Opositasuite

C2 · Materias específicas

Tema 15 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.

Qué legislación entra en este tema

Estúdialo con un plan

Con tu cuenta gratuita, Opositasuite te dice qué artículos de este tema tocan cada día, te pregunta con tests y preguntas de exámenes oficiales y te avisa de lo que se te olvida.

Crear mi plan gratis

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 34–52. Ver la norma

  1. Artículo 34. Producción y contenido

    Los actos administrativos se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, bien de oficio o a instancia del interesado. Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines del acto.

  2. Artículo 35. Motivación

    Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos, los de revisión de oficio, los que se separen del criterio en actuaciones precedentes, y los que pongan fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

  3. Artículo 36. Forma

    Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

  4. Artículo 37. Inderogabilidad singular

    Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición. Son nulas las resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como las que incurran en alguna de las causas del artículo 47.

  5. Artículo 38. Ejecutividad

    Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

  6. Artículo 39. Efectos

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia se demora cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente cabe eficacia retroactiva: cuando el acto sustituye a otro anulado, o cuando produce efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran y no se lesionen derechos de terceros.

  7. Artículo 40. Notificación

    Se notifica a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados. La notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó el acto, y contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta alguno de esos requisitos pero está el texto íntegro, surte efecto desde que el interesado actúe demostrando que conoce el contenido o interponga cualquier recurso.

  8. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones

    Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos, y siempre que el interesado esté obligado a esa vía. Solo caben en papel dos supuestos: la comparecencia espontánea del interesado que pide la notificación personal en ese momento, y la entrega directa por un empleado público cuando sea necesaria para asegurar la eficacia de la actuación. Sea cual sea el medio, la notificación vale si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad de remitente y destinatario. Nunca se practican electrónicamente las que lleven elementos no convertibles a formato electrónico ni las que contengan medios de pago como cheques. Si el interesado es notificado por varios cauces, vale la fecha de la primera.

  9. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel

    Toda notificación en papel se pone además a disposición del interesado en la sede electrónica, para que pueda acceder voluntariamente. Practicada en el domicilio, si el interesado no está puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre allí y acredite su identidad. Si nadie se hace cargo, se hace constar el día y la hora y se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes: si el primero fue antes de las quince horas el segundo ha de ser después, y al revés, dejando al menos tres horas de diferencia. Si el segundo intento también falla, se acude al artículo 44.

  10. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas. Se entienden practicadas en el momento en que se accede a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea obligatoria o el interesado la haya elegido expresamente, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella. Los interesados pueden acceder a sus notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico.

  11. Artículo 44. Notificación infructuosa

    Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada, no se haya podido practicar, la notificación se hace mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo, las Administraciones pueden publicar un anuncio en el boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado correspondiente. Cualquier otra forma complementaria de difusión no excluye la obligación de publicar en el BOE.

  12. Artículo 45. Publicación

    Los actos se publican cuando lo establezcan las normas de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. En todo caso se publican, y la publicación surte los efectos de la notificación, en dos supuestos: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas —o cuando la Administración estime insuficiente la notificación individual, en cuyo caso la publicación es adicional—, y cuando se trate de actos de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, donde la convocatoria debe indicar el medio de las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugar distinto. La publicación se hace en el diario oficial que corresponda a la Administración de la que proceda el acto.

  13. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones

    Si el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer el contenido íntegro y dejar constancia de ese conocimiento. Las formas complementarias de difusión no excluyen la publicación en el diario oficial.

  14. Artículo 47. Nulidad de pleno derecho

    Los actos son nulos de pleno derecho, entre otros casos: cuando lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional, cuando los dicta un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, o cuando tienen contenido imposible.

  15. Artículo 48. Anulabilidad

    Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Y realizar actuaciones fuera del tiempo establecido solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

  16. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos

    La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos del procedimiento que sean independientes del primero. Y la nulidad o anulabilidad de parte de un acto no arrastra a las partes independientes de la viciada, salvo que esa parte sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado.

  17. Artículo 50. Conversión de actos viciados

    Los actos nulos o anulables que, pese a su vicio, contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producirán los efectos de este último.

  18. Artículo 51. Conservación de actos y trámites

    El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

  19. Artículo 52. Convalidación

    La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad que permite el artículo 39.3. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación la realiza el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. Y si consiste en la falta de una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente.

Potestades, discrecionalidad, acto administrativo y servicio público

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. La potestad administrativa: concepto y caracteres

    El DPEJ define la potestad como un poder general de actuación conferido por el ordenamiento, cuya titularidad no crea sujetos obligados, sino solo afectados y sometidos; puede producir beneficios, gravámenes o situaciones neutrales. Para Fortes Martín, la Ley atribuye las potestades (poder previo, genérico, para fines de interés público y con posibilidad abstracta de producir efectos). Notas: poder jurídico abstracto y genérico; de ejercicio obligatorio, sin desviación de poder; doble naturaleza potestad-función y potestad-deber; y posición de supremacía (prerrogativas).

  2. Potestades regladas y potestades discrecionales

    Para Fortes Martín, la norma atribuye la potestad como reglada o como discrecional. Reglada: prefiguración completa de las condiciones; la Administración solo aplica la norma; control judicial pleno (el juez puede sustituir su juicio) y una sola solución correcta. Discrecional: prefiguración incompleta; la norma remite a la Administración las condiciones no prefiguradas; control no pleno en ellas, pero existente, y margen de apreciación sin única solución. No hay discrecionalidad pura ni al margen de la Ley, sino en virtud de la Ley.

  3. La discrecionalidad: concepto y clases

    El DPEJ define la discrecionalidad como la potestad atribuida por las leyes sin predeterminar por completo el contenido de las decisiones, que habilita para elegir entre opciones. No la hay si basta la mera cognición; sí si hay operaciones volitivas. Doctrina alemana (Preuss, Bachof, Jesch, Obermayer, Stern). La sinopsis del art. 106 CE distingue discrecionalidad política y técnica (saber profesional). En la técnica (aprobar un examen), el control se reduce a elementos reglados y error ostensible y manifiesto. SSTC 6 y 7/2026: no es una anomalía.

  4. El control de la discrecionalidad: evolución y control directo

    El DPEJ define el control de la discrecionalidad como la verificación por los tribunales contencioso-administrativos de la legalidad de las decisiones discrecionales. Las leyes de 1888 y 1894 lo prohibían; la Ley de 1956 consolidó que son controlables al menos en sus elementos reglados; hoy la CE (arts. 24, 103.1 y 106) no admite reductos exentos. Fortes Martín llama control directo al del «cómo» y distingue: elementos reglados (potestad, competencia, supuesto de hecho, procedimiento y fin), hechos determinantes y principios generales del Derecho.

  5. Control indirecto de la discrecionalidad y límites del control judicial

    Fortes Martín llama control indirecto al que separa la discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados (concreción en el plano cognitivo, una sola solución correcta, fiscalización plena; ej.: «orden público») y del margen de apreciación (varias soluciones razonables, test de razonabilidad; control pleno de la razonabilidad, nunca de la decisión). Para el DPEJ la discrecionalidad elige entre opciones indiferentes; el concepto indeterminado da una única solución justa. El art. 71.2 LJCA impide al juez fijar el contenido discrecional; la motivación es la «piedra angular».

  6. La desviación de poder: concepto y fundamento

    El DPEJ define la desviación de poder como el uso de potestades para fines distintos de los contemplados en la norma atributiva; la LJCA (art. 70.2) y la LPAC (art. 48.1) hablan de fines distintos de los fijados en el ordenamiento; antes, art. 83.3 de la Ley de 1956. Fundamento: arts. 106.1 y 103 CE. Se aprecia si el fin es privado del agente y también si es público pero distinto del fijado; no tiene que ser privado ni ilícito (STS 4688/2023). Fortes Martín la proscribe en toda potestad y la califica de vicio invalidante.

  7. La desviación de poder: origen, modalidades y prueba

    Para el DPEJ, la doctrina francesa de la desviación de poder es una técnica de control de la discrecionalidad creada por el Conseil d'État; antecedentes: arrêts Duchesne y Syndicat des arrosages Sainte-Cecile; establecimiento: Vernes; consolidación: Les Bats. Desviación pasiva: deliberada pasividad ante una obligación de actuación positiva. La prueba es el conjunto de elementos que demuestran la desviación de los fines. En la UE es motivo del recurso de anulación; según Fedesa, requiere indicios objetivos, pertinentes y concordantes de un fin exclusivo o determinante.

  8. El servicio público: concepto y evolución

    La clasificación tradicional de la actividad administrativa se debe a Jordana de Pozas y se sistematizó en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955: policía (imperium o coacción), servicio público (prestaciones a los ciudadanos) y fomento (incentiva a los particulares). El servicio público es principio básico desde el arrêt Terrier (6-2-1903), por las conclusiones de Romieu. La Escuela de Duguit lo expandió; hoy se transita al servicio de interés general. Notas: titularidad pública por Ley (publicatio) y finalidad prestacional.

  9. Servicios esenciales, reserva al sector público y clases de servicios

    El art. 128.2 CE permite reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales, sobre todo en monopolio. Reserva no es demanialización; el monopolio es una reserva cualificada, pero la reserva no lo implica; debe ser justificada y proporcionada; admite gestión por particulares; y lo esencial no obliga a reservar. Primera interpretación: STC 26/1981. La LBRL (art. 86.2) reserva a los entes locales agua, residuos y transporte de viajeros; el monopolio exige pleno y aprobación autonómica. Clases: uti singuli (agua en domicilio) y uti universi (alumbrado).

  10. Titularidad y gestión del servicio público; la gestión directa

    Fortes Martín distingue la titularidad del servicio público, siempre pública (en monopolio o en libre concurrencia), y su gestión, pública o privada: directa o indirecta si cabe explotación económica, nunca indirecta si implica ejercicio de autoridad. En la indirecta hay relación Administración-prestador y prestador-usuario (admisión y pago). El art. 85 LBRL ordena la forma más sostenible y eficiente: gestión directa por la entidad, organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública; las dos últimas exigen memoria justificativa e informe del interventor.

  11. La gestión indirecta tras la Ley 9/2017: concesión de servicios y riesgo operacional

    La Ley 9/2017 (LCSP) suprime el contrato de gestión de servicio público y crea, por la Directiva 2014/23/UE, la concesión de servicios: uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio de su titularidad o competencia, a cambio del derecho a explotarlo (con o sin precio), transfiriendo el riesgo operacional (art. 14.4). La separa del contrato de servicios quién asume ese riesgo. No cabe para servicios con ejercicio de autoridad (art. 284.1), y antes debe fijarse su régimen jurídico (publicatio).

  12. Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

    El art. 277 del TRLCSP regulaba modalidades del contrato de gestión de servicios públicos, que la Ley 9/2017 suprime. Según el DPEJ: gestión interesada, la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación en la proporción del contrato; concierto, se contrata con quien ya realiza prestaciones análogas; sociedad de economía mixta, capital en parte público y en parte privado. A esta última aún se le puede adjudicar directamente una concesión (DA 22.ª, sentencia Acoset). El art. 85.2.B LBRL sigue remitiendo al TRLCSP.

  13. El acto administrativo: concepto

    El DPEJ define el acto administrativo como la decisión de una administración pública, de cualquier clase, adoptada en ejercicio de una potestad administrativa; la definición más extendida es la de G. Zanobini (años cincuenta del siglo XX): declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio. García de Enterría, siguiéndolo, excluye la potestad reglamentaria. El concepto legal parte de la LJCA y la LOPJ. Es un acto jurídico, no un hecho material; aplica el ordenamiento sin innovarlo; su prototipo es unilateral. El acto político no es acto administrativo.

  14. Clases de actos administrativos

    Fortes Martín clasifica los actos por exteriorización (expresos, tácitos o presuntos), destinatarios (singulares y generales, que no son reglamentos), contenido (declarativos y constitutivos), incidencia (favorables y de gravamen), potestad (reglados y discrecionales), lugar en el procedimiento (resolutorios y de trámite) e impugnación (firmes, consentidos y confirmatorios). DPEJ: el singular se notifica y el general (convocatoria de oposiciones) se publica; el favorable goza de irrevocabilidad y el de gravamen revocable en cualquier momento; el de trámite solo excepcionalmente es recurrible.

  15. Elementos del acto administrativo

    Para Fortes Martín, todo acto reúne cinco elementos: subjetivo (Administración y órgano competente; competencia irrenunciable), objetivo (contenido lícito, posible y determinado, o nulo), teleológico o final (el «para qué»: el interés general, so pena de desviación de poder), causal (el «por qué», distinto del fin) y formal (exteriorización; el procedimiento es presupuesto de validez; regla: forma escrita electrónica; los verbales se consignan después por escrito). La motivación basta con una sucinta referencia de hechos y fundamentos y puede ser in aliunde.

¿Te sabes el tema 15?

Con tu plan gratis, Opositasuite te pregunta estos artículos con tests y preguntas de exámenes oficiales, y vuelve sobre los que fallas hasta que los dominas.

Crear mi plan y ponerme a prueba