LE
Ley 3/2023, de Empleo
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Crear cuenta gratis- Art. 1Objeto y finalidad de la LeyLa Ley de Empleo fija el marco de ordenación de las políticas públicas de empleo y regula las estructuras, recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional de Empleo. Su objetivo es promover la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo, garantizar los servicios garantizados y una adecuada cartera de servicios, para crear empleo, reducir el desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial.
- Art. 2Definición de la política de empleoLa política de empleo la integran las políticas activas de empleo y las de protección frente al desempleo; su diseño y ejecución se coordinan con la colaboración de las Administraciones competentes y la participación de los interlocutores sociales. Las activas buscan mejorar la empleabilidad, reducir el desempleo, el empleo digno y el pleno empleo (arts. 35 y 40 CE, estrategia europea). Las de protección son prestaciones y subsidios por desempleo (art. 41 CE).
- Art. 3Otros conceptos básicosDefine conceptos de la ley. Persona joven: demandante menor de treinta años o beneficiaria de Garantía Juvenil. La intermediación no puede hacerse exclusivamente por medios automatizados. Colocación adecuada: en la profesión demandada, la habitual u otra ajustada a sus aptitudes (en estos dos casos con salario equivalente al del sector); indefinida y nunca por debajo del SMI. La búsqueda activa se acredita con la suscripción y cumplimiento del acuerdo de actividad.
- Art. 4Objetivos de la política de empleoEnumera quince objetivos de la política de empleo (letras a a ñ): mercados inclusivos e igualdad, empleo de calidad y estable, mantenimiento del empleo y formación, cualificación, atención a colectivos prioritarios, intermediación eficiente, servicio integrado de información, movilidad funcional y sectorial, acompañamiento personalizado, libre circulación en el ámbito estatal y del Espacio Económico Europeo, integración de inmigrantes, emprendimiento y economía social, protección ante el desempleo, anticipación a medio y largo plazo y atención a empresas.
- Art. 5Principios rectores de la política de empleoLos principios rectores de la política de empleo son: igualdad y no discriminación (por edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, religión, afiliación sindical, lengua, etc.); transparencia del mercado de trabajo, difundiendo políticas, servicios y ofertas y demandas a través del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo; colaboración institucional y coordinación; adaptación, acompañamiento y activación; eficacia y eficiencia; y adecuación al territorio. También rigen la actuación de las entidades colaboradoras.
- Art. 6Planificación de la política de empleoLa política de empleo se desarrolla dentro de la planificación de la política económica, en el marco de la estrategia coordinada para el empleo del TFUE. En el ámbito estatal, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en el marco de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, planifica la política que desarrollan la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos. El Gobierno aprueba las normas en la materia y, en todo caso, gestiona y controla las prestaciones por desempleo a través de ese Ministerio.
- Art. 7Dimensión autonómica y local de la política de empleoLa política de empleo debe tener en cuenta su dimensión autonómica y local; se favorecen iniciativas de empleo en esos ámbitos y se garantiza una atención personalizada, especializada y continuada. Las Comunidades Autónomas desarrollan la política de empleo, fomentan el empleo y ejecutan la legislación laboral y los programas. Las Corporaciones Locales colaboran y cooperan; las entidades locales pueden participar en la concertación territorial, y los servicios autonómicos de empleo determinan su representación en los órganos autonómicos.
- Art. 8Sistema Nacional de EmpleoEl Sistema Nacional de Empleo lo conforman la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos; colaboran Corporaciones Locales y otras entidades. Prestar servicios de empleo es servicio público, sea quien sea quien lo haga. Sus órganos de gobernanza son la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Entre sus funciones: concretar la Estrategia mediante el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y mantener una Cartera Común de Servicios. La Agencia articula la participación autonómica en la PES Network.
- Art. 9Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos LaboralesLa Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales es el órgano de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La preside la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la forman los consejeros autonómicos y de Ceuta y Melilla competentes en empleo; puede convocarse, con voz pero sin voto, a otras Administraciones y a la asociación local más representativa. Entre sus funciones: acordar la distribución de créditos a las Comunidades Autónomas, identificar colectivos prioritarios y elaborar con el Consejo General el Informe Conjunto sobre el empleo.
- Art. 10Consejo General del Sistema Nacional de EmpleoEl Consejo General del Sistema Nacional de Empleo es el órgano consultivo y de participación institucional en empleo. Es tripartito: lo preside la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Empleo y lo integran un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de miembros de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las sindicales más representativas. Los votos empresariales y sindicales se ponderan para que cada representación pese lo mismo que el conjunto de ambas administraciones. Informa propuestas normativas y la planificación.
- Art. 11Estrategia e instrumentos de planificación de la política de empleoEl Sistema Nacional de Empleo se ordena con los principios de lealtad institucional, adecuación al reparto de competencias, colaboración, coordinación y cooperación. El seguimiento y evaluación de las políticas activas se hace en la Conferencia Sectorial y en el Consejo General y se recoge en un Informe Conjunto sobre el empleo. Los instrumentos de planificación y coordinación son la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.
- Art. 12La Estrategia Española de Apoyo Activo al EmpleoEl Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprueba por real decreto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, previo informe del Consejo General y de la Conferencia Sectorial. Es cuatrienal, con evaluación intermedia a los dos años y ex post al final. Se articula en siete Ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de empleo, Oportunidades para personas con discapacidad, Igualdad de oportunidades, Emprendimiento y Mejora del marco institucional, este último transversal.
- Art. 13El Plan Anual para el Fomento del Empleo DignoEl Plan Anual concreta cada año las directrices para alcanzar los objetivos de la Estrategia en el Estado y en cada Comunidad Autónoma, con indicadores anuales, y fija los servicios y programas de las Comunidades y de la Agencia. La Agencia puede modificarlos excepcionalmente a petición justificada de la Comunidad por necesidades extraordinarias sobrevenidas. Lo elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo informan el Consejo General y la Conferencia Sectorial y lo aprueba el Consejo de Ministros. Se articula en seis Ejes; el sexto, transversal.
- Art. 14El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de EmpleoEl Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo es el instrumento técnico de coordinación del Sistema Nacional de Empleo: mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial, establece protocolos de registro de datos comunes. Es una red de información común para la estructura pública y privada del empleo. Se integran necesariamente la Agencia, los servicios autonómicos, las agencias privadas de colocación y las entidades colaboradoras. Se coordina con la Red Europea y permite el perfilado de las personas usuarias.
- Art. 15Criterios orientadores del Sistema Público Integrado de InformaciónEl Sistema Público Integrado de Información garantiza la intermediación sin barreras territoriales, el registro de demandantes y empleadores, la trazabilidad de actuaciones, estadísticas comunes, la comunicación del contenido de los contratos y el seguimiento de formación, orientación, iniciativas de empleo, bonificaciones y entidades colaboradoras. Reúne datos de empleo, empleabilidad y vacantes. Su calidad se somete a una auditoría anual. La información debe seguir la regulación estatal de seguridad e interoperabilidad y se promueve su publicación como datos abiertos.
- Art. 16Tratamiento de datosLos tratamientos de datos se rigen por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Se tratan los datos imprescindibles para la política de empleo (identificativos, laborales, formativos, de protección social y socioeconómicos). Son responsables del tratamiento la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos; son encargados las entidades colaboradoras públicas y privadas. Rige la minimización de datos, que se conservan el tiempo necesario y luego se suprimen. Pueden comunicarse a jueces, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para investigar delitos.
- Art. 17Toma de decisiones fundamentada en el análisis de datos, las evidencias estadísticas y el análisis del mercado de trabajoLa información del Sistema Público Integrado es la base de herramientas de apoyo a decisiones basadas en datos y evidencias estadísticas, desarrolladas en el Sistema Nacional de Empleo con las Comunidades Autónomas y puestas a disposición del personal de tutorización y de atención. Se evita la discriminación y sus efectos se evalúan cada año. Las decisiones y recomendaciones siempre pueden ser revisadas o modificadas por el personal de tutorización, y la persona interesada accede a su contenido íntegro. El algoritmo se desarrolla reglamentariamente y no se usan categorías especiales de datos.
- Art. 18Autorización para la creación de la Agencia Española de EmpleoEl artículo autoriza la creación de la Agencia Española de Empleo. Las condiciones de transformación del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., en la Agencia Española de Empleo se regularán mediante Real Decreto, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la ley. La ley no crea directamente la Agencia: la autoriza y remite la transformación a una norma reglamentaria.
- Art. 19Concepto y misiónLa Agencia Española de Empleo será una entidad de derecho público de la Administración General del Estado. Se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas tanto de las políticas activas de empleo como de protección por desempleo, siempre en el marco de lo establecido en la Ley de Empleo. Conviene retener los tres verbos de su misión y que abarca las dos ramas de la política de empleo.
- Art. 20Naturaleza y régimen jurídicoLa Agencia Española de Empleo es un organismo público de la Ley 40/2015, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Como agencia estatal tiene personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad, con plan de acción anual y contrato plurianual de gestión. Se rige por la Ley 40/2015, la Ley General Presupuestaria y su estatuto. Controles: de eficacia, la Secretaría de Estado; interno, la Intervención General del Estado; externo, el Tribunal de Cuentas.
- Art. 21Estructura organizativaLos estatutos de la Agencia Española de Empleo concretan su estructura organizativa, con la composición, funciones, competencia y rango de cada órgano. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participan de forma tripartita y paritaria en sus órganos. Se facilita, cuando proceda, la consulta a la economía social y al trabajo autónomo. En todo caso, la estructura central tendrá un consejo rector y una comisión permanente como órganos rectores y de participación institucional.
- Art. 22CompetenciasCompetencias de la Agencia Española de Empleo: proponer normas al Ministerio, elaborar y aprobar su anteproyecto de presupuesto, percibir fondos europeos, elaborar el proyecto de la Estrategia y del Plan Anual con las Comunidades, gestionar el Observatorio de las Ocupaciones, mantener bases de datos y estadísticas, gestionar programas con cargo a su reserva de crédito (dotada cada año por la Ley de Presupuestos, previo informe de la Conferencia Sectorial), gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, representar a España en EURES y coordinar los Centros de Orientación.
- Art. 23Definición y competenciasLos servicios públicos de empleo autonómicos son los órganos o entidades que gestionan y desarrollan las políticas activas de empleo y garantizan los servicios de empleo comunes y complementarios. Para prestarlos pueden recurrir a Corporaciones Locales o a otras entidades públicas o privadas colaboradoras. Las normas autonómicas pueden desarrollar una cartera complementaria y programas propios. Elaboran los instrumentos de la política autonómica de empleo en coordinación con la Estrategia, el Plan Anual, las Orientaciones Específicas y la Estrategia Europea.
- Art. 24Estructura organizativaLos servicios públicos de empleo autonómicos, según sus potestades organizativas, deben contar con los recursos humanos necesarios para prestar de forma eficaz los servicios de empleo comunes y complementarios, cumplir los servicios garantizados y compromisos con personas y empresas usuarias y participar en la política autonómica de empleo. Su estructura organizativa debe incluir órganos tripartitos y paritarios con participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
- Art. 25Entidades públicas colaboradorasDentro del marco competencial existente, las entidades locales colaborarán con la Agencia Española de Empleo y con los servicios públicos de empleo autonómicos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del artículo 4. Además, para cumplir esos mismos objetivos, la Agencia y los servicios autonómicos podrán determinar la colaboración con otras entidades públicas. La colaboración local es un deber («colaborarán»); la de otras entidades públicas, una posibilidad.
- Art. 26Entidades privadas de empleo colaboradorasLas entidades privadas que actúen en políticas activas de empleo deben colaborar y coordinarse con los organismos públicos. Las que opten por esa colaboración deben actuar con total transparencia e informar de su actividad a los organismos autonómicos de empleo; si su ámbito excede de una Comunidad, también a los servicios autonómicos afectados y a la Agencia Española de Empleo. La información se transmite con periodicidad anual e incluye, como mínimo, una memoria de actividades con datos numéricos y cualitativos concretos.
- Art. 27Acuerdos marco de colaboraciónLa Agencia Española de Empleo y los servicios de empleo autonómicos pueden suscribir con entidades privadas, que actúen individual o mancomunadamente, acuerdos marco de vigencia máxima cuatrienal, en los términos de los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Tanto los acuerdos marco como los contratos basados en servicios se someten a esa Ley 9/2017 y a su normativa de desarrollo.
- Art. 28Personal de los servicios públicos de empleoEl personal del Sistema Nacional de Empleo lo conforman dos grupos: el personal al servicio de la Agencia Española de Empleo y el personal al servicio de las entidades autonómicas de empleo. El artículo no incluye en esa definición al personal de las entidades colaboradoras ni al de las Corporaciones Locales, aunque estas colaboren con el sistema.
- Art. 29Dotación de las plantillas de los servicios públicos de empleoLa Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos, mediante sus instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, deben tener los recursos humanos necesarios para prestar los servicios de forma eficaz y eficiente, atender de forma personalizada a personas y empresas usuarias y cumplir los servicios garantizados de su cartera. En el caso de la Agencia, siempre dentro de lo que permitan las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. También deben contar con plantillas suficientes para gestionar el Sistema Público Integrado de Información, con ese mismo límite.
- Art. 30Especialización y profesionalización del personal de los servicios públicos de empleo y las entidades colaboradorasLa Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos procurarán mantener plantillas con perfiles técnicos y de gestión especializados en políticas de empleo, capaces de atender a los distintos perfiles de demandantes, incluidas las personas con discapacidad. Sus planes de formación incluirán las acciones necesarias y formación específica en accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo. En la colaboración con entidades públicas y privadas se procurará adecuar sus plantillas y se ponderará su profesionalización.
- Art. 31Concepto de las políticas activas de empleoLas políticas activas de empleo son el conjunto de servicios y programas de orientación, intermediación, empleo, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, dirigidos a crear empleo, mejorar el acceso a un empleo digno por cuenta ajena o propia, mantener y mejorar la empleabilidad y fomentar el espíritu empresarial y la economía social. Sus objetivos prioritarios son elevar la empleabilidad, reducir las brechas de género y conseguir el ajuste simultáneo entre oferta y demanda. A los colectivos prioritarios se les garantizan servicios especializados.
- Art. 32Desarrollo de las políticas activas de empleoLas políticas activas se desarrollan en todo el Estado en el marco de los instrumentos de planificación. Las diseñan y ejecutan la Agencia y los servicios autonómicos, que gestionan sus recursos directamente o mediante colaboración público-privada o público-pública (contratos-programa, subvenciones, acuerdos marco, convenios). Cada año elevan a la Conferencia Sectorial una memoria de gasto y resultados. Los contratos-programa con entidades del sector público tienen naturaleza administrativa, vigencia máxima de cuatro años y los celebra, en la Agencia, la persona titular de su Dirección.
- Art. 33Sistema de formación en el trabajoLa formación en el trabajo tendrá regulación específica. Sus fines incluyen: formación a lo largo de la vida de ocupados y desempleados, del sector público y privado; consolidar el derecho a la formación y a la promoción profesional, incluido el permiso de veinte horas anuales acumulables hasta cinco años; mejorar competencias, sobre todo digitales y de sostenibilidad; productividad de las empresas; perspectiva de género en todos los contenidos; empleabilidad; valoración de competencias pactada en negociación colectiva; transición digital y ecológica; y formación programada por las empresas.
- Art. 34ConceptoLa empleabilidad es el conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y del mercado de trabajo. Además, debe producir un ajuste dinámico entre las competencias propias y las demandadas por el mercado de trabajo.
- Art. 35Mantenimiento y mejora de la empleabilidadEl mantenimiento y mejora de la empleabilidad es un derecho y un deber de las personas demandantes de los servicios de empleo, como desarrollo del artículo 35 de la Constitución. El Sistema Nacional de Empleo debe velar por ella respecto de todas las personas demandantes, y todas las actuaciones de sus entidades públicas y privadas se orientan a ese derecho. Las políticas de protección frente al desempleo siguen la misma orientación: las personas beneficiarias no deben verse abocadas a decisiones que perjudiquen su profesionalidad.
- Art. 36La medición de la mejora de la empleabilidad: tasas de empleabilidad, intermediación y coberturaLos itinerarios individuales y patrones de atención buscan mejorar la empleabilidad. Se miden con tres tasas: la de empleabilidad, definida reglamentariamente tras deliberación técnica en el Sistema Nacional de Empleo y el Diálogo Social; la de intermediación, que mide el impacto de las atenciones en las transiciones al empleo y la atención a empresas; y la de cobertura, que indica qué proporción de personas desempleadas está protegida. Las tres se publican, se actualizan periódicamente y se desagregan por sexo y edad.
- Art. 37El catálogo de instrumentos de empleabilidadEl Sistema Nacional de Empleo mantiene y actualiza un catálogo de instrumentos eficaces de empleabilidad, cuya utilidad debe estar contrastada con datos objetivos cuantitativos y cualitativos. El catálogo orienta las acciones que se proponen a cada persona según su perfilado. Al actualizarlo se buscan las mejores prácticas de los ámbitos territoriales del Sistema y de otros Estados del Espacio Económico Europeo. Lo desarrolla el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.
- Art. 38Competencias básicas para la empleabilidadSon finalidades prioritarias de las acciones de empleabilidad mejorar las competencias básicas de los demandantes de empleo en comunicación oral y escrita y en manejo y aprovechamiento de herramientas digitales y tecnológicas, asegurando su plena accesibilidad y la no discriminación en su uso. Desarrollar estas competencias y habilidades debe ser una competencia transversal en la programación de todas las actividades de empleabilidad.
- Art. 39No discriminaciónAl planificar, organizar y desarrollar acciones de empleabilidad se pondrá especial cuidado en evitar discriminaciones por edad, sexo o discapacidad, o por otras razones (orientación sexual, identidad de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier circunstancia personal, familiar o social), y decisiones con sesgo o estereotipo negativo. Tampoco se fijarán criterios que presupongan que los destinatarios son suficientemente mayores o jóvenes, o referidos a su sexo o discapacidad.
- Art. 40Concepto de la intermediación laboralLa intermediación laboral es el conjunto de acciones para proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado y a los empleadores los trabajadores más apropiados. Puede comprender: prospección y captación de ofertas; puesta en contacto de ofertas con quien busca empleo; selección sin sesgos de género, edad o discapacidad; y apoyos a solicitantes (en especial colectivos prioritarios). Es colocación especializada la recolocación de afectados por reestructuraciones y también la selección de personal, aunque se busque entre no inscritos.
- Art. 41Agentes de la intermediaciónEn el Sistema Nacional de Empleo la intermediación se realiza únicamente a través de los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación (incluidas las especializadas en recolocación o selección de personal) y otros servicios que se determinen reglamentariamente para o con las personas trabajadoras en el exterior. Las entidades colaboradoras o promotoras de programas de políticas activas aprobados por los servicios públicos pueden intermediar de forma complementaria con sus participantes, sin constituirse como agencias de colocación.
- Art. 42El servicio público de intermediación laboralLa intermediación laboral es un servicio de carácter público, la haga quien la haga. Los servicios públicos de empleo, directamente o a través de agencias de colocación, la garantizan sin barreras territoriales y gratuita para los trabajadores. Pueden firmar acuerdos o convenios con agencias y derivarles demandantes. La financiación pública somete a las agencias a indicadores de eficiencia; las que tengan ánimo de lucro harán al menos un 60 % de su actividad con fondos propios. Su actividad la siguen y evalúan los servicios de empleo de cada territorio.
- Art. 43Agencias de colocaciónSon agencias de colocación las entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que intermedian en coordinación con los servicios públicos de empleo o como colaboradoras. Basta una declaración responsable ante el servicio público de empleo de la Comunidad o ciudad autónoma de su establecimiento principal: vale en todo el Estado, sin límite de duración, y pueden empezar ese mismo día. Tienen obligaciones (información, gratuidad, protección de datos, accesibilidad, igualdad). El falseamiento o el incumplimiento causan baja, y no podrán volver a serlo en dos años.
- Art. 44La actividad de recolocación de las personas trabajadorasLa recolocación de trabajadores afectados por reestructuraciones empresariales puede hacerla el personal de los servicios públicos de empleo o agencias de colocación. Se desarrolla según el plan de recolocación externa (art. 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y art. 9 del Real Decreto 1483/2012) y también puede promoverla el servicio público de empleo cuando lo vea oportuno. El plan procurará en particular el retorno al trabajo de quienes pierdan el empleo por despido colectivo después de los cincuenta y dos años.
- Art. 45La actividad de selección de personalLa selección de personal, como colocación especializada, puede hacerla directamente el personal de los servicios públicos de empleo o agencias de colocación. Se rige por la igualdad y la no discriminación en el acceso al empleo por edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, lengua dentro del Estado o cualquier otra circunstancia personal o social.
- Art. 46Indicadores de eficienciaLos indicadores de proceso, impacto y resultados que miden la eficiencia de las agencias de colocación se regularán reglamentariamente, teniendo en cuenta, entre otros, el número y perfil de las personas atendidas, las ofertas captadas, la reducción de las brechas de género y las inserciones logradas. La medición debe incentivar el acceso en igualdad a los Servicios de Empleo de cualquier persona, con independencia de su empleabilidad inicial.
- Art. 47Solicitantes y perceptores de prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica frente a la situación de desempleoQuien solicite o perciba prestaciones o subsidios de desempleo o por cese de actividad debe adquirir la condición de demandante de servicios de empleo, con los servicios garantizados y el acuerdo de actividad. Quien perciba otras rentas frente al desempleo será usuario de los servicios públicos de empleo. El procedimiento lo acuerdan la Agencia Española de Empleo, el Instituto Social de la Marina si es competente y los servicios públicos de empleo. Cumplir el itinerario supone cumplir el acuerdo de actividad, y lo acreditan los servicios públicos o entidades colaboradoras.
- Art. 48Colaboración institucionalLa Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo autonómicos, las entidades colaboradoras, el INSS, el ISM, la TGSS, las mutuas y otras entidades gestoras de prestaciones por desempleo o cese de actividad colaborarán mutuamente. Los servicios de empleo suministran datos del perfil, itinerario, acciones y ofertas; las gestoras, datos de la protección y de los períodos de actividad. Todo ello conforme a la normativa de protección de datos, y coordinado mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y convenios.
- Art. 49Programas y medidas de apoyo activo al empleoSe articularán programas que permitan compatibilizar, al menos parcialmente, las prestaciones por desempleo o cese de actividad con un trabajo por cuenta ajena o propia, con las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla. Caben programas extraordinarios y temporales para colectivos prioritarios o para la movilidad geográfica voluntaria. Para emprender o crear economía social viable, la prestación contributiva puede abonarse por una sola vez, total o parcialmente, y/o destinarse a cuotas a la Seguridad Social, con auditoría de viabilidad y acompañamiento técnico.
- Art. 50Colectivos de atención prioritaria para la política de empleoEl Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán programas específicos para personas con especiales dificultades de empleo. La ley enumera los colectivos vulnerables de atención prioritaria (jóvenes con baja cualificación, parados de larga duración, personas con discapacidad, mayores de 45 años, etc.). Tienen mayores dificultades las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o autismo con discapacidad igual o superior al 33 %, y las de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.
- Art. 51La perspectiva de género en las políticas de empleoLos organismos de empleo públicos y privados deben promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo y evitar toda discriminación, con más intensidad si la demandante encabeza una familia monomarental. Habrá objetivos cuantitativos de reducción de la brecha en los sectores donde la diferencia de empleo en perjuicio de las mujeres supere la media total, computada anualmente. Caben incentivos para incorporar varones en ámbitos feminizados y acciones de empleabilidad solo para mujeres donde estén infrarrepresentadas.
- Art. 52Políticas de empleo para mayores de cuarenta y cinco añosSon colectivo prioritario de las políticas de empleo las personas demandantes de servicios de empleo que hayan alcanzado los cuarenta y cinco años, cuando hayan perdido su empleo o estén en riesgo de perderlo. La atención se intensifica si tienen a cargo menores de dieciséis años o mayores dependientes.
- Art. 53Personas demandantes de servicios de empleo jóvenesEs persona joven quien no haya alcanzado los treinta años o sea beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los jóvenes son siempre colectivo prioritario, sobre todo los mayores de 18 años sin titulación para un contrato formativo para la práctica profesional. Con los de dieciséis y diecisiete años sin estudios, la prioridad es volver al sistema educativo y mejorar sus cualificaciones; con los titulados, favorecer la práctica profesional. En general se promueve empleo de calidad, indefinido, a jornada completa y con salarios dignos.
- Art. 54Personas con discapacidad demandantes de servicios de empleoPara las personas con discapacidad se tendrán especialmente en cuenta las medidas del artículo 39.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Los servicios de empleo procurarán prioritariamente su acceso al empleo ordinario, el mantenimiento del empleo, la mejora de su empleabilidad y su desarrollo profesional, y la sostenibilidad del empleo protegido. Si lo deciden las Administraciones competentes, el personal de los servicios de empleo se integrará en los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad. Habrá acciones positivas y empleo con apoyo.
- Art. 55Servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo y a personas, empresas y demás entidades empleadorasLa Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, directamente o colaborando con otros agentes públicos, privados y los interlocutores sociales, deben garantizar en todo el territorio nacional los servicios de los artículos siguientes a los demandantes de servicios de empleo y a los empleadores. Su asignación se apoyará en el análisis de datos y en evidencias estadísticas de impacto y efectividad. Su contenido y alcance se fijarán reglamentariamente.
- Art. 56Catálogo de servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleoSon servicios garantizados a los demandantes: perfil individualizado con diagnóstico previo; tutorización individual durante las transiciones laborales; itinerario personalizado con acuerdo de actividad; formación en el trabajo; asesoramiento para el autoempleo; intermediación eficiente; canal presencial o digital; acceso a trabajos en todo el Estado en iguales condiciones; protección social; y expediente laboral único. La evaluación individual se dará lo antes posible y el itinerario, en un mes como máximo desde la elaboración del perfil.
- Art. 57Catálogo de servicios garantizados a personas, empresas y demás entidades empleadorasLa Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos deben garantizar en todo el territorio a empleadores: gestión de las ofertas presentadas; información y asesoramiento sobre contratación y sus medidas de apoyo; identificación de sus necesidades de puestos y perfiles; información y apoyo sobre la comunicación de contrataciones y trámites; apoyo en la recolocación en los supuestos legales; e información sobre la difusión de ofertas en la Unión Europea mediante la Red EURES. Se desarrollarán reglamentariamente.
- Art. 58Compromisos de las personas demandantes de servicios de empleoLos demandantes de servicios de empleo se comprometen a: colaborar en su perfil y en el diseño de su itinerario, aportando documentación y atendiendo requerimientos; desarrollar, salvo causa justificada, las actividades del itinerario; cumplir, salvo causa justificada, la formación y la carga lectiva mínima del acuerdo de actividad; mantener una actitud activa; comunicar cambios de domicilio y otras circunstancias relevantes; y, si están desempleados, aceptar ofertas de empleo adecuadas.
- Art. 59Compromisos de las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleoPara acceder a los servicios garantizados del artículo 57.2, las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo se comprometen a: colaborar activamente con los servicios públicos de empleo en la planificación de las actividades formativas; comunicar sus puestos vacantes en los términos que fije el reglamento; y colaborar con la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras.
- Art. 60Personas, empresas y demás entidades usuarias de los servicios de empleoPueden ser usuarios de los servicios de empleo dos grupos: las personas demandantes de servicios de empleo, y las personas, empresas y demás entidades empleadoras, cualquiera que sea su forma jurídica. El artículo no limita el acceso de los empleadores por razón de la forma que adopten.
- Art. 61Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y carteras propiasLa Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, regulada por reglamento, recoge los servicios garantizados y los demás que se presten en todo el Estado. Se agrupan en orientación, intermediación y asesoramiento a empresas, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el desarrollo local. Cada servicio público puede aprobar su propia cartera, que incluirá siempre la común, más servicios complementarios. Además se implantará, con carácter accesorio, una cartera digital con asistente virtual e identificación electrónica.
- Art. 62Régimen presupuestario de fondos de empleo de ámbito nacionalLos fondos de empleo de ámbito nacional son competencia del Estado y figuran identificados en los presupuestos estatales. Se distribuyen según el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria y financian programas del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno. El Consejo de Ministros, previo informe de Hacienda, puede fijar criterios plurianuales para las Comunidades que cumplan objetivos. Si los cumplen, devuelven los remanentes no comprometidos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Se reserva crédito para la Administración General del Estado.
- Art. 63Políticas activas de empleo cofinanciadas por los fondos de la Unión EuropeaAl distribuir los fondos que gestionarán las Comunidades Autónomas, se identificarán los programas cofinanciados por fondos de la Unión Europea. Cuando una política activa de empleo esté cofinanciada por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma que haya asumido su gestión asume también la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos de la legislación comunitaria aplicable.
- Art. 64Órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacionalSon órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional: la Agencia Española de Empleo; los órganos de las Comunidades Autónomas, respecto de la gestión transferida; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Intervención General de la Administración del Estado; el Tribunal de Cuentas; y, si hay cofinanciación europea, los órganos de la Unión y las autoridades estatales de gestión y pagadoras de los fondos estructurales. Cada uno controla según su normativa.
- Art. 65Remanentes generados con la cuota de formación profesionalLos remanentes de crédito para formación en el trabajo de la reserva de la Agencia Española de Empleo se incorporan al ejercicio siguiente, según la Ley de Presupuestos. Si el remanente de tesorería afectado a la formación en el trabajo, calculado a 31 de diciembre, supera los dos mil millones de euros durante dos ejercicios consecutivos, el exceso sobre esa cifra puede usarse al año siguiente para políticas activas de empleo que incluyan mejora de competencias, incluyéndolo en el presupuesto inicial o mediante modificación presupuestaria.
- Art. 66Planificación y carácter público de sus resultadosLa política de empleo se evaluará de forma continuada y planificada, dirigida en el seno del Sistema Nacional de Empleo y realizada con carácter externo e independiente, además de las evaluaciones internas del propio Sistema. Perseguirá los objetivos finales de la evaluación de políticas públicas en el Estado. Sus resultados serán públicos, se actualizarán periódicamente e incluirán recomendaciones que se incorporarán con claridad a la toma de decisiones.
- Art. 67PrioridadesLa evaluación de la política de empleo tiene dos prioridades: medir el retorno social y económico de las inversiones en política de empleo, y valorar la eficacia de las medidas de protección a las personas y a las empresas y su impacto en el mantenimiento del empleo.
- Art. 68Niveles de organizaciónLa planificación de la evaluación abarca las estrategias vigentes y sus planes de desarrollo, y se organiza al menos en cuatro niveles: estratégico (cumplimiento de objetivos); de desempeño de la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos autonómicos, según el modelo de la Comisión Europea en la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión; de impacto, eficacia y eficiencia de programas y medidas; y de satisfacción de personas y entidades empleadoras atendidas.
- Art. 69Aspectos metodológicos y calidad de los datosLa metodología de evaluación valorará el diseño, la puesta en práctica y los efectos de las políticas de empleo, y podrá usar grupos de control, escenarios contractuales o proyectos piloto previos. Atenderá especialmente a la mejora de la empleabilidad y a las transiciones del desempleo al empleo. La fuente principal serán los datos administrativos de gestión del Sistema Nacional de Empleo, cuya calidad se asegurará con proyectos sobre su Sistema de Información, desagregados por colectivos prioritarios si es posible. Incluirá recomendaciones públicas.
- Art. 70Otras iniciativas de evaluaciónAdemás de lo previsto en el título de evaluación, se favorecerán las iniciativas de evaluación que las administraciones competentes desarrollen en paralelo a los niveles de gestión, para cubrir la evaluación del impacto del mayor número posible de programas y medidas. En el Sistema Nacional de Empleo se promoverá sistematizar la puesta en común de las buenas prácticas y casos de éxito que surjan de ellas.