproducido ha de ser definitivo y firme; el acto confirmado ha de estar consentido precisamente por no haberse recurrido en tiempo y forma.
• Art. 29Artículo 29Inactividad prestacional (ap. 1): si la Administración está obligada a una prestación concreta en favor de personas determinadas, por disposición general que no precise actos de aplicación o por acto, contrato o convenio administrativo, quienes tengan derecho pueden reclamarla; pasados tres meses desde la reclamación sin cumplimiento ni acuerdo, cabe recurso contra la inactividad. Inejecución de actos firmes (ap. 2): los afectados solicitan la ejecución y, si no se produce en un mes, cabe recurso por el procedimiento abreviado del artículo 78.
• Art. 30Artículo 30En caso de vía de hecho, el interesado puede (no es obligatorio) formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si no formula esa intimación, o si la formula y no es atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, puede deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

Capítulo IIPretensiones de las partes

• Art. 31Artículo 31El demandante puede pretender: 1) la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación; 2) también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
• Art. 32Artículo 32Dos pretensiones específicas. Contra la inactividad de la Administración pública (artículo 29): que el órgano jurisdiccional la condene al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Contra una actuación material constitutiva de vía de hecho: que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.
• Art. 33Artículo 33Los órganos contencioso-administrativos juzgan dentro del límite de las pretensiones de las partes y de los motivos del recurso y la oposición. Si al dictar sentencia el Juez o Tribunal aprecia en apariencia otros motivos, los somete a las partes por providencia, advirtiendo que no se prejuzga el fallo, con plazo común de diez días para alegaciones y suspensión del plazo para fallar; contra esa providencia no cabe recurso alguno. Igual se hace para extender el enjuiciamiento a otros preceptos de la misma disposición general por conexión o consecuencia.

Capítulo IIIAcumulación

• Art. 34Artículo 34Son acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. También lo son las referidas a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
• Art. 35Artículo 35El actor puede acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos del artículo anterior. Si el Letrado de la Administración de Justicia no estima pertinente la acumulación, da cuenta al Tribunal, que, en su caso, ordena a la parte interponer por separado los recursos en el plazo de treinta días. Si no lo hace, el Juez tiene por caducado el recurso respecto del cual no se haya cumplido lo ordenado.
• Art. 36Artículo 36Si antes de la sentencia se dicta o se conoce un acto, disposición o actuación conexo (artículo 34), el demandante puede pedir la ampliación del recurso dentro del plazo del artículo 46. La petición suspende el procedimiento y se da traslado a las partes por plazo común de cinco días; los señalamientos ya acordados se mantienen con ciertas condiciones. Si en un recurso contra acto presunto se dicta resolución expresa, el recurrente puede desistir o ampliar; tras desistir, tiene dos meses para recurrirla desde el día siguiente a su notificación.
• Art. 37Artículo 37Acumulación (ap. 1): el órgano jurisdiccional puede acordarla en cualquier momento procesal, de oficio o a instancia de parte, previa audiencia por plazo común de cinco días. Recursos con idéntico objeto no acumulados (ap. 2): tramita uno o varios con carácter preferente, previa audiencia por cinco días, y suspende los demás hasta la sentencia; igual por grupos o categorías. Firme la sentencia (ap. 3), el Secretario judicial la notifica a los recurrentes suspendidos, que en cinco días pueden interesar la extensión de efectos, continuar o desistir.
• Art. 38Artículo 38Dos deberes de aviso sobre posibles acumulaciones. La Administración, al remitir el expediente administrativo, comunica al Tribunal si conoce la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación. El Secretario judicial pone en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que puedan concurrir esos supuestos.
• Art. 39Artículo 39

Capítulo IVCuantía del recurso

• Art. 40Artículo 40El Secretario judicial fija la cuantía del recurso una vez formulados los escritos de demanda y contestación, donde las partes pueden exponer su parecer por otrosí. Si no lo hacen, requiere al demandante para que la fije en plazo no superior a diez días; si no cumple, la fija el Secretario judicial, previa audiencia del demandado. Si el demandado discrepa de la cuantía del demandante, lo expone por escrito en diez días y resuelve el Secretario judicial; el Juez o Tribunal resuelve definitivamente en la sentencia. El perjudicado puede fundar en ello el recurso de queja.
• Art. 41Artículo 41La cuantía del recurso contencioso-administrativo la fija el valor económico de la pretensión. Si hay varios demandantes, se atiende a la pretensión de cada uno por separado, no a la suma de todos. En cambio, en la acumulación o la ampliación sí se suman los valores de las pretensiones, aunque esa suma no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.
• Art. 42Artículo 42El valor de la pretensión se fija con la legislación procesal civil y dos especialidades. Si solo se pide la anulación: débito principal, sin recargos, costas ni otra responsabilidad, salvo que alguno supere a aquél. Si además se pide el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el cumplimiento de una obligación: valor total si la Administración denegó totalmente; la diferencia si reconoció parcialmente. Son de cuantía indeterminada, entre otros, los recursos directos contra disposiciones generales y ciertos actos de Seguridad Social.

Capítulo IProcedimiento en primera o única instancia

Capítulo IIProcedimiento abreviado

• Art. 78Artículo 78El abreviado se aplica, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Centrales, a cuestiones de personal, extranjería, inadmisión de peticiones de asilo político, dopaje y asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros. Se inicia por demanda; el expediente se remite con al menos quince días de antelación a la vista. Sin vista a petición del actor: contestación en veinte días y los demandados pueden pedirla en los diez primeros. Si solo comparece el demandado, actor desistido y costas. Sentencia en diez días desde la vista.

Capítulo IIIRecursos contra resoluciones procesales

Capítulo IVEjecución de sentencias y demás títulos ejecutivos

• Art. 103Artículo 103La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden, y la ejerce el que conoció del asunto en primera o única instancia. Las partes deben cumplir las sentencias en la forma y términos que consignen, y todas las personas y entidades públicas y privadas deben colaborar. Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos dictados para eludir su cumplimiento; la nulidad la declara, a instancia de parte, el órgano que ejecuta, salvo que carezca de competencia.
• Art. 104Artículo 104Firme la sentencia, el letrado o letrada de la Administración de Justicia la comunica en diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento, para que la lleve a puro y debido efecto. Transcurridos dos meses desde la comunicación de la sentencia, o el plazo que ésta fije para cumplir el fallo, cualquiera de las partes y personas afectadas puede instar la ejecución forzosa. La sentencia puede fijar un plazo inferior cuando el de dos meses la haga ineficaz o cause grave perjuicio.
• Art. 105Artículo 105No cabe suspender el cumplimiento ni declarar la inejecución total o parcial del fallo. Si hay imposibilidad material o legal, el órgano obligado lo manifiesta a la autoridad judicial y el Juez o Tribunal, con audiencia, la aprecia y fija en su caso la indemnización. Causas para expropiar lo reconocido en sentencia firme: peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de derechos y libertades, temor fundado de guerra o quebranto de la integridad del territorio nacional. Las declara el Gobierno de la Nación, y el Consejo de Gobierno autonómico sólo la primera, en dos meses.
• Art. 106Artículo 106Condenada la Administración al pago de cantidad líquida, el órgano encargado acuerda el pago con cargo a un crédito que siempre es ampliable; si hace falta modificación presupuestaria, debe concluirse en tres meses desde la notificación de la resolución judicial. Se añade el interés legal desde la notificación de la sentencia de única o primera instancia. A los tres meses de la comunicación de la sentencia firme cabe instar la ejecución forzosa, y la autoridad judicial puede subir dos puntos el interés si aprecia falta de diligencia. Cabe pedir compensación con créditos de la Administración.
• Art. 107Artículo 107Si la sentencia firme anula total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispone, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto y su publicación en periódicos oficiales o privados si concurre causa bastante, a costa de la parte ejecutada; para los privados hay que acreditar un interés público. Si se anula una disposición general o un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario ordena su publicación en diario oficial en diez días desde la firmeza.
• Art. 108Artículo 108Si la Administración incumple la condena a realizar una actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal puede ejecutar la sentencia por sus propios medios o requiriendo la colaboración de autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones, y adoptar las medidas necesarias, incluida la ejecución subsidiaria a su cargo. Si la Administración contraviene el fallo, a instancia de los interesados repone la situación y determina los daños. Antes de demoler un inmueble exige garantías para indemnizar a terceros de buena fe, salvo peligro inminente.
• Art. 109Artículo 109Mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo pueden promover incidente para decidir, sin contrariar el fallo, cuantas cuestiones plantee la ejecución, especialmente: órgano administrativo responsable de las actuaciones, plazo máximo para el cumplimiento y medios y procedimiento a seguir. El Secretario judicial da traslado a las partes para alegar en plazo común que no excederá de veinte días, y el Juez o Tribunal decide por auto en diez días.
• Art. 110Artículo 110En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme pueden extenderse a otros si están en idéntica situación jurídica, el juez o tribunal sentenciador es competente por territorio y lo piden en un año desde la última notificación. La solicitud va directamente al órgano jurisdiccional. El Secretario judicial recaba en veinte días antecedentes e informe, con alegaciones por cinco días, y se resuelve por auto. Se desestima si hay cosa juzgada, doctrina contraria a la jurisprudencia o resolución consentida y firme.
• Art. 111Artículo 111Si se suspendieron uno o más recursos conforme al artículo 37.2, cuando se declara firme la sentencia del pleito tramitado con carácter preferente el Secretario judicial requiere a los recurrentes afectados para que, en cinco días, elijan: pedir la extensión de los efectos de la sentencia, pedir la continuación de su pleito o manifestar si desisten. Si piden la extensión, el Juez o Tribunal la acordará, salvo que concurra la circunstancia del artículo 110.5.b) o una causa de inadmisibilidad del artículo 69.
• Art. 112Artículo 112Transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adopta, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para la efectividad de lo mandado. En particular, acreditada la responsabilidad y previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente, el Juez o la Sala podrán: a) imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a autoridades, funcionarios o agentes que incumplan sus requerimientos, reiterables hasta la completa ejecución; b) deducir testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal.
• Art. 113Artículo 113Regula la ejecución forzosa del acuerdo a que se refiere el artículo 77.3. Si el acuerdo fijó un plazo de ejecución, una vez transcurrido cualquiera de las partes puede instar la ejecución forzosa. Si no se fijó plazo para cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada puede requerir a la otra su cumplimiento y, transcurridos dos meses, proceder a instar la ejecución forzosa.

Capítulo IProcedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona

• Art. 114Artículo 114El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos del artículo 53.2 de la Constitución española se rige, en el orden contencioso-administrativo, por este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la Ley. En él pueden hacerse valer las pretensiones de los artículos 31 y 32, siempre que su finalidad sea restablecer o preservar los derechos o libertades por los que se formuló el recurso. La tramitación de estos recursos tiene carácter preferente a todos los efectos.
• Art. 115Artículo 115Plazo de interposición: diez días, desde el día siguiente a la notificación del acto, la publicación de la disposición, el requerimiento de cese de la vía de hecho o el transcurso del plazo fijado para la resolución. En caso de inactividad administrativa, de recurso administrativo potestativo o de vía de hecho sin requerimiento, los diez días se inician transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación. El escrito expresa con precisión y claridad el derecho cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales.
• Art. 116Artículo 116El mismo día de la presentación del recurso o el siguiente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere al órgano administrativo para que, en un máximo de cinco días desde la recepción, remita el expediente en soporte electrónico. Al remitirlo, el órgano administrativo emplaza a los interesados para comparecer como demandados en cinco días. Administración y demandados pueden pedir razonadamente la inadmisión. La falta de envío no suspende el curso de los autos; si el expediente llega tarde, se entrega a las partes por cuarenta y ocho horas para alegaciones.
• Art. 117Artículo 117Recibido el expediente o transcurrido el plazo para remitirlo y, en su caso, el del emplazamiento, el Secretario judicial dicta decreto, dentro del siguiente día, mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, da cuenta al Tribunal. Ante posibles motivos de inadmisión, el Secretario judicial convoca a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia antes de transcurrir cinco días. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dicta auto: proseguir por este trámite o inadmitir por inadecuación del procedimiento.
• Art. 118Artículo 118Una vez acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, el Secretario judicial pone de manifiesto al recurrente el expediente y las demás actuaciones. El recurrente dispone entonces de un plazo improrrogable de ocho días para formalizar la demanda y acompañar los documentos.
• Art. 119Artículo 119Formalizada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia da traslado de ella, con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas. Todos ellos disponen de un plazo común e improrrogable de ocho días para presentar sus alegaciones y acompañar los documentos que estimen oportunos.
• Art. 120Artículo 120Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano jurisdiccional decide en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales de la Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57. El período probatorio no puede superar en ningún caso los veinte días, que son comunes para la proposición y la práctica de la prueba.
• Art. 121Artículo 121Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dicta sentencia en cinco días. La sentencia estima el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de ella vulneran un derecho de los susceptibles de amparo. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procede siempre la apelación en un solo efecto.
• Art. 122Artículo 122Si los promotores no aceptan la prohibición o la propuesta de modificación de una reunión, pueden interponer recurso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, trasladando copia registrada del escrito a la autoridad gubernativa para que remita el expediente. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, en el plazo improrrogable de cuatro días, convoca al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes a una audiencia contradictoria, que se resuelve sin ulterior recurso. La decisión solo puede mantener o revocar.
• Art. 122 bisArtículo 122 bisApartado 1: la autorización judicial del artículo 8.2 de la Ley 34/2002 se solicita por los órganos competentes; el Juzgado resuelve en 24 horas, previa audiencia del Ministerio Fiscal, y autoriza si no resulta afectado el artículo 18.1 y 3 de la Constitución. Apartado 2: ejecutar las medidas de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual requiere autorización judicial previa. El Juzgado da traslado en el plazo improrrogable de dos días, caben alegaciones escritas en cinco días comunes y el Juez resuelve por auto en dos días o acuerda vista oral. Solo cabe autorizar o denegar.
• Art. 122 terProcedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datosLa autoridad de protección de datos solicita al Tribunal competente que se pronuncie sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de una decisión de la Comisión Europea sobre transferencia internacional de datos, con copia del expediente. Son partes esa autoridad, quienes lo fueran ante ella y, en todo caso, la Comisión Europea. Personación: tres días. Alegaciones: diez días. Decisión: diez días. Si es conforme, sentencia que deniega la autorización; si es contraria, auto de cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
• Art. 122 quaterAutorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentalesRegula la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones de los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) es parte el Ministerio fiscal. La tramitación tiene siempre carácter preferente y se resuelve por auto en un plazo máximo de tres días naturales.

Capítulo IICuestión de ilegalidad

• Art. 123Artículo 123El Juez o Tribunal plantea la cuestión de ilegalidad del artículo 27.1 mediante auto, dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión se ciñe exclusivamente al precepto o preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para estimar la demanda. Contra el auto de planteamiento no cabe recurso alguno. En ese auto se emplaza a las partes para comparecer y formular alegaciones en quince días ante el Tribunal competente para fallar la cuestión; pasado ese plazo no se admite la personación.
• Art. 124Artículo 124Planteada la cuestión de ilegalidad, el Secretario judicial remite urgentemente, junto con la certificación del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo. Además, acuerda la publicación del auto de planteamiento de la cuestión en el mismo periódico oficial en que se hubiera publicado la disposición cuestionada.
• Art. 125Artículo 125Con el escrito de personación y alegaciones puede acompañarse documentación sobre la legalidad de la disposición cuestionada. Terminado ese plazo, el Secretario judicial declara concluso el procedimiento y se dicta sentencia en los diez días siguientes. El Tribunal puede rechazar la cuestión en trámite de admisión, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, si faltan las condiciones procesales. Ese plazo se interrumpe si, para mejor proveer, se reclama el expediente de elaboración o se practica prueba de oficio; se oye entonces a las partes por plazo común de cinco días.
• Art. 126Artículo 126La sentencia estima o desestima, parcial o totalmente, la cuestión de ilegalidad, salvo que falte algún requisito procesal insubsanable, caso en que la declara inadmisible. Se le aplican los artículos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73, y se publican también las sentencias firmes que desestimen la cuestión. Firme la sentencia, el Secretario judicial la comunica al Juez o Tribunal que la planteó. Si la cuestión es de especial trascendencia para otros procedimientos, es preferente. La sentencia no afecta a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia de quien la planteó.

Capítulo IIIProcedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos

• Art. 127Artículo 127Suspendido en vía administrativa un acto o acuerdo de Corporaciones o Entidades públicas, en los diez días siguientes al acto de suspensión (o en el plazo legal) se interpone el recurso mediante escrito fundado o se da traslado directo, con copia del acto de suspensión. Se requiere a la corporación para que en diez días remita el expediente, alegue y notifique a los interesados, que comparecen en diez días. Vista: como mínimo a los diez días de la entrega del expediente; puede sustituirse por alegaciones escritas en diez días. Prueba: no más de quince días. La sentencia anula o confirma.

Capítulo IVProcedimiento para la garantía de la unidad de mercado

• Art. 127 bisArtículo 127 bisLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede presentar el recurso contencioso-administrativo para la garantía de la unidad de mercado cuando considere que una disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho de cualquier Administración pública es contraria a la libertad de establecimiento o de circulación, en los términos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. El plazo es de dos meses, conforme a los apartados 1 a 3 del artículo 46; si se interpone a solicitud de un operador económico, se computa desde la presentación de la solicitud ante la Comisión.
• Art. 127 terArtículo 127 terInterpuesto el recurso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Secretario judicial reclama el expediente ese día o el siguiente, a remitir en un máximo de cinco días; su falta de envío no suspende los autos. Demanda: diez días improrrogables. Contestación: diez días, plazo común e improrrogable. Prueba: no más de veinte días. Sentencia: cinco días, y puede dictarse de viva voz. Un operador económico con interés directo puede intervenir como parte recurrente, sin retroacción. La Audiencia Nacional acumula los iniciados por operadores. Tramitación preferente.
• Art. 127 quáterArtículo 127 quáterLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede pedir en su escrito de interposición la suspensión de lo impugnado y cualquier otra medida cautelar. La suspensión es excepcional: solo si es imprescindible por la especial relevancia del supuesto para la libertad de establecimiento y circulación. Se tramita conforme al capítulo II del título VI, una vez admitido el recurso y sin afianzamiento. La Administración recurrida puede pedir su levantamiento durante tres meses desde su adopción, si acredita perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

Capítulo VProcedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos

• Art. 127 quinquiesArtículo 127 quinquiesEl procedimiento para la declaración judicial de extinción de un partido político se rige por el artículo 78, con tres especialidades: la demanda debe especificar en cuál o cuáles de los motivos del artículo 12 bis.1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se fundamenta la petición; el plazo de dos meses para presentarla se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo del artículo 12 bis.2 de esa ley; y la sentencia que declare la extinción se notifica al registro para que cancele la inscripción. El Ministerio Fiscal es parte del proceso.

Capítulo IPlazos

• Art. 128Artículo 128Los plazos son improrrogables: transcurridos, el Secretario judicial tiene por caducado el derecho y perdido el trámite. Se admite el escrito presentado dentro del día en que se notifique la resolución, salvo en plazos para preparar o interponer recursos. En agosto no corre ningún plazo de la Ley, salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, donde agosto es hábil. En casos de urgencia las partes pueden pedir que se habiliten días inhábiles en ese procedimiento o en el incidente cautelar; el Juez o Tribunal oye a las demás partes y resuelve por auto en tres días.

Capítulo IIMedidas cautelares

• Art. 129Artículo 129Los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Hay una regla especial de momento: si se impugna una disposición general y se solicita la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición debe efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.
• Art. 130Artículo 130La medida cautelar solo puede acordarse, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. Puede denegarse cuando de ella pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
• Art. 131Artículo 131El incidente cautelar se sustancia en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordena el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días. Se resuelve por auto dentro de los cinco días siguientes. Si la Administración demandada no hubiere aún comparecido, la audiencia se entiende con el órgano autor de la actividad impugnada.
• Art. 132Artículo 132Las medidas cautelares están en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en que se acordaron, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en la Ley. Pueden modificarse o revocarse durante el procedimiento si cambian las circunstancias por las que se adoptaron. No pueden modificarse ni revocarse por los avances del proceso en el análisis de las cuestiones formales o de fondo, ni por la modificación de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente.
• Art. 133Artículo 133Si de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, pueden acordarse medidas para evitarlos o paliarlos y exigirse caución o garantía suficiente, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida no se lleva a efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en autos, o conste el cumplimiento de aquellas medidas. Levantada la medida, la indemnización de daños se pide ante el propio órgano jurisdiccional, por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente al alzamiento; si no, se cancela la garantía.
• Art. 134Artículo 134El auto que acuerde la medida cautelar se comunica al órgano administrativo correspondiente, que dispondrá su inmediato cumplimiento; se aplica lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2. La suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general se publica con arreglo al artículo 107.2, y lo mismo se observa cuando la suspensión se refiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
• Art. 135Artículo 135Si los interesados alegan especial urgencia, el juez o tribunal, sin oír a la parte contraria y en dos días, puede por auto: a) apreciarla y adoptar o denegar la medida, sin recurso alguno, dando audiencia a la contraria por tres días o convocando comparecencia dentro de los tres días siguientes a la adopción; después dicta auto de levantamiento, mantenimiento o modificación, recurrible; b) no apreciarla y tramitar el incidente conforme al artículo 131, sin nueva solicitud urgente. Si el afectado es menor en extranjería, asilo o refugio con retorno, se oye antes al Ministerio Fiscal.
• Art. 136Artículo 136En los supuestos de los artículos 29 y 30 la medida cautelar se adopta, salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en ellos o que la medida ocasione perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Puede pedirse antes de interponer el recurso; entonces hay que pedir su ratificación al interponerlo, inexcusablemente en diez días desde la notificación de la adopción, y en los tres días siguientes el Secretario judicial convoca la comparecencia. Sin recurso, las medidas quedan automáticamente sin efecto y el solicitante indemniza los daños y perjuicios.

Capítulo IIIIncidentes e invalidez de actos procesales

• Art. 137Artículo 137
• Art. 138Artículo 138Si se alega que un acto de las partes no reúne los requisitos de la Ley, la parte afectada puede subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Si es el Juzgado o Tribunal quien aprecia de oficio un defecto subsanable, el Secretario judicial dicta diligencia de ordenación que lo reseña y otorga ese mismo plazo, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia. Solo si el defecto es insubsanable o no se subsana debidamente en plazo puede decidirse el recurso con fundamento en él.

Capítulo IVCostas procesales

• Art. 139Artículo 139En primera o única instancia las costas se imponen a quien vea rechazadas todas sus pretensiones, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas; con estimación parcial, cada parte paga las suyas y las comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad. En los recursos, al recurrente si se desestima totalmente. Tope en primera o única instancia: la tercera parte de la cuantía por cada favorecido; cuantía indeterminada, 18.000 euros. A particulares las exige la Administración acreedora por apremio. Nunca al Ministerio Fiscal. Se tasan según la Ley de Enjuiciamiento Civil.