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C1.1000 · Gestión financiera

Tema 23 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cuentas generales y cuentas autorizadas. Las cuentas de gastos de funcionamiento: principios generales, libros necesarios y normas sobre su cumplimentación y control. La justificación de los gastos librados «a justificar» y los librados en firme de «justificación diferida».

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Decreto 197/2021, Reglamento de la Tesorería General de la Junta

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  1. Artículo único. Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria

    El artículo único del Decreto se limita a aprobar el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, cuyo texto se inserta a continuación del propio Decreto.

  2. Artículo 1. Objeto

    El Reglamento tiene seis objetos: a) regular la Tesorería General de la Junta de Andalucía (organización, funcionamiento y régimen y procedimiento de cobros y pagos); b) regular la Tesorería de los consorcios; c) establecer determinadas disposiciones sobre las Tesorerías de agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades; d) desarrollar los procedimientos de interrelación con la Consejería competente en materia de Hacienda; e) regular la gestión recaudatoria, la devolución de ingresos y el reintegro; f) regular la Caja General de Depósitos.

  3. Artículo 2. La Tesorería General de la Junta de Andalucía

    Constituyen la Tesorería General todos los recursos financieros —dinero, valores o créditos—, por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas empresariales del artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007 y sus instituciones. Los recursos de los presupuestos de ingresos de agencias, instituciones y consorcios se sitúan contablemente diferenciados y reflejando su titularidad. También forman parte los ingresos de Derecho Público recaudados por la Agencia Tributaria de Andalucía.

  4. Artículo 3. Órganos de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía

    La Tesorería General, bajo la superior dirección de la política de tesorería de la Consejería con competencias en Hacienda, se gestiona por: a) la Dirección General con competencias en tesorería, de la que dependen orgánica y funcionalmente las Jefaturas de los Servicios Provinciales de Tesorería; b) los órganos de las Tesorerías de las agencias, bajo la dirección de su Presidencia o Dirección, coordinados por esa Dirección General. Esta también coordina las tesorerías de los consorcios. La tesorería de los fondos carentes de personalidad jurídica corresponde a la entidad gestora.

  5. Artículo 4. Funciones de la Tesorería General de la Junta de Andalucía

    Funciones de la Tesorería General: a) servir al principio de unidad de caja centralizando todos los fondos y valores, presupuestarios y no presupuestarios; b) recaudación material de derechos y pago de obligaciones; c) definir y gestionar la ordenación y el pago; d) distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias; e) responder de los avales contraídos por la Junta; f) las restantes que se deriven o relacionen. La Dirección General competente en materia de tesorería podrá cancelar obligaciones pendientes de pago de entidades del sector público andaluz.

  6. Artículo 5. Situación de los fondos

    Los fondos de la Tesorería General se depositan en cuentas abiertas en el Banco de España y en las entidades de crédito. Los servicios del Banco de España se prestan en los términos que convenga la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. Las cuentas en entidades de crédito las abren los órganos de gestión del artículo 3.1, y sus contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y de respeto a la inembargabilidad. La Consejería podrá determinar la contratación centralizada con una o varias entidades mediante acuerdos marco.

  7. Artículo 6. Movimientos de fondos y operaciones de tesorería

    Los movimientos de fondos entre cuentas de la Tesorería General tienen siempre origen y destino en cuentas de esta: son actos de gestión interna que carecen del carácter de disposición de fondos. Podrán instrumentarse operaciones financieras activas para rentabilizar fondos inmovilizados: las realiza la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería, a corto plazo, mediante depósitos a plazo o adquisición temporal de activos. La Dirección General podrá tramitar operaciones de crédito por plazo inferior a un año para necesidades transitorias de tesorería.

  8. Artículo 7. Clasificación de las cuentas de la Tesorería

    Los órganos de gestión operan con cuentas abiertas en el Banco de España y en entidades de crédito. La Dirección General con competencias en materia de tesorería opera con cuentas tesoreras (generales o especiales) y con cuentas restringidas para la recaudación. El resto de órganos de gestión operan con cuentas autorizadas, cuya apertura debe autorizar previamente la Consejería competente en materia de Hacienda: cuenta de Tesorería, cuenta Restringida de ingresos y procedimientos especiales de agencia o institución. También podrán existir en otros órganos de la Administración y consorcios.

  9. Artículo 8. Régimen general de las cuentas

    Las cuentas de la Tesorería General son cuentas corrientes. No cabe cargo alguno por disposición o movimiento de fondos sin la preceptiva autorización. No podrán producirse descubiertos, que en todo caso serán por cuenta exclusiva de la entidad de crédito. Los intereses se ingresan en la cuenta tesorera general que determine la Dirección General competente en materia de tesorería. El régimen se aplica a los consorcios y se desarrolla por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

  10. Artículo 9. Cuentas tesoreras

    Con las cuentas tesoreras la Tesorería General gestiona sus cobros y pagos. Opera con cuentas generales y, por la singularidad de determinados procedimientos de gastos, puede disponer de especiales. Su apertura y cierre corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería. Se denominan «Tesorería General de la Junta de Andalucía». La disposición y el movimiento de fondos requiere tres firmas mancomunadas: Ordenación de Pagos, Tesorería e Intervención (titulares de la Dirección General, de su Servicio de Tesorería y de su Intervención Delegada).

  11. Artículo 10. Cuentas restringidas para la recaudación por entidad colaboradora

    Cada entidad colaboradora abre una cuenta restringida para la recaudación: cuenta corriente, no retribuida y sin comisión, con abonos por recaudación y una única anotación de adeudo por quincena. Las quincenas terminan los días 5 y 20 (o inmediato hábil posterior). Lo recaudado en la que acaba el día 5 se ingresa el día 18 o inmediato hábil anterior; lo de la que acaba el 20, el penúltimo día hábil del mes. Si no se ingresa en fecha, la Dirección General competente en materia de tesorería exige el inmediato ingreso y liquida intereses de demora. Los deudores quedan liberados de sus deudas.

  12. Artículo 11. Cuenta restringida para la prestación del servicio de caja

    Para el servicio de caja prestado por las entidades de crédito existirá una cuenta restringida abierta en la entidad, donde ingresan las personas obligadas al pago. La entidad debe ingresar diariamente en la Tesorería General lo recaudado y remitir a la Dirección General competente en materia de tesorería una relación justificativa de las cantidades y los documentos acreditativos de las deudas. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda se desarrolla el régimen del servicio, el funcionamiento de las cuentas y la forma, soporte y plazo de la información.

  13. Artículo 12. Cuentas autorizadas

    Agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas empresariales del artículo 2.1, instituciones y consorcios podrán solicitar la apertura de cuentas en entidades de crédito, con autorización previa de la Consejería competente en materia de Hacienda. Requieren tres firmas mancomunadas: Presidencia o Dirección del ente (Ordenación de Pagos), titular de la unidad con funciones de tesorería e Intervención Delegada, Central o Provincial. Clases: cuenta de tesorería y cuenta restringida de ingresos, cuyo importe se ingresa al menos mensualmente. Por Orden cabe regular otras cuentas.

  14. Artículo 13. Régimen de autorización de las cuentas autorizadas

    La persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería autoriza la apertura de las cuentas autorizadas, previa solicitud. Primero emite una autorización provisional (dos meses para resolver y notificar; si no hay resolución expresa, se podrá entender estimada). Comunicadas la adjudicación y formalización del contrato, la confirma en diez días hábiles por la duración total del contrato. Si pasan seis meses desde la notificación sin contrato formalizado, la provisional pierde su eficacia. La cancelación anticipada exige comunicación previa indicando su causa.

  15. Artículo 14. Conciliaciones de las cuentas bancarias

    Mensualmente, y referida al último día del mes anterior, se concilian los saldos de la contabilidad pública con los de los extractos bancarios. Si no coinciden, se comprueban las partidas una a una. No caben adeudos con el único soporte del extracto: siempre hace falta documento justificativo. Responde el titular del órgano a cuya disposición esté la cuenta. Las conciliaciones mensuales se rinden a la oficina contable de la Intervención; las de 31 de diciembre de las cuentas autorizadas se remiten a la Dirección General antes de acabar enero del año siguiente.

  16. Artículo 15. Verificación del régimen de cuentas

    La Dirección General competente en materia de tesorería comprueba y verifica el funcionamiento de las cuentas tesoreras y de las cuentas autorizadas y revisa la correcta aplicación de los intereses, sin perjuicio del control de la Intervención General. Puede pedir información y requerir colaboración. Planifica estas funciones anualmente, mediante instrucción. Mediante resolución puede cancelar o bloquear cuentas autorizadas si no subsisten las razones de su autorización, hay hechos que dificulten su normal funcionamiento o se detectan incumplimientos.

  17. Artículo 16. Cajas de la Tesorería General de la Junta de Andalucía

    Se integran en la Tesorería General de la Junta de Andalucía todas las cajas de los órganos de la Administración de la Junta, de sus agencias administrativas, de régimen especial, de las agencias públicas empresariales del artículo 2.1 e instituciones, destinadas a recaudar sus ingresos o pagar sus obligaciones. Hay dos tipos: la Caja General, destinada a la recaudación material de los ingresos, y las cajas autorizadas, destinadas a la recaudación de ingresos o pago de obligaciones. Los consorcios del artículo 1.b) podrán tener cajas autorizadas conforme al artículo 18.

  18. Artículo 17. Caja General de la Tesorería

    La Dirección General competente en materia de tesorería podrá disponer de una Caja General para la recaudación material de los ingresos, articulada en sucursales ubicadas en las dependencias de los Servicios Provinciales de Tesorería. Lo recaudado se ingresa en la cuenta general de la Tesorería, diariamente o en el plazo que fije la persona titular de esa Dirección General. Esta también podrá convenir con entidades de crédito el servicio de caja en el local del órgano de recaudación. Su régimen se desarrolla por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda.

  19. Artículo 18. Cajas autorizadas

    Puede haber cajas de recaudación de ingresos por razones de eficacia o mejor servicio, siempre vinculadas a una cuenta restringida de ingreso. Las autoriza la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería si hay seguridad suficiente, órgano y responsable designados, control contable e ingreso diario o en el plazo que se fije. De la cuenta no se dispone: solo adeudos para ingresar lo recaudado, al menos mensualmente, con tres firmas mancomunadas. Plazo para resolver: dos meses, con silencio estimatorio. Las cajas pagadoras en efectivo se regulan por Orden.

  20. Artículo 19. Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma

    La Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma es una unidad administrativa integrada en la Dirección General competente en materia de tesorería. El artículo no regula su organización ni su funcionamiento: remite para ello al título V de la propia norma.

  21. Artículo 20. Fichero de Cuentas y Cajas

    La Dirección General con competencia en materia de tesorería es responsable del Fichero de Cuentas y Cajas. Datos mínimos: clase y denominación; órgano responsable; personas responsables de los movimientos o, en las cajas, de la custodia de los fondos; entidad de crédito y número de cuenta; y resolución de autorización. La Dirección General define sus especificaciones y custodia y explota su información; los Servicios Provinciales de Tesorería lo gestionan, administran y mantienen. Hay una sección diferenciada para otras entidades y fondos.

  22. Artículo 21. Responsabilidades

    La persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería es el órgano responsable del control de los fondos de las cuentas generales y especiales y de la custodia de los fondos y valores de la Caja General de la Tesorería y de la Caja General de Depósitos. Las personas titulares de los órganos y entidades con cuentas o cajas autorizadas responden de la custodia de los fondos de sus cajas y del control de los fondos de sus cuentas. También son responsables del control de los fondos y valores las personas autorizadas para su disposición, movimiento o custodia.

  23. Artículo 22. Transparencia

    La Dirección General con competencias en materia de tesorería publica trimestralmente en el Portal de Transparencia el detalle de todos los cobros y pagos de la Tesorería General y los importes de sus saldos bancarios. Lo hace en la primera quincena de mayo, agosto, noviembre y febrero, respecto del trimestre natural inmediatamente anterior. Se publican datos de cobros, pagos (sin datos personales) y saldos diarios; los pagos de nómina, agregados por unidad de nómina y mes. Los datos son los del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera.

  24. Artículo 23. Tesorerías de las entidades instrumentales

    Las Tesorerías de estas entidades se rigen por su normativa específica, pero necesitan autorización previa de la persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería para abrir cuentas y deben comunicar su cancelación. La solicitud la hace la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de adscripción, con informe favorable. Plazo para resolver y notificar: dos meses; sin resolución expresa, se entiende denegada. El titular del órgano autorizado responde de la custodia de los fondos y del control de sus movimientos.

  25. Artículo 24. Cuentas de los fondos carentes de personalidad jurídica

    La apertura de cuentas de los fondos carentes de personalidad jurídica exige autorización previa de la Dirección General competente en materia de tesorería y la realiza la entidad gestora en nombre y por cuenta de la Administración de la Junta. Dos meses para resolver y silencio denegatorio. Clases: cuenta de tesorería (solo una por fondo) y cuenta restringida de pagos por ejecución de avales y garantías. Se dispone con firma mancomunada de al menos dos personas. La cancelación anticipada la autoriza la persona titular de la Dirección General de política financiera.

  26. Artículo 25. Régimen jurídico

    La recaudación de los ingresos de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajusta a tres bloques normativos: la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el Reglamento General de Recaudación; y la normativa propia de la Comunidad Autónoma que sea de aplicación. El artículo lo dispone de conformidad con el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

  27. Artículo 26. Ámbito de aplicación y concepto de gestión recaudatoria

    La gestión recaudatoria es la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública; puede ser en periodo voluntario o ejecutivo (este, por el procedimiento de apremio de la Ley 58/2003). Ingresos tributarios: Agencia Tributaria de Andalucía en ambos períodos, salvo delegación o atribución. No tributarios: en voluntario, los órganos de la Junta, sus entidades instrumentales e instituciones (salvo delegación o atribución); en ejecutivo, la Agencia. La Secretaría General de Hacienda impulsa la mejora de la gestión de los ingresos.

  28. Artículo 27. Sistemas de gestión

    La gestión recaudatoria de los ingresos de Derecho Público se realiza a través de los sistemas de gestión económico-financieros de la Administración de la Junta de Andalucía. A estos efectos, los órganos con competencias en materia de recaudación de ingresos conforme al artículo 26 deben utilizar, para ejercer sus competencias recaudatorias, los programas y las aplicaciones electrónicas que pone a su disposición la Agencia Digital de Andalucía.

  29. Artículo 28. Aplazamiento y fraccionamiento

    Las deudas en voluntario o ejecutivo pueden aplazarse o fraccionarse. Resuelve la Agencia Tributaria: deudas tributarias (ambos períodos), no tributarias en ejecutivo, reintegros de subvenciones en voluntario (salvo los que gestiona el Organismo Pagador, que resuelve él) y sanciones, multas coercitivas, precios públicos y demás ingresos no tributarios en voluntario. Excepciones a esto: reintegros del título IV (órgano gestor), liquidaciones de la Dirección General de tesorería (ella) e ingresos de agencias de régimen especial o públicas empresariales (sus órganos, salvo norma expresa).

  30. Artículo 29. Entidades que prestan el servicio de caja y entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria

    Puede prestar el servicio de caja la entidad de crédito con la que la Dirección General competente en materia de tesorería convenie su realización, de conformidad con el artículo 17.2. Pueden actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito autorizadas por esa misma Dirección General, conforme al régimen del artículo 10. Ni la autorización ni el convenio atribuyen en ningún caso a esas entidades de crédito el carácter de órganos de recaudación.

  31. Artículo 30. Ingresos de la gestión recaudatoria

    Los ingresos de la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de la Junta, en voluntario y en ejecutivo, se ingresan en la Tesorería General. Pueden hacerse: en las cuentas abiertas por la Dirección General de tesorería en entidades de crédito y en el Banco de España (en supuestos especiales convenidos); en la Caja de esa Dirección General o, en su defecto, en la entidad que preste el servicio de caja; en las entidades colaboradoras; o en otro lugar fijado por Orden de la Consejería de Hacienda. Las entidades instrumentales ajenas a la Hacienda Pública ingresan en sus cuentas propias.

  32. Artículo 31. Medios de ingreso

    Los ingresos pueden realizarse por ocho medios: dinero de curso legal, giros, transferencias, cheques, domiciliación bancaria, tarjeta bancaria, medios de pago electrónicos ofrecidos por entidades de crédito o por proveedores de servicios de pago autorizados, y cualquier otro medio o documento de pago, sea o no bancario, reglamentariamente establecido. Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se pueden fijar los términos de uso de la domiciliación, la tarjeta y los medios electrónicos, y determinar qué medios han de usarse en cada lugar de pago.

  33. Artículo 32. Ámbito de aplicación

    Regula la devolución de ingresos de Derecho Público no tributarios declarados indebidos en un procedimiento administrativo o judicial de revisión, y el procedimiento para reconocer ese derecho en supuestos distintos. Se aplica a agencias públicas empresariales, consorcios, demás entes instrumentales y fondos sin personalidad jurídica, en lo conforme a su naturaleza. Las devoluciones tributarias las tramitan y resuelven los órganos de la Agencia Tributaria. Quedan fuera las cantidades a reintegrar por convenios interadministrativos, transferencias finalistas y cofinanciación de gastos públicos.

  34. Artículo 33. Supuestos de devolución

    El derecho a la devolución de ingresos de Derecho Público no tributarios puede reconocerse por cuatro vías: en el procedimiento para el reconocimiento del derecho regulado en el capítulo III del título; en un procedimiento de revisión de oficio; en virtud de la resolución de un recurso administrativo o reclamación económico-administrativa o de una resolución judicial; y por cualquier otro procedimiento establecido legalmente.

  35. Artículo 34. Órganos competentes para la ejecución de la devolución

    Si el ingreso se recaudó en periodo voluntario y la devolución se declara en un procedimiento de revisión, la ejecuta el órgano que dictó el acto de liquidación revisado. Si lo recaudó en ejecutivo la Agencia Tributaria, ejecuta la Agencia cuando alguno de los actos revisados fuese suyo; en el resto, el órgano que dictó la liquidación, incluidos intereses y recargos del periodo ejecutivo. Quien ejecuta elabora también la propuesta de pago. Si recaudó en ejecutivo un organismo recaudador externo, ejecuta él si lo prevé el instrumento jurídico que regule las relaciones entre las partes.

  36. Artículo 35. Supuestos y procedimiento

    El procedimiento de devolución de ingresos indebidos de Derecho Privado y de Derecho Público no tributarios se aplica en cinco supuestos: duplicidad; cantidad superior a la debida; ingreso de deudas prescritas o extinguidas por compensación o condonación; otro error, si no hay obligación de ingresar y no se apreció en la revisión del capítulo anterior; y cuando lo establezca la normativa específica del ingreso. Se inicia de oficio o a instancia de la persona interesada: la deudora u obligada al pago y, en su defecto, quien lo realizó; si fallece o se extingue y disuelve, sus sucesoras.

  37. Artículo 36. Tramitación del procedimiento iniciado de oficio

    Cuando el órgano competente conoce un ingreso indebido no devuelto, inicia de oficio el procedimiento con un acuerdo de inicio que notifica a la persona interesada. Esta tiene quince días hábiles, desde el día siguiente a su notificación, para alegar y aportar documentos; si no alega, el procedimiento prosigue y se deja constancia en el expediente. La resolución motivada se notifica en seis meses desde la fecha en que se adopte el acuerdo de inicio; vencido el plazo sin notificarse resolución expresa, la persona interesada puede entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

  38. Artículo 37. Procedimiento iniciado a instancia de la persona interesada. Solicitud y tramitación

    La solicitud se dirige al órgano competente con: identificación, NIF y domicilio; domicilio para notificaciones; justificación del ingreso indebido; lugar, fecha y firma. Si no reúne los requisitos, se requiere subsanar en diez días hábiles, con aviso de que se tendrá por desistida. Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y personas físicas obligadas presentan por vía telemática. La propuesta de resolución se notifica para alegar en quince días hábiles, salvo dos excepciones. Se resuelve y notifica en seis meses; el silencio es estimatorio.

  39. Artículo 38. Competencia para la tramitación y resolución del procedimiento

    Tramita y resuelve: a) el órgano que dictó el acto de liquidación, salvo el caso de la letra c) y sin perjuicio de la norma de organización específica; b) el órgano gestor del ingreso responsable de la cuenta o caja, si se ingresó en cuenta restringida o en caja; c) la Agencia Tributaria de Andalucía, si el motivo es de los párrafos a), b) y c) del artículo 35.1 y el ingreso duplicado o excesivo se hizo iniciado el periodo ejecutivo, o si la prescripción se produjo tras notificarse la providencia de apremio. Ese órgano también ejecuta la devolución y elabora la propuesta de pago.

  40. Artículo 39. Ejecución de las devoluciones

    Reconocido el derecho a la devolución, se ejecuta de inmediato. La cantidad a devolver por un ingreso indebido suma el importe indebidamente ingresado y el interés que legalmente corresponda según la naturaleza del ingreso, calculado desde la fecha del ingreso hasta la fecha en que se realice la propuesta de pago. En el expediente debe constar copia auténtica o autenticada, en papel o electrónica, del acuerdo o resolución administrativa, o el testimonio de la sentencia o resolución judicial. El pago sigue el procedimiento general de pagos del Reglamento.

  41. Artículo 40. Ordenaciones de Pagos

    Estructura de la ordenación de pagos: a) la persona titular de la Dirección General de tesorería ejerce la ordenación general de pagos de la Administración de la Junta, bajo la superior autoridad de la persona titular de la Consejería de Hacienda; b) la Consejería de agricultura, como Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas, o el órgano que ostente esa condición, ordena los pagos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del de Desarrollo Rural, con su normativa especial; c) en agencias, consorcios y, en su caso, instituciones ordena la persona titular de su Presidencia o Dirección.

  42. Artículo 41. Funciones de las Ordenaciones de Pagos

    La ordenación del pago es el acto por el que los Ordenadores de Pago determinan las obligaciones que deben materializarse, ajustándose al Presupuesto de necesidades monetarias. Se aplican criterios objetivos (fecha de recepción o vencimiento, importe, partida, forma de pago, entre otros) que deben tener entre sus objetivos cumplir el periodo medio de pago. La Dirección General de tesorería puede fijar criterios específicos, obligatorios para los órganos del párrafo c) del artículo 40. Funciones: establecer el orden de ejecución de los pagos y disponer su ejecución.

  43. Artículo 42. Ámbito de aplicación

    El procedimiento general de pago se aplica en el ámbito de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de los consorcios del artículo 1.b). Sus órganos de gestión deben ejecutar las operaciones para materializar los pagos derivados de cualquier tipo de obligación, sea en ejecución del Presupuesto de Gastos o de operaciones extrapresupuestarias. Junto al general podrán existir procedimientos específicos para el pago de determinadas obligaciones, regulados en la propia norma y en normas especiales.

  44. Artículo 43. Proceso de pago

    El proceso de pago tiene dos fases sucesivas: ordenación (se establece el orden y se dispone la ejecución) y materialización (salida material o virtual de los fondos). El de la Administración de la Junta lo desarrolla y ejecuta la Dirección General de tesorería, que también materializa los pagos ordenados por el Organismo Pagador, con el límite de los fondos disponibles. En agencias, consorcios e instituciones lo ejecutan sus Tesorerías propias, pero la materialización la ejerce la Dirección General en su nombre y por su cuenta, salvo que no les sea de aplicación el artículo 57.

  45. Artículo 44. Presupuesto de Tesorería

    La Dirección General de tesorería elabora anualmente el presupuesto de necesidades monetarias («Presupuesto de Tesorería») para distribuir en el tiempo cobros y pagos y estimar las necesidades de endeudamiento; se actualiza mensualmente y se revisa, en su caso, durante el ejercicio. Las obligaciones de pago frente al sector instrumental podrán someterse a calendarios de pago con programación mensual, aprobados por esa Dirección General a propuesta de la Consejería de adscripción o de seguimiento. Además debe confeccionar anualmente un Presupuesto de Tesorería consolidado.

  46. Artículo 45. Gestión de los datos de las personas acreedoras

    Los datos de las personas acreedoras se gestionan de forma centralizada en el Fichero Central de Personas Acreedoras, responsabilidad de la Dirección General de tesorería; su gestión corresponde conjuntamente a la Intervención General y a esa Dirección General. La Intervención General da de alta los datos identificativos (NIF, nombre o razón social, domicilio fiscal, teléfono y correo electrónico); la Dirección General, los datos bancarios. Personas físicas, jurídicas privadas y entidades privadas sin personalidad pueden designar hasta cinco cuentas activas, una principal.

  47. Artículo 46. Aplicación de retenciones en los pagos

    La Dirección General de tesorería ejecuta las órdenes de retención de órganos judiciales o administrativos sobre derechos de cobro frente a la Administración de la Junta, agencias y consorcios, salvo las que afecten a retribuciones de empleados públicos. Embargos y mandamientos de ejecución deben dirigírsele. La retención se practica por la totalidad de la traba cuando haya crédito suficiente y no puede fraccionarse. Si concurren varias sobre el mismo derecho de cobro, tiene prioridad la registrada en primer lugar y, si ese criterio no puede aplicarse, la dictada con fecha más antigua.

  48. Artículo 47. Actuaciones previas al procedimiento de pago

    Los órganos competentes para dictar los actos de reconocimiento y liquidación de las obligaciones (de la Administración de la Junta, agencias, consorcios y, en su caso, instituciones) proponen el pago confeccionando y expidiendo propuestas de documentos contables a través del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera. Contabilizadas esas propuestas por la Intervención correspondiente, se generan los documentos contables que habilitan para la ordenación y pago por la Tesorería que proceda. La fase de ordenación y pago no conlleva la edición de nuevo documento contable.

  49. Artículo 48. Documento de gestión del pago: documentos de pago

    Las oficinas contables ponen a disposición de las oficinas de tesorería los documentos contables necesarios para la ordenación y pago de las obligaciones, a través del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía. Ese Sistema confecciona de forma automática y simultánea, en el momento de la contabilización de esos documentos, los documentos de pago en el ámbito de la Tesorería que proceda, para que esta ejecute los actos de ordenación y materialización del pago.

  50. Artículo 49. Elementos de los documentos de pago

    Los documentos de pago se generan, con carácter general, a favor de las personas acreedoras directas: personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, a cuyo favor se hayan contraído obligaciones presupuestarias o extrapresupuestarias. Datos mínimos: código numérico de la acreedora, sustituto legal en su caso (dado de alta antes como acreedora), nombre o razón social y cuenta bancaria por su ordinal. Si se comunica fehacientemente la cesión del derecho de cobro, la orden se expide a la cesionaria, con los datos de la acreedora y la fecha de comunicación.

  51. Artículo 50. Examen de los documentos de pago

    La Dirección General competente en materia de tesorería y, en su caso, las Tesorerías de las agencias, consorcios e instituciones que enumera ordenan y materializan los documentos de pago, cuyo contenido no puede alterarse en las oficinas de tesorería salvo en lo derivado de la validación. El órgano ordenador completa datos con el Fichero Central de Personas Acreedoras y valida forma de pago, incidencias y cesiones. Si hay incidencias incorporadas al Fichero, la Tesorería retiene los documentos. Los ordenadores pueden recabar antecedentes del órgano gestor y de las oficinas de contabilidad.

  52. Artículo 51. Ordenación del pago

    Realizadas las actuaciones referidas en el artículo anterior, el órgano competente para la ordenación del pago realiza la fase de ordenación de acuerdo con el Presupuesto de Tesorería y las disponibilidades monetarias existentes, aplicando los criterios objetivos definidos en el artículo 41.2. Los documentos de pago que no resulten ordenados quedan retenidos en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, a la espera de ordenarse en un proceso posterior.

  53. Artículo 52. Medios de pago

    La Tesorería que corresponda paga de forma ordinaria por transferencia bancaria. El cheque nominativo, no a la orden y cruzado, es excepcional: exige causas que lo justifiquen, solo vale para personas físicas y requiere, en cada caso, autorización previa del órgano competente para ordenar el pago. Caben pagos en formalización, aplicados a conceptos del Presupuesto de ingresos o no presupuestarios, sin variación efectiva de tesorería. Otros medios de pago, bancarios o no, solo si una Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda regula sus condiciones.

  54. Artículo 53. Designación de la cuenta en la transferencia bancaria

    La transferencia se abona, con cargo a cuentas generales o autorizadas, en la cuenta designada por la persona acreedora, que debe estar abierta a su nombre e incluida en el Fichero Central de Personas Acreedoras. Para personas físicas, jurídicas privadas y entidades privadas sin personalidad jurídica se paga a la cuenta designada en el documento de pago, de entre un máximo de cinco activas; si no se indicó, a la cuenta principal en el momento de la ordenación, con carácter liberatorio. Puede pedirse otra cuenta mientras el documento de pago no haya sido ordenado.

  55. Artículo 54. Pago por transferencia

    Los documentos ordenados forman relaciones de pagos. Las Tesorerías verifican el saldo y confeccionan órdenes de ejecución de transferencias, cada una con relaciones de una única cuenta y una fecha dada. Antes de enviarlas las firman tres personas autorizadas, en este orden: Ordenación de pagos, Tesorería e Intervención, preferentemente con firma electrónica. Recibidos los ficheros por las entidades, los documentos se contabilizan como pagados. Las entidades de crédito ejecutan las transferencias el mismo día de su recepción y abonan en la misma cuenta de la Tesorería lo no cumplimentado.

  56. Artículo 55. Autorización y pago mediante cheque

    El pago mediante cheque es excepcional y solo pueden solicitarlo personas físicas acreedoras. La solicitud se dirige a la persona titular de los órganos del artículo 40, que autoriza por resolución motivada; el plazo para resolver y notificar es de dos meses y el silencio permite entenderla estimada. Cada documento de pago va en una única relación y el mandamiento, firmado por las tres personas autorizadas, adquiere naturaleza de cheque. La acreedora o su representante legalmente acreditado debe acudir a la Tesorería y firmar antes un recibí; entregado el cheque, se comunica a la Intervención.

  57. Artículo 56. Propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior

    Las órdenes de pago pueden sujetarse a justificación posterior en dos supuestos. Pagos a justificar: no pueden acompañarse los documentos acreditativos al expedirse; son excepcionales y se justifican en tres meses, ampliables a doce en los casos que reglamentariamente se determine, sin nuevos libramientos si hay órdenes pendientes. Pagos en firme de justificación diferida: los documentos se acompañan, pero debe aportarse documentación posterior. El plazo límite se fija por fecha concreta o por plazo contado desde la realización del pago. Las Intervenciones siguen la justificación.

  58. Artículo 57. Procedimiento de materialización del pago de las obligaciones de las agencias y de los consorcios

    La Dirección General competente en materia de tesorería materializa el pago de las obligaciones de las agencias y consorcios que enumera, en nombre y por cuenta de estos y con plenos efectos liberatorios, con cargo a lo que la Tesorería tenga pendiente de pago a su favor y hasta ese límite, sin alterar la titularidad de las obligaciones. Determina mensualmente la cuantía máxima atendible; los entes ordenan en sus propias Tesorerías. Su titular resuelve los reintegros por error material, aritmético o de hecho de su actuación; si el pago indebido deriva de actos del ente, este inicia y resuelve.

  59. Artículo 58. Órganos responsables del control del período medio de pago

    La Secretaría General de Hacienda dirige, impulsa y fija las directrices para cuantificar y seguir la deuda comercial, calcular y cumplir el período medio de pago y controlar la morosidad. La Dirección General competente en tesorería coordina y supervisa a los entes instrumentales y demás entidades del perímetro de consolidación para el suministro de información, se relaciona a ese fin con las Universidades públicas y ejecuta los procesos para velar por el período medio de pago. En cada entidad instrumental, su Presidencia, Dirección o cargo asimilado garantiza los plazos máximos de pago.

  60. Artículo 59. Definición, competencias y ámbito de aplicación del Censo Único de Obligaciones de la Junta de Andalucía

    El Censo Único de Obligaciones, subsistema del sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera, integra obligaciones de: Administración de la Junta y sus agencias administrativas y de régimen especial; fondos sin personalidad jurídica; agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz; consorcios del art. 12.3 de la Ley 9/2007; y otros entes del subsector «Administración Regional». Entran todas, sea cual sea su naturaleza, importe, perceptor, vencimiento o estado de tramitación. Lo gestiona la Dirección General competente en tesorería.

  61. Artículo 60. Finalidades del Censo Único de Obligaciones

    El Censo Único de Obligaciones tiene cuatro finalidades: consolidar la información de las obligaciones de los entes de su ámbito; servir de base para el seguimiento de la deuda comercial, el cálculo y control del período medio de pago, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las garantías de plazos de pago; cuantificar, únicamente con la información del Censo, los importes que la Tesorería General deba abonar al sector de los párrafos b), c), d) y e) del artículo 59.2; y ser herramienta para aplicar el proceso de cancelación de obligaciones de las entidades instrumentales.

  62. Artículo 61. Suministro de información al Censo Único de Obligaciones

    La información de las obligaciones de pago registradas en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas empresariales del artículo 2.1 y consorcios del artículo 1.b) la suministra diariamente al Censo Único de Obligaciones el propio sistema, por sincronización automática. En las demás entidades del apartado 2, las personas titulares de la Presidencia, Dirección o cargos asimilados velan por la actualización, también diaria y por sincronización automática.

  63. Artículo 62. Procedimiento aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias administrativas, de régimen especial, las agencias públicas empresariales del artículo 2.1, y los consorcios del artículo 1.b) en supuestos de riesgo de incumplimiento del período medio de pago

    Si la Dirección General competente en materia de tesorería aprecia riesgo de incumplir los plazos máximos o el período medio de pago, requiere: en la Administración de la Junta, a la Secretaría General Técnica; en agencias y consorcios donde persista el riesgo tras el artículo 57.3, a su Presidencia o Dirección y a la Secretaría General Técnica de la Consejería de adscripción. Plazo: diez días. Si no se tramita, la Secretaría General Técnica remite informe de causas en los dos días posteriores. Si persiste el riesgo: operaciones de ejecución del presupuesto por Hacienda o artículo 63.4 y 5.

  64. Artículo 63. Procedimiento de cancelación de obligaciones de pago de otras entidades

    La Tesorería General podrá cancelar obligaciones pendientes de agencias públicas empresariales del artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y entes del perímetro de consolidación, pagando directamente a las personas proveedoras hasta el límite de lo pendiente de pago a favor de cada ente. Ante un riesgo, la Dirección General remite una relación: quince días naturales para cancelar (cinco primeros para proponer cambios; conformidad en dos días hábiles). Luego propone en dos días a la Secretaría General de Hacienda, que resuelve en cinco días naturales.

  65. Artículo 64. Pago de la nómina

    Las retribuciones del personal en activo de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas y de régimen especial se pagan en virtud de nómina, por transferencia bancaria. Paga la Dirección General de tesorería al personal de la Administración de la Junta, y la Tesorería de cada agencia al suyo. Aprueban las propuestas contables los titulares de las Secretarías Generales Técnicas y Secretarías Generales de las agencias; en Justicia, el de la Dirección General competente. En general, las nóminas estarán en ordenación del pago al menos cinco días antes del último día hábil del mes.

  66. Artículo 65. Descuentos y embargos

    En nómina se practican los descuentos obligatorios según la normativa de aplicación; su tratamiento contable se regula por Orden de Hacienda. Los pagos de cuotas de Seguridad Social, retenciones del IRPF y demás descuentos los realiza la Dirección General de tesorería o las Tesorerías de agencias y consorcios. Los embargos los aplican: para su personal, Secretarías Generales Técnicas, Secretarías Generales de agencias y órganos de personal; para docentes, la Secretaría General Técnica de educación; para Justicia, el órgano que lo gestione; para el SAS, la Dirección General de profesionales.

  67. Artículo 66. Pagos en moneda extranjera

    En pagos en moneda distinta al euro, los órganos gestores cursan las propuestas de documento contable de reconocimiento de la obligación por su importe incrementado en el porcentaje que determine la Consejería de Hacienda y las envían a la Intervención correspondiente. Intervenidos y contabilizados, los documentos van a la Dirección General de tesorería, que cursa la orden de transferencia según el tipo de cambio vigente en el momento del pago y emite un certificado con el importe en euros para los ajustes. Esa Dirección General y la Intervención General dictan las instrucciones conjuntas.

  68. Artículo 67. Ámbito de aplicación

    La sección regula el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con aplicación a los créditos de gastos del Presupuesto de la Junta, sus agencias, consorcios del artículo 1.b) e instituciones, o derivadas de pagos extrapresupuestarios. Las subvenciones se rigen por la Ley 38/2003 y el título VII del Texto Refundido; las ayudas públicas, por su normativa específica. Si hay que revisar el acto que originó el pago, se acude a la revisión de oficio de actos nulos o anulables de la Ley 39/2015. El órgano gestor del gasto expide la carta de pago, con el plazo de ingreso voluntario.

  69. Artículo 68. Naturaleza jurídica de las cantidades a reintegrar

    Las cantidades a reintegrar tienen la naturaleza de ingreso de Derecho Público de la Junta de Andalucía, salvo cuando el pago indebido se haya producido en relaciones jurídicas de Derecho Privado. Para su cobro se aplica el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y la recaudación se ajusta a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, al Reglamento General de Recaudación y al propio Reglamento.

  70. Artículo 69. Concepto de pagos indebidos

    Pago indebido es el realizado por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona sin derecho alguno de cobro frente a la Administración respecto a ese pago, o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho. Su reintegro devenga el interés del artículo 23 del Texto Refundido desde que se produjo el pago hasta la fecha en que se adopte la resolución de reintegro o, en su caso, hasta la devolución voluntaria. La persona o entidad perceptora de un pago indebido, total o parcial, queda obligada a restituirlo en la cuantía que corresponda.

  71. Artículo 70. Actuaciones de seguimiento y coordinación

    La Secretaría General con competencias en materia de Hacienda, u órgano que asuma sus competencias, ejerce las funciones de seguimiento y coordinación de los procedimientos de reintegros regulados en el Reglamento. A estos efectos, podrá solicitar información a los órganos competentes para acordar el reintegro sobre la gestión realizada por ellos en su correspondiente ámbito de actuación.

  72. Artículo 71. Órganos competentes para declarar el pago indebido y acordar su reintegro

    Es competente para declarar el pago indebido y resolver el procedimiento de reintegro, determinando la cuantía a ingresar, el órgano de la Consejería, agencia, consorcio o institución que haya dictado el acto o realizado la actuación que origina el pago indebido.

  73. Artículo 72. Tramitación del procedimiento de reintegro y plazo de resolución

    Constatada una cuantía percibida indebidamente sin reintegro voluntario, el órgano competente dicta de oficio acuerdo de inicio motivado y concede quince días para alegaciones. Después dicta resolución y expide carta de pago, que se notifica simultáneamente. La persona obligada puede abonar en un solo pago en cualquier momento. Plazo máximo para dictar y notificar: seis meses desde la adopción del acuerdo de inicio. La resolución tiene un contenido mínimo (letras a a f). Las incidencias con repercusión en la recaudación se comunican al órgano que resuelve en un máximo de diez días.

  74. Artículo 73. Recaudación en periodo ejecutivo

    La recaudación del reintegro pasa a la vía de apremio en dos casos: cuando la persona obligada no ingresa en periodo voluntario, o cuando incumple cualquiera de los plazos del aplazamiento o fraccionamiento acordado. El expediente se pone a disposición de la Agencia Tributaria de Andalucía a través del sistema de información de gestión de ingresos, para que inicie la recaudación en periodo ejecutivo. Las cantidades adeudadas devengan intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.

  75. Artículo 74. Reconocimiento contable del derecho

    Los actos de liquidación de los reintegros dan lugar a que se expidan los documentos contables correspondientes al reconocimiento del derecho. El dato a retener es doble: lo que desencadena la expedición es el acto de liquidación del reintegro, y lo que se contabiliza es un derecho reconocido.

  76. Artículo 75. Órganos competentes

    En los reintegros de cuantías percibidas indebidamente en virtud de nómina, son competentes para declarar el pago indebido y resolver el procedimiento de reintegro las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, de las Delegaciones del Gobierno, de las Delegaciones Territoriales o Provinciales, o del órgano que tenga atribuida la competencia en materia de gestión de nómina. En las agencias, instituciones y consorcios incluidos en el ámbito de aplicación del procedimiento lo son sus órganos de dirección con competencia en materia de personal.

  77. Artículo 76. Procedimiento de reintegro en nómina del personal que presta servicio en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones y consorcios

    Al personal que sigue prestando servicio se le aplica la subsección 2.ª, con especialidades. El reintegro se materializa por ingreso de la totalidad de la deuda con sus intereses, en periodo voluntario o en cualquier momento del procedimiento, o por compensación de oficio con las nóminas siguientes, transcurrido el plazo de ingreso voluntario y con los límites del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en ese caso se devenga interés de demora. La persona interesada puede pedir, en el plazo de alegaciones, retenciones superiores. Compensa el órgano gestor de la nómina.

  78. Artículo 77. Procedimiento de reintegro en nómina del personal que haya dejado de prestar servicio en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones y consorcios

    Cuando el pago indebido en nómina afecta a personal que ha dejado de percibir sus haberes de la Administración de la Junta, sus agencias, instituciones y consorcios, el reintegro se tramita por la subsección 2.ª, sin perjuicio de las especialidades en materia de recursos. Resuelven y realizan las actuaciones recaudatorias en período voluntario las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, Delegaciones del Gobierno, Delegaciones Territoriales o Provinciales u órganos directivos de personal correspondientes al último puesto de trabajo ocupado.

  79. Artículo 78. Reintegros de descuentos practicados en nómina

    Las cantidades abonadas indebidamente al pagar la nómina por cotizaciones sociales u otros descuentos obligatorios en materia de Seguridad Social, si no son susceptibles de compensación, deben reclamarse al organismo público que corresponda. Las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas abonadas indebidamente se reintegran mediante compensación en las retenciones a cuenta siguientes que se deban ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el órgano competente de la Administración General del Estado admita esa forma de compensación.

  80. Artículo 79. Reintegros de ayudas de acción social

    Los reintegros de ayudas de acción social del personal de la Administración de la Junta y de la Administración de Justicia, y de los anticipos reintegrables de nómina, se rigen por la subsección 2.ª con peculiaridades. Resuelve el órgano que concedió la ayuda o anticipo. Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin ingreso, ese órgano lo comunica al órgano competente para la gestión de la nómina para que descuente, con los límites del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la persona deudora ha dejado de prestar servicio, se aplica la subsección 2.ª

  81. Artículo 80. Cesión de los derechos de cobro

    La cesión de los derechos de cobro es efectiva frente a la Administración de la Junta de acuerdo con este capítulo, sin perjuicio de su efecto entre las partes. Las cesiones de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía o el de Desarrollo Rural se rigen por su normativa específica, según Orden conjunta de las Consejerías de agricultura y de Hacienda. No pueden cederse los derechos de cobro de los entes instrumentales y consorcios del artículo 1.b) frente a la Junta. La cesión no afecta a las facultades de comprobación, control, modificación, revisión y reintegro.

  82. Artículo 81. Comunicación fehaciente de la cesión del derecho de cobro

    La cesión debe comunicarse fehacientemente al órgano gestor del gasto; si afecta a varios derechos de cobro de varios órganos gestores, a la Dirección General con competencias en materia de tesorería, solo para ponerla a su disposición. Se usa el modelo normalizado que apruebe esa Dirección General. Contenido mínimo: identificación del contrato, factura, resolución o acto; nombre y NIF de cedente y cesionaria; datos bancarios de la cesionaria; firmas; e importe cedido, nunca superior a la obligación que deba reconocerse. Para una pluralidad de derechos basta una única comunicación.

  83. Artículo 82. Procedimiento para hacer efectivo el pago a las personas cesionarias de los derechos de cobro

    Desde la fecha en que la cesión se comunica fehacientemente, las propuestas de documento contable en fase de reconocimiento de obligaciones deben recoger al sustituto legal o persona cesionaria, y en ellas consta la fecha de comunicación de la cesión. Si al recibirse la comunicación la obligación ya estaba reconocida y contabilizada, el órgano gestor, a través de su oficina contable, lo comunica de forma inmediata a la Dirección General con competencias en materia de tesorería para que se bloquee el documento de pago expedido a favor de la cedente.

  84. Artículo 83. Reconocimiento de la obligación de pago a la persona acreedora

    Para que el órgano gestor del gasto pueda proponer el pago a la persona cesionaria, antes debe reconocer la obligación de pago a favor de la persona acreedora, previo cumplimiento, en su caso, de los requisitos de acreditación de la prestación o justificación. En las subvenciones que se pagan tras la justificación, la obligación se entiende reconocida con la resolución o certificación del órgano competente que acredite la realización de la actividad o la adopción del comportamiento. Se presume si la cesión se comunica tras el reconocimiento contable de la obligación y antes del pago material.

  85. Artículo 84. Organización administrativa

    La Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma es una unidad administrativa integrada en la Dirección General competente en materia de tesorería, cuya persona titular dirige y gestiona sus servicios. En el ámbito provincial presta servicio a través de los Servicios Provinciales de Tesorería. Las resoluciones y actos de la Dirección General en el ámbito de la Caja no agotan la vía administrativa. La Dirección General informa preceptivamente los proyectos normativos que obliguen a constituir garantías o depósitos en la Caja.

  86. Artículo 85. Ámbito subjetivo y objetivo

    Ante la Caja General de Depósitos se presentan las garantías a disposición de la Administración de la Junta, sus agencias, instituciones y consorcios del artículo 1.b). Las de sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz se presentarán, y las de las Universidades Públicas Andaluzas podrán presentarse, cuando la norma sectorial obligue a constituirlas en este tipo de establecimiento. También acoge los depósitos en efectivo de normas especiales. Quedan excluidas las garantías de operaciones de fondos carentes de personalidad jurídica.

  87. Artículo 86. Actuaciones ante la Caja

    Las actuaciones ante la Caja son electrónicas para los obligados por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la general de la Junta. Las personas físicas no obligadas eligen entre vía presencial o electrónica. Los documentos siguen los modelos de los anexos, que la Dirección General competente en materia de tesorería puede modificar o suprimir por resolución. En aval y seguro de caución, los poderes de los apoderados los bastantea, previamente y por una sola vez, el Gabinete Jurídico.

  88. Artículo 87. Constitución de las garantías

    Las garantías se presentan ante la Caja en cuatro modalidades, sin que se acepte otra: efectivo (sin interés), aval, seguro de caución y valores de deuda pública en anotaciones en cuenta. En la solicitud electrónica con aval, seguro o valores la Caja comprueba en dos días y da diez para subsanar. El resguardo acredita la constitución y no es transmisible. Sustituir la garantía exige autorización previa del órgano a cuyo favor se constituyó. Si la garantía pierde validez, el obligado constituye otra en un mes desde la incidencia y el órgano la comunica a la Caja en no más de dos días.

  89. Artículo 88. Cancelación y devolución de las garantías

    El órgano o entidad beneficiario dicta el acuerdo de cancelación (anexo VI), sin condición alguna, lo notifica a constituyente y garante y lo remite a la Caja en los diez días siguientes a su adopción. La Caja tramita baja y devolución en quince días como máximo desde la recepción. El efectivo se devuelve por transferencia, con mandamiento de pago de la Dirección General competente en materia de tesorería. En aval, seguro de caución y valores, la Jefatura del Servicio Provincial propone la baja y la Intervención la registra en cinco días. El papel se retira en seis meses.

  90. Artículo 89. Procedimiento de incautación

    La incautación exige solicitud del órgano o entidad beneficiario y acreditar el acto expreso de ejecución y cuantía, su ejecutividad inmediata y la audiencia a garante y garantizado. En seguro de caución se solicita en un mes desde que se declare el incumplimiento. La Caja da diez días para subsanar y la persona titular de la Dirección General de tesorería resuelve en un mes. El importe se aplica al presupuesto de ingresos, salvo otro destino por disposición legal, si la garantía era de la Junta, sus agencias, instituciones y consorcios; en los demás casos se paga a la cuenta designada.

  91. Artículo 90. Régimen jurídico y modalidades de los depósitos

    Caben cuatro modalidades de depósito ante la Caja: a) de la Junta, sus agencias, consorcios e instituciones a disposición de particulares; b) de la Junta a disposición de sí misma o de entidades vinculadas; c) de particulares a disposición de otros particulares; d) de particulares a disposición de la Junta, sus agencias, consorcios e instituciones. Los de a) y b) pueden constituirse por ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o sentencia judicial; los de c) y d), solo por ley o disposición reglamentaria. No devengan interés y sus resguardos no son transmisibles a terceros.

  92. Artículo 91. Constitución y devolución de los depósitos

    El depósito se constituye presentando ante la Caja el modelo del anexo I e ingresando su importe en la Tesorería General de la Junta de Andalucía; la Caja puede pedir la documentación de las normas sectoriales y expide el resguardo (anexo V) a solicitud del interesado. Se devuelve por mandamiento de pago, previo acto administrativo expreso del órgano administrativo o judicial que autorice la devolución (anexo VI). En depósitos a favor de particulares, la Caja verifica antes la identidad del beneficiario y paga a este, a sus herederos o sucesores legítimos.

  93. Artículo 92. Operaciones contables

    Las operaciones de la Caja se registran en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Junta. La Dirección General competente en materia de tesorería, a través de sus Servicios Provinciales de Tesorería, hace una conciliación trimestral, dentro del mes siguiente al trimestre natural, y un arqueo anual, antes de que acabe febrero del año siguiente. Las actas de las conciliaciones las firman los titulares de la Dirección General y de la Intervención Delegada; los arqueos, los de la Jefatura del Servicio Provincial de Tesorería y de la Intervención Provincial.

Decreto Legislativo 1/2010, Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía

En este tema: arts. 72–78. Ver la norma

  1. Artículo 72. Ámbito de la Tesorería General

    Forman la Tesorería General de la Junta de Andalucía todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, de la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, de régimen especial, las públicas empresariales del artículo 2.c) y sus instituciones. Sus disponibilidades y variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de contabilidad pública. A los consorcios del artículo 4 se les aplica el régimen jurídico de la Tesorería General y los procedimientos de pago y cesiones de derecho de cobro del título IV del Decreto 40/2017.

  2. Artículo 73. Funciones de la Tesorería General

    La Tesorería General de la Junta de Andalucía tiene encomendadas estas funciones: recaudar sus derechos y pagar sus obligaciones; servir al principio de unidad de caja, centralizando todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias; distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la satisfacción puntual de sus obligaciones; responder de sus avales; y realizar las demás que se establezcan o se relacionen con las anteriores.

  3. Artículo 73 bis. Proceso de pago de la Tesorería General

    El proceso de pago tiene dos fases sucesivas: ordenar (se dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas) y materializar (salida material o virtual de fondos). El de la Administración de la Junta lo ejecuta la Dirección General competente en materia de Tesorería. Agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales del artículo 2.c) y consorcios lo ejecutan en sus Tesorerías propias; pero esa Dirección General materializa sus pagos, por compensación y en su nombre y por su cuenta, si hay obligaciones pendientes de pago a su favor en la Tesorería General.

  4. Artículo 74. Situación de los caudales de la Tesorería General

    La Tesorería General sitúa sus caudales en el Banco de España y en las entidades de crédito y de ahorro. El régimen de prestación de servicios que se pueda concertar con esas entidades se determina reglamentariamente. La Consejería competente en materia de Hacienda puede concertar operaciones financieras activas para rentabilizar los fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la Tesorería General, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

  5. Artículo 75. Situación de los recursos del sector instrumental

    Los recursos de los presupuestos de ingreso de agencias administrativas, de régimen especial, instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales del art. 2.c), en el ámbito del art. 73 bis.3, último párrafo, se sitúan en la Tesorería General contablemente diferenciados y reflejando su titularidad. Si conviene por las operaciones o el lugar, pueden abrir cuentas en entidades de crédito, previa autorización de la Consejería de Hacienda. Agencias del 2.b), sociedades mercantiles, fundaciones, entidades del 5.3 y fondos del 5.5 necesitan esa autorización para abrir cualquier cuenta.

  6. Artículo 76. Régimen de ingresos y pagos de la Tesorería General

    Los ingresos en la Tesorería General pueden hacerse, según establezca la Consejería de Hacienda, en cuentas del Banco de España y de entidades de crédito y ahorro, sean o no colaboradoras, en la caja del órgano de recaudación o mediante la entidad que preste allí el servicio de caja. La Consejería puede autorizar entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria. Medios: dinero de curso legal, giros, transferencias, cheques y otros reglamentariamente establecidos; domiciliación bancaria y tarjeta, en los términos de una Orden de la Consejería. La Tesorería puede pagar por los mismos medios.

  7. Artículo 76 bis. Cancelación de pagos en la Tesorería General de la Junta de Andalucía

    Para garantizar la normativa estatal de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Tesorería General puede cancelar obligaciones pendientes de pago de los entes instrumentales pagando directamente a sus acreedores con cargo a lo que la Tesorería deba a esos entes, hasta el límite de su importe total y si su naturaleza o finalidad no lo impiden. Supervisa la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. El Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería de hacienda y la de adscripción, puede excluir entes; por Decreto fija procedimiento y fecha de implantación.

  8. Artículo 77. Información sobre activos financieros, pasivos financieros, pasivos contingentes, otorgamiento de garantías públicas y otras formas de afianzamiento o medidas de apoyo extrapresupuestario

    Por prudencia financiera, deben informar a la Consejería competente en materia de Hacienda sobre sus activos y pasivos financieros, pasivos contingentes, garantías públicas y otras formas de afianzamiento o apoyo extrapresupuestario: las Consejerías, las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales, y las sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz. De los fondos sin personalidad jurídica informa el agente financiero o las entidades gestoras. Envío mensual, en los quince primeros días de cada mes, y cuando la Consejería lo requiera.

  9. Artículo 78. Sometimiento a calendario de pagos

    La Consejería competente en materia de Hacienda elabora, al menos trimestralmente, un Presupuesto de necesidades monetarias de la Tesorería General, para una gestión eficaz mediante la adecuada distribución temporal de sus pagos y la estimación temporal de sus ingresos. Para ello, pueden someterse a calendarios de pago aprobados por ella las obligaciones de pago de la Administración de la Junta con agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y otras entidades del artículo 5.1, y con los fondos sin personalidad jurídica del artículo 5.3.

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