Tema 31 del temario de Administrativo del Estado 2026

Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social

En este tema: arts. 1–11, 42–65 y 136–304. Ver la norma

1. Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social

2. Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social

   El sistema de la Seguridad Social está configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, y se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley.

3. Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social

4. Artículo 4. Delimitación de funciones

   El apartado 1 atribuye al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social. El apartado 2 dispone que los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución. El apartado 3 establece que en ningún caso la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

5. Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales

   Las funciones no jurisdiccionales del Estado en Seguridad Social que no sean propias del Gobierno las ejerce el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros departamentos ministeriales. Le corresponden: proponer al Gobierno los reglamentos generales; la restante potestad reglamentaria; las funciones económico-financieras, salvo las encomendadas en la Ley 47/2003, y la dirección y tutela de las entidades; la inspección a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y los supuestos y condiciones de notificación electrónica obligatoria.

6. Artículo 6. Coordinación de funciones afines

   Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de los que cumplen funciones afines. Las funciones afines que cita el artículo son de previsión social, sanidad, educación y asistencia social.

7. Artículo 7. Extensión del campo de aplicación

   Contributivas: españoles que residan en España y extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, si ejercen su actividad en territorio nacional y son trabajadores por cuenta ajena, autónomos mayores de dieciocho años, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes o funcionarios públicos, civiles y militares. No contributivas: todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan legalmente en él. El Gobierno podrá, a instancia de los interesados, excluir a personas cuyo trabajo por cuenta ajena pueda considerarse marginal.

8. Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria

   Apartado 1: las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema. Apartado 2: los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en la ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el Régimen General o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de esos grupos en el campo de aplicación de dichos regímenes.

9. Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social

   El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General, que se regula en el título II de la ley, y por los regímenes especiales a que se refiere el artículo 10. Los regímenes especiales se regularán conforme al artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se establecerán el tiempo, alcance y condiciones para conservar los derechos en curso de adquisición de quienes pasen de unos regímenes a otros, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno, siempre que no se superpongan.

10. Artículo 10. Regímenes especiales

    Se establecerán regímenes especiales en actividades donde, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso. Encuadran a autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; estudiantes; y los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los del mar y funcionarios se rigen por leyes específicas. El Gobierno, a propuesta del Ministerio, podrá disponer la integración de los demás en el Régimen General, si es posible por sus características y la homogeneidad alcanzada.

11. Artículo 11. Sistemas especiales

    Además de los sistemas especiales regulados en la propia ley, en aquellos regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de estas materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.

12. Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad Social

    La acción protectora comprenderá: la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo; la recuperación profesional; las prestaciones económicas de la letra c); las prestaciones familiares, contributivas y no contributivas, y las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse. Como complemento podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. Toda prestación pública cuya finalidad sea complementar, ampliar o modificar las contributivas forma parte del sistema y está sujeta a los principios del artículo 2.

13. Artículo 43. Mejoras voluntarias

    La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas comprendidas en el artículo 7.1 podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del Régimen General y de los regímenes especiales. Sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43, la Seguridad Social no podrá ser objeto de contratación colectiva.

14. Artículo 44. Caracteres de las prestaciones

    Las prestaciones de la Seguridad Social y los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social no pueden ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo por obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos u obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. El embargo se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las percepciones tributan según las normas de cada impuesto. No se exige tasa fiscal ni derecho alguno por las informaciones o certificaciones sobre esas prestaciones y beneficios.

15. Artículo 45. Responsabilidad en orden a las prestaciones

    Apartado 1: las entidades gestoras de la Seguridad Social serán responsables de las prestaciones cuya gestión les esté atribuida, siempre que se hayan cumplido los requisitos generales y particulares exigidos para causar derecho a ellas en las normas de esta ley y en las específicas aplicables a los distintos regímenes especiales. Apartado 2: para imputar responsabilidades por prestaciones contributivas a entidades o personas distintas, se estará a lo dispuesto en la ley, en sus disposiciones de desarrollo y aplicación o en las normas reguladoras de los regímenes especiales.

16. Artículo 46. Pago de las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes y de las pensiones no contributivas

    Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en junio y noviembre. Asimismo, el pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación se fraccionará en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en junio y noviembre.

17. Artículo 47. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones

    Si el trabajador es responsable del ingreso de cotizaciones, para reconocer prestaciones económicas el causante ha de estar al corriente en el pago, aunque se reconozcan por cómputo recíproco en un régimen por cuenta ajena; se aplica la invitación al pago del artículo 28.2 del Decreto 2530/1970. Si incumple el aplazamiento que le permitió estarlo, se suspende de inmediato la prestación, rehabilitable solamente tras saldar toda la deuda. Para pensiones, se presumen ingresadas las cotizaciones del mes del hecho causante y de los dos previos que aún no consten, si se acredita el periodo mínimo.

18. Artículo 48. Transformación de los plazos en días

    Para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación de su cuantía, los plazos señalados en la presente ley en años, semestres, trimestres o meses serán objeto de adecuación a días. La adecuación a días se hace mediante las correspondientes equivalencias.

19. Artículo 49. Efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las pensiones de la Seguridad Social

    Si se acreditan cotizaciones a varios regímenes y no se causa derecho a pensión en uno de ellos, las bases acreditadas en este en régimen de pluriactividad podrán acumularse a las del régimen en que se cause la pensión. La acumulación sirve exclusivamente para determinar la base reguladora de esa pensión, y la suma de bases no puede exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento.

20. Artículo 50. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del derecho a prestaciones

    Cuando se exija, legal o reglamentariamente, no superar un determinado límite de ingresos para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones de la acción protectora de esta ley, distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán ingresos los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son computados en el artículo 59.1 para el reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones.

21. Artículo 50 bis. Resolución provisional de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales

    Si al tramitar una pensión al amparo de una norma internacional, el solicitante reúne todos los requisitos computando únicamente las cotizaciones efectuadas en España, se reconoce el derecho sin esperar a los periodos certificados por los demás estados. Es un reconocimiento provisional y puede verse afectado por los periodos o resoluciones de esos estados recibidos luego. Recibida la certificación, la resolución definitiva confirma la provisional o la modifica si varía la cuantía al totalizar. Igual a prorrata temporis con periodos que el otro Estado certifique expresamente como provisionales.

22. Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos

    Los beneficiarios de prestaciones económicas o complementos por mínimos condicionados a la residencia efectiva en España podrán ser citados a comparecer en la entidad gestora competente con la periodicidad que esta determine. Si se exige residencia en territorio español, esta se mantiene pese a estancias en el extranjero de hasta noventa días naturales por año natural, o por causas de enfermedad debidamente justificadas; el desempleo se rige por su normativa específica. Prestaciones sanitarias que exijan residencia: hasta noventa días naturales por año natural.

23. Artículo 52. Adopción de medidas cautelares

    Si beneficiarios o causantes no presentan en plazo, cuando se les requiera, declaraciones, documentos o datos que no obren en la entidad gestora y puedan afectar a la conservación del derecho o al complemento por mínimos, las entidades gestoras podrán suspender cautelarmente el abono. También podrá suspenderse si no comparecen, citados según el artículo 51.1, beneficiarios cuyo disfrute se condicione a la residencia efectiva en España. Si se presenta o comparece fuera de plazo y concurren los requisitos, hay rehabilitación con retroactividad máxima de noventa días naturales.

24. Artículo 53. Prescripción

    El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los cinco años desde el día siguiente al hecho causante, salvo las excepciones de la ley; los efectos del reconocimiento se producen a partir de los tres meses anteriores a la solicitud. En la revisión, la cuantía nueva tiene una retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud, salvo rectificación de errores o reintegro de indebidos. La prescripción se interrumpe (artículo 1973 del Código Civil, reclamación, expediente de la Inspección) y queda en suspenso durante la acción judicial contra un presunto culpable.

25. Artículo 54. Caducidad

    El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. Cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento.

26. Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas

    Quienes hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social deben reintegrar su importe. Quienes por acción u omisión contribuyeron a hacerlo posible responden subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada. La obligación prescribe a los cuatro años desde la fecha del cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir la devolución, con independencia de la causa, incluidos los supuestos de revisión por error imputable a la entidad gestora. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.

27. Artículo 56. Consideración como pensiones públicas

    Las pensiones abonadas por el Régimen General y los regímenes especiales, así como las no contributivas de la Seguridad Social, tendrán la consideración de pensiones públicas a efectos de lo previsto en la sección en que se ubica el artículo, a tenor de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

28. Artículo 57. Limitación de la cuantía inicial de las pensiones

    El importe inicial de las pensiones contributivas no puede superar la cuantía íntegra mensual que fije anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si queda limitado a esa cuantía máxima en el ejercicio en que se causa, se revaloriza el año siguiente con el porcentaje del artículo 58.2, y las sucesivas revalorizaciones anuales, sobre el importe revalorizado del año anterior. Concurrentes: la suma no puede superar la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causante de la nueva pensión. Si se extingue una: la vigente en el ejercicio en que se reconoció la última pensión en vigor.

29. Artículo 58. Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones

    Las pensiones contributivas mantendrán su poder adquisitivo en los términos de esta ley. Todas, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizan al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En ese porcentaje, la Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza anualmente las cuantías máxima (art. 57) y mínima (art. 59). Si el valor medio es negativo, el importe no variará al comienzo del año. El apartado 5 regula las pensiones de normas internacionales.

30. Artículo 59. Complementos para pensiones inferiores a la mínima

    Los beneficiarios de pensiones contributivas sin rendimientos del trabajo, capital, actividades económicas, atribución de rentas y ganancias patrimoniales (concepto del IRPF), o que no excedan la cuantía anual fijada por la Ley de Presupuestos, tienen derecho a complementos hasta la cuantía mínima, siempre que residan en territorio español en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. El importe de los complementos en ningún caso podrá superar la cuantía fijada en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

31. Artículo 60. Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género

    Las mujeres con uno o más hijos o hijas que sean beneficiarias de pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad tienen derecho a un complemento por cada hijo o hija. Los hombres deben cumplir alguno de estos requisitos: pensión de viudedad con algún hijo con derecho a orfandad, o carrera interrumpida o afectada por nacimiento o adopción (más de 120 días sin cotizar, hijos hasta 1994; bases de 24 meses inferiores en más de un 15 %, desde 1995). Es pensión pública contributiva, con tope de cuatro veces el importe mensual por hijo, y se paga en catorce pagas.

32. Artículo 61. Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo

    Las pensiones extraordinarias que reconozca la Seguridad Social, originadas por actos de terrorismo, no están sujetas a los límites de reconocimiento inicial y de revalorización de pensiones previstos en la LGSS. Su importe mínimo mensual, para las que se reconozcan y abonen por la Seguridad Social, equivale al triple del IPREM vigente en cada momento. Las diferencias entre lo que hubiera correspondido y lo abonado se financian con cargo a los Presupuestos del Estado. A estos efectos, las pensiones por muerte y supervivencia causadas por un mismo hecho se computan conjuntamente.

33. Artículo 62. Revalorización

    Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Serán actualizadas, al menos, en el mismo porcentaje que dicha ley establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

34. Artículo 63. Objeto

    Como complemento de las prestaciones correspondientes a las situaciones específicamente protegidas por la Seguridad Social, esta extenderá su acción a las prestaciones de servicios sociales, establecidas legal o reglamentariamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1.e). Lo hará con sujeción a lo dispuesto por el departamento ministerial que corresponda y en conexión con sus respectivos órganos y servicios.

35. Artículo 64. Concepto

    La Seguridad Social, con cargo a los fondos que se determinen, podrá dispensar a las personas de su campo de aplicación y a los familiares o asimilados dependientes los servicios y auxilios económicos precisos ante situaciones de necesidad, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de carecer de los recursos indispensables. En separación judicial o divorcio, igual derecho del cónyuge o ex cónyuge y los descendientes beneficiarios por matrimonio o filiación. Las entidades gestoras la conceden con el límite de los Presupuestos correspondientes, sin comprometer el ejercicio siguiente.

36. Artículo 65. Contenido de las ayudas asistenciales

    Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras: las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o en determinada institución; las que se dispensen por pérdida de ingresos como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis; y cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta ley ni en las normas específicas aplicables a los regímenes especiales.

37. Artículo 136. Extensión

    Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a), salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en algún régimen especial. El apartado 2 declara expresamente comprendidos, entre otros, a los trabajadores de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General, al personal contratado al servicio de notarías y registros de la propiedad y a los altos cargos de las administraciones públicas que no tengan la condición de funcionarios públicos.

38. Artículo 137. Exclusiones

    No dan lugar a inclusión en el Régimen General: los trabajos que se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad; los que dan lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales; y los realizados por los profesores universitarios eméritos (apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) y por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco.

39. Artículo 138. Inscripción de empresas

    Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora elegida para las contingencias profesionales y, en su caso, la IT por contingencias comunes. Deben comunicar las variaciones de datos y su extinción o cese temporal o definitivo de su actividad. Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas del art. 136.

40. Artículo 139. Afiliación, altas y bajas

    Los empresarios deben solicitar la afiliación de los trabajadores que ingresen a su servicio y comunicar su ingreso y, en su caso, su cese. Si incumplen, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja al organismo competente, que también podrá actuar de oficio en los supuestos del artículo 16.4 y revisar de oficio sus actos en los del artículo 16.5. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja corresponde al organismo que reglamentariamente se establezca. Salvo disposición legal expresa en contrario, el alta condiciona la aplicación de las normas del título.

41. Artículo 140. Procedimiento y plazos

    Apartado 1: el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido reglamentariamente. Apartado 2: la afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal y la imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

42. Artículo 141. Sujetos obligados

    Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen. La cotización comprende dos aportaciones: de los empresarios y de los trabajadores. No obstante, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización completa corre a cargo exclusivamente de los empresarios.

43. Artículo 142. Sujeto responsable

    El empresario es sujeto responsable de cotizar e ingresa en su totalidad sus aportaciones y las de sus trabajadores. Responden también, solidaria, subsidiariamente o mortis causa, las personas o entidades de los artículos 18 y 168.1 y 2. La responsabilidad solidaria por sucesión alcanza todas las deudas anteriores, también si continúa una sociedad laboral. En la sociedad disuelta y liquidada responden los socios o partícipes, solidariamente y hasta su cuota de liquidación. El descuento al trabajador se hace al pagarle; si no se hace entonces, el empresario ingresa todo a su cargo.

44. Artículo 143. Nulidad de pactos

    Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario. Igualmente, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se fijan en el artículo 147.

45. Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar

    La obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba; la mera solicitud de afiliación o alta surte idéntico efecto. Se mantiene mientras el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste servicios. Solo se extingue con la solicitud en regla de la baja, y no si continúa el trabajo. Continúa en incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, y en las demás situaciones del artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente. Se suspende en huelga y cierre patronal.

46. Artículo 145. Tipo de cotización

    El tipo de cotización tiene carácter único para todo el ámbito de protección del Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y del trabajador obligados a cotizar, se efectúan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se reduce en el porcentaje o porcentajes de las situaciones y contingencias no comprendidas en la acción protectora determinada según el artículo 155.2 LGSS, para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente.

47. Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

    Se cotiza por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con los tipos de la tarifa de primas para cada actividad económica, ocupación o situación. Podrán fijarse tipos adicionales por riesgos de enfermedades profesionales. Los tipos podrán reducirse (medios eficaces de prevención) o aumentarse (incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo) sin exceder del 10 por ciento; el aumento podrá llegar al 20 por ciento por reiterado incumplimiento. Con trabajadores con coeficiente reductor de la edad de jubilación se cotiza por el tipo más alto, con las salvedades del apartado 4.

48. Artículo 147. Base de cotización

    La base es la remuneración total mensual, en metálico o en especie, a que tenga derecho el trabajador, o la percibida si es superior; las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Las vacaciones no disfrutadas pagadas al final se cotizan aparte, sin prorrateo. Únicamente no computan: ciertos gastos de locomoción, manutención y estancia; ciertas indemnizaciones, con sus límites; prestaciones, mejoras de IT y gastos de estudios exigidos; y horas extraordinarias, salvo para AT y EP. Todo concepto retributivo se comunica a la TGSS.

49. Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización

    El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias del Régimen General, lo establece para cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se aplica también en pluriempleo (trabajar en dos o más empresas distintas, en actividades incluidas en el campo de aplicación del Régimen General). El tope mínimo es la cuantía del artículo 19.2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social adecuará a los días y horas trabajados los topes y bases mínimos cuando la ley establezca expresamente cotizar por días o por horas.

50. Artículo 149. Cotización adicional por horas extraordinarias

    La remuneración por horas extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores, con arreglo a los tipos que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para las horas extraordinarias estructurales que superen el tope máximo de ochenta horas del artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, se aplica el tipo general de cotización establecido para las horas extraordinarias en esa Ley de Presupuestos.

51. Artículo 150. Normalización

    El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá la normalización de las bases de cotización. Las bases a las que se refiere son las que resulten con arreglo a lo establecido en la presente sección.

52. Artículo 151. Cotización adicional en contratos de duración determinada

    Los contratos de duración determinada inferior a 30 días generan, al finalizar, una cotización adicional a cargo del empresario: tres veces la cuota de aplicar el tipo general empresarial por contingencias comunes a la base mínima diaria del grupo 8 para contingencias comunes. No se aplica a contratos por sustitución ni a los celebrados con trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena, del de Empleados de Hogar, del Régimen Especial de la Minería del Carbón o de la relación laboral especial de artistas de artes escénicas, audiovisuales y musicales y personal técnico o auxiliar.

53. Artículo 152. Cotización al Régimen General a partir de la edad de jubilación

    Alcanzada la edad de acceso a la pensión de jubilación aplicable según el artículo 205.1.a), empresas y personas trabajadoras quedan exentas de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de ellas, respecto de trabajadores por cuenta ajena y socios trabajadores o de trabajo de cooperativas; también de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. No se aplica en administraciones públicas u organismos públicos de la Ley 40/2015. Esos periodos se computan como cotizados para acceso y cuantía de las prestaciones (base reguladora: artículo 161.4).

54. Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo

    Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos del artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen. Además, quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos: 7 por ciento a cargo del empresario y 2 por ciento a cargo del trabajador.

55. Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato

    En la reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato (decisión empresarial al amparo de los artículos 47 o 47 bis del Estatuto de los Trabajadores o resolución judicial concursal), la empresa ingresa la aportación empresarial y, si se causa derecho a la prestación por desempleo o a la de la disposición adicional cuadragésima primera, la entidad gestora ingresa la del trabajador. Base empresarial: promedio de los seis meses naturales inmediatamente anteriores al mes anterior al del inicio de cada situación, reducida en la reducción de jornada según la jornada no realizada.

56. Artículo 153 ter. Cotización de las personas pensionistas de jubilación cuando realicen actividades artísticas

    Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena regulado en el artículo 249 quater compatible con la pensión de jubilación, los empresarios estarán obligados a solicitar el alta y cotizar en el Régimen General únicamente por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho régimen. El artículo añade que quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre empresario (7 por ciento) y trabajador (2 por ciento).

57. Artículo 154. Normas generales

    A efectos del capítulo III del título I, los empresarios y, en su caso, las personas señaladas en los artículos 18 y 168.1 y 2 serán los obligados a ingresar la totalidad de las cuotas del Régimen General en el plazo, lugar y forma establecidos en la ley y sus normas de aplicación y desarrollo. Los recargos y el interés de demora de los artículos 30 y 31 serán imputables a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar. El ingreso de las cuotas fuera de plazo reglamentario se efectuará con arreglo al tipo de cotización vigente en la fecha en que las cuotas se devengaron.

58. Artículo 155. Alcance de la acción protectora

    Apartado 1: la acción protectora del Régimen General será la establecida en el artículo 42, con excepción de la protección por cese de actividad y las prestaciones no contributivas. Las prestaciones y beneficios se facilitarán en las condiciones que se determinan en el presente título y en sus disposiciones reglamentarias. Apartado 2: en el supuesto de asimilación a trabajadores por cuenta ajena del artículo 136.2.q), la propia norma en la que se disponga dicha asimilación determinará el alcance de la protección otorgada.

59. Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo

    Es accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. El apartado 2 añade otros supuestos. Se presume, salvo prueba en contrario, que lo son las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo. No lo son los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo ni a dolo o imprudencia temeraria del accidentado. No impiden calificarlo la imprudencia profesional ni la culpabilidad civil o criminal del empresario, un compañero o un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

60. Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional

    Es enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que especifique el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que ese cuadro indique para cada enfermedad profesional. Esas disposiciones establecerán el procedimiento para incluir en el cuadro nuevas enfermedades profesionales, que comprenderá en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

61. Artículo 158. Concepto de accidente no laboral y de enfermedad común

    Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el artículo 156, no tenga el carácter de accidente de trabajo. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y en el artículo 157.

62. Artículo 159. Concepto de las restantes contingencias

    El concepto legal de las restantes contingencias será el que resulte de las condiciones exigidas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones otorgadas en consideración a cada una de ellas. El artículo no enuncia ese concepto ni dice cuáles son esas contingencias.

63. Artículo 160. Riesgos catastróficos

64. Artículo 161. Cuantía de las prestaciones

    La cuantía no determinada en la ley se fija en sus normas de desarrollo. Las prestaciones con base reguladora se calculan con la totalidad de las bases cotizadas en los períodos señalados; no computa la cotización adicional por horas extraordinarias (art. 149) y la base reguladora no podrá rebasar el tope máximo del art. 148, tampoco en pluriempleo (suma de bases de las distintas empresas). En períodos sin cotización por contingencias comunes (art. 152), las bases de las mensualidades exentas no podrán superar el promedio del año natural anterior más la variación media del IPC y dos puntos.

65. Artículo 162. Caracteres de las prestaciones

    Las prestaciones del Régimen General tienen los caracteres establecidos genéricamente en el artículo 44. Las que deban satisfacer los empresarios a su cargo, conforme al artículo 167.2 y al párrafo segundo del artículo 173.1, o por su colaboración en la gestión y, en su caso, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en régimen de liquidación, tienen el carácter de créditos privilegiados, con el régimen del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello se aplica también al recargo de prestaciones del artículo 164.

66. Artículo 163. Incompatibilidad de pensiones

    Las pensiones del Régimen General son incompatibles entre sí si coinciden en un mismo beneficiario, salvo que legal o reglamentariamente se disponga expresamente lo contrario. Ante una nueva pensión incompatible con la que se percibía, la entidad gestora inicia o continúa el abono de la de mayor cuantía, en términos anuales, y suspende la otra. El interesado puede pedir la revocación y optar por la suspendida, con efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud. Rige también para la indemnización a tanto alzado del art. 196.2 sustitutiva de la pensión de IP total.

67. Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

    Las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentan, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo sin los medios de protección reglamentarios, con ellos inutilizados o en malas condiciones, o no se hayan observado las medidas de seguridad y salud en el trabajo o las de adecuación personal a cada trabajo. Paga directamente el empresario infractor, sin seguro posible; es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal.

68. Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones

    Además de los requisitos particulares de cada prestación del Régimen General, para causar derecho a ella hay que estar afiliado y en alta, o en situación asimilada a la de alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida. Si se exigen períodos de cotización, solamente computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias. No se exigen períodos previos para prestaciones derivadas de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. La exigencia de afiliación y alta y la dispensa de períodos previos operan salvo disposición legal expresa en contrario.

69. Artículo 166. Situaciones asimiladas a la de alta

    Se asimila al alta el desempleo total con prestación y, con cotización (salvo para los subsidios por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural), las vacaciones retribuidas no disfrutadas antes de acabar el contrato. Excedencia forzosa, traslado fuera del territorio nacional, convenio especial y otros que señale el Ministerio podrán asimilarse. Hay alta de pleno derecho para AT, EP, desempleo y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral; el Gobierno podrá extenderla. Huelga y cierre patronal: alta especial.

70. Artículo 167. Responsabilidad en orden a las prestaciones

    Causado el derecho (art. 165), se imputa la responsabilidad, según sus competencias, a entidades gestoras, mutuas, empresarios colaboradores o, en su caso, servicios comunes. Incumplir afiliación, altas y bajas o cotización determina responsabilidad en el pago, previa fijación de supuestos, alcance y procedimiento. En los casos que fije el reglamento, gestoras, mutuas o servicios comunes pagan, con subrogación. El anticipo no excederá de 2,5 veces el IPREM vigente en el hecho causante o del capital coste, con el límite indicado. Contra el subsidiario: únicamente tras declarar la insolvencia.

71. Artículo 168. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones

    Si el empresario declarado responsable (art. 167) tenía contratada la obra o industria, el propietario responde si aquel es declarado insolvente, salvo obras exclusivamente de reparación que pueda contratar el titular de un hogar de su vivienda. En la sucesión de explotación, industria o negocio, el adquirente responde solidariamente de las prestaciones causadas antes; igual cedente y cesionario en la cesión temporal de mano de obra. Si hay responsabilidad criminal o civil, la prestación la hace efectiva la entidad gestora, servicio común o mutua, sin perjuicio de esas responsabilidades.

72. Artículo 169. Concepto

    Incapacidad temporal: a) enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, con asistencia sanitaria de la Seguridad Social e impedimento para el trabajo: máximo 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos puede ser dado de alta médica por curación; b) períodos de observación por enfermedad profesional con baja: máximo 180 días, prorrogables por otros 180 cuando se estime necesario para estudio y diagnóstico. Recaída: nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.

73. Artículo 170. Competencias sobre los procesos de incapacidad temporal

    Hasta los 365 días de incapacidad temporal, el INSS, a través de su inspección médica, tiene las mismas competencias que la inspección del servicio público de salud para emitir el alta y considerar que existe recaída; si el alta la expidió el INSS, solo él puede emitir nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días siguientes. Agotados los 365 días, su inspección médica es la única competente para el alta. Frente a ella, el interesado puede discrepar en 4 días naturales ante la inspección del servicio público de salud, que puede proponer la reconsideración en 7.

74. Artículo 171. Prestación económica

    La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y hará efectivo en los términos de la ley y sus normas de desarrollo. No obstante, en la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante (párrafo cuarto del artículo 169, apartado 1, letra a)), la prestación consistirá en un subsidio equivalente al cien por ciento de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

75. Artículo 172. Beneficiarios

    Son beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas del Régimen General en alguna situación del artículo 169 que, además de la condición general del artículo 165.1, acrediten: por enfermedad común, ciento ochenta días cotizados dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante (sin periodo mínimo en las situaciones de los párrafos segundo y cuarto del artículo 169.1.a); en la del párrafo tercero, los del artículo 178.1 según la edad al inicio del descanso); por accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional, ningún período previo.

76. Artículo 173. Nacimiento y duración del derecho al subsidio

    En accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja, y el salario íntegro del día de la baja corre a cargo del empresario. En enfermedad común o accidente no laboral, se abona a partir del cuarto día de baja, y del día cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, está a cargo del empresario. Se abona mientras el beneficiario esté en incapacidad temporal, conforme al artículo 169. Durante la huelga y el cierre patronal el trabajador no tiene derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.

77. Artículo 174. Extinción del derecho al subsidio

    El subsidio de IT se extingue por: 545 días naturales desde la baja; alta por curación o mejoría que permita realizar el trabajo habitual; alta con o sin declaración de incapacidad permanente; pensión de jubilación; incomparecencia injustificada a los reconocimientos del INSS o de la mutua; o fallecimiento. Las recaídas computan. Denegada la IP en un expediente iniciado antes de los 545 días, solo la inspección médica del INSS puede emitir nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días siguientes. Agotados los 545, se califica en 90, demorable hasta 730 en total, sin cotizar.

78. Artículo 175. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio

    El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación o cuando trabaje por cuenta propia o ajena. También podrá ser suspendido cuando, sin causa razonable, rechace o abandone el tratamiento indicado. La incomparecencia a cualquiera de las convocatorias de los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras para examen y reconocimiento médico producirá la suspensión cautelar del derecho, para comprobar si fue o no justificada.

79. Artículo 176. Periodos de observación y obligaciones especiales en caso de enfermedad profesional

    A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1.b), se considerará como período de observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones establecidas, o que puedan establecerse en lo sucesivo, a cargo de este Régimen General o de los empresarios, cuando por causa de enfermedad profesional se acuerde respecto de un trabajador el traslado de puesto de trabajo, su baja en la empresa u otras medidas análogas.

80. Artículo 177. Situaciones protegidas

    A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor prevista en esta sección, se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten, según los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49.a), b) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

81. Artículo 178. Beneficiarios

    Son beneficiarios del subsidio las personas del Régimen General, cualquiera que sea su sexo, que disfruten de los descansos del artículo anterior, reúnan la condición del art. 165.1 y las reglamentarias y acrediten cotización mínima según su edad: menos de 21 años, ninguna; de 21 cumplidos a menos de 26, 90 días en los 7 años anteriores al inicio del descanso o 180 en su vida laboral; 26 cumplidos, 180 días en 7 años o 360 en su vida laboral. En nacimiento, cuenta la edad al inicio del descanso, con referente el parto. Al inicio de cada descanso: alta o asimilada.

82. Artículo 179. Prestación económica

    Subsidio del 100 % de la base reguladora. Con carácter general, esta es la base por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre los días a que se refiera; con retribución mensual y alta todo el mes natural, entre treinta. Si la persona ingresó en la empresa el mes anterior al hecho causante, se toma la del mes inmediatamente anterior al inicio del descanso o permiso; si en el mismo mes, la de dicho mes. El INSS podrá reconocerlo por resolución provisional; si la base no varía, esta deviene definitiva en tres meses desde su emisión.

83. Artículo 180. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor

    El derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos de descanso.

84. Artículo 181. Personas beneficiarias

    Son personas beneficiarias del subsidio por nacimiento y cuidado de menor previsto en esta sección las personas trabajadoras incluidas en el Régimen General que, producida la situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar a que se refiere el artículo 177, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor regulada en la sección anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 178.

85. Artículo 182. Prestación económica

    Es no contributiva a efectos del artículo 109. Cuantía: 100 por ciento del IPREM, salvo base reguladora inferior calculada conforme al artículo 179 o al 248. Dura el periodo de descanso obligatorio, a jornada completa, de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después del parto, de la resolución judicial de adopción o de la decisión de guarda con fines de adopción o acogimiento. Se incrementa en catorce días naturales por familia numerosa, monoparentalidad, supuesto múltiple o discapacidad igual o superior al 65 %, únicamente catorce aunque concurran varias.

86. Artículo 183. Situación protegida

    Para la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, es situación protegida la reducción de la jornada en media hora, según el párrafo cuarto del artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, desde que el lactante cumpla nueve meses hasta los doce. Se acredita con certificación de la reducción de la jornada por las empresas en que trabajen; sus requisitos, por reglamento.

87. Artículo 184. Beneficiarios

    La prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante exige los mismos requisitos, términos y condiciones que la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la sección 1.ª del capítulo VI. Si en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente concurren las circunstancias para ser beneficiarios, el derecho a percibirla solo podrá reconocerse a uno de ellos. El capítulo no se aplica a los funcionarios públicos, regidos por el artículo 48.f) del Estatuto Básico del Empleado Público y su normativa de desarrollo.

88. Artículo 185. Prestación económica

    La prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado de lactante consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Esta prestación se extinguirá cuando el o la menor cumpla doce meses de edad.

89. Artículo 186. Situación protegida

    A efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo cuando, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto por otro compatible con su estado, en los términos del artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. La prestación tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.

90. Artículo 187. Prestación económica

    La prestación por riesgo durante el embarazo se reconoce a la mujer trabajadora en los términos de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, con particularidades: nace el día en que se inicie la suspensión del contrato y finaliza el día anterior al inicio de la suspensión por maternidad o al de reincorporación a su puesto anterior o a otro compatible con su estado; es un subsidio del 100 por cien de la base reguladora de esa incapacidad temporal; la gestionan y pagan la entidad gestora o la mutua con la que la empresa tenga concertados los riesgos profesionales.

91. Artículo 188. Situación protegida

    A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, se considera situación protegida el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

92. Artículo 189. Prestación económica

    La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se reconoce a la mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación económica por riesgo durante el embarazo. Se extingue en el momento en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación: en ese caso se extingue el día anterior al de dicha reincorporación.

93. Artículo 190. Situación protegida

    Situación protegida: reducción de jornada de, al menos, un 50 por ciento de progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, cuando ambos trabajen o en familias monoparentales, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor de 18 años afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración. Se mantiene hasta los 23 si persisten la enfermedad, diagnosticada anteriormente, y la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado, y hasta los 26 si antes de los 23 se acredita, además, discapacidad de al menos el 65 %.

94. Artículo 191. Beneficiarios

    Se exigen los requisitos, términos y condiciones de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Si ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes reúnen las circunstancias, el derecho solo podrá reconocerse a uno. En nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho o violencia de género, se reconoce al que conviva con la persona enferma, aunque el otro no trabaje, si se cumplen el resto de requisitos. Si la persona enferma del art. 190.3 se casa o constituye pareja de hecho, tendrá derecho su cónyuge o pareja si acredita las condiciones.

95. Artículo 192. Prestación económica

    Subsidio del 100 por ciento de la base reguladora de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción de jornada. Se extingue cuando, previo informe sanitario, cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, o a los 23 años; en el supuesto del artículo 190.3, párrafo tercero, si la persona enferma deja de acreditar el grado de discapacidad requerido o, en todo caso, a los 26 años. Gestión y pago: la mutua o, en su caso, la entidad gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

96. Artículo 193. Concepto

    Incapacidad permanente contributiva: situación de la persona trabajadora que, tras el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta una posibilidad de recuperación médicamente incierta o a largo plazo. El tratamiento previo podrá no ser exigible si las reducciones quedan suficientemente objetivadas y son previsiblemente definitivas. Habrá de derivarse de la incapacidad temporal, salvo en los supuestos que enumera el apartado 2.

97. Artículo 194. Grados de incapacidad permanente

    La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasifica en los grados de parcial, total, absoluta y gran incapacidad, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado. Para determinar el grado se tiene en cuenta la incidencia de esa reducción en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante. El desarrollo reglamentario corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

98. Artículo 195. Beneficiarios

    Parcial: 1.800 días en los diez años inmediatamente anteriores a la extinción de la incapacidad temporal de la que derive. Pensiones: con menos de 31 años, la tercera parte del tiempo entre los 16 años y el hecho causante; con 31 cumplidos, la cuarta parte del tiempo entre los 20 años y el hecho causante, con mínimo de cinco años y al menos la quinta parte en los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. Absoluta o gran incapacidad por contingencias comunes sin alta ni situación asimilada: quince años. Accidente, sea o no laboral, o enfermedad profesional: ningún período previo.

99. Artículo 196. Prestaciones económicas

    Incapacidad permanente parcial: cantidad a tanto alzado. Total: pensión vitalicia, sustituible excepcionalmente por indemnización a tanto alzado si el beneficiario es menor de sesenta años, incrementada si se presume dificultad para obtener empleo, y con un mínimo si deriva de enfermedad común. Absoluta: pensión vitalicia. Gran invalidez: pensión más un complemento del 45 % de la base mínima de cotización más el 30 % de la última base, no inferior al 45 % de la pensión sin complemento. Regla propia si se accede con sesenta y siete o más años.

100. Artículo 197. Base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes

     En incapacidad permanente por enfermedad común se dividen por 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante: las de los 24 meses anteriores a ese mes, en valor nominal; el resto, actualizadas con el IPC. Luego se aplica el porcentaje de la escala del art. 210.1 por años de cotización, contando como cotizados los que falten para la edad ordinaria de jubilación; si no se alcanzan quince años, el 50 %. Meses sin obligación de cotizar: las 48 primeras mensualidades, con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento; el resto, con el 50 %.

101. Artículo 198. Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por incapacidad permanente

     IP total: la pensión es compatible con el salario en la misma u otra empresa, siempre que las funciones no coincidan con las que dieron lugar a la IP total; podrá determinarse la incompatibilidad del incremento del art. 196.2, párrafo segundo, con trabajos incluidos en el sistema. IP absoluta y gran incapacidad: si el trabajo da lugar a la inclusión en un régimen, la entidad gestora suspende el pago y lo reanuda al cesar; el complemento de gran incapacidad no se suspende. Desde la edad de acceso a la jubilación, incompatibles con trabajo que determine inclusión, en los términos del art. 213.1.

102. Artículo 199. Norma especial sobre incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional

     En cuanto a enfermedades profesionales, las disposiciones de desarrollo de la ley adaptarán las normas de este capítulo a las peculiaridades y características especiales de dicha contingencia.

103. Artículo 200. Calificación y revisión

     El INSS, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declara la incapacidad permanente. La resolución que reconozca el derecho o confirme el grado fijará el plazo para instar la revisión por agravación o mejoría, mientras el beneficiario no cumpla la edad del art. 205.1.a); vincula a quienes puedan promoverla. Si el pensionista trabaja, el INSS podrá promover la revisión haya o no pasado el plazo. Error de diagnóstico: en cualquier momento antes de esa edad. A los 67 años pasan a denominarse de jubilación, sin cambiar condiciones.

104. Artículo 201. Indemnizaciones por baremo

     Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir una incapacidad permanente supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y figuren en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de la ley se indemnizan por una sola vez, con las cantidades alzadas del baremo. Paga la entidad obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

105. Artículo 202. Beneficiarios

     Serán beneficiarios de las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior los trabajadores integrados en este Régimen General que reúnan la condición general exigida en el artículo 165.1 y hayan sido dados de alta médica.

106. Artículo 203. Incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad permanente

     Las indemnizaciones a tanto alzado que procedan por las lesiones, mutilaciones y deformidades que se regulan en el capítulo del artículo 203 serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.

107. Artículo 204. Concepto

     La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, es única para cada beneficiario y consiste en una pensión vitalicia. Le será reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

108. Artículo 205. Beneficiarios

     Tienen derecho a la pensión de jubilación las personas incluidas en el Régimen General que, además de la condición general del artículo 165.1, hayan cumplido sesenta y siete años, o sesenta y cinco con treinta y ocho años y seis meses cotizados, y tengan cubiertos quince años de cotización, al menos dos dentro de los quince inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. También quienes estén en prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal y reúnan esas condiciones. Podrá causarse sin alta ni situación asimilada si se reúnen los requisitos de edad y cotización.

109. Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad

     La edad mínima del art. 205.1.a) podrá rebajarse por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en grupos o actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre con elevados índices de morbilidad o mortalidad, si se acredita el mínimo de actividad que se establezca. Los coeficientes reductores solo proceden si no es posible modificar las condiciones de trabajo, conllevan una cotización adicional de empresa y trabajador, se revisan cada diez años y en ningún caso permiten jubilarse antes de los 52.

110. Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en caso de discapacidad

     La edad mínima del artículo 205.1.a) podrá reducirse con discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos del real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o igual o superior al 45 por ciento si son discapacidades reglamentariamente determinadas con evidencias contrastadas de reducción significativa de la esperanza de vida. Los coeficientes reductores no permiten en ningún caso jubilarse antes de los 52 años ni cuentan para la jubilación parcial, el artículo 210.2 u otra jubilación anticipada.

111. Artículo 207. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador

     Requisitos: edad inferior en cuatro años, como máximo, a la del art. 205.1.a) (sin aplicar los coeficientes de los arts. 206 y 206 bis); inscripción como demandante de empleo al menos seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud; 33 años de cotización efectiva, sin pagas extraordinarias (servicio militar, prestación social sustitutoria o servicio social femenino, límite de un año); y cese por una de siete causas. En las causas 1.ª, 2.ª y 6.ª debe acreditarse la indemnización percibida o la demanda interpuesta. La pensión se reduce por mes o fracción de anticipación según el cuadro.

112. Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado

     Requisitos: edad inferior en dos años, como máximo, a la del art. 205.1.a), sin aplicar los coeficientes reductores de los arts. 206 y 206 bis; 35 años de cotización efectiva, sin la parte proporcional por pagas extraordinarias; y pensión superior a la mínima que correspondería por situación familiar a los 65 años. La pensión se reduce por cada mes o fracción de mes de anticipación según el cuadro de coeficientes. Con subsidio del art. 274 durante al menos tres meses, se aplican los coeficientes de la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador.

113. Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación

     La base reguladora es la suma de las bases de 324 meses dividida entre 378. Se toman los 348 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante; en los meses sin obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integran con la base mínima del Régimen General del mes respectivo y el resto con el 50 %. Los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo, en valor nominal; los demás, actualizados con el IPC. De las 348 bases se eligen de oficio las 324 de mayor importe. En pluriempleo, las bases se computan en su totalidad sin que su suma exceda del límite máximo vigente.

114. Artículo 210. Cuantía de la pensión

     Sobre la base reguladora: 50 % por los primeros quince años; desde el año decimosexto, 0,19 % por mes adicional entre los meses 1 y 248 y 0,18 % por cada mes que rebase el 248, sin superar el 100 % salvo el supuesto del apartado 2. Si se accede después de la edad del art. 205.1.a) con el período mínimo del art. 205.1.b), complemento a elección: 4 % por año completo cotizado, cantidad a tanto alzado o combinación reglamentaria. Se elige una sola vez; si no, se aplica la letra a). No cabe en jubilación parcial, flexible del art. 213.1 (párrafo segundo) ni desde situación asimilada al alta.

115. Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación

116. Artículo 212. Imprescriptibilidad

     El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible. Ello es sin perjuicio de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

117. Artículo 213. Incompatibilidades

     La pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen; podrá compatibilizarse con trabajo a tiempo parcial en términos reglamentarios. Es incompatible con un puesto del sector público del art. 1.1, párrafo segundo, de la Ley 53/1984: queda en suspenso mientras dure, sin afectar a sus revalorizaciones (salvo eméritos del art. 137.c)), y con los altos cargos del art. 1 de la Ley 3/2015. Es compatible con trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI en cómputo anual.

118. Artículo 214. Pensión de jubilación activa

     La pensión contributiva es compatible con cualquier trabajo por cuenta ajena (completo o parcial) o propia si, al cumplir la edad del art. 205.1.a), se tenía el período mínimo del art. 205.1.b) y ha pasado al menos un año hasta el hecho causante. Cuantía según años de demora: 1 año 45 %, 2 años 55 %, 3 años 65 %, 4 años 80 %, 5 o más 100 %; +5 puntos por cada 12 meses ininterrumpidos, máximo 100 %. Por cuenta propia con trabajador indefinido en las condiciones del apartado 3: 75 % con demora de uno a tres años. Sin complementos a mínimos. No aplica a puestos o altos cargos del sector público.

119. Artículo 215. Jubilación parcial

     Sin relevo: con la edad del art. 205.1.a) y los requisitos de la pensión, se podrá reducir la jornada entre un 25 y un 75 %. Con relevo simultáneo, trabajadores a tiempo completo sin la edad ordinaria: edad inferior en tres años como máximo; 33 años cotizados (25 con discapacidad igual o superior al 33 %); seis años de antigüedad; reducción del 25 al 75 % (20-33 % el primer año si se anticipa más de dos años); base del relevista no inferior al 65 % del promedio de los seis últimos meses; relevo indefinido, a tiempo completo y mantenido al menos dos años tras extinguirse la jubilación parcial.

120. Artículo 216. Prestaciones

     En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, si concurren los requisitos exigibles, se reconocerán, según los supuestos, alguna o algunas de estas: auxilio por defunción, pensión vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad y pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares. Si la causa es accidente de trabajo o enfermedad profesional, además, indemnización a tanto alzado. El apartado 3 prevé una prestación de orfandad para hijas e hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer.

121. Artículo 217. Sujetos causantes

     Pueden causar las prestaciones del art. 216 los incluidos en el Régimen General que cumplan la condición del art. 165.1; los perceptores de subsidios de IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, con el período de cotización que, en su caso, esté establecido, y los pensionistas contributivos de jubilación e incapacidad permanente. Con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por AT o EP se reputan de derecho muertos por ellas; si no, debe probarse: en AT, solo si fallecen en los cinco años siguientes al accidente; en EP, sin límite.

122. Artículo 218. Auxilio por defunción

     El fallecimiento del causante da derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio, a quien los haya soportado. Salvo prueba en contrario, se presume que esos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221, los hijos y los parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente.

123. Artículo 219. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente

     Viudedad vitalicia, salvo causas de extinción legales o reglamentarias, para el cónyuge superviviente de las personas del art. 217.1. En alta o asimilada: 500 días cotizados en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante (o al cese de la obligación de cotizar, si no la había). Accidente, sea o no de trabajo, o enfermedad profesional: sin período previo. Sin alta ni asimilada: 15 años cotizados. Muerte por enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo: matrimonio con un año de antelación o hijos comunes, salvo convivencia (art. 221.2) que, sumada al matrimonio, supere dos años.

124. Artículo 220. Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial

     Separación o divorcio: derecho de quien, con los requisitos del art. 219, sea o haya sido cónyuge legítimo (ex cónyuge: sin nuevas nupcias ni pareja de hecho), y sea acreedor de la compensatoria del art. 97 CC extinguida a la muerte del causante; si la viudedad es mayor, se reduce hasta ella. Siempre, las mujeres que, sin ser acreedoras de compensatoria, acrediten ser víctimas de violencia de género al separarse judicialmente o divorciarse. Varios tras divorcio: por tiempo vivido, con el 40 % garantizado al cónyuge superviviente o conviviente beneficiario. Nulidad: indemnización art. 98 CC.

125. Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho

     Tiene derecho a viudedad vitalicia (salvo causas de extinción legales o reglamentarias) quien, con los requisitos del art. 219, esté unido al causante al fallecer como pareja de hecho: sin impedimento para casarse, sin vínculo matrimonial ni otra pareja y con convivencia estable y notoria, acreditada por empadronamiento, inmediata al fallecimiento y no inferior a cinco años, salvo hijos en común. Pareja acreditada por inscripción registral o documento público con dos años de antelación. Extinguida la pareja, se exige además pensión compensatoria, salvo mujeres víctimas de violencia de género.

126. Artículo 222. Prestación temporal de viudedad

     Si el cónyuge o la pareja de hecho superviviente no puede acceder a la pensión de viudedad por no acreditar, respectivamente, un año de duración del matrimonio en los términos del artículo 219.2, o por la inexistencia de hijos comunes, o la inscripción en registro específico o la constitución en documento público de la pareja de hecho con dos años de antelación mínima al fallecimiento, pero concurren los demás requisitos del artículo 219, tiene derecho a una prestación temporal de cuantía igual a la pensión de viudedad que le hubiera correspondido, durante dos años.

127. Artículo 223. Compatibilidad y extinción de las prestaciones de viudedad

     La pensión de viudedad es compatible con cualesquiera rentas de trabajo. La causada en las condiciones del segundo párrafo del artículo 219.1, incluso de parejas de hecho, es incompatible con otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada régimen se superpongan, al menos, quince años. El derecho se extingue, en todo caso, si el beneficiario contrae matrimonio o constituye pareja de hecho en los términos del artículo 221, sin perjuicio de las excepciones reglamentarias. Estas reglas se aplican también a la prestación temporal de viudedad.

128. Artículo 224. Pensión de orfandad y prestación de orfandad

     Pensión de orfandad: cada hijo o hija, en igualdad y cualquiera que sea su filiación, menor de 21 años o incapacitado para el trabajo, si el causante estaba en alta o asimilada o era pensionista (art. 217.1.c). Prestación de orfandad, si la causante falleció por violencia contra la mujer y hay circunstancias equiparables a una orfandad absoluta: 70 % de la base reguladora si los rendimientos por miembro no superan el 75 % del SMI; si hay varios, el conjunto podrá situarse en el 118 %. Podrá ser beneficiario el hijo menor de 25 años sin trabajo lucrativo o con ingresos inferiores al SMI.

129. Artículo 225. Compatibilidad de la pensión y prestación de orfandad

     La pensión o prestación de orfandad es compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano y, en su caso, con la pensión de viudedad (sin perjuicio del art. 224.2 LGSS). Se le aplica lo previsto para viudedad en el segundo párrafo del art. 223.1, salvo muerte por violencia contra la mujer: entonces es compatible con otra pensión de orfandad en cualquier régimen. Huérfano incapacitado con otra pensión de la Seguridad Social por la misma incapacidad: podrá optar. Reglamento: concurrencia de orfandades del padre y la madre.

130. Artículo 226. Prestaciones en favor de familiares

     Las normas de desarrollo determinarán qué otros familiares o asimilados, reuniendo las condiciones fijadas y previa prueba de dependencia económica del causante, tendrán derecho a pensión o subsidio por muerte. En todo caso tienen derecho a pensión los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente en quienes se den, en los términos reglamentarios: convivencia con el causante y a su cargo; ser mayores de 45 años y solteros, divorciados o viudos; dedicación prolongada a su cuidado; y carecer de medios propios de vida.

131. Artículo 227. Indemnización especial a tanto alzado

     En caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos del artículo 221 y los huérfanos tienen derecho a una indemnización a tanto alzado, de cuantía uniforme fijada en las normas de desarrollo de la ley. En separación, divorcio o nulidad se aplica, en su caso, el artículo 220. Sin otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, la percibe el padre o la madre que vivieran a expensas del fallecido, si no tienen, por su muerte, derecho a las prestaciones del artículo anterior.

132. Artículo 228. Base reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes

     Para el cálculo de la base reguladora en los supuestos de prestaciones derivadas de contingencias comunes se computa la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización durante el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes previo al del hecho causante. La prestación de orfandad se calcula aplicando el porcentaje correspondiente a la base mínima de cotización de entre todas las existentes vigente en el momento del hecho causante.

133. Artículo 229. Límite de las cuantías de las pensiones

     La suma de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá exceder de la base reguladora que corresponda (art. 161.2), según las cotizaciones del causante. El límite se aplica a la determinación inicial, no a las revalorizaciones periódicas (art. 58). La orfandad tiene preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares, y entre estas: 1.º nietos y hermanos del causante menores de 18 o mayores incapacitados; 2.º padre y madre; 3.º abuelos y abuelas; 4.º hijos y hermanos del titular de pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente mayores de 45 años.

134. Artículo 230. Imprescriptibilidad

     El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible. Ello es sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

135. Artículo 231. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia

     Sin perjuicio de la disposición adicional primera de la LO 1/2004, no podrá ser beneficiario de prestaciones de muerte y supervivencia quien fuera condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas si la víctima era el causante. La entidad gestora podrá revisar por sí misma y en cualquier momento el reconocimiento, y el condenado deberá devolver lo percibido. La revisión de oficio no está sujeta a plazo; el reintegro prescribe en el plazo del art. 55.3. Al iniciarla se acordará, si no se hubiera producido antes, la suspensión cautelar del percibo.

136. Artículo 232. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, en determinados supuestos

     La entidad gestora suspende cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubiera reconocido si una resolución judicial arroja indicios racionales de que el investigado es responsable de un delito doloso de homicidio del causante (efectos: día primero del mes siguiente a la comunicación). Si lo sabe antes o durante el trámite, la reconoce (si concurren los restantes requisitos) con el abono suspendido. Condena firme: revisión y, en su caso, reintegro; sentencia absolutoria o no culpabilidad firme: se rehabilita el pago, descontados en su caso los alimentos.

137. Artículo 233. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en determinados supuestos

     Si, según el artículo 231, el condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio no puede ser beneficiario de la viudedad o la ha perdido, sus hijos con orfandad causada por la víctima tienen el incremento reglamentario de orfandad absoluta; los titulares en favor de familiares podrán tenerlo si no hay otros con derecho a pensión de muerte y supervivencia causada por la víctima. Huérfanos de víctima de violencia contra la mujer: mismo incremento, que alcanzará el 70 % de la base reguladora si los rendimientos por miembro no superan el 75 % del SMI.

138. Artículo 234. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos

     Si los hijos de quien fue condenado por sentencia firme por un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas (en los términos del artículo 231), siendo menores de edad o mayores de edad con medidas de apoyo a su capacidad jurídica para percibir la pensión, son beneficiarios de pensión de orfandad causada por la víctima, esa pensión no se abonará a la persona condenada. En todo caso, la entidad gestora comunicará al Ministerio Fiscal la existencia de la pensión y toda resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el progenitor es responsable de ese delito.

139. Artículo 235. Periodos de cotización asimilados por parto

     A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente, se computan a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y catorce días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple. No se computan si, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple.

140. Artículo 236. Beneficios por cuidado de hijos o menores

     Se computa como cotizado a todos los efectos, salvo para el período mínimo de cotización exigido, el periodo de interrupción de la cotización por extinción de la relación laboral o fin del cobro del desempleo producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente, y el fin del sexto año posterior. Máximo: 270 días por hijo o menor, sin superar la interrupción real. Solo para uno de los progenitores (en controversia, la madre). Tope: cinco años por beneficiario, también si concurre con el artículo 237.1.

141. Artículo 237. Prestación familiar en su modalidad contributiva

     Hasta tres años de excedencia por cuidado de cada hijo o menor en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción son cotización efectiva para jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También los tres primeros años de excedencia por cuidado de familiares hasta el segundo grado que no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida. Las cotizaciones de los tres primeros años de reducción de jornada por cuidado de menor se computan incrementadas hasta el 100 por cien, también si la reducción precede a la excedencia.

142. Artículo 238. Mejoras de la acción protectora

     Las mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General podrán efectuarse a través de: a) mejora directa de las prestaciones; b) establecimiento de tipos de cotización adicionales. La concesión de mejoras voluntarias por las empresas deberá ajustarse a lo establecido en la sección en la que está el artículo 238 y en las normas dictadas para su aplicación y desarrollo.

143. Artículo 239. Mejora directa de las prestaciones

     Las empresas pueden mejorar directamente las prestaciones del Régimen General, costeándolas a su exclusivo cargo. Excepcionalmente, y previa aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, puede establecerse una aportación económica a cargo de los trabajadores, siempre que se les faculte para acogerse o no, individual y voluntariamente, a esas mejoras. Aunque la implantación es voluntaria para los empresarios, el derecho a la mejora de una prestación periódica ya causado por un trabajador no puede anularse ni disminuirse si no es de acuerdo con las normas que regulan su reconocimiento.

144. Artículo 240. Modos de gestión de la mejora directa

     Las empresas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, podrán realizar la mejora de prestaciones a que se refiere el artículo anterior por sí mismas o a través de la Administración de la Seguridad Social, fundaciones laborales, montepíos y mutualidades de previsión social o entidades aseguradoras de cualquier clase. Las fundaciones laborales legalmente constituidas para el cumplimiento de los fines que les sean propios gozarán del trato fiscal y de las demás exenciones concedidas, en los términos que las normas aplicables establezcan.

145. Artículo 241. Mejora por establecimiento de tipos de cotización adicionales

     El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a instancia de los interesados, podrá aprobar cotizaciones adicionales. Estas se efectúan mediante el aumento del tipo de cotización al que se refiere el artículo 145. Su destino es la revalorización de las pensiones u otras prestaciones periódicas ya causadas y financiadas con cargo al mismo, o mejorar las futuras.

146. Artículo 242. Incumplimientos en materia de accidentes de trabajo

     Si una empresa incumple las órdenes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las resoluciones de la autoridad laboral en materia de paralización de trabajos que no cumplan las normas de seguridad y salud, los accidentes de trabajo que en tal caso pudieran producirse se equipararán a la falta de formalización de la protección por dicha contingencia de los trabajadores afectados. Ello con independencia de cualquier otra responsabilidad o sanción a que hubiera lugar.

147. Artículo 243. Normas específicas para enfermedades profesionales

     Las empresas que hayan de cubrir puestos con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a un reconocimiento médico previo a la admisión y a los periódicos que para cada tipo de enfermedad establezcan las normas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son a cargo de la empresa y obligatorios para el trabajador, al que la empresa abonará, si hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario dejado de percibir. No pueden contratar a quien no sea calificado apto ni mantener en su puesto a quien pierda la aptitud en reconocimientos sucesivos.

148. Artículo 244. Responsabilidades por falta de reconocimientos médicos

     Antes de asumir la protección por AT y EP del personal de empresas con riesgo específico de EP, las entidades gestoras y colaboradoras deben conocer el certificado del reconocimiento médico previo (y hacerlo constar) y los resultados de los periódicos. La empresa que no efectúe los reconocimientos es responsable directa de todas las prestaciones de EP que puedan derivarse. La mutua que incumpla el apartado 1: primas al Fondo con recargo que podrá llegar al 100 %; cantidad igual a las responsabilidades a cargo de la empresa; anulación de la autorización en caso de reincidencia; otras.

149. Artículo 245. Protección social

     La protección social de los contratos a tiempo parcial se rige por el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al de tiempo completo y, específicamente, por este capítulo y, en desempleo, por los artículos 269.2 y 270.1. Las reglas de esta sección se aplican a los trabajadores con contrato a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y fijo-discontinuo (artículos 12 y 16 del Estatuto de los Trabajadores) del Régimen General, incluidos los a tiempo parcial o fijos discontinuos del Sistema Especial para Empleados de Hogar, sin perjuicio de las particularidades de cada modalidad.

150. Artículo 246. Cotización

     La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente con sus cuotas será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias. Esa base no podrá ser inferior a las cantidades que reglamentariamente se determinen. Las horas complementarias cotizarán sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias.

151. Artículo 247. Cómputo de los periodos de cotización

     Tiempo parcial: para acreditar la cotización de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor se tienen en cuenta los períodos en alta con contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la jornada. Fijos-discontinuos: para jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia se computa todo el período en alta con contrato fijo-discontinuo, multiplicado por 1,5, sin superar los días naturales de cada año; para incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor se tienen en cuenta los períodos en alta con ese contrato.

152. Artículo 248. Cuantía de las prestaciones económicas

     Base reguladora: jubilación e incapacidad permanente, por la regla general; nacimiento y cuidado de menor, bases acreditadas en la empresa en los doce meses naturales inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre 365 (si el período es inferior, entre sus días naturales); incapacidad temporal, bases a tiempo parcial desde la última alta, con un máximo de tres meses, entre los días naturales del período. Lagunas: base mínima correspondiente a las horas contratadas en último término. Fijos discontinuos: su período en alta se multiplica por 1,5 para el porcentaje.

153. Artículo 249. Acción protectora y cotización

     La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones de aquella, incluido el desempleo. Respecto a la protección por desempleo, resultará de aplicación lo establecido en el título III con las especialidades previstas en el artículo 290. Los contratos suscritos conforme al apartado 1 estarán exentos de la cotización por formación profesional.

154. Artículo 249 bis. Cómputo de los periodos de cotización en contratos de corta duración

     A los exclusivos efectos de acreditar los periodos mínimos de cotización exigidos para jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en los contratos temporales del artículo 151 cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada día de trabajo cuenta como 1,4 días de cotización, sin que al mes puedan computarse más días que los del mes respectivo. No se aplica a contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y fijo-discontinuo.

155. Artículo 249 ter. Inactividad de artistas en espectáculos públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social

     Los artistas en espectáculos públicos podrán seguir en el Régimen General durante la inactividad, voluntariamente, si acreditan al menos 20 días en alta con prestación real de servicios en los 12 meses naturales anteriores a la solicitud, con retribuciones superiores a dos veces el SMI mensual. Se solicita a la TGSS en cualquier momento y, si se reconoce, surte efectos el día primero del mes siguiente. Incompatible con otro régimen. Baja a solicitud o de oficio por impago de dos mensualidades consecutivas. Cotiza el propio trabajador cada mes por la base mínima del grupo 7 al 11,50 %.

156. Artículo 249 quater. Compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística

     El percibo del 100 por ciento de la pensión de jubilación contributiva es compatible, en los términos del artículo, con la actividad artística por cuenta ajena y por cuenta propia y con la de autores de obras literarias, artísticas o científicas. Incluye el complemento para pensiones inferiores a la mínima y el de maternidad o reducción de la brecha de género; el beneficiario es pensionista a todos los efectos. Se excluye a quien realice además otro trabajo que dé lugar a su inclusión en la Seguridad Social y la jubilación anticipada hasta la edad ordinaria.

157. Artículo 250. Ámbito de aplicación

     Quedan comprendidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar los trabajadores sujetos a la relación laboral especial del artículo 2.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Quedan excluidos quienes presten servicios domésticos no contratados directamente por los titulares del hogar familiar, sino a través de empresas, conforme a la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Su régimen jurídico es el del título II y sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellas se establezcan.

158. Artículo 251. Acción protectora

     Los empleados de hogar del Sistema Especial tienen derecho a las prestaciones en los términos y condiciones del Régimen General, con peculiaridades: el subsidio por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral se abona a partir del noveno día de la baja, y el abono de la prestación de los días cuarto al octavo, ambos inclusive, corre a cargo del empleador; el subsidio lo paga directamente la entidad a la que corresponda su gestión, sin pago delegado; y en contingencias profesionales no se aplica el régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones del artículo 167.

159. Artículo 252. Ámbito de aplicación

     Quedan comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios quienes realicen labores agrarias (propiamente agrícolas, forestales o pecuarias, o complementarias o auxiliares de ellas) en explotaciones agrarias, y los empresarios a los que presten servicios, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No son labores agrarias el manipulado, empaquetado, envasado y comercialización del plátano del artículo 136.2.g). Su régimen jurídico es el del título II y sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellas se establezcan.

160. Artículo 253. Reglas de inclusión

     La inclusión en el Sistema Especial Agrario se produce con el alta y obliga a cotizar en actividad e inactividad. Hay inactividad en un mes si las jornadas reales son inferiores al 76,67 % de los días naturales en el sistema especial, salvo un mínimo de cinco jornadas reales semanales para un mismo empresario según convenio. Para la inactividad: 30 jornadas reales en 365 días continuados y solicitud en los tres meses naturales siguientes al de la última jornada. Exclusión a solicitud o de oficio por la TGSS (menos de 30 jornadas o impago de dos mensualidades consecutivas).

161. Artículo 254. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos

     La afiliación y las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores agrarios por cuenta ajena se tramitan en los términos, plazos y condiciones de los artículos 139 y 140 y sus disposiciones de aplicación y desarrollo. Si se contrata a eventuales o fijos discontinuos el mismo día en que comienzan a prestar servicios y no ha sido posible formalizar el alta antes del inicio de la jornada, la solicitud puede presentarse hasta las doce horas de ese día; si la jornada termina antes de las doce horas, antes de que termine la jornada.

162. Artículo 255. Cotización

     La cotización del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios se ajusta a la del Régimen General con particularidades. En actividad: responde el empresario (en los términos del artículo 142), que comunica las jornadas reales; cotiza por bases diarias o mensuales a su opción y, sin opción expresa, por bases mensuales (obligatorias con contrato indefinido, salvo fijos discontinuos). FOGASA 0,10 % a cargo exclusivo del empresario; formación profesional 0,18 %. En inactividad: responde el propio trabajador, cotización mensual, base mínima del grupo 7 y tipo del 11,50 %.

163. Artículo 256. Acción protectora

     Prestaciones del Régimen General, con peculiaridades. Para las prestaciones económicas deben estar al corriente de las cotizaciones de los períodos de inactividad, en los que se protegen maternidad, paternidad, incapacidad permanente y muerte y supervivencia comunes, y jubilación. Jubilación anticipada (arts. 207 y 208): de los últimos diez años cotizados, al menos seis de actividad efectiva en el sistema. IT por enfermedad común: base reguladora no superior al promedio mensual de la base de cotización de los días efectivamente trabajados en los doce meses anteriores a la baja médica.

164. Artículo 257. Gestión y colaboración en la gestión

     La gestión del Régimen General de la Seguridad Social se regirá por lo dispuesto en los capítulos V y VI del título I. Por lo dispuesto en esos mismos capítulos se regirá la colaboración en la gestión por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas.

165. Artículo 258. Conciertos para la prestación de servicios administrativos y sanitarios

     Los organismos de la Administración de la Seguridad Social, de acuerdo con sus respectivas competencias, podrán concertar con entidades públicas o privadas la mera prestación de servicios administrativos, sanitarios o de recuperación profesional. Los conciertos serán aprobados por los departamentos ministeriales competentes. La compensación económica que se estipule no podrá consistir en la entrega de un porcentaje de las cuotas del Régimen General ni entrañar, en forma alguna, sustitución en la función gestora encomendada a esos organismos.

166. Artículo 259. Sistema financiero

     El sistema financiero del Régimen General de la Seguridad Social será el previsto en el artículo 110, con las particularidades que se establecen en «el artículo siguiente» en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

167. Artículo 260. Normas específicas en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

     Las mutuas colaboradoras y, en su caso, las empresas responsables constituyen en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones por incapacidad permanente o muerte debidas a AT o EP; el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba las tablas de mortalidad y la tasa de interés. Ese Ministerio podrá obligar a las mutuas a reasegurar en la TGSS no menos del 10 ni más del 30 % de los riesgos. Por muertos por AT o EP sin familiar con derecho a pensión se ingresan capitales para una renta cierta temporal de veinticinco años del 30 % del salario.

168. Artículo 261. Derecho supletorio

     En lo no previsto expresamente en «el presente título» se estará a lo dispuesto en el título I, así como en las disposiciones que se dicten para su aplicación y desarrollo.

169. Artículo 262. Objeto de la protección

     Protege a quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria (art. 267). Total: cese, temporal o definitivo, en la actividad con privación del salario; incluye el cese por días completos, continuados o alternos, durante al menos una jornada ordinaria, por suspensión o reducción temporal decididas por el empresario (art. 47 ET) o por resolución judicial en procedimiento concursal. Parcial: reducción temporal de la jornada diaria ordinaria entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 %, con análoga reducción del salario.

170. Artículo 263. Niveles de protección

     La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio. El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada. El nivel asistencial, complementario del anterior, garantiza la protección a los trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos incluidos en el artículo 274.

171. Artículo 264. Personas protegidas

     Si tienen previsto cotizar por desempleo, se protege a: trabajadores por cuenta ajena del Régimen General y de regímenes especiales que lo protegen (con peculiaridades reglamentarias); emigrantes retornados y liberados de prisión, en las condiciones del título; interinos, personal eventual y contratado en su momento en régimen administrativo; cargos locales, forales, insulares y sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y retribuidos; y altos cargos con dedicación exclusiva, retribuidos y no funcionarios, salvo compensación por cese. El Gobierno podrá ampliar la cobertura.

172. Artículo 265. Acción protectora

     Nivel contributivo: prestación por desempleo total o parcial y abono de la aportación de la empresa a las cotizaciones durante la percepción de las prestaciones, salvo en los supuestos del artículo 273.2. Nivel asistencial: subsidio por desempleo; abono, en su caso, de la cotización por la contingencia de jubilación durante el subsidio, en los supuestos del artículo 280; y derecho a asistencia sanitaria y, en su caso, a prestaciones familiares. Se añaden acciones de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional y de fomento del empleo estable.

173. Artículo 266. Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones

     Las personas del artículo 264 deberán: a) estar afiliadas y en alta o asimilada al alta en los casos que legal o reglamentariamente se determinen; b) tener cubierto el período mínimo del artículo 269.1 en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese de la obligación de cotizar; c) estar en situación legal de desempleo y suscribir el acuerdo de actividad; d) no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo las excepciones de esa letra; e) estar inscritas como demandantes en el servicio público de empleo competente.

174. Artículo 267. Situación legal de desempleo

     Están en situación legal de desempleo, entre otros, quienes ven extinguida su relación laboral por despido colectivo, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, despido, causas objetivas, resolución voluntaria en los supuestos de los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 ET o expiración del tiempo convenido sin denuncia del trabajador; y quienes retornan del extranjero sin prestación allí y con cotización suficiente antes de salir. No lo están quienes cesen voluntariamente (salvo el 1.a) 5.º) o no acrediten su disponibilidad a través del acuerdo de actividad.

175. Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones

     Quien cumpla los requisitos del artículo 266 debe solicitar la prestación a la entidad gestora competente dentro de los quince días siguientes a la situación legal de desempleo, inscribirse como demandante de empleo, que debe mantenerse toda la prestación, y suscribir el acuerdo de actividad. Si la pide tarde, nace desde la solicitud y pierde los días que medien. Las vacaciones no disfrutadas lo retrasan hasta que transcurran. La decisión empresarial de extinguir es por sí misma situación legal de desempleo. Si hay readmisión, lo percibido es indebido por causa no imputable al trabajador.

176. Artículo 269. Duración de la prestación por desempleo

     La duración de la prestación por desempleo depende de la ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese de la obligación de cotizar: la escala va de 120 días de prestación (desde 360 hasta 539 cotizados) a 720 (desde 2.160). El Gobierno podrá modificarla previo informe al Consejo General del SEPE. Cuentan las cotizaciones no computadas para un derecho anterior; no, las del tiempo de abono de la prestación, salvo la del artículo 45.1.n) del Estatuto. Las vacaciones del artículo 268.3 computan. En el desempleo parcial la consunción es por horas.

177. Artículo 270. Cuantía de la prestación por desempleo

     La base reguladora es el promedio de la base cotizada por desempleo en los últimos 180 días del período del apartado 1 del artículo 269, excluidas las horas extraordinarias, que tampoco figuran en el certificado de empresa. Se cobra el 70 % los 180 primeros días y el 60 % desde el día 181. Máximo: 175 % del indicador público de rentas de efectos múltiples, o 200 % y 225 % con uno o más hijos a cargo, respectivamente. Mínimo: 107 % con hijos a cargo y 80 % sin ellos. Se toma el indicador mensual vigente al nacer el derecho, incrementado en una sexta parte.

178. Artículo 271. Suspensión del derecho

     La entidad gestora suspende la prestación por desempleo por: sanción por infracciones leves y graves; nacimiento, adopción, guarda o acogimiento; condena privativa de libertad (con la salvedad de las rentas familiares); trabajo por cuenta ajena inferior a doce meses o por cuenta propia inferior a sesenta (veinticuatro con mutualidad alternativa); traslado al extranjero inferior a doce meses o estancia de hasta noventa días al año; no presentar documentos requeridos; no estar inscrito; incumplir o suspender el acuerdo de actividad; fijos-discontinuos que no se reincorporen.

179. Artículo 272. Extinción del derecho

     Se extingue la prestación por desempleo por: a) agotamiento del plazo; b) sanción según la LISOS; c) trabajo por cuenta ajena igual o superior a doce meses (sin perjuicio de la opción del 269.3), o por cuenta propia igual o superior a sesenta meses con alta en RETA o Mar, o a veinticuatro con alta en mutualidad alternativa al RETA; d) edad ordinaria de jubilación, salvo lo del 266.d); e) pensión de jubilación o de IP total, absoluta o gran incapacidad (podrá optar); f) traslado o estancia en el extranjero, salvo 271.1.f) y g); g) renuncia voluntaria; h) seis años desde la baja sin reanudar.

180. Artículo 273. Cotización durante la situación de desempleo

     Durante la percepción de la prestación por desempleo, la entidad gestora ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social: asume la aportación empresarial y descuenta de la prestación, incluidos los supuestos del artículo 270.3, la aportación del trabajador. En reducción de jornada o suspensión del contrato, ingresa únicamente la aportación del trabajador, tras efectuar ese descuento. Extinguida la relación laboral, la cotización no comprende las cuotas de desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

181. Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo

     Beneficiarios: desempleados que cumplan el apartado 2 y a) hayan agotado la prestación (si son menores de cuarenta y cinco años sin responsabilidades familiares, de duración igual o superior a trescientos sesenta días) o b) estén en situación legal de desempleo sin el período mínimo para la contributiva, si han cotizado al menos noventa días. Apartado 2: no tener derecho a la contributiva, no estar en supuesto de incompatibilidad y carecer de rentas propias o, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares. En todos los casos: inscripción y acuerdo de actividad.

182. Artículo 275. Carencia de rentas y responsabilidades familiares

     Carencia de rentas: rentas propias del mes natural anterior que no superen el 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Responsabilidades familiares: rentas de la unidad familiar (incluido el solicitante) divididas entre sus miembros, con el mismo límite. Unidad familiar: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho y los hijos menores de 26 años, o mayores con discapacidad, o menores acogidos o en guarda, que convivan o dependan económicamente. Los requisitos deben concurrir al solicitar el subsidio, sus prórrogas o reanudaciones.

183. Artículo 276. Solicitudes, nacimiento y prórroga del derecho al subsidio

     Nace el día siguiente al del hecho causante si se pide en los 15 días hábiles siguientes; pedido después, pero dentro de 6 meses, nace el día de la solicitud; más tarde se deniega, salvo que el último día se estuviera trabajando o cobrando IT o nacimiento y cuidado de menor (plazo ampliado a 15 días hábiles tras su fin). Hecho causante: agotamiento de la prestación contributiva o última situación legal de desempleo si se accede por cotizaciones insuficientes. Prórroga hasta la duración máxima del art. 277: solicitud cada 3 meses devengados, en 15 días hábiles tras el trimestre.

184. Artículo 277. Duración del subsidio

     Art. 274.1.a): la duración máxima depende de la edad al agotar la prestación, de si se acreditan responsabilidades familiares y de la duración de la prestación agotada: sin ellas, 6 meses en los casos de edad y duración de la tabla; con ellas (edad indiferente), 24 o 30 meses según la prestación agotada. Pueden acreditarse después, en los 12 meses siguientes al hecho causante. Art. 274.1.b): 90 días cotizados, 3 meses; 120, 4; 150, 5; 180, 6 sin responsabilidades o 21 con ellas (ampliable a 21 en 12 meses). Esas cotizaciones no valen para un futuro derecho. Siempre por trimestres prorrogables.

185. Artículo 278. Cuantía del subsidio

     La cuantía del subsidio es igual a un porcentaje del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento: el 95 por ciento durante los ciento ochenta primeros días; el 90 por ciento desde el día ciento ochenta y uno al día trescientos sesenta; y el 80 por ciento a partir del día trescientos sesenta y uno.

186. Artículo 279. Suspensión, reanudación y extinción del derecho al subsidio

     El subsidio del 274.1 se suspende por las causas del 271 y se reanuda en su forma y plazos si mantiene los requisitos de acceso. Si al acabar la suspensión no cumple la carencia de rentas o las responsabilidades familiares, podrá pedir la reanudación al cumplirlo, en los seis meses siguientes: efectos desde la solicitud, sin días consumidos. Fuera de plazo no procede (salvo último párrafo del 276.2), sin acumular suspensiones. Se extingue por el 272, salvo su h), y a los seis meses del agotamiento de la prórroga o del fin de la suspensión (276.2: quince días hábiles). Mayores de 52: 280.

187. Artículo 280. Beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años

     Accede quien tenga cincuenta y dos años en la fecha del supuesto del artículo 274.1 y, en la del hecho causante, reúna todos los requisitos, salvo la edad, para cualquier pensión contributiva de jubilación, haya cotizado efectivamente en España por desempleo al menos seis años y carezca de rentas propias, requisito que ha de mantenerse. Cuantía: 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual. Declaración anual de rentas. La entidad gestora cotiza por jubilación sobre el 125 % de la base mínima del Régimen General.

188. Artículo 281. Automaticidad del derecho a las prestaciones

     La entidad gestora competente pagará las prestaciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y de cotización. Lo hará sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y de la responsabilidad que corresponda a esta por las prestaciones abonadas.

189. Artículo 282. Incompatibilidades

     La prestación y el subsidio son incompatibles con el trabajo por cuenta propia y, con carácter general, con las prestaciones contributivas económicas de la Seguridad Social, salvo que fueran compatibles con el trabajo que originó el derecho. La prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial si se solicita, deduciendo la parte proporcional: desde el inicio si se pide en 15 días hábiles; si no, desde la solicitud, siempre que se presente antes de 12 meses. El subsidio se compatibiliza como complemento de apoyo al empleo, con duración máxima de 180 días.

190. Artículo 283. Prestación por desempleo e incapacidad temporal

     Si el contrato se extingue durante una incapacidad temporal por contingencias comunes, esta se sigue cobrando en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta su extinción; si la causa de extinción es del artículo 267.1 y se reúnen los requisitos, se pasa al desempleo, descontando ese tiempo como consumido. La entidad gestora de las prestaciones por desempleo cotiza y asume toda la aportación del trabajador. Si son profesionales: cuantía reconocida, sin descuento. Si surge cobrando desempleo total, tras el período inicial: misma cuantía si es recaída; 80 % del indicador mensual si no.

191. Artículo 284. Prestación por desempleo y nacimiento y cuidado de menor

     Ap. 1: si, estando en nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el trabajador pasa a un supuesto del art. 267.1, sigue cobrando esa prestación hasta que se extinga; luego pasa a desempleo y cobra, si reúne los requisitos, la prestación por desempleo, sin descontar de la contributiva ese tiempo. Ap. 2: si cobra desempleo total y pasa a esas situaciones, se suspenden el desempleo y la cotización del art. 265.1.a).2.º; extinguida aquella prestación, se reanuda el desempleo por la duración que restaba y la cuantía del momento de la suspensión.

192. Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años y jubilación

     Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274.4 y alcance la edad ordinaria que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos de la pensión se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad, si la jubilación se solicita en el plazo de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, la retroactividad máxima será de tres meses desde la solicitud.

193. Artículo 286. Normas aplicables

     Los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios deben cotizar por desempleo y tienen derecho a su protección, con las especialidades de la sección. No cotizan ni tienen derecho a prestaciones por desempleo, por esos periodos, el cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, del titular de la explotación en la que trabajen, si conviven con él, salvo que se demuestre su condición de asalariados. Durante las prestaciones, la cotización se rige por el artículo 289.

194. Artículo 287. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales

     Acceden a las prestaciones del título con los requisitos del art. 266; si inmediatamente antes estuvieron de alta como autónomos, necesitan 720 días cotizados y luego rige la escala del art. 269.1, aunque el trabajo con situación legal de desempleo no sea eventual agrario, si la mayoría de cotizaciones al desempleo son de ese trabajo. Las jornadas reales computadas para la protección general o el subsidio del art. 274.1.b) no sirven para el subsidio del RD 5/1997 ni la renta agraria, y viceversa para la protección general. Si reúne requisitos de ambos, podrá optar por uno.

195. Artículo 288. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales residentes en Andalucía y Extremadura

     Los eventuales agrarios del Sistema Especial residentes en Andalucía y Extremadura tienen la protección del artículo anterior y, además, el subsidio del RD 5/1997 o la renta agraria del RD 426/2003, si al quedar en desempleo acreditan esa condición y los requisitos. En cotización mensual, un mes completo computa 23 jornadas reales. La entidad gestora cotiza a la TGSS sobre el tope mínimo. El subsidio exige haberlo cobrado en alguno de los tres años naturales inmediatamente anteriores a la solicitud; las personas trabajadoras en esa fecha deben suscribir un acuerdo de actividad.

196. Artículo 289. Cotización durante la percepción de las prestaciones

     La entidad gestora abona la cotización directamente a la TGSS. Prestación contributiva: base de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, calculada según las bases de los períodos de actividad; tipo de los períodos de inactividad (art. 255.3); la entidad gestora asume el 73,50 % de la aportación del trabajador y este el 26,50 %, descontado de la prestación. Subsidio del art. 274: base = tope mínimo vigente en el Régimen General. En los eventuales con cotizaciones computadas a distintos regímenes o sistemas, se cotiza al de mayor período cotizado.

197. Artículo 290. Trabajadores contratados para la formación y aprendizaje

     En el contrato para la formación y el aprendizaje, la cotización por la contingencia de desempleo se efectúa por una cuota fija: la resultante de aplicar a la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el mismo tipo de cotización y distribución entre empresario y trabajador establecidos para el contrato en prácticas. Para determinar la base reguladora y la cuantía de la prestación por desempleo se aplica lo establecido en el artículo 270 de esta ley.

198. Artículo 291. Trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar

     A las bases de cotización para desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Esa aplicación es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de esta ley.

199. Artículo 292. Militares profesionales de tropa y marinería

     Los militares profesionales de tropa y marinería con relación de servicios de carácter temporal están en situación legal de desempleo cuando finalice el compromiso suscrito o se resuelva por causas independientes de su voluntad. La prestación o el subsidio por desempleo son compatibles con la asignación de reservista de especial disponibilidad, cuyo importe se computa como renta a efectos del subsidio según el artículo 275.2. En desempleo tendrán un seguimiento activo e individualizado del Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

200. Artículo 293. Financiación

     La acción protectora regulada en el título en el que se encuentra el artículo 293 se financiará mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado. La cuantía de la aportación del Estado será cada año la fijada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

201. Artículo 294. Entidad gestora

     Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones. Las empresas colaborarán con la entidad gestora asumiendo el pago delegado de la prestación por desempleo en los supuestos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

202. Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos

     La entidad gestora competente declara y exige la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. Transcurrido el plazo sin reintegro, la Tesorería General de la Seguridad Social recauda en vía ejecutiva, con recargo e interés de demora. La entidad gestora podrá concertar servicios con la Tesorería o con cualquier administración pública, y podrá conceder compensación parcial o fraccionamiento, a solicitud del sujeto responsable presentada antes del inicio de la vía ejecutiva.

203. Artículo 296. Pago de las prestaciones

     La entidad gestora deberá dictar resolución motivada sobre las prestaciones por desempleo en los quince días siguientes a la solicitud formulada en tiempo y forma. Pagan la entidad gestora o la propia empresa, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen. Si lo establece algún programa de fomento del empleo, la entidad gestora podrá: abonar de una sola vez la prestación contributiva pendiente, total o parcial; abonarla en pagos parciales para subvencionar la cotización; y, por movilidad geográfica, abonar un mes de prestaciones o tres de subsidio pendientes.

204. Artículo 297. Control de las prestaciones

     La entidad gestora controla el cumplimiento del título y comprueba el fraude. Podrá exigir a quienes cesaron según los párrafos 3.º, 4.º y 5.º del artículo 267.1.a) acreditar que percibieron la indemnización legal. Si no la percibieron ni demandaron judicialmente su pago o impugnaron la decisión extintiva, o si la extinción no lleva aparejada indemnización, se reclamará la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la involuntariedad del cese. Podrá suspender el abono ante indicios suficientes de fraude apreciados en las investigaciones de los órganos competentes.

205. Artículo 298. Obligaciones de los empresarios

     Obligaciones de los empresarios: a) cotizar por la aportación empresarial a desempleo; b) ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad; c) proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen; d) entregar el certificado de empresa; e) abonar a la entidad gestora las prestaciones si se le declara responsable por incumplir afiliación, alta o cotización; f) en su caso, pago delegado; g) comunicar la readmisión en cinco días e ingresar las prestaciones (art. 268.5); h) comunicar antes las variaciones de calendario u horario (art. 47 ET).

206. Artículo 299. Obligaciones de los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo

     Deben cotizar por desempleo; aportar documentación e información y comunicar su domicilio y cambios; inscribirse como demandantes de empleo y cumplir el acuerdo de actividad; buscar activamente empleo y acreditarlo si se les requiere; comparecer si se les requiere; participar en programas y aceptar la colocación adecuada; devolver en cinco días el justificante de comparecencia; pedir la baja; comunicar situaciones del complemento de apoyo al empleo; reintegrar lo indebido. Son beneficiarios en los quince días hábiles para pedir la prórroga del subsidio y en las suspensiones de su apartado 2.

207. Artículo 300. Acuerdo de actividad

     A los efectos previstos en «este título», por acuerdo de actividad se entiende el así definido en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El artículo no contiene la definición: remite a la de esa ley.

208. Artículo 301. Colocación adecuada

     A los efectos previstos en «este título», por colocación adecuada se entiende la así definida en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El artículo no contiene la definición: remite a la de esa ley.

209. Artículo 302. Infracciones y sanciones

     En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en el título en el que se encuentra el artículo 302 y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

210. Artículo 303. Impugnación de actos

     Van al orden social las decisiones de la entidad gestora sobre reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de las prestaciones por desempleo, y sus resoluciones sobre: a) devolución de prestaciones indebidamente percibidas y reintegro de las que responda directamente el empresario (arts. 268.5.b) y 295.1), salvo la gestión recaudatoria (art. 3.f) Ley 36/2011); b) pago único (art. 296.3); c) sanciones a trabajadores (art. 48.5 LISOS). Para demandar es requisito necesario la reclamación previa ante la entidad gestora (art. 71 LRJS).

211. Artículo 304. Derecho supletorio