Tema 94 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social

En el marco de la legislación del Estado, la Comunidad Autónoma tiene competencias ejecutivas en empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso, entre otras, las políticas activas de empleo, las cualificaciones profesionales, los servicios mínimos de huelgas, la potestad sancionadora del orden social, los convenios colectivos y el calendario de días festivos. La Junta tiene la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora, cuyos funcionarios dependen orgánica y funcionalmente de ella. En Seguridad Social, competencias ejecutivas con pleno respeto a la unidad de caja.

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales

La normativa sobre prevención de riesgos laborales la forman tres bloques: la propia Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma

La Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante medidas y actividades de prevención de los riesgos derivados del trabajo. Establece principios generales (prevención de riesgos profesionales, eliminación o disminución de riesgos, información, consulta, participación equilibrada y formación) y regula las actuaciones de Administraciones públicas, empresarios, trabajadores y sus organizaciones representativas. Sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable y desarrollable por convenio colectivo.

Artículo 3. Ambito de aplicación

La Ley se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, a las de carácter administrativo o estatutario del personal de las Administraciones Públicas y a las cooperativas con socios que presten trabajo personal. No se aplica en las actividades cuyas particularidades lo impidan en policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En centros y establecimientos militares sí se aplica, con particularidades.

Artículo 4. Definiciones

Define ocho conceptos. Prevención: actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos. Riesgo laboral: posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo; su gravedad se califica valorando conjuntamente probabilidad y severidad. Daños: enfermedades, patologías o lesiones. Riesgo grave e inminente: probable racionalmente, en un futuro inmediato y con daño grave para la salud. También define «potencialmente peligrosos», equipo de trabajo, condición de trabajo y equipo de protección individual.

Artículo 5. Objetivos de la política

La política de prevención promueve la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud. Se orienta a coordinar a las Administraciones, que se prestarán cooperación y asistencia, y se elabora con participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones más representativas. Estas promoverán la educación preventiva y la igualdad entre mujeres y hombres, y podrán adoptar programas con incentivos destinados especialmente a las pequeñas y medianas empresas, sobre las que se exige un informe en las disposiciones generales.

Artículo 6. Normas reglamentarias

El Gobierno, mediante normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará: requisitos mínimos de las condiciones de trabajo; limitaciones o prohibiciones de operaciones, procesos y exposiciones; condiciones especiales como formación previa o un plan de medidas; evaluación de riesgos; servicios de prevención; trabajos especialmente peligrosos; y calificación de enfermedades profesionales. Esas normas se coordinarán con la normativa sanitaria y de seguridad industrial y se evaluarán y, en su caso, revisarán periódicamente.

Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral

Las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollan funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control, y sancionan las infracciones: promueven la prevención y el asesoramiento de los órganos técnicos, velan por el cumplimiento mediante vigilancia y control y sancionan los incumplimientos. En los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan técnica minera, con explosivos o con energía nuclear, esas funciones siguen a cargo de los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que analiza y estudia las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y promueve y apoya su mejora. Asesora en la elaboración de la normativa, promueve formación e investigación, apoya a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y colabora con organismos internacionales. Es centro de referencia nacional ante las Instituciones de la Unión Europea y ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila y controla la normativa de prevención: vigila su cumplimiento y propone la sanción a la autoridad laboral; asesora e informa a empresas y trabajadores; elabora informes para los Juzgados de lo Social; informa a la autoridad laboral de los accidentes mortales, muy graves o graves; comprueba las obligaciones de los servicios de prevención; y ordena la paralización inmediata ante riesgo grave e inminente. Los funcionarios técnicos de las Administraciones remiten informe a la Inspección si hay infracción e incumplimiento de previo requerimiento.

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria

Las Administraciones sanitarias actúan en salud laboral a través de las acciones del capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Les corresponde: establecer medios para evaluar y controlar las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención, con pautas y protocolos fijados oídas las sociedades científicas; implantar sistemas de información para elaborar, junto con las autoridades laborales, mapas de riesgos laborales y realizar estudios epidemiológicos; supervisar la formación del personal sanitario; y elaborar y divulgar estudios, investigaciones y estadísticas.

Artículo 11. Coordinación administrativa

La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención y la investigación y vigilancia epidemiológica obligan a coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. En ese marco, la Administración laboral velará para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente y de la Administración competente en materia de industria.

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales.

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo asesora a las Administraciones públicas y es órgano de participación institucional. La integran un representante por Comunidad Autónoma, igual número de la Administración General del Estado y, paritariamente, organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Acuerda por mayoría: las Administraciones, un voto por representante; las organizaciones, dos. Preside el Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales; cuatro Vicepresidentes; Secretaría: Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en seguridad y salud, que comprende información, consulta y participación, formación preventiva, paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. El empresario debe garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo y seguir de forma permanente la actividad preventiva. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones y el concierto con entidades especializadas complementan su acción sin eximirle. El coste no recae en modo alguno sobre los trabajadores.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

Nueve principios: evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso; planificar la prevención; anteponer la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones. El empresario considera las capacidades profesionales al encomendar tareas, reserva las zonas de riesgo grave y específico a quien tenga información suficiente y adecuada y prevé las distracciones o imprudencias no temerarias. Cabe concertar seguros sobre riesgos derivados del trabajo.

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

La prevención se integra en la gestión de la empresa mediante un plan de prevención, que incluye estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. Sus instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La evaluación se actualiza cuando cambian las condiciones de trabajo y se revisa, si fuera necesario, con ocasión de daños para la salud. La planificación fija para cada actividad plazo, responsables y recursos humanos y materiales. Ante un daño para la salud, el empresario investiga las causas.

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

El empresario debe lograr que los equipos de trabajo sean adecuados y estén convenientemente adaptados. Si su utilización puede presentar un riesgo específico, queda reservada a los encargados de ella, y la reparación, transformación, mantenimiento o conservación, a los trabajadores específicamente capacitados. Debe proporcionar equipos de protección individual adecuados y velar por su uso efectivo; estos se utilizan cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente con protección colectiva o con medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

El empresario debe procurar que los trabajadores reciban toda la información necesaria sobre los riesgos (de la empresa en su conjunto y de cada tipo de puesto o función), las medidas de protección y prevención aplicables y las medidas adoptadas conforme al artículo 20. Si hay representantes de los trabajadores, la información se facilita a través de ellos, pero los riesgos específicos del puesto o función y sus medidas se comunican directamente a cada trabajador. El empresario debe consultar a los trabajadores y permitir su participación; estos pueden hacerle propuestas de mejora.

Artículo 19. Formación de los trabajadores

El empresario debe garantizar a cada trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva: al contratarlo, cualquiera que sea la modalidad o duración del contrato, y cuando cambien sus funciones, las tecnologías o los equipos de trabajo. Se centra en el puesto o función y se repite periódicamente si fuera necesario. Se imparte, siempre que sea posible, dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas con descuento del tiempo invertido; con medios propios o servicios ajenos, y su coste no recae en ningún caso sobre los trabajadores.

Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, según el tamaño y la actividad de la empresa y la posible presencia de personas ajenas, debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando al personal encargado y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Ese personal ha de tener la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Organizará relaciones con servicios externos de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.

Artículo 21. Riesgo grave e inminente

Ante riesgo grave e inminente el empresario debe informar lo antes posible a los afectados, dar instrucciones para que puedan interrumpir la actividad y disponer lo necesario para que quien no pueda contactar con su superior adopte medidas. El trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. Si el empresario no actúa, los representantes legales pueden acordar por mayoría la paralización, que la autoridad laboral anula o ratifica en 24 horas; si no cabe reunirlos con urgencia, deciden los Delegados de Prevención. Sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave.

Artículo 22. Vigilancia de la salud

El empresario garantiza la vigilancia periódica de la salud según los riesgos inherentes al trabajo. Requiere el consentimiento del trabajador, salvo, previo informe de sus representantes, cuando el reconocimiento sea imprescindible o lo establezca una disposición legal. Los resultados se comunican a los trabajadores afectados y no pueden usarse con fines discriminatorios. La información médica personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias; el empresario es informado de las conclusiones sobre aptitud o medidas. La realiza personal sanitario con capacidad acreditada.

Artículo 23. Documentación

El empresario debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral: el plan de prevención; la evaluación de los riesgos, con el resultado de los controles periódicos; la planificación de la actividad preventiva; la práctica de los controles del estado de salud y sus conclusiones; y la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Al cesar la actividad, la empresa la remite a la autoridad laboral. Los daños para la salud se notifican por escrito a esta. También se pone a disposición de las autoridades sanitarias.

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales

Si en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar y establecer los medios de coordinación necesarios. El empresario titular del centro procura que los demás empresarios reciban información e instrucciones sobre riesgos, medidas de protección y prevención y medidas de emergencia. Las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad en sus propios centros deben vigilar el cumplimiento de la normativa por contratistas y subcontratistas. Cooperación, información e instrucción alcanzan a los autónomos.

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles por sus características personales o estado biológico conocido, incluida la discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida. No se les empleará en puestos donde ellos, los demás trabajadores u otras personas puedan ponerse en peligro, ni cuando estén manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto. Las evaluaciones incluirán los riesgos para la procreación por agentes físicos, químicos y biológicos.

Artículo 26. Protección de la maternidad

La evaluación determinará naturaleza, grado y duración de la exposición de las trabajadoras embarazadas o de parto reciente. Si hay riesgo, el empresario adapta las condiciones o el tiempo de trabajo (si es necesario, sin trabajo nocturno ni a turnos). Si no basta y se certifica, cambio a puesto o función compatible; si es de otro grupo o categoría, conserva las retribuciones de origen. Si el cambio no es posible, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. También en la lactancia natural (suspensión: hijos menores de nueve meses). Ausencias retribuidas para exámenes prenatales.

Artículo 27. Protección de los menores

Antes de incorporar al trabajo a jóvenes menores de dieciocho años, y antes de cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario evaluará los puestos para determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, atendiendo a su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo incompleto. Informará de los riesgos y de las medidas adoptadas a los jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación. El Gobierno establecerá las limitaciones a su contratación en trabajos con riesgos específicos.

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

Los trabajadores temporales, de duración determinada y los contratados por empresas de trabajo temporal disfrutarán del mismo nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan servicios. Antes de iniciar su actividad recibirán información sobre los riesgos, y formación suficiente y adecuada; tienen derecho a vigilancia periódica de su salud. Con empresas de trabajo temporal, la usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información de los apartados 2 y 4; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud.

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

Cada trabajador debe velar, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas de prevención adoptadas, por su seguridad y salud y por la de las personas a las que pueda afectar su actividad. En particular: usar adecuadamente máquinas y medios; utilizar correctamente los equipos de protección; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato de las situaciones de riesgo; contribuir al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la autoridad competente y cooperar con el empresario. Incumplirlas es incumplimiento laboral o, en su caso, falta disciplinaria.

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales

El empresario designa trabajadores, constituye un servicio de prevención o lo concierta con una entidad ajena. Los designados no sufrirán perjuicio y guardarán sigilo profesional. En empresas de hasta diez trabajadores el empresario puede asumir personalmente la prevención si desarrolla habitualmente su actividad en el centro y tiene capacidad; también con hasta 25 trabajadores si hay un único centro de trabajo. Quien no concierte un servicio ajeno se somete a auditoría o evaluación externa. Auditar exige una única autorización de la autoridad laboral; el silencio es desestimatorio.

Artículo 31. Servicios de prevención

Si designar trabajadores es insuficiente, el empresario recurrirá a servicios de prevención propios o ajenos. Servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales para las actividades preventivas, asesorando y asistiendo al empresario, a los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Es interdisciplinario y sus medios se ajustan al tamaño de la empresa, los tipos de riesgo y su distribución. Las entidades especializadas necesitan acreditación única de la autoridad laboral, previa aprobación de la sanitaria, y póliza de seguro.

Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tienen dos prohibiciones: no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos

La presencia de recursos preventivos en el centro, sea cual sea su organización, es necesaria: cuando la concurrencia de operaciones diversas pueda agravar o modificar los riesgos; en actividades reglamentariamente peligrosas o con riesgos especiales; y cuando la requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Son recursos preventivos los trabajadores designados y los miembros del servicio de prevención propio o de los ajenos concertados. Permanecerán mientras dure la situación. El empresario puede asignar la presencia a otros trabajadores con formación mínima de nivel básico.

Artículo 33. Consulta de los trabajadores

El empresario consultará a los trabajadores, con la debida antelación, las decisiones sobre: planificación y organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías; organización de las actividades de protección y prevención, incluidos la designación de sus encargados o el recurso a un servicio de prevención externo; encargados de las medidas de emergencia; procedimientos de información y documentación; proyecto y organización de la formación preventiva; y cualquier otra acción con efectos sustanciales sobre seguridad y salud. Si hay representantes, la consulta es con ellos.

Artículo 34. Derechos de participación y representación

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones de prevención. En empresas o centros con seis o más trabajadores, la participación se canaliza a través de sus representantes y de la representación especializada. A Comités de Empresa, Delegados de Personal y representantes sindicales corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores en la materia. En las Administraciones públicas se ejerce con adaptaciones; en la Administración General del Estado, el Gobierno sigue cuatro criterios, entre ellos un único Comité de Seguridad y Salud, con carácter general.

Artículo 35. Delegados de Prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en prevención, designados por y entre los representantes del personal según escala: de 50 a 100 trabajadores, 2; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; desde 4.001, 8. Hasta treinta trabajadores lo es el Delegado de Personal; de 31 a 49, uno elegido por y entre los Delegados de Personal. Cómputo: contratos de más de un año, como fijos; hasta un año, cada doscientos días trabajados o fracción, un trabajador más.

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención

Cuatro competencias de los Delegados de Prevención: colaborar en la mejora de la acción preventiva, fomentar la cooperación de los trabajadores, ser consultados antes de ejecutarse las decisiones del artículo 33 y vigilar que se cumpla la normativa. Sin Comité de Seguridad y Salud, ejercen las competencias de este. Facultades (siete), como acompañar a técnicos e Inspectores, acceder a información, visitar los lugares de trabajo y proponer la paralización. Informes: quince días, o el tiempo imprescindible ante riesgos inminentes. La negativa del empresario a sus propuestas ha de motivarse.

Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención

A los Delegados de Prevención se les aplican las garantías del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. El tiempo de sus funciones se imputa al crédito de horas mensuales retribuidas, pero es en todo caso tiempo de trabajo efectivo, sin imputación a ese crédito, el de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, otras convocadas por el empresario en materia de prevención y ciertas visitas. El empresario les da medios y formación: es tiempo de trabajo y su coste no recae en ellos. Deben sigilo profesional. Para el personal administrativo o estatutario rige la Ley 9/1987.

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación para la consulta regular y periódica en prevención. Se constituye en empresas o centros con 50 o más trabajadores. Lo forman los Delegados de Prevención y, en igual número, el empresario y/o sus representantes. Participan con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención no incluidos en él; también trabajadores cualificados y técnicos ajenos si lo solicita alguna representación. Se reúne trimestralmente y cuando lo pida una representación. Cabe un Comité Intercentros.

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud tiene dos competencias: participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos, proponiendo mejoras o correcciones. Sus cuatro facultades: conocer directamente la situación, con visitas, conocer documentos e informes, conocer y analizar los daños en la salud o integridad física y conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. Cabe acordar reuniones conjuntas de Comités o, en su defecto, de Delegados de Prevención y empresarios.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Trabajadores y representantes pueden recurrir a la Inspección de Trabajo si creen insuficientes las medidas del empresario. En sus visitas, el Inspector comunica su presencia al empresario, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales, para que le acompañen, salvo que perjudique sus funciones. Informa de los resultados a los Delegados y al empresario por diligencia en el Libro de Visitas. Se consulta a las organizaciones más representativas antes de los planes de actuación, en especial para empresas de menos de seis trabajadores.

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles aseguran que no sean fuente de peligro si se usan como recomiendan. Los de productos y sustancias químicas los envasan y etiquetan para su conservación y manipulación seguras, identificando contenido y riesgos. Todos informan de la utilización correcta, medidas preventivas adicionales y riesgos. Los de elementos de protección aseguran su efectividad e informan del tipo de riesgo, nivel de protección y uso y mantenimiento. El empresario garantiza que llegue a los trabajadores en términos comprensibles.

Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales da lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles por los daños y perjuicios derivados. Las responsabilidades administrativas del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones por daños y perjuicios y con el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social que fije el órgano competente. El apartado 2 está derogado.

Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Si el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprueba una infracción de la normativa de prevención, requiere al empresario su subsanación, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos proceda la paralización del artículo 44, y sin perjuicio de la propuesta de sanción. El requerimiento se hace saber por escrito, con las deficiencias y el plazo de subsanación, y se comunica a los Delegados de Prevención. Si se incumple y persisten los hechos, levanta acta de infracción si no lo hizo antes. Los requerimientos de los funcionarios del artículo 9.2 tienen iguales requisitos y efectos.

Artículo 44. Paralización de trabajos

Si el Inspector de Trabajo aprecia un riesgo grave e inminente puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos. Se comunica a la empresa, que lo traslada de inmediato a los trabajadores afectados, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes del personal. El Inspector da traslado inmediato a la autoridad laboral, ante la que la empresa puede impugnar en tres días hábiles; se resuelve en veinticuatro horas como máximo. La levanta la Inspección o el empresario al subsanar las causas. Sin perjuicio del salario o indemnizaciones.

Artículo 45. Infracciones administrativas

En el personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones se responden mediante la imposición, por resolución de la autoridad competente, de medidas correctoras. En la Administración General del Estado lo regula el Gobierno con tres principios: lo inicia el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por orden superior, por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal; la Inspección requiere medidas y plazo, con traslado a la unidad inspeccionada para alegaciones; y si los Ministros discrepan decide el Consejo de Ministros.

Artículo 46. Infracciones leves

Artículo 47. Infracciones graves

Artículo 48. Infracciones muy graves

Artículo 49. Sanciones

Artículo 50. Reincidencia

Artículo 51. Prescripción de las infracciones

Artículo 52. Competencias sancionadoras

Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo

Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones de seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia pueden acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo, sin perjuicio en todo caso del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas para garantizarlo.

Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo se rigen por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 1. Objeto

El Decreto fija los principios, competencias, procedimientos y criterios técnicos y organizativos que rigen la Prevención de Riesgos Laborales como parte integrante de la gestión de las actividades de la Administración de la Junta de Andalucía. En particular, regula la elaboración y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en cada Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial, como instrumento de esa integración y como garantía de calidad y eficacia en la protección de la seguridad y salud de los empleados y empleadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Decreto se aplica en las distintas Consejerías, las agencias administrativas y las agencias de régimen especial, en cuatro sectores: Administración General, Administración Educativa, Administración Sanitaria y Administración de Justicia. Alcanza tanto a las unidades centrales como a las territoriales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 3. Objetivos

La Junta considera principio prioritario la salvaguardia y promoción de la salud y seguridad de su personal empleado público y de todas las personas que trabajen dependiendo directa o indirectamente de sus Órganos. Fija dos grupos de objetivos. Del Plan de Prevención: aplicarlo como instrumento de integración y de coordinación administrativa, reducir progresivamente la siniestralidad con mejora continua e integrar la perspectiva de género. De la Prevención: promover buenas prácticas, contribuir a la Responsabilidad Social Corporativa y dotar adecuadamente la estructura de recursos preventivos.

Artículo 4. Responsabilidades y competencias

Los titulares de los Órganos Directivos Centrales competentes en personal elaboran, implantan, controlan, revisan y actualizan el Plan. Su gestión corresponde a las unidades de personal y administración general, donde se crean Unidades de Prevención, que son los servicios de prevención propios; cabe asistencia externa a propuesta de la unidad de prevención y previo informe favorable de la Consejería de seguridad y salud laboral. Esta Consejería informa el Plan antes de su aprobación; la de Administración Pública sigue y aplica los Acuerdos de representación y participación.

Artículo 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía

De conformidad con el artículo 2.1 del Real Decreto 39/1997, en la redacción dada por el Real Decreto 604/2006, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta con la que se integra la actividad preventiva de las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial en el sistema general de gestión de las mismas y se establece la política común de prevención. El Plan de la Administración de la Junta de Andalucía es el conjunto de los Planes de todas ellas.

Artículo 6. Contenido del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial

De conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto 39/1997, el Plan de cada Consejería o agencia tiene cuatro contenidos: 1) identificación (al menos organigrama, competencias, funciones y actividades, y relación pormenorizada de los centros de trabajo); 2) organización de la prevención (Órganos de Gestión, ámbitos organizativos y estructura especializada: Unidades de Prevención y sus puestos); 3) organización de la actividad, con procedimientos adecuados sobre una lista de aspectos; y 4) objetivos del Plan en los sucesivos períodos que se señalen.

Artículo 7. Elaboración y aprobación

La Dirección General competente en materia de Seguridad y Salud Laboral establece, mediante una guía técnica, las bases y criterios para elaborar el Plan de Prevención y, en particular, los procedimientos de gestión, que incluirán las metodologías comunes que han de adoptarse. El Plan de cada Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial lo elaboran los Órganos señalados en el artículo 4 apartado 1, se aprueba por Orden del titular de la Consejería y se da traslado del mismo a la Consejería competente en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 8. Auditoria, revisión y actualización

A tenor de la auditoria interna prevista en el propio Plan, cada Consejería o agencia lo revisa y actualiza en lo que precise, por el procedimiento establecido para su elaboración, informando a los Órganos competentes de las Consejerías de Seguridad y Salud Laboral y de Administración Pública. El Plan se actualiza además de forma anual según los cambios en la estructura orgánica, funcional y de los centros de trabajo. La Consejería competente en Seguridad y Salud Laboral audita cada Plan con periodicidad bianual, para supervisar las auditorías internas y el cumplimiento de sus medidas.

Artículo 9. Participación de las personas empleadas públicas

La participación de las personas empleadas públicas en la elaboración, aplicación y evaluación del Plan se articula según el capítulo V de la Ley 31/1995, la demás normativa aplicable y los Acuerdos de participación y representación en vigor o que se firmen, con medidas que favorezcan una representación igualitaria. Se lleva a cabo a través de los delegados de prevención y los órganos de participación y comprende ocho aspectos, entre ellos la designación de los encargados de las medidas de emergencia, el recurso a un servicio de prevención externo y la formación preventiva.

Artículo 10. Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales están adscritos a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en Seguridad y Salud Laboral y son Órganos propios, de ámbito provincial, de la estructura preventiva de la Junta. Actúan directamente en vigilancia de la salud y dan asesoramiento especializado, apoyo y referencia a los Servicios de Prevención internos. Desarrollan sus funciones bajo la coordinación técnica e instrucciones de la Dirección General competente, que establece los procedimientos de vigilancia de la salud previo informe favorable de la Consejería de Salud.

Artículo 11. Dotación de medios

La dotación de la estructura preventiva de la Administración de la Junta de Andalucía está compuesta por los Servicios de Prevención de las distintas Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial, y por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. La dotación de estos Centros la determina la Dirección General competente en materia de Seguridad y Salud Laboral, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Salud sobre la dotación de medios para las funciones de vigilancia de la salud.

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley

La Ley de Empleo fija el marco de ordenación de las políticas públicas de empleo y regula las estructuras, recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional de Empleo. Su objetivo es promover la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo, garantizar los servicios garantizados y una adecuada cartera de servicios, para crear empleo, reducir el desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial.

Artículo 2. Definición de la política de empleo

La política de empleo la integran las políticas activas de empleo y las de protección frente al desempleo; su diseño y ejecución se coordinan con la colaboración de las Administraciones competentes y la participación de los interlocutores sociales. Las activas buscan mejorar la empleabilidad, reducir el desempleo, el empleo digno y el pleno empleo (arts. 35 y 40 CE, estrategia europea). Las de protección son prestaciones y subsidios por desempleo (art. 41 CE).

Artículo 3. Otros conceptos básicos

Define conceptos de la ley. Persona joven: demandante menor de treinta años o beneficiaria de Garantía Juvenil. La intermediación no puede hacerse exclusivamente por medios automatizados. Colocación adecuada: en la profesión demandada, la habitual u otra ajustada a sus aptitudes (en estos dos casos con salario equivalente al del sector); indefinida y nunca por debajo del SMI. La búsqueda activa se acredita con la suscripción y cumplimiento del acuerdo de actividad.

Artículo 4. Objetivos de la política de empleo

Enumera quince objetivos de la política de empleo (letras a a ñ): mercados inclusivos e igualdad, empleo de calidad y estable, mantenimiento del empleo y formación, cualificación, atención a colectivos prioritarios, intermediación eficiente, servicio integrado de información, movilidad funcional y sectorial, acompañamiento personalizado, libre circulación en el ámbito estatal y del Espacio Económico Europeo, integración de inmigrantes, emprendimiento y economía social, protección ante el desempleo, anticipación a medio y largo plazo y atención a empresas.

Artículo 5. Principios rectores de la política de empleo

Los principios rectores de la política de empleo son: igualdad y no discriminación (por edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, religión, afiliación sindical, lengua, etc.); transparencia del mercado de trabajo, difundiendo políticas, servicios y ofertas y demandas a través del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo; colaboración institucional y coordinación; adaptación, acompañamiento y activación; eficacia y eficiencia; y adecuación al territorio. También rigen la actuación de las entidades colaboradoras.

Artículo 6. Planificación de la política de empleo

La política de empleo se desarrolla dentro de la planificación de la política económica, en el marco de la estrategia coordinada para el empleo del TFUE. En el ámbito estatal, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en el marco de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, planifica la política que desarrollan la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos. El Gobierno aprueba las normas en la materia y, en todo caso, gestiona y controla las prestaciones por desempleo a través de ese Ministerio.

Artículo 7. Dimensión autonómica y local de la política de empleo

La política de empleo debe tener en cuenta su dimensión autonómica y local; se favorecen iniciativas de empleo en esos ámbitos y se garantiza una atención personalizada, especializada y continuada. Las Comunidades Autónomas desarrollan la política de empleo, fomentan el empleo y ejecutan la legislación laboral y los programas. Las Corporaciones Locales colaboran y cooperan; las entidades locales pueden participar en la concertación territorial, y los servicios autonómicos de empleo determinan su representación en los órganos autonómicos.

Artículo 8. Sistema Nacional de Empleo

El Sistema Nacional de Empleo lo conforman la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos; colaboran Corporaciones Locales y otras entidades. Prestar servicios de empleo es servicio público, sea quien sea quien lo haga. Sus órganos de gobernanza son la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Entre sus funciones: concretar la Estrategia mediante el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y mantener una Cartera Común de Servicios. La Agencia articula la participación autonómica en la PES Network.

Artículo 9. Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales es el órgano de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La preside la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la forman los consejeros autonómicos y de Ceuta y Melilla competentes en empleo; puede convocarse, con voz pero sin voto, a otras Administraciones y a la asociación local más representativa. Entre sus funciones: acordar la distribución de créditos a las Comunidades Autónomas, identificar colectivos prioritarios y elaborar con el Consejo General el Informe Conjunto sobre el empleo.

Artículo 10. Consejo General del Sistema Nacional de Empleo

El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo es el órgano consultivo y de participación institucional en empleo. Es tripartito: lo preside la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Empleo y lo integran un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de miembros de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las sindicales más representativas. Los votos empresariales y sindicales se ponderan para que cada representación pese lo mismo que el conjunto de ambas administraciones. Informa propuestas normativas y la planificación.

Artículo 11. Estrategia e instrumentos de planificación de la política de empleo

El Sistema Nacional de Empleo se ordena con los principios de lealtad institucional, adecuación al reparto de competencias, colaboración, coordinación y cooperación. El seguimiento y evaluación de las políticas activas se hace en la Conferencia Sectorial y en el Consejo General y se recoge en un Informe Conjunto sobre el empleo. Los instrumentos de planificación y coordinación son la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.

Artículo 12. La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprueba por real decreto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, previo informe del Consejo General y de la Conferencia Sectorial. Es cuatrienal, con evaluación intermedia a los dos años y ex post al final. Se articula en siete Ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de empleo, Oportunidades para personas con discapacidad, Igualdad de oportunidades, Emprendimiento y Mejora del marco institucional, este último transversal.

Artículo 13. El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno

El Plan Anual concreta cada año las directrices para alcanzar los objetivos de la Estrategia en el Estado y en cada Comunidad Autónoma, con indicadores anuales, y fija los servicios y programas de las Comunidades y de la Agencia. La Agencia puede modificarlos excepcionalmente a petición justificada de la Comunidad por necesidades extraordinarias sobrevenidas. Lo elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo informan el Consejo General y la Conferencia Sectorial y lo aprueba el Consejo de Ministros. Se articula en seis Ejes; el sexto, transversal.

Artículo 14. El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo

El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo es el instrumento técnico de coordinación del Sistema Nacional de Empleo: mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial, establece protocolos de registro de datos comunes. Es una red de información común para la estructura pública y privada del empleo. Se integran necesariamente la Agencia, los servicios autonómicos, las agencias privadas de colocación y las entidades colaboradoras. Se coordina con la Red Europea y permite el perfilado de las personas usuarias.

Artículo 15. Criterios orientadores del Sistema Público Integrado de Información

El Sistema Público Integrado de Información garantiza la intermediación sin barreras territoriales, el registro de demandantes y empleadores, la trazabilidad de actuaciones, estadísticas comunes, la comunicación del contenido de los contratos y el seguimiento de formación, orientación, iniciativas de empleo, bonificaciones y entidades colaboradoras. Reúne datos de empleo, empleabilidad y vacantes. Su calidad se somete a una auditoría anual. La información debe seguir la regulación estatal de seguridad e interoperabilidad y se promueve su publicación como datos abiertos.

Artículo 16. Tratamiento de datos

Los tratamientos de datos se rigen por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Se tratan los datos imprescindibles para la política de empleo (identificativos, laborales, formativos, de protección social y socioeconómicos). Son responsables del tratamiento la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos; son encargados las entidades colaboradoras públicas y privadas. Rige la minimización de datos, que se conservan el tiempo necesario y luego se suprimen. Pueden comunicarse a jueces, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para investigar delitos.

Artículo 17. Toma de decisiones fundamentada en el análisis de datos, las evidencias estadísticas y el análisis del mercado de trabajo

La información del Sistema Público Integrado es la base de herramientas de apoyo a decisiones basadas en datos y evidencias estadísticas, desarrolladas en el Sistema Nacional de Empleo con las Comunidades Autónomas y puestas a disposición del personal de tutorización y de atención. Se evita la discriminación y sus efectos se evalúan cada año. Las decisiones y recomendaciones siempre pueden ser revisadas o modificadas por el personal de tutorización, y la persona interesada accede a su contenido íntegro. El algoritmo se desarrolla reglamentariamente y no se usan categorías especiales de datos.

Artículo 18. Autorización para la creación de la Agencia Española de Empleo

El artículo autoriza la creación de la Agencia Española de Empleo. Las condiciones de transformación del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., en la Agencia Española de Empleo se regularán mediante Real Decreto, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la ley. La ley no crea directamente la Agencia: la autoriza y remite la transformación a una norma reglamentaria.

Artículo 19. Concepto y misión

La Agencia Española de Empleo será una entidad de derecho público de la Administración General del Estado. Se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas tanto de las políticas activas de empleo como de protección por desempleo, siempre en el marco de lo establecido en la Ley de Empleo. Conviene retener los tres verbos de su misión y que abarca las dos ramas de la política de empleo.

Artículo 20. Naturaleza y régimen jurídico

La Agencia Española de Empleo es un organismo público de la Ley 40/2015, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Como agencia estatal tiene personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad, con plan de acción anual y contrato plurianual de gestión. Se rige por la Ley 40/2015, la Ley General Presupuestaria y su estatuto. Controles: de eficacia, la Secretaría de Estado; interno, la Intervención General del Estado; externo, el Tribunal de Cuentas.

Artículo 21. Estructura organizativa

Los estatutos de la Agencia Española de Empleo concretan su estructura organizativa, con la composición, funciones, competencia y rango de cada órgano. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participan de forma tripartita y paritaria en sus órganos. Se facilita, cuando proceda, la consulta a la economía social y al trabajo autónomo. En todo caso, la estructura central tendrá un consejo rector y una comisión permanente como órganos rectores y de participación institucional.

Artículo 22. Competencias

Competencias de la Agencia Española de Empleo: proponer normas al Ministerio, elaborar y aprobar su anteproyecto de presupuesto, percibir fondos europeos, elaborar el proyecto de la Estrategia y del Plan Anual con las Comunidades, gestionar el Observatorio de las Ocupaciones, mantener bases de datos y estadísticas, gestionar programas con cargo a su reserva de crédito (dotada cada año por la Ley de Presupuestos, previo informe de la Conferencia Sectorial), gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, representar a España en EURES y coordinar los Centros de Orientación.

Artículo 23. Definición y competencias

Los servicios públicos de empleo autonómicos son los órganos o entidades que gestionan y desarrollan las políticas activas de empleo y garantizan los servicios de empleo comunes y complementarios. Para prestarlos pueden recurrir a Corporaciones Locales o a otras entidades públicas o privadas colaboradoras. Las normas autonómicas pueden desarrollar una cartera complementaria y programas propios. Elaboran los instrumentos de la política autonómica de empleo en coordinación con la Estrategia, el Plan Anual, las Orientaciones Específicas y la Estrategia Europea.

Artículo 24. Estructura organizativa

Los servicios públicos de empleo autonómicos, según sus potestades organizativas, deben contar con los recursos humanos necesarios para prestar de forma eficaz los servicios de empleo comunes y complementarios, cumplir los servicios garantizados y compromisos con personas y empresas usuarias y participar en la política autonómica de empleo. Su estructura organizativa debe incluir órganos tripartitos y paritarios con participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Artículo 25. Entidades públicas colaboradoras

Dentro del marco competencial existente, las entidades locales colaborarán con la Agencia Española de Empleo y con los servicios públicos de empleo autonómicos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del artículo 4. Además, para cumplir esos mismos objetivos, la Agencia y los servicios autonómicos podrán determinar la colaboración con otras entidades públicas. La colaboración local es un deber («colaborarán»); la de otras entidades públicas, una posibilidad.

Artículo 26. Entidades privadas de empleo colaboradoras

Las entidades privadas que actúen en políticas activas de empleo deben colaborar y coordinarse con los organismos públicos. Las que opten por esa colaboración deben actuar con total transparencia e informar de su actividad a los organismos autonómicos de empleo; si su ámbito excede de una Comunidad, también a los servicios autonómicos afectados y a la Agencia Española de Empleo. La información se transmite con periodicidad anual e incluye, como mínimo, una memoria de actividades con datos numéricos y cualitativos concretos.

Artículo 27. Acuerdos marco de colaboración

La Agencia Española de Empleo y los servicios de empleo autonómicos pueden suscribir con entidades privadas, que actúen individual o mancomunadamente, acuerdos marco de vigencia máxima cuatrienal, en los términos de los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Tanto los acuerdos marco como los contratos basados en servicios se someten a esa Ley 9/2017 y a su normativa de desarrollo.

Artículo 28. Personal de los servicios públicos de empleo

El personal del Sistema Nacional de Empleo lo conforman dos grupos: el personal al servicio de la Agencia Española de Empleo y el personal al servicio de las entidades autonómicas de empleo. El artículo no incluye en esa definición al personal de las entidades colaboradoras ni al de las Corporaciones Locales, aunque estas colaboren con el sistema.

Artículo 29. Dotación de las plantillas de los servicios públicos de empleo

La Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos, mediante sus instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, deben tener los recursos humanos necesarios para prestar los servicios de forma eficaz y eficiente, atender de forma personalizada a personas y empresas usuarias y cumplir los servicios garantizados de su cartera. En el caso de la Agencia, siempre dentro de lo que permitan las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. También deben contar con plantillas suficientes para gestionar el Sistema Público Integrado de Información, con ese mismo límite.

Artículo 30. Especialización y profesionalización del personal de los servicios públicos de empleo y las entidades colaboradoras

La Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos procurarán mantener plantillas con perfiles técnicos y de gestión especializados en políticas de empleo, capaces de atender a los distintos perfiles de demandantes, incluidas las personas con discapacidad. Sus planes de formación incluirán las acciones necesarias y formación específica en accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo. En la colaboración con entidades públicas y privadas se procurará adecuar sus plantillas y se ponderará su profesionalización.

Artículo 31. Concepto de las políticas activas de empleo

Las políticas activas de empleo son el conjunto de servicios y programas de orientación, intermediación, empleo, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, dirigidos a crear empleo, mejorar el acceso a un empleo digno por cuenta ajena o propia, mantener y mejorar la empleabilidad y fomentar el espíritu empresarial y la economía social. Sus objetivos prioritarios son elevar la empleabilidad, reducir las brechas de género y conseguir el ajuste simultáneo entre oferta y demanda. A los colectivos prioritarios se les garantizan servicios especializados.

Artículo 32. Desarrollo de las políticas activas de empleo

Las políticas activas se desarrollan en todo el Estado en el marco de los instrumentos de planificación. Las diseñan y ejecutan la Agencia y los servicios autonómicos, que gestionan sus recursos directamente o mediante colaboración público-privada o público-pública (contratos-programa, subvenciones, acuerdos marco, convenios). Cada año elevan a la Conferencia Sectorial una memoria de gasto y resultados. Los contratos-programa con entidades del sector público tienen naturaleza administrativa, vigencia máxima de cuatro años y los celebra, en la Agencia, la persona titular de su Dirección.

Artículo 33. Sistema de formación en el trabajo

La formación en el trabajo tendrá regulación específica. Sus fines incluyen: formación a lo largo de la vida de ocupados y desempleados, del sector público y privado; consolidar el derecho a la formación y a la promoción profesional, incluido el permiso de veinte horas anuales acumulables hasta cinco años; mejorar competencias, sobre todo digitales y de sostenibilidad; productividad de las empresas; perspectiva de género en todos los contenidos; empleabilidad; valoración de competencias pactada en negociación colectiva; transición digital y ecológica; y formación programada por las empresas.

Artículo 34. Concepto

La empleabilidad es el conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y del mercado de trabajo. Además, debe producir un ajuste dinámico entre las competencias propias y las demandadas por el mercado de trabajo.

Artículo 35. Mantenimiento y mejora de la empleabilidad

El mantenimiento y mejora de la empleabilidad es un derecho y un deber de las personas demandantes de los servicios de empleo, como desarrollo del artículo 35 de la Constitución. El Sistema Nacional de Empleo debe velar por ella respecto de todas las personas demandantes, y todas las actuaciones de sus entidades públicas y privadas se orientan a ese derecho. Las políticas de protección frente al desempleo siguen la misma orientación: las personas beneficiarias no deben verse abocadas a decisiones que perjudiquen su profesionalidad.

Artículo 36. La medición de la mejora de la empleabilidad: tasas de empleabilidad, intermediación y cobertura

Los itinerarios individuales y patrones de atención buscan mejorar la empleabilidad. Se miden con tres tasas: la de empleabilidad, definida reglamentariamente tras deliberación técnica en el Sistema Nacional de Empleo y el Diálogo Social; la de intermediación, que mide el impacto de las atenciones en las transiciones al empleo y la atención a empresas; y la de cobertura, que indica qué proporción de personas desempleadas está protegida. Las tres se publican, se actualizan periódicamente y se desagregan por sexo y edad.

Artículo 37. El catálogo de instrumentos de empleabilidad

El Sistema Nacional de Empleo mantiene y actualiza un catálogo de instrumentos eficaces de empleabilidad, cuya utilidad debe estar contrastada con datos objetivos cuantitativos y cualitativos. El catálogo orienta las acciones que se proponen a cada persona según su perfilado. Al actualizarlo se buscan las mejores prácticas de los ámbitos territoriales del Sistema y de otros Estados del Espacio Económico Europeo. Lo desarrolla el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.

Artículo 38. Competencias básicas para la empleabilidad

Son finalidades prioritarias de las acciones de empleabilidad mejorar las competencias básicas de los demandantes de empleo en comunicación oral y escrita y en manejo y aprovechamiento de herramientas digitales y tecnológicas, asegurando su plena accesibilidad y la no discriminación en su uso. Desarrollar estas competencias y habilidades debe ser una competencia transversal en la programación de todas las actividades de empleabilidad.

Artículo 39. No discriminación

Al planificar, organizar y desarrollar acciones de empleabilidad se pondrá especial cuidado en evitar discriminaciones por edad, sexo o discapacidad, o por otras razones (orientación sexual, identidad de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier circunstancia personal, familiar o social), y decisiones con sesgo o estereotipo negativo. Tampoco se fijarán criterios que presupongan que los destinatarios son suficientemente mayores o jóvenes, o referidos a su sexo o discapacidad.

Artículo 40. Concepto de la intermediación laboral

La intermediación laboral es el conjunto de acciones para proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado y a los empleadores los trabajadores más apropiados. Puede comprender: prospección y captación de ofertas; puesta en contacto de ofertas con quien busca empleo; selección sin sesgos de género, edad o discapacidad; y apoyos a solicitantes (en especial colectivos prioritarios). Es colocación especializada la recolocación de afectados por reestructuraciones y también la selección de personal, aunque se busque entre no inscritos.

Artículo 41. Agentes de la intermediación

En el Sistema Nacional de Empleo la intermediación se realiza únicamente a través de los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación (incluidas las especializadas en recolocación o selección de personal) y otros servicios que se determinen reglamentariamente para o con las personas trabajadoras en el exterior. Las entidades colaboradoras o promotoras de programas de políticas activas aprobados por los servicios públicos pueden intermediar de forma complementaria con sus participantes, sin constituirse como agencias de colocación.

Artículo 42. El servicio público de intermediación laboral

La intermediación laboral es un servicio de carácter público, la haga quien la haga. Los servicios públicos de empleo, directamente o a través de agencias de colocación, la garantizan sin barreras territoriales y gratuita para los trabajadores. Pueden firmar acuerdos o convenios con agencias y derivarles demandantes. La financiación pública somete a las agencias a indicadores de eficiencia; las que tengan ánimo de lucro harán al menos un 60 % de su actividad con fondos propios. Su actividad la siguen y evalúan los servicios de empleo de cada territorio.

Artículo 43. Agencias de colocación

Son agencias de colocación las entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que intermedian en coordinación con los servicios públicos de empleo o como colaboradoras. Basta una declaración responsable ante el servicio público de empleo de la Comunidad o ciudad autónoma de su establecimiento principal: vale en todo el Estado, sin límite de duración, y pueden empezar ese mismo día. Tienen obligaciones (información, gratuidad, protección de datos, accesibilidad, igualdad). El falseamiento o el incumplimiento causan baja, y no podrán volver a serlo en dos años.

Artículo 44. La actividad de recolocación de las personas trabajadoras

La recolocación de trabajadores afectados por reestructuraciones empresariales puede hacerla el personal de los servicios públicos de empleo o agencias de colocación. Se desarrolla según el plan de recolocación externa (art. 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y art. 9 del Real Decreto 1483/2012) y también puede promoverla el servicio público de empleo cuando lo vea oportuno. El plan procurará en particular el retorno al trabajo de quienes pierdan el empleo por despido colectivo después de los cincuenta y dos años.

Artículo 45. La actividad de selección de personal

La selección de personal, como colocación especializada, puede hacerla directamente el personal de los servicios públicos de empleo o agencias de colocación. Se rige por la igualdad y la no discriminación en el acceso al empleo por edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, lengua dentro del Estado o cualquier otra circunstancia personal o social.

Artículo 46. Indicadores de eficiencia

Los indicadores de proceso, impacto y resultados que miden la eficiencia de las agencias de colocación se regularán reglamentariamente, teniendo en cuenta, entre otros, el número y perfil de las personas atendidas, las ofertas captadas, la reducción de las brechas de género y las inserciones logradas. La medición debe incentivar el acceso en igualdad a los Servicios de Empleo de cualquier persona, con independencia de su empleabilidad inicial.

Artículo 47. Solicitantes y perceptores de prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica frente a la situación de desempleo

Quien solicite o perciba prestaciones o subsidios de desempleo o por cese de actividad debe adquirir la condición de demandante de servicios de empleo, con los servicios garantizados y el acuerdo de actividad. Quien perciba otras rentas frente al desempleo será usuario de los servicios públicos de empleo. El procedimiento lo acuerdan la Agencia Española de Empleo, el Instituto Social de la Marina si es competente y los servicios públicos de empleo. Cumplir el itinerario supone cumplir el acuerdo de actividad, y lo acreditan los servicios públicos o entidades colaboradoras.

Artículo 48. Colaboración institucional

La Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo autonómicos, las entidades colaboradoras, el INSS, el ISM, la TGSS, las mutuas y otras entidades gestoras de prestaciones por desempleo o cese de actividad colaborarán mutuamente. Los servicios de empleo suministran datos del perfil, itinerario, acciones y ofertas; las gestoras, datos de la protección y de los períodos de actividad. Todo ello conforme a la normativa de protección de datos, y coordinado mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y convenios.

Artículo 49. Programas y medidas de apoyo activo al empleo

Se articularán programas que permitan compatibilizar, al menos parcialmente, las prestaciones por desempleo o cese de actividad con un trabajo por cuenta ajena o propia, con las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla. Caben programas extraordinarios y temporales para colectivos prioritarios o para la movilidad geográfica voluntaria. Para emprender o crear economía social viable, la prestación contributiva puede abonarse por una sola vez, total o parcialmente, y/o destinarse a cuotas a la Seguridad Social, con auditoría de viabilidad y acompañamiento técnico.

Artículo 50. Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo

El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán programas específicos para personas con especiales dificultades de empleo. La ley enumera los colectivos vulnerables de atención prioritaria (jóvenes con baja cualificación, parados de larga duración, personas con discapacidad, mayores de 45 años, etc.). Tienen mayores dificultades las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o autismo con discapacidad igual o superior al 33 %, y las de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.

Artículo 51. La perspectiva de género en las políticas de empleo

Los organismos de empleo públicos y privados deben promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo y evitar toda discriminación, con más intensidad si la demandante encabeza una familia monomarental. Habrá objetivos cuantitativos de reducción de la brecha en los sectores donde la diferencia de empleo en perjuicio de las mujeres supere la media total, computada anualmente. Caben incentivos para incorporar varones en ámbitos feminizados y acciones de empleabilidad solo para mujeres donde estén infrarrepresentadas.

Artículo 52. Políticas de empleo para mayores de cuarenta y cinco años

Son colectivo prioritario de las políticas de empleo las personas demandantes de servicios de empleo que hayan alcanzado los cuarenta y cinco años, cuando hayan perdido su empleo o estén en riesgo de perderlo. La atención se intensifica si tienen a cargo menores de dieciséis años o mayores dependientes.

Artículo 53. Personas demandantes de servicios de empleo jóvenes

Es persona joven quien no haya alcanzado los treinta años o sea beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los jóvenes son siempre colectivo prioritario, sobre todo los mayores de 18 años sin titulación para un contrato formativo para la práctica profesional. Con los de dieciséis y diecisiete años sin estudios, la prioridad es volver al sistema educativo y mejorar sus cualificaciones; con los titulados, favorecer la práctica profesional. En general se promueve empleo de calidad, indefinido, a jornada completa y con salarios dignos.

Artículo 54. Personas con discapacidad demandantes de servicios de empleo

Para las personas con discapacidad se tendrán especialmente en cuenta las medidas del artículo 39.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Los servicios de empleo procurarán prioritariamente su acceso al empleo ordinario, el mantenimiento del empleo, la mejora de su empleabilidad y su desarrollo profesional, y la sostenibilidad del empleo protegido. Si lo deciden las Administraciones competentes, el personal de los servicios de empleo se integrará en los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad. Habrá acciones positivas y empleo con apoyo.

Artículo 55. Servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo y a personas, empresas y demás entidades empleadoras

La Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, directamente o colaborando con otros agentes públicos, privados y los interlocutores sociales, deben garantizar en todo el territorio nacional los servicios de los artículos siguientes a los demandantes de servicios de empleo y a los empleadores. Su asignación se apoyará en el análisis de datos y en evidencias estadísticas de impacto y efectividad. Su contenido y alcance se fijarán reglamentariamente.

Artículo 56. Catálogo de servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo

Son servicios garantizados a los demandantes: perfil individualizado con diagnóstico previo; tutorización individual durante las transiciones laborales; itinerario personalizado con acuerdo de actividad; formación en el trabajo; asesoramiento para el autoempleo; intermediación eficiente; canal presencial o digital; acceso a trabajos en todo el Estado en iguales condiciones; protección social; y expediente laboral único. La evaluación individual se dará lo antes posible y el itinerario, en un mes como máximo desde la elaboración del perfil.

Artículo 57. Catálogo de servicios garantizados a personas, empresas y demás entidades empleadoras

La Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos deben garantizar en todo el territorio a empleadores: gestión de las ofertas presentadas; información y asesoramiento sobre contratación y sus medidas de apoyo; identificación de sus necesidades de puestos y perfiles; información y apoyo sobre la comunicación de contrataciones y trámites; apoyo en la recolocación en los supuestos legales; e información sobre la difusión de ofertas en la Unión Europea mediante la Red EURES. Se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 58. Compromisos de las personas demandantes de servicios de empleo

Los demandantes de servicios de empleo se comprometen a: colaborar en su perfil y en el diseño de su itinerario, aportando documentación y atendiendo requerimientos; desarrollar, salvo causa justificada, las actividades del itinerario; cumplir, salvo causa justificada, la formación y la carga lectiva mínima del acuerdo de actividad; mantener una actitud activa; comunicar cambios de domicilio y otras circunstancias relevantes; y, si están desempleados, aceptar ofertas de empleo adecuadas.

Artículo 59. Compromisos de las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo

Para acceder a los servicios garantizados del artículo 57.2, las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo se comprometen a: colaborar activamente con los servicios públicos de empleo en la planificación de las actividades formativas; comunicar sus puestos vacantes en los términos que fije el reglamento; y colaborar con la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras.

Artículo 60. Personas, empresas y demás entidades usuarias de los servicios de empleo

Pueden ser usuarios de los servicios de empleo dos grupos: las personas demandantes de servicios de empleo, y las personas, empresas y demás entidades empleadoras, cualquiera que sea su forma jurídica. El artículo no limita el acceso de los empleadores por razón de la forma que adopten.

Artículo 61. Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y carteras propias

La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, regulada por reglamento, recoge los servicios garantizados y los demás que se presten en todo el Estado. Se agrupan en orientación, intermediación y asesoramiento a empresas, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el desarrollo local. Cada servicio público puede aprobar su propia cartera, que incluirá siempre la común, más servicios complementarios. Además se implantará, con carácter accesorio, una cartera digital con asistente virtual e identificación electrónica.

Artículo 62. Régimen presupuestario de fondos de empleo de ámbito nacional

Los fondos de empleo de ámbito nacional son competencia del Estado y figuran identificados en los presupuestos estatales. Se distribuyen según el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria y financian programas del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno. El Consejo de Ministros, previo informe de Hacienda, puede fijar criterios plurianuales para las Comunidades que cumplan objetivos. Si los cumplen, devuelven los remanentes no comprometidos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Se reserva crédito para la Administración General del Estado.

Artículo 63. Políticas activas de empleo cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea

Al distribuir los fondos que gestionarán las Comunidades Autónomas, se identificarán los programas cofinanciados por fondos de la Unión Europea. Cuando una política activa de empleo esté cofinanciada por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma que haya asumido su gestión asume también la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos de la legislación comunitaria aplicable.

Artículo 64. Órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional

Son órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional: la Agencia Española de Empleo; los órganos de las Comunidades Autónomas, respecto de la gestión transferida; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Intervención General de la Administración del Estado; el Tribunal de Cuentas; y, si hay cofinanciación europea, los órganos de la Unión y las autoridades estatales de gestión y pagadoras de los fondos estructurales. Cada uno controla según su normativa.

Artículo 65. Remanentes generados con la cuota de formación profesional

Los remanentes de crédito para formación en el trabajo de la reserva de la Agencia Española de Empleo se incorporan al ejercicio siguiente, según la Ley de Presupuestos. Si el remanente de tesorería afectado a la formación en el trabajo, calculado a 31 de diciembre, supera los dos mil millones de euros durante dos ejercicios consecutivos, el exceso sobre esa cifra puede usarse al año siguiente para políticas activas de empleo que incluyan mejora de competencias, incluyéndolo en el presupuesto inicial o mediante modificación presupuestaria.

Artículo 66. Planificación y carácter público de sus resultados

La política de empleo se evaluará de forma continuada y planificada, dirigida en el seno del Sistema Nacional de Empleo y realizada con carácter externo e independiente, además de las evaluaciones internas del propio Sistema. Perseguirá los objetivos finales de la evaluación de políticas públicas en el Estado. Sus resultados serán públicos, se actualizarán periódicamente e incluirán recomendaciones que se incorporarán con claridad a la toma de decisiones.

Artículo 67. Prioridades

La evaluación de la política de empleo tiene dos prioridades: medir el retorno social y económico de las inversiones en política de empleo, y valorar la eficacia de las medidas de protección a las personas y a las empresas y su impacto en el mantenimiento del empleo.

Artículo 68. Niveles de organización

La planificación de la evaluación abarca las estrategias vigentes y sus planes de desarrollo, y se organiza al menos en cuatro niveles: estratégico (cumplimiento de objetivos); de desempeño de la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos autonómicos, según el modelo de la Comisión Europea en la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión; de impacto, eficacia y eficiencia de programas y medidas; y de satisfacción de personas y entidades empleadoras atendidas.

Artículo 69. Aspectos metodológicos y calidad de los datos

La metodología de evaluación valorará el diseño, la puesta en práctica y los efectos de las políticas de empleo, y podrá usar grupos de control, escenarios contractuales o proyectos piloto previos. Atenderá especialmente a la mejora de la empleabilidad y a las transiciones del desempleo al empleo. La fuente principal serán los datos administrativos de gestión del Sistema Nacional de Empleo, cuya calidad se asegurará con proyectos sobre su Sistema de Información, desagregados por colectivos prioritarios si es posible. Incluirá recomendaciones públicas.

Artículo 70. Otras iniciativas de evaluación

Además de lo previsto en el título de evaluación, se favorecerán las iniciativas de evaluación que las administraciones competentes desarrollen en paralelo a los niveles de gestión, para cubrir la evaluación del impacto del mayor número posible de programas y medidas. En el Sistema Nacional de Empleo se promoverá sistematizar la puesta en común de las buenas prácticas y casos de éxito que surjan de ellas.

Artículo 1. Objeto

La Ley 14/2011 regula el régimen jurídico de tres realidades: las sociedades cooperativas andaluzas, sus federaciones y las asociaciones en las que estas se integran. Su objeto no se limita, por tanto, a las cooperativas, sino que alcanza también a sus estructuras de integración.

Artículo 2. Concepto

Las cooperativas andaluzas son empresas organizadas y gestionadas democráticamente, que actúan de forma responsable y solidaria con la comunidad. Sus miembros participan en el capital y también en la actividad societaria, de una de estas formas: prestando su trabajo, satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios para añadir valor a su propia actividad empresarial.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La ley se aplica a las sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su actividad societaria en Andalucía. Eso no les impide actuar fuera: con arreglo a la ley, las cooperativas andaluzas pueden entablar relaciones con terceros y realizar actividades de carácter instrumental fuera del territorio andaluz.

Artículo 4. Principios

Once principios informan la constitución y funcionamiento de las cooperativas andaluzas: libre adhesión y baja voluntaria; estructura, gestión y control democráticos; igualdad de derechos y obligaciones; participación en la actividad y en los resultados en proporción a ella; autonomía e independencia; formación e información; cooperación empresarial e intercooperación; empleo estable y de calidad, con conciliación; igualdad de género, transversal; sostenibilidad empresarial y medioambiental; compromiso con la comunidad.

Artículo 5. Denominación

La denominación de la cooperativa debe incluir necesariamente «Sociedad Cooperativa Andaluza» o su abreviatura «S. Coop. And.», de uso exclusivo de estas sociedades. El régimen de uso y demás circunstancias de la denominación se fijan reglamentariamente, y en lo no previsto por la ley y sus normas de desarrollo rige la legislación mercantil.

Artículo 6. Domicilio social

La cooperativa fija su domicilio social en el municipio andaluz donde realice principalmente las actividades con sus socios o donde centralice la gestión administrativa. Además puede establecer las sucursales que estime convenientes, previo acuerdo adoptado al efecto por el órgano de administración.

Artículo 7. Operaciones con terceras personas

Las cooperativas pueden realizar con terceras personas las actividades y servicios que constituyen su objeto social. Los únicos límites son los que establezcan la propia Ley 14/2011, otras disposiciones de carácter sectorial que les sean de aplicación o sus propios estatutos.

Artículo 8. Constitución de la sociedad cooperativa

Las personas promotoras celebran la Asamblea constituyente, cuya acta firman todas ellas. Las promotoras, o los gestores designados de entre ellas en esa Asamblea, actúan en nombre de la futura sociedad y realizan las actividades necesarias para constituirla. El reglamento fijará el contenido del acta, que incorpora los estatutos aprobados por la Asamblea, y el régimen de la cooperativa no inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluzas pasados seis meses desde la Asamblea.

Artículo 9. Personalidad jurídica, responsabilidad constituyente e inicio de actividad

La cooperativa tiene personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Los gestores responden solidariamente ante la sociedad y dan cuenta en un mes desde la inscripción; la Asamblea General decide en dos meses qué actos acepta, y debe aceptar los indispensables para inscribirse y los mandados por la Asamblea constituyente. Puede actuar desde la Asamblea constituyente como «en constitución», con responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios; la inscripción se pide en seis meses. Sin actividad en un año desde la inscripción, hay causa de disolución.

Artículo 10. Número mínimo de personas socias

Mínimos de integrantes: las cooperativas de primer grado, al menos dos personas socias comunes; las de segundo grado, al menos dos cooperativas de primer grado; y las de grado ulterior, un mínimo de dos sociedades cooperativas del grado inmediatamente anterior.

Artículo 11. Estatutos sociales

Contenido mínimo de los estatutos: denominación, domicilio, duración y actividades; ámbito principal de actuación y cierre del ejercicio; capital social estatutario; aportación obligatoria inicial y su desembolso; requisitos objetivos de admisión; participación mínima obligatoria en la actividad; disciplina social e impugnación; garantías de los derechos; causas de baja justificada que excedan de la ley; régimen de la Asamblea General; secciones; órgano de administración; transmisión y reembolso o rehúse de aportaciones; y cualquier otra exigida por la normativa.

Artículo 12. Secciones

Los estatutos pueden prever secciones con autonomía de gestión y patrimonio separado para actividades específicas o complementarias. De sus obligaciones responde primero su patrimonio separado, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad, que puede repetir contra los socios de la sección. Estos forman la Junta de personas socias, que puede elegir un Consejo de Sección o una Administración de Sección. No tienen personalidad jurídica propia. El órgano de administración puede suspender acuerdos lesivos de la Junta, con efectos inmediatos, y la primera Asamblea General decide sobre ellos.

Artículo 13. Cualidad y clases de personas socias

Puede ser socia de una cooperativa toda persona física o jurídica, pública o privada, y también las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos, con las especialidades previstas para algunos tipos de cooperativas. Con carácter general hay cuatro clases de personas socias: comunes, de trabajo, inactivas y colaboradoras.

Artículo 14. Persona socia común

La persona socia común es aquella que realiza plenamente la actividad cooperativizada, y a ella se le aplica íntegramente el régimen general de derechos y obligaciones contenido en el capítulo dedicado al régimen social.

Artículo 15. Persona socia de trabajo

Los estatutos de las cooperativas de primer grado (salvo las de trabajo y las especiales que se determinen reglamentariamente) y de las de segundo o ulterior grado pueden prever socios de trabajo, cuya actividad cooperativizada es la prestación de su trabajo personal. Los estatutos fijan criterios de participación equilibrada con los demás socios, y se les aplican las normas de las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo en lo que proceda según su naturaleza.

Artículo 16. Persona socia inactiva

Si lo prevén los estatutos, el socio que deje de realizar la actividad cooperativizada o de usar sus servicios puede ser autorizado por el órgano de administración a seguir como persona socia inactiva. Los estatutos fijan una permanencia mínima previa no inferior a tres años y su régimen; sus votos en conjunto no pueden superar el veinte por ciento del total. Si la inactividad se debe a jubilación u otra causa estatutaria, el interés de sus aportaciones puede superar al de los activos, con el límite máximo legal.

Artículo 17. Persona socia colaboradora

Si los estatutos lo prevén, pueden ser socias colaboradoras quienes, sin realizar la actividad cooperativizada principal, contribuyan al objeto social o participen en actividades accesorias (identificadas en estatutos o reglamento de régimen interior). Sus votos en conjunto no superan el veinte por ciento y pueden elegir un representante en el Consejo Rector. Suscriben la aportación inicial, no están obligadas a nuevas aportaciones obligatorias y pueden hacer voluntarias si las autoriza la Asamblea General; sus aportaciones no superan el veinte por ciento del capital.

Artículo 18. Admisión y adquisición de la condición de socio o socia

Los estatutos fijan requisitos objetivos de admisión. La solicitud se presenta por escrito al órgano de administración, que la resuelve, publica y notifica en tres meses como máximo; si es Consejo Rector, los estatutos pueden delegar la admisión en una Comisión Ejecutiva. Sin notificación en plazo, se entiende aceptada. Después, el aspirante tiene un mes para suscribir y desembolsar aportaciones y pagar la cuota de ingreso; cumplido, adquiere la condición de socio. La denegación expresa ha de ser motivada y basarse en causa justificada o imposibilidad técnica.

Artículo 19. Derechos de los socios y socias

Derechos de la persona socia: participar en la actividad sin discriminación; elegir y ser elegible; voz y voto en la Asamblea y órganos de que forme parte; información; participar en los resultados positivos según su actividad; intereses y actualización de aportaciones; formación e intercooperación; baja; liquidación de su aportación; y otros legales o estatutarios. La información solo puede denegarse, motivadamente, si su difusión pone en grave peligro los intereses legítimos de la cooperativa, salvo petición en Asamblea secundada por más de la mitad de los votos presentes y representados.

Artículo 20. Obligaciones de los socios y socias

Obligaciones de la persona socia: cumplir estatutos, reglamento de régimen interior y acuerdos válidos; participar en la actividad cooperativizada en la forma estatutaria (sin perjuicio de la socia inactiva); cumplir sus obligaciones económicas; no competir con la cooperativa ni colaborar con quien lo haga sin autorización expresa del órgano de administración; guardar secreto sobre asuntos cuya divulgación perjudique a la entidad; aceptar los cargos para los que sea elegida salvo causa justificada; y las demás legales o estatutarias.

Artículo 21. Régimen disciplinario

Los estatutos fijan la disciplina social: solo se sanciona por faltas previstas en ellos, con amonestación, sanciones económicas, suspensión de derechos o exclusión. La facultad disciplinaria es indelegable del órgano de administración; el socio expedientado no vota y la audiencia previa es siempre preceptiva. La suspensión de derechos solo cabe por impago o falta de participación y nunca alcanza a información, asistencia con voz a la Asamblea, intereses ni actualización de aportaciones. Solo hay recurso si lo prevén los estatutos o existe Comité Técnico.

Artículo 22. Exclusión

La exclusión solo puede fundarse en causa muy grave prevista en los estatutos y la acuerda el órgano de administración, tras expediente y con audiencia del interesado. La acuerda en cambio la Asamblea General si la persona socia pertenece a la Administración Única o Solidaria. Si el acuerdo es recurrible, solo es ejecutivo cuando lo ratifica el órgano correspondiente o pasa el plazo de recurso sin recurrirse.

Artículo 23. Baja voluntaria

La persona socia puede darse de baja en cualquier momento con preaviso escrito al órgano de administración en el plazo estatutario, que no puede superar seis meses (salvo normativa comunitaria en cooperativas agrarias). Los estatutos pueden exigir permanencia mínima de hasta cinco años o no darse de baja hasta fin del ejercicio; incumplir esto o el preaviso permite exigir indemnización. Es justificada ante acuerdos gravemente onerosos no previstos en estatutos, con los demás requisitos. La califica el órgano de administración, o la Asamblea si el socio es administrador único o solidario.

Artículo 24. Baja obligatoria

Causan baja obligatoria quienes dejan de reunir los requisitos para ser socios. Es justificada salvo que la pérdida de requisitos responda a un propósito deliberado de eludir obligaciones o beneficiarse indebidamente; la no justificada permite exigir indemnización de daños y perjuicios. La acuerda de oficio el órgano de administración, por iniciativa propia o a instancia de interesado, con audiencia previa del socio, o la Asamblea General si este pertenece a la Administración Única o Solidaria.

Artículo 25. Persona inversora

Si lo prevén los estatutos, pueden ser personas inversoras quienes aporten capital sin desarrollar la actividad cooperativizada, salvo competidores no autorizados por el órgano de administración; el socio con baja justificada puede pasar a inversor. Tienen voz y voto, pero en conjunto no más del veinticinco por ciento de los votos presentes y representados. Pueden obligarse a no darse de baja hasta siete años. Sus aportaciones dan interés y no pueden alcanzar el cincuenta por ciento del capital; alternativamente, pueden recibir hasta el cuarenta y cinco por ciento de los resultados positivos.

Artículo 26. Órganos sociales

Son órganos preceptivos de dirección y administración la Asamblea General y el órgano de administración. Son órganos potestativos el Comité Técnico y la Intervención, además de los que puedan establecerse en los estatutos según los criterios del artículo 45.

Artículo 27. Concepto y clases

La Asamblea General, formada por los socios, es el órgano supremo de expresión de la voluntad social; sus acuerdos válidos obligan a todos, incluidos disidentes y no asistentes. La ordinaria se reúne cada año dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio para analizar la gestión, aprobar las cuentas y aplicar resultados, y puede tratar otros asuntos del orden del día. Las demás son extraordinarias. Si la ordinaria se celebra fuera de plazo es válida, pero los administradores responden de los perjuicios.

Artículo 28. Competencias

Son exclusivas e indelegables de la Asamblea General: cuentas y resultados; estatutos y reglamento de régimen interior; nombrar y revocar administradores, Comité Técnico, Intervención y liquidadores; autorizar a administradores a competir; acción de responsabilidad; retribuciones; secciones; integración en otras entidades salvo que no supere el veinte por ciento de la cifra de negocio; nuevas aportaciones y cuotas; financiación; balance de liquidación; cesión de la empresa o de más del veinte por ciento del inmovilizado; fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación.

Artículo 29. Convocatoria

La ordinaria la convoca el órgano de administración en los seis meses siguientes al cierre; si no, el Comité Técnico; sin él o si no actúa en quince días, la Secretaría del Consejo Rector en quince días; después, cualquier socio puede pedirla al juez. La extraordinaria la convoca el órgano de administración de oficio o a petición del 10 % de socios (más de mil), 15 % (más de quinientos) o 20 % (resto), en diez días. Se celebra entre quince días y dos meses desde la convocatoria. Siempre hay ruegos y preguntas. Es universal si todos asisten y aceptan por unanimidad.

Artículo 30. Constitución y funcionamiento de la Asamblea General

Quórum: en primera convocatoria, la mitad más una de las personas socias, presentes o representadas; en segunda, cualquier número. Preside la Presidencia del órgano de administración (o la Vicepresidencia) y actúa como secretario quien lo sea de ese órgano; en su defecto, quienes designe la Asamblea. Votación secreta para exclusión, elección o revocación de cargos y acción de responsabilidad, y cuando la pida un diez por ciento de los presentes o representados. Cabe Asamblea telemática si lo prevén los estatutos. El acta la redacta la Secretaría.

Artículo 31. Derecho de voto

En las cooperativas de primer grado cada socio común tiene un voto (salvo la opción del artículo 102.1 para las de servicios); el voto de los demás socios e inversores está sujeto a los límites de su colectivo. En las de segundo o ulterior grado los estatutos pueden fijar voto plural, sin que un socio supere el cincuenta por ciento de los votos, o el setenta y cinco por ciento si solo la forman dos cooperativas. Los votos de inactivos, colaboradores e inversores juntos no pueden superar el cuarenta y nueve por ciento.

Artículo 32. Representación

Salvo disposición estatutaria en contra, cada socio puede hacerse representar en la Asamblea General por otra persona, que no puede representar a más de dos. La representación de menores e incapacitados sigue el derecho común. La representación es siempre revocable y la asistencia del representado a la Asamblea equivale a su revocación.

Artículo 33. Adopción de acuerdos

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptan por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, salvo mayoría cualificada legal o estatutaria. Se exigen votos favorables no inferiores a tres quintos de los asistentes en primera convocatoria y a dos tercios en segunda para: nuevas aportaciones obligatorias, emisión de obligaciones y otra financiación ajena, modificación de estatutos, cesión de la empresa o de más del veinte por ciento del inmovilizado, fusión, escisión, transformación, disolución o reactivación, y otros asuntos previstos.

Artículo 34. Asamblea General de personas delegadas

Si la cooperativa tiene más de quinientas personas con derecho a voto o hay circunstancias que dificultan de forma permanente su presencia, los estatutos pueden prever que las competencias de la Asamblea General se ejerzan por una Asamblea de segundo grado, formada por personas delegadas designadas en asambleas previas llamadas «juntas preparatorias». Las votaciones de los delegados en la Asamblea de segundo grado son públicas en todo caso.

Artículo 35. Impugnación de acuerdos

Son impugnables los acuerdos de la Asamblea contrarios al ordenamiento (nulos) y los contrarios a los estatutos o lesivos para la cooperativa en beneficio de socios o terceros (anulables); no cabe si el acuerdo se dejó sin efecto o se sustituyó válidamente. Impugnan los anulables quienes hicieron constar en acta su oposición o voto en contra, los ausentes y los privados ilegítimamente del voto; los nulos, además, quienes votaron a favor o se abstuvieron. La acción contra nulos caduca al año y contra anulables a los cuarenta días; no caduca si se vulneran derechos fundamentales.

Artículo 36. Clases

Con carácter general, el órgano de administración es el Consejo Rector. Si hay diez o menos personas socias comunes, los estatutos pueden prever Administración Única o Solidaria; en las de primer grado con dos socias comunes deben atribuirles la administración, eligiendo entre Única o Solidaria. Los estatutos pueden prever varios modos según el número de integrantes y dejar que la Asamblea General opte entre ellos sin modificar los estatutos.

Artículo 37. El Consejo Rector: naturaleza y competencia

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación, sujeto a la ley, a los estatutos y a las directrices de la Asamblea General. Le corresponden, entre otras: criterios básicos de gestión, presentación de cuentas, control de lo delegado, poderes generales, avales y garantías, integración en entidades sin superar el veinte por ciento de la cifra de negocio, rehúse del reembolso y admisión de socios. Sus materias no pueden decidirlas otros órganos. Su Presidencia lo es también de la cooperativa y la representa; en su ausencia, la Vicepresidencia.

Artículo 38. Composición y elección del Consejo Rector

Los estatutos fijan la composición del Consejo Rector o su número máximo y mínimo (que entonces precisa la Asamblea General); siempre incluye Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría. Sus miembros los elige la Asamblea General entre los socios, en votación secreta y por mayoría simple. Los estatutos pueden admitir consejeros no socios por su cualificación, en número no superior a un tercio de los integrantes socios, y al menos dos tercios del Consejo deben ser socios. Se procurará la presencia equilibrada de socios y socias.

Artículo 39. Organización, funcionamiento y mandato del Consejo Rector

El Consejo Rector elige entre sus miembros Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría, salvo que los estatutos lo atribuyan a la Asamblea. Lo convoca la Presidencia; si no atiende una petición en diez días, puede convocarlo quien la hizo con la adhesión de un tercio. Se reúne al menos una vez al año; quórum de la mitad más uno en primera y cualquiera en segunda. Actuación personalísima; acuerdos por mayoría simple con voto dirimente de la Presidencia. Mandato de tres a seis años, con renovación total y reelección posible.

Artículo 40. Delegación de facultades del Consejo Rector

Si los estatutos lo prevén, el Consejo Rector puede designar entre sus miembros una Comisión Ejecutiva o uno o más consejeros delegados, con delegación permanente o temporal. Lo delegado solo alcanza al tráfico empresarial ordinario; el Consejo conserva de forma exclusiva e indelegable las facultades de las letras a) a h) del artículo 37.2. La delegación y la designación exigen el voto favorable de dos tercios de sus componentes, y se inscriben en el Registro de Cooperativas Andaluzas la designación, las facultades permanentes y sus cambios.

Artículo 41. Impugnación de acuerdos del Consejo Rector

Los acuerdos del Consejo Rector contrarios a la ley o a los estatutos, o lesivos para la cooperativa en beneficio de socios o terceros, pueden impugnarse conforme al artículo 35. Si son anulables, están legitimados los consejeros que hicieron constar en acta su oposición, los no asistentes, los privados ilegítimamente del voto y un porcentaje de socios: diez por ciento en las de más de mil, quince en las de más de quinientas y veinte en las restantes. Si son nulos, cualquier persona socia.

Artículo 42. Personas administradoras

Con diez o menos socias comunes y previsión estatutaria, el gobierno, gestión y representación pueden darse a una Administración Única o a una Solidaria de dos personas; es obligatorio en las de primer grado con dos socias comunes. Se les aplica el régimen del Consejo Rector en lo que proceda; las facultades de Presidencia y Secretaría corresponden al administrador único o, indistintamente, a cada solidario. Para convocar la Asamblea, o en caso de vacante, sin suplentes, actúa el socio de mayor antigüedad y, si hay igualdad, el de mayor edad.

Artículo 43. Comité Técnico

Los estatutos pueden prever un Comité Técnico, delegado de la Asamblea General, de al menos tres miembros y siempre en número impar, elegidos en votación secreta por la Asamblea entre socios con plenitud de derechos, sin perjuicio de un asesor externo. Su mandato va de dos a seis años, no puede coincidir con el del órgano de administración y sus miembros siguen hasta su renovación efectiva. Sus funciones pueden ser de seguimiento y control, de resolución de reclamaciones y de apelaciones, de garantía y de información.

Artículo 44. Intervención

En las cooperativas con más de diez socios, los estatutos pueden prever una Intervención, con miembros en número impar elegidos por la Asamblea General entre los socios para un mandato de dos a seis años, no coincidente con el del órgano de administración. Si lo prevén los estatutos y hay tres o más miembros, un tercio pueden ser no socios. Funciones: revisar las cuentas anuales y demás documentos, proponiendo al órgano de administración su adecuación a la legalidad, e informar a la Asamblea General de lo que esta le someta.

Artículo 45. Otros órganos sociales

Los estatutos pueden crear los órganos que se estimen convenientes para el mejor funcionamiento de la cooperativa, fijando su composición, régimen de actuación y competencias, pero sin atribuirles las propias de los órganos regulados en la ley. Su denominación no debe inducir a confusión con la de esos órganos legales.

Artículo 46. Régimen general

El órgano de administración puede conferir apoderamientos a cualquier persona, siempre sometidos a las limitaciones del apartado 2 del artículo 40. El otorgamiento, la modificación y la revocación de poderes con facultades de gestión y administración atribuidos con carácter permanente deben inscribirse en el Registro de Cooperativas Andaluzas.

Artículo 47. La Dirección

Los estatutos pueden prever una dirección de una o varias personas. Es obligatoria una dirección general con dedicación permanente en las cooperativas de crédito, y una dirección de la sección de crédito en las que la tengan. Sus competencias abarcan el tráfico empresarial ordinario; los actos de disposición sobre derechos reales, fianzas o avales requieren autorización expresa del órgano de administración, salvo los de la actividad propia. Informan al órgano de administración al menos una vez al año y, en dos meses desde el cierre, le proponen los documentos contables.

Artículo 48. Incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades

No pueden ser miembros del órgano de administración, Comité Técnico, Dirección o Intervención: los incapaces, los condenados por delitos patrimoniales, socioeconómicos, de falsedad o contra la Administración y los concursados no rehabilitados (incapacidades); altos cargos y personal público relacionado, competidores sin autorización de la Asamblea General y los sancionados dos o más veces, durante cinco años (prohibiciones). Son incompatibles entre sí administración, Intervención y Comité Técnico. El afectado es destituido por el procedimiento de exclusión.

Artículo 49. Retribución

Los estatutos pueden prever que perciban retribución la Presidencia y la Secretaría del Consejo Rector, los miembros de la Comisión Ejecutiva, del Comité Técnico y de la Intervención, los consejeros delegados, la Administración Única o las administradoras solidarias y los liquidadores. El sistema y la cuantía los acuerda la Asamblea General a instancia del órgano de administración. Los miembros del órgano de administración, Comité Técnico e Intervención son resarcidos en todo caso de los gastos de su función.

Artículo 50. Responsabilidad social

Los miembros del órgano de administración, Dirección, Comité Técnico e Intervención deben actuar con la diligencia de un ordenado gestor de cooperativas y de un representante leal, y guardar secreto de los datos confidenciales aun después de cesar. Responden ante la cooperativa y los socios por actos u omisiones ilegales, antiestatutarios o negligentes. En los órganos colegiados la responsabilidad es solidaria, salvo para quienes prueben que votaron en contra, que no asistieron ni pudieron conocer el acuerdo, o que propusieron medidas ante la inactividad del órgano.

Artículo 51. Acciones de responsabilidad

La acción de responsabilidad contra administradores, Comité Técnico, Intervención, auditores y liquidadores la ejerce la cooperativa previo acuerdo de la Asamblea General por mayoría simple, aunque no figure en el orden del día; el acuerdo suspende de inmediato a los afectados. Si no se adopta o pasan tres meses sin ejercitarla, cualquier socio puede ejercerla en dos meses en nombre de la sociedad. Contra la Dirección también puede ejercerla el órgano de administración. Transigir o desistir exige dos tercios. Prescribe al año desde que se conocen los hechos y, en todo caso, a los tres años.

Artículo 52. Conflicto de intereses

Para que la cooperativa asuma obligaciones a favor de un miembro del órgano de administración, Comité Técnico, Intervención o Dirección, o de su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, se requiere autorización expresa del órgano de administración; la da la Asamblea General si la administración es única o solidaria y el conflicto afecta a un administrador o a sus allegados. No se exige en relaciones propias de la condición de socio. El implicado no vota. Sin autorización, el contrato es anulable salvo ratificación asamblearia.

Artículo 53. Responsabilidad

La cooperativa responde de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro, salvo el correspondiente al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que solo responde de las obligaciones contraídas para cumplir sus fines. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales se limita al importe de sus aportaciones suscritas al capital, estén o no desembolsadas.

Artículo 54. Capital social

El capital social es contable (aportaciones suscritas en cada momento) y estatutario (cifra fijada en los estatutos). Debe estar suscrito íntegramente y desembolsado al menos en un cincuenta por ciento, salvo aplazamiento. Si el contable baja del estatutario, la Asamblea debe acordar su reducción. En primer grado, cada socio no puede superar el cuarenta y cinco por ciento del capital; una entidad pública puede superarlo sin alcanzar el cincuenta, y con dos socios se llega al sesenta y cinco. Las aportaciones se acreditan con títulos o libretas nominativos, que no son títulos valores.

Artículo 55. Aportaciones obligatorias

Son aportaciones obligatorias las que integran el capital y deben suscribir los socios al constituirse la entidad (constitutivas) o después por acuerdo de la Asamblea General (sucesivas). Las constitutivas se fijan en estatutos, suman al menos el capital estatutario y se desembolsan al menos al cincuenta por ciento al suscribirse y el resto en un máximo de tres años; las sucesivas siguen igual porcentaje y plazos. Si la aportación de un socio queda por debajo de la obligatoria, debe reponerla en el plazo fijado, que no puede exceder de un año desde el requerimiento.

Artículo 56. Aportaciones voluntarias

Las aportaciones voluntarias forman parte del capital social y su suscripción es opcional. Pueden acordarlas la Asamblea General o el órgano de administración, fijando la cuantía global máxima, el plazo de suscripción (no más de seis meses) y el tipo de interés. Cada socio puede suscribir una parte proporcional a su aportación obligatoria y ceder ese derecho a otros socios. Si no se cubre todo, la cuantía se reduce a lo suscrito, salvo previsión en contra. Se desembolsan al menos en un 50 % al suscribirse y el resto en un año como máximo.

Artículo 57. Remuneración de las aportaciones

Las aportaciones devengan intereses sobre lo efectivamente desembolsado cuando lo decidan los estatutos, la Asamblea General o, en las voluntarias, el órgano que las acuerde, que fijan también su cuantía. Tope: seis puntos sobre el interés legal para la persona socia y ocho para la inversora (con un límite inferior reglamentario si cobra remuneración mixta). En las aportaciones cuyo reembolso puede rehusarse incondicionalmente, la remuneración efectiva la decide en cada ejercicio la Asamblea General.

Artículo 58. Aportaciones de nuevo ingreso

La Asamblea General fija la cuantía de las aportaciones obligatorias del aspirante y sus condiciones y plazos de desembolso. No pueden ser inferiores a las obligatorias constitutivas ni superar las obligatorias de los socios actuales actualizadas con el IPC. Los estatutos pueden permitir fijarlas según el activo patrimonial o el valor razonable, que determina un auditor independiente designado por el órgano de administración, a costa de la cooperativa. Si los estatutos lo prevén, el órgano de administración puede permitir desembolsar menos o nada al ingresar.

Artículo 59. Regularización del balance y actualización de aportaciones

El balance puede regularizarse según la normativa aplicable. Del resultado de la regularización, el cincuenta por ciento va al Fondo de Reserva Obligatorio y el resto a una cuenta de pasivo llamada «actualización de aportaciones», con cargo a la cual se actualiza el valor de las aportaciones, salvo lo que diga una ley especial. Si la cooperativa se liquida o transforma, el remanente de esa cuenta pasa al Fondo de Reserva Obligatorio. Qué aportaciones se actualizan, y con qué requisitos y límites, lo fija el reglamento.

Artículo 60. Reembolso

Las aportaciones dan derecho a reembolso en caso de baja, salvo que los estatutos permitan al órgano de administración rehusarlo incondicionalmente o regulen su libre transmisión; pasar de un régimen a otro exige acuerdo de la Asamblea General. El valor es el del libro registro de socios y la liquidación se comunica en un mes desde la aprobación de las cuentas. Deducciones: máximo 50 % de las obligatorias. Demora máxima: cinco años (exclusión o baja no justificada), tres (baja justificada) y uno (defunción, o más si lo exige acreditar a los herederos).

Artículo 61. Transmisión de las aportaciones

Las aportaciones se transmiten inter vivos entre socios, por un lado, y entre inversores, por otro, según los estatutos, que pueden permitir también la transmisión entre socios e inversores y, en ciertos casos, a terceros, respetando el límite máximo por socio. Mortis causa pasan a herederos y legatarios; si piden su admisión antes de seis meses no pagan cuotas ni aportaciones de nuevo ingreso. La cooperativa no puede adquirir sus propias aportaciones ni aceptarlas en prenda, salvo excepciones, y son inembargables para los acreedores de los socios.

Artículo 62. Aportaciones no integradas en el capital social y otras formas de financiación

La Asamblea General puede fijar cuotas de ingreso y periódicas, que no integran el capital ni son reintegrables y pueden variar según la clase de socio, su naturaleza o su participación. Las de ingreso no pueden superar el veinticinco por ciento de las aportaciones obligatorias de los socios existentes actualizadas con el IPC. Las entregas y pagos por servicios no son capital. La Asamblea puede acordar financiación voluntaria, emitir obligaciones y títulos participativos, cuyos suscriptores no tienen derecho de voto en ningún caso.

Artículo 63. Participaciones especiales

Las participaciones especiales son recursos financieros de naturaleza de crédito o deuda subordinados, con un amplio plazo de vencimiento, que la cooperativa puede captar de socios y de terceros. Las admite la Asamblea General, que fija libremente su régimen en el acuerdo de emisión, pero nunca forman parte del capital ni dan derechos de socio. Acreditación, reembolso y prelación se regulan por reglamento. Se aplica también a las cooperativas de crédito y de seguros, sin perjuicio de su normativa específica.

Artículo 64. Ejercicio económico

El ejercicio económico dura doce meses, salvo en constitución, extinción o mutaciones estructurales, y coincide con el año natural salvo que los estatutos digan otra cosa. En los tres meses siguientes al cierre, el órgano de administración redacta las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados positivos o de imputación de pérdidas y, en su caso, la relación de resultados extracooperativos, y en ese plazo pone las cuentas a disposición de los auditores. La valoración sigue los principios contables generalmente aceptados.

Artículo 65. Determinación de resultados: Ingresos

La contabilidad distingue resultados cooperativos y extracooperativos. Son ingresos cooperativos los de la actividad con socios (y, en las de trabajo, la de trabajadores no socios), los de la tesorería ordinaria, los de inversiones en entidades con actividades preparatorias, complementarias o subordinadas, los de intercooperación, las plusvalías reinvertidas en inmovilizado, las cuotas periódicas y las subvenciones del ejercicio. Son extracooperativos los de la actividad con terceros, las inversiones que no cumplan esos requisitos y los extraordinarios.

Artículo 66. Determinación de resultados: Gastos

A los ingresos cooperativos y extracooperativos se imputan, en proporción a cada uno, los gastos de funcionamiento, el importe asignado a bienes y servicios entregados por los socios, los anticipos societarios, las amortizaciones, los intereses por aportaciones y préstamos de socios y de obligacionistas, las remuneraciones de títulos participativos y participaciones especiales y la dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad. Si lo prevén los estatutos, la Asamblea General puede concretar una retribución anual a los asalariados según resultados, que es gasto y tiene carácter salarial.

Artículo 67. Contabilización única

La cooperativa puede optar en sus estatutos por no contabilizar por separado los resultados extracooperativos. En ese caso, la dotación mínima al Fondo de Reserva Obligatorio sobre el total de resultados, la del Fondo de Formación y Sostenibilidad y cualquier otro aspecto de este régimen se fijan por reglamento, sin perjuicio de lo establecido sobre determinación de resultados en los artículos y apartados anteriores.

Artículo 68. Aplicación de resultados positivos

La Asamblea General acuerda al cierre de cada ejercicio el destino de los resultados positivos. Deducidas las pérdidas anteriores y antes del Impuesto de Sociedades, se dotan los fondos: de los cooperativos, al menos un 20 % al Fondo de Reserva Obligatorio hasta que alcance el 50 % del capital y un 5 % al de Formación y Sostenibilidad; de los extracooperativos, un 25 % a cada uno, aunque la Asamblea puede destinar lo de Reserva a inversiones productivas, con tres años para invertir. Tras los fondos voluntarios, el resto va a retornos según la actividad de cada socio.

Artículo 69. Imputación de pérdidas

Los estatutos fijan cómo compensar pérdidas, que pueden llevarse a una cuenta especial para amortizarlas con resultados futuros en siete años como máximo. Orden: fondo de reserva voluntario si existe y lo decide la Asamblea; luego el Fondo de Reserva Obligatorio, sin pasar del 50 % de las pérdidas (si queda por debajo de la mitad del capital, debe reponerse); y el resto, a cada socio en proporción a su actividad o a su participación mínima obligatoria, con el límite de sus aportaciones. Si pasado el plazo quedan pérdidas, nuevas aportaciones o concurso.

Artículo 70. Fondo de Reserva Obligatorio

El Fondo de Reserva Obligatorio, para consolidar, desarrollar y garantizar la cooperativa, se nutre de los porcentajes de resultados cooperativos y extracooperativos que acuerde la Asamblea General, del 10 % de lo obtenido en la libre transmisión por encima del valor de liquidación, de las deducciones por baja, de las cuotas de ingreso y del 50 % de la regularización del balance. Lo que exceda en un 50 % del capital, sin pérdidas pendientes, puede facilitar el acceso de trabajadores a socios. Es irrepartible salvo reparto parcial estatutario, que no cabe si hay libre transmisión.

Artículo 71. Fondo de Formación y Sostenibilidad

El Fondo de Formación y Sostenibilidad sirve a la responsabilidad social de la cooperativa; es inembargable salvo por deudas contraídas para sus fines e irrepartible en todo caso, y su dotación se imputa como gasto. Se nutre de porcentajes de resultados, sanciones a socios, subvenciones, donaciones y rendimientos propios. Se destina a formación, intercooperación, igualdad y sostenibilidad, difusión del cooperativismo, integración, medio ambiente y prevención de riesgos. La Asamblea General ordinaria fija sus líneas básicas para el ejercicio siguiente.

Artículo 72. Documentación social

Las cooperativas deben llevar en orden y al día cuatro libros: el registro de personas socias y de aportaciones al capital; el de actas de la Asamblea General, del órgano de administración y, en su caso, de juntas preparatorias y otros órganos colegiados (con Administración Única basta recoger los acuerdos, su fecha y motivación); el de inventarios y cuentas anuales, y el diario. Su contenido y forma se fijan por reglamento. Se legalizan ante el Registro de Cooperativas Andaluzas y la documentación se conserva durante el plazo reglamentario.

Artículo 73. Auditoría de cuentas

La auditoría externa de las cuentas es obligatoria cuando lo prevea esta ley o lo exija la Ley de Auditoría u otra norma; cuando lo establezcan los estatutos, lo acuerde la Asamblea General o lo pida el veinte por ciento de los socios en cooperativas con más de diez socios comunes (a su costa, salvo vicios o irregularidades esenciales), y cuando la cooperativa tenga al menos una sección. Nombra a los auditores la Asamblea General, como punto del orden del día, y en ciertos casos el órgano de administración; el Registro de Cooperativas Andaluzas también puede hacerlo.

Artículo 74. Modificación de estatutos

La modificación de estatutos la acuerda la Asamblea General con las mayorías del artículo 33, aunque para cambiar el domicilio dentro del mismo término municipal basta el órgano de administración. Si supone una variación sustancial del objeto social o introduce el rehúse del artículo 60, pueden causar baja justificada los socios en las circunstancias del artículo 23.3, letras b) y c). Si consiste en cambiar la tipología, se está a lo que digan los estatutos y, si callan, la baja de esos socios se entiende justificada.

Artículo 75. Fusión

Las cooperativas andaluzas pueden fusionarse creando una nueva o por absorción; las que están en liquidación pueden participar si no ha empezado el reembolso de aportaciones. Las que se fusionan quedan disueltas sin liquidación y su patrimonio y fondos pasan a la nueva o absorbente. Los órganos de administración redactan un proyecto de fusión que la Asamblea General de cada una aprueba sin modificaciones. Se garantizan los derechos de los acreedores y la baja justificada. Cabe fusionarse con sociedades civiles o mercantiles si ninguna ley lo prohíbe.

Artículo 76. Escisión

La escisión puede consistir en disolver sin liquidar la cooperativa, dividiendo su patrimonio y sus socios en dos o más partes que pasan a cooperativas nuevas o existentes (escisión-fusión en estos dos últimos casos), o en segregar partes sin disolverla. Solo cabe si las aportaciones al capital están íntegramente desembolsadas. El proyecto, suscrito por los órganos de administración, detalla patrimonio, socios y fondos obligatorios a transferir. Si una beneficiaria incumple, responden solidariamente las demás. Se aplican las normas de la fusión.

Artículo 77. Cesión global del activo y del pasivo

La Asamblea General puede acordar la cesión global del activo y del pasivo a socios, a otras cooperativas o a terceros, fijando sus condiciones y cumpliendo además los requisitos de la modificación de estatutos. Antes del acuerdo, la Asamblea designa por mayoría simple a un experto independiente que informa sobre la valoración del patrimonio. Los fondos sociales reciben el mismo trato que en la transformación. El procedimiento es reglamentario y se garantiza la baja justificada de los socios en las circunstancias del artículo 23.3, letras b) y c).

Artículo 78. Transformación

Las cooperativas pueden transformarse en sociedades civiles, mercantiles u otras entidades de economía social. El cincuenta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio o de otro fondo irrepartible y todo el Fondo de Formación y Sostenibilidad se ponen a disposición de la Junta de Andalucía para promover cooperativas; si los estatutos declararon irrepartible el Fondo de Reserva, pasa entero. Se garantiza la baja justificada y la transformación se inscribe en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Otras sociedades pueden transformarse en cooperativas mediante su inscripción.

Artículo 79. Disolución

Causas de disolución: plazo estatutario; conclusión del objeto o imposibilidad de la actividad; falta de actividad principal o su realización instrumental dos años seguidos; acuerdo de la Asamblea General; socios bajo el mínimo legal más de doce meses; patrimonio contable bajo el capital estatutario sin reajuste en doce meses; fusión y escisión; liquidación concursal; inactividad de un órgano necesario dos años seguidos, y otras legales o estatutarias. El órgano de administración debe pedir la disolución judicial cuando proceda, so pena de responsabilidad solidaria.

Artículo 80. Reactivación

La cooperativa disuelta y no liquidada puede reactivarse por acuerdo de la Asamblea General con la mayoría del artículo 33, si ha desaparecido la causa de disolución, el patrimonio contable no es inferior al capital social estatutario y no ha comenzado el reembolso de aportaciones. El acuerdo se inscribe en el Registro de Cooperativas. Los socios en alguna de las circunstancias del artículo 23.3, letras b) y c), pueden causar baja justificada.

Artículo 81. Liquidación, nombramiento y atribuciones de las personas liquidadoras

Los liquidadores, en número impar salvo concurso, los nombra en votación secreta la Asamblea General que acuerda la disolución, y deben aceptar el cargo para que sea eficaz. Si los estatutos lo prevén y hay más de uno, pueden designarse no socios cualificados, que no pueden superar un tercio del total. El 10 % de los socios en cooperativas de más de mil, el 15 % en las de más de quinientas y el 20 % en las demás pueden pedir al juez interventores. Los liquidadores rinden cuentas a las asambleas.

Artículo 82. Adjudicación del haber social y operaciones finales

En la adjudicación se respeta íntegro el Fondo de Formación y Sostenibilidad y se sigue este orden: saldar deudas; devolver los fondos voluntarios, empezando por el Fondo de Retornos; reintegrar las aportaciones, primero las de reembolso rehusado y, en cada grupo, las voluntarias antes que las obligatorias; poner a disposición de la Junta el Fondo de Formación y el treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio, y repartir el remanente entre los socios. El balance final se somete a la Asamblea General.

Artículo 83. Clasificación y normas generales

Las cooperativas andaluzas son de primer grado (de trabajo, de consumo, de servicios y especiales) o de segundo o ulterior grado (homogéneas y heterogéneas). La clase depende de la cualidad de los socios o de la actividad que desarrollan, nunca del objeto social. Pueden realizar cualquier actividad económico-social lícita y se rigen primero por las normas específicas de su tipo y, en lo no previsto, por las generales. El reglamento puede crear otros subtipos de primer grado y otras fórmulas de cooperación.

Artículo 84. Concepto y ámbito

Las cooperativas de trabajo agrupan a personas físicas que, trabajando en común, producen bienes o servicios para terceros; su relación con la cooperativa es societaria. Puede ser socio trabajador quien pueda legalmente contratar la prestación de sus servicios; para los extranjeros rige su legislación específica. Los trabajadores indefinidos con más de un año de antigüedad deben ser admitidos como socios si lo solicitan, aunque los estatutos pueden exigir superar un periodo de prueba societario.

Artículo 85. Periodos de prueba

Además del periodo de prueba laboral, los estatutos pueden prever un periodo de prueba societario, simultáneo o posterior al laboral y nunca superior a doce meses. Durante él, el órgano de administración o el aspirante pueden resolver unilateralmente el vínculo societario sin afectar a la relación laboral; el acuerdo del órgano debe motivarse y notificarse y no es recurrible salvo previsión estatutaria. No hay periodos de prueba para quien fue socio temporal un año o más, y las partes pueden renunciar a ellos de mutuo acuerdo.

Artículo 86. Régimen disciplinario

Además de las faltas estatutarias, motivan la exclusión los incumplimientos graves y culpables del socio trabajador que, según la legislación laboral, autoricen el despido. Estatutos o reglamento interno regulan faltas y sanciones; si los estatutos lo prevén, el órgano de administración puede delegar en directivos la facultad de sancionar faltas en el trabajo. La exclusión solo la acuerda el órgano de administración. Las sanciones por infracción laboral no se recurren ante el Comité Técnico ni la Asamblea y siguen la legislación procesal laboral.

Artículo 87. Régimen de prestación del trabajo

Los derechos y deberes del socio como trabajador se regulan en estatutos, reglamento de régimen interior o acuerdo de la Asamblea General, respetando las garantías del derecho laboral común. Los socios trabajadores perciben anticipos societarios en plazo no superior a un mes, en la cuantía que fije la Asamblea, y no son salario. Los suspendidos por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor pueden pedir la baja voluntaria, que es justificada. Con al menos dos años de antigüedad cabe excedencia voluntaria si está prevista.

Artículo 88. Baja obligatoria por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor

Si por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor la Asamblea General considera preciso reducir definitivamente el número de socios para mantener la viabilidad, ella misma, en votación secreta, concreta quiénes causan baja, que es obligatoria justificada. Las causas las constata la autoridad laboral. Quienes causen esta baja tienen derecho a la devolución de su aportación en un año, salvo que los estatutos, desde la constitución o con al menos dos años de antelación, hayan excluido expresamente este plazo especial.

Artículo 89. Transmisión de participaciones

Las cooperativas de trabajo pueden prever en estatutos la libre transmisión de participaciones: entre socios basta comunicarla al órgano de administración; a un tercero, este órgano comprueba que reúne los requisitos de admisión y hay derecho de adquisición preferente, con retracto, de los trabajadores y después de la propia sociedad. Si el importe supera el valor de liquidación, el diez por ciento del exceso va al Fondo de Reserva Obligatorio. Quien transmite no se libra del preaviso. El órgano de administración puede devolver la aportación a quien se va sin lograr transmitirla.

Artículo 90. Trabajo por cuenta ajena y sucesión de empresa

Las jornadas por cuenta ajena no pueden superar el cincuenta por ciento de las realizadas por los socios trabajadores en cómputo anual, y computan las de los trabajadores en prueba societaria. El reglamento fija las jornadas excluidas, entre las que se incluyen las de trabajadores que rehúsen expresamente la oferta de ser socios. Si la cooperativa cesa sin culpa propia en una contrata o concesión y otro empresario la asume, los socios trabajadores tienen los derechos que les corresponderían como trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 91. Socios y socias temporales

Las cooperativas de trabajo pueden integrar socios temporales cuando vayan a realizar o realicen una actividad sensiblemente superior a la habitual, con origen en un encargo o contrato de duración determinada igual o superior a seis meses. Se lleva un libro específico donde consta la causa de su condición. Su estatuto jurídico es reglamentario, pero no pueden pertenecer a la entidad como temporales más de seis años ni sus votos sumar más de un tercio de los de los socios trabajadores.

Artículo 92. Cuestiones litigiosas y Seguridad Social

Los litigios entre la cooperativa y sus socios trabajadores, por su condición de tales, corresponden a la jurisdicción del orden social. Los socios trabajadores tienen Seguridad Social, y la cooperativa elige en sus estatutos entre asimilarlos a trabajadores por cuenta ajena (Régimen General o especial según la actividad) o tratarlos como autónomos en el régimen especial correspondiente. Solo puede cambiar la opción en los supuestos y condiciones que establezca el Gobierno del Estado.

Artículo 93. Cooperativas de impulso empresarial

Las cooperativas de impulso empresarial canalizan la iniciativa emprendedora de sus socios mediante orientación profesional, habilidades empresariales, tutorización en los primeros años de la actividad o servicios comunes. Conviven dos tipos de socios: quienes prestan orientación, formación, tutoría o servicios, que cumplen los requisitos generales del artículo 13.1, y quienes se benefician, que deben ser personas físicas; ambas condiciones pueden recaer en el mismo socio, prevaleciendo la de persona física.

Artículo 94. Cooperativas de interés social

Las cooperativas de interés social buscan la promoción e integración sociolaboral de determinados sectores; sus estatutos indican en el artículo del objeto social si tienen o no ánimo de lucro. Prestan servicios de autonomía personal y dependencia, infancia y juventud, mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, refugiadas, asiladas, ex reclusas, con adicciones, víctimas de violencia de género o de terrorismo, minorías étnicas y otros colectivos con dificultades. Su denominación debe incluir la expresión «interés social».

Artículo 95. Cooperativas de transporte

Las cooperativas de transporte agrupan a profesionales que, trabajando en común, transportan mercancías o personas (u otra actividad legalmente habilitada) con vehículos de la cooperativa o aportados por los socios. Los estatutos pueden exigir que las aportaciones, obligatorias o voluntarias, consistan en vehículos; en tal caso pueden imputar ingresos y gastos a cada vehículo como unidad de explotación, y el reembolso se hará preferentemente devolviendo el vehículo, teniendo en cuenta su fondo de amortización.

Artículo 96. Concepto y régimen jurídico

Las cooperativas de consumo procuran bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad, información y precio para sus socios y quienes convivan habitualmente con ellos, y pueden defender los derechos de los consumidores. Pueden adquirir, usar o producir bienes y servicios y, si los estatutos lo prevén, procurarlos a terceros. Si los estatutos lo prevén, el socio que cause baja puede transmitir sus participaciones. En el suministro a los socios no hay transmisión patrimonial: son ellos quienes adquieren conjuntamente de terceros.

Artículo 97. Cooperativas de viviendas. Concepto y características generales

Las cooperativas de viviendas procuran viviendas a precio de coste exclusivamente a sus socios, y también garajes, trasteros, construcciones complementarias y su rehabilitación. Si solo procuran locales comerciales son de locales de negocio y eligen en estatutos el régimen general de consumo o el de viviendas; si callan, el de consumo. Los estatutos pueden prever la transmisión de la propiedad o solo la cesión de uso, incluido el alquiler con opción a compra, o ambos. Pueden adquirir, parcelar y urbanizar terrenos.

Artículo 98. Régimen jurídico de las cooperativas de viviendas

El régimen de las cooperativas de viviendas se desarrollará por reglamento con estas bases: ninguna persona física con derechos sobre más de dos viviendas en el ámbito que se fije; proporción entre socios y viviendas; personas jurídicas con usuarios personas físicas; causas específicas de baja justificada; secciones si hay más de una fase o promoción; auditorías e incompatibilidades con gestoras; anticipos a través de entidad de crédito y garantizados; prelación en las transmisiones, y no disolverse antes de cinco años desde la ocupación.

Artículo 99. Cooperativas de crédito. Concepto y régimen jurídico

Las cooperativas de crédito atienden las necesidades financieras activas y pasivas de sus socios y, en la medida en que lo permita su normativa, de terceros, con actividades propias de las entidades de crédito. Las que presten principalmente servicios financieros en el medio rural pueden llamarse «caja rural». Quedan sometidas a las autoridades de orden económico y cooperativo de la Junta en ordenación, control, inspección y disciplina, sin perjuicio de la legislación estatal, que rige su constitución y operaciones con terceros.

Artículo 100. Cooperativas de seguros

Las cooperativas de seguros tienen por objeto ejercer la actividad aseguradora para sus socios en cualquiera de las formas admitidas en derecho. Se rigen por esta ley, por el reglamento que la desarrolle y por sus estatutos, en cuanto no se opongan a lo previsto en la normativa vigente sobre el seguro privado.

Artículo 101. Concepto y objeto

Las cooperativas de servicios integran a titulares de derechos de uso o disfrute de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales por cuenta propia, para prestarles servicios y operaciones que mejoren económica y técnicamente sus actividades o explotaciones. No es de servicios la que encaje en otra sección del capítulo; si su objeto es el transporte, se llaman cooperativas de transportistas. Pueden adquirir y fabricar materiales y maquinaria, ejercer industrias auxiliares y transportar, distribuir y comercializar productos y servicios.

Artículo 102. Régimen jurídico

Los estatutos de las cooperativas de servicios pueden fijar un voto plural proporcional a la actividad: al menos un voto por socio y no más de siete, nunca según el capital. También pueden prever la libre transmisión de participaciones, con mera comunicación al órgano de administración entre socios y adquisición preferente de la cooperativa ante terceros; el 10 % del exceso sobre el valor de liquidación va al Fondo de Reserva Obligatorio. Las operaciones con terceros tienen un máximo del 50 % anual, superable por motivos extraordinarios compensando en los tres ejercicios siguientes.

Artículo 103. Cooperativas agrarias. Concepto y objeto

Las cooperativas agrarias integran a titulares de derechos de uso o disfrute de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales para mejorar el aprovechamiento de esas explotaciones, la población agraria y el mundo rural. Pueden, entre otras actividades, producir elementos para la producción agraria, transformar y comercializar productos (incluso directamente al consumidor), adquirir y mejorar terrenos, promover el medio rural, gestionar crédito agrario y seguros y contratar trabajadores. La participación en otras cooperativas o en empresas comercializadoras la acuerda la Asamblea General.

Artículo 104. Régimen de las personas socias en las cooperativas agrarias

En las cooperativas agrarias pueden ser socias, además de las personas del artículo 13.1, las explotaciones agrarias de titularidad compartida. Antes de presentar candidatura a un órgano, las personas jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y explotaciones compartidas deben acreditar a la persona física que las representará; esta no puede ser sustituida por la entidad sin acuerdo de la Asamblea General. Los estatutos pueden fijar el principio de exclusividad, vincular servicios a las aportaciones obligatorias y el preaviso de baja voluntaria no puede exceder de un año.

Artículo 105. Cooperativas marítimas, fluviales o lacustres

Son cooperativas marítimas, fluviales o lacustres las que integran a personas que pueden ser socias según el artículo 13.1, titulares de explotaciones pesqueras o de industrias relacionadas con la pesca o sus derivadas (mar, ríos, lagos, lagunas), para mejorar económica y técnicamente sus explotaciones y la cooperativa, incluida la acuicultura. Pueden realizar cualquier actividad de interés para sus socios y para la promoción y el desarrollo sostenible de su entorno.

Artículo 106. Cooperativas mixtas

Son cooperativas mixtas aquellas cuya actividad cooperativizada reúne características de varias de las clases del artículo 83.1.a). Sus estatutos fijan criterios de relación equitativa y proporcional entre los socios de cada actividad y, en su caso, sus derechos y obligaciones. En los órganos sociales debe haber representación de cada actividad, y los estatutos pueden reservar la Presidencia y la Vicepresidencia a los socios de una determinada actividad.

Artículo 107. Otras fórmulas cooperativas

Por vía reglamentaria podrán regularse otros tipos de cooperativas de primer grado que no se ajusten a los criterios del Capítulo II del título. Entre ellos, se regularán reglamentariamente en todo caso tres: las cooperativas de integración social, las de servicios públicos y las de explotación comunitaria de la tierra.

Artículo 108. Cooperativas de segundo o ulterior grado

Las cooperativas de segundo o ulterior grado agrupan al menos a dos cooperativas de grado inferior. Son homogéneas (cooperativas, más socios de trabajo, SAT y empresarios individuales) o heterogéneas (cooperativas y personas del artículo 13.1); la mayoría de socios y de votos debe ser de cooperativas. Ningún socio puede aportar más del 75 % del capital y al menos el 51 % debe pertenecer a cooperativas. El preaviso de baja es de al menos un año, y en la disolución el haber líquido se reparte según el retorno de los últimos cinco años.

Artículo 109. Grupo cooperativo

Las cooperativas pueden asociarse entre sí y con otras entidades formando un grupo cooperativo, propio o impropio, sujeto a los principios del artículo 4. En el propio, una sociedad cabeza de grupo ejerce facultades o da instrucciones obligatorias; puede no ser cooperativa, pero entonces los miembros deben ser mayoritariamente cooperativas. En el impropio, los miembros (mayoritariamente cooperativas) actúan en plano de igualdad y coordinación. La responsabilidad por operaciones de un miembro con terceros no se extiende al grupo ni a los demás.

Artículo 110. Otras formas de vinculación

Las cooperativas de cualquier clase pueden constituir sociedades, asociaciones, agrupaciones, consorcios y uniones de empresas, entre sí o con personas del artículo 13.1, firmar convenios y tener participaciones en esas entidades, sin desvirtuar su naturaleza cooperativa. Las de seguros y crédito se rigen por su normativa específica. Los acuerdos intercooperativos permiten a la cooperativa y a sus socios operar con las demás firmantes, y esa actividad se considera operación cooperativizada con los propios socios.

Artículo 111. Principios generales

Las cooperativas pueden constituir federaciones para defender y promover sus intereses, y estas pueden asociarse libremente, sin perjuicio de otras fórmulas asociativas. Las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios no cooperativas pueden integrarse en federaciones de cooperativas agrarias siempre que no resulten mayoritarias en ellas y estén formadas solo por titulares de derechos de uso o disfrute de explotaciones agrarias, por trabajadores del campo o por ambos.

Artículo 112. Objeto

Corresponde a las federaciones de cooperativas y sus asociaciones: representar y defender a sus miembros según sus estatutos; promover el asociacionismo cooperativo; ejercer la conciliación en conflictos entre cooperativas asociadas o entre estas y sus socios si ambas partes lo piden voluntariamente; organizar servicios de asesoramiento, formación, auditoría y asistencia; promover la intercooperación y las redes; fomentar la formación cooperativa; participar en instituciones de la Administración andaluza y actuar como interlocutores, y otras actividades análogas.

Artículo 113. Régimen

Federarse o asociarse exige acuerdo de la Asamblea General de la entidad. Una federación regional necesita el 30 % de las cooperativas activas del sector y presencia en al menos la mitad más una de las provincias; una de ámbito inferior, el 50 % de las activas en ese ámbito y sector. Para usar en su denominación un ámbito o sector debe integrar al menos el 30 % de las cooperativas activas en él. Deben auditar cuentas si reciben ayudas públicas, no se les aplica el régimen de infracciones y sanciones y comunican altas y bajas al Registro.

Artículo 114. Procedimiento registral de constitución

Para adquirir personalidad jurídica, las federaciones y sus asociaciones depositan en el Registro de Cooperativas Andaluzas un acta constitutiva con, al menos: relación de entidades promotoras, certificado del acuerdo de asociación de la Asamblea General de cada entidad, composición de los órganos sociales, certificado de inexistencia de denominación coincidente y estatutos. El Registro publica el depósito en el BOJA y la entidad adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento de esa publicación.

Artículo 115. Interés público de la cooperación. Principios generales

La Junta asume como tarea de interés público promover, desarrollar y estimular las cooperativas andaluzas y fortalecer sus estructuras de integración. Actúa en el orden cooperativo, con carácter general, a través de la consejería competente en cooperativas, sin perjuicio de otras consejerías. Fomenta la formación y promueve especialmente a las cooperativas innovadoras, sostenibles o igualitarias, a ciertos sectores y a las que aseguren la presencia equilibrada de socios y socias en sus órganos de dirección.

Artículo 116. Medidas especiales de promoción cooperativa

Ventajas de las cooperativas: si se concentran (fusión, cooperativas de segundo grado, uniones de empresarios o AIE) disfrutan en grado máximo de los beneficios autonómicos de concentración; tienen preferencia, en caso de empate, en contratos públicos andaluces; las de viviendas de promoción social pueden adquirir suelo público por adquisición directa; tienen condición de mayoristas; sus entregas a socios no son venta; y en contratación pública solo aportan el 25 % de las garantías exigidas.

Artículo 117. Información a la Administración

Para el mejor cumplimiento de la actividad de fomento, las entidades cooperativas deben facilitar a la consejería competente en materia de cooperativas dos clases de datos: los que se les soliciten de forma expresa y los que se determinen reglamentariamente sobre su estructura social y económica.

Artículo 118. Características generales

El Registro de Cooperativas Andaluzas es público y se rige por los principios de legalidad, publicidad material y formal, legitimación, prioridad y tracto sucesivo. Queda adscrito a la consejería de la Junta competente en materia de cooperativas y dispondrá de los dispositivos necesarios para realizar las actividades registrales por medios y técnicas telemáticos.

Artículo 119. Funcionamiento y contenido

Son constitutivas las inscripciones de constitución, modificación de estatutos, fusión, escisión, transmisión, cesión global, transformación, disolución, reactivación y liquidación; las demás, declarativas. La intervención notarial es potestativa, salvo aportación de inmuebles al capital u otros casos reglamentarios. Plazo para calificar e inscribir: nunca superior a un mes, con silencio estimatorio salvo en el depósito de cuentas; cinco días hábiles en la constitución con modelos oficiales. Un año sin depositar cuentas bloquea nuevas inscripciones.

Artículo 120. Inspección

Inspecciona las cooperativas la Consejería competente en cooperativas, salvo las secciones de crédito, que corresponden a la competente en política financiera. Los funcionarios inspectores son agentes de la autoridad y pueden acceder a los locales, requerir actuaciones y examinar documentos; representantes y directivos deben facilitarles acceso y documentación. Tras la visita se levanta acta, con copia para la entidad, y los hechos constatados en ella tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que aporten los interesados.

Artículo 121. Sujetos responsables

Responden de las infracciones reguladas en la ley las sociedades cooperativas y, en su caso, los miembros del órgano de administración, las personas liquidadoras o los integrantes de otros órganos sociales no necesarios, pero estos solo cuando las infracciones les sean personalmente imputables.

Artículo 122. Órganos competentes y procedimiento

Las infracciones se sancionan previa instrucción de expediente. El órgano competente para resolver puede adoptar en cualquier momento, por acuerdo motivado, medidas provisionales: designar quien convoque, fije el orden del día y presida la Asamblea General; someter las cuentas a informe de expertos independientes; suspender subvenciones; y suspender las facultades de los órganos sobre la sección de crédito, nombrando a una persona de prestigio financiero. Instrucción y resolución deben atribuirse a órganos distintos.

Artículo 123. Infracciones

Las infracciones son leves, graves o muy graves. Leves: no usar «sección de crédito», no convocar la Asamblea o hacerlo con retraso (más de tres meses la ordinaria, un mes la extraordinaria), no renovar cargos en tres meses o no dar datos a la Administración. Graves, entre otras: irregularidades de la sección de crédito, libros con retraso de seis meses o más, no depositar cuentas tres o más ejercicios seguidos u obstruir la inspección. Muy graves, entre otras: no dotar los fondos obligatorios o vulnerar derechos de los socios.

Artículo 124. Sanciones y su graduación

Las sanciones se gradúan por intencionalidad, reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme) y socios afectados y perjuicio causado. Multas: leves de 300 a 600 euros, graves de 601 a 3.000 y muy graves de 3.001 a 30.000 o descalificación. Las muy graves en secciones de crédito que puedan hacer perder depósitos, o con reincidencia, admiten baja de oficio de la sección. Si el beneficio o el perjuicio supera esos importes, la sanción puede llegar a esa cantidad.

Artículo 125. Prescripción de infracciones y sanciones

Infracciones: leves al año, graves a los dos años y muy graves a los tres, desde el día en que se cometieron; el plazo se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador, y se reanuda si se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Sanciones: mismos plazos, desde el día siguiente a que sea ejecutable la resolución o venza el plazo para recurrirla; los interrumpe el procedimiento de ejecución y se reanudan si se paraliza más de un mes.

Artículo 126. Causas y procedimiento

La descalificación priva a la sociedad de su carácter cooperativo. Son causas: las del artículo 79.1, salvo las de sus letras a) y d), si la cooperativa no se disuelve voluntariamente; y las conductas del artículo 123 que puedan causar graves perjuicios económicos o sociales, o con reincidencia. Se sigue el procedimiento sancionador y resuelve la persona titular de la consejería competente en cooperativas. La resolución se anota preventivamente, se inscribe una vez firme y supone la disolución o la transformación de la sociedad.

Artículo 1. Concepto de «sociedad laboral»

Para calificarse como laboral (anónima o limitada): la mayoría del capital debe ser de trabajadores con relación laboral indefinida; ningún socio puede superar un tercio del capital, salvo dos socios trabajadores fundadores al 50 % (con 36 meses para ajustarse) o entidades públicas, no lucrativas o de economía social (sin llegar al 50 %). Las horas-año de indefinidos no socios no pueden pasar del 49 % de las de los socios trabajadores. Transgresión sobrevenida de a) y b): 18 meses para corregir; exceso de horas: 12 meses, con hasta dos prórrogas de 12. Se comunica al Registro en un mes.

Artículo 2. Competencia administrativa

Otorgar la calificación de «Sociedad Laboral», controlar los requisitos y resolver la descalificación corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social o, en su caso, a las Comunidades Autónomas con traspasos en la materia. La calificación vale en todo el territorio nacional sin trámites adicionales. Se otorga a solicitud de la sociedad: las nuevas aportan copia de la escritura con la voluntad de fundar una sociedad laboral; las preexistentes, certificación del Registro Mercantil, escritura de los acuerdos de la Junta General y el Libro registro de acciones o socios.

Artículo 3. Denominación social

La denominación debe incluir «Sociedad Anónima Laboral», «Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral» o «Sociedad Limitada Laboral», o sus abreviaturas SAL, SRLL o SLL. Ninguna sociedad sin la calificación de «Sociedad Laboral» puede usar el adjetivo «laboral». La denominación de «laboral» figura en toda la documentación, correspondencia, notas de pedido, facturas y anuncios que deba publicar por disposición legal o estatutaria.

Artículo 4. Registro administrativo de Sociedades Laborales y coordinación con el Registro Mercantil

El Registro de Sociedades Laborales está en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias autonómicas. La sociedad tiene personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro Mercantil, aportando el certificado de calificación e inscripción administrativa. Obtener la calificación no es transformación social. Las modificaciones estatutarias de denominación, domicilio, capital o transmisión exigen certificado del Registro de Sociedades Laborales. Si se traslada el domicilio con expediente de descalificación incoado, lo resuelve el registro de origen.

Artículo 5. Capital social. Clases de acciones y participaciones

El capital se divide en acciones nominativas o participaciones, todas con el mismo valor nominal y los mismos derechos económicos; no caben sin voto. Hay dos clases: «clase laboral», las de trabajadores con relación laboral indefinida, y «clase general», las restantes; la sociedad puede tener de ambas. Si una transmisión cambia la clase, los administradores, sin acuerdo de la Junta General, formalizan la modificación de estatutos en escritura que se inscribe en el Registro Mercantil, una vez inscrita en el de Sociedades Laborales. La memoria anual recoge las variaciones de capital.

Artículo 6. Derecho de adquisición preferente en caso de transmisión voluntaria «inter vivos» de acciones o participaciones

Salvo previsión estatutaria, la transmisión a socios trabajadores y trabajadores indefinidos es libre, con comunicación escrita a los administradores. En otro caso, el socio lo comunica a la sociedad, que en diez días traslada la propuesta a los interesados; estos tienen 20 días para ofertar y los administradores 10 para comunicar los adquirentes, con este orden: trabajadores indefinidos no socios, socios trabajadores, socios de clase general y la sociedad. Sin ofertas, transmisión libre, pero en dos meses. Si pueden superarse los límites del artículo 1, la sociedad debe consentir en un mes.

Artículo 7. Valoración de las acciones y participaciones a los efectos de transmisión o amortización

Precio y condiciones son los convenidos y comunicados por el socio transmitente al órgano de administración. Si la transmisión es a título oneroso distinto de la compraventa o gratuita, el precio es el fijado de común acuerdo o, en su defecto, el valor razonable: el que determine un experto independiente, distinto del auditor, designado por los administradores; sus gastos son de la sociedad y su valor sirve para todo el ejercicio. Los estatutos pueden fijar criterios previos de valoración, que prevalecen, pero si se introducen después no se aplican a quienes no votaron a favor.

Artículo 8. Nulidad de cláusulas estatutarias

Solo son válidas las cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria «inter vivos» de acciones o participaciones si los estatutos reconocen al socio el derecho a separarse en cualquier momento, y su incorporación exige el consentimiento de todos los socios. No obstante, los estatutos pueden impedir esa transmisión, o el derecho de separación, durante un máximo de cinco años desde la constitución o, para las procedentes de ampliación de capital, desde la escritura de su ejecución.

Artículo 9. Transmisión de acciones y participaciones en los supuestos de extinción de la relación laboral

Extinguida la relación laboral del socio trabajador, este debe ofrecer sus acciones o participaciones en un mes desde la firmeza de la extinción, conforme al artículo 6. Si nadie las adquiere, sigue siendo socio, pero las no transmitidas pasan a la clase general. Si hay compradores y el socio, requerido notarialmente, no formaliza la venta en un mes, puede otorgarla el órgano de administración por el valor razonable o estatutario, que se consigna a su disposición. Los estatutos pueden regular jubilación, incapacidad permanente, excedencia y subrogación.

Artículo 10. Transmisión «mortis causa» de acciones o participaciones

El heredero o legatario adquiere la condición de socio. Pero los estatutos, si muere un socio trabajador, pueden reconocer un derecho de adquisición sobre las de clase laboral, por el procedimiento del artículo 6.2, al valor razonable o estatutario del día del fallecimiento, pagadero al contado salvo previsión en contra, y ejercitable en un máximo de tres meses desde la comunicación de la adquisición hereditaria. No cabe si el heredero o legatario es trabajador indefinido de la sociedad. Si pueden superarse los límites del artículo 1, se requiere el consentimiento de la sociedad.

Artículo 11. Derecho de suscripción preferente

Toda ampliación de capital respeta la proporción entre clases, salvo que busque acomodar el capital a los límites del artículo 1.2.a) y b), en cuyo caso basta la mayoría ordinaria de las limitadas con el quórum y mayorías de las anónimas. Cada clase tiene preferencia para suscribir las nuevas de su clase. Lo no suscrito se ofrece, salvo acuerdo de la Junta General, a los trabajadores indefinidos. Si se excluye la preferencia sobre la clase laboral, la Junta fija libremente la prima si aprueba un Plan de adquisición para trabajadores indefinidos con prohibición de enajenar cinco años.

Artículo 12. Adquisición por la sociedad laboral de sus propias acciones y participaciones sociales

La sociedad laboral adquiere sus propias acciones o participaciones con cargo a beneficios, a la reserva especial o a otras reservas disponibles. Debe enajenarlas a trabajadores indefinidos en un máximo de tres años desde la adquisición, por el procedimiento y valoración de los artículos 6 y 7; si no, se amortizan reduciendo capital, salvo que en conjunto no excedan del veinte por ciento del capital. Puede financiar su adquisición a trabajadores indefinidos no socios. Se rigen por la Ley de Sociedades de Capital y no computan para el requisito del artículo 1.2.a).

Artículo 13. Órgano de administración

Los administradores gestionan y representan la sociedad; si delegan la dirección o confieren apoderamientos, deben delimitar competencias y evitar interferencias. Con Consejo de Administración, los titulares de la clase general pueden agrupar sus acciones para nombrar consejeros por representación proporcional. Los administradores deben actuar de forma diligente, leal, responsable, transparente y adecuada a la sociedad laboral, favorecer el empleo estable, la integración de trabajadores como socios, la igualdad y la conciliación, y adoptar políticas de responsabilidad social.

Artículo 14. Reserva especial

Además de las reservas legales o estatutarias, las sociedades laborales deben constituir una reserva especial dotada con el diez por ciento del beneficio líquido de cada ejercicio, hasta alcanzar al menos una cifra superior al doble del capital social. Solo puede destinarse a compensar pérdidas, si no hay otras reservas disponibles suficientes, y/o a adquirir acciones o participaciones propias, que deben enajenarse a trabajadores con contrato por tiempo indefinido conforme al artículo 12.

Artículo 15. Pérdida de la calificación

Pierde la calificación de «Sociedad Laboral» la sociedad que supera los límites del artículo 1 (salvo sus excepciones) o que no dota, dota insuficientemente o aplica indebidamente la reserva especial. Si no se comunicó la causa o pasaron los plazos de adaptación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o la Comunidad Autónoma, tras expediente, la descalifica y ordena su baja en el Registro. También la pierde por acuerdo de la Junta General con las mayorías de modificación de estatutos. La descalificación obliga a reintegrar los beneficios y ayudas públicas.

Artículo 16. Separación y exclusión de socios

La pérdida de la calificación de laboral puede ser causa legal de separación del socio; si deriva de acuerdo de la Junta General, el derecho corresponde a quienes no votaron a favor. Los socios trabajadores no tienen el derecho de separación por falta de distribución de dividendos del artículo 348 bis LSC. La sociedad puede excluir al socio que incumpla las normas de transmisión o haya sido condenado por sentencia firme a indemnizarla. Sus acciones se ofrecen a trabajadores indefinidos; las no adquiridas se amortizan. El socio cobra su valor en el domicilio social en un máximo de cuatro meses.

Artículo 17. Beneficios fiscales

Las sociedades calificadas como laborales disfrutan, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de una bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Se aplica a la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos que provengan de la empresa de la que procede la mayoría de los socios trabajadores.

Artículo 18. Fundamento y principios

Los poderes públicos promoverán la constitución y desarrollo de las sociedades participadas por los trabajadores. La participación de los trabajadores en resultados y decisiones aumenta su autonomía y fomenta su colaboración en la estrategia de la empresa. Principios: promover el acceso de los trabajadores al capital y/o a los resultados; fomentar su participación en la toma de decisiones; y promover la solidaridad interna y con la sociedad (desarrollo local, igualdad, cohesión social, inserción de personas en riesgo de exclusión, empleo estable y de calidad, conciliación y sostenibilidad).

Artículo 19. Concepto de Sociedad Participada por los Trabajadores

Son sociedades participadas las anónimas o limitadas que no alcanzan los requisitos de laboral, pero promueven el acceso de los trabajadores a ser socios y su participación, y cumplen alguno de estos requisitos: trabajadores con participación en capital y/o resultados; trabajadores con participación en derechos de voto y/o decisiones; estrategia que fomente su incorporación como socios; o promoción de los principios del artículo anterior. Deben actuar con diligencia y lealtad y favorecer el empleo estable y la igualdad.

Artículo 20. Reconocimiento

Pueden ser reconocidas como sociedades participadas por los trabajadores las que cumplan lo establecido en este capítulo, conforme al procedimiento que establezca reglamentariamente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además, las administraciones públicas pueden adoptar, en el ámbito de sus competencias, medidas armonizadas y coordinadas que promuevan e impulsen la participación de los trabajadores en las empresas.

El Acuerdo Interprofesional de 7 de enero de 2015: partes, naturaleza, objeto y vigencia

El SERCLA se rige por el Acuerdo Interprofesional firmado en Sevilla el 7-1-2015 (BOJA núm. 26, de 9-2-2015) por CEA, UGT-A y CC.OO.-A, con la Junta de Andalucía como garante. Sustituye y deroga los acuerdos de 3-4-1996 (conflictos colectivos, adscrito al CARL) y 4-3-2005 (amplió a ciertos individuales). Naturaleza interprofesional (art. 83.3 ET). Vigencia: desde el día siguiente a su publicación en el BOJA y hasta denuncia expresa. Lo desarrolla el Reglamento aprobado por la Comisión de Seguimiento el 25-1-2022.

El SERCLA y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales: adscripción y características del sistema

El CARL se creó por la Ley 4/1983, de 27 de junio; sede en Sevilla; funciona en Pleno o Comisión Permanente. Lo integran Presidente, Secretario General y 28 miembros: 4 de la Consejería de trabajo, 10 sindicales, 10 empresariales y 4 designados por el Presidente de la Junta. Es tripartito (CEA, UGT-A, CCOO-A y Junta). El SERCLA se gestiona por adscripción funcional al CARL. Características del SERCLA: origen en acuerdo interprofesional con efectos de convenio colectivo, sistema paritario (Administración meramente instrumental), autonómico y subsidiario.

Ámbito territorial y personal y conflictos colectivos que cubre el SERCLA

El SERCLA actúa en Andalucía y se aplica a empresas y personas trabajadoras con centros de trabajo en ella. Es competente la sede de la provincia del centro afectado; los conflictos interprovinciales van a la sede de Sevilla (servicios centrales). Conflicto individual o colectivo según el interés. Colectivos (art. 4.2): a) jurídicos; b) impugnación de convenios previa a la vía judicial; c) de intereses en la negociación y discrepancias en periodos de consultas (arts. 40, 41, 44.9, 47, 51 y 82.3 ET); d) discrepancias en comisiones paritarias; e) huelga y servicios de seguridad y mantenimiento.

Conflictos individuales incluidos y conflictos excluidos del SERCLA

Conflictos individuales del SERCLA (art. 4.3): clasificación y movilidad funcional; licencias y permisos no ligados al cuidado; vacaciones y conciliación; movilidad geográfica y modificaciones sustanciales; régimen disciplinario salvo despido; derechos fundamentales y reclamaciones económicas solo junto a esas materias; otras cuestiones relacionadas si hay acuerdo sobre a)-d); y los que acuerde la Comisión de Seguimiento. Excluidos: Seguridad Social (salvo mejoras pactadas), electoral (salvo empresa parte expresa), estatutos sindicales y empresariales, y sector público sin posible acuerdo.

La Comisión de Seguimiento, su Presidencia y la administración del sistema por el CARL

La Comisión de Seguimiento interpreta, adecua y desarrolla el Acuerdo y gobierna y gestiona el sistema. Composición (2022): 4 de la CEA, 2 de UGT-A, 2 de CCOO-A y 4 de la Junta; Secretaría a cargo de la Jefatura del Servicio del SERCLA del CARL, con voz y sin voto. Se constituye con al menos un representante de cada parte signataria, se reúne al menos trimestralmente y decide por unanimidad. Nombra el Colegio de Árbitros. Presidencia alterna, por año natural, entre las organizaciones sindicales y empresarial. El CARL ejecuta materialmente sus acuerdos.

Carácter de los procedimientos y comisiones de mediación

El SERCLA tramita mediación (colectivos e individuales) y arbitraje (colectivos, siempre voluntario salvo renovación de convenio denunciado si este lo prevé), presencial o en línea. La mediación sustituye a la conciliación administrativa previa (arts. 63 y 156 LRJS) y es preceptiva antes de la vía judicial y en conflictos que den lugar a huelga. Principios: oralidad, igualdad, gratuidad, imparcialidad, inmediación y celeridad. Comisiones bipartitas: colectivos, 4 mediadores (2 CEA, 1 CCOO-A, 1 UGT-A), válidas con 2; individuales, 2. Listas de 20 o más personas.

El procedimiento de mediación: solicitud, plazos, finalización, propuesta formal e impugnación

Se pide en el formulario del SERCLA, acreditando si procede el trámite ante la Comisión Paritaria (agotado al pasar el plazo del convenio o, en su defecto, 10 días hábiles). Plazos: subsanación, no más de 5 días hábiles; inadmisión de materias ajenas, 3 días hábiles; tramitación general, máximo 30 días hábiles ampliables salvo plazos preclusivos; periodos de consultas, máximo 15 días naturales sin suspensión. Termina con o sin avenencia, sin efecto, desistimiento, archivo o arbitraje. La propuesta formal se acepta global e íntegra; informe técnico en 10 días hábiles, ampliable a 20.

Mediación en supuestos específicos: huelga, servicios de seguridad y mantenimiento, inaplicación del convenio y conflictos individuales

Antes de la fecha límite para convocar huelga se pide la mediación del SERCLA (objetivos, gestiones, fecha de inicio); la subsanación se requiere en un día hábil y se cumple al día hábil siguiente. Puede seguir tras el preaviso o, excepcionalmente, iniciada la huelga; comparecer es obligatorio. Servicios de seguridad y mantenimiento: los resuelve el SERCLA, a instancia de partes o de oficio, con citación al siguiente día hábil. Inaplicación del convenio (art. 82.3 ET): mediación y, sin acuerdo, arbitraje voluntario o por compromiso previo.

El arbitraje: principios, Colegio de Árbitros, compromiso arbitral y designación del árbitro

El arbitraje se rige por voluntariedad, contradicción, igualdad y defensa; requiere mutuo acuerdo expreso y escrito, salvo el obligatorio para renovar un convenio denunciado si este lo prevé. El Colegio de Árbitros lo nombra la Comisión de Seguimiento por unanimidad; árbitros ajenos, pagados por las partes. Se acude directa o tras mediación, con compromiso arbitral (aceptar el laudo, cuestiones, derecho o equidad, árbitro, plazo en equidad). Sin designación, lista en 2 días hábiles y descarte sucesivo; a los 15 días hábiles sin designación, archivo. Excusa y recusación, 2 días hábiles.

El laudo arbitral: contenido, eficacia, impugnación y arbitraje en derecho y en equidad

Laudo: partes y árbitro; objeto, ámbitos y compromiso; hechos; fundamentación motivada; resolución sin salirse del compromiso. Es motivado y vinculante, excluye otro procedimiento, demanda de conflicto colectivo o huelga sobre la materia; el firme se ejecuta como sentencia firme. Se impugna en 30 días hábiles ante el orden social; si no, se entiende consentido. En derecho: 7 días hábiles para alegar, laudo en 5 días hábiles tras la instrucción y siempre antes de 25 días hábiles desde la primera citación. En equidad: comparecencia en 7 días hábiles y laudo en el plazo fijado en el compromiso.

Artículo 17

Las situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores pueden solucionarse mediante el procedimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo. Mientras los trabajadores lo utilicen, no pueden ejercer el derecho de huelga. En cambio, una vez declarada la huelga, pueden desistir de ella y acudir a ese procedimiento.

Artículo 18

Solo pueden instar el inicio de un Conflicto Colectivo de Trabajo los representantes de los trabajadores del ámbito del conflicto, por iniciativa propia o a petición de sus representados, y los empresarios o sus representantes legales, según el ámbito del conflicto. Si el procedimiento lo inician los empresarios y los trabajadores ejercen el derecho de huelga, se suspende y se archivan las actuaciones.

Artículo 19

La competencia para conocer de los Conflictos Colectivos de Trabajo depende de su naturaleza: corresponde al Delegado de Trabajo de la provincia donde se plantea el conflicto, salvo que afecte a trabajadores de varias provincias, en cuyo caso es competente la Dirección General de Trabajo; o al Orden Jurisdiccional Laboral, según esta disposición y la Ley de Procedimiento Laboral.

Artículo 20

Artículo 21

El Conflicto Colectivo de Trabajo se plantea por escrito, firmado y fechado. En él deben constar el nombre, apellidos, domicilio y carácter de quienes lo plantean; los trabajadores y empresarios afectados; los hechos sobre los que versa el conflicto; las peticiones concretas que se formulan, y los demás datos que procedan.

Artículo 22

El escrito de planteamiento del Conflicto Colectivo de Trabajo se presenta ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto. Si el conflicto afecta a trabajadores de varias provincias, se presenta ante la Dirección General de Trabajo.

Artículo 23

En las veinticuatro horas siguientes al día en que se presenta el escrito de planteamiento del conflicto, la Autoridad laboral envía copia a la parte frente a la que se plantea y convoca a ambas partes a una comparecencia ante ella, que debe celebrarse dentro de los tres días siguientes.

Artículo 24

En la comparecencia, la Autoridad laboral intenta la avenencia entre las partes. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de las representaciones de cada parte y tienen la eficacia de lo pactado en convenio colectivo. Las partes pueden designar uno o varios árbitros, que si son varios actúan conjuntamente y deben dictar su laudo en cinco días. Su decisión tiene la misma eficacia que si hubiera habido acuerdo entre las partes.

Artículo 25

Si las partes no llegan a un acuerdo ni designan árbitros, la Autoridad laboral actúa según el tipo de conflicto: si deriva de discrepancias sobre la interpretación de una norma preexistente, estatal o de convenio colectivo, remite lo actuado, con su informe, a la Magistratura de Trabajo; si se plantea para modificar las condiciones de trabajo, dicta un laudo de obligado cumplimiento que resuelve todas las cuestiones planteadas.

Artículo 26

Los laudos de obligado cumplimiento se dictan en los cinco días siguientes a la comparecencia, como resolución fundada que decide de forma clara y precisa sobre las cuestiones del escrito inicial y las suscitadas en la comparecencia relacionadas con el conflicto. Tienen fuerza ejecutiva inmediata. Pueden recurrirse en alzada ante la Autoridad laboral de grado superior y, agotada la vía gubernativa, impugnarse ante la jurisdicción competente.

Artículo 1. Creación y naturaleza

Crea el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales como organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta de Andalucía, y se crea de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Adscripción

El Instituto queda adscrito a la consejería competente en materia de seguridad y salud laborales. Bajo la autoridad superior del titular de esa consejería, depende de la dirección general competente en la materia, que ejerce sobre él las facultades de dirección, control y tutela que le atribuyen la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto del ordenamiento.

Artículo 3. Fines y funciones

Fines generales del Instituto: fomentar la cultura preventiva en Andalucía, analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud laborales y promover y apoyar su mejora, con especial atención a pymes, trabajadores autónomos y sectores de mayor riesgo. Sus funciones (a-n) incluyen fomento y difusión de la cultura preventiva, estudio de condiciones de trabajo y de siniestralidad, formación, campañas, foros, información y asesoramiento, investigación, seguimiento de enfermedades profesionales, recomendaciones técnicas y formación de nuevos empresarios.

Artículo 4. Régimen de colaboración

El Instituto podrá colaborar, en materias de su competencia, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los centros de prevención dependientes de la consejería de empleo, las restantes consejerías (en especial la de salud), los organismos de la Junta, sindicatos y organizaciones empresariales, los institutos y órganos técnicos de prevención de otras Comunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades públicas o privadas.

Artículo 5. Sede

Artículo 6. Órganos

El Instituto se estructura en órganos de gobierno —la Presidencia, el Consejo General y la Dirección-Gerencia— y en un órgano de asesoramiento y formación: la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 7. La Presidencia

La Presidencia del Instituto corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de seguridad y salud laborales. Sus funciones: representación legal del organismo; convocar, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones del Consejo General; suscribir contratos, convenios y resoluciones de asuntos propios, pudiendo delegar funciones o competencias; y velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos del Instituto.

Artículo 8. El Consejo General

El Consejo General es el órgano superior del Instituto: ejerce su alta dirección, lo gobierna y fija sus directrices, con participación de los agentes económicos y sociales más representativos. Lo forman la Presidencia (la del Instituto), la Vicepresidencia (titular de la dirección general competente) y 16 vocales nombrados por la Presidencia: 8 de la Junta (uno, el Director Gerente), 4 empresariales y 4 sindicales. Tiene una Secretaría con voz y sin voto, puede funcionar en Comisión Permanente y aprueba criterios, planes, borrador de presupuesto, memoria y cuentas.

Artículo 9. La Dirección-Gerencia

La Dirección-Gerencia dirige, coordina y controla las actividades del Instituto. El Director o Directora Gerente es designado y cesado por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en seguridad y salud laborales y previa consulta al Consejo General. Le corresponde ejecutar los acuerdos del Consejo General, elevarle las propuestas de planes y programas, la jefatura superior del personal, autorizar y disponer gastos, contraer obligaciones y ordenar pagos, y lo que le atribuyan los Estatutos o se le delegue.

Artículo 10. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es el órgano de asesoramiento y formación del Instituto; propone la planificación y realización de actividades de información, formación y asesoramiento en los sectores productivos que lo acuerden. La forman seis vocales nombrados por el Presidente o Presidenta: dos de la Junta (designados por la consejería), dos propuestos por las organizaciones empresariales y dos por las sindicales más representativas. Ambos sexos deben estar representados en al menos un 40 % de los miembros designados en cada caso.

Artículo 11. Programas de actuación

Para desarrollar sus funciones de información, asesoramiento y formación, el Instituto podrá establecer con las organizaciones sindicales y empresariales programas temporales de actuación, en la forma que se determine estatutariamente.

Artículo 12. Régimen jurídico-administrativo

Los actos del Instituto se rigen por la normativa reguladora de la Administración de la Junta de Andalucía y demás aplicable. Agotan la vía administrativa los actos dictados por su Presidente o Presidenta o por los órganos colegiados que preside. Contra los demás actos administrativos del Instituto cabe recurso de alzada ante su Presidente o Presidenta.

Artículo 13. Régimen de personal

El personal del Instituto podrá ser funcionario o laboral, en los mismos términos y condiciones que el resto del personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 14. Patrimonio

Para cumplir sus fines, el Instituto tiene patrimonio propio, formado por los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se le adscriban y por los que adquiera por cualquier título, conforme a la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 15. Régimen presupuestario, de contratación y de contabilidad

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del Instituto es el de la normativa de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás aplicable; su contratación, la prevista para las Administraciones Públicas. La Intervención General de la Junta de Andalucía realiza el control financiero, de legalidad, de eficacia y contable del Instituto.

Artículo 16. Recursos

Son recursos del Instituto: los créditos consignados a su nombre en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma (con programas propios específicos) y las consignaciones para sus fines; las subvenciones, aportaciones, donaciones y herencias; los créditos traspasados con funciones, programas o servicios de otras Administraciones Públicas; los ingresos ordinarios o extraordinarios que esté autorizado a percibir; y cualquier otro recurso que se le atribuya.

Artículo 1. Objeto y naturaleza del Servicio Andaluz de Empleo

Crea el Servicio Andaluz de Empleo como organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo y órgano gestor de la política de empleo de la Junta. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía administrativa y financiera para cumplir sus fines y gestionar su patrimonio y fondos. Se rige por esta Ley, sus Estatutos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Principios de organización y funcionamiento

La actuación del Servicio se ajusta a estos principios: igualdad de oportunidades y no discriminación; participación de los agentes sociales y económicos; transparencia del mercado de trabajo; integración, complementariedad y coordinación en la gestión; solidaridad territorial; gratuidad, universalidad y personalización; racionalización, simplificación, eficacia y eficiencia; calidad del servicio para trabajadores y empresas; fomento de la innovación en políticas activas; y colaboración y coordinación con otros organismos y Administraciones.

Artículo 3. Funciones del Servicio Andaluz de Empleo

El Servicio, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma, ejerce las competencias de empleo (fomento, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación). Funciones: elaborar los anteproyectos de los planes de empleo; planificar, gestionar, promover y evaluar los programas para el empleo; resolver convocatorias de ayudas y suscribir convenios; asistencia técnica; ejecutar acciones formativas y gestionar centros de formación para el empleo; y las demás que se le atribuyan.

Artículo 4. Competencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Corresponde al Consejo de Gobierno: aprobar los planes de empleo; establecer las directrices generales de las políticas de empleo; establecer cada año el proyecto de Presupuesto del Servicio dentro del de la Comunidad Autónoma; aprobar sus Estatutos; nombrar, a propuesta del Consejero competente en empleo, al Director Gerente y a los titulares de las Direcciones Generales que se establezcan; y las demás que le atribuya la legislación.

Artículo 5. Atribuciones de la Consejería competente en materia de empleo

Corresponde a la Consejería competente en empleo: fijar las directrices generales y criterios de actuación del Servicio; proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones generales de su materia; aprobar las Órdenes en materia de empleo; aprobar el anteproyecto del Presupuesto del Servicio; aprobar la propuesta anual de necesidades de recursos humanos para elevarla al Consejo de Gobierno; planificar, supervisar y controlar su actuación; y las demás que le atribuya el ordenamiento.

Artículo 6. Estructura de los órganos del Servicio Andaluz de Empleo

Órganos del Servicio Andaluz de Empleo: de gobierno y gestión (Presidencia, Consejo de Administración, Dirección Gerencia y, en su caso, Direcciones Generales); territoriales (Direcciones Provinciales, Comisiones Provinciales y oficinas del Servicio); y de participación (el Consejo Asesor).

Artículo 7. La Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo

La Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo corresponde a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de empleo. Funciones: representación legal del organismo; convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración; y suscribir los contratos, convenios y resoluciones de asuntos propios del Servicio.

Artículo 8. El Consejo de Administración

El Consejo de Administración lo forman el Presidente y 18 vocales nombrados por el titular de la Consejería de empleo, la mitad de la Junta: 9 de la Consejería, 4 sindicales, 4 empresariales y 1 de la FAMP. Un funcionario de categoría mínima de Jefe de Servicio es Secretario, con voz y sin voto. Aplica los criterios de actuación, elabora propuestas de planes, aprueba el borrador de anteproyecto de presupuesto, la memoria y las cuentas, y eleva propuestas al Consejero. En permanente: 9 vocales (4 Junta, 2 sindicales, 2 empresariales, 1 FAMP).

Artículo 9. La Dirección Gerencia

Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración, la Dirección Gerencia dirige, coordina, planifica y controla las actividades del Servicio. Le corresponde: ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración; la jefatura superior del personal; autorizar y disponer gastos, contraer obligaciones y ordenar pagos dentro de los límites presupuestarios; preparar y elevar al Consejo el borrador de anteproyecto de Presupuesto, planes y programas, Memoria y cuentas anuales; y lo que le atribuyan los Estatutos o se le delegue.

Artículo 10. Áreas funcionales

Artículo 11. Las Direcciones Provinciales

En cada provincia, la gestión del Servicio se realiza a través de las Direcciones Provinciales, que asumen las competencias que se les atribuyan en desarrollo de la Ley y de sus normas, representan al Servicio en su demarcación y velan por el cumplimiento de sus fines. Las desempeñan los titulares de las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de empleo.

Artículo 12. Las Comisiones Provinciales

En cada provincia existen Comisiones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, cuya composición y funciones se fijarán estatutariamente. En todo caso, las integran vocales designados por la Junta de Andalucía, por las organizaciones sindicales y empresariales que forman parte del Consejo de Administración y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Artículo 13. El Consejo Asesor

El Consejo Asesor es el órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento del Servicio. Lo forman Presidente (titular de la Viceconsejería de empleo), Vicepresidente (designado por el Presidente), 24 vocales nombrados por el titular de la Viceconsejería —6 de la Junta, 4 de la FAMP, 4 sindicales, 4 empresariales, 2 de la economía social y 4 de reconocido prestigio propuestos por el Consejo de Administración— y un Secretario, funcionario con categoría mínima de Jefe de Servicio, con voz y sin voto.

Artículo 63. Conciliación o mediación previas

Antes de tramitar el proceso hay que intentar la conciliación o, en su caso, la mediación, ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, que puede crearse mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, o mediante acuerdos de interés profesional de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.

Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previas

No exigen conciliación o mediación previa, entre otros, los procesos con vía administrativa previa, Seguridad Social, despido colectivo impugnado por los representantes, vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial, suspensión y reducción de jornada por causas ETOP o fuerza mayor, monitorios, conciliación familiar, oficio, convenios, estatutos sindicales, derechos fundamentales, laudos, acuerdos de conciliación, trabajo a distancia y violencia de género. Tampoco si representa un letrado público o hay que ampliar la demanda a otras personas.

Artículo 65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los laudos arbitrales

La solicitud de conciliación o mediación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad; el cómputo se reanuda al día siguiente del intento o a los quince días hábiles sin celebrarse. A los treinta días hábiles sin acto o sin acuerdo se tiene por cumplido el trámite. El compromiso arbitral también suspende e interrumpe; la caducidad se reanuda con la firmeza del laudo o de la sentencia de anulación. Los laudos se impugnan por el procedimiento ordinario en treinta días hábiles desde su notificación; el FOGASA y terceros, por ilegalidad o lesividad.

Artículo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de mediación

Asistir a la conciliación o mediación es obligatorio. Quien comparece sin profesional aporta teléfono, correo u otro medio telemático para notificaciones. Si no comparece el solicitante sin justa causa, se tiene por no presentada la papeleta y se archiva. Si no comparece la otra parte, se hace constar, se tiene por intentada sin efecto y el juez o tribunal le impondrá las costas, incluidos honorarios del letrado o graduado social contrario hasta seiscientos euros, si la sentencia coincide esencialmente con la papeleta.

Artículo 67. Impugnación del acuerdo de conciliación o de mediación

El acuerdo de conciliación o mediación puede impugnarse ante el juzgado o tribunal que habría conocido del asunto: por las partes, con la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, y por los posibles perjudicados, por ilegalidad o lesividad. La acción caduca a los treinta días hábiles, sin contar sábados, domingos y festivos, desde el día siguiente a la adopción del acuerdo; para los perjudicados, desde que pudieran conocerlo.

Artículo 68. Ejecutividad del acuerdo de conciliación o de mediación y de los laudos arbitrales firmes

Lo acordado en conciliación o mediación es título ejecutivo sin necesidad de ratificarlo ante el juez y se ejecuta por los trámites del Libro Cuarto. Se equiparan a sentencias firmes, a efectos de ejecución definitiva, los laudos arbitrales firmes de órganos creados por acuerdos interprofesionales o convenios colectivos, los de acuerdos de interés profesional de los TRADE, los electorales, los que ponen fin a huelgas o conflictos colectivos y otros del orden social, solo en sus pronunciamientos de condena ejecutables y no en los de eficacia normativa o interpretativa.