Tema 60 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social

Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social está configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, y se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley.

Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social

Artículo 4. Delimitación de funciones

El apartado 1 atribuye al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social. El apartado 2 dispone que los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución. El apartado 3 establece que en ningún caso la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales

Las funciones no jurisdiccionales del Estado en Seguridad Social que no sean propias del Gobierno las ejerce el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros departamentos ministeriales. Le corresponden: proponer al Gobierno los reglamentos generales; la restante potestad reglamentaria; las funciones económico-financieras, salvo las encomendadas en la Ley 47/2003, y la dirección y tutela de las entidades; la inspección a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y los supuestos y condiciones de notificación electrónica obligatoria.

Artículo 6. Coordinación de funciones afines

Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de los que cumplen funciones afines. Las funciones afines que cita el artículo son de previsión social, sanidad, educación y asistencia social.

Artículo 7. Extensión del campo de aplicación

Contributivas: españoles que residan en España y extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, si ejercen su actividad en territorio nacional y son trabajadores por cuenta ajena, autónomos mayores de dieciocho años, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes o funcionarios públicos, civiles y militares. No contributivas: todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan legalmente en él. El Gobierno podrá, a instancia de los interesados, excluir a personas cuyo trabajo por cuenta ajena pueda considerarse marginal.

Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria

Apartado 1: las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema. Apartado 2: los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en la ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el Régimen General o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de esos grupos en el campo de aplicación de dichos regímenes.

Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General, que se regula en el título II de la ley, y por los regímenes especiales a que se refiere el artículo 10. Los regímenes especiales se regularán conforme al artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se establecerán el tiempo, alcance y condiciones para conservar los derechos en curso de adquisición de quienes pasen de unos regímenes a otros, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno, siempre que no se superpongan.

Artículo 10. Regímenes especiales

Se establecerán regímenes especiales en actividades donde, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso. Encuadran a autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; estudiantes; y los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los del mar y funcionarios se rigen por leyes específicas. El Gobierno, a propuesta del Ministerio, podrá disponer la integración de los demás en el Régimen General, si es posible por sus características y la homogeneidad alcanzada.

Artículo 11. Sistemas especiales

Además de los sistemas especiales regulados en la propia ley, en aquellos regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de estas materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.

Artículo 12. Familiares

A efectos del artículo 7.1, salvo prueba en contrario, no son trabajadores por cuenta ajena el cónyuge y los parientes del empresario por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. Los autónomos podrán contratar como trabajadores por cuenta ajena a sus hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, sin cobertura por desempleo; igual tratamiento para los hijos mayores de 30 años con especiales dificultades de inserción laboral (grupos a, b y c).

Artículo 13. Trabajadores con discapacidad

Los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de empleo quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad. Por el Gobierno se aprobarán normas específicas relativas a sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social, en atención a las peculiares características de su actividad laboral.

Artículo 14. Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas

Cooperativas de trabajo asociado: la cooperativa puede optar por que sus socios trabajadores figuren a) como asimilados a trabajadores por cuenta ajena (Régimen General o algún régimen especial, según proceda, de acuerdo con su actividad) o b) como autónomos en el régimen especial correspondiente. Opción en los estatutos, modificable solo en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca. Socios trabajadores de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y socios de trabajo del art. 13.4 de la Ley 27/1999: asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 15. Obligatoriedad y alcance de la afiliación

La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para las personas a que se refiere el artículo 7.1, y es única para toda su vida y para todo el sistema. Esto se entiende sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que integran el sistema, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.

Artículo 16. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos

La afiliación podrá practicarse a petición de los obligados, a instancia de los interesados o de oficio. Si los obligados incumplen, el interesado podrá instar su afiliación, alta, baja o variación de datos. La Administración podrá actuar de oficio ante el incumplimiento y revisar de oficio, en cualquier momento, sus actos no conformes con las leyes; procede rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho y aritméticos. En contratas y subcontratas del apartado 6, el empresario debe comprobar la afiliación y alta antes del inicio, salvo lo previsto en el apartado 7.

Artículo 17. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información

Los organismos competentes de la Administración de la Seguridad Social mantendrán al día los datos de las personas afiliadas y de los obligados por esta sección. Empresarios y trabajadores tienen derecho a ser informados de los datos a ellos referentes, igual que quienes acrediten un interés personal y directo. La Administración informará a cada trabajador sobre su futura jubilación ordinaria (artículo 205.1), a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen, a efectos meramente informativos, sin originar derechos ni expectativas de derechos.

Artículo 18. Obligatoriedad

La cotización es obligatoria en todos los regímenes del sistema. La de desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y demás conceptos de recaudación conjunta, en los regímenes, supuestos y alcance que fijen esta ley, su desarrollo y sus normas reguladoras. La obligación nace al iniciarse la actividad. Responden los obligados directos y, además, los responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa, por el procedimiento recaudatorio. Si la obligación corresponde al empresario, podrá dirigirse contra quien efectivamente reciba los servicios.

Artículo 19. Bases y tipos de cotización

Bases y tipos de cotización (Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta): los establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tope máximo: el fijado cada año por esa ley, actualizado anualmente en ella en el porcentaje de revalorización de las pensiones contributivas (art. 58.2). Tope mínimo: SMI vigente incrementado en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. AT y EP se cotizan por la tarifa de primas, que tienen la condición de cuotas; su base es la de desempleo, FOGASA y formación profesional.

Artículo 19 bis. Cotización adicional de solidaridad

El importe de las retribuciones del artículo 147 que supere la base máxima de cotización establecida para las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que resulte de aplicación dicho artículo queda sujeto, en toda liquidación de cuotas, a una cotización adicional de solidaridad por tramos: 5,5 % entre la base máxima y la cantidad que la supera en un 10 %; 6 % entre el 10 % superior a la base máxima y el 50 %; 7 % a la parte que supere el anterior porcentaje. Se distribuye entre empresario y trabajador en la misma proporción que el tipo por contingencias comunes.

Artículo 20. Adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la cotización

Solo obtienen beneficios en la cotización las empresas y sujetos responsables al corriente con la Seguridad Social en la fecha de su concesión. Adquirirlos y mantenerlos exige, en todo caso, suministrar los datos por medios electrónicos (la TGSS podrá autorizar otro soporte, excepcionalmente y con carácter transitorio). El impago en plazo de cuotas posteriores causa únicamente su pérdida automática en los períodos no ingresados, salvo error de la Administración. El reintegro de beneficios no deducidos se pide en tres meses desde la presentación de la liquidación.

Artículo 21. Competencia

La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema, lleva a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria bajo la dirección y tutela del Estado. La función liquidatoria se ejerce sin perjuicio de las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, respecto a determinados recursos distintos a cuotas, de otros organismos u órganos administrativos. Podrá concertar servicios de recaudación con administraciones públicas o entidades particulares habilitadas: habilitación temporal en todo caso; conciertos autorizados por el Consejo de Ministros.

Artículo 22. Liquidación e ingreso de las cuotas y demás recursos

Las cuotas se liquidan por alguno de tres sistemas: autoliquidación por el sujeto responsable; liquidación directa por la TGSS, por cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable (no de trabajadores que no figuren en alta en el período, aunque se den sus datos); y liquidación simplificada (autónomos, Trabajadores del Mar, Hogar y Agrarios en inactividad, Seguro Escolar, convenios especiales y cualquier otra cuota que pueda liquidarse así). El ingreso se hace en la TGSS, en entidades concertadas o en las autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con iguales efectos.

Artículo 23. Aplazamiento de pago

La TGSS, a solicitud del deudor y en los términos reglamentarios, podrá conceder aplazamiento, que suspende el procedimiento recaudatorio. No comprende la aportación de los trabajadores ni AT y EP; su eficacia queda supeditada al ingreso de las que pudieran adeudarse en el plazo máximo de un mes desde la notificación. Exige garantías suficientes, salvo excepciones. Devenga interés de demora, +2 puntos si se eximió de garantías por causas extraordinarias. Si se incumple, se sigue el apremio y la deuda no apremiada lleva recargo del 20 % o del 35 %.

Artículo 24. Prescripción

Prescriben a los cuatro años: el derecho de la Administración a liquidar deudas por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, la acción para exigir su pago y la de imponer sanciones por incumplir normas de Seguridad Social. En recursos distintos a cuotas, rigen las normas aplicables según su naturaleza jurídica. Interrumpen la prescripción las causas ordinarias, toda actuación administrativa conducente a liquidar o recaudar la deuda con conocimiento formal del responsable (especialmente, reclamación de deuda o acta de liquidación) y el inicio de actuaciones del art. 20.6 de la Ley 23/2015.

Artículo 25. Prelación de créditos

Los créditos por cuotas y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, sus recargos o intereses gozan, en su totalidad, del mismo orden de preferencia que los créditos del artículo 1924.1.º del Código Civil; los demás créditos de la Seguridad Social, del orden del apartado 2.º E) de ese precepto. En concurso, todos quedan sometidos a la legislación concursal. Sin perjuicio del orden de prelación legal, si el apremio administrativo concurre con otras ejecuciones singulares, administrativas o judiciales, es preferente aquella en la que primero se hubiera efectuado el embargo.

Artículo 26. Devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías y pago de cantidades declaradas por sentencia

Los obligados a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad Social tienen derecho, en los términos y supuestos que reglamentariamente se establezcan, a la devolución total o parcial de lo ingresado por error: el ingreso indebido reconocido, los recargos, intereses, en su caso, y costas si fue por vía de apremio, y el interés de demora del artículo 31.3 hasta la propuesta de pago. No se devuelve lo ingresado maliciosamente. El derecho prescribe a los cuatro años desde el día siguiente al del ingreso. Se reembolsa el coste de las garantías de la deuda declarada improcedente con firmeza.

Artículo 27. Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social

No cabe transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas sobre ellos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado. En los procesos concursales la TGSS tiene derecho de abstención, pero puede suscribir los acuerdos o convenios de la legislación concursal y acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, condiciones singulares de pago no más favorables para el deudor que las del convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.

Artículo 28. Efectos de la falta de pago en plazo reglamentario

La falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los términos establecidos en esta ley. El recargo y los intereses de demora, cuando sean exigibles, se ingresarán conjuntamente con las deudas sobre las que recaigan. Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la Administración, sin que esta actúe en calidad de empresario, no se aplicará recargo ni se devengarán intereses.

Artículo 29. Cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y compensación

En la autoliquidación (letra a) del artículo 22.1), los sujetos responsables deben transmitir por medios electrónicos a la TGSS las liquidaciones de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, salvo cuando proceda presentar documentos de cotización, hasta el último día natural del plazo reglamentario de ingreso. En la liquidación directa (letra b) del artículo 22.1) deben solicitar el cálculo y transmitir los datos hasta el penúltimo día natural. En la liquidación simplificada (letra c) del artículo 22.1) no se exigen estas obligaciones si el alta se solicitó en plazo.

Artículo 30. Recargos por ingreso fuera de plazo

Pasado el plazo reglamentario de pago de las cuotas sin ingreso, y sin perjuicio de las especialidades de los aplazamientos, se devengan recargos. a) Si el responsable cumplió en plazo las obligaciones del art. 29.1 y 29.2: 10 % si abona dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento; 20 % a partir del segundo mes natural siguiente. b) Si no las cumplió: 20 % antes de terminar el plazo de ingreso de la reclamación de deuda o acta de liquidación; 35 % a partir de su terminación. Deudas de derecho público por recursos distintos a cuotas no abonadas en plazo: 20 %.

Artículo 31. Interés de demora

Los intereses de demora son exigibles, en todo caso, si la deuda no se abona transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción; también en el supuesto de resoluciones desestimatorias de recursos cuya ejecución se suspenda en vía contencioso-administrativa. Se devengan sobre el principal desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y sobre el recargo aplicable. Tipo: interés legal del dinero más un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

Artículo 32. Imputación de pagos

Sin perjuicio de las especialidades previstas en la ley para los aplazamientos y en el ordenamiento jurídico para el deudor incurso en procedimiento concursal, el cobro parcial de la deuda apremiada se imputará, en primer lugar, al pago de la deuda que hubiera sido objeto del embargo o garantía cuya ejecución haya producido ese cobro y, luego, al resto de la deuda. En ambos casos, el cobro se aplicará primero a las costas y luego a los títulos más antiguos, distribuyéndose proporcionalmente el importe entre principal, recargo e intereses.

Artículo 33. Reclamaciones de deudas

Pasado el plazo reglamentario sin ingreso, la TGSS reclama las cuotas al sujeto responsable con el recargo que proceda en los supuestos del apartado 1. También reclama a responsables solidarios (principal, recargos, intereses y costas hasta la emisión), subsidiarios (principal exigible al deudor inicial, excluidos recargos, intereses y costas, salvo que su responsabilidad se halle limitada por ley) y al responsable por muerte del deudor originario. Pago: notificadas del 1 al 15, hasta el día 5 del mes siguiente; del 16 al último, hasta el día 20 (o el inmediato hábil posterior).

Artículo 34. Actas de liquidación de cuotas

Proceden actas de liquidación por deudas de cuotas originadas por falta de afiliación o alta, diferencias de cotización, derivación de responsabilidad o aplicación indebida de bonificaciones de formación profesional para el empleo. Extendidas y notificadas por la ITSS, son liquidaciones provisionales; las eleva a definitivas la Dirección General o la respectiva Dirección Provincial de la TGSS, a propuesta preceptiva y no vinculante de la ITSS, tras audiencia al interesado. Pago: hasta el último día del mes siguiente al de su notificación.

Artículo 35. Determinación de las deudas por cuotas

Reclamaciones de deudas y providencias de apremio por cuotas: a) si el sujeto responsable cumple dentro de plazo las obligaciones del artículo 29.1 y 2, se emiten según las bases de cotización de la liquidación efectuada; b) si las incumple, con la media entre la base mínima y máxima del último grupo de cotización conocido, salvo bases únicas. Actas de liquidación: remuneración total a que tenga derecho el trabajador o la efectivamente percibida si es superior; si la Inspección no puede conocer las remuneraciones, esa misma media, salvo bases únicas.

Artículo 36. Facultades de comprobación

La Tesorería General podrá comprobar las liquidaciones de cuotas calculadas con los sistemas del artículo 22.1 y requerir los datos o documentos precisos. Diferencias: en los sistemas del artículo 22.1.a) y b), por reclamación de deuda o acta de liquidación de la Inspección de Trabajo; en el del 22.1.c), por la Tesorería con liquidación de cuotas complementaria, sin recargos, cobrada por domiciliación en cuenta cuando sea obligatoria o se aplique voluntariamente; si hay impago, se continúa con el procedimiento de recaudación. Sin perjuicio de las facultades de la Inspección.

Artículo 37. Medidas cautelares

La TGSS podrá adoptar medidas cautelares provisionales si hay indicios racionales de que el cobro se verá frustrado o gravemente dificultado; han de ser proporcionadas y en ningún caso se adoptarán las que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Pueden ser retención de pagos, embargo preventivo o cualquier otra legalmente prevista. Se levantan, aunque no se haya pagado, si desaparecen sus causas o se sustituyen por otra garantía suficiente; si no pasan a definitivas en el apremio, se levantan de oficio sin prorrogarse más de seis meses.

Artículo 38. Providencia de apremio, otros actos del procedimiento ejecutivo y procedimiento de deducción

Pasado el plazo reglamentario y firme en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, cuando procedan, sin pago, se inicia el apremio con la providencia de apremio, título ejecutivo suficiente con la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales. Sin ingreso en los quince días siguientes a su recepción o publicación, se exigen intereses de demora y se embarga. La alzada contra la providencia solo se admite por los motivos que enumera y suspende sin garantía; contra otros actos ejecutivos no se suspende sin pago, aval suficiente o consignación.

Artículo 39. Tercerías

Resuelve las tercerías del procedimiento de apremio la Tesorería General de la Seguridad Social. Solo pueden fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido. La de dominio suspende el apremio; en la de mejor derecho el procedimiento prosigue y el producto se deposita. No se admite la de dominio tras la escritura pública, la venta consumada o la adjudicación en pago a la Seguridad Social, ni la de mejor derecho tras recibir el recaudador el precio.

Artículo 40. Deber de información por parte de las personas y entidades sin personalidad, entidades financieras, funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades

Personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad deben proporcionar a la TGSS y al Instituto Social de la Marina, cuando lo requieran, datos con incidencia en las competencias de la Administración de la Seguridad Social. El incumplimiento no puede ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización previa del titular de la Dirección General de la TGSS o, en su caso y en las condiciones reglamentarias, del titular de la Dirección Provincial competente. La cesión de datos personales no requiere el consentimiento del afectado.

Artículo 41. Levantamiento de bienes embargables

Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo practicado por la Seguridad Social conforme al procedimiento administrativo de apremio reglamentariamente establecido, colaboren o consientan en el incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de los bienes serán responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.

Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad Social

La acción protectora comprenderá: la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo; la recuperación profesional; las prestaciones económicas de la letra c); las prestaciones familiares, contributivas y no contributivas, y las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse. Como complemento podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. Toda prestación pública cuya finalidad sea complementar, ampliar o modificar las contributivas forma parte del sistema y está sujeta a los principios del artículo 2.

Artículo 43. Mejoras voluntarias

La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas comprendidas en el artículo 7.1 podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del Régimen General y de los regímenes especiales. Sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43, la Seguridad Social no podrá ser objeto de contratación colectiva.

Artículo 44. Caracteres de las prestaciones

Las prestaciones de la Seguridad Social y los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social no pueden ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo por obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos u obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. El embargo se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las percepciones tributan según las normas de cada impuesto. No se exige tasa fiscal ni derecho alguno por las informaciones o certificaciones sobre esas prestaciones y beneficios.

Artículo 45. Responsabilidad en orden a las prestaciones

Apartado 1: las entidades gestoras de la Seguridad Social serán responsables de las prestaciones cuya gestión les esté atribuida, siempre que se hayan cumplido los requisitos generales y particulares exigidos para causar derecho a ellas en las normas de esta ley y en las específicas aplicables a los distintos regímenes especiales. Apartado 2: para imputar responsabilidades por prestaciones contributivas a entidades o personas distintas, se estará a lo dispuesto en la ley, en sus disposiciones de desarrollo y aplicación o en las normas reguladoras de los regímenes especiales.

Artículo 46. Pago de las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes y de las pensiones no contributivas

Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en junio y noviembre. Asimismo, el pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación se fraccionará en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en junio y noviembre.

Artículo 47. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones

Si el trabajador es responsable del ingreso de cotizaciones, para reconocer prestaciones económicas el causante ha de estar al corriente en el pago, aunque se reconozcan por cómputo recíproco en un régimen por cuenta ajena; se aplica la invitación al pago del artículo 28.2 del Decreto 2530/1970. Si incumple el aplazamiento que le permitió estarlo, se suspende de inmediato la prestación, rehabilitable solamente tras saldar toda la deuda. Para pensiones, se presumen ingresadas las cotizaciones del mes del hecho causante y de los dos previos que aún no consten, si se acredita el periodo mínimo.

Artículo 48. Transformación de los plazos en días

Para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación de su cuantía, los plazos señalados en la presente ley en años, semestres, trimestres o meses serán objeto de adecuación a días. La adecuación a días se hace mediante las correspondientes equivalencias.

Artículo 49. Efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las pensiones de la Seguridad Social

Si se acreditan cotizaciones a varios regímenes y no se causa derecho a pensión en uno de ellos, las bases acreditadas en este en régimen de pluriactividad podrán acumularse a las del régimen en que se cause la pensión. La acumulación sirve exclusivamente para determinar la base reguladora de esa pensión, y la suma de bases no puede exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento.

Artículo 50. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del derecho a prestaciones

Cuando se exija, legal o reglamentariamente, no superar un determinado límite de ingresos para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones de la acción protectora de esta ley, distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán ingresos los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son computados en el artículo 59.1 para el reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones.

Artículo 50 bis. Resolución provisional de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales

Si al tramitar una pensión al amparo de una norma internacional, el solicitante reúne todos los requisitos computando únicamente las cotizaciones efectuadas en España, se reconoce el derecho sin esperar a los periodos certificados por los demás estados. Es un reconocimiento provisional y puede verse afectado por los periodos o resoluciones de esos estados recibidos luego. Recibida la certificación, la resolución definitiva confirma la provisional o la modifica si varía la cuantía al totalizar. Igual a prorrata temporis con periodos que el otro Estado certifique expresamente como provisionales.

Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos

Los beneficiarios de prestaciones económicas o complementos por mínimos condicionados a la residencia efectiva en España podrán ser citados a comparecer en la entidad gestora competente con la periodicidad que esta determine. Si se exige residencia en territorio español, esta se mantiene pese a estancias en el extranjero de hasta noventa días naturales por año natural, o por causas de enfermedad debidamente justificadas; el desempleo se rige por su normativa específica. Prestaciones sanitarias que exijan residencia: hasta noventa días naturales por año natural.

Artículo 52. Adopción de medidas cautelares

Si beneficiarios o causantes no presentan en plazo, cuando se les requiera, declaraciones, documentos o datos que no obren en la entidad gestora y puedan afectar a la conservación del derecho o al complemento por mínimos, las entidades gestoras podrán suspender cautelarmente el abono. También podrá suspenderse si no comparecen, citados según el artículo 51.1, beneficiarios cuyo disfrute se condicione a la residencia efectiva en España. Si se presenta o comparece fuera de plazo y concurren los requisitos, hay rehabilitación con retroactividad máxima de noventa días naturales.

Artículo 53. Prescripción

El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los cinco años desde el día siguiente al hecho causante, salvo las excepciones de la ley; los efectos del reconocimiento se producen a partir de los tres meses anteriores a la solicitud. En la revisión, la cuantía nueva tiene una retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud, salvo rectificación de errores o reintegro de indebidos. La prescripción se interrumpe (artículo 1973 del Código Civil, reclamación, expediente de la Inspección) y queda en suspenso durante la acción judicial contra un presunto culpable.

Artículo 54. Caducidad

El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. Cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento.

Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas

Quienes hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social deben reintegrar su importe. Quienes por acción u omisión contribuyeron a hacerlo posible responden subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada. La obligación prescribe a los cuatro años desde la fecha del cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir la devolución, con independencia de la causa, incluidos los supuestos de revisión por error imputable a la entidad gestora. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.

Artículo 56. Consideración como pensiones públicas

Las pensiones abonadas por el Régimen General y los regímenes especiales, así como las no contributivas de la Seguridad Social, tendrán la consideración de pensiones públicas a efectos de lo previsto en la sección en que se ubica el artículo, a tenor de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

Artículo 57. Limitación de la cuantía inicial de las pensiones

El importe inicial de las pensiones contributivas no puede superar la cuantía íntegra mensual que fije anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si queda limitado a esa cuantía máxima en el ejercicio en que se causa, se revaloriza el año siguiente con el porcentaje del artículo 58.2, y las sucesivas revalorizaciones anuales, sobre el importe revalorizado del año anterior. Concurrentes: la suma no puede superar la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causante de la nueva pensión. Si se extingue una: la vigente en el ejercicio en que se reconoció la última pensión en vigor.

Artículo 58. Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones

Las pensiones contributivas mantendrán su poder adquisitivo en los términos de esta ley. Todas, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizan al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En ese porcentaje, la Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza anualmente las cuantías máxima (art. 57) y mínima (art. 59). Si el valor medio es negativo, el importe no variará al comienzo del año. El apartado 5 regula las pensiones de normas internacionales.

Artículo 59. Complementos para pensiones inferiores a la mínima

Los beneficiarios de pensiones contributivas sin rendimientos del trabajo, capital, actividades económicas, atribución de rentas y ganancias patrimoniales (concepto del IRPF), o que no excedan la cuantía anual fijada por la Ley de Presupuestos, tienen derecho a complementos hasta la cuantía mínima, siempre que residan en territorio español en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. El importe de los complementos en ningún caso podrá superar la cuantía fijada en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

Artículo 60. Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género

Las mujeres con uno o más hijos o hijas que sean beneficiarias de pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad tienen derecho a un complemento por cada hijo o hija. Los hombres deben cumplir alguno de estos requisitos: pensión de viudedad con algún hijo con derecho a orfandad, o carrera interrumpida o afectada por nacimiento o adopción (más de 120 días sin cotizar, hijos hasta 1994; bases de 24 meses inferiores en más de un 15 %, desde 1995). Es pensión pública contributiva, con tope de cuatro veces el importe mensual por hijo, y se paga en catorce pagas.

Artículo 61. Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo

Las pensiones extraordinarias que reconozca la Seguridad Social, originadas por actos de terrorismo, no están sujetas a los límites de reconocimiento inicial y de revalorización de pensiones previstos en la LGSS. Su importe mínimo mensual, para las que se reconozcan y abonen por la Seguridad Social, equivale al triple del IPREM vigente en cada momento. Las diferencias entre lo que hubiera correspondido y lo abonado se financian con cargo a los Presupuestos del Estado. A estos efectos, las pensiones por muerte y supervivencia causadas por un mismo hecho se computan conjuntamente.

Artículo 62. Revalorización

Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Serán actualizadas, al menos, en el mismo porcentaje que dicha ley establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

Artículo 63. Objeto

Como complemento de las prestaciones correspondientes a las situaciones específicamente protegidas por la Seguridad Social, esta extenderá su acción a las prestaciones de servicios sociales, establecidas legal o reglamentariamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1.e). Lo hará con sujeción a lo dispuesto por el departamento ministerial que corresponda y en conexión con sus respectivos órganos y servicios.

Artículo 64. Concepto

La Seguridad Social, con cargo a los fondos que se determinen, podrá dispensar a las personas de su campo de aplicación y a los familiares o asimilados dependientes los servicios y auxilios económicos precisos ante situaciones de necesidad, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de carecer de los recursos indispensables. En separación judicial o divorcio, igual derecho del cónyuge o ex cónyuge y los descendientes beneficiarios por matrimonio o filiación. Las entidades gestoras la conceden con el límite de los Presupuestos correspondientes, sin comprometer el ejercicio siguiente.

Artículo 65. Contenido de las ayudas asistenciales

Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras: las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o en determinada institución; las que se dispensen por pérdida de ingresos como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis; y cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta ley ni en las normas específicas aplicables a los regímenes especiales.

Artículo 66. Enumeración

La gestión y administración de la Seguridad Social se efectúa, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, por estas entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (prestaciones económicas, salvo las del apartado c)); el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (servicios sanitarios); y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación y servicios complementarios de las prestaciones). Las entidades coordinarán su actuación en la utilización de instalaciones sanitarias.

Artículo 67. Estructura y competencias

El Gobierno, a propuesta del departamento ministerial de tutela, reglamentará la estructura y competencias de las entidades a que se refiere el artículo anterior. Las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado, en los diferentes ámbitos territoriales. Los centros asistenciales de las entidades gestoras podrán ser gestionados y administrados por las entidades locales.

Artículo 68. Naturaleza jurídica

Las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados. El régimen jurídico de dichas entidades será el establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 69. Participación en la gestión

Se faculta al Gobierno para regular la participación en el control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras, que se efectuará desde el nivel estatal al local, por órganos en los que figurarán, fundamentalmente, por partes iguales, representantes de las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales y de la Administración Pública.

Artículo 70. Relaciones y servicios internacionales

Las entidades gestoras, con la previa conformidad del departamento ministerial de tutela, podrán: pertenecer a asociaciones y organismos internacionales; concertar operaciones; establecer reciprocidad de servicios con instituciones extranjeras de análogo carácter; y participar, en la medida y con el alcance que se les atribuya, en la ejecución de los convenios internacionales de Seguridad Social.

Artículo 71. Suministro de información a la Administración de la Seguridad Social

Enumera los supuestos de suministro de información a la Administración de la Seguridad Social por organismos y entidades como los órganos tributarios, el Ministerio de Justicia, los empresarios, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior, las mutuas colaboradoras o las comunidades autónomas. Los datos remitidos por transmisión telemática surten plenos efectos, con la misma validez que la certificación en soporte papel; los suministros no precisan consentimiento previo del interesado. Regula también la remisión y el acceso a informes, historia clínica y datos médicos.

Artículo 72. Registro de Prestaciones Sociales Públicas

Corresponde al INSS la gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, que integra las prestaciones sociales públicas de carácter económico destinadas a personas o familias enumeradas en las letras a) a ñ) del apartado 2: entre ellas, pensiones no contributivas, subsidios de desempleo de mayores de cincuenta y cinco años, asignaciones por hijo a cargo con dieciocho o más años y discapacidad igual o superior al 65 por ciento, e ingreso mínimo vital. Los gestores deben facilitar datos al INSS y podrán consultar el Registro en los términos reglamentarios.

Artículo 73. Creación

Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecimiento de servicios comunes. También corresponde al Gobierno, con esa misma propuesta, la reglamentación de la estructura y competencias de esos servicios comunes.

Artículo 74. Tesorería General de la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social es un servicio común con personalidad jurídica propia en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema. Le será de aplicación lo previsto para las entidades gestoras en el artículo 70.

Artículo 74 bis. Gerencia de Informática de la Seguridad Social

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social es un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de Seguridad Social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Es dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, está adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y tiene rango de Subdirección General. Su régimen jurídico es el de la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015 para las entidades gestoras y servicios comunes.

Artículo 75. Reserva de nombre

Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de añadirles algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la expresión «Seguridad Social», salvo expresa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Artículo 76. Exenciones tributarias y otros beneficios

Entidades gestoras y servicios comunes: en la misma medida que el Estado y con las limitaciones y excepciones de la legislación fiscal vigente, exención tributaria absoluta (incluidos derechos y honorarios notariales y registrales) por actos o bienes afectados a sus fines, si el tributo recae directamente sobre ellos como contribuyentes y no cabe legalmente trasladar la carga a otras personas. También, como el Estado, franquicia postal y telegráfica. Todo ello alcanza a las entidades gestoras en cuanto afecte a la gestión de las mejoras voluntarias del artículo 43.

Artículo 77. Reserva de datos

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social tienen carácter reservado: solo pueden usarse para los fines de sus entidades gestoras, servicios comunes y órganos, y no pueden cederse a terceros salvo en los supuestos enumerados, entre ellos los delitos públicos, las Administraciones tributarias, las comisiones parlamentarias de investigación, el Tribunal de Cuentas o los jueces y tribunales. El acceso del personal para fines distintos de sus funciones es siempre falta disciplinaria grave; la infracción del deber de sigilo, siempre falta muy grave.

Artículo 78. Régimen de personal

Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social se regirán por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y las demás disposiciones que les sean de aplicación (apartado 1). Corresponde al Gobierno, a propuesta del ministro competente, el nombramiento y cese de los cargos directivos con categoría de director general o asimilada (apartado 2).

Artículo 79. Enumeración

La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo en que se encuentra este artículo. La colaboración en la gestión se podrá realizar también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público.

Artículo 80. Definición y objeto

Las mutuas colaboradoras son asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en su registro especial, que colaboran en la gestión de la Seguridad Social bajo su dirección y tutela, sin ánimo de lucro y con responsabilidad mancomunada de sus asociados en los supuestos y con el alcance de esta ley. Constituidas, adquieren personalidad jurídica y actúan en todo el territorio del Estado. Integran el sector público estatal de carácter administrativo, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Artículo 81. Constitución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Constituir una mutua colaboradora exige: a) un mínimo de cincuenta empresarios, con un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a veinte millones de euros; b) limitar su actividad a las funciones del artículo 80; c) prestar fianza en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley; d) autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previa aprobación de los estatutos, e inscripción en su registro. Desde la publicación en el BOE de la orden de autorización, adquiere personalidad jurídica.

Artículo 82. Particularidades de las prestaciones y servicios gestionados

Las prestaciones y servicios gestionados por las mutuas forman parte de la acción protectora y se dispensan con el mismo alcance que los de las entidades gestoras, con particularidades. En contingencias profesionales, la mutua hace la determinación inicial del carácter profesional, sin perjuicio de su revisión por la entidad gestora competente. En la incapacidad temporal por contingencias comunes, la mutua declara, deniega, suspende, anula y extingue el derecho; los pagos son provisionales durante dos meses; puede proponer el alta a la Inspección Médica, que contesta en cinco días hábiles.

Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos

Al cumplir ante la Tesorería General sus obligaciones de inscripción de empresa, afiliación y alta, empresarios y trabajadores por cuenta propia harán constar la entidad gestora o la mutua elegida para las contingencias profesionales, la incapacidad temporal por contingencias comunes y el cese de actividad. Los empresarios formalizan un convenio de asociación y los autónomos un documento de adhesión, ambos de un año prorrogable por periodos de igual duración. Las mutuas deberán aceptar toda proposición de asociación y de adhesión, aunque falte el pago de las cotizaciones.

Artículo 84. Régimen económico-financiero

Las mutuas se financian con las cuotas de la Seguridad Social adscritas a ellas, los rendimientos de su inversión y de los bienes adscritos y cualquier ingreso obtenido por la colaboración. Sus créditos por prestaciones a no protegidos, a cargo de terceros o indebidamente satisfechas son recursos públicos: las mutuas los liquidan y reclaman, y la Tesorería General los recauda. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá autorizar el pago en forma distinta al metálico y, si debe una administración pública por asistencia sanitaria, mediante dación de bienes.

Artículo 85. Enumeración

Los órganos de gobierno de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente. El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento. La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 96.1.b).

Artículo 86. La Junta General

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la mutua: todos los empresarios asociados, una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos reglamentarios y un representante de los trabajadores dependientes de la mutua. Sin voto: empresarios asociados y representantes de los adheridos que no estén al corriente en el pago de cotizaciones. Se reúne con carácter ordinario una vez al año y extraordinario las veces que la convoque la Junta Directiva, cumplidos los requisitos reglamentarios. Impugnar acuerdos: caduca en un año desde su adopción.

Artículo 87. La Junta Directiva

La Junta Directiva gobierna directamente la mutua. La forman entre diez y veinte empresarios asociados (el treinta por ciento, empresas con mayor número de trabajadores según tramos reglamentarios) y un trabajador por cuenta propia adherido, designados por la Junta General, más el representante de los trabajadores del artículo anterior. El nombramiento requiere confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo el del representante de los trabajadores. Las indemnizaciones del Presidente no podrán superar en su conjunto las retribuciones del Director Gerente.

Artículo 88. El Director Gerente y el resto de personal de la mutua

El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la mutua, sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, den la Junta Directiva y el Presidente. Lo nombra la Junta Directiva (contrato de alta dirección) y la eficacia del nombramiento y del contrato queda supeditada a la confirmación ministerial. No pueden serlo, entre otros, quienes tengan una participación igual o superior al 10 por ciento del capital de una empresa asociada. La retribución total no puede exceder del doble de la básica, y ningún miembro del personal puede cobrar retribuciones totales superiores a las suyas.

Artículo 89. La Comisión de Control y Seguimiento

La Comisión de Control y Seguimiento, órgano de participación de los agentes sociales, conoce e informa de la gestión e informa el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales. Anualmente elabora recomendaciones para la Junta Directiva y el órgano de dirección y tutela. Máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. La preside el Presidente de la Junta Directiva; no podrán formar parte otros miembros de esta ni quien trabaje para la entidad.

Artículo 90. La Comisión de Prestaciones Especiales

La Comisión concede los beneficios de la Reserva de Asistencia Social a trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido accidente de trabajo o enfermedad profesional y estén en especial estado o situación de necesidad. Son potestativos e independientes de la acción protectora de la Seguridad Social. Miembros (número reglamentario): por partes iguales, representantes de trabajadores de empresas asociadas y de empresarios asociados, estos designados por la Junta Directiva; también se representa a los adheridos. Presidente: lo designa la Comisión entre sus miembros.

Artículo 91. Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de los órganos de gobierno y de participación

No pueden formar parte de la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento ni la Comisión de Prestaciones Especiales de una mutua quienes estén en estos órganos en otra mutua o ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad. Estos cargos y los ejecutivos no pueden comprar ni vender para sí activos de la entidad ni celebrar contratos de obras, servicios o suministros (salvo empresas de servicios financieros o suministros esenciales, con autorización previa del Ministerio). Los cargos son gratuitos. Hay responsabilidad directa por dolo o culpa grave, solidaria en la Junta Directiva.

Artículo 92. Patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas

Los ingresos del artículo 84.1, los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse y los derechos, acciones y recursos relacionados forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las mutuas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La adquisición y enajenación de inmuebles la acuerdan las mutuas, previa autorización del Ministerio; la formaliza la Tesorería General y se inscriben a nombre del Servicio Común. Acciones posesorias: mutuas; dominicales: Tesorería General.

Artículo 93. Patrimonio histórico

Forman el patrimonio histórico de las mutuas, cuya propiedad les corresponde como asociación de empresarios (sin perjuicio de la tutela del artículo 98.1): los bienes incorporados antes del 1 de enero de 1967; los incorporados entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, y los procedentes de recursos distintos de las cuotas de Seguridad Social. Está afectado estrictamente al fin social, y ni los bienes ni sus rendimientos pueden desviarse hacia actividades mercantiles.

Artículo 94. Contratación

Las mutuas ajustan su actividad contractual a las normas de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba los pliegos generales y las instrucciones para contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Pueden licitar empresarios asociados y trabajadores adheridos, que entonces no podrán formar parte de los órganos de contratación; ni los parientes del licitador hasta el cuarto grado.

Artículo 95. Resultado económico y reservas

El resultado económico patrimonial se determina cada año en tres ámbitos: contingencias profesionales (con riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave y actividades preventivas), incapacidad temporal por contingencias comunes y cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. Cada ámbito tiene su Reserva de Estabilización: la de Contingencias Profesionales, mínimo del 20 % de la media anual de cuotas del último trienio, elevable al 30 %; las de Comunes y Cese de Actividad, mínimo del 5 %, elevable al 20 %.

Artículo 96. Excedentes

El excedente tras dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales se aplica así: 5 % (del obtenido en el ámbito del artículo 95.1.a) al Fondo de Contingencias Profesionales, antes del 31 de julio; 5 % a la Reserva Complementaria, con un máximo del 25 % del nivel máximo de la Reserva de Estabilización; 10 % a la Reserva de Asistencia Social; y 80 % al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, antes del 31 de julio. El excedente de contingencias comunes va al Fondo de Reserva; el de cese de actividad, a la Tesorería General.

Artículo 97. Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social

Integran el Fondo el metálico de la cuenta especial, los valores mobiliarios y demás bienes en que se inviertan esos fondos y, en general, los recursos, rendimientos e incrementos con origen en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las mutuas. Está sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Tesorería General podrá materializar sus fondos en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas y disponer de ellos con carácter transitorio, en las condiciones que el Ministerio determine o establezca.

Artículo 98. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Dirección y tutela de las mutuas: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del órgano al que se atribuyan las funciones. Auditoría de cuentas anual (art. 168.a Ley 47/2003) por la Intervención General de la Seguridad Social, que también realiza anualmente una auditoría de cumplimiento (art. 169). Anteproyectos de presupuestos anuales remitidos al Ministerio; régimen contable del título V de la Ley 47/2003 y cuentas rendidas al Tribunal de Cuentas. Inspección: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio edita anualmente un informe de actividades.

Artículo 99. Derecho de información, quejas y reclamaciones

Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia adheridos tienen derecho a que las mutuas les informen de sus datos que obren en ellas y podrán dirigir quejas y peticiones al órgano de dirección y tutela. Las mutuas mantienen en todos sus centros administrativos o asistenciales un Libro de Reclamaciones, sin perjuicio de otros medios. La mutua contesta directamente y comunica queja y respuesta a dicho órgano. Las reclamaciones sobre prestaciones y servicios de la colaboración, incluidas las indemnizatorias, van al orden jurisdiccional social.

Artículo 100. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social puede adoptar medidas cautelares en dos situaciones: a) Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales bajo el 80 % de su cuantía mínima; b) desequilibrio económico-financiero comprobado por la AGE que ponga en peligro la solvencia o liquidez, intereses u obligaciones, o contabilidad o administración insuficiente o irregular que impida conocer la situación real. Medidas: plan de viabilidad en un mes (máx. tres años), convocar órganos de gobierno, suspender directivos, medidas correctoras, intervención y cese por infracción muy grave.

Artículo 101. Disolución y liquidación

Las mutuas cesan y se disuelven por: acuerdo de Junta General Extraordinaria; fusión o absorción; ausencia de requisitos de constitución o funcionamiento; acuerdo ministerial por incumplimiento del plan del artículo 100.2.a) dentro del plazo de la resolución que lo apruebe; el supuesto del artículo 100.2.f); o insuficiencia del patrimonio del artículo 93 para la responsabilidad mancomunada del artículo 100.5, o incumplimiento del plan de viabilidad o del aplazamiento del artículo 100. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acuerda la disolución y aprueba la liquidación.

Artículo 102. Colaboración de las empresas

Las empresas, individualmente y respecto de su propio personal, podrán colaborar exclusivamente: a) asumiendo a su cargo el pago de la incapacidad temporal por accidente de trabajo y enfermedad profesional y de la asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente; b) pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua obligada, la incapacidad temporal y las demás que puedan determinarse reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con carácter obligatorio la colaboración en el pago.

Artículo 103. Patrimonio

Cuotas, bienes, derechos, acciones y demás recursos de la Seguridad Social forman un patrimonio único, afecto a sus fines y distinto del del Estado. Sus inmuebles, afectos prioritariamente a esos fines, admiten fines de utilidad pública por adscripción o cesión de uso. Rigen esta ley y sus normas de aplicación y desarrollo y, en lo no previsto, la Ley 33/2003, donde Delegaciones de Economía y Hacienda, DG del Patrimonio del Estado y Ministerio de Hacienda y Función Pública equivalen a Direcciones Provinciales de la TGSS, DG de la TGSS y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Artículo 104. Titularidad, adscripción, administración y custodia

Titular del patrimonio único: la Tesorería General de la Seguridad Social. El titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá adscribir sus inmuebles a órganos de la AGE o sus Organismos públicos, a otras administraciones o a entidades de derecho público, sin alterar la titularidad. Salvo otra previsión en el acuerdo de adscripción o traspaso, quien los tenga adscritos repara, mejora, ejerce acciones posesorias y asume por subrogación los tributos; revierten a la Tesorería por no uso o cambio de destino, salvo autorización de ese cambio por el titular del Ministerio.

Artículo 105. Adquisición de bienes inmuebles

Los inmuebles de la Seguridad Social se adquieren a título oneroso, para el cumplimiento de sus fines, por la Tesorería General mediante concurso público, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social autorice la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad o la urgencia. Los contratos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria los autoriza su Director General, previo informe de la Tesorería General; según la cuantía que fije la Ley de Presupuestos, se precisa autorización del Ministro de Sanidad. Para bienes de las mutuas, el procedimiento lo determina Empleo.

Artículo 106. Enajenación de bienes inmuebles y de títulos valores

Enajenar inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social requiere autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social si su valor, según tasación pericial, no excede las cuantías de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, o del Gobierno en los restantes casos. Se hace por subasta pública, salvo que el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio, autorice la enajenación directa; esta podrá autorizarla el titular del Ministerio si los bienes no superan el valor fijado en esa ley. Los títulos valores se enajenan previa autorización en esos términos.

Artículo 107. Arrendamiento y cesión de bienes inmuebles

Los arrendamientos de inmuebles que deba efectuar la Seguridad Social se conciertan por concurso público, salvo que, a juicio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sea necesario o conveniente el modo directo. Los del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria los autoriza su Director General, y la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad si el importe supera la renta anual fijada en la Ley de Presupuestos. Los inmuebles no necesarios podrán cederse gratuitamente en uso para fines de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social.

Artículo 108. Inembargabilidad

Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son inembargables. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra esos bienes y derechos, ni contra sus rentas, frutos o productos, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto sobre esta materia en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 109. Recursos generales

Recursos: aportaciones progresivas del Estado, cuotas, recargos y sanciones, rendimientos de los recursos patrimoniales y otros ingresos. La modalidad no contributiva y universal: aportaciones del Estado (sin perjuicio del artículo 10.3), salvo sanidad y servicios sociales transferidos a las comunidades autónomas (financiación autonómica). Las contributivas: básicamente letras b) a e) y, en su caso, aportaciones del Estado para atenciones específicas. Contributivas: prestaciones económicas no incluidas en la letra b) y todas las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 110. Sistema financiero

Todos los regímenes aplican el reparto para todas las contingencias y situaciones amparadas, sin perjuicio del apartado 3. En la Tesorería General se constituye un fondo de estabilización único para todo el sistema, para atender desviaciones entre ingresos y gastos. Las pensiones por incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional a cargo de mutuas colaboradoras o, en su caso, empresas declaradas responsables se capitalizan y esas entidades constituyen en la Tesorería General, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste.

Artículo 111. Inversiones

Las reservas de estabilización que no hayan de destinarse de modo inmediato al cumplimiento de las obligaciones reglamentarias serán invertidas. Serán invertidas de forma que se coordinen las finalidades de carácter social con la obtención del grado de liquidez, rentabilidad y seguridad técnicamente preciso.

Artículo 112

El Presupuesto de la Seguridad Social se rige por el título II de la Ley 47/2003 y su contabilidad e intervención, por los títulos V y VI, respectivamente; en ambos casos, también por las normas de esta sección. El Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprueba las normas para que esta última ejerza el control en las entidades del sistema. En los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la función interventora podrá sustituirse por control financiero permanente.

Artículo 113. Modificación de créditos, remanentes e insuficiencias presupuestarias en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Pese a la Ley 47/2003, todo incremento del gasto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (salvo el que pueda resultar de generaciones de crédito) que no pueda financiarse con redistribución interna ni con el remanente afecto se financia durante el ejercicio por aportación del Estado. Los remanentes por menor realización de dotaciones y por incremento de ingresos previstos por asistencia sanitaria financian gastos de la entidad. El titular de Hacienda puede reflejar con ampliaciones de crédito las variaciones de la aportación del Estado y autoriza las modificaciones con cargo al remanente.

Artículo 114. Amortización de adquisiciones

El inmovilizado de la Seguridad Social deberá ser objeto de la amortización anual. Esa amortización anual se hará dentro de los límites que fije el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por los principios y procedimientos establecidos en el Plan General de la Contabilidad Pública.

Artículo 115. Plan anual de auditorías

El plan anual de auditorías de la IGAE incluirá el de la IGSS, que abarca entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras (art. 98.2). Ante insuficiencia de servicios de la IGSS cabe recabar empresas privadas, que seguirán las normas e instrucciones del centro directivo mencionado, facultado para las revisiones y controles de calidad oportunos. Exige autorización en la orden de la DA 2.ª de la Ley 47/2003 y, si se paga con créditos de entidades y servicios adscritos a uno u otro, orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o del de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Artículo 116. Cuentas de la Seguridad Social

Las cuentas de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social se formarán y rendirán de acuerdo con los principios y normas del título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

Artículo 117. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Su finalidad es atender las necesidades financieras en materia de prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social, en la forma y condiciones previstos en esta ley.

Artículo 118. Dotación del Fondo

Van al Fondo de Reserva de la Seguridad Social: los excedentes de ingresos que financian las prestaciones contributivas y sus gastos de gestión que, en su caso, resulten de la consignación o liquidación presupuestaria de cada ejercicio, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan; el excedente de las mutuas tras dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (art. 96.3); el importe del porcentaje del excedente de contingencias profesionales del art. 96.1.d), y los ingresos de la cotización finalista (art. 127 bis.1).

Artículo 119. Determinación del excedente y de la cotización finalista

El excedente del art. 118.1 es el de las operaciones que financian prestaciones contributivas (delimitadas en el art. 109.3.a) y demás gastos de gestión del sistema, excluidos el resultado de las mutuas y el importe líquido recaudado por cotización finalista. El de cada ejercicio es la diferencia entre ingresos y gastos de importes reconocidos netos por operaciones no financieras de entidades gestoras y servicios comunes, corregida con criterios de máxima prudencia en la forma que reglamentariamente se establezca. La cotización finalista es la del art. 127 bis.1.

Artículo 120. Procedimiento para la dotación del Fondo

Dotaciones efectivas del Fondo: siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan, las acuerda el Consejo de Ministros al menos una vez por ejercicio, a propuesta conjunta de titulares de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública. Integración automática: lo recaudado por cotización finalista del artículo 127 bis.1 y los rendimientos de cualquier naturaleza de la cuenta del Fondo y de los activos financieros en que se hayan materializado sus dotaciones.

Artículo 121

Los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinan con carácter exclusivo a financiar las pensiones de carácter contributivo, para reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema. Desde 2033, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece para cada ejercicio económico el desembolso anual del Fondo: el porcentaje del PIB que se determine cada año, con el límite máximo anual que fija la tabla del artículo (0,10 % para 2033; la tabla llega hasta 2053).

Artículo 122. Gestión financiera del Fondo

Los valores en que se materialice el Fondo de Reserva serán títulos emitidos por personas jurídicas públicas. Reglamentariamente se determinarán los valores que han de constituir la cartera del Fondo de Reserva, los grados de liquidez de la cartera, los supuestos de enajenación de los activos financieros que lo integran y los demás actos de gestión financiera del Fondo de Reserva.

Artículo 123. Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Al Comité de Gestión le corresponde el superior asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo de Reserva. Preside el Secretario de Estado de la Seguridad Social; vicepresidente primero, el de Economía y Apoyo a la Empresa; segundo, el de Presupuestos y Gastos. Además: Director General de la TGSS, Director General del Tesoro e Interventor General de la Seguridad Social. Secretario, sin voz ni voto: el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS. Entre sus funciones, elaborar el informe a presentar a las Cortes Generales.

Artículo 124. Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

La Comisión Asesora de Inversiones asesora al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la selección de los valores de la cartera del Fondo, en propuestas de adquisición y de enajenación de activos y en las demás actuaciones financieras del Fondo. La preside el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la componen además los Directores Generales de la TGSS, del Tesoro y de Política Económica, el Interventor General de la Seguridad Social y el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS (secretario, con voz sin voto).

Artículo 125. Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

La Comisión de Seguimiento conoce de la evolución del Fondo de Reserva. La preside el Secretario de Estado de la Seguridad Social o persona que el mismo designe, con: tres representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (designados por dicho Secretario de Estado), uno de Economía y Competitividad, uno de Hacienda y Administraciones Públicas, cuatro sindicales y cuatro empresariales de mayor implantación. Secretario, sin voz ni voto: el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS. Conoce semestralmente de su evolución y composición.

Artículo 126. Carácter de las operaciones de gestión e imputación presupuestaria

Las materializaciones, inversiones, reinversiones, desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio tendrán carácter extrapresupuestario. Se imputarán definitivamente, al último día hábil del ejercicio, al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo en dicha fecha, a cuyo efecto serán objeto de adecuación los créditos presupuestarios.

Artículo 127. Informe anual

El Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe anual sobre la evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dicho informe será remitido por el Gobierno a las Cortes Generales a través de su Oficina Presupuestaria, que lo pondrá a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.

Artículo 127 bis. Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización finalista aplicable en todos los regímenes y supuestos en que se cotice por la contingencia de jubilación; no computa a efectos de prestaciones y nutre el Fondo de Reserva. Es de 1,2 puntos porcentuales: en trabajadores por cuenta ajena, un punto a la empresa y 0,2 al trabajador, con ajuste si cambia la distribución por contingencias comunes. No admite bonificación, reducción, exención, deducción ni disminución por coeficientes u otras variables, salvo lo previsto para los grupos segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 47/2015.

Artículo 128. Contratación

La contratación de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se ajusta al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001 y a otras normas de desarrollo y complementarias, con especialidades: contratan sus directores, con autorización si la cuantía supera el límite de la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado; no pueden delegar ni desconcentrar esa facultad sin autorización previa del titular del ministerio de adscripción; los proyectos de obras, la oficina del departamento del que dependan, salvo oficinas propias.

Artículo 129. Normas de procedimiento, autenticación y firma

La tramitación de prestaciones y demás actos de Seguridad Social, incluido el desempleo, sin carácter recaudatorio o sancionador se ajusta a la Ley 39/2015, con las especialidades que esta prevé para esos actos en impugnación y revisión y las de este capítulo u otras disposiciones. La representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho o por comparecencia personal. En procedimientos a solicitud, el silencio es desestimatorio, salvo inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas, variaciones de datos y convenios especiales, donde es estimatorio.

Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en materia de Seguridad Social

De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en la gestión de la protección por desempleo del título III y de las restantes prestaciones de esta ley, excluidas las pensiones no contributivas, y en afiliación, cotización y recaudación. Antes, una resolución de la persona titular de la Dirección General del INSS, del SEPE o de la TGSS, o de la Dirección del ISM, según proceda, establecerá el procedimiento y los órganos competentes sobre el sistema de información, e indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.

Artículo 131. Aportaciones de datos de Seguridad Social por medios electrónicos

A efectos de la gestión recaudatoria de los recursos del sistema, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deberán presentar por medios electrónicos los datos relativos a sus actuaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación, así como cualesquiera otros exigidos en su normativa. De igual modo, podrá determinarlos para la presentación electrónica de los partes de baja y alta de incapacidad temporal de los trabajadores a su servicio.

Artículo 132. Notificaciones de actos administrativos por medios electrónicos

Notificación electrónica en la sede electrónica de la Seguridad Social a los sujetos obligados que determine el titular del Ministerio y a quienes opten por ella; los demás, en el domicilio indicado para cada procedimiento o, en su defecto, en el de los registros. Actos derivados de datos del Sistema RED: obligatoriamente en sede a los autorizados. Rechazada si, constando la puesta a disposición, pasan diez días naturales sin acceso. Si no pueden practicarse: anuncio en el BOE. Tablón de Anuncios en la sede, gestionado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Artículo 133. Competencias de la Inspección

La inspección en materia de Seguridad Social se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Le corresponde vigilar el cumplimiento de esta ley (en especial fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas), inspeccionar a las entidades colaboradoras en la gestión y la asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitada. Lo dispuesto en esta ley sobre inspección no se aplica a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Justicia, en tanto el Gobierno no disponga otra cosa.

Artículo 134. Colaboración con la Inspección

Las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad Social prestarán su colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La prestarán en orden a la vigilancia que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida respecto al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores establecidas en esta ley.

Artículo 135. Infracciones y sanciones

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la LGSS y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto). Las resoluciones sobre las sanciones que las entidades gestoras de las prestaciones impongan a trabajadores y beneficiarios de prestaciones, conforme al artículo 47 de ese texto refundido, son recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamación ante la entidad gestora competente en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.

Artículo 136. Extensión

Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a), salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en algún régimen especial. El apartado 2 declara expresamente comprendidos, entre otros, a los trabajadores de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General, al personal contratado al servicio de notarías y registros de la propiedad y a los altos cargos de las administraciones públicas que no tengan la condición de funcionarios públicos.

Artículo 137. Exclusiones

No dan lugar a inclusión en el Régimen General: los trabajos que se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad; los que dan lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales; y los realizados por los profesores universitarios eméritos (apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) y por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco.

Artículo 138. Inscripción de empresas

Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora elegida para las contingencias profesionales y, en su caso, la IT por contingencias comunes. Deben comunicar las variaciones de datos y su extinción o cese temporal o definitivo de su actividad. Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas del art. 136.

Artículo 139. Afiliación, altas y bajas

Los empresarios deben solicitar la afiliación de los trabajadores que ingresen a su servicio y comunicar su ingreso y, en su caso, su cese. Si incumplen, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja al organismo competente, que también podrá actuar de oficio en los supuestos del artículo 16.4 y revisar de oficio sus actos en los del artículo 16.5. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja corresponde al organismo que reglamentariamente se establezca. Salvo disposición legal expresa en contrario, el alta condiciona la aplicación de las normas del título.

Artículo 140. Procedimiento y plazos

Apartado 1: el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido reglamentariamente. Apartado 2: la afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal y la imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

Artículo 141. Sujetos obligados

Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen. La cotización comprende dos aportaciones: de los empresarios y de los trabajadores. No obstante, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización completa corre a cargo exclusivamente de los empresarios.

Artículo 142. Sujeto responsable

El empresario es sujeto responsable de cotizar e ingresa en su totalidad sus aportaciones y las de sus trabajadores. Responden también, solidaria, subsidiariamente o mortis causa, las personas o entidades de los artículos 18 y 168.1 y 2. La responsabilidad solidaria por sucesión alcanza todas las deudas anteriores, también si continúa una sociedad laboral. En la sociedad disuelta y liquidada responden los socios o partícipes, solidariamente y hasta su cuota de liquidación. El descuento al trabajador se hace al pagarle; si no se hace entonces, el empresario ingresa todo a su cargo.

Artículo 143. Nulidad de pactos

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario. Igualmente, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se fijan en el artículo 147.

Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar

La obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba; la mera solicitud de afiliación o alta surte idéntico efecto. Se mantiene mientras el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste servicios. Solo se extingue con la solicitud en regla de la baja, y no si continúa el trabajo. Continúa en incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, y en las demás situaciones del artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente. Se suspende en huelga y cierre patronal.

Artículo 145. Tipo de cotización

El tipo de cotización tiene carácter único para todo el ámbito de protección del Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y del trabajador obligados a cotizar, se efectúan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se reduce en el porcentaje o porcentajes de las situaciones y contingencias no comprendidas en la acción protectora determinada según el artículo 155.2 LGSS, para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente.

Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Se cotiza por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con los tipos de la tarifa de primas para cada actividad económica, ocupación o situación. Podrán fijarse tipos adicionales por riesgos de enfermedades profesionales. Los tipos podrán reducirse (medios eficaces de prevención) o aumentarse (incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo) sin exceder del 10 por ciento; el aumento podrá llegar al 20 por ciento por reiterado incumplimiento. Con trabajadores con coeficiente reductor de la edad de jubilación se cotiza por el tipo más alto, con las salvedades del apartado 4.

Artículo 147. Base de cotización

La base es la remuneración total mensual, en metálico o en especie, a que tenga derecho el trabajador, o la percibida si es superior; las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Las vacaciones no disfrutadas pagadas al final se cotizan aparte, sin prorrateo. Únicamente no computan: ciertos gastos de locomoción, manutención y estancia; ciertas indemnizaciones, con sus límites; prestaciones, mejoras de IT y gastos de estudios exigidos; y horas extraordinarias, salvo para AT y EP. Todo concepto retributivo se comunica a la TGSS.

Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización

El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias del Régimen General, lo establece para cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se aplica también en pluriempleo (trabajar en dos o más empresas distintas, en actividades incluidas en el campo de aplicación del Régimen General). El tope mínimo es la cuantía del artículo 19.2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social adecuará a los días y horas trabajados los topes y bases mínimos cuando la ley establezca expresamente cotizar por días o por horas.

Artículo 149. Cotización adicional por horas extraordinarias

La remuneración por horas extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores, con arreglo a los tipos que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para las horas extraordinarias estructurales que superen el tope máximo de ochenta horas del artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, se aplica el tipo general de cotización establecido para las horas extraordinarias en esa Ley de Presupuestos.

Artículo 150. Normalización

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá la normalización de las bases de cotización. Las bases a las que se refiere son las que resulten con arreglo a lo establecido en la presente sección.

Artículo 151. Cotización adicional en contratos de duración determinada

Los contratos de duración determinada inferior a 30 días generan, al finalizar, una cotización adicional a cargo del empresario: tres veces la cuota de aplicar el tipo general empresarial por contingencias comunes a la base mínima diaria del grupo 8 para contingencias comunes. No se aplica a contratos por sustitución ni a los celebrados con trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena, del de Empleados de Hogar, del Régimen Especial de la Minería del Carbón o de la relación laboral especial de artistas de artes escénicas, audiovisuales y musicales y personal técnico o auxiliar.

Artículo 152. Cotización al Régimen General a partir de la edad de jubilación

Alcanzada la edad de acceso a la pensión de jubilación aplicable según el artículo 205.1.a), empresas y personas trabajadoras quedan exentas de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de ellas, respecto de trabajadores por cuenta ajena y socios trabajadores o de trabajo de cooperativas; también de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. No se aplica en administraciones públicas u organismos públicos de la Ley 40/2015. Esos periodos se computan como cotizados para acceso y cuantía de las prestaciones (base reguladora: artículo 161.4).

Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos del artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen. Además, quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos: 7 por ciento a cargo del empresario y 2 por ciento a cargo del trabajador.

Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato

En la reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato (decisión empresarial al amparo de los artículos 47 o 47 bis del Estatuto de los Trabajadores o resolución judicial concursal), la empresa ingresa la aportación empresarial y, si se causa derecho a la prestación por desempleo o a la de la disposición adicional cuadragésima primera, la entidad gestora ingresa la del trabajador. Base empresarial: promedio de los seis meses naturales inmediatamente anteriores al mes anterior al del inicio de cada situación, reducida en la reducción de jornada según la jornada no realizada.

Artículo 153 ter. Cotización de las personas pensionistas de jubilación cuando realicen actividades artísticas

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena regulado en el artículo 249 quater compatible con la pensión de jubilación, los empresarios estarán obligados a solicitar el alta y cotizar en el Régimen General únicamente por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho régimen. El artículo añade que quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre empresario (7 por ciento) y trabajador (2 por ciento).

Artículo 154. Normas generales

A efectos del capítulo III del título I, los empresarios y, en su caso, las personas señaladas en los artículos 18 y 168.1 y 2 serán los obligados a ingresar la totalidad de las cuotas del Régimen General en el plazo, lugar y forma establecidos en la ley y sus normas de aplicación y desarrollo. Los recargos y el interés de demora de los artículos 30 y 31 serán imputables a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar. El ingreso de las cuotas fuera de plazo reglamentario se efectuará con arreglo al tipo de cotización vigente en la fecha en que las cuotas se devengaron.

Artículo 1. Concepto y objeto de la gestión recaudatoria

La gestión recaudatoria de la Seguridad Social es la actividad administrativa dirigida a cobrar sus créditos y derechos. El artículo enumera los recursos que abarca: cuotas, aportaciones de mutuas y empresas colaboradoras, capitales coste, sanciones, recargos sobre prestaciones, reintegros de préstamos y de prestaciones indebidas, costas procesales y demás ingresos de derecho público, con sus recargos e intereses. La TGSS cobra además las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional para entidades ajenas al sistema.

Artículo 2. Competencia y atribución de funciones

La recaudación de los recursos de la Seguridad Social es competencia exclusiva de la TGSS, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo, y se ejerce a través de sus direcciones provinciales salvo atribución expresa a otros órganos. Las unidades de recaudación ejecutiva son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor, pueden embargar bienes situados fuera de su demarcación y su personal tiene la consideración de agentes de la autoridad pública.

Artículo 3. Colaboradores en la gestión recaudatoria

Colaboran con los órganos de recaudación de la TGSS: las entidades financieras autorizadas como oficinas recaudadoras (bancos y cajas de ahorro, acreditados con certificación del Banco de España; cajas rurales, con certificación del Registro especial de cooperativas de crédito; y otras cooperativas si se aprecia su capacidad), otros entes o agentes autorizados y las Administraciones o entidades con funciones recaudatorias por concierto o disposición especial. Ninguno de ellos adquiere el carácter de órgano de recaudación.

Artículo 4. Autorizaciones de colaboración en la gestión recaudatoria

El Secretario de Estado de la Seguridad Social concede o deniega las autorizaciones de colaboración en seis meses desde la entrada en su registro; sin resolución, se entienden desestimadas. Fija las condiciones de la colaboración y puede suspender, revocar o restringir la autorización, previo expediente, por las causas que enumera. El colaborador que quiera cesar lo pide con 30 días de antelación y se resuelve en tres meses (silencio estimatorio). Las resoluciones se publican en el BOE y surten efectos el día primero del mes siguiente.

Artículo 5. Conciertos de colaboración en la gestión recaudatoria

Los conciertos de la TGSS para la gestión recaudatoria requieren autorización previa del Ministerio de Trabajo si se celebran con Administraciones públicas y del Consejo de Ministros si se celebran con entidades particulares. Deben fijar como mínimo: servicios y órganos, procedimiento, compensaciones económicas, plazos y formas de ingreso, vigencia y resolución, revisión por cambios legislativos y la protección de los datos personales. La habilitación a entidades particulares es siempre temporal.

Artículo 6. Desarrollo del procedimiento

El período voluntario empieza con el plazo reglamentario de ingreso y dura, si no hay pago u otra causa de extinción, hasta la emisión de la providencia de apremio, que abre la vía ejecutiva. Vencido el plazo sin pago se aplican recargos y empiezan a devengarse intereses, exigibles solo en vía ejecutiva. El procedimiento se impulsa de oficio, se suspende solo en los casos previstos y termina por anulación o extinción de la deuda. Puede no iniciarse si la deuda es inferior a la cuantía que fije el Ministro por antieconómica.

Artículo 7. Presunción de legalidad

Los actos que dicta la Tesorería General de la Seguridad Social para determinar y recaudar la deuda con la Seguridad Social gozan de presunción de legalidad y son inmediatamente ejecutivos. Es decir, se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario y pueden ejecutarse desde que se dictan.

Artículo 8. Cómputo de plazos

Los plazos del reglamento se computan conforme a la Ley 30/1992 con dos particularidades para los plazos de pago: si se fijan por días sin decir otra cosa, son hábiles y se excluyen sábados, domingos y festivos; si se fijan por días naturales, meses o años y el último día es inhábil, el plazo termina el día hábil anterior, no el siguiente.

Artículo 9. Notificaciones

Las notificaciones recaudatorias se practican por medios electrónicos o en el domicilio. Los incorporados al Sistema RED, y quienes opten por la vía electrónica, son notificados obligatoriamente por comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; la notificación se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada si no se accede en diez días naturales desde la puesta a disposición. Los demás, en su domicilio. Si no se puede notificar, se publica anuncio gratuito en el BOE.

Artículo 10. Recargos

Las cuotas no abonadas en plazo reglamentario llevan recargo. Si se presentó la liquidación en plazo: 10 % pagando en el primer mes natural siguiente al vencimiento y 20 % a partir del segundo. Si no se presentó: 20 % pagando antes de que acabe el plazo de la reclamación de deuda o acta de liquidación y 35 % después. Las deudas por recursos distintos de cuotas llevan un 20 %. No hay recargo sobre recargos o intereses ni si el retraso se debe a error de la Administración.

Artículo 11. Intereses

El principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo reglamentario de ingreso; el recargo, solo desde que vencen los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio. Los intereses no se acumulan para calcular nuevos intereses ni se suspenden por impugnar. Solo son exigibles pasados 15 días naturales desde la providencia de apremio o desde el inicio del procedimiento de deducción sin pago. El tipo es el interés legal del dinero más un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos fije otro.

Artículo 12. Responsables de pago: normas comunes

Responden de las cuotas y demás recursos quienes estén directamente obligados a ingresarlos y, además, los responsables solidarios, subsidiarios y sucesores mortis causa. Los órganos de recaudación declaran esa responsabilidad y exigen el pago por el procedimiento del reglamento. Puede dirigirse el procedimiento contra el empresario efectivo aunque no figure formalmente. Salvo norma legal en contra, a estos responsables no se les pueden exigir sanciones pecuniarias ni recargos sobre prestaciones, salvo declaración de responsabilidad de la entidad gestora para estos últimos.

Artículo 13. Responsables solidarios

Si varias personas responden solidariamente, puede reclamarse a todas o a cualquiera, y seguir contra una no impide seguir contra otra hasta extinguir el crédito. Si el deudor liquidó en plazo sin pagar o ya tiene reclamación o acta, a otro solidario solo se le exige por reclamación de deuda por derivación (TGSS) o acta de liquidación (Inspección). Antes se dicta acuerdo de iniciación con audiencia de 15 días; la reclamación se notifica en un máximo de seis meses desde ese acuerdo. Comprende principal, recargos, intereses y costas.

Artículo 14. Responsables subsidiarios

Constatada la insolvencia del deudor principal, puede emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario. Antes, la TGSS dicta acuerdo de iniciación con audiencia de 15 días, y la reclamación se notifica en seis meses como máximo. Comprende toda la deuda exigible al principal, sin recargos, intereses ni costas. Basta para tener por insolvente al deudor la insuficiencia de bienes, la insolvencia declarada en otro procedimiento o el concurso en fase de liquidación. Alegar bienes del principal solo suspende la ejecución.

Artículo 15. Sucesores mortis causa

Los herederos responden solidariamente entre sí de la deuda del causante desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, con los bienes de esta y con su propio patrimonio, salvo aceptación a beneficio de inventario, en que responden solo con los bienes adjudicados. Tras el fallecimiento, lo ya embargado se ejecuta con el representante de la herencia yacente o los sucesores; para otros bienes hay que emitir reclamación por derivación al sucesor. Sin herederos conocidos o aceptantes, se sigue contra los bienes de la herencia.

Artículo 16. Domicilio del responsable de pago

Domicilio a efectos recaudatorios: el empresario, el de la efectiva gestión administrativa y dirección del negocio, que figura en su inscripción; el trabajador, el de su solicitud de alta. Si falta, el de residencia habitual para personas naturales y el domicilio social para jurídicas si allí está centralizada su gestión. Quien resida en el extranjero más de seis meses al año debe designar representante con domicilio en España. Los cambios de domicilio se comunican y, si no, pueden modificarse de oficio.

Artículo 17. Legitimación para el pago

Puede pagar las deudas con la Seguridad Social el propio responsable, los administradores de bienes o negocios intervenidos o administrados judicialmente y, en general, cualquier persona, tenga o no interés y lo sepa o no el responsable. Pero el tercero que paga nunca puede ejercer ante la Administración de la Seguridad Social los derechos del responsable del pago; solo le quedan las acciones de repetición del derecho privado.

Artículo 18. Legitimación para el cobro

Las deudas se pagan directamente a los órganos de recaudación de la TGSS o a través de los colaboradores autorizados o habilitados, con los mismos efectos en ambos casos. El pago hecho a órganos o personas no legitimados para recibirlo no libera nunca al deudor, sin perjuicio de la responsabilidad del perceptor no autorizado. La Administración no responde en los casos de usurpación de la función recaudatoria.

Artículo 19. Integridad y efectos del pago

El pago solo extingue la deuda si cubre su totalidad. Esto no impide compensaciones y deducciones ni el ingreso separado de las aportaciones de los trabajadores retenidas, pero la deuda no se extingue hasta pagarla entera. Salvo en aplazamientos y compensación, las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no pueden ingresarse aparte de las de contingencias comunes. En vía ejecutiva se aplican los pagos parciales y lo obtenido por embargo. El pago con los requisitos del reglamento libera a los responsables.

Artículo 20. Pago por consignación

Si el órgano de recaudación rechaza indebidamente el pago ofrecido o no puede admitirlo por fuerza mayor, el responsable puede consignarlo a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando se acuerde la procedencia del pago o cese la fuerza mayor, la consignación se aplica al pago de la deuda con efectos retroactivos a la fecha en que se formalizó la consignación.

Artículo 21. Medios de pago

Las deudas con la Seguridad Social se pagan en efectivo, mediante dinero de curso legal, cheque, transferencia o domiciliación bancaria, o con cualquier otro medio que autorice la TGSS. El pago sigue el procedimiento de ingreso que esta determine según el tipo de deuda y el período de recaudación. El pago en dinero de curso legal se hace, en todo caso, a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas.

Artículo 22. Cheque

Los cheques para pagar a la Seguridad Social deben ser nominativos a favor de la TGSS y cruzados a la entidad donde tenga cuenta el órgano o colaborador; librados contra entidades financieras autorizadas situadas en España; fechados el mismo día de la entrega o en los dos anteriores; conformados, visados o certificados, con retención del importe al menos 30 días desde su emisión; e indicar nombre y NIF del librador. Si un cheque conformado o certificado no se cobra, el impago se exige a la entidad que lo conformó o certificó.

Artículo 23. Transferencia bancaria

Las deudas con la Seguridad Social pueden pagarse por transferencia bancaria a las cuentas de la TGSS, cursando el mandato por bancos, cajas u otras entidades financieras inscritas. El mandato debe expresar el concepto concreto, el detalle si abarca varios conceptos y, en su caso, el código de cuenta de cotización. A la vez, el deudor envía al órgano colaborador los documentos exigidos con la fecha, el importe y la entidad usada. El pago se entiende hecho cuando los fondos entran en la entidad financiera destinataria.

Artículo 24. Otros medios de pago

Si alguien pide a la TGSS que autorice un medio de pago distinto del dinero de curso legal, el cheque o la transferencia, la solicitud debe resolverse en tres meses desde su entrada en cualquiera de los registros de la Tesorería. Si pasa ese plazo sin resolución, la solicitud se entiende desestimada.

Artículo 25. Justificantes de pago y deber de información de los empresarios

Quien paga a la Seguridad Social tiene derecho a un justificante: recibos de liquidación y documentos de ingreso validados por colaboradores, recibos de órganos o colaboradores, certificaciones del ingreso u otros documentos a los que dé ese carácter el Director General de la TGSS. Los obligados a cotizar conservan copia cuatro años. El empresario informa a los trabajadores de los datos de cotización dentro del mes siguiente al ingreso. El justificante del colaborador libera al deudor como si hubiera pagado en la TGSS.

Artículo 26. Requisitos formales de los justificantes de pago

Todo justificante de pago debe indicar como mínimo: datos identificativos del responsable, concepto, importe y período del ingreso, fecha de pago y órgano recaudador o colaborador que lo expide. Si es electrónico, estos datos pueden expresarse con códigos o abreviaturas que identifiquen al obligado y la deuda. Además, el deudor con justificante puede pedir a la TGSS una certificación acreditativa del pago, que esta debe expedir.

Artículo 27. Vigencia y ejecución de garantías

Cuando la ley o el reglamento den efectos a una garantía de pago, no se admiten las que no puedan ejecutarse hasta, al menos, seis meses después de que concurra la causa de ejecución. La garantía se libera al pagarse toda la deuda garantizada, con recargos, intereses y costas, o al extinguirse la obligación. Si la deuda se declara parcialmente improcedente por resolución firme, cabe su reducción proporcional. Solo se sustituye por causas extraordinarias y, si se incumple, se ejecuta por los trámites del título III.

Artículo 28. Tipos de garantía

La garantía ordinaria es el aval solidario de entidades financieras de depósito o crédito inscritas, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, inscrito en el Registro especial de avales. Si no es posible por causa justificada y la norma lo permite, valen otras: hipoteca, prenda, seguro de caución, fianza personal u otra suficiente y, con deuda en apremio, la anotación preventiva de embargo. Si su aceptación o cancelación requiere documento público, se hace por documento administrativo del órgano que dicta la resolución vinculada.

Artículo 29. Aval genérico

El sujeto responsable puede presentar un aval genérico como garantía especial de todas sus deudas presentes y futuras con la TGSS. Ese aval no suspende el procedimiento recaudatorio iniciado o que pueda iniciarse, pero hace que se le considere al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social mientras el importe avalado garantice suficientemente la deuda que pueda generarse.

Artículo 30. Reembolso del coste de las garantías

Si se aportaron garantías para suspender el procedimiento de recaudación y la deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firmes, la TGSS reembolsa el coste de las garantías y, en su caso, el interés legal de lo depositado o consignado desde el depósito hasta los 30 días siguientes a la notificación de la resolución o sentencia. Si la improcedencia es parcial, el reembolso es proporcional. Se hace previa acreditación del importe y por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Artículo 31. Normas generales

Los órganos de la TGSS, según el reparto de competencias de su Director General, pueden conceder a petición del responsable aplazamientos de deudas cuando su situación económico-financiera, apreciada discrecionalmente, le impida pagar en plazo. La duración total no puede pasar de cinco años, salvo causas extraordinarias acreditadas, en que resuelve el Director General a propuesta favorable. Cumplido, el aplazamiento suspende el procedimiento y permite considerar al deudor al corriente para subvenciones, bonificaciones, prestaciones o contratación.

Artículo 32. Deudas con la Seguridad Social susceptibles de aplazamiento

Puede aplazarse cualquier deuda de Seguridad Social salvo las cuotas de la aportación de los trabajadores por cuenta ajena o asimilados y las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que deben ingresarse en un mes desde la notificación de la concesión si no se pagaron antes. Los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad solo se aplazan si se garantiza íntegramente con aval. El aplazamiento incluye todas las deudas aplazables, con sus recargos, intereses y costas, y los pagos se imputan primero a las cuotas inaplazables.

Artículo 33. Garantías

El aplazamiento debe garantizarse con garantía suficiente para cubrir principal, recargos, intereses y costas. Se tiene por incumplido si la garantía no se constituye en 30 días naturales desde la notificación (o el plazo superior fijado, de hasta seis meses). No hace falta garantía cuando el solicitante es una Administración pública o ente de derecho público no societario, la deuda no supera 150.000 euros (o es inferior a 250.000 con pago anticipado de un tercio), se trata de prestaciones indebidas de un pensionista o lo exime el Secretario de Estado.

Artículo 34. Interés

Conceder un aplazamiento hace que se devengue interés desde la concesión hasta el pago, al tipo de interés de demora vigente en cada momento del aplazamiento. Ese interés se incrementa en dos puntos si se eximió al responsable de constituir garantías por causas extraordinarias. Se aplica sobre el principal, los recargos y las costas aplazados.

Artículo 35. Procedimiento

La solicitud de aplazamiento identifica deudor y deuda, motivos, plazos y vencimientos pedidos, medio de notificación y, en su caso, garantías ofrecidas. Si es defectuosa, se requiere subsanar en 10 días bajo apercibimiento de desistimiento. Se resuelve en tres meses como máximo desde su entrada en el registro del órgano competente; sin resolución, puede entenderse desestimada. Pedirla no suspende el procedimiento. Se deniega, en general, por incumplimientos reiterados, enajenación ya autorizada de bienes embargados o deuda no superior al salario mínimo mensual.

Artículo 36. Incumplimiento

Si se incumple cualquier condición o pago del aplazamiento, sigue sin más trámite el apremio ya iniciado y se dicta providencia de apremio por la deuda no apremiada, con recargo del 20 % del principal si se liquidó en plazo o del 35 % si no. Primero se ejecutan las garantías constituidas y los intereses de demora se exigen desde el vencimiento de los plazos reglamentarios de ingreso. El aplazamiento se considera incumplido en cuanto el beneficiario deja de estar al corriente con la Seguridad Social tras su concesión.

Artículo 1. Ambito de aplicación

El Reglamento se aplica a la inscripción de empresas, la apertura de cuentas de cotización y la afiliación, altas, bajas y variaciones de las personas incluidas en el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva. No se aplica a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se rigen por sus normas específicas.

Artículo 2. Funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

En las materias del Reglamento, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde: proponer y ejecutar las directrices generales del Gobierno; dictar las normas de ejecución y desarrollo del Reglamento y proponer al Gobierno los Reglamentos Generales; dirigir y controlar en grado superior las funciones de la Tesorería General, impulsando su ordenación jurídica e interpretando con carácter general las disposiciones; y las demás funciones que tenga atribuidas.

Artículo 3. Funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social

La Tesorería General dirige, propone al Ministerio y ejecuta y controla la gestión de la inscripción de empresas, cuentas de cotización, cobertura y tarifación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extinción de empresas, afiliación, altas, bajas, variaciones y número de la Seguridad Social. La función inspectora se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que informa a petición de la Tesorería. Esta se coordina con las entidades gestoras y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 4. Competencia orgánica: reglas generales

La Tesorería General ejerce sus funciones en todo el Estado por sus órganos centrales y, en cada provincia, por los órganos directivos de la Dirección Provincial, incluidas sus Administraciones, bajo la autoridad del Director provincial. Si no se especifica el órgano, son competentes los órganos inferiores por razón de la materia y del territorio y, si hay varios, su superior jerárquico común. Delegación, avocación, encomienda, suplencia y demás se rigen por el capítulo I del Título II de la Ley 30/1992.

Artículo 5. Obligatoriedad de la inscripción y de otras comunicaciones del empresario

Antes de iniciar su actividad, como requisito previo e indispensable, el empresario debe solicitar a la Tesorería General su inscripción en el Régimen que corresponda. En esa misma solicitud indica la entidad gestora o colaboradora elegida para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y para la incapacidad temporal por contingencias comunes. Después debe comunicar las actividades distintas no integradas en la principal, los datos de trabajadores con especialidades de cotización y las variaciones de datos.

Artículo 6. La afiliación al sistema de la Seguridad Social

Con la afiliación, la Tesorería General reconoce como incluida en el sistema a la persona física que por primera vez realiza una actividad que la hace entrar en él. Es obligatoria para todos los comprendidos en el campo de aplicación, única y general para todos los Regímenes aunque se cambie de uno a otro, se extiende a toda la vida y es exclusiva. Por sí sola o con otros requisitos es título jurídico para adquirir derechos y nacer obligaciones.

Artículo 7. El alta en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social

Con el alta, la Tesorería General reconoce a quien inicia una actividad o está en situación conexa su inclusión en el Régimen que proceda. El alta es obligatoria en la modalidad contributiva. Si una persona da lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes hay pluriactividad; si trabaja por cuenta ajena para dos o más empresas con alta en un mismo Régimen, pluriempleo. Solo cabe optar entre Regímenes cuando una norma lo reconozca expresamente.

Artículo 8. Opción previa al alta de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado se dan de alta como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como autónomos, en el Régimen que corresponda a la actividad, según la opción de la cooperativa. La opción alcanza a todos los socios y se ejercita en los estatutos; solo se cambia modificando los estatutos, para todos los socios y pasados cinco años desde la anterior. Si se opta por autónomos, la cooperativa responde solidariamente de su cotización.

Artículo 9. Efectos generales de las afiliaciones y altas debidas e indebidas

Si se cumplen los requisitos generales y específicos establecidos, la afiliación y el alta producen los derechos y obligaciones previstos en la Ley General de la Seguridad Social, en las normas de cada Régimen, en el propio Reglamento y en sus disposiciones complementarias. La afiliación y el alta indebidas producen los efectos que fijan los artículos 59 y 60 del Reglamento.

Artículo 10. Concepto de empresario en la Seguridad Social

Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten servicios trabajadores por cuenta ajena o asimilados de cualquier Régimen. Se concreta para colectivos especiales: club u organizador para deportistas; organizador y casas musicales para artistas; Diócesis y organismos supradiocesanos para clérigos católicos; titular del hogar familiar para empleados de hogar; naviero o armador en el Mar; la cooperativa para sus socios asimilados a cuenta ajena.

Artículo 11. Solicitudes de inscripción y comunicaciones de modificación de datos

La solicitud de inscripción recoge la identidad del interesado y su representante y el medio y lugar de notificaciones; denominación, domicilio y actividad de la empresa, otras actividades, cuentas de cotización y convenio; centros de trabajo; lugar y fecha; firma; y órgano al que se dirige. Se acompaña DNI o pasaporte si es persona física y, si es jurídica, escritura o certificación registral, libro de actas en comunidades de propietarios, etc. Si falta algo, hay diez días para subsanar.

Artículo 12. Tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción, de la opción de cobertura y demás comunicaciones del empresario

La solicitud de inscripción, la opción de cobertura y las demás comunicaciones se dirigen a la Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración del domicilio del empresario, aunque pueden presentarse en otras Direcciones, registros, Correos u oficinas consulares, que las remiten en el mismo día o al siguiente hábil. El interesado puede exigir justificante de la fecha. Tramita y resuelve la Dirección Provincial o Administración del domicilio del empresario, que es el fijado a efectos recaudatorios.

Artículo 13. Práctica de la inscripción

La inscripción se practica en el acto de presentar la solicitud; si falta algo, hay diez días para subsanar. Si no se tienen por ciertos los hechos, cabe prueba, informes y audiencia. La Tesorería asigna un número único de inscripción, que es el primer y principal código de cuenta de cotización, y puede asignar otros. El empresario con varias cuentas puede designar cualquiera como principal en cualquier momento posterior. Se le entrega justificante y todo consta en el Registro de Empresarios.

Artículo 14. Formalización del documento de asociación y de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal

Al pedir la inscripción, el empresario indica la entidad gestora o mutua elegida para contingencias profesionales e incapacidad temporal por contingencias comunes. Si elige entidad gestora, formaliza el documento la Dirección Provincial; si elige mutua, la mutua. La Tesorería practica la tarifación según la actividad; la mutua remite el documento de asociación en 15 días. Los documentos surten efectos desde el inicio de la actividad o, si la inscripción se pide después, desde la presentación, y duran un año prorrogable.

Artículo 15. Efectos generales de la inscripción y de la formalización de la cobertura de las contingencias profesionales y por la prestación económica por incapacidad temporal

La inscripción del empresario es única y válida, en los Regímenes que se determine, para todo el territorio del Estado y para toda la vida de la persona física o jurídica titular. Identifica al empresario a efectos de incluir a sus trabajadores. Formalizar la protección hace responsable de las prestaciones a la entidad gestora o colaboradora, si se cumplen la cotización y los demás requisitos. Sin protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las cuotas se devengan a favor de la Tesorería General.

Artículo 16. Registro de Empresarios

El Registro de Empresarios lo lleva la Tesorería General. En él figuran los empresarios del artículo 10 con trabajadores por cuenta ajena o asimilados del Régimen General, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de la Minería del Carbón (los números 2.º y 5.º están suprimidos). También recoge los datos de los centros docentes con estudiantes del Seguro Escolar. Contiene los datos necesarios para la gestión del sistema.

Artículo 17. Comunicación de variaciones de datos

El empresario debe comunicar las variaciones de nombre o denominación, domicilio legal, entidad que cubre contingencias profesionales e incapacidad temporal, deber de información de contratistas y subcontratistas, convenio colectivo, actividad económica y demás datos de la inscripción, y apertura y cierre de centros de trabajo. Se comunican a la dirección provincial o administración de la provincia de inscripción, en modelo oficial, en tres días naturales; el cambio de entidad, con diez días naturales de antelación.

Artículo 18. Extinción de la empresa y cese en la actividad

El empresario comunica la extinción de la empresa o el cese temporal o definitivo de su actividad a la dirección provincial o administración de la provincia en que se inscribió, en modelo oficial y en los tres días naturales siguientes, junto con las bajas de sus trabajadores. Si da de baja a todos sin comunicar extinción o cese, queda en baja temporal; a los doce meses sin demostrar continuidad se abre expediente de oficio. Si sigue habiendo trabajo, la comunicación sola no extingue sus obligaciones.

Artículo 19. Sucesión en la titularidad o en la actividad

Cuando cambia el titular de la empresa o de la actividad de sus centros de trabajo, en el Registro de Empresarios se toma razón de la extinción o cese del anterior y se hace una nueva inscripción y anotación a nombre del nuevo titular, o solo una nueva anotación si ya estaba inscrito. Debe solicitarse dentro de los seis días naturales siguientes a la sucesión, con la documentación del artículo 11.

Artículo 20. Actuación de oficio

Si la Tesorería General conoce, por sus datos, los de las entidades gestoras, la Inspección u otro medio, que el empresario ha incumplido sus obligaciones, actúa de oficio y se lo comunica. Si la empresa se extingue o cesa sin comunicarlo ni dar de baja a sus trabajadores, la dirección provincial lo anota de oficio, previa comunicación individual o, si no es posible, anuncio en el BOE. Surte efectos desde la actuación inspectora o la recepción de datos, salvo prueba de otra fecha.

Artículo 21. Número de la Seguridad Social

La Tesorería General asigna un número de la Seguridad Social a cada ciudadano como afiliado y en alta, por cuenta propia o ajena; a los beneficiarios de pensiones o prestaciones, contributivas o no; y a los sujetos responsables del ingreso de cuotas. Quien no lo tenga debe pedirlo a la Dirección Provincial o Administración, con su DNI o documento de extranjero, antes de solicitar afiliación y alta o cualquier prestación o servicio. Al pedir afiliación y alta hay que indicarlo.

Artículo 22. Documento identificativo de situaciones en la Seguridad Social

La Tesorería General facilita a cada afiliado, pensionista y beneficiario un documento identificativo con su número de la Seguridad Social y los demás datos que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fija las condiciones de expedición. El documento acredita los datos que contiene ante todas las entidades gestoras y servicios comunes y ante las demás Administraciones públicas y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

Artículo 23. Formas de promover la afiliación a la Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social puede promoverse de tres formas: a instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores o de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social. Se practica en los términos y condiciones de este capítulo y, en su caso, del capítulo VI del mismo Título.

Artículo 24. Afiliación a instancia del empresario

El empresario está obligado a pedir la afiliación de quienes, sin estar afiliados, entran a su servicio. La solicitud se hace en modelo oficial u otro sistema establecido, con el DNI o equivalente (o fotocopias), el número de la Seguridad Social y, en su caso, otra documentación. Pedir la afiliación implica pedir el alta inicial en el Régimen que corresponda. Si no se usa el modelo o falta documentación, se procede según el artículo 31.2 y puede aplicarse el artículo 26.

Artículo 25. Afiliación a instancia del trabajador

Los trabajadores por cuenta propia o asimilados que inician su actividad sin estar afiliados deben pedir ellos mismos su afiliación. Los trabajadores por cuenta ajena cuyo empresario incumpla su obligación pueden pedir directamente su afiliación y alta inicial a la Dirección Provincial o Administración de la Tesorería General en cualquier momento posterior a constatar el incumplimiento; la Dirección Provincial lo comunica a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 26. Afiliación de oficio

Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General o sus Administraciones pueden afiliar de oficio cuando, por actuación de la Inspección de Trabajo, por los datos de las entidades gestoras y servicios comunes o por cualquier otro medio, se compruebe que trabajadores o empresarios obligados no han solicitado la afiliación. Si la afiliación de oficio no deriva de la Inspección, la Dirección Provincial le da cuenta para las comprobaciones que procedan.

Artículo 27. Lugar y plazo para solicitar la afiliación

La solicitud de afiliación de cada trabajador se dirige a la Dirección Provincial o Administración de la provincia del domicilio de la empresa (cuenta ajena) o del establecimiento del autónomo o, en su defecto, de su domicilio. Puede presentarse en otra Dirección o en los lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, que la remiten en el mismo día o al siguiente hábil. Se puede exigir justificante. Debe formularse antes de que empiece la prestación de servicios o la actividad.

Artículo 28. Variación de datos de la afiliación

Si cambian los datos facilitados al afiliarse, el empresario y, en su caso, el trabajador los comunican a cualquier dirección provincial de la Tesorería General o administración de la Seguridad Social, dentro de los tres días naturales siguientes, mediante modelos oficiales o el sistema establecido. La comunicación la firma el trabajador y debe acompañarse de la documentación que la acredite para surtir efectos. Si no se cumple, la Dirección Provincial da cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 29. Formas de promover las altas y bajas de los trabajadores

Las altas y bajas se piden a nombre de cada trabajador ante la Tesorería General. El empresario comunica el inicio y el cese de servicios; el traslado a otra provincia exige baja en la de origen y alta en la de destino, igual que el cambio a otra cuenta de cotización. Si el empresario incumple, el trabajador puede instarlas y la Tesorería actuar de oficio. Para accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo y riesgos de embarazo y lactancia hay alta de pleno derecho. La incapacidad temporal no es cese.

Artículo 30. Solicitudes de alta y baja

Comunicar el inicio o el cese de servicios o actividad, por medios electrónicos o modelos de la Tesorería General, equivale a pedir el alta o la baja. El alta de asalariados recoge datos del empresario y del trabajador (grupo de cotización, convenio, formación, ocupación, centro). La de autónomos añade su actividad, sede y otros datos, como rendimientos netos previstos. La baja incluye fecha, causa y, si procede, fin de vacaciones no disfrutadas retribuidas. Firma el empresario o el autónomo.

Artículo 31. Documentación para acreditar la profesionalidad y demás requisitos a efectos de las altas, bajas y variaciones de datos

Quien debe pedir altas, bajas o variaciones acredita la prestación de servicios, la actividad y los demás requisitos, o su pérdida o cambio, con los documentos que pida la Tesorería si no los tiene ya y son necesarios. Si la solicitud está incompleta, hay diez días para subsanar; si no, se le tiene por desistido, se actúa de oficio y se notifica a la Inspección. La Tesorería puede pedir informes; el de la Inspección es preceptivo en las bajas de trabajadores dados de alta de oficio a instancia de ella.

Artículo 32. Forma, lugar y plazo de las solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos

El inicio o cese de servicios o actividad se comunica con los modelos oficiales y documentos exigidos. Las altas se dirigen a la Dirección Provincial del domicilio de la empresa o del establecimiento del autónomo; bajas y variaciones, a aquella en que se dio el alta. El alta se pide antes de empezar a trabajar, pero no más de 60 días naturales antes; bajas y variaciones, en los seis días naturales siguientes. El Director General de la Tesorería puede autorizar otros plazos a empresarios con dificultades justificadas.

Artículo 33. Reconocimiento del derecho

Reconoce el derecho a la afiliación, al alta o a la baja la Dirección Provincial de la TGSS o su Administración de la provincia donde esté abierta la cuenta de cotización del empresario (trabajador por cuenta ajena) o donde radique el establecimiento del trabajador por cuenta propia o, en su defecto, su domicilio, salvo las peculiaridades del artículo 39. Se reconoce en el acto de presentación de la solicitud, tras comprobarla. Si se desestima, se dicta resolución motivada con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y con la forma y el plazo de impugnación.

Artículo 34. Efectos de la afiliación: registro, número y documentos de afiliación

La afiliación se registra en un fichero general de afiliación, a cargo de la TGSS, con todos los incluidos en el sistema. A cada trabajador se asigna su mismo número de la Seguridad Social, vitalicio y válido en todo el territorio del Estado. En el autónomo, el código de cuenta de cotización coincide con ese número o, en su defecto, con el de afiliación. Ser afiliado da derecho al documento de afiliación, que expide y renueva la Dirección Provincial de la TGSS o su Administración; la TGSS puede facilitar en su lugar el documento identificativo del artículo 22.

Artículo 35. Efectos especiales de las altas y bajas de los trabajadores

El alta reconocida sitúa al trabajador en alta en su Régimen. Las altas previas surten efectos desde el inicio de la actividad; las pedidas fuera de plazo, desde la solicitud (salvo ingreso de cuotas en plazo); las defectuosas, si se subsanan en diez días. Las de oficio se retrotraen a cuando se conocen los hechos o a la actuación inspectora. La baja surte efectos desde el cese, pero sin comunicación en plazo y forma se cotiza hasta que la TGSS conozca el cese. Los justificantes de alta y baja se conservan cuatro años.

Artículo 36. Situaciones asimiladas a la de alta

Quien cese en la actividad sigue en su Régimen, en situación asimilada al alta, si está, entre otras, en desempleo con inscripción como desempleado, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de hijos con reserva de puesto, traslado fuera del territorio nacional, convenio especial o inactividad entre trabajos de temporada; en el RETA, los noventa días naturales siguientes al último día del mes de la baja; y las que determine el Ministro. La asimilación opera respecto de las contingencias y con los efectos que fije cada norma.

Artículo 37. Efectos de las variaciones de datos de los trabajadores

Las variaciones de datos de los trabajadores en alta surten efectos desde que se producen si se comunican en tiempo y forma conforme al artículo 28. Si no, desde el día de su comunicación; pero si la variación anterior repercute en la cotización, se retrotrae al día en que tuvo lugar, con reclamación de las cuotas exigibles o devolución de las indebidas, siempre que no sean anteriores a los últimos cuatro años. Los obligados responden de las sanciones y responsabilidades anteriores a la comunicación.

Artículo 38. Relativas a la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos

La inscripción del empresario, la afiliación, el alta y la baja del trabajador y la variación de datos de uno y otro pueden formalizarse también por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Quien quiera usarlos debe ajustarse a las condiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, si no están establecidas, a las que fije la Dirección General de la TGSS, con sujeción siempre al artículo 45 de la Ley 30/1992 y sus normas de desarrollo.

Artículo 39. Relativas a la práctica de las inscripciones, afiliaciones, altas, bajas y variaciones presentadas por medios técnicos o en Administración de la Seguridad Social distinta a la del domicilio

Las solicitudes de inscripción, afiliación, alta, baja y variación presentadas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos se consideran presentadas y resueltas en la Administración de la Dirección Provincial de la TGSS en la que el solicitante esté autorizado para usarlos. Si se presentan en modelos normalizados en una Administración distinta de la del domicilio del obligado, esta puede practicarlas; solo se remiten a la del domicilio las que no puedan resolverse en el acto por haber hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos.

Artículo 40. Relativas a los familiares del empresario y del trabajador autónomo y a los socios de sociedades colectivas y a los socios colectivos de sociedades comanditarias, así como a los de determinadas sociedades cooperativas

Para dar de alta como trabajador por cuenta ajena a un familiar del empresario se acompaña una declaración de ambos sobre su condición, categoría, puesto, retribución, centro y horario; puede pedirse informe de la Inspección. No hace falta para hijos menores de 30 años contratados por autónomos, aunque convivan; al cumplir 30 años se presenta en los 30 días naturales siguientes, y hasta esa edad los hijos convivientes no cotizan por desempleo. El autónomo titular y ciertas sociedades responden subsidiariamente, con un plazo de seis días.

Artículo 41. De la pluriactividad, pluriempleo y opción previa a la inclusión en diversos Regímenes

En pluriactividad se piden tantas altas y bajas como regímenes. Varias actividades simultáneas en el RETA dan un alta y una cotización únicas; si una incluye en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, el alta se practica por esa. En pluriempleo, empresarios y trabajadores comunican la situación. Para socios de cooperativas de trabajo asociado se aportan certificado de inscripción y estatutos con la opción de encuadramiento. En cooperativas hay tiempo parcial si la jornada es inferior al 77 por 100 de la completa.

Artículo 42. De la afiliación y alta de los extranjeros

Para la afiliación y el alta se equiparan a los españoles los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España y tengan autorización previa para trabajar cuando sea exigible. Sus solicitudes llevan la documentación de nacionalidad y, salvo normativa comunitaria, la autorización o el documento de excepción. Los trabajadores por cuenta ajena de países que ratificaron el Convenio 19 de la OIT, aun sin autorización, se consideran en alta solo frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 43. De determinados colectivos integrados en el Régimen General o en los Sistemas Especiales

Profesionales taurinos: la inclusión en el censo de activos supone el alta durante cada año natural y la exclusión, la baja automática. Personal español al servicio de la Administración en el extranjero y funcionarios de organismos internacionales: sus normas especiales y, en lo no previsto, este Reglamento. Funcionarios con cambio de destino: el alta surte efectos el día primero del mes siguiente al cese y la baja, el último día del mes del cese. Empleados de hogar: el alta incluye cuenta bancaria, tipo de contrato, horas y salario.

Artículo 44

Artículo 45. En el Régimen Especial Agrario

Los trabajadores del Régimen Especial Agrario deben inscribirse en el censo desde que reúnen las condiciones de inclusión. La petición de inscripción por el empresario equivale a la afiliación y al alta. El empresario comunica las jornadas reales dentro de los seis primeros días de cada mes. Más de seis meses naturales consecutivos de inactividad motivan la baja, que el trabajador pide en seis días. Tras más de seis meses en otro régimen, puede volver al censo si lo pide en tres meses. La TGSS reconoce la inscripción y la baja.

Artículo 46. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Afiliación, altas y bajas

En el RETA la afiliación, altas, bajas y variaciones se efectúan por medios electrónicos. La afiliación y hasta tres altas por año natural surten efectos desde el día en que concurren los requisitos, si se piden en plazo; el resto de altas y las pedidas fuera de plazo, desde el día primero del mes natural en que se reúnen. Hasta tres bajas por año valen desde el cese; las demás, al vencimiento del último día del mes del cese. Con varias actividades, el alta es única. La TGSS puede requerir documentos de prueba.

Artículo 47. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Cobertura de determinadas contingencias

Los autónomos deben cubrir obligatoriamente, de forma conjunta con una mutua, la incapacidad temporal por contingencias comunes, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el cese de actividad, al causar alta. La adhesión vence el 31 de diciembre y se prorroga salvo denuncia antes del 1 de octubre, con efectos el 1 de enero siguiente. En el alta de oficio se asigna la mutua con más autónomos adheridos en la provincia del domicilio, salvo opción por otra en diez días. Hay reglas propias para pluriactivos y económicamente dependientes.

Artículo 47 bis

Artículo 48. En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido dentro del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios sigue los efectos del artículo 46.2; si ya se estaba en alta en el RETA, surte efectos el día primero del mes siguiente a la solicitud. Los requisitos se acreditan con declaración responsable en la propia solicitud y la TGSS los comprueba; si en la inclusión inicial no se cumplían, exclusión de oficio desde la incorporación. La incapacidad temporal y el cese de actividad son voluntarios; de las contingencias profesionales es obligatoria la incapacidad permanente y la muerte y supervivencia.

Artículo 49. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar cada embarcación, plataforma fija, instalación o artefacto flotante es un centro de trabajo con código de cuenta de cotización propio, anotado en el rol o licencia. Afiliación, altas, bajas y variaciones siguen las reglas generales; los efectos para los trabajadores por cuenta propia, los del artículo 46. Estos protegen IT común, contingencias profesionales y cese de actividad con el ISM o una mutua; los del grupo tercero, la IT común con el ISM. En el alta de oficio, con el ISM salvo opción por mutua.

Artículo 50. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón

En el Régimen Especial para la Minería del Carbón, el empresario debe hacer constar en los documentos de alta de sus trabajadores la categoría profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable. En el plazo del artículo 32.3.2.º debe comunicar a la TGSS las variaciones de esos datos, sea cual sea su causa, y los días de ausencia al trabajo distintos de la baja médica por enfermedad o accidente y de las ausencias autorizadas con derecho a retribución.

Artículo 51. Libro de Matrícula

El empresario debe llevar en orden y al día un Libro de Matrícula con todos sus trabajadores, inscritos al iniciar la prestación de servicios, y uno por cada centro de trabajo. Debe constar el número de la Seguridad Social, y el trabajador firma al empezar y al cambiar de categoría. Las bajas se anotan cronológicamente. Los Libros se habilitan en las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social; en las embarcaciones los sustituye el Rol, y la Dirección General de la Inspección puede autorizar otro sistema con iguales garantías.

Artículo 52. Conservación de datos y sistemas de documentación. Efectos

Empresarios y, en su caso, autónomos conservan al menos cuatro años los justificantes de inscripción, cobertura y tarifación de contingencias profesionales, cobertura de incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variaciones. La TGSS lleva un fichero general automatizado con el registro de empresarios y cuentas de cotización, el de trabajadores y los que determine el Ministerio; lo mantiene al día, y sus asientos y documentos electrónicos valen como originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.

Artículo 53. Reserva de datos, derecho a la información y protección de los datos personales automatizados

Los datos de los registros de la TGSS los usan las entidades gestoras y servicios comunes para sus fines, y se facilitan a otras Administraciones (en especial, las tributarias), a las comisiones parlamentarias de investigación, a los sindicatos con capacidad de promoción de elecciones y en los demás casos previstos por ley. Empresarios, trabajadores o asimilados, y quienes acrediten interés personal y directo, pueden ser informados y acceder a registros y archivos. Los datos personales automatizados se sujetan a la Ley Orgánica 5/1992.

Artículo 54. Facultades de control

La autoridad laboral comunica a la entidad gestora o colaboradora interesada y a la TGSS los hechos que conozca y afecten a las obligaciones del Reglamento, para que se adopten medidas de oficio. La TGSS puede comprobar en todo momento la exactitud de sus datos y requerir datos o documentos para acreditar que se mantienen los requisitos. Si hacen falta visitas a centros de trabajo o domicilios, insta su realización a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que le da cuenta de los resultados. Antes, debe usar los datos que ya tiene.

Artículo 55. Facultades de revisión: límites. Rectificación de errores

Si la inscripción, protección de contingencias profesionales, tarifación, cobertura de IT, afiliación, altas, bajas y variaciones que constan en la TGSS no se ajustan a las normas, la TGSS puede adoptar las medidas necesarias, incluida la revisión de oficio de sus actos. Esa revisión no puede afectar a actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, salvo que obedezca a omisiones o inexactitudes en sus solicitudes y declaraciones. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos se rectifican en cualquier momento.

Artículo 56. Procedimiento de revisión de oficio

El procedimiento de revisión puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado, siempre que no afecte a actos declarativos de derechos, salvo los debidos a omisiones o inexactitudes del beneficiario. Se notifica su iniciación y los interesados pueden alegar y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. La Dirección Provincial o Administración puede acordar prueba y pedir informes. Antes de redactar la propuesta de resolución hay audiencia. Las resoluciones son motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho.

Artículo 57. Efectos de la inscripción indebida del empresario

La inscripción indebida del empresario se anota en el Registro con efectos desde la fecha que fije la resolución administrativa que la declare indebida. Quien haya obrado con dolo, negligencia o morosidad en esa inscripción queda sujeto a las responsabilidades que procedan; la TGSS da cuenta de los hechos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que levante las actas de infracción y ejercita las demás acciones que le asistan.

Artículo 58. Efectos de las formalizaciones indebidas de la protección y tarifaciones en la protección de las contingencias profesionales o de la cobertura por incapacidad temporal

Si se declara indebida la formalización de la protección de contingencias profesionales, su tarifación o la cobertura de IT, la entidad formaliza, si procede, un nuevo documento con efectos desde el inicio del procedimiento en que se declaró. Si la tarifación indebida es imputable al empresario, surte efectos desde que concurrió la causa, con reclamación o devolución de cuotas. Si es por error de la TGSS o de la administración no empleadora, no hay recargo o se devuelve el exceso. Con dolo, negligencia o morosidad, no se devuelven las cuotas ingresadas maliciosamente.

Artículo 59. Efectos de las afiliaciones indebidas

La afiliación indebida de personas excluidas del sistema se deshace reponiendo la situación anterior a ella. Las cotizaciones ingresadas por esas personas no surten efecto alguno y, salvo ingreso malicioso, se devuelven, hayan causado o no prestaciones, previa deducción en todo caso de las prestaciones indebidamente percibidas, siempre que unas y otras no sean anteriores a los últimos cuatro años. Todo ello sin perjuicio de las remuneraciones, indemnizaciones y responsabilidades que procedan y de lo previsto en el artículo 57.2.

Artículo 60. Efectos de las altas indebidas

Las altas indebidas de quienes no deben estar en ningún Régimen tienen los efectos de la afiliación indebida. El alta indebida en un Régimen de quien pertenece a otro es válida hasta la fecha que fije la resolución que la declare indebida o, en su defecto, hasta el último día del mes de su notificación; las cotizaciones se computan recíprocamente con las del Régimen procedente. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones o devoluciones de cuotas y prestaciones que procedan según la causa de nulidad o anulabilidad.

Artículo 61. Efectos de las bajas indebidas

Declarada indebida una baja, el trabajador se considera en alta a todos los efectos. Si la causa es grave (lesión de derechos susceptibles de amparo, órgano manifiestamente incompetente, contenido imposible, infracción penal, prescindir totalmente del procedimiento o carecer de requisitos esenciales), desde que concurrió esa causa; por cualquier otra, desde que se inició el procedimiento que la declaró indebida. Subsiste la obligación de cotizar y, si continúa la actividad, se reclaman las cuotas no anteriores a los últimos cuatro años.

Artículo 62. Efectos de la variación de datos indebida

Cuando las variaciones de los datos de los empresarios y de los trabajadores o asimilados sean indebidas, la TGSS rectifica los datos en sus sistemas de documentación con efectos desde la comunicación de los mismos o, en su caso, desde la fecha señalada en la resolución que las haya declarado indebidas. Ello sin perjuicio de aplicar, en su caso, el apartado 2 del artículo 57.

Artículo 63. Regla general

En los procedimientos sobre las materias reguladas en este Reglamento (inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos) debe dictarse resolución en el plazo máximo de cuarenta y cinco días. Los actos de la TGSS en estas materias pueden impugnarse en la forma, plazos y condiciones de la Ley 30/1992 y de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 1. Objeto

La liquidación de las deudas con la Seguridad Social comprende los actos que determinan esas deudas y permiten cobrarlas: primero por cumplimiento voluntario y, en su defecto, de forma forzosa en vía de apremio. Identifica cuantía, objeto, motivación y declaración liquidatoria, y su notificación, la hagan sujetos privados o la Administración. La gestión liquidatoria corresponde a la Tesorería General y demás órganos que fija el Reglamento, sin perjuicio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la recaudación la hace la Tesorería General.

Artículo 2. Ámbito

El Reglamento se aplica a la liquidación de las deudas por recursos de la Seguridad Social y por frutos, rentas e intereses de su patrimonio, y a cuotas de desempleo, FOGASA, formación profesional y demás conceptos que se liquiden e ingresen con ellas. No se aplica a: ingresos por asistencia sanitaria a usuarios sin derecho (los reclama el INSALUD por cuenta del Estado), actos de liquidación en el apremio, aportaciones del Estado y deudas con las Entidades gestoras de los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia.

Artículo 3. Competencia material y su regulación

La gestión liquidatoria la realiza la Tesorería General de la Seguridad Social bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la Inspección de Trabajo y de otros órganos con funciones expresas. Se rige por este Reglamento, los Reales Decretos de las demás deudas y sus normas de desarrollo, salvo especialidades por Ley o Real Decreto. Son supletorias las normas generales del Derecho Administrativo, Tributario, Laboral o Común. Los sujetos obligados liquidan conforme a este Reglamento.

Artículo 4. Competencia funcional y territorial

Las funciones de gestión liquidatoria de la Tesorería General las ejercen, en su ámbito territorial, sus Direcciones Provinciales y las Administraciones de estas, según la distribución de competencias, salvo las materias que el Reglamento, el Real Decreto 1314/1984, el Reglamento General de Recaudación o el Director general (por instrucciones publicadas en el BOE) reserven a los Servicios Centrales. Las funciones liquidatorias de la Inspección y de otros órganos se ejercen según sus propias normas de competencia.

Artículo 5. Presunción de legalidad y carácter reglado de la gestión liquidatoria

Los actos de la Administración que determinan sujetos, objeto, cuantía y contenido de las deudas con la Seguridad Social gozan de presunción de legalidad. Su efectividad solo queda afectada por una resolución administrativa o judicial que declare su ilegalidad y los anule o modifique. La gestión liquidatoria es actividad reglada y sus actos son impugnables en vía administrativa y jurisdiccional según el artículo 91 del Reglamento y demás normas.

Artículo 6. La obligación de cotizar. Objeto

Cotizar a la Seguridad Social es obligatorio. La cuota es el importe de esa obligación durante un tiempo reglamentariamente delimitado, llamado período de liquidación. Se calcula aplicando un porcentaje (tipo de cotización) a una cantidad fijada por las normas (base de cotización) y deduciendo, en su caso, bonificaciones y/o reducciones. Las normas de cotización de cada Régimen pueden fijar directamente la cuantía de la cuota.

Artículo 7. Sujetos de la cotización

El sujeto activo de la obligación de cotizar es la Tesorería General de la Seguridad Social, que transfiere a otras entidades o Administraciones las cuotas y conceptos de recaudación conjunta de los que sean titulares, si no se aplican al Presupuesto de la Seguridad Social. Están obligadas a cotizar las personas físicas o jurídicas en los términos de cada Régimen; para desempleo, FOGASA y formación profesional, quienes señalen sus normas. Es nulo todo pacto individual o colectivo por el que un obligado asuma la cuota del otro o renuncie a derechos u obligaciones de cotización.

Artículo 8. Bases de cotización

Las bases de cotización de cada Régimen y contingencia, sean de cuantía fija o calculadas sobre remuneraciones, productos u otras circunstancias, resultan de las reglas de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, de este Reglamento y de sus normas de desarrollo. Dentro de los límites relativos, pueden ajustarse por exceso o por defecto hasta la unidad de euro más próxima, en los términos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin rebasar los topes absolutos. Es nulo cualquier acto o pacto que pretenda alterar las bases, salvo disposición legal.

Artículo 9. Límites absolutos, máximo y mínimo, y límites relativos de la base de cotización. Pluriempleo y pluriactividad

Las bases no pueden superar el límite máximo absoluto, fijado cada año por la Ley de Presupuestos, único para todas las actividades y contingencias, que se aplica también en pluriempleo pero no en pluriactividad. En pluriempleo se reparte entre empresas en proporción a las retribuciones (o según el criterio del Ministerio). Pluriempleo: por cuenta ajena para dos o más empresarios en un mismo Régimen; pluriactividad: alta en dos o más Regímenes. Mínimo: SMI incrementado en un sexto, también prorrateado. Los prorrateos se hacen a solicitud de empresas o trabajadores.

Artículo 10. Tipos únicos para contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta

En cada Régimen los tipos de cotización son únicos y no se fraccionan para financiar las distintas contingencias, salvo, en su caso, las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La cuota íntegra por contingencias comunes puede fraccionarse, incrementarse o reducirse mediante partes o coeficientes cuando lo prevean las normas. Los tipos y su distribución, así como los de desempleo, FOGASA y formación profesional, los fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Artículo 11. Tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Empresarios (y empleados de hogar que lo hayan asumido) cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aplicando la tarifa de primas vigente según actividad y ocupación; los trabajadores por cuenta propia, por el tipo que fije cada año la Ley de Presupuestos, salvo los agrarios del Sistema Especial, que usan la tarifa. El Gobierno puede fijar primas adicionales por riesgo de enfermedad profesional. La cuota puede reducirse a empresas que se distingan en prevención o aumentarse a las que incumplan: hasta el 10 %, o hasta el 20 % de aumento si el incumplimiento es reiterado.

Artículo 12. Nacimiento

La obligación de cotizar nace con el comienzo de la actividad o de la situación incluida en el Régimen. La mera solicitud de afiliación y/o alta produce el mismo efecto, presumiéndose iniciada la actividad desde la fecha de efectos indicada en la solicitud, que puede desestimarse por resolución motivada. No pedir el alta no impide que nazca la obligación, sin perjuicio de la prescripción. En accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se cotiza aunque la empresa no tenga concertada la protección; esas cuotas se devengan a favor de la Tesorería General.

Artículo 13. Duración de la obligación de cotizar

Se cotiza durante todo el tiempo en que el trabajador o asimilado desarrolle la actividad, preste los servicios o esté en situación conexa con ellos. La obligación continúa en incapacidad temporal (cualquier causa), maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural; en deberes públicos y cargos sindicales, siempre que no den lugar a excedencia o cese; en convenio especial, desempleo contributivo y asistencial, en su caso, y en los demás casos previstos, como los de la Orden de 27 de octubre de 1992 para funcionarios.

Artículo 14. Extinción de la obligación de cotizar

La obligación de cotizar se extingue con el cese en el trabajo, actividad o situación, siempre que la baja se comunique en tiempo y forma. Si no se pide la baja o se pide fuera de plazo o de forma, se mantiene hasta el día en que la Tesorería General conozca el cese. Si la Tesorería da la baja de oficio, se extingue desde el día de la actuación inspectora o de la recepción de los datos que acrediten el cese. Los interesados pueden probar otra fecha de inicio o cese. Pedir la baja no extingue la obligación si continúa el trabajo o hay situación asimilada con obligación de cotizar.

Artículo 15. Liquidación de las cuotas como contenido de la obligación de cotizar

Cotizar implica las operaciones para determinar cuotas, recargos e intereses (base por tipo, menos deducciones). Hay tres sistemas: autoliquidación (calcula el sujeto responsable y transmite por medios electrónicos, salvo documentos de cotización), liquidación directa (calcula la Tesorería General a solicitud y con datos del responsable, por medios electrónicos) y liquidación simplificada (la hace la Tesorería General si el alta se pidió en plazo; si se pidió fuera de plazo, solo para los períodos posteriores a la solicitud). Sin perjuicio del control de la Tesorería y de la Inspección.

Artículo 16. Período de liquidación

El período de liquidación es el plazo al que se refieren las operaciones para determinar las cuotas a efectos de su pago. Salvo que el Ministerio autorice períodos superiores o inferiores, son mensualidades naturales completas. Las retribuciones por horas, días o semanas se refieren al mes natural de su devengo; las de vencimiento superior al mensual o no periódicas cobradas en el ejercicio se prorratean en las liquidaciones mensuales; los atrasos de meses ya liquidados y los incrementos con efectos retroactivos van en liquidaciones complementarias, mes a mes, con las condiciones de cada mes.

Artículo 17. Deducciones

Las cuotas íntegras o fijas solo pueden deducirse mediante corrección de la base, minoración del tipo, reducción o bonificación, por las causas legalmente previstas, sin perjuicio de la compensación. En autoliquidación las aplica el sujeto responsable en las liquidaciones transmitidas en plazo, ingresando solo la cuota líquida, y puede pedir después el resarcimiento a quien asuma su coste. En liquidación directa y simplificada las aplica la Tesorería General en las liquidaciones dentro de plazo. La Tesorería puede comprobarlas; las indebidas generan liquidaciones, reclamaciones y sanciones.

Artículo 18. Forma y plazos de las liquidaciones de cuotas

En autoliquidación, las liquidaciones se transmiten o presentan hasta el último día natural del plazo de ingreso, se paguen o no. En liquidación directa, el responsable pide el cálculo y aporta datos hasta el penúltimo día natural; la Tesorería aplica deducciones y compensaciones y emite el documento de pago; si los datos fallan, informa en 48 horas como máximo y el responsable puede corregirlos hasta el penúltimo día. En la simplificada, la Tesorería liquida sin solicitud previa. Desempleo, FOGASA y formación profesional siguen la misma forma y plazo.

Artículo 19. Control de las liquidaciones

La Tesorería General puede comprobar la exactitud de las operaciones y datos de cualquier liquidación y pedir informes y documentación, con la salvedad del artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015. Las entidades gestoras y colaboradoras también controlan y comprueban las compensaciones por pago delegado y las deducciones a cargo de su presupuesto; si son indebidas, piden a la Tesorería el inicio del procedimiento recaudatorio con datos que se consideran ciertos. Sin perjuicio de la Inspección. Si el control no está atribuido expresamente a nadie, corresponde a la Tesorería General.

Artículo 20. Formas de las liquidaciones administrativas de cuotas

Si las cuotas no se ingresan en plazo y procede su reclamación administrativa, se liquidan de dos formas, según corresponda: mediante reclamación de deuda expedida por la Tesorería General, o mediante acta de liquidación (con o sin acta de infracción) practicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y elevada a definitiva por la Tesorería General. Supuestos, formalidades y alcance: artículos 30 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social y 61 y siguientes del Reglamento general de recaudación.

Artículo 21. Normas generales. Regímenes y supuestos especiales

Las normas comunes de la sección 1.ª se aplican a las operaciones, declaraciones y actos de liquidación para el pago y control, tanto si hay ingreso como si falta, de las deudas por cuotas de todos los Regímenes del sistema, por los conceptos de recaudación conjunta del artículo 2.2 y por los recargos sobre ambos. Ello sin perjuicio de las especialidades que fijan las secciones siguientes del capítulo para cada Régimen y para supuestos especiales.

Artículo 22. Sujetos de la obligación de cotizar

En el Régimen General cotizan los trabajadores incluidos y sus empresarios. Por contingencias comunes hay dos aportaciones, la del empresario y la del trabajador; por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales paga todo exclusivamente el empresario. La aportación del trabajador es de su exclusivo cargo y el empresario la descuenta al pagar el salario; si no lo hace entonces, no puede después y asume toda la cuota. Si descuenta y no ingresa, responde ante el trabajador, las entidades gestoras y la Tesorería. El responsable del ingreso de la totalidad es el empresario.

Artículo 23. Base de cotización

La base es la remuneración total mensual a la que el trabajador tiene derecho, o la percibida si es mayor; las pagas de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Incluye dinero y especie (especie, por coste medio; educación y guardería, por coste marginal; préstamos, por la diferencia con el interés legal). Únicamente se excluyen dietas y locomoción con límites, ciertas indemnizaciones, prestaciones y mejoras de IT, estudios exigidos por el puesto y horas extraordinarias (salvo para AT y EP). El exceso de indemnizaciones se prorratea en los doce meses anteriores.

Artículo 24. Cotización adicional por horas extraordinarias

La remuneración por horas extraordinarias, además de cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional destinada a incrementar los recursos generales del sistema, que no computa para la base reguladora de las prestaciones. Si las horas se deben a fuerza mayor se aplica el tipo especial que fije cada año la Ley de Presupuestos; las demás horas extraordinarias, el tipo general que fije esa misma Ley.

Artículo 25. Límites máximo y mínimo

En el Régimen General las bases de cotización no pueden ser superiores al límite máximo ni inferiores a los límites mínimos absolutos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 9. El límite máximo tiene carácter mensual o diario, sin perjuicio de lo que con carácter de especialidad disponen los artículos 32 y 33 del Reglamento. El límite mínimo es mensual o diario según que la retribución del trabajador tenga uno u otro carácter, sin perjuicio de los supuestos especiales del Reglamento y de sus normas de desarrollo.

Artículo 26. Bases por categorías

Salvo desempleo y contingencias profesionales, la base está sujeta a las bases mínimas y máximas de cada grupo. Once grupos: 1 Ingenieros y Licenciados y alta dirección no incluida en el art. 1.3.c) ET; 2 Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados; 3 Jefes administrativos y de Taller; 4 Ayudantes no titulados; 5 Oficiales administrativos; 6 Subalternos; 7 Auxiliares administrativos; 8 Oficiales de primera y segunda; 9 Oficiales de tercera y Especialistas; 10 Peones; 11 menores de dieciocho años. Asimila categorías la Dirección General de la Tesorería, previo informe de la Inspección.

Artículo 27. Tipo de cotización

En el Régimen General, los tipos de cotización por contingencias comunes y por desempleo, el porcentaje para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el de horas extraordinarias son los fijados en las disposiciones a que se refieren los artículos 10.3 y 4, 11.1 y 24.2 del propio Reglamento. El artículo no fija ninguna cifra: se limita a remitir a esas disposiciones.

Artículo 28. Contenido de la obligación de cotizar y circunstancias de la misma

En el Régimen General, el nacimiento, la duración y la extinción de la obligación de cotizar se refieren siempre a días naturales; la liquidación de las cuotas y el período de liquidación se efectúan por meses naturales. Todo ello, y la forma, lugar, plazo, comprobación y control de la liquidación, se rige por los artículos 12 y siguientes del Reglamento y, en su caso, por las normas de supuestos especiales de la subsección siguiente y de la sección 10.ª.

Artículo 29. Clérigos de la Iglesia Católica y demás Ministros de otras Iglesias y Confesiones

Para clérigos católicos, ministros de culto evangélicos, de comunidades israelitas, dirigentes religiosos islámicos e imanes y ministros de otras confesiones inscritas, incluidos en el Régimen General: la base es única y mensual para todas las contingencias e igual al tope mínimo absoluto vigente para mayores de dieciocho años, salvo otra cosa en sus normas de integración. La cuota se reduce deduciendo las fracciones de las contingencias excluidas mediante coeficientes reductores. Diócesis, Iglesias, Comunidades u organismos que fije el Ministerio asumen las obligaciones del empresario.

Artículo 30. Jugadores profesionales de fútbol

La base de los futbolistas profesionales, para todas las contingencias, se determina según los artículos 23 y 24, con estas particularidades: para contingencias comunes no puede superar ni quedar por debajo de las bases máxima y mínima del grupo que corresponda a la categoría del club: Primera División, grupo 2; Segunda División A, grupo 3; Segunda División B, grupo 5; restantes categorías, grupo 7. Para contingencias profesionales y recaudación conjunta rigen los topes absolutos del artículo 9 y la tarifa de primas vigente.

Artículo 31. Cotización de los representantes de comercio

Los representantes de comercio cotizan al Régimen General, por todas las contingencias y conceptos de recaudación conjunta, conforme a las normas generales de las subsecciones anteriores, con una sola particularidad: su base mensual por contingencias comunes no puede ser inferior ni superior a las bases mínima y máxima fijadas en cada momento para el grupo 5 de la escala del artículo 26.2, en el que quedan incluidos a esos efectos.

Artículo 32. Artistas en espectáculos públicos

Los artistas y su personal técnico y auxiliar cotizan por las normas generales con particularidades: bases de su grupo (la mínima, no inferior a la del RETA) y tope máximo anual. Las empresas comunican los salarios y cotizan mensualmente de forma provisional por bases diarias; al final del ejercicio la Tesorería practica la liquidación definitiva y reclama diferencias, que se ingresan en el mes siguiente a la notificación (aplazables hasta seis meses). El artista puede pagar o pedir regularizar según bases cotizadas; si calla, se entiende esto último.

Artículo 33. Profesionales taurinos

Los profesionales taurinos cotizan por las normas generales con particularidades: bases mínima y máxima del grupo asimilado (matadores y rejoneadores A y B, grupo 1; C, grupo 3; picadores y banderilleros de matadores del grupo A, grupo 2; restantes picadores y banderilleros, grupo 3; mozos de estoque, ayudantes, puntilleros, novilleros y toreros cómicos, grupo 7). Tope máximo anual. Se cotiza provisionalmente por base fija diaria; la Tesorería hace la liquidación definitiva al final del ejercicio. El organizador del espectáculo es empresario a efectos de cotización.

Artículo 34. Ciclistas, jugadores de baloncesto y demás deportistas profesionales

La base de ciclistas profesionales, jugadores profesionales de baloncesto y demás deportistas profesionales (según el Real Decreto 1006/1985 y la Ley 10/1990 del Deporte) cuya integración en el Régimen General se haya acordado expresamente se determina, para todas las contingencias, según los artículos 23 y 24. Para las bases mínimas y máximas quedan encuadrados en el grupo 3 del artículo 26.2. Por contingencias profesionales se aplica la tarifa de primas vigente. Todo, sin perjuicio de las especialidades del Real Decreto de inclusión.

Artículo 34 bis

Artículo 35. Régimen jurídico

La cotización al Régimen General se rige por las normas específicas que los establezcan y desarrollen en cinco supuestos: 1.º exclusión de alguna o algunas contingencias o inclusión solo respecto de algunas; 2.º colaboración en la gestión; 3.º reducción o mejora voluntaria de bases en los supuestos previstos en la Ley; 4.º incapacidad temporal y asimilación al alta; 5.º deducciones por correcciones de bases, reducciones o bonificaciones de cuotas o cotizaciones complementarias. En su defecto, rigen la sección 10.ª del capítulo y las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.