Tema 26 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto de la Ley

Mujeres y hombres son iguales en dignidad humana y en derechos y deberes. La Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades, en particular eliminando la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra la discriminación por razón de sexo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones que establece la Ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, sea directa o indirecta. El artículo destaca especialmente tres discriminaciones: las derivadas de la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares y del estado civil.

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Por serlo, se integrará y observará en dos momentos: la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas.

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo

La igualdad de trato y de oportunidades, aplicable al empleo privado y al público, se garantiza, según la normativa aplicable, en el acceso al empleo (incluso por cuenta propia), la formación y la promoción profesional, las condiciones de trabajo (incluidas las retributivas y las de despido) y la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales o profesionales. No discrimina en el acceso al empleo la diferencia de trato por una característica relacionada con el sexo que sea requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta

Discriminación directa por razón de sexo: situación de una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente por una finalidad legítima y los medios sean necesarios y adecuados. En cualquier caso es discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Sin perjuicio del Código Penal, es acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear ese entorno. Ambos son en todo caso discriminatorios, y también lo es condicionar un derecho o una expectativa de derecho a aceptar un acoso.

Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias

También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que sufra una persona como consecuencia de haber presentado queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto. Dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido y, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Artículo 11. Acciones positivas

Para hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Esas medidas son aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas, en los términos establecidos en la Ley.

Artículo 12. Tutela judicial efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. En los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos, la capacidad y legitimación corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de esos procesos. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada será la única legitimada.

Artículo 13. Prueba

De acuerdo con las Leyes procesales, cuando las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A esos efectos, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta regla no se aplica a los procesos penales.

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos

Doce criterios para los Poderes Públicos: compromiso con la efectividad de la igualdad; su integración en las políticas económica, laboral, social, cultural y artística; colaboración entre Administraciones; participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones; erradicación de la violencia de género, la familiar y el acoso; atención a mujeres de especial vulnerabilidad; protección de la maternidad; conciliación y corresponsabilidad; colaboración con agentes sociales; igualdad entre particulares; lenguaje no sexista; y su integración en la cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informa, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integran de forma activa en tres planos: la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. El verbo es «procurarán atender» y el ámbito son los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad.

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El Plan incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El artículo no fija cada cuánto tiempo se aprueba: dice «periódicamente».

Artículo 18. Informe periódico

El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en los términos que reglamentariamente se determinen. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 19. Informes de impacto de género

Deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género dos tipos de documentos, cuando se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros: los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística.

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios

Para integrar de modo efectivo la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, al elaborar estudios y estadísticas, deberán: incluir sistemáticamente la variable de sexo; establecer nuevos indicadores; diseñar indicadores sobre otras variables generadoras de discriminación múltiple; realizar muestras suficientemente amplias; explotar los datos de que disponen; y revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas. Sólo excepcionalmente, mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de ellas.

Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esa finalidad. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. El Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Los dos verbos son potestativos: «podrán» y «podrá».

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Además incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación

Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres integrando activamente el principio de igualdad de trato en objetivos y actuaciones educativas. Actuaciones: atención especial en los currículos y en todas las etapas; eliminación de contenidos sexistas, con especial consideración en libros de texto y materiales; formación inicial y permanente del profesorado; presencia equilibrada en los órganos de control y de gobierno de los centros; cooperación con las demás Administraciones educativas; y papel de las mujeres en la Historia.

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior

En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular promoverán: la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad; la creación de postgrados específicos; y la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual

Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por la igualdad de trato y de oportunidades en la creación y producción artística e intelectual y en su difusión. Las estructuras que configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán seis actuaciones: promoción específica de las mujeres en la cultura; ayudas traducidas en incentivos de naturaleza económica; presencia equilibrada en la oferta pública; representación equilibrada en órganos consultivos, científicos y de decisión; intercambio cultural; y acciones positivas al amparo del artículo 11.

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud

Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud y, a través de sus Servicios de Salud, desarrollarán seis actuaciones: educación sanitaria; investigación científica; consideración del acoso sexual y por razón de sexo en la salud laboral; formación del personal, en especial para detectar y atender la violencia de género; presencia equilibrada en puestos directivos; y datos desagregados por sexo, siempre que sea posible.

Artículo 28. Sociedad de la Información

Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres mediante programas específicos, en especial de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando colectivos de riesgo de exclusión y ámbito rural, y promoverá los contenidos creados por mujeres. En los proyectos sufragados total o parcialmente con dinero público se garantizará un lenguaje y contenidos no sexistas.

Artículo 29. Deportes

Los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres mediante programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Artículo 30. Desarrollo rural

Para la igualdad en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la titularidad compartida. En el desarrollo del medio rural se incluirán acciones para mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales y una red de servicios sociales para menores, mayores y dependientes. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda

Las políticas y planes de acceso a la vivienda de las Administraciones públicas incluirán medidas para hacer efectiva la igualdad. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio considerarán las necesidades de los distintos grupos sociales y tipos de estructuras familiares. El Gobierno fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión y de las víctimas de violencia de género, en especial con hijos menores exclusivamente a su cargo. En el diseño de la ciudad y el planeamiento urbanístico se tendrá en cuenta la perspectiva de género.

Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo

Las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, sectorial y geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo incluirán la igualdad como elemento sustancial en su agenda de prioridades, con tratamiento de prioridad transversal y específica. Se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad, que se actualizará periódicamente. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED) en todos los niveles de su gestión.

Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de sus órganos de contratación, podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos que celebren, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado

Anualmente, el Consejo de Ministros determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente incluirán entre sus condiciones de ejecución medidas de promoción de la igualdad en el mercado de trabajo. El Acuerdo podrá fijar las características de esas condiciones. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación para empresas que cumplan esas directrices, siempre que sus proposiciones igualen a las más ventajosas.

Artículo 35. Subvenciones públicas

Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten, determinarán los ámbitos en que, por existir una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por las entidades solicitantes. Podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad.

Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública

Los medios de comunicación social de titularidad pública tienen dos cometidos: velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 37. Corporación RTVE

La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social; utilizar el lenguaje en forma no sexista; adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta para transmitir el principio de igualdad; y colaborar con las campañas institucionales. Además promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional y fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres.

Artículo 38. Agencia EFE

En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje. Perseguirá en su actuación cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social; utilizar el lenguaje en forma no sexista; adoptar códigos de conducta mediante la autorregulación; y colaborar con las campañas institucionales. Promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.

Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada

Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Las Administraciones públicas promoverán que los medios de comunicación adopten acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.

Artículo 40. Autoridad audiovisual

Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.

Artículo 41. Igualdad y publicidad

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 se considera publicidad ilícita. Esa calificación se hace de conformidad con lo previsto en dos bloques normativos: la legislación general de publicidad y la de publicidad y comunicación institucional.

Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres

Las políticas de empleo tienen como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva. Para ello se mejorará su empleabilidad y permanencia, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad al mercado de trabajo. Los Programas de inserción laboral activa comprenden todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluidos Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, y se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva con dos destinos: favorecer el acceso de las mujeres al empleo y favorecer la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocen a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se conceden en los términos de la normativa laboral y de Seguridad Social. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos de esa misma normativa.

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad

Las empresas deben adoptar medidas para evitar la discriminación laboral entre mujeres y hombres, que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores. En las de cincuenta o más trabajadores esas medidas se dirigen a un plan de igualdad, también negociado. Hay plan además cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable y cuando la autoridad laboral sustituya en un procedimiento sancionador las sanciones accesorias por el plan. Para las demás empresas es voluntario, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas

Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, que fijan objetivos, estrategias y prácticas, y sistemas de seguimiento y evaluación. El diagnóstico, negociado en su caso con la representación legal, se elabora en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad y contiene al menos nueve materias. El plan incluye la totalidad de la empresa, sin perjuicio de acciones especiales en determinados centros de trabajo. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, donde las empresas están obligadas a inscribir sus planes.

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad

Se garantiza el acceso a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Ese acceso corresponde a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, a los propios trabajadores y trabajadoras. Ello se entiende sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los del ámbito digital. Con ese fin se podrán establecer medidas, negociadas con los representantes de los trabajadores, como códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenirlas sensibilizando a la plantilla e informando a la dirección de la empresa.

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento. Esas medidas se dirigen especialmente a las pequeñas y las medianas empresas e incluirán el apoyo técnico necesario.

Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para las empresas que destaquen en políticas de igualdad, utilizable en el tráfico comercial y con fines publicitarios. Cualquier empresa, de capital público o privado, podrá presentarle un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. Reglamentariamente se fijan denominación, procedimiento y condiciones. Entre otros criterios se valoran la presencia equilibrada, los planes de igualdad u otras medidas innovadoras y la publicidad no sexista. El Ministerio controla y, en caso de incumplimiento, retira el distintivo.

Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y en aplicación del principio de igualdad, deberán: remover los obstáculos discriminatorios en el acceso al empleo público y en la carrera profesional; facilitar la conciliación sin menoscabo de la promoción profesional; fomentar la formación en igualdad; promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración; establecer medidas efectivas frente al acoso sexual y por razón de sexo y contra la discriminación retributiva, directa o indirecta; y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

Artículo 52. Titulares de órganos directivos

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres al nombrar a las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Esos órganos se consideran en su conjunto, y el precepto se refiere a aquellos cuya designación corresponda al Gobierno.

Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Además, la representación de la Administración General del Estado y de esos organismos en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.

Artículo 54. Designación de representantes de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designan a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, con presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. También observan ese principio en los nombramientos que les corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participen.

Artículo 55. Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público debe acompañarse de un informe de impacto de género. La salvedad son los casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

La normativa aplicable establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga esa normativa. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o sus organismos públicos y los representantes del personal al servicio de la Administración Pública.

Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo

En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computa el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. Ese cómputo opera a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos.

Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia

Si las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. Se garantiza la plenitud de sus derechos económicos durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con la legislación específica. Lo mismo se aplica durante el período de lactancia natural.

Artículo 59. Vacaciones

Si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozan del mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos con la representación de los empleados y empleadas.

Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación

Para actualizar conocimientos, se otorga preferencia durante un año en la adjudicación de plazas de cursos de formación a quienes se incorporen al servicio activo desde el permiso de maternidad o paternidad, o reingresen desde la excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Además, para facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos, en las convocatorias de los cursos correspondientes se reserva al menos un 40% de las plazas a las que reúnan los requisitos establecidos.

Artículo 61. Formación para la igualdad

Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. Además, impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, dirigidos a todo su personal.

Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

Para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un protocolo de actuación que comprenderá, al menos: a) el compromiso de la Administración General del Estado y sus organismos de prevenir y no tolerar el acoso; b) la instrucción a todo el personal de respetar dignidad, intimidad e igualdad de trato; c) el tratamiento reservado de las denuncias, sin perjuicio de la normativa de régimen disciplinario; d) la identificación de las personas responsables de atender quejas o denuncias.

Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público

Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remiten, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Deben especificar, mediante la desagregación por sexo de los datos, la distribución de su plantilla, el grupo de titulación, el nivel de complemento de destino y las retribuciones promediadas de su personal.

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella

El Gobierno aprueba, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establece los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público y las estrategias o medidas para su consecución. Es objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos, y su cumplimiento lo evalúa anualmente el Consejo de Ministros.

Artículo 65. Respeto del principio de igualdad

Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. El artículo destaca en especial cinco aspectos: régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

Artículo 66. Aplicación en las Fuerzas Armadas de las normas referidas al personal de las administraciones públicas

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y conciliación de la vida personal, familiar y profesional son de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.

Artículo 67. Respeto del principio de igualdad

Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres e impedirán cualquier situación de discriminación profesional. El artículo destaca especialmente cinco ámbitos: el sistema de acceso, la formación, los ascensos, los destinos y las situaciones administrativas.

Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en tres materias (igualdad; prevención de la violencia de género y la violencia sexual; conciliación de la vida personal, familiar y profesional) son de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se adaptan, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.

Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios

Las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, deben cumplir el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Ello no afecta a la libertad de contratación, incluida la de elegir a la otra parte, siempre y cuando la elección no venga determinada por su sexo. Son admisibles las diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo con medios adecuados y necesarios.

Artículo 70. Protección en situación de embarazo

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer que los demande. El artículo recoge una salvedad: que se haga por razones de protección de la salud de la mujer.

Artículo 71. Factores actuariales

Se prohíbe celebrar contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Además, los costes relacionados con el embarazo y el parto no justifican diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto.

Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones

La persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta discriminatoria tiene derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos, sin perjuicio de otras acciones y derechos de la legislación civil y mercantil. En los contratos de seguros o de servicios financieros afines, incumplir la prohibición del artículo 71 da al contratante perjudicado derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado; en los restantes extremos el contrato mantiene su validez y eficacia, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10.

Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad

Las empresas podrán asumir de forma voluntaria acciones de responsabilidad social (medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales u otras) para promover condiciones de igualdad en la empresa o en su entorno social. Podrán concertarse con la representación de los trabajadores, las organizaciones de consumidores y usuarios, las asociaciones cuyo fin primordial sea defender la igualdad de trato y los Organismos de Igualdad. Se informará a los representantes de los trabajadores de las que no se concierten con ellos. A las medidas laborales se aplica la normativa laboral.

Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad. El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, están legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.

Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la Ley. Esto se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de dicha entrada en vigor.

Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de coordinar las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad en las materias de su competencia. En particular: recabar la información estadística de los órganos del Ministerio y asesorarles al elaborarla; elaborar estudios para promover la igualdad; asesorar en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género; fomentar que el personal conozca el principio de igualdad con propuestas de acciones formativas; y velar por el cumplimiento de la Ley y la aplicación efectiva del principio.

Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer

Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento. Su fin esencial es servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Reglamentariamente se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose en todo caso la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

Artículo 1. Objeto

El objeto de la ley es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Lo hace en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ley se aplica en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular: a) a la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus empresas y los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta; b) a las entidades de la Administración local y sus entes, con el mismo criterio de representación directa mayoritaria; c) al sistema universitario andaluz. Igualmente, a las personas físicas y jurídicas, en los términos de la ley.

Artículo 3. Definiciones

Define nueve conceptos: discriminación directa (trato menos favorable por el sexo en situación equiparable); indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que causan desventaja, salvo justificación objetiva); representación equilibrada (cada sexo ni supera el 60 % ni baja del 40 %); acto de discriminación (condicionar un derecho a aceptar acoso, y cualquier acoso); transversalidad; acoso sexual (de índole sexual, del hombre contra la mujer); acoso por razón de sexo (vinculado a la condición de mujer); lenguaje sexista, e interseccionalidad (discriminación múltiple).

Artículo 4. Principios generales

Catorce principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: igualdad de trato, sin discriminación directa ni indirecta; eliminar la discriminación, sobre todo la feminización de la pobreza; maternidad, biológica o no, como valor social; corresponsabilidad; medidas específicas; protección ante la discriminación múltiple; mujeres del medio rural; composición equilibrada, también en candidaturas al Parlamento de Andalucía; colaboración entre Administraciones; lenguaje e imagen; conciliación; igualdad entre particulares; coeducación, y empleo.

Artículo 5. Transversalidad de género

Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas y de las políticas en todos los ámbitos de actuación. Para ello considerarán sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres y su incidencia en la situación específica de unas y otros, con el objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

Artículo 6. Evaluación de impacto de género

Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán el objetivo de la igualdad por razón de género. En la tramitación de proyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, quien reglamentariamente corresponda emitirá un informe de evaluación del impacto de género, que queda integrado en la MAIN y va acompañado de indicadores, mecanismos y medidas.

Artículo 7. Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres

El Consejo de Gobierno, con participación de las entidades locales y a propuesta de la Consejería competente en materia de igualdad, formula y aprueba el Plan Estratégico con periodicidad no inferior a cuatro años; incluye una estrategia de apoyo a las mujeres del ámbito rural. Cada Consejería elabora y aprueba sus propios planes, evaluados anualmente. Las entidades locales aprueban los suyos. El Instituto Andaluz de la Mujer asesora a las consejerías y entidades locales que lo soliciten y recibe esos planes, para su conocimiento, antes de su aprobación.

Artículo 8. Enfoque de género en el presupuesto

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. A tal fin, la Consejería competente en materia de presupuestos, en coordinación con el conjunto de las Consejerías y con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.

Artículo 9. Lenguaje no sexista e imagen pública

Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en contenidos e imágenes, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o a través de personas o entidades. Las publicaciones y emisiones en que participe la Junta garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. Sus entidades instrumentales y las corporaciones de derecho público de Andalucía adaptarán su denominación oficial. La Junta promoverá ese uso en colegios profesionales y corporaciones.

Artículo 9 bis. Capacitación del personal al servicio de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para garantizar una formación básica, progresiva y permanente de su personal en igualdad, con enfoque feminista y transformador de los roles tradicionales de género; elaborarán planes de formación y sensibilizarán al personal con funciones de dirección. La Consejería competente en materia de igualdad apoyará a los organismos responsables de la formación. El órgano competente en función pública garantizará la experiencia o capacitación específica en los puestos de programas y asesoramiento técnico en igualdad.

Artículo 10. Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género

Los poderes públicos de Andalucía deberán: incluir sistemáticamente la variable sexo en estadísticas, encuestas y recogida de datos; incorporar indicadores de género; analizar los resultados desde la dimensión de género, y analizar y cuantificar el valor de los cuidados. Realizarán y difundirán investigaciones sobre la desigualdad, con atención a las mujeres del medio rural y pesquero. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publicará anualmente un informe síntesis; los observatorios de la Junta y otros órganos colegiados de análisis, un informe anual.

Artículo 11. Representación equilibrada en los órganos directivos y colegiados

Cada Consejería, organismo público y entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración pública andaluza garantizará la representación equilibrada en el nombramiento de titulares de órganos directivos. En los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se respetará también, contando a quienes forman parte por el cargo que desempeñan, tanto en la composición como en la modificación o renovación; quien designe o proponga facilitará la composición de género. Las normas de los jurados de premios promovidos o subvencionados fijarán las mismas reglas.

Artículo 11 bis. Órganos directivos o colegiados y denominación de los colegios profesionales de Andalucía y corporaciones de derecho público

Los estatutos de los colegios profesionales de Andalucía deben fijar medidas para garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y en todos los órganos colegiados de constitución preceptiva. Las corporaciones de derecho público deben asegurarla en sus órganos de dirección, y las federaciones deportivas, en sus órganos colegiados. Todas estas entidades deben adaptar su denominación a un uso no sexista del lenguaje.

Artículo 12. Contratación pública

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus órganos de contratación, establecerá condiciones especiales de ejecución de los contratos para promover la igualdad, especialmente en el ámbito laboral. Esos órganos señalarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación para las empresas que, al acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas de igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y mantengan en el tiempo y con efectividad sus medidas de igualdad.

Artículo 13. Ayudas y Subvenciones

La Administración de la Junta de Andalucía valorará en las bases reguladoras de las subvenciones las actuaciones de igualdad de género de las entidades solicitantes, salvo que esté justificado no hacerlo por la naturaleza de la subvención o de las entidades. No contratará ni dará ayudas a personas condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias durante cinco años desde la condena por sentencia firme. Tampoco accederán a ayudas quienes sufran, por resolución administrativa firme, las sanciones accesorias del artículo 80; se exige declaración responsable con la solicitud.

Artículo 14. Principio de igualdad en la educación

El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas de la Administración educativa. Los centros educativos de la Comunidad Autónoma contemplarán la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de sus actuaciones. La Administración educativa potenciará la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de decisión y formulará acciones de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la promoción profesional y curricular de todo el personal docente.

Artículo 15. Promoción de la igualdad de género en los centros docentes

La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes incluyan en su Plan de Centro un Plan de Igualdad de Género y cuenten con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que actúa bajo la dirección del director o directora. Los órganos de evaluación, calidad e investigación educativa y los servicios de apoyo y formación al profesorado tendrán personal capacitado en coeducación. El profesorado de centros públicos, concertados o privados debe comunicar a los órganos directivos los indicios o sospechas de violencia de género.

Artículo 15 bis. Integración de contenidos curriculares

La Administración educativa andaluza integrará en el diseño y desarrollo curricular de todas las áreas y materias de las diferentes etapas seis objetivos coeducativos: desarrollo personal integral y en igualdad, eliminando prejuicios, estereotipos y roles de género; integración del saber de las mujeres, incorporando la historia del feminismo; análisis crítico de la masculinidad hegemónica y del androcentrismo; corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado; elección académica y profesional libre de condicionamientos de género, y prevención de la violencia contra las mujeres.

Artículo 16. Materiales curriculares y libros de texto

La Administración educativa andaluza garantizará que en libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios, y trasladará al profesorado, a las empresas editoriales y a los consejos escolares las instrucciones sobre criterios de selección. La Consejería competente en materia de educación creará una comisión de personas expertas en coeducación, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá un informe anual y lo remitirá para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Artículo 17. Formación del profesorado

La Administración educativa incluirá contenidos de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género, educación sexual y afectiva y diversidad familiar en la formación del profesorado en fase de prácticas, en la formación inicial obligatoria para la función directiva y en la formación inicial de las asesorías y de la dirección de los centros del profesorado. Los planes de formación permanente incluirán una formación continua en esas materias, desde un enfoque feminista y con metodología vivencial, no basada en la mera impartición de contenidos teóricos.

Artículo 18. Consejos escolares

En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados y en el Consejo Escolar de Andalucía se designará una persona, con formación en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La composición del consejo escolar respetará el equilibrio entre ambos sexos, y en el Consejo Escolar de Andalucía participará una persona en representación del Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 19. Inspección educativa

Los servicios de inspección educativa de Andalucía velarán por el cumplimiento de los principios y valores de igualdad real establecidos en la ley. La Administración educativa, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer, incorporará a los planes generales y de actuación de la inspección las directrices para la supervisión, evaluación, asesoramiento e información a los centros. La inspección supervisará el respeto de la normativa en materiales curriculares, libros de texto y programaciones didácticas, y recibirá periódicamente formación inspirada en el pluralismo y la diversidad.

Artículo 20. Igualdad de oportunidades en la Educación Superior

El sistema universitario andaluz fomentará la igualdad de oportunidades en la carrera profesional y la conciliación del personal docente y no docente, incluirá enseñanzas obligatorias de igualdad en los planes de estudios e impulsará la representación equilibrada en órganos colegiados y comisiones. Cada universidad pública se dotará de una unidad de igualdad de género, con estructura propia y suficiente. Todas las universidades de Andalucía aprobarán un plan de igualdad y prevención de la discriminación, cuatrienal, con posible asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 21. Proyectos de investigación

El sistema universitario andaluz impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la investigación, la ciencia y la tecnología; promoverá que los estudios de género se reconozcan como mérito en la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las universidades públicas, y promoverá cátedras sobre estudios de género y violencia sexista en facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias. Las Administraciones públicas de Andalucía fomentarán el apoyo a la formación e investigación en igualdad.

Artículo 21 bis. Mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación

Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, innovación e investigación, e impulsarán la perspectiva de género como dimensión transversal y la presencia paritaria en los eventos científicos. Los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento del sector público andaluz fijarán mecanismos contra los sesgos de género al seleccionar y evaluar personal investigador y al conceder ayudas públicas. Los organismos públicos de investigación adoptarán planes de igualdad y podrán contar, de ser preciso, con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 22. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo

La igualdad de oportunidades en el empleo es objetivo prioritario de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía. Para ello se llevarán a cabo políticas de fomento del empleo y actividad empresarial que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el mercado de trabajo con un empleo de calidad y una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Además, desarrollará medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades y superar la segregación profesional, vertical y horizontal, y las desigualdades retributivas.

Artículo 23. Políticas de empleo

Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán la transversalidad de género en las políticas de empleo. La Administración de la Junta garantizará la participación de mujeres en las políticas activas de empleo. El Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo. Las empresas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades. La Junta de Andalucía propondrá anualmente, en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la planificación anual contra la discriminación laboral.

Artículo 24. Incentivos a la contratación de mujeres

Se establecerán incentivos a la contratación estable de las mujeres. Esos incentivos atenderán con carácter prioritario a los sectores y categorías laborales en los que las mujeres se encuentren subrepresentadas, y también a sus situaciones singulares.

Artículo 25. Promoción empresarial

Los poderes públicos de Andalucía, en sus políticas de fomento empresarial, contemplarán ayudas específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al autoempleo, priorizando las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo y economía social, y establecerán medidas de formación, asesoramiento y seguimiento para consolidar los proyectos. Se podrán establecer otras acciones de fomento del emprendimiento de mujeres, incluido el acceso a los servicios de emprendimiento en primera y segunda oportunidad. Impulsarán la aportación de las mujeres a nuevos modelos de economía y empresa.

Artículo 26. Calidad en el empleo

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la igualdad de género en el acceso al empleo, incidiendo en la estabilidad, la calidad y la igualdad de remuneración; fomentará la igualdad en la promoción y la formación continua, y velará por la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Garantizará la igualdad de retribución por trabajo de igual valor y promoverá que la igualdad de oportunidades sea prioritaria en los planes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las Administraciones públicas de Andalucía, con los agentes sociales, incentivarán la calidad en el empleo.

Artículo 26 bis. Política de igualdad salarial entre mujeres y hombres

La Administración de la Junta de Andalucía, con los agentes económicos y sociales más representativos, desarrollará programas específicos contra la discriminación salarial por razón de género. La Consejería competente en materia de empleo realizará anualmente estudios sobre las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, sus causas y su evolución, de los que se dará traslado, para su conocimiento, al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Esa Consejería adoptará acciones contra la segregación por sexos en el mercado laboral y medidas para revalorizar los sectores feminizados.

Artículo 27. Planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector empresarial

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para elaborar planes de igualdad en las empresas privadas no obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo; su contenido mínimo se ajustará a la normativa estatal básica. Las empresas y las organizaciones empresariales procurarán la presencia equilibrada en sus órganos de dirección. Los programas de formación de los planes priorizarán las acciones formativas cuyo objetivo sea la igualdad dentro de la organización. Los planes serán objeto de inscripción obligatoria en registro público.

Artículo 28. Negociación colectiva

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará cláusulas de igualdad y no discriminación por razón de género en la negociación colectiva. Garantizará que los convenios colectivos no contengan cláusulas contrarias a la igualdad ni diferencias retributivas por género y que usen un lenguaje no sexista, y promoverá que incluyan el análisis de impacto de género. Las organizaciones sindicales procurarán la presencia equilibrada en sus órganos de dirección. Las Administraciones públicas incluirán cláusulas ligadas a planes o medidas de igualdad en los criterios de todo tipo de adjudicaciones.

Artículo 29. Seguridad y salud laboral

Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán una concepción integral de la salud que tenga en cuenta riesgos físicos y psicosociales, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres. Se adoptarán medidas de protección de las trabajadoras embarazadas que hayan dado a luz recientemente o en período de lactancia. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad se considerará discriminación por razón de sexo. Los departamentos competentes deben fomentar la recogida de información, desglosada por sexos, de atención primaria y mutuas.

Artículo 30. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para un entorno laboral libre de acoso sexual y por razón de sexo, conductas que afectan a la salud laboral, sin perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil. Ambos acosos se considerarán discriminatorios y las Administraciones públicas arbitrarán protocolos de actuación, con prontitud y confidencialidad en las denuncias. La Consejería competente en materia de igualdad impulsará su elaboración y realizará su seguimiento y evaluación. Se garantizará asesoramiento jurídico y psicológico especializado a las víctimas.

Artículo 31. Empleo en el sector público andaluz

En la Administración de la Junta de Andalucía, los temarios de las pruebas selectivas incluirán la normativa sobre igualdad y violencia de género; se garantizará la formación del personal en esas materias, y las ofertas públicas de empleo llevarán la evaluación del impacto por razón de género, que se incluirá en la MAIN. Previa negociación, las normas de los procesos selectivos podrán disponer que las bases fijen, como criterio de desempate, la prioridad del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o categoría sea inferior al cuarenta por ciento al aprobarse la oferta de empleo público.

Artículo 32. Planes de igualdad en el empleo en la Administración pública

La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales elaboran cada cuatro años planes de igualdad en el empleo. Los planes fijan los objetivos de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público y las estrategias y medidas para lograrlos, incluidas las de conciliación de la vida laboral con la familiar y personal, con medidas específicas sobre diversidad familiar y personal. Se evalúan y establecen medidas correctoras, en su caso, cada cuatro años.

Artículo 33. Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Esa protección alcanza dos ámbitos: el de la Administración Pública y el de las empresas privadas.

Artículo 34. Actuaciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad

Sin perjuicio de las normas de empleo del Título, las empresas podrán asumir actuaciones de responsabilidad social en virtud de acuerdos con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, instituciones, organismos y asociaciones para la igualdad de género. Se articulan mediante medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra índole, para mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán medidas para fomentar esas actuaciones.

Artículo 35. Marca de excelencia en igualdad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá un reconocimiento para distinguir a las entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres. Se valorará: representación equilibrada y acción positiva en acceso y promoción; igualdad de retribución por trabajos de igual valor; conciliación; prevención y sanción de la violencia de género y del acoso sexual y por razón de sexo; publicidad no sexista; Plan de Igualdad en la Empresa, y actuaciones de responsabilidad social. Obtención, control de la ejecución y renovación de la marca se fijan reglamentariamente.

Artículo 36. Derecho y deber de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado

Las mujeres y los hombres en Andalucía tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación y la configuración de su tiempo. Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para garantizar la conciliación, teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres que viven en el medio rural.

Artículo 37. Organización de espacios, horarios y creación de servicios

La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Entidades Locales, promoverá planes de diseño y organización de los espacios (funcionalidad de la ciudad, proximidad de dotaciones y servicios, menos desplazamientos y tiempos de acceso). Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos y se impulsarán infraestructuras y servicios para el cuidado de menores y de personas dependientes. Las Administraciones públicas de Andalucía elaborarán estudios sobre tiempos, espacios y horarios y sobre los cuidados y la actividad no remunerada.

Artículo 37 bis. Servicios públicos para la conciliación en el ámbito educativo y social

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará, en educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de los centros docentes públicos de su titularidad, medidas de conciliación: ampliación del horario de apertura, aula matinal y actividades extraescolares priorizadas y bonificadas, comedor escolar bonificado y otras que se determinen reglamentariamente. Garantizará progresivamente plazas en el primer ciclo de educación infantil y promoverá los servicios de la Ley 39/2006. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantizará la atención y cuidados a domicilio.

Artículo 38. Conciliación en las empresas

La Junta de Andalucía impulsará medidas de corresponsabilidad y conciliación en la empresa, como la flexibilidad de horarios, con pleno respeto a la autonomía en la negociación colectiva, y potenciará protocolos de acoso por razón de sexo y planes de igualdad en empresas no obligadas a aprobarlos. Se incentivará a las empresas para crear centros infantiles en el ámbito laboral y la Junta impulsará su creación en polígonos industriales y parques tecnológicos. Las empresas potenciarán la formación en igualdad del personal de recursos humanos y sensibilizarán a todo su personal.

Artículo 39. Conciliación en el empleo público

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará centros infantiles en los centros de trabajo. Previa negociación colectiva se establecerán medidas de conciliación en el marco de los planes de igualdad (horarios, jornada, excedencias, permisos, teletrabajo), con medidas concretas para familias monoparentales. En los cursos de formación se reservará, al menos, un cuarenta por ciento de las plazas a las empleadas que hayan disfrutado de los permisos o reingresado de las excedencias que cita, durante los doce meses posteriores; las no cubiertas podrá ocuparlas el resto del personal.

Artículo 40. Permiso de paternidad

Agotado el permiso de paternidad, el personal del sector público andaluz dispondrá de un permiso adicional irrenunciable y retribuido hasta alcanzar un descanso total de veinte semanas, o las que correspondan por discapacidad del hijo o hija o por parto, adopción o acogimiento múltiples. Es intransferible al otro progenitor y se disfruta de forma ininterrumpida o fraccionada, en este caso dentro de los doce meses siguientes; será de al menos cinco semanas. Hay un permiso igual cuando los progenitores tienen el mismo sexo. Condiciones de acceso y modalidades: reglamentariamente.

Artículo 41. Políticas de salud

El Sistema Sanitario Público de Andalucía impulsará medidas para atender las diferentes necesidades de hombres y mujeres y garantizará el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad. La Administración sanitaria incorporará la perspectiva de género en la formación de su personal y en un plan de salud laboral, y aprobará, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, la carta de los derechos de las mujeres en el embarazo, el parto y el puerperio.

Artículo 42. Investigación biomédica

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará el enfoque de género en las líneas y proyectos de investigación biomédica, para conocer los diferentes modos de enfermar y de respuesta terapéutica de las mujeres y los hombres. La Administración sanitaria incorporará a los estudios de investigación y de opinión sobre los servicios sanitarios, y a las encuestas de salud, indicadores que permitan conocer los datos de mujeres y hombres, tanto de forma desagregada por sexos como en forma global.

Artículo 43. Igualdad en las políticas sociales

Los poderes públicos de Andalucía integran la perspectiva de género en las políticas sociales, con programas para mujeres mayores, con discapacidad, inmigrantes, con hijos a cargo, de familias monoparentales, con adicciones, en riesgo de exclusión y cuidadoras actuales o pasadas de dependientes. También en la lucha contra la pobreza (especial incidencia: familias monoparentales y víctimas de violencia de género) y en las políticas migratorias, y atienden a mujeres prostituidas y víctimas de trata. Las Administraciones públicas erradican barreras de acceso a la información.

Artículo 44. Mujeres mayores

Los poderes públicos de Andalucía, dentro de la programación de acciones destinadas a las personas mayores, establecerán programas específicos para las mujeres mayores. Esos programas inciden en los aspectos afectivos y emocionales, atienden las necesidades de las que se encuentran en situación de soledad y promueven su participación en actividades socioculturales y asociativas.

Artículo 45. Cuidadoras y cuidadores de personas dependientes

En desarrollo de las políticas de atención a personas dependientes, la Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas para la corresponsabilidad y programas de apoyo a cuidadores y cuidadoras, conforme se determine reglamentariamente. A las personas cuidadoras se les proporcionará un acceso permanente a la información, la formación y el asesoramiento adecuado para mejorar su calidad de vida. Los poderes públicos de Andalucía diseñarán esas políticas integrando la perspectiva de género en los planes o programas que favorezcan eliminar las desigualdades de género en el cuidado.

Artículo 46. Inclusión social

Los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones para quienes estén en situación de especial vulnerabilidad, con enfoque de género, especialmente en acceso al empleo y a la formación. Se atenderá a las dificultades de las mujeres de minorías, de etnia gitana, inmigrantes, niñas, con discapacidad y prostituidas. Promoverán medidas para las mujeres en precariedad económica por impago de pensiones compensatorias y alimentarias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial (nulidad, separación legal, divorcio, ruptura de pareja de hecho, filiación o alimentos).

Artículo 47. Tráfico y explotación sexual de las mujeres

Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual. Para ello elaborarán un Plan integral para la erradicación de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, que incorporará campañas de información y sensibilización.

Artículo 48. Personas con discapacidad

Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto general de garantías de los derechos de las personas con discapacidad, desarrollarán acciones para las mujeres con discapacidad. El eje transversal de las políticas públicas serán sus necesidades específicas, y el fin, asegurar su inclusión y acceso en igualdad a todos los ámbitos de la sociedad.

Artículo 48 bis. Mujeres gitanas

Los poderes públicos de Andalucía promoverán actuaciones específicas para las mujeres de etnia gitana, desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional, para neutralizar los factores de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social y fomentar su plena participación educativa y laboral, la promoción de la salud, la protección contra la violencia de género y su participación activa en la vida política, económica, social y cultural. Además evitarán el antigitanismo y promoverán referentes alejados de una imagen estigmatizada que den visibilidad a mujeres y niñas.

Artículo 49. Mujeres migrantes

Los poderes públicos de Andalucía tienen cuatro mandatos respecto de las mujeres migrantes: promover su integración, participación y promoción; realizar actuaciones para promover la interculturalidad y el valor de la diversidad, dentro de un marco de derechos y de igualdad plena de las mujeres; velar por su acceso al empleo y a los servicios; y conceder protección en situaciones de violencia de género.

Artículo 50. Planeamiento urbanístico, vivienda y transporte

Los poderes públicos de Andalucía integran la perspectiva de género en las políticas y planes de vivienda y, con las entidades locales, en el diseño de las ciudades y el planeamiento urbanístico. Garantizan el derecho preferente en la adjudicación de viviendas protegidas, en alquiler o propiedad, a víctimas de violencia de género, mujeres con discriminaciones múltiples, solas con cargas familiares y en riesgo de exclusión. La movilidad prioriza reducir tiempos de desplazamiento. La Junta promueve investigar la movilidad; los resultados van al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Artículo 50 bis. Deporte y actividad deportiva

Todos los programas públicos de apoyo al deporte incorporan el principio de igualdad. Las Administraciones públicas de Andalucía promueven acciones positivas. La Junta promueve el deporte femenino en todas las etapas y niveles y fomenta la presencia de asociaciones de mujeres en los órganos de participación. La Junta y las federaciones, asociaciones y entidades deportivas elaboran protocolos ante actitudes machistas y velan por la participación paritaria en los órganos de gobierno. Los poderes públicos velan por la no discriminación y acoso durante el embarazo o permiso por maternidad.

Artículo 50 ter. Cultura

Las Administraciones públicas de Andalucía velan por la igualdad de trato y de oportunidades en la creación, producción y difusión artística y cultural, y fomentan con sus convocatorias y bases reguladoras proyectos culturales con igualdad. Con las agencias y entidades instrumentales de la Junta deben: promocionar a las mujeres en la cultura, impulsar políticas de ayuda a la autoría femenina, promover la presencia equilibrada en la oferta pública, garantizar la representación equilibrada en órganos y jurados de premios, adoptar acciones positivas y velar contra los estereotipos sexistas.

Artículo 50 quáter. Políticas de cooperación para el desarrollo

Todas las políticas, planes y documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como territorial, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres. En el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo la igualdad será una prioridad transversal y específica, con medidas concretas para su seguimiento y evaluación. La programación operativa de la cooperación andaluza incorporará como prioridad proyectos que garanticen la atención a mujeres y niñas y la incorporación de las mujeres como agentes activas del desarrollo.

Artículo 51. De la información y el conocimiento

Los poderes públicos de Andalucía promoverán la implantación de las tecnologías de la información con criterios de igualdad de género y la participación de las mujeres en la sociedad de la información y el conocimiento. La Administración de la Junta incorporará la perspectiva de género de manera transversal en las políticas de desarrollo tecnológico e innovación. A través de los organismos competentes se garantizará la transversalidad de género en el sector audiovisual. En los proyectos TIC que la Junta financie total o parcialmente, garantizará que no sean sexistas.

Artículo 52. Mujeres del medio rural y pesquero

Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo rural y pesquero; desarrollarán acciones contra la discriminación de las mujeres de ese medio; impulsarán la titularidad compartida de explotaciones agrarias a través del Registro de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias de Andalucía; y facilitarán su acceso a los sectores agrario, agroalimentario y pesquero. La Administración de la Junta impulsará su papel a través del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía.

Artículo 52 bis. Mujeres jóvenes

Las Administraciones públicas de Andalucía incorporarán la perspectiva de género en las políticas de juventud, con programas para conocer y analizar la realidad de las mujeres jóvenes de forma integral. La Administración de la Junta desarrollará siete actuaciones: integración laboral, emprendimiento y autoempleo; educación sexual y afectiva; medidas contra la violencia de género en la juventud; difusión de las manifestaciones de las mujeres jóvenes; imagen no discriminatoria, en particular en los videojuegos; colaboración con agentes económicos y sociales; y participación asociativa.

Artículo 53. Participación política

Artículo 54. Participación social

Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán medidas para fomentar la participación social de las mujeres y cooperarán con la iniciativa social y las asociaciones para promover la igualdad de género. La Administración de la Junta, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, promoverá la participación de entidades y asociaciones privadas en la implantación de la igualdad, favoreciendo la participación de las mujeres en ellas. Además podrá celebrar convenios con colegios profesionales y agentes económicos y sociales, siempre que cumplan las obligaciones de igualdad de la ley.

Artículo 55. Fomento de las asociaciones de mujeres

Los poderes públicos de Andalucía impulsarán el movimiento asociativo de mujeres y establecerán acciones adecuadas para facilitar su participación en la sociedad. Potenciarán las iniciativas que persigan crear redes de asociaciones de mujeres, con el objetivo de incorporar a las mujeres en la actividad pública y facilitar su participación social. Y fomentarán la creación de órganos locales de participación en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y su coordinación con otros órganos de ámbito territorial similares.

Artículo 56. Participación en ámbitos sociales, políticos y económicos

Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la igualdad en la participación de mujeres y hombres en las actividades sociales, lúdicas y de ocio. Las Administraciones públicas fomentarán la igualdad de oportunidades en los ámbitos políticos y económicos. Las competentes promoverán la presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión del ámbito social, político y económico; a tal fin, el otorgamiento de subvenciones podrá condicionarse a la adopción de medidas que posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en los órganos de dirección.

Artículo 57. Imagen de la mujer y del hombre

Los poderes públicos de Andalucía promoverán una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres. Se considera ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos constitucionales, incluidos los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria. El Consejo Audiovisual de Andalucía contribuirá a fomentar la igualdad de género en programaciones y publicidad. El Instituto Andaluz de la Mujer elaborará anualmente un informe sobre la imagen de las mujeres, que será remitido al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Artículo 58. Medios de comunicación social

Los medios de comunicación social públicos incorporarán la perspectiva de género de forma transversal. Los medios de comunicación social evitarán contenidos sexistas que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, presentarán a las hijas e hijos menores de las víctimas como víctimas directas y adoptarán, mediante autorregulación, códigos de conducta. La Junta garantizará la igualdad y transversalidad de género en el sector audiovisual con seis medidas, como un código de buenas prácticas, y promoverá la presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión de los medios.

Artículo 59. Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Se creará la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género. En ella estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y la presidirá la persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad. Su composición, competencias y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 60. Unidades de igualdad de género

Se crean Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, para impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas. Cada Consejería encomendará las funciones de la Unidad a uno de sus órganos directivos, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas con perspectiva de género.

Artículo 61. Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género

Se creará el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género como órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en Andalucía. En colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica de esa Consejería definirá los indicadores para el análisis de la igualdad de género, teniendo en cuenta la información generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Sus funciones, composición, funcionamiento y áreas de intervención se determinarán reglamentariamente.

Artículo 62. Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres

Se crea el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad, como órgano de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía. Sus funciones y composición se regularán mediante decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 62 bis. Centros municipales de información a la mujer

Los centros municipales de información a la mujer son las unidades de atención integral e información a las mujeres, en especial a las víctimas de violencia de género; además llevan a cabo actuaciones de sensibilización en políticas de igualdad y fomento de la participación de las mujeres. La Administración de la Junta de Andalucía promueve su creación y mantenimiento en cofinanciación con las corporaciones locales, que será del cincuenta por ciento. Sus funciones, composición y funcionamiento se fijan por reglamento.

Artículo 63. Coordinación de los poderes públicos de Andalucía para la igualdad de mujeres y hombres

Se creará la Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género, para coordinar e impulsar la integración del enfoque de género en las políticas y programas de igualdad de mujeres y hombres desarrollados por las distintas Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma. Dependerá de la Consejería competente en materia de igualdad y estará compuesta por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos. Sus funciones, composición y funcionamiento se fijan por reglamento.

Artículo 64. Evaluación de la aplicación de la ley

En los términos en que reglamentariamente se determine, se elaborará un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Estará coordinado por la Consejería que ostente las competencias en materia de igualdad y establecerá los criterios correctores que correspondan con la finalidad objeto de la ley.

Artículo 65. Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro

Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, mediante la ausencia de discriminación directa e indirecta por razón de sexo, en el acceso a bienes y servicios y su suministro. La prestación de bienes y servicios de forma exclusiva o principal a las personas de uno de los sexos solo es admisible cuando la diferencia de trato esté justificada por un propósito legítimo y los medios para lograr tal finalidad sean adecuados y necesarios.

Artículo 66. Acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita

El Instituto Andaluz de la Mujer y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de las mujeres están legitimados para ejercitar la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. El Consejo Audiovisual de Andalucía podrá solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, por iniciativa propia o a instancia de las partes interesadas, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida y, cuando proceda, disponerlo, conforme a la legislación aplicable y en los supuestos que esta establezca.

Artículo 67. Dictámenes

El Instituto Andaluz de la Mujer es el órgano de la Administración de la Junta de Andalucía competente para emitir, en su ámbito de competencias, los dictámenes previstos en el apartado 3 del artículo 95 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Artículo 68. Competencia

Corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer la defensa y asistencia a las mujeres ante situaciones de discriminación por razón de sexo y la promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A esos efectos, y sin perjuicio de las funciones que tiene encomendadas legalmente, ejercerá las funciones previstas en el artículo 69.

Artículo 69. Funciones

El Instituto Andaluz de la Mujer, sin perjuicio de sus funciones legales: a) practica investigaciones, de oficio o a instancia de parte, sobre posibles discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, a efectos de incoar el procedimiento sancionador; b) facilita vías de negociación y dirige recomendaciones a personas físicas y jurídicas, con seguimiento de su cumplimiento; c) asesora a las mujeres; d) difunde sus actividades e investigaciones y elabora informes y dictámenes; e) colabora con la autoridad laboral y en especial con la Inspección de Trabajo.

Artículo 70. Deber de colaboración

Todas las personas físicas y jurídicas sometidas a investigación deben facilitar la labor del Instituto Andaluz de la Mujer: aportar, en el plazo que se determine reglamentariamente, los datos, documentos, informes o aclaraciones que, siendo necesarios para esclarecer los hechos, se les soliciten, y facilitar, previo aviso, el acceso a sus dependencias. Si estas coinciden con su domicilio particular, deberá obtenerse su expreso consentimiento.

Artículo 71. Procedimiento de investigación

El procedimiento de investigación relativo a las competencias y funciones del Instituto Andaluz de la Mujer establecidas en los artículos 68 y 69 de la ley no se regula en este artículo: se establecerá reglamentariamente.

Artículo 72. Información y asesoramiento sobre discriminación por razón de sexo

La Consejería competente en materia de igualdad garantizará, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, servicios de información y asesoramiento a las mujeres ante situaciones de discriminación por razón de sexo y/o situación familiar.

Artículo 73. Infracciones

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes. Si pudieran ser delito o falta, el órgano administrativo da traslado al Ministerio Fiscal y se abstiene de proseguir mientras la autoridad judicial no se pronuncie; la sanción penal excluye la administrativa. La causa penal suspende el procedimiento sancionador por los mismos hechos si se estima identidad de sujeto, hecho y fundamento. Las medidas adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantienen hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre ellas.

Artículo 74. Clasificación de las infracciones

Artículo 75. Infracciones leves

Son infracciones leves tres conductas: a) la insuficiente o parcial colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer durante la acción investigadora e inspectora de este; b) la insuficiente o parcial colaboración con la actuación inspectora de la Administración de la Junta de Andalucía; y c) las acciones u omisiones tipificadas como graves o muy graves, cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia.

Artículo 76. Infracciones graves

Graves: negarse a colaborar con la investigación del Instituto Andaluz de la Mujer o con la inspección de la Junta, o impedir su ejercicio; actos que dificulten o impidan derechos de la ley y discriminen por razón de sexo; libros de texto y materiales curriculares sexistas en centros docentes; publicidad que use el cuerpo de las mujeres como reclamo desvinculado del producto; actos discriminatorios en pruebas y premios deportivos; actos culturales, artísticos o lúdicos sexistas; cláusulas discriminatorias en negocios jurídicos; y reincidir en falta leve de la misma naturaleza en dos años.

Artículo 77. Infracciones muy graves

Muy graves: a) el comportamiento contrario a los derechos de la ley, de naturaleza sexual o no, realizado en función del sexo de una persona, que atente contra su dignidad creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; b) la represalia o trato vejatorio por haber presentado queja, reclamación o denuncia; c) el lenguaje discriminatorio o los mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación o desigualdad en los medios de comunicación social de Andalucía; y d) la reincidencia en falta grave de la misma naturaleza sancionada por resolución firme en los dos años anteriores.

Artículo 78. Responsabilidad

Responden de las infracciones, atendiendo a cada caso, las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito laboral. También responde quien coopere con una acción u omisión sin la cual la infracción no se hubiese producido. Si la obligación corresponde a varias personas conjuntamente, responden de manera solidaria de las infracciones y de las sanciones.

Artículo 79. Prescripción de las infracciones

Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año. La regla se establece sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 80. Sanciones

Leves: apercibimiento o multa de hasta 6.000 euros. Graves: multa de 6.001 hasta 60.000 euros y, como accesorias, prohibición de acceder a ayudas públicas de la Junta y sus agencias hasta tres años o su pérdida automática, inhabilitación temporal hasta tres años y cierre o suspensión temporal hasta tres años. Muy graves: multa de 60.001 hasta 120.000 euros; prohibición e inhabilitación de tres a cinco años y cierre o suspensión hasta cinco años. En graves y muy graves se pierden automáticamente, con reintegro, ayudas, bonificaciones y subvenciones desde la fecha de la infracción.

Artículo 81. Graduación de las sanciones

La sanción será proporcional a la infracción y se gradúa ponderando siete criterios: naturaleza y gravedad de los perjuicios; intencionalidad; trascendencia social de los hechos o su relevancia; beneficio obtenido; incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; reparación voluntaria de los daños o subsanación de los efectos antes de que recaiga resolución definitiva; y reincidencia. En las sanciones pecuniarias, cometer la infracción no debe resultar más beneficioso que cumplir las normas infringidas.

Artículo 82. Prescripción de las sanciones

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 83. Publicidad y comunicación de las sanciones

Los órganos competentes para resolver acordarán publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las sanciones por infracciones graves y muy graves una vez firmes; en las muy graves la publicación podrá extenderse a los medios de comunicación social. El coste corre a cargo de la persona o entidad sancionada. Se indican nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y el tipo de infracción. La prohibición de acceder a ayudas públicas se comunica además a la base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía y a la base de datos nacional de subvenciones.

Artículo 84. Reducción de la sanción

Las multas se reducen en un treinta por ciento de la cuantía cuando la persona presunta infractora abone la multa en cualquier momento anterior a la resolución. La reducción no se aplicará cuando la sanción se imponga por una infracción muy grave y cuando la persona infractora haya cometido una o varias infracciones de la misma naturaleza en los cinco años anteriores, con imposición de sanción que sea firme.

Artículo 85. Órganos competentes

Sancionar exige incoar antes un procedimiento sancionador. Lo inicia la persona titular del centro directivo de la Consejería competente por razón de la materia; el acuerdo de inicio fija el órgano instructor. Sancionan: las leves, la persona titular del Instituto Andaluz de la Mujer; las graves, la titular de la Consejería competente en materia de igualdad; las muy graves, el Consejo de Gobierno. En los artículos 76.e) y 77.c) incoa y resuelve el Consejo Audiovisual de Andalucía; en el 76.d), instruye, propone y sanciona la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 86. Procedimiento sancionador

Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores deben aplicar la normativa de procedimiento sancionador a los ámbitos de competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con diez principios: legalidad, competencia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, prohibición de doble sanción, presunción de inocencia y prohibición de analogía.

Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo

El empresario debe pagar la misma retribución, salarial o extrasalarial, por un trabajo de igual valor, sin discriminación por razón de sexo. Debe llevar un registro con los valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo; las personas trabajadoras acceden a él a través de la representación legal. En empresas con al menos cincuenta trabajadores, si el promedio retributivo de un sexo supera al del otro en un veinticinco por ciento o más, el empresario debe justificar en el registro que la diferencia no se relaciona con el sexo.

Sexo y género

Sexo y género son distintos. Comisión Europea (1998): sexo, características biológicas que distinguen al macho de la hembra; género, diferencias sociales entre hombres y mujeres aprendidas, cambiantes y variables entre culturas y dentro de ellas. ONU Mujeres: el género son los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para cada sexo; se aprenden por socialización. IAM (2003): el género es una condición social que fija pautas de comportamiento. IAM (2006): no confundir sexo con género gramatical.

Roles de género, contrato social de género y división sexual del trabajo

Comisión Europea: los roles en función del sexo son pautas asignadas a hombres y mujeres, inculcadas y perpetuadas según el contrato social de género, que se articula en tres niveles: superestructura cultural, instituciones y procesos de socialización. La división del trabajo reparte el trabajo remunerado y el no remunerado según los roles tradicionales. ONU Mujeres distingue roles productivos, reproductivos (sobre todo de mujeres), de gestión comunitaria (mujeres, no remunerado), de política comunitaria (hombres, poder o estatus) y el triple rol de las mujeres.

Estereotipos y normas de género

ONU Mujeres: los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de atributos, diferencias y roles de mujeres y hombres; se usan para justificar la discriminación y llegan en muchos «envases» (canciones, anuncios, proverbios). Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar, interiorizadas desde temprano. EIGE: ideas preconcebidas que asignan arbitrariamente características y roles y limitan talentos y oportunidades. IAM (2003): el estereotipo adjudica valores según el grupo de pertenencia; IAM (2006): determinan las expectativas sociales.

Patriarcado, androcentrismo y sexismo

IAM (2003): el sistema patriarcal es un modelo de organización social androcéntrico y jerárquico basado en la dominación; el patriarcado se basa en el poder del «pater». ONU Mujeres: organización social que da más importancia a lo masculino y es base de la desigualdad. IAM (2006): el androcentrismo es la «óptica de varón», que toma a los varones como medida de todas las cosas; Eulàlia Lledó distingue androcentrismo conceptual y lingüístico. Sexismo: actitud o comportamiento excluyente y discriminatorio por razón de sexo (IAM, 2003).

Igualdad de derechos, de trato y de oportunidades

Comisión Europea (1998): igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos y de trato; igualdad de trato, ausencia de discriminación directa o indirecta por sexo; igualdad de oportunidades, ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social. IAM (2003): el principio de igualdad tiene dimensión positiva y negativa; como la igualdad de trato es necesaria pero no suficiente, las acciones positivas añaden la dimensión compensadora (igualdad de oportunidades): de la igualdad formal a la real.

Igualdad formal, real y sustantiva; igualdad y equidad

IAM (2003): igualdad formal es la prohibición normativa de discriminar; igualdad real exige medidas para que sea efectiva, removiendo obstáculos culturales y de otro tipo. IAM (2006): la igualdad de derecho o formal equipara por ley, aunque persisten barreras estructurales; la de hecho o real es aquella en que desaparecen las desigualdades construidas, permaneciendo las diferencias biológicas e individuales. EIGE: la igualdad sustantiva combina la formal con la igualdad de resultados y exige revisar si las leyes neutras aceleran la igualdad.

Igualdad de género y equidad

ONU Mujeres: la igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños; no significa que sean iguales, sino que no dependan del sexo; concierne también a los hombres y es cuestión de derechos humanos. IAM (2003): incluye el derecho a ser diferentes sin discriminación. Equidad: la Comisión Europea la definía como imparcialidad en el trato y el IAM como justicia, pero ONU Mujeres prefiere «igualdad» (Beijing 1995; CEDAW, Recomendación General 28).

Desigualdad de género y brecha de género

EIGE: desigualdad de género es la situación jurídica, social y cultural en que el sexo o el género determinan derechos y dignidad diferentes; en prácticamente todas las sociedades las mujeres están en posición inferior. Desigualdad estructural: arraigo en las estructuras sociales. Comisión Europea (1998) e IAM: la diferencia debida al género (gender gap) es la diferencia entre mujeres y hombres en cualquier ámbito, que según el IAM proviene de la socialización. ONU Mujeres: brecha es cualquier disparidad; el Foro Económico Mundial mide cuatro pilares.

Discriminación por razón de sexo: concepto y clases

CEDAW (1979), art. 1: discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, sea cual sea su estado civil. Puede ser de jure o de facto; la múltiple o interseccional implica más de un motivo. IAM (2003): directa, por motivos expresamente prohibidos; indirecta, por condiciones aparentemente neutrales. Comisión Europea: la indirecta es un impacto desproporcionadamente adverso de algo aparentemente neutral, salvo justificación objetiva.

Acción positiva: concepto, denominaciones y cuotas

Comisión Europea (1998): acción positiva son medidas dirigidas a un grupo para suprimir y prevenir una discriminación o compensar desventajas; a veces se llaman «discriminación positiva». IAM (2003): compensa el desequilibrio estructural y es temporal. IAM (2006): la discriminación positiva es una modalidad que afecta al punto de llegada y garantiza el resultado. ONU Mujeres prefiere «medidas especiales de carácter temporal»; el EIGE ve una contradicción en «discriminación positiva». La cuota reserva una proporción de puestos, escaños o recursos.

Fundamentos jurídicos de la acción positiva y medidas especiales de carácter temporal

Según la guía del IAM (2003), la base de la acción positiva está en el Tratado de Roma de 1957 (art. 119, igual retribución: primera referencia europea a la igualdad), la Directiva 76/207 (modificada en 2002), la Recomendación del Consejo de 1984, el art. 141 del Tratado de Ámsterdam, el art. 9.2 CE y el art. 4 de la CEDAW. Este dispone que las medidas especiales de carácter temporal no son discriminación y cesarán al lograr sus objetivos. ONU Mujeres (Recomendación General 25): temporales, especiales y medidas de todo tipo.

Concepto de mainstreaming o transversalidad de género

Comisión Europea, COM (96) 67, de 21-2-1996: la transversalidad integra sistemáticamente situaciones, prioridades y necesidades de mujeres y hombres en todas las políticas, teniendo en cuenta sus efectos desde la planificación. Consejo de Europa (1998): (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar la igualdad en todos los niveles y fases. IAM (2003): mainstream es la corriente general; cita Beijing (párrafo 79) y Ámsterdam (art. 3.2). ONU Mujeres: es una estrategia, no una meta.

Políticas específicas y transversales: la estrategia dual y la perspectiva de género

IAM (2003): las políticas específicas de igualdad favorecen a las mujeres con acciones positivas y cubren necesidades prácticas, pero sufren falta de recursos y estigmatización y no atienden los intereses estratégicos; las transversales integran el género en todas las políticas. El enfoque integrado complementa, no sustituye, a las específicas: estrategia dual (EIGE: twin-track strategy). ONU Mujeres: paridad y perspectiva de género son estrategias gemelas; continuo de políticas: negativo, neutro, sensible, positivo y transformador.

Sexismo lingüístico, género gramatical y masculino genérico

Guía del IAM (2006): sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje por razón de sexo; no está en la lengua sino en sus usos. Sexo es biológico; género gramatical clasifica sustantivos y marca concordancias. Hay sustantivos genéricos (víctima), colectivos (alumnado) y comunes en cuanto al género (el/la periodista). El femenino es restrictivo; el masculino tiene valor específico y genérico, que oculta a las mujeres y crea ambigüedad. Detección: regla de la inversión (Instrucción de 16-3-2005).

Los diez problemas del sexismo lingüístico

La guía del IAM (2006) explica que la óptica androcéntrica asimila «varón» a «universal» y enumera diez problemas del sexismo lingüístico: duales aparentes y vocablos ocupados; vacíos léxicos; falsos genéricos; asociaciones peyorativas; salto semántico; abuso del masculino genérico; asimetría en el trato; orden de presentación; denominación sexuada, y aposiciones redundantes. El androcentrismo está detrás de la mayoría de construcciones sexistas.

Normas andaluzas sobre lenguaje administrativo no sexista

La guía del IAM (2006) desarrolla tres textos de la Junta: la Orden de 24-11-1992 (Gobernación y Asuntos Sociales), sobre eliminación del lenguaje sexista en textos administrativos: cargos de mujeres en femenino en documentos cerrados y en ambos géneros en los abiertos, y convocatorias con la fórmula «hombres y mujeres»; la Orden de 19-2-1993 (Presidencia y Asuntos Sociales), sobre información y divulgación; y la Instrucción de 16-3-2005 de la Comisión General de Viceconsejeros, para disposiciones generales: inversión, evitar el masculino genérico, metonimias, ni barras ni arrobas.

Soluciones al lenguaje sexista y decálogo del lenguaje no sexista

Soluciones de la guía del IAM (2006): eludir el masculino genérico (quien, posesivos no marcados); feminizar términos o usar el determinante (la periodista); términos abstractos, colectivos, perífrasis o metonimias; omitir determinantes marcados o usar «se»; simetría en el trato sin aludir al estado civil y alternando el orden; desdoblar solo si el texto lo exige; barras solo en formularios o encabezados. El decálogo ve el lenguaje no sexista como agente activo de igualdad y prohíbe la arroba.

Techo de cristal, barreras invisibles y segregación en el empleo

Comisión Europea (1998): techo de cristal es la barrera invisible, fruto de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide a las mujeres acceder a puestos importantes; barreras invisibles son actitudes de expectativas y valores tradicionales. ONU Mujeres: metáfora de barreras a través de las que las mujeres ven las posiciones de élite sin alcanzarlas. EIGE: acantilado de cristal, liderazgos con más riesgo de fracaso. Segregación: horizontal (sectores y empleos) y vertical (niveles y puestos).

Brecha salarial de género

Comisión Europea (1998): diferencia de retribución es la diferencia de sueldo medio; el diferencial retributivo resulta de la segregación o de la discriminación directa. IECA (indicador ODS 5.9): brecha salarial no ajustada es la diferencia entre la ganancia bruta media por hora de hombres y mujeres asalariados, en porcentaje de la de los hombres; empresas de diez o más empleados. Es «no ajustada» porque da una visión general (EIGE: no tiene en cuenta educación, experiencia, horas o empleo). INE 2024: salario anual femenino, 83,9 % del masculino.