Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Artículo 125. Prescripción de infracciones y sanciones

En pocas palabras

Infracciones: leves al año, graves a los dos años y muy graves a los tres, desde el día en que se cometieron; el plazo se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador, y se reanuda si se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Sanciones: mismos plazos, desde el día siguiente a que sea ejecutable la resolución o venza el plazo para recurrirla; los interrumpe el procedimiento de ejecución y se reanudan si se paraliza más de un mes.

Explicación sencilla

Regula cuándo dejan de poder perseguirse las infracciones y ejecutarse las sanciones cooperativas. Los plazos coinciden para ambas (uno, dos y tres años), pero cambia el día inicial del cómputo y el procedimiento que interrumpe el plazo.

Regla mnemotécnica

1-2-3: leves un año, graves dos, muy graves tres, tanto infracciones como sanciones. Parálisis de más de un mes no imputable, y el plazo vuelve a correr.

Trampa típica de examen

Contar la prescripción de las sanciones desde la comisión de la infracción: se cuenta desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Texto del artículo 125 de la Ley 14/2011 (LSCA)

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el citado plazo cuando se inicie, con conocimiento del sujeto interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente responsable de la infracción. 2. Las sanciones por infracciones leves prescribirán al año, las sanciones por infracciones graves a los dos años, y por infracciones muy graves a los tres años, contados a partir del día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del sujeto interesado, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo si aquel estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

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