Tema 8 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 11

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Sus elementos son tres: el territorio, la población y la organización.

Artículo 12

Artículo 13

Crear, suprimir o alterar municipios se rige por la ley autonómica, sin tocar límites provinciales; exigen audiencia de los municipios, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico e informe de quien ejerza la tutela financiera. Crear municipios exige núcleos de al menos 4.000 habitantes. Los municipios colindantes de la misma provincia pueden fusionarse por convenio, aprobado por mayoría simple de cada pleno; no cabe segregarse hasta pasados diez años. Las Diputaciones, con la Comunidad Autónoma, coordinan y supervisan la integración de servicios.

Artículo 14

Un cambio de denominación de un Municipio solo tiene carácter oficial cuando, tras anotarse en el Registro creado por la Administración del Estado para inscribir todas las entidades de la Ley, se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación puede ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Artículo 15

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio donde resida habitualmente; quien viva en varios, únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de inscritos en el Padrón constituye la población del municipio, y los inscritos son sus vecinos. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el Padrón.

Artículo 16

El Padrón es el registro administrativo de los vecinos; sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y sus certificaciones son documento público y fehaciente. La inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración y ajenos a la UE, al EEE o a Estados asimilados se renueva cada dos años; si no se renueva, caduca sin necesidad de audiencia previa. El artículo enumera los datos obligatorios, admite datos voluntarios (representante, teléfono, correo) y regula la cesión de los obligatorios; los voluntarios no se ceden en ningún caso.

Artículo 17

Formar, mantener, revisar y custodiar el Padrón corresponde al Ayuntamiento, que lo gestiona informáticamente; Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares la asumen en municipios sin capacidad. El INE coordina los Padrones y puede acudir a la ejecución sustitutoria; su Presidente resuelve discrepancias y propone al Gobierno las cifras oficiales. El Consejo de Empadronamiento, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y presidido por el Presidente del INE, funciona en Pleno y Comisión. Los inscritos en el Padrón de españoles residentes en el extranjero son vecinos solo para el sufragio.

Artículo 18

Enumera los derechos y deberes de los vecinos: ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales; contribuir con prestaciones económicas y personales; ser informado previa petición razonada (art. 105 CE); pedir consulta popular; exigir el servicio si es competencia propia obligatoria; iniciativa popular (art. 70 bis) y los demás que fijen las leyes. El padrón no prueba la residencia legal del extranjero.

Artículo 19

El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en Concejo Abierto. Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde, por los Concejales o por los vecinos, según la legislación electoral general. Los municipios del título X se rigen por él y, en lo no previsto, por el régimen común de los artículos siguientes.

Artículo 20

En todos los ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local, en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Con el mismo umbral, órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, con participación proporcional de todos los grupos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del título X o si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta o lo dispone el reglamento. La Comisión Especial de Cuentas, en todos.

Artículo 21

El Alcalde preside la Corporación. Entre sus atribuciones: dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno Local con voto de calidad, dictar bandos, jefatura superior del personal y de la Policía Municipal, otorgar licencias y concertar créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios. Nombra a los Tenientes de Alcalde. No puede delegar convocar y presidir, voto de calidad, créditos, jefatura del personal, separación, despido ni las letras a), e), j), k), l) y m), aunque la j) sí en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 22

Lo integran todos los Concejales y lo preside el Alcalde. Le corresponden en todo caso (y a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto), entre otras: control y fiscalización de los órganos de gobierno, alteración del término municipal, aprobación inicial del planeamiento general, reglamento orgánico y ordenanzas, presupuestos y cuentas, lesividad y créditos que excedan del 10 % de los recursos ordinarios. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, públicas y por llamamiento nominal. Puede delegar en Alcalde y Junta de Gobierno Local, salvo 2.a) a i), l), p) y el apartado 3.

Artículo 23

La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y Concejales en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Asiste al Alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o legales. Los Tenientes de Alcalde lo sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad; los designa y remueve el Alcalde entre los miembros de la Junta o, si no existe, entre los Concejales. El Alcalde puede delegar en miembros de la Junta (o Tenientes) y hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal.

Artículo 24

Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla. Su organización, funciones y competencias son las que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo al asentamiento de la población en el término municipal y sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios del artículo 121 se aplica el régimen de gestión desconcentrada del artículo 128.

Artículo 24 bis

Las leyes autonómicas de régimen local regulan los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del Municipio para administrar núcleos de población separados (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos…). La iniciativa corresponde indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento, que debe ser oído en todo caso. Solo pueden crearse si resultan una opción más eficiente según la Ley Orgánica 2/2012.

Artículo 25

El Municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para la comunidad vecinal. El apartado 2 enumera, de la a) a la p), las materias en que ejercerá en todo caso competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, agua, policía local, tráfico, cementerios, cultura, deporte, igualdad, energía…). Esas competencias se determinan por Ley, que irá con memoria económica, no puede suponer mayor gasto, debe evitar atribuciones simultáneas a otra Administración y exige ponderar antes la capacidad de gestión de la entidad local.

Artículo 26

Servicios obligatorios en todo caso. Todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Más de 20.000: protección civil, necesidad y exclusión social, incendios e instalaciones deportivas de uso público. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Con menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios y el Ministerio decide la forma de prestación.

Artículo 27

El Estado y las CCAA pueden delegar competencias en los Municipios. La delegación debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y respetar la estabilidad presupuestaria; fija alcance, condiciones y duración (no inferior a cinco años), con memoria económica y sin mayor gasto. Exige aceptación del Municipio y financiación suficiente, siendo nula sin dotación. La delegante puede dar instrucciones, pedir información, revocar o ejecutar por sí misma. La renuncia la acuerda el Pleno.

Artículo 28

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos para sus competencias y una prestación de calidad y sostenible de los servicios mínimos obligatorios: racionalización organizativa, gestión común o asociativa, personal en común con otros municipios y fomento del desarrollo. Su aplicación requiere decisión de la Comunidad Autónoma, conformidad previa del municipio afectado e informe de las entidades locales afectadas.

Artículo 29

Funcionan en Concejo Abierto los municipios que tradicional y voluntariamente tengan ese régimen y aquellos en que lo aconsejen su localización geográfica, la mejor gestión u otras circunstancias; estos últimos requieren petición de la mayoría de los vecinos, mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación autonómica. Gobiernan un Alcalde y una asamblea vecinal de todos los electores. En municipios de menos de 100 residentes el alcalde puede convocar Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia.

Artículo 30

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley 7/1985, pueden establecer regímenes especiales para los Municipios pequeños o de carácter rural y para los que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.

Artículo 31

La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sus fines propios y específicos: garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial y participar en la coordinación de la Administración local con la autonómica y la del Estado. Su gobierno y administración autónoma: la Diputación u otras Corporaciones representativas.

Artículo 32

En todas las Diputaciones existen el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, y también órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno y de seguimiento de la gestión, salvo que la legislación autonómica prevea otra forma organizativa. En ellos participan todos los grupos políticos en proporción a sus Diputados en el Pleno. Los demás órganos complementarios los regula cada Diputación, y las leyes autonómicas pueden prever una organización provincial complementaria.

Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

El personal directivo que haya en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra según criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional, de cuerpos o escalas del subgrupo A1. Excepción: el Reglamento Orgánico puede permitir que el titular no sea funcionario, en atención a las características específicas de las funciones de esos órganos directivos.

Artículo 33

El Pleno de la Diputación lo forman el Presidente y los Diputados. Le corresponden, entre otras: organización, ordenanzas, presupuestos, planes provinciales, control de los órganos de gobierno, plantilla y RPT, dominio público, conflictos de competencias, acciones judiciales, lesividad, créditos por encima del 10 % de los recursos ordinarios y las de mayoría especial. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, de forma pública y por llamamiento nominal. Puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno, salvo las letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ) y el número 3.

Artículo 34

El Presidente de la Diputación dirige el gobierno y la administración de la provincia, la representa, convoca y preside el Pleno y la Junta de Gobierno y decide los empates con voto de calidad. Concierta créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios (tesorería, hasta el 15 % de los ingresos corrientes liquidados), aprueba la oferta de empleo público, ostenta la jefatura del personal y nombra a los Vicepresidentes. No puede delegar, entre otras, convocar y presidir, el voto de calidad, los créditos, la jefatura de personal y las letras a), i) y j).

Artículo 35

La Junta de Gobierno la forman el Presidente y Diputados en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. Le corresponde asistir al Presidente y ejercer lo que este le delegue o le atribuyan las leyes. El Presidente puede delegar en sus miembros y hacer delegaciones especiales en cualquier Diputado. Los Vicepresidentes, designados por el Presidente entre miembros de la Junta, le sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 36

Competencias propias de la Diputación: las atribuidas por leyes estatales y autonómicas y, en todo caso: coordinar los servicios municipales; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica (garantiza secretaría e intervención en menos de 1.000 habitantes); servicios supramunicipales (asume tratamiento de residuos en menos de 5.000 y prevención y extinción de incendios en menos de 20.000, si no los prestan); recaudación, apoyo financiero, administración electrónica y contratación centralizada en menos de 20.000; y seguimiento de costes efectivos. Aprueba cada año el plan provincial.

Artículo 37

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones y encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios según sus Estatutos; en la encomienda, las Diputaciones actúan con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. El Estado puede delegar en ellas competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo. El ejercicio de lo delegado se acomoda al artículo 27.

Artículo 38

Cláusula de extensión: las previsiones que este Capítulo y los restantes de la Ley 7/1985 establecen para la Diputación se aplican también a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Artículo 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley 7/1985 no se les aplica de forma directa, sino con carácter supletorio.

Artículo 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Comunidad Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que en el régimen ordinario corresponden a las Diputaciones Provinciales. Queda exceptuada la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su propio Estatuto.

Artículo 41

Los Cabildos Insulares Canarios, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por la disposición adicional decimocuarta y, supletoriamente, por las normas de las Diputaciones provinciales, cuyas competencias asumen. Subsisten en Canarias las mancomunidades provinciales interinsulares solo como órganos de representación y expresión de intereses provinciales: las integran los Presidentes de los Cabildos y las preside el del Cabildo de la isla donde está la capital. A los Consejos Insulares de Baleares se les aplican las normas de las Diputaciones.

Artículo 42

Las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos, pueden crear comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios; la iniciativa puede partir de estos. No se crea si se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que representen al menos la mitad del censo electoral. Si abarca más de una Provincia, se exige informe favorable de las Diputaciones. Las leyes autonómicas fijan ámbito, órganos (representativos de los Ayuntamientos), competencias y recursos. Los Municipios conservan los servicios del artículo 26 y alguna intervención en las materias del 25.2.

Artículo 43

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, conforme a sus Estatutos. Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios y obras. La ley autonómica fija sus órganos (con todos los Municipios representados), su régimen económico y de funcionamiento y los servicios y obras metropolitanos.

Artículo 44

Los municipios pueden asociarse en mancomunidades para ejecutar obras y servicios determinados de su competencia. Tienen personalidad y capacidad jurídicas y se rigen por sus Estatutos (ámbito, objeto, órganos, recursos, duración…); sus órganos de gobierno representan a los ayuntamientos mancomunados. Estatutos: los elaboran los concejales de los municipios promotores en asamblea, informa la Diputación y los aprueban todos los Plenos; procedimiento similar para modificar o suprimir. Caben municipios de distintas comunidades si sus normativas lo permiten.

Artículo 45

Artículo 55

Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, según el principio de lealtad institucional, deben en sus relaciones recíprocas: a) respetar el ejercicio legítimo de competencias ajenas y sus consecuencias; b) ponderar todos los intereses públicos implicados, también los encomendados a otras; c) valorar el impacto presupuestario y financiero de sus actuaciones; d) facilitar la información relevante sobre la propia gestión; e) prestar, en su ámbito, cooperación y asistencia activas.

Artículo 56

Las entidades locales deben remitir al Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y forma reglamentarios, copia o extracto comprensivo de sus actos y acuerdos; responden los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios. Estado y Comunidades Autónomas pueden recabar información concreta sobre la actividad municipal, incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes. A su vez, deben facilitar a los representantes legales locales el acceso a sus instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.

Artículo 57

La cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración local con el Estado y las Comunidades Autónomas es voluntaria, mediante consorcios o convenios, y cada acuerdo se comunica a las Administraciones interesadas no intervinientes. Debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y cumplir la estabilidad presupuestaria. El consorcio solo cabe si no puede usarse un convenio, sin arriesgar la sostenibilidad financiera ni demandar más recursos de los previstos. Tras una emergencia civil por catástrofes, las entidades locales pueden aportar medios a las afectadas.

Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas

Artículo 58

Las leyes estatales o autonómicas pueden crear órganos de colaboración con las entidades locales, únicamente deliberantes o consultivos, de ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial. El Gobierno puede crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de Administración Local. Quien apruebe instrumentos de planificación debe dar participación a las demás Administraciones. El informe previo de los municipios es requisito indispensable en concesiones o autorizaciones sobre el dominio público situado en su territorio.

Artículo 59

En los supuestos del artículo 10.2, y si no bastan los procedimientos de los artículos anteriores, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno la facultad de coordinar la Administración Local, en especial a las Diputaciones Provinciales. Se coordina mediante planes sectoriales de objetivos y prioridades, en cuyo marco actúan las entidades locales. La Ley debe precisar condiciones, límites y el control que se reserven las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas.

Artículo 60

Si una entidad local incumple obligaciones impuestas directamente por la Ley, el incumplimiento afecta a competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma y su cobertura económica está legal o presupuestariamente garantizada, la Administración afectada, según su ámbito competencial, le recordará su cumplimiento concediéndole el plazo necesario, nunca inferior a un mes. Si el incumplimiento persiste, se adoptarán las medidas necesarias para cumplir la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.

Artículo 61

El Consejo de Ministros puede disolver, mediante real decreto, los órganos de las corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que incumpla obligaciones constitucionales. Actúa por iniciativa propia, con conocimiento del Consejo de Gobierno autonómico, o a su solicitud; en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. Es dañoso en todo caso apoyar de forma reiterada y grave al terrorismo, enaltecerlo o justificarlo, o menospreciar o humillar a las víctimas o sus familiares. Después rige la legislación electoral, si procede.

Artículo 62

Cuando la naturaleza de la actividad haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias, las Leyes reguladoras de la acción pública en esa materia asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntos con la Administración del Estado y/o la de la Comunidad Autónoma, atribuyéndole a una de éstas la decisión final. Estas técnicas nunca podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local.

Artículo 121. Ámbito de aplicación

El régimen de municipios de gran población se aplica a: municipios de más de 250.000 habitantes; capitales de provincia de más de 175.000; capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y municipios de más de 75.000 con circunstancias especiales. En los dos últimos casos deciden las Asambleas Legislativas a iniciativa de los ayuntamientos. Si se alcanza la población según el padrón, la nueva corporación tiene un máximo de seis meses desde su constitución para adaptarse. El régimen se mantiene aunque después baje la población.

Artículo 122. Organización del Pleno

El Pleno (Alcalde y Concejales) es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos. Lo convoca y preside el Alcalde, que decide los empates con voto de calidad y puede delegar solo convocatoria y presidencia en un concejal. Tiene reglamento orgánico propio, un secretario general y Comisiones proporcionales a los grupos. El asesoramiento legal del secretario es preceptivo si lo pide un tercio de miembros, en mayorías especiales, cuando lo exija una ley o, en control, si lo pide la cuarta parte de Concejales.

Artículo 123. Atribuciones del Pleno

En los municipios de gran población el Pleno controla a los órganos de gobierno, vota la moción de censura y la cuestión de confianza, aprueba reglamentos orgánicos, ordenanzas, presupuestos, plantilla y cuenta general, entre otras. Exigen mayoría absoluta del número legal de miembros los acuerdos de los párrafos c), e), f), j) y o) y los del planeamiento general; los demás, mayoría simple. Solo son delegables los de los párrafos d), k), m) y ñ), en las comisiones del apartado 4 del artículo anterior.

Artículo 124. El Alcalde

El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio, responde de su gestión política ante el Pleno y tiene tratamiento de Excelencia. Sus funciones van de la a) a la ñ): representar, dirigir la política municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno con voto de calidad, nombrar Tenientes de Alcalde y Presidentes de Distritos, bandos, urgencias, personal, Policía Municipal, etc. Puede delegar por decreto salvo b), e), h), j), presidir la Junta, voto de calidad y bandos; c) y k) solo en la Junta de Gobierno Local.

Artículo 125. Los Tenientes de Alcalde

En los municipios de gran población, el Alcalde podrá nombrar Tenientes de Alcalde, pero solo entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local. Le sustituyen por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Tienen el tratamiento de Ilustrísima.

Artículo 126. Organización de la Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local, presidida por el Alcalde, colabora colegiadamente en la dirección política y ejerce las funciones del artículo 127. El Alcalde nombra y separa libremente a sus miembros: no más de un tercio del número legal del Pleno, además del Alcalde, y hasta un tercio pueden no ser concejales. Para constituirse, los concejales presentes deben superar a los no concejales. Responde ante el Pleno de forma solidaria. La Secretaría es de un miembro concejal designado por el Alcalde, con un órgano de apoyo a cargo de un habilitado nacional. Deliberaciones secretas.

Artículo 127. Atribuciones de la Junta de Gobierno Local

Enumera las atribuciones de la Junta de Gobierno Local: aprobar proyectos de ordenanzas, reglamentos (salvo los del Pleno) y presupuesto, instrumentos urbanísticos, licencias, gestión económica y de personal (RPT, oferta de empleo, bases, eventuales, separación de funcionarios, despidos), nombrar y cesar órganos directivos, potestad sancionadora, etc. Los tribunales de oposición serán predominantemente técnicos. Puede delegar e), f), g), h) y l), pero no RPT, retribuciones, oferta de empleo, personal eventual ni separación del servicio.

Artículo 128. Los distritos

Los ayuntamientos deben crear distritos: divisiones territoriales propias con órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Corresponde al Pleno crear y regular los distritos (en los términos del artículo 123) y fijar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de recursos presupuestarios que gestionarán los distritos en su conjunto. La presidencia del distrito corresponde en todo caso a un concejal.

Artículo 129. La asesoría jurídica

Existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, con asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio del ayuntamiento, salvo lo reservado al secretario del Pleno (art. 122.5.e). Su titular lo nombra y separa la Junta de Gobierno Local, entre licenciados en derecho que sean funcionarios con habilitación nacional o de carrera del Estado, CCAA o entidades locales a los que se exija para ingresar título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.

Artículo 130. Órganos superiores y directivos

En los municipios de gran población son órganos superiores el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. Son directivos: coordinadores y directores generales, titulares del órgano de apoyo a la Junta y de la asesoría jurídica, Secretario general del Pleno, interventor general y, en su caso, titular de gestión tributaria; también los máximos directivos de organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales. Coordinadores y directores generales: funcionarios A1, salvo excepción del Reglamento Orgánico Municipal. Todos, sujetos a la Ley 53/1984.

Artículo 131. El Consejo Social de la Ciudad

En los municipios de gran población existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. Le corresponden las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas y la emisión de informes, estudios y propuestas en tres materias: desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.

Artículo 132. Defensa de los derechos de los vecinos

Para defender los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno crea una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, regulada en normas orgánicas. La integran representantes de todos los grupos del Pleno, en proporción a sus miembros. Puede supervisar la Administración municipal y debe dar cuenta al Pleno con un informe anual de quejas, deficiencias y sugerencias o recomendaciones no admitidas; también puede emitir informes extraordinarios por gravedad o urgencia. Todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con ella.

Artículo 133. Criterios de la gestión económico-financiera

La gestión económico-financiera de los municipios de gran población sigue estos criterios: estabilidad presupuestaria; separación de contabilidad y fiscalización; contabilidad conforme a la Ley 39/1988 de Haciendas Locales; control de legalidad presupuestaria sobre el presupuesto o estado de previsión; seguimiento de los costes de los servicios; asignación de recursos por objetivos, con eficacia y eficiencia; tesorería según las bases de ejecución y el plan financiero; y control interno de todo acto económico, sea cual fuere la naturaleza jurídica de la entidad.

Artículo 134. Órgano u órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria

En los municipios de gran población, las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación las ejerce el órgano u órganos que determine el Reglamento orgánico municipal. Su titular o titulares deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano que desarrolle las funciones de presupuestación.

Artículo 135. Órgano de Gestión Tributaria

El Pleno de un municipio de gran población puede crear un órgano de gestión tributaria con las competencias de la Administración Tributaria local, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión. Le corresponden, al menos: gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de actos tributarios; recaudación ejecutiva de los demás ingresos de derecho público; sanciones tributarias; política de ingresos; normas tributarias propias; y seguimiento del presupuesto de ingresos tributarios. Si se crea, la recaudación y su titular se adscriben a él.

Artículo 136. Órgano responsable del control y de la fiscalización interna

El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponde a un órgano administrativo llamado Intervención general municipal. Actúa con plena autonomía respecto de los órganos, entidades y cargos directivos cuya gestión fiscaliza, con completo acceso a la contabilidad y a los documentos necesarios. Su titular se nombra entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Artículo 137. Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas

En los municipios de gran población existe un órgano especializado que resuelve las reclamaciones sobre gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público municipales, dictamina las ordenanzas fiscales y elabora estudios si se le requiere. Su resolución pone fin a la vía administrativa; solo cabe contencioso-administrativo. Reposición previa potestativa. Número impar de miembros, mínimo tres, designados por el Pleno por mayoría absoluta. Funciona con independencia técnica, celeridad y gratuidad.

Artículo 138

En el seno de la Conferencia sectorial para asuntos locales existirá una Conferencia de ciudades. Forman parte de ella la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de la ley.

Artículo 139. Tipificación de infracciones y sanciones en determinadas materias

Para ordenar la convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, tipificar infracciones e imponer sanciones por incumplir deberes, prohibiciones o limitaciones de sus ordenanzas, conforme a los criterios de los artículos siguientes.

Artículo 140. Clasificación de las infracciones

Las infracciones de ordenanzas locales son muy graves, graves o leves. Son muy graves: perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa (salvo capítulo IV de la LO 1/1992); impedir el uso de un servicio o espacio público a quien tiene derecho; impedir el funcionamiento de un servicio público u obstruirlo de forma grave y relevante; y deteriorar grave y relevantemente equipamientos de un servicio público o espacios públicos (no derivado de alteraciones de la seguridad ciudadana). Las demás, graves o leves según la intensidad de la perturbación o daños.

Artículo 141. Límites de las sanciones económicas

Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar estas cuantías: infracciones muy graves, hasta 3.000 euros; infracciones graves, hasta 1.500 euros; infracciones leves, hasta 750 euros.

Artículo 176

Sin perjuicio del Título I, capítulo I, votan en las municipales los residentes extranjeros en España cuyos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. También los residentes en España que, sin nacionalidad española: a) sean ciudadanos de la Unión Europea; b) reúnan los requisitos de elector exigidos a los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el sufragio activo en España. El Gobierno comunica a la Oficina del Censo Electoral la relación de Estados cuyos nacionales residentes deban inscribirse en el censo.

Artículo 177

Sin perjuicio del capítulo II del Título I, son elegibles en las municipales los residentes en España sin nacionalidad española que: a) sean ciudadanos de la Unión Europea o de países que otorguen a los españoles el sufragio pasivo en sus municipales por tratado; b) reúnan los requisitos de elegibilidad exigidos a los españoles; c) no hayan sido desposeídos del sufragio pasivo en su Estado de origen. Son inelegibles para Alcalde o Concejal los incursos en el artículo 6 y los deudores directos o subsidiarios de la Corporación Local con mandamiento de apremio por resolución judicial.

Artículo 178

Las causas de inelegibilidad del artículo anterior lo son también de incompatibilidad para ser Concejal. Además: abogados y procuradores que actúen contra la Corporación (salvo las acciones del art. 63.1 b) de la Ley de Bases de Régimen Local); directores de servicios, funcionarios o personal en activo del Ayuntamiento; directores generales de Cajas de Ahorro que actúen en el término; contratistas financiados por la Corporación; y electos de partidos ilegalizados. El afectado opta entre renunciar o abandonar la situación; el funcionario que opta por ser Concejal pasa a servicios especiales.

Artículo 179

Cada término municipal es una circunscripción. Concejales según residentes: hasta 100, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; de 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, y uno más cuando el resultado sea par. La escala no se aplica a los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, donde los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario.

Artículo 180

Los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se atribuyen siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 de la Ley, con una única salvedad: no se tienen en cuenta las candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

Artículo 181

Si en alguna circunscripción no se presentan candidaturas, se celebran elecciones parciales en dicha circunscripción en el plazo de seis meses. Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se procede según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 182.

Artículo 182

Si un concejal fallece, queda incapacitado o renuncia, el escaño pasa al candidato o suplente de la misma lista según su orden de colocación. Si no quedan, cubre la vacante cualquier ciudadano mayor de edad no incurso en inelegibilidad, designado por la formación; no pueden serlo quienes, siendo candidatos o suplentes de esa lista, hubieran renunciado antes. Si los elegidos de hecho bajan de la mitad del número legal, se constituye una comisión gestora; si es imposible, la Diputación Provincial o el órgano autonómico competente asume la gestión ordinaria, sin acuerdos de mayoría cualificada.

Artículo 183

Disuelta una corporación local por el Consejo de Ministros por gestión gravemente dañosa, se convocan elecciones parciales dentro de tres meses, salvo que el mandato de la nueva resultase inferior a un año. Entretanto administra una comisión gestora designada por la diputación o el órgano autonómico, sin exceder del número legal; es Alcalde o Presidente el vocal elegido por mayoría de votos. Si la disolución es por actuaciones del art. 61.2 de la Ley 7/1985, la diputación o el órgano autonómico asume la gestión ordinaria hasta el fin del mandato, sin acuerdos de mayoría cualificada.

Artículo 184. Concejales de Municipios con población inferior a 250 habitantes y no sometidos a régimen de Concejo Abierto

Cada partido, coalición, federación o agrupación puede presentar una lista de como máximo tres nombres si el municipio tiene hasta 100 residentes, o de cinco si tiene entre 101 y 250. Cada elector puede votar a un máximo de dos candidatos (hasta 100 residentes) o de cuatro (entre 101 y 250). Se recuentan los votos de cada candidato y se ordenan de mayor a menor; son proclamados electos los más votados hasta completar el número de concejales a elegir. Los empates se resuelven por sorteo. La vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia pasa al candidato siguiente más votado.

Artículo 185

Artículo 186

Partidos, federaciones y coaliciones designan por escrito, antes del noveno día posterior a la convocatoria, un representante general ante cada Junta Electoral Provincial y otro ante la Central, con aceptación del designado. Los representantes generales designan ante la Junta Provincial, antes del undécimo día, a los representantes de las candidaturas de cada municipio; la Provincial comunica los nombres a las de Zona en dos días, y aquellos aceptan ante la de Zona antes de presentar la candidatura. Las agrupaciones los designan al presentar la candidatura ante la Junta de Zona.

Artículo 187

La Junta competente para presentar y proclamar candidatos es la de Zona. El artículo 44 bis no es exigible en municipios de 3.000 residentes o menos, ni entre 3.000 y 5.000, donde sí se exige que cada sexo no supere el 60 % ni baje del 40 %. Firmas de las agrupaciones, autenticadas por notario o Secretario municipal: menos de 5.000 habitantes, 1 % de inscritos y más del doble de los Concejales; 5.001-10.000, 100; 10.001-50.000, 500; 50.001-150.000, 1.500; 150.001-300.000, 3.000; 300.001-1.000.000, 5.000; demás casos, 8.000. Las candidaturas se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Artículo 187 bis

Los elegibles conforme al artículo 177.1 aportan, al presentar las candidaturas, además de los documentos exigidos por la legislación española, una declaración formal con: nacionalidad y domicilio en España; que no están privados del sufragio pasivo en el Estado miembro de origen; y, en su caso, el último domicilio en ese Estado. En los supuestos que determine la Junta Electoral competente se podrá exigir un certificado de ese Estado. Tras la proclamación, la Junta Electoral Central traslada a los otros Estados, vía Ministerio competente, la información de sus nacionales candidatos.

Artículo 188

En las elecciones municipales, el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, regulado en el artículo 64, corresponde a los partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios que comprendan al menos el 50 por 100 de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente.

Artículo 189

A los efectos previstos en el artículo 70.1, las Juntas Electorales competentes en el caso de elecciones municipales son las Juntas Electorales de Zona. Las papeletas electorales destinadas a la elección de Concejales deben tener el contenido expresado en el artículo 172.2.

Artículo 190

Artículo 191

En las elecciones municipales, las Juntas Electorales competentes para la realización de todas las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales de Zona. El escrutinio se lleva a cabo por orden alfabético de municipios.

Artículo 192

Los administradores generales de partidos, federaciones y coaliciones se designan ante la Junta Electoral Central, conforme al artículo 174. Los administradores de sus candidaturas los nombran por escrito los representantes generales ante la Junta Electoral Provincial, entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria, con aceptación del designado; las Juntas Provinciales los comunican a la Central. Los promotores de las agrupaciones de electores designan los suyos ante la Junta Electoral Provincial dentro de los dos días siguientes al acto de presentación de la candidatura.

Artículo 193. Subvenciones de gastos electorales municipales

El Estado subvenciona 270,90 euros por Concejal electo y 0,54 euros por voto de cada candidatura con al menos un Concejal. El límite de gastos es 0,11 euros por habitante de las circunscripciones con candidatura; quien concurra en al menos el 50 por 100 de los municipios de una provincia puede gastar otros 150.301,11 euros. Por envío de sobres, papeletas o propaganda: 0,18 euros por elector, con listas en el 50 por 100 de los municipios de más de 10.000 habitantes y representación en el 50 por 100 de ellos. Se actualizan por Orden en los cinco días siguientes a la convocatoria.

Artículo 194

El mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección, en los términos del artículo 42, apartado 3. Finalizado el mandato, los miembros de las Corporaciones cesantes continúan sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso pueden adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

Artículo 195

Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a las elecciones; si hay recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, el cuadragésimo día. La Mesa de Edad la integran los elegidos de mayor y menor edad presentes; es Secretario el de la Corporación. La Mesa comprueba las credenciales con las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona y declara constituida la Corporación si concurre la mayoría absoluta de los Concejales electos; si no, hay sesión dos días después y se constituye con los presentes.

Artículo 196

El Alcalde se elige en la misma sesión de constitución de la Corporación. Pueden ser candidatos los Concejales que encabecen sus listas y es proclamado electo quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Concejales. Si nadie la alcanza, es Alcalde el Concejal que encabece la lista con mayor número de votos populares en el municipio; el empate se resuelve por sorteo. En los municipios de entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos todos los Concejales y, sin mayoría absoluta, es Alcalde el Concejal con más votos populares en las elecciones de Concejales.

Artículo 197. Moción de censura del Alcalde

El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura. La moción debe proponerla, al menos, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación e incluir un candidato a la Alcaldía, que puede ser cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición. Si algún proponente forma o ha formado parte del grupo político municipal del Alcalde censurado, la mayoría exigida se incrementa en el mismo número de concejales que se encuentren en esa circunstancia.

Artículo 197 bis

El Alcalde puede plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a presupuestos anuales, reglamento orgánico, ordenanzas fiscales o aprobación que ponga fin a la tramitación del planeamiento general, si el acuerdo ya se debatió sin lograr la mayoría necesaria. Se vota por llamamiento nominal público. Si la pierde, cesa automáticamente y el nuevo Alcalde se elige a las doce horas del décimo día hábil siguiente; en presupuestos se entiende otorgada si en un mes no se presenta moción de censura o esta no prospera. Límites: una por año, dos por mandato y ninguna en el último año.

Artículo 198

Cuando la Alcaldía queda vacante por un supuesto distinto de los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196. A estos efectos se considera que encabeza la lista en la que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.

Artículo 199

El régimen electoral de las entidades locales de ámbito inferior al Municipio es el de las Leyes autonómicas que las instituyan o reconozcan; en su defecto, el de este artículo. Los Alcaldes Pedáneos los eligen directamente los vecinos por sistema mayoritario. La Junta vecinal la forman el Alcalde Pedáneo, que la preside, y dos vocales en núcleos de menos de 250 residentes o cuatro en los de más, salvo que superen el tercio de los Concejales del Ayuntamiento, caso en que son dos. La Junta Electoral de Zona fija los vocales de cada candidatura y su representante los designa entre los electores.

Artículo 200

Las Juntas Electorales Provinciales adoptan las resoluciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 179.2 de la Ley, con el fin de que sea elegido el Alcalde de los Municipios que funcionen en régimen de concejo abierto.

Artículo 201

En cada isla se eligen Consejeros Insulares por sufragio universal, directo y secreto, en urna distinta a la de Concejales: 11 hasta 10.000 residentes, 13 hasta 20.000, 17 hasta 50.000, 21 hasta 100.000 y, desde 100.001, uno más por cada 100.000 o fracción, más otro si resulta número par. Mandato de cuatro años; cada isla es una circunscripción. El Cabildo se constituye dentro de los treinta días siguientes a las elecciones y lo preside el candidato primero de la lista más votada. Subvención: 1.625,44 euros por Consejero electo y 0,65 por voto; límite de gastos: 0,16 euros por habitante.

Artículo 202

Para el cargo de Diputado Provincial son inelegibles quienes incurran en alguno de los supuestos del artículo 6.º de la Ley y, además, los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial.

Artículo 203

Las causas de inelegibilidad del artículo anterior son también de incompatibilidad. Además son incompatibles: abogados y procuradores que actúen contra la Corporación (salvo las acciones del art. 63.1 b) LRBRL); Directores de Servicios, funcionarios o personal en activo de la Diputación; Directores Generales o asimilados de Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actúen en la provincia; contratistas o subcontratistas financiados total o parcialmente por la Corporación; y electos de candidaturas ilegalizadas (se aplica el art. 6.4). El afectado opta entre renunciar o abandonar la situación.

Artículo 204

Diputados según los residentes de la provincia: hasta 500.000, 25; de 500.001 a 1.000.000, 27; de 1.000.001 a 3.500.000, 31; de 3.500.001 en adelante, 51. Las Juntas Electorales Provinciales reparten los puestos entre partidos judiciales, proporcionalmente a los residentes, en el décimo día posterior a la convocatoria: cada partido judicial cuenta al menos con un Diputado y con no más de tres quintos del total; las fracciones iguales o superiores a 0,50 se corrigen por exceso y las inferiores por defecto. Los partidos judiciales coinciden con los de las elecciones locales de 1979.

Artículo 205

Constituidos todos los Ayuntamientos de la provincia, la Junta Electoral de Zona forma inmediatamente la relación de formaciones con algún Concejal en cada partido judicial, en orden decreciente de votos, y distribuye los puestos por el procedimiento del artículo 163. La constitución se aplaza hasta resolver los recursos contencioso-electorales, pero no se pospone si deben convocarse nuevas elecciones en algún municipio. En los de menos de 250 habitantes los votos se dividen entre el número de candidatos, hasta un máximo de cuatro. Coincidencia de cocientes: votos, Concejales y sorteo.

Artículo 206

Asignados los puestos, la Junta Electoral convoca por separado, dentro de los cinco días siguientes, a los concejales de cada formación con puestos de diputado para que elijan, de entre listas avaladas al menos por un tercio de dichos concejales, a los diputados y a tres suplentes. Las listas guardan representación equilibrada: cada sexo, ni más del sesenta por ciento ni menos del cuarenta, en orden alternativo. La Junta de Zona proclama a electos y suplentes, expide las credenciales y remite certificaciones a la Junta Provincial y a la Diputación.

Artículo 207

La Diputación se reúne en sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad (Diputados de mayor y menor edad presentes), con el Secretario de la Corporación, para elegir Presidente: mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. Puede ser candidato cualquiera de los Diputados Provinciales. El Presidente puede ser destituido por moción de censura (artículo 197) y cesar al perder una cuestión de confianza (artículo 197 bis) vinculada a los presupuestos anuales, el reglamento orgánico o el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

Artículo 208

En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante la ocupa uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente, conforme al orden establecido entre ellos. Si no fuera posible cubrir alguna vacante porque los tres suplentes elegidos en el partido judicial han pasado a ocupar vacantes anteriores, se procede a una nueva elección de Diputados correspondientes al partido judicial, de acuerdo con el procedimiento del artículo 206.

Artículo 209. Respeto a regímenes autonómicos y forales

Lo regulado en el Capítulo se entiende sin perjuicio del respeto a los regímenes especiales autonómicos y forales. A esos regímenes les es aplicable, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 6.4 y 203.1.e) de la Ley.

Artículo 6. Principios generales

Las competencias de municipios y provincias se determinan por ley. Las que determina esta ley tienen la consideración de propias y mínimas y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía, y la legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

Artículo 7. Competencias locales

Las competencias locales facultan para la regulación de las correspondientes materias, dentro de la potestad normativa de la entidad. En el ámbito de sus competencias propias, corresponde a la entidad local la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª del capítulo.

Artículo 8. Cláusula general de competencia

Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Artículo 9. Competencias municipales

Enumera en 28 apartados las competencias propias de los municipios andaluces: urbanismo, vivienda, servicios sociales comunitarios, ciclo integral del agua de uso urbano, alumbrado público, residuos, limpieza viaria, transporte urbano, caminos y vías pecuarias, movilidad en vías urbanas, patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública, seguridad en espacios públicos, consumo, turismo, cultura, deporte, cementerios, educación, desarrollo económico, actividades económicas, mercadillos, mercados de abastos, eventos menores, participación ciudadana, juzgados de paz e inmigración.

Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales

Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes. En ningún caso se verán afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

Artículo 11. Competencias de asistencia a los municipios

Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, la asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrá consistir en: asistencia técnica (información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico), asistencia económica (financiación de inversiones, actividades y servicios municipales) y asistencia material (prestación de servicios municipales). Podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.

Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio

La provincia presta asistencia técnica al municipio en: planeamiento y gestión urbanística; pliegos y procedimientos de contratación; ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones; tecnologías de la información y administración electrónica; estudios, planes y proyectos; asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la defensa jurídica; personal; formación de representantes locales; igualdad de género, y cualquier otra que determine. Una norma provincial fija los requisitos y la financiación, y la diputación decide motivadamente.

Artículo 13. Asistencia económica de la provincia al municipio

La provincia asiste económicamente a los municipios para inversiones, actividades y servicios municipales. Los planes y programas se regulan por norma provincial y se elaboran, con transparencia y publicidad, en fases: la diputación recaba información, fija criterios básicos (con apoyo preferente a los municipios de menor población), cada ayuntamiento formula su propuesta priorizada, la diputación formula el proyecto, audiencia a los ayuntamientos, modificaciones y aprobación definitiva por la diputación. El rechazo de prioridades municipales será motivado.

Artículo 14. Asistencia material de la provincia al municipio

La provincia presta los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este lo solicite, y determina la forma de gestión. Según norma provincial presta obligatoriamente, a petición del municipio, al menos: inspección, gestión y recaudación de tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal; representación y defensa judicial, y suplencias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes. Si un municipio incumple, la diputación, previo requerimiento, actúa por sustitución.

Artículo 15. Competencias materiales de la provincia

La provincia tiene competencias en tres materias: carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. En las tres se repite la referencia provincial: carreteras «provinciales» y archivos, museos e instituciones culturales «de interés provincial».

Artículo 16. Disposiciones comunes a la transferencia y la delegación

Respetando la voluntad de las entidades afectadas y por razones de eficacia, eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias. Ambas figuras sirven al principio de diferenciación y se fundamentan en las características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes locales. Otros entes locales de los que formen parte los municipios podrán ejercerlas si lo prevé expresamente la ley de transferencia o el decreto de delegación.

Artículo 17. Transferencia de competencias

A iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pueden transferirse a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma mediante ley, que determinará los recursos financieros y los medios personales, materiales y económicos, conforme a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional. Un decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los municipios afectados, concreta el traspaso. La Comunidad Autónoma puede reservarse la ordenación, planificación y coordinación generales.

Artículo 18. Suspensión y revocación de la transferencia

Por razones de interés general, ante grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por los municipios o notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender el ejercicio de la competencia por tiempo determinado, no superior a un año, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad o entidades locales afectadas. La revocación la propone la Comunidad Autónoma al Parlamento y se aprueba por ley, que regula la liquidación de recursos y cargas y la devolución de bienes.

Artículo 19. Delegación del ejercicio de competencias

La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en su caso, en otras entidades locales. La entidad local ejerce las potestades inherentes a la competencia sin que se altere su titularidad. La delegación respeta en todo caso la potestad de autoorganización local y se ejerce con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control del decreto de delegación. Su efectividad requiere aceptación expresa de la entidad delegada y cesión de uso de medios materiales, dotaciones y, en su caso, recursos humanos.

Artículo 20. El decreto de delegación

El decreto de delegación lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia. Contenido mínimo: normas legales que justifican la delegación; funciones delegadas; medios, su valoración y procedimiento de revisión; coste efectivo del servicio; fecha de efectividad y duración; condiciones, instrucciones, directrices, mecanismos de control y supuestos de revocación. La Comunidad Autónoma puede reservarse, entre otras facultades, la potestad reglamentaria, el recurso de alzada y promover la revisión de oficio.

Artículo 21. Obligaciones de la entidad delegada

Los municipios y demás entidades locales que asuman por delegación competencias propias de la Comunidad Autónoma están obligados a: cumplir los programas y directrices que esta pueda establecer; proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias y atenerse a los requerimientos de subsanación de deficiencias del órgano competente de la Comunidad Autónoma; mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación, y cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.

Artículo 22. Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competencias

Si se incumplen las obligaciones del decreto de delegación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia a la entidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, podrá suspender o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias. Las entidades delegadas podrán renunciar en los casos del decreto de delegación o cuando circunstancias sobrevenidas justifiquen suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo de sus competencias propias o transferidas. El Consejo de Gobierno fija, previo expediente, los mecanismos de liquidación.

Artículo 23. La encomienda de gestión

La Administración de la Junta de Andalucía puede acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión. Se formaliza en un convenio interadministrativo que determina, al menos, alcance, habilitación normativa y plazo de vigencia. Su efectividad requiere que vaya acompañada de dotación económica o incremento de financiación a favor de las entidades locales receptoras.

Artículo 24. Colaboración financiera

La Comunidad Autónoma financia las competencias locales propias y transferidas fundamentalmente mediante la participación en sus tributos (artículo 192.1 del Estatuto). Adicionalmente puede establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas: las beneficiarias se determinan con criterios objetivos y previa aceptación. Las entidades locales deben participar en su elaboración y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en la definición de los parámetros de aplicación de los recursos. Los desarrolla y regula la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 25. Financiación de nuevas atribuciones

Si la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.

Artículo 54. Publicidad de la actividad local y garantías

Los ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deben publicar en su sede electrónica o, en su defecto, en la de la respectiva diputación provincial, en cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales sobre catorce materias (urbanismo, vivienda, servicios, presupuesto, personal, contratación, medio ambiente…). Lo publicado goza de garantías de integridad, veracidad y actualización. Los actos de otras administraciones u órganos judiciales que deban publicar van también en sede electrónica.

Artículo 55. Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales

Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladan a la Administración de la Junta de Andalucía la información de sus disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunicación telemática, y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la Comunidad Autónoma. Esta puede recabar información complementaria para ampliar la recibida o cuando, conociendo alguna actuación local, no se le hubiese remitido en plazo. Las entidades locales pueden requerirle información sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local.

Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos

Conforme a la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía puede someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaban sus competencias, interfieren su ejercicio o las exceden. Antes de ejercer la acción procesal puede requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto y, en su caso, suspenda su eficacia. Las entidades locales pueden impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.

Artículo 57. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, órgano de representación de municipios y provincias ante las instituciones de la Junta, con autonomía orgánica y funcional y reglamento interno propio. Conoce con carácter previo anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales que afecten a competencias locales propias e informa sin carácter vinculante. Sus informes se aprueban por mayoría simple de los asistentes. Lo componen la representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local más cinco cargos electos locales; la presidencia se elige por mayoría absoluta.

Artículo 58. Coordinación administrativa

La Comunidad Autónoma puede ejercer facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales, especialmente las de cooperación, en cuatro supuestos: que la actividad o servicio trascienda los intereses propios locales, incida o condicione de forma relevante los intereses autonómicos, sea concurrente o complementario de los autonómicos, o haya delegación de competencias autonómicas. Se realiza a través de planes sectoriales e intersectoriales, no puede afectar en ningún caso a la autonomía local y busca la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta.

Artículo 59. Planes sectoriales

Las leyes sectoriales autonómicas pueden facultar al Consejo de Gobierno para coordinar, mediante planes sectoriales de coordinación, el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de la Comunidad Autónoma. Dos requisitos: que sea necesario para asegurar la coherencia de actuación de las administraciones y que ese fin no pueda alcanzarse por la cooperación voluntaria o esta resulte manifiestamente inadecuada. Las entidades locales programan, planifican u ordenan dentro de esos planes; la ley sectorial debe precisar condiciones y límites.

Artículo 60. Fines

La cooperación territorial se orienta a ocho fines: propiciar un modelo territorial de desarrollo sostenible y cohesión económica, social y territorial; adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional; mejorar la calidad y gestión de servicios, equipamientos e infraestructuras básicas; garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entidades intermunicipales; dotar a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera; favorecer proyectos comunes competitivos y la calidad de vida, y crear mecanismos de defensa de intereses comunes ante terceros.

Artículo 61. Principios de la cooperación territorial

La cooperación territorial en Andalucía se rige por siete principios generales: autonomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad. No pueden coexistir dos o más entidades de cooperación sobre un mismo territorio cuando coincidan en un mismo objeto; en ese supuesto, el expediente de creación de la nueva entidad debe incluir, en todo caso, la fórmula y el procedimiento de absorción de la entidad preexistente.

Artículo 62. Tipología

La cooperación territorial se lleva a cabo a través de entidades e instrumentos. Son entidades de cooperación territorial las mancomunidades de municipios, los consorcios y cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica. Son instrumentos los convenios de cooperación, las redes de cooperación y cualquier otra modalidad que no dé lugar a un ente con personalidad jurídica. En ambas cláusulas abiertas la modalidad debe ajustarse a los fines y principios de la ley.

Artículo 63. Definición y objeto

Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia. El objeto de la mancomunidad debe ser determinado y no puede comprender el ejercicio de la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos municipios.

Artículo 64. Ámbito territorial de las mancomunidades

El ámbito territorial de la mancomunidad es el de sus municipios. No es indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que haya continuidad territorial, si esta no la requiere la naturaleza de los fines. Constituir mancomunidades con municipios de otras comunidades autónomas exige la aprobación del Consejo de Gobierno de Andalucía y cumplir la legislación de aquellas. Una mancomunidad andaluza puede prestar servicios provisionalmente a municipios de otra comunidad que lo soliciten, también con aprobación del Consejo de Gobierno y los requisitos o autorizaciones de esa comunidad.

Artículo 65. Personalidad y régimen jurídico

Las mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico es el establecido en sus propios estatutos, que deben respetar, en todo caso, la ley y las normas que la desarrollen. Sus potestades son las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines y deben contenerse de forma expresa en los estatutos.

Artículo 66. Contenido de los estatutos

Los estatutos de las mancomunidades fijan su régimen orgánico y de funcionamiento y contienen, como mínimo, dieciséis determinaciones: denominación y sede; municipios; objeto, fines, potestades, servicios y obras; órgano de representación municipal; órganos de gobierno y administración y sus normas; recursos económicos, con aportaciones municipales proporcionales; período mínimo de permanencia, nunca superior a cuatro años; duración; modificación de estatutos; incorporación y separación; disolución y liquidación; derechos y obligaciones; régimen indemnizatorio, y bienes cedidos en uso.

Artículo 67. Garantía de representatividad municipal en las mancomunidades

Sin perjuicio de la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, sus atribuciones y régimen de funcionamiento, los estatutos deben garantizar que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. Los representantes en ese órgano se designan, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.

Artículo 68. Iniciativa para la constitución de las mancomunidades

El acuerdo inicial para la constitución de una mancomunidad debe ser adoptado por cada uno de los municipios interesados. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los plenos de cada uno de los ayuntamientos promotores.

Artículo 69. Aprobación inicial de los estatutos

El proyecto de estatutos lo redactan los concejales de los municipios promotores constituidos en asamblea, o una comisión designada por la asamblea de entre las personas representantes de cada municipio. La asamblea fija el régimen de funcionamiento y el calendario de trabajo. La presidencia y la secretaría de la asamblea las desempeñan las personas titulares de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento del municipio en que se celebren las sesiones. Redactado el proyecto, la asamblea lo aprueba inicialmente con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.

Artículo 70. Información pública e informes

El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes, mediante publicación en los tablones de edictos de cada municipio interesado, en la correspondiente sede electrónica de titularidad municipal y provincial y en los boletines oficiales de las provincias en que radiquen. Además, se remite a las diputaciones provinciales afectadas para que lo informen en dos meses; transcurrido ese plazo sin que se hayan notificado los informes, el trámite se entiende cumplimentado y el procedimiento continúa.

Artículo 71. Aprobación de los estatutos

Una vez recogidas, en su caso, las observaciones, sugerencias y alegaciones, la asamblea aprueba provisionalmente el proyecto de estatutos y lo remite, junto con todo lo actuado, a los diferentes municipios para su aprobación definitiva. Esta requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos municipales.

Artículo 72. Ratificación de acuerdos

Aprobados definitivamente los estatutos, los ayuntamientos remiten en el plazo de diez días certificación del acuerdo a la asamblea de concejales o, en su caso, a la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratificará en un acto único. La asamblea remite a la consejería competente sobre régimen local un ejemplar de los estatutos, por cualquier medio que permita garantizar su autenticidad, así como copia del expediente administrativo completo.

Artículo 73. Publicidad de las mancomunidades

La asamblea remite al BOJA, en el plazo de tres días, el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad. La publicación es constitutiva: determina el nacimiento de la mancomunidad, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los estatutos deben constituirse los órganos de gobierno y comenzar su normal funcionamiento. La Administración de la Junta de Andalucía comunica la constitución a la Administración General del Estado.

Artículo 74. Modificación de los estatutos

La modificación se rige por los propios estatutos, respetando en todo caso la ley. La iniciativa puede partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad; la aprobación corresponde, en todo caso, al órgano de representación municipal. Son trámites obligatorios la información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que informen en plazo no inferior a un mes. El acuerdo se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunica al Estado.

Artículo 75. Adhesión de municipios

Constituida la mancomunidad, los municipios que lo deseen pueden adherirse voluntariamente, con sujeción al procedimiento que determinen los estatutos. En todo caso, el pleno del ayuntamiento que pretende adherirse debe aprobar la adhesión y los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros, y hacen falta información pública e informe de la diputación o diputaciones provinciales interesadas. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remite al BOJA y se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunica a la Administración General del Estado.

Artículo 76. Separación de municipios mancomunados

Ningún municipio puede separarse si, transcurrido el período mínimo de permanencia, mantiene deudas con la mancomunidad: con la solicitud debe liquidarlas, abonar la parte del pasivo que le sea proporcionalmente imputable y pagar los gastos de la separación. El órgano de representación municipal puede decidir, previa audiencia y por mayoría de dos tercios de sus componentes, la separación del municipio que incumpla gravemente sus obligaciones. Si quedan deudas, la mancomunidad, previo acuerdo de ese órgano, puede pedir a la Junta de Andalucía la retención de cantidades por igual importe.

Artículo 77. Disolución de mancomunidades

La disolución se ajusta al régimen de los propios estatutos, que deben respetar en todo caso la ley. La mancomunidad disuelta mantiene su capacidad jurídica hasta que el órgano de gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio. El acuerdo de disolución se comunica a la consejería competente sobre régimen local, que lo traslada a la Administración General del Estado. La asamblea remite el acuerdo al BOJA para su publicación, y la extinción de la mancomunidad se produce con la publicación.

Artículo 78. Definición y composición de los consorcios

El consorcio es entidad pública voluntaria y asociativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común, sometida al Derecho Administrativo. Las entidades locales pueden formarlo con las de distinto nivel territorial, con otras administraciones o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Los participados mayoritariamente por entidades locales y con fines de interés local se consideran entidades locales de cooperación territorial. Sus potestades, las estrictamente necesarias, constan expresamente en los estatutos.

Artículo 79. Estatutos de los consorcios

Los estatutos fijan el régimen de funcionamiento del consorcio y contienen, como mínimo, once extremos: denominación y sede; entes que lo integran; objeto y fines; órganos de gobierno; normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso; régimen financiero, presupuestario y contable; duración; procedimiento de incorporación y separación de miembros; procedimiento de modificación de los estatutos; causas, procedimiento de disolución y normas de liquidación; y régimen jurídico de los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen.

Artículo 80. Procedimiento de constitución de los consorcios y aprobación de sus estatutos

Las entidades que quieran consorciarse aprueban un convenio fundacional, al que pueden incorporar como anexo un proyecto de estatutos; si no, se redacta en la forma que el convenio determine. Los órganos plenarios de las entidades locales autorizan la suscripción del convenio y aprueban los estatutos por mayoría absoluta de su número legal de miembros. El proyecto de estatutos se somete a información pública por plazo mínimo de un mes y se remite a las diputaciones provinciales afectadas que no sean parte del convenio, para que informen en un mes. Su publicación en el BOJA es constitutiva.

Artículo 81. Órganos de gobierno de los consorcios

Los órganos de gobierno del consorcio se integran por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción estatutaria y sin que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta. Si junto con entidades locales participa la Administración de la Junta de Andalucía (mediante sus consejerías, agencias o empresas públicas dependientes) aportando medios materiales o financieros, el órgano de gobierno debe integrar un número de miembros de la Comunidad Autónoma que garantice la proporcionalidad de su aportación económica, sin suponer la mayoría absoluta del total de miembros del órgano.

Artículo 82. Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcio

Para la modificación de los estatutos del consorcio, la adhesión y separación de sus miembros, la disolución y la liquidación se aplica lo dispuesto en la propia ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los distintos entes consorciados.

Artículo 83. Convenios de cooperación

Municipios, provincias y entidades de cooperación territorial pueden celebrar convenios entre sí o con la Comunidad Autónoma para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias. El instrumento de formalización especifica ocho extremos, como la competencia que ejerce cada administración, la financiación y el plazo de vigencia. Cada convenio lleva memoria con antecedentes, razones de oportunidad y objetivos. Puede prever el traspaso de personal, sin ingreso en la función pública de otra administración. Aprobado, se remite copia a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 84. Redes de cooperación territorial

La cooperación territorial puede desarrollarse también mediante redes de ámbito inferior o igual al autonómico, nacional o internacional. Pueden integrarlas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan fines de interés general local, y sus miembros pueden crear entidades con personalidad jurídica. Las redes de ciudades son el nivel básico y preferente. Las de ámbito andaluz deben promover estructuras flexibles, no jerarquizadas y basadas en la adopción consensuada de decisiones. Constituida la red, se da cuenta a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 85. Órganos paritarios de colaboración

El órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición y funcionamiento regula su propia ley de creación. Otros órganos de colaboración se crean por ley, que determina en todos los casos las funciones atribuidas, el ámbito material y territorial de actuación, la composición y el funcionamiento. Los órganos paritarios de colaboración tienen carácter deliberante o consultivo. Todo ello sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los planes sectoriales de coordinación.

Artículo 86. De los recursos de las haciendas de las entidades locales de cooperación

La hacienda de las entidades locales de cooperación territorial se integra por: ingresos de su patrimonio y demás de Derecho Privado; tasas, contribuciones especiales y precios públicos; subvenciones; producto de operaciones de crédito; producto de multas y sanciones; transferencias, en su caso, de otras administraciones; aportaciones de los municipios integrantes, en su caso; y cualquier otro ingreso de Derecho Público. Los recursos concretos son los previstos en sus estatutos o leyes de creación. Su régimen financiero no altera el de los municipios u otras entidades locales que las integran.

Artículo 87. De las aportaciones de los municipios integrantes de las entidades locales de cooperación

Las aportaciones municipales garantizan la distribución proporcional de las cargas. Parámetros: número de habitantes, aprovechamiento de los servicios, participación en los tributos e ingresos del Estado y votos en el máximo órgano de gobierno. Las determina anualmente el máximo órgano colegiado de gobierno, previa consulta a los municipios, que las consignan en sus presupuestos. Transcurrido el plazo de ingreso, la entidad puede solicitar a la Junta de Andalucía la deducción de las entregas mensuales, con audiencia a los afectados. Cabe impugnar los presupuestos que no prevean la partida.

Artículo 88. Cooperación en materia de ingresos de Derecho Público

La Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de cooperación reguladas en la ley pueden colaborar en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho Público de esas entidades, sin perjuicio de la colaboración con otras administraciones públicas.

Artículo 1. Objeto y sede

La ley tiene por objeto regular el Consejo Andaluz de Concertación Local, órgano previsto en el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Consejo tiene su sede en la ciudad de Sevilla. Son los dos datos del artículo: el objeto de la ley y la sede del órgano.

Artículo 2. Naturaleza y adscripción

El Consejo Andaluz de Concertación Local es el órgano supremo de colaboración y concertación entre la Junta y los gobiernos locales: órgano colegiado permanente, deliberante y consultivo de la Junta, adscrito a la Consejería competente sobre régimen local y con autonomía funcional. La consulta es preceptiva en los casos del artículo 3.1 o de otras disposiciones de igual rango, y facultativa en las demás cuestiones de interés local. Sus dictámenes no son vinculantes, salvo que una ley lo establezca expresamente.

Artículo 3. Funciones

El Consejo es consultado en la tramitación parlamentaria de leyes y planes que afecten específicamente a las entidades locales; informa anteproyectos, proyectos y planes cuando se rechazan reparos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales; propone transferencias y delegaciones; resuelve problemas de interpretación de las transferencias a municipios; emite parecer sobre creación, supresión o alteración de términos e informe sobre cambio de nombre y capitalidad; recibe información de las disoluciones de corporaciones locales. También le consulta la Consejería de régimen local.

Artículo 4. Organización y funcionamiento

El Consejo se rige por esta ley y sus normas de desarrollo y puede establecer sus normas de funcionamiento por consenso; supletoriamente, por la Ley 9/2007. Sus acuerdos se adoptan por consenso entre la representación de la Junta y la de los gobiernos locales, salvo en el caso del artículo 3.1.d): sin consenso, decide la mayoría de sus miembros y, en empate, el voto de calidad de la Presidencia. Hay consenso si vota a favor la mayoría de los presentes en cada representación. Se relaciona con la Junta a través de la Consejería de régimen local.

Artículo 5. Emisión de informes a solicitud del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

Cuando el órgano proponente rechace observaciones o reparos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales por afectar a competencias locales propias, este puede pedir motivadamente, por mayoría de dos tercios de sus miembros, el informe del Consejo Andaluz de Concertación Local en el plazo máximo de diez días desde que recibe la información del artículo 57.5 de la Ley 5/2010. El informe se emite en un mes desde la solicitud y se remite al órgano promotor para incluirlo en el expediente de la norma.

Artículo 6. Composición

Composición paritaria y equilibrada entre mujeres y hombres. Por la Junta: titular de la Consejería y de la Viceconsejería de régimen local, siete vocales designados por el Consejo de Gobierno y el titular de la Dirección General de régimen local. Por los gobiernos locales: Presidencia de la asociación de municipios y provincias de mayor implantación, ocho vocales que designa esa asociación y su Secretaría General. Asiste al Pleno, con voz y sin voto, un representante de las entidades de gestión descentralizada. La Secretaría la ejerce un funcionario con, al menos, jefatura de servicio.

Artículo 7. Presidencia

La Presidencia del Consejo Andaluz de Concertación Local corresponde a la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local. La Presidencia ostenta la representación del Consejo, dirige su actuación, fija el orden del día, acuerda la convocatoria de sus reuniones y las preside.

Artículo 8. Vicepresidencia

La Vicepresidencia corresponde a la persona titular de la Presidencia de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación. La Presidencia puede delegar en ella, con carácter temporal o para asuntos concretos, alguna de sus atribuciones, incluida la comparecencia ante el Parlamento en representación del Consejo tras el acuerdo del Pleno sobre la función del artículo 3.1.a). La Vicepresidencia sustituye a la Presidencia en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

Artículo 9. Comisión Permanente

El Consejo cuenta con una Comisión Permanente que eleva al Consejo propuestas de informe o pronunciamiento. El Consejo puede delegar en ella sus funciones, salvo la de la letra a) del artículo 3.1. La componen, por la Junta, la persona titular de la Viceconsejería de régimen local, que la preside, y la del órgano directivo con rango de Dirección General; por los gobiernos locales, una vocalía designada por la asociación de municipios y provincias y su Secretaría General. Por razón de la materia pueden convocarse otros miembros, con voz y sin voto. Sus acuerdos siguen el artículo 4.2.

Artículo 10. Comisiones de estudio

El Consejo Andaluz de Concertación Local puede crear comisiones de estudio que le asesoren en las materias que se determinen. Su composición y régimen de funcionamiento se fijan por acuerdo del propio Consejo, según su ámbito, y a ellas pueden asistir las personas expertas que se estime conveniente convocar para asesorar sobre las materias y elevarles sus propuestas.

Artículo 11. Régimen de sesiones

El Pleno se reúne al menos dos veces al año en sesión ordinaria, con convocatoria recibida con cinco días de antelación. Hay sesión extraordinaria cuando lo estimen la Presidencia o la Vicepresidencia, también con cinco días, y extraordinaria urgente con cuarenta y ocho horas. Quórum: en primera convocatoria, la mitad de cada parte; una hora después, en segunda, no menos de tres por parte; siempre con Presidencia y Secretaría. Asuntos fuera del orden del día: solo con todos presentes y urgencia declarada por mayoría. Cabe funcionamiento telemático.

Artículo 12. Plazo de emisión de informes y dictámenes

Los informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Concertación Local se emiten en el plazo de un mes, salvo que una disposición legal fije otro. Si la complejidad del asunto lo requiere, el plazo se entiende ampliado por un máximo de quince días, ampliación que el Consejo debe comunicar al órgano solicitante. Excepcionalmente, puede reducirse a quince días por razones de urgencia y oportunidad debidamente motivadas por el órgano remitente.

Artículo 95. Órgano de relación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos

Una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, composición y funciones de un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos andaluces. Ese órgano funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional y será consultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las Corporaciones locales.