Tema 31 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto

La ley regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la transparencia en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. La concibe como instrumento para facilitar que la ciudadanía conozca la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de esa actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.

Artículo 2. Definiciones

Define cuatro conceptos. Información pública: contenidos o documentos, en cualquier formato o soporte, que obren en poder de las personas y entidades del título y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Publicidad activa: obligación de hacer pública por propia iniciativa la información pública de relevancia. Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a ella con seguridad sobre su veracidad. Portal de la Junta de Andalucía: dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta, totalmente gratuita.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación

Se aplica a la Administración de la Junta, a los Consejos Consultivo, Económico y Social y Audiovisual, a las agencias, a la Administración local y sus entes instrumentales, a las universidades públicas, a las corporaciones de derecho público en sus actividades sujetas al Derecho administrativo, a las sociedades mercantiles con participación superior al 50 por ciento y a fundaciones, asociaciones y fondos. Parlamento, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas se sujetan en sus funciones de carácter administrativo. Son administraciones públicas andaluzas las de las letras a) a g).

Artículo 4. Obligación de suministrar información

Quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otras funciones administrativas deben suministrar a la entidad del artículo 3.1 a la que estén vinculados, previo requerimiento y en quince días, la información necesaria. La obligación alcanza a adjudicatarios de contratos y a beneficiarios de subvenciones. Si no se atiende, caben multas coercitivas, previo apercibimiento y audiencia: de 100 a 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días, sin exceder del 5% del importe del contrato, subvención o instrumento, o de 3.000 euros si no figura cuantía concreta.

Artículo 5. Otros sujetos obligados

Partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, en todo caso, y las entidades religiosas inscritas, corporaciones, asociaciones y otras entidades que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales sean ayuda o subvención pública y alcancen como mínimo 5.000 euros, deben cumplir las obligaciones de transparencia de la legislación básica. Las entidades privadas concertadas y las empresas de servicios públicos locales en gestión indirecta asumen obligaciones de publicidad activa.

Artículo 6. Principios básicos

Enumera once principios básicos para interpretar y aplicar la ley: transparencia, libre acceso a la información pública, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad y comprensión, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Cada uno lleva su definición; así, gratuidad (acceso y solicitudes gratuitos, sin perjuicio de exacciones por copias, soportes o transposición a un formato diferente al original) e interoperabilidad (publicación conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad).

Artículo 7. Derechos

Reconoce cuatro derechos. Publicidad activa: que los poderes públicos publiquen, de forma periódica y actualizada, la información veraz relevante para garantizar la transparencia. Acceso a la información pública: acceder a los contenidos o documentos que obren en poder de las personas y entidades sujetas. Resolución motivada: que se motiven las resoluciones que inadmitan, denieguen, concedan el acceso parcial o por modalidad distinta, o lo permitan con oposición de tercero. Uso de la información obtenida: sin autorización previa y sin más limitaciones que las de esta u otras leyes.

Artículo 8. Obligaciones

Quien accede a información pública debe: ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho; realizar el acceso sin afectar a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretando lo más precisamente posible la petición (la Administración colaborará con la persona solicitante); respetar las obligaciones de la normativa básica para la reutilización de la información; y cumplir las condiciones y requisitos materiales señalados en la resolución cuando el acceso sea presencial en un archivo o dependencia pública.

Artículo 9. Normas generales

Los sujetos del artículo 3 publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información relevante. Las obligaciones del título son mínimas y generales. Con datos especialmente protegidos, la publicidad exige previa disociación. La información estará en sedes electrónicas, portales o páginas web; las entidades sin ánimo de lucro de fines exclusivamente sociales o culturales con presupuesto inferior a 50.000 euros podrán usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas. Se publica y actualiza, con carácter general, trimestralmente.

Artículo 10. Información institucional y organizativa

Las entidades sujetas publicarán, en lo que les sea aplicable: funciones, normativa, estructura organizativa con organigrama actualizado, delegaciones de competencias vigentes, relaciones de puestos de trabajo con retribuciones anuales, resoluciones de compatibilidad, convenios colectivos, oferta pública de empleo, representantes del personal y agendas institucionales. La Junta añade el inventario de entes, el Inventario General de Bienes y Derechos y el plan e informe anual de la Inspección General de Servicios; las entidades locales, las actas de las sesiones plenarias.

Artículo 11. Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley

Las entidades del artículo 3 harán públicas: la identificación de los altos cargos; las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por quienes ejerzan la máxima responsabilidad; las indemnizaciones por cese; las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Junta y las resoluciones de autorización de actividades durante el cargo o tras el cese; y las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, omitiendo en todo caso la localización concreta de los bienes inmuebles.

Artículo 12. Información sobre planificación y evaluación

Las administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto. Su grado de cumplimiento y resultados se evaluarán y publicarán periódicamente con los indicadores de medida y valoración. Los planes y programas se publican tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y permanecen publicados mientras estén vigentes, sin perjuicio de plazos más breves de las entidades locales.

Artículo 13. Información de relevancia jurídica

Las administraciones públicas andaluzas publican: directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos; los anteproyectos de ley cuando sean conocidos por el Consejo de Gobierno y al pedirse dictámenes; los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno; los proyectos de reglamentos al someterse a audiencia o información pública; la Memoria de Análisis de Impacto Normativo; y la relación de normas en curso. En las entidades locales se publica la versión inicial tras la aprobación inicial por el Pleno.

Artículo 14. Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana

Las administraciones públicas andaluzas publicarán: a) el catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con su objeto, trámites y plazos y, en su caso, los formularios asociados, indicando específicamente los que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica; b) las cartas de servicios, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos y la información disponible que permita valorarlos; c) una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras estén en trámite.

Artículo 15. Información sobre contratos, convenios y subvenciones

Las entidades del ámbito de la ley deben publicar: a) todos los contratos (objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento, número de licitadores, adjudicatario, modificaciones, prórrogas, desiertos, resoluciones, desistimientos, renuncias y subcontrataciones); los contratos menores podrán publicarse trimestralmente y se darán datos estadísticos del porcentaje en volumen presupuestario adjudicado por cada procedimiento; b) los convenios suscritos y las encomiendas de gestión; c) las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con su importe, finalidad y beneficiarios.

Artículo 16. Información económica, financiera y presupuestaria

Las personas y entidades del ámbito de la ley deberán, en su caso, publicar como mínimo: a) los presupuestos, con sus principales partidas, su estado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las actuaciones de control; b) las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de los órganos de control externo; c) la financiación de la Comunidad Autónoma; d) la Deuda Pública, con su evolución, el endeudamiento por habitante y el relativo; e) el gasto en campañas de publicidad institucional.

Artículo 17. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa

Se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía, y deberá incluirse aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Además, la Administración de la Junta de Andalucía publicará, en la medida en que las posibilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información facilitada en el ejercicio del derecho de acceso. El Consejo de Gobierno y las entidades locales, en su ámbito competencial y de autonomía, podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicación del título.

Artículo 18. Acceso a la publicidad activa

La información pública objeto de publicidad activa, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, estará disponible a través del Portal de la Junta de Andalucía. Además, la Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del título; esa colaboración podrá instrumentarse mediante la suscripción de convenios interadministrativos.

Artículo 19. Reutilización de la información

La información a la que se refieren los artículos anteriores se podrá reutilizar dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente. A estos efectos, la información de publicidad activa se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, y deberá utilizar estándares abiertos en los términos de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 20. Auxilio institucional

Los municipios de menor población o con insuficiente capacidad económica y de gestión podrán cumplir las obligaciones de publicidad activa del título acudiendo a la asistencia técnica de la provincia al municipio, prevista en el artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, o conforme al artículo 54 de esa misma ley, con respecto a la publicación en sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.2.

Artículo 21. Publicidad de los plenos de las entidades locales

Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.

Artículo 22. Transparencia del funcionamiento de los gobiernos

El Consejo de Gobierno y los órganos colegiados de gobierno de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos antes de sus reuniones el orden del día y, una vez celebradas, los acuerdos aprobados y la información del expediente, según se establezca reglamentariamente. Las consejerías proponentes determinarán, al remitir el expediente al Consejo de Gobierno, la información que deba reservarse; la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras fijará los criterios de coordinación.

Artículo 23. Control

Sin perjuicio del control interno que establezca cada entidad o Administración de acuerdo con sus propias normas organizativas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía podrá efectuar requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en el título. Podrá hacerlo por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia.

Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y su legislación de desarrollo y en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley.

Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso solo podrá restringirse o denegarse en los términos de la legislación básica. Las limitaciones solo se aplican durante el período determinado por las leyes o mientras se mantenga la razón que las justifique, valorando la posibilidad de acceso parcial. Su aplicación será justificada y proporcionada y atenderá al caso concreto, especialmente a un interés público o privado superior que justifique el acceso. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el acceso se publicarán, previa disociación de los datos personales.

Artículo 26. Protección de datos personales

Para resolver las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales, ya sean de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública.

Artículo 27. Acceso parcial

Si a la información solicitada le resulta de aplicación alguno de los límites a que se refiere el artículo 25 de la ley, se otorgará el acceso parcial a la información pública, siempre que sea posible, y de conformidad con lo previsto en la Ley básica de acceso a la información pública.

Artículo 28. Procedimiento de acceso

El procedimiento de acceso se rige por la legislación básica en materia de transparencia y por esta ley. Lo resuelve el órgano o la entidad competente en la materia a la que se refiera la información solicitada. Si la persona interesada conoce la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable de ese archivo, en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.

Artículo 29. Fomento de la tramitación electrónica

Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley promoverán que las solicitudes se presenten por vía telemática, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.d). En todo caso tendrán disponibles en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud. En la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación electrónica de las solicitudes de acceso se hará en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 30. Reglas especiales relativas a las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso

Tres reglas sobre las causas de inadmisión de la legislación básica: a) si se inadmite porque la información está en curso de elaboración o publicación general, la denegación debe especificar el órgano que la elabora y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición; b) los informes preceptivos no pueden considerarse información auxiliar o de apoyo para inadmitir; c) no es reelaboración que justifique inadmitir la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración

Las entidades sujetas a la ley establecerán, en sus plataformas de información y guías de orientación, la orientación necesaria para localizar la información que se solicita y los órganos que la posean. Su personal está obligado a ayudar e informar a quienes lo requieran sobre la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso. En ambos deberes se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información o a los medios electrónicos.

Artículo 32. Plazo de resolución y notificación

Las solicitudes deben resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período si el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiere. La ampliación se notificará a la persona solicitante.

Artículo 33. Reclamaciones frente a las resoluciones

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa. Las resoluciones de las instituciones y entidades del artículo 3.1.b) y 3.2 solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones del Consejo se publican por medios electrónicos, previa disociación de datos personales y una vez notificadas; la persona titular de su Dirección comunica al Defensor del Pueblo Andaluz las que dicte.

Artículo 34. Materialización del acceso a la información pública

La información se entrega en la forma y formato elegidos por la persona solicitante, salvo pérdida o deterioro del soporte original, falta de equipo técnico para la copia en ese formato, afectación a la propiedad intelectual o que exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. Si es electrónica, en estándar abierto o, en su defecto, legible con aplicaciones sin licencia comercial de uso. Son gratuitos el examen en el sitio y la entrega por medios electrónicos. Se publicará el listado de tasas y precios públicos; no poder pagarlos no puede impedir el acceso pleno.

Artículo 35. Integración de la transparencia en la gestión

Las entidades a las que se refiere el artículo 3.1 de la ley establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna. Además, establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.

Artículo 36. Conservación de la información

Las entidades del artículo 3.1 conservarán la información pública que obre en su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, esa información se conservará en estándares abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de fácil reproducción y acceso, siempre que sea técnicamente posible.

Artículo 37. Fomento de iniciativas de interoperabilidad

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas. Lo hará propiciando iniciativas conjuntas de intercambio de información entre las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley.

Artículo 38. Formación

Las administraciones públicas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley establecerán los oportunos instrumentos para facilitar la formación y cualificación profesional de las personas empleadas públicas, en especial de las que deban atender las funciones de información en el ámbito de la transparencia, tanto en lo que afecte a la publicidad activa como en el caso de quienes deban atender las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 39. Divulgación

Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la ley contemplarán, dentro de sus actuaciones de divulgación y difusión institucional, actuaciones específicamente dirigidas a facilitar que la ciudadanía conozca la información que resulta accesible y los cauces disponibles para acceder a ella, especialmente en referencia a la accesibilidad que en cada caso esté disponible por medios electrónicos.

Artículo 40. Coordinación administrativa

En la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, la coordinación general en materia de transparencia la ejerce la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. Esta cuenta con una secretaría, que es soporte para preparar los trabajos y oficina administrativa para la relación con las unidades y comisiones de transparencia de cada consejería. La Comisión establece la planificación directiva y puede dictar instrucciones y fijar criterios sobre la publicidad activa y sobre el seguimiento de la planificación operativa de cada consejería.

Artículo 41. Unidades y comisiones de transparencia

En cada consejería existe una unidad de transparencia, cuyas funciones se asignan a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio y que actúa bajo la dependencia de la Viceconsejería. También se constituye en cada consejería una comisión de transparencia, con participación de centros directivos, archivos, entidades instrumentales y demás entidades dependientes. Su funcionamiento se regula por Decreto del Consejo de Gobierno. La Inspección General de Servicios vela por el cumplimiento de las obligaciones de los títulos II y III en la Administración de la Junta y sus entidades instrumentales.

Artículo 42. Planificación

Cada consejería establece un plan operativo en materia de transparencia, que debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones y los procedimientos para realizar la acción de transparencia en la Consejería y sus entidades y organismos adscritos. Los planes se aprueban mediante Orden y se elaboran con la participación de la correspondiente Comisión de Transparencia, según los criterios y requisitos establecidos reglamentariamente. Las actuaciones realizadas y su valoración forman parte de la información pública objeto de publicidad activa.

Artículo 43. Creación y naturaleza

Se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Ejerce sus funciones con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las administraciones públicas. Se relaciona con la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de la Presidencia.

Artículo 44. Régimen jurídico

El Consejo tiene la consideración de Administración institucional a los efectos de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Se rige por esta ley, por esa disposición adicional y, supletoriamente, por lo dispuesto en ella para las agencias administrativas, y por sus estatutos en materia organizativa y de funcionamiento. Su régimen presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de contabilidad e intervención es el del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; el de contratación, el de las administraciones públicas.

Artículo 45. Finalidad

El Consejo actúa en el territorio de Andalucía con dos papeles: como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos, en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre; y como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, conforme a lo previsto en esta ley y en la legislación básica en la materia.

Artículo 46. Estructura del Consejo

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se compone de dos órganos: la Comisión Consultiva, con la composición y funciones previstas en el artículo 49, y la Dirección, cuyo titular preside también la Comisión Consultiva. La constitución efectiva del Consejo tiene lugar conforme a lo que determinen sus estatutos, que aprueba el Consejo de Gobierno y que contienen en todo caso su estructura, competencias, organización y funcionamiento.

Artículo 47. Dirección del Consejo

La persona que ejerce la Dirección del Consejo es nombrada por el Consejo de Gobierno por 5 años no renovables y, expirado el mandato, sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular. La designa el Parlamento de Andalucía, por mayoría absoluta, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. Actúa con plena independencia, pero debe oír a la Comisión Consultiva en sus propuestas. Solo cesa antes por muerte o incapacitación judicial, renuncia o separación acordada por el Consejo de Gobierno, previo expediente y oída la Comisión Consultiva.

Artículo 48. Funciones de la Dirección

La Dirección del Consejo representa al Consejo; resuelve las reclamaciones contra resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso; adopta criterios de interpretación uniforme; presenta ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación; resuelve las consultas de las administraciones y entidades sujetas a la ley; responde a las consultas facultativas de los órganos que resuelven solicitudes de acceso; controla la publicidad activa en los términos del artículo 23, y desempeña las funciones de la legislación sobre protección de datos. La asesora la Comisión Consultiva.

Artículo 49. Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

La Comisión Consultiva es órgano de participación y consulta; sus funciones se determinan en los estatutos. La forman quien ejerce la Dirección y catorce miembros en representación de la Junta, el Parlamento (diputado o diputada), administraciones locales, universidades públicas, entidades de personas consumidoras y usuarias, entidades de intereses económicos y sociales, personas expertas, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas. Los nombra el titular de la Consejería del artículo 43.4; cesan por las causas de la Dirección o a petición de la entidad proponente.

Artículo 50. Régimen jurídico

En materia sancionadora, este artículo se limita a declarar de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El precepto no enumera infracciones ni sanciones.

Artículo 51. Responsables

Artículo 52. Infracciones de carácter disciplinario

Artículo 53. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información

Artículo 54. Infracciones de otras entidades

Artículo 55. Sanciones disciplinarias

Artículo 56. Sanciones a otras entidades

Artículo 57. Procedimiento

Artículo 58. Competencia sancionadora

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y los empleados públicos para los trámites propios de su condición. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican electrónicamente o no.

Artículo 38. La sede electrónica

La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Establecer una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella. Cada Administración determina las condiciones e instrumentos de creación de sus sedes con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, garantizando en todo caso la identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas. Dispondrán de sistemas que permitan comunicaciones seguras cuando sean necesarias, publicarán respetando la accesibilidad y los estándares abiertos, y se identificarán mediante certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Artículo 39. Portal de internet

El portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas

Las Administraciones podrán identificarse mediante un sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado. Esos certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente y, en su caso, la identidad de la persona titular cuando se trate de sellos de órganos administrativos. La relación de sellos utilizados por cada Administración, con las características de los certificados y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, y cada Administración facilitará la verificación de sus sellos. Además, se entenderá identificada la Administración respecto de la información que publique como propia en su portal de internet.

Artículo 41. Actuación administrativa automatizada

Es actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento administrativo en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En estos casos deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.

Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada

Para la actuación administrativa automatizada, cada Administración podrá determinar los supuestos de utilización de dos sistemas de firma electrónica: el sello electrónico de Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, basado en certificado reconocido o cualificado; y el código seguro de verificación (CSV) vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Cada Administración determinará los sistemas de firma que debe utilizar su personal, que podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma podrán referirse sólo al número de identificación profesional del empleado público.

Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones, órganos, organismos públicos y entidades de Derecho Público serán válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes pertenecen a una misma Administración, será ella quien determine las condiciones y garantías, que comprenderán al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si pertenecen a distintas Administraciones, esas condiciones se establecerán mediante convenio suscrito entre ellas. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos transmitidos.

Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica

Las Administraciones podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma. Para favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma, cuando una Administración utilice sistemas de firma distintos de los basados en certificado reconocido o cualificado y remita o ponga a disposición de otros órganos, organismos, entidades de Derecho Público o Administraciones documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado.

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos

Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esa naturaleza, en el mismo formato en que se originaron o en otro que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos, garantizando siempre la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Los medios o soportes contarán con las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, aseguren la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de la legislación de protección de datos y la recuperación y conservación a largo plazo.

Artículo 46 bis. Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, los datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y los datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Esos datos no podrán transferirse a un tercer país u organización internacional, salvo que exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando lo exija el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Artículo 1. Objeto

El Decreto tiene por objeto regular las funciones generales de atención al ciudadano que se describen en sus diferentes capítulos. El ámbito que fija es el de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Responsabilidad de informar

Los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y Organismos Autónomos deben adoptar las medidas necesarias para que la información administrativa al ciudadano se desarrolle integrada en los procesos de ejecución de sus competencias. Esa función incumbe al personal adscrito a dichos servicios, en la forma y con el alcance previstos en los artículos siguientes del capítulo.

Artículo 3. Tipos de información administrativa

La información administrativa al ciudadano tiene dos modalidades. La general orienta e ilustra a quienes hayan de relacionarse con la Administración Andaluza, busca facilitar el acceso a los servicios públicos y trata de fines, competencias, funcionamiento, procedimientos, documentación, listas públicas y localización de dependencias. La particular posibilita el ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos: aspectos jurídicos o técnicos de las iniciativas, estado de tramitación para el interesado e identificación de autoridades y personal responsables.

Artículo 4. Características de la información administrativa

La información facilitada será clara y sucinta y se suministrará por el medio más claro para su comprensión, así como en la forma y por los medios que dispongan la ley o los reglamentos. Tiene exclusivamente carácter ilustrativo, trata sobre el ordenamiento vigente o sobre hechos y situaciones producidas, y no origina derechos ni expectativas de derecho ni puede lesionar, directa o indirectamente, derechos o intereses de solicitantes, interesados, terceras personas o la Administración.

Artículo 5. Información administrativa general

La información administrativa general corresponde a las unidades o puestos de trabajo que singularmente puedan existir para esa función en cada centro o dependencias y, en su defecto, al personal que designe la autoridad responsable. Debe facilitarse sin demora ni restricciones sobre el tiempo de respuesta o sobre el medio de comunicación o soporte elegido por el solicitante, siempre que ese medio o soporte se encuentre a disposición del centro que haya de producir la información.

Artículo 6. Información administrativa particular

La información administrativa particular corresponde a las jefaturas de sección u órganos asimilados con responsabilidades en la materia o el procedimiento. La Administración dispondrá medios y cauces adecuados, incluida la comunicación personal si se solicita o si la confidencialidad o complejidad lo requiere y así se acuerda con el solicitante; las entrevistas se programan con horarios previos de citas y en ningún caso supondrán obstáculo o demora al ejercicio de los derechos. Para conocer el estado de tramitación u obtener copias hay que acreditar previamente la legitimación.

Artículo 7. Oficinas de Información Administrativa

Sin perjuicio de las funciones de información que deban desarrollar los distintos Centros Directivos, las Oficinas de Información Administrativa adscritas a la Consejería de Gobernación ejercen la información administrativa general en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. Para ello, los Centros directivos producen, actualizan y remiten periódicamente y con antelación suficiente la información de base a la Consejería de Gobernación, al mismo tiempo que a sus unidades de información, y esta Consejería adopta las medidas de coordinación.

Artículo 8. Tablones de anuncios

Los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y Organismos Autónomos dispondrán de un tablón de anuncios permanente, situado en un lugar accesible para el público y destacado, de forma que atraiga la atención y su contenido resulte fácilmente legible. En él se exhibirá la información general que deba ponerse en conocimiento de los ciudadanos y así se haya ordenado.

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20. Presentación de documentos

Los órganos administrativos de la Junta de Andalucía se abstendrán de exigir documentos no exigidos por las normas del procedimiento o que ya estén en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y de exigir acreditación documental de extremos que les consten. El interesado ejerce el derecho indicando el órgano al que se presentaron o que los emitió, la fecha y el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan pasado más de cinco años desde la finalización de este, sin perjuicio de abrir período probatorio si la Administración no tiene por ciertos los hechos.

Artículo 21. Tipos de copias de documentos

Las copias de documentos en el ámbito de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía comprenden dos supuestos: las copias auténticas de documentos administrativos, expedidas por el mismo órgano que emitió el documento original; y las copias autenticadas de documentos privados y públicos, mediante cotejo con el original, en las que se estampará, si procediera, la correspondiente diligencia de compulsa.

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24. Desglose de documentos

Salvo cuando los originales deban permanecer en el expediente, las jefaturas de sección u órganos asimilados encargados de la tramitación y custodia de los expedientes autorizarán la entrega de los documentos originales, públicos o privados, a los interesados que los aportaron y lo soliciten, dejando constancia mediante copia autenticada del documento retirado. Además, podrán autorizar el desglose de otros documentos y su entrega a quien los aportó y lo requiera, dejando constancia mediante copia diligenciada que recoja de forma expresa la calidad del documento retirado.

Artículo 25

Artículo 26. Operaciones de cotejo

Los órganos competentes cuidarán del cumplimiento de lo dispuesto en la disposición, especialmente en lo que concierne a los cotejos de las copias con los documentos originales. Adoptarán las medidas necesarias y se abstendrán de practicar la diligencia de compulsa en dos casos: cuando las copias ofrezcan duda sobre su correspondencia con el original o cuando se dude sobre la autenticidad de los originales.

Artículo 27. Hojas de sugerencias y reclamaciones

Por razones de privacidad, economía y agilidad administrativa, el libro de sugerencias y reclamaciones estará formado por copias numeradas de la documentación en que se hayan formulado los requerimientos o denuncias. Existirán juegos completos y separados de hojas de reclamaciones, confeccionadas con papel autocopiativo, a disposición de los ciudadanos para que puedan realizar sus demandas.

Artículo 28

Artículo 1

Crea el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, donde los interesados pueden formular las denuncias o sugerencias. El Libro se compone de hojas numeradas y selladas, con cuantas copias sean precisas para los fines del Decreto, y en todas ellas deben figurar los apartados necesarios para identificar al denunciante y a la unidad afectada por la denuncia.

Artículo 2

Habrá un Libro de Sugerencias y Reclamaciones, a disposición de los administrados, en los registros generales de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía y de sus Delegaciones Provinciales, y además en cuantos otros registros se determine.

Artículo 3

Cualquier persona natural o jurídica que, en sus relaciones con la Administración Autónoma, se considere objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía por supuesto mal funcionamiento de los Servicios puede denunciarlo en el Libro, y también formular sugerencias para mejorar su eficacia. Si la denuncia reitera otra anterior, puede formularse además en el Libro de la oficina de registro de la Consejería de Gobernación (Servicios Centrales) o de la Delegación de Gobernación correspondiente (Servicios Periféricos), acompañando fotocopia de la hoja de la denuncia originaria.

Artículo 4

Formalizada la denuncia o sugerencia, el registro diligencia los apartados de la administración, sella todas las hojas y da en el acto su copia al interesado. Si fue en la dependencia afectada: original inmediato a su responsable y copia a la Inspección (Provincial, o General si es de Servicios Centrales). En una Delegación de Gobernación: el Inspector Provincial remite el original a la dependencia periférica y archiva la copia; si es central, ambos a la Inspección General. Esta, también si se formaliza en la Consejería de Gobernación, envía el original a la dependencia y archiva la copia.

Artículo 5

Recibida la denuncia, la dependencia afectada informa en quince días, previas las aclaraciones que estime pertinente recabar del interesado, al órgano directivo del que dependa. Ese órgano directivo notifica al denunciante las actuaciones realizadas y las medidas, en su caso, adoptadas, y da traslado del informe y de la notificación al órgano periférico o central de la Inspección General de Servicios, según proceda. Si se pidieron aclaraciones, el plazo se cuenta desde que se reciben, y así debe constar en el informe.

Artículo 6

La Inspección General de Servicios lleva el control de las denuncias. Las que afecten a dependencias periféricas se controlan y tramitan en cada provincia, y el Inspector Provincial debe informar mensualmente al Jefe de la Inspección General de Servicios sobre las recibidas y las actuaciones practicadas. Toda denuncia motiva la apertura de un expediente, en el que se incluyen las actuaciones practicadas en relación con ella y los informes que se reciban del órgano afectado.

Artículo 7

Si de las denuncias presentadas se deducen indicios de anormal funcionamiento de los servicios, el Inspector Provincial lo pone en conocimiento del Jefe de la Inspección General de Servicios, que ordena la práctica de las actuaciones procedentes, de oficio o a propuesta del órgano afectado, sin perjuicio de las competencias de los Consejeros y de los Delegados de Gobernación. El resultado, junto con el texto de la denuncia, lo remite el Consejero de Gobernación al Consejero que en cada caso proceda.

Artículo 8

En cada provincia, los Delegados de Gobernación, a través de los Inspectores Provinciales de Servicios, velan por el estricto cumplimiento del Decreto, comunican las anomalías al Jefe de la Inspección General y actúan de oficio ante el incumplimiento de plazos y formalidades por los órganos periféricos y sus funcionarios. A esos efectos, evacua el informe y lo propone al Delegado Provincial el Jefe de Servicio de quien dependa la unidad afectada y, en su defecto, el Secretario General del Departamento. En los Servicios Centrales, el Jefe de Servicio lo propone a su Dirección General.

Artículo 9

Las denuncias formuladas conforme al Decreto no tienen en ningún caso la calificación de recursos administrativos ni paralizan los plazos establecidos en la normativa vigente para interponerlos. Con independencia de la denuncia que formulen en el Libro, los interesados pueden presentar las reclamaciones y recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo que estimen convenientes.

Artículo 1. Objeto

El Decreto regula la organización administrativa en materia de transparencia en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales adscritas. Lo hace en desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

El Decreto se aplica a la Administración de la Junta de Andalucía y a estos entes instrumentales del artículo 3.1 de la Ley 1/2014: agencias; sociedades mercantiles del sector público andaluz; fundaciones del sector público andaluz; asociaciones constituidas por la Administración de la Junta o sus entidades dependientes y órganos de cooperación, en los supuestos en que la secretaría u órgano similar corresponda a aquella o a estas; consorcios y demás entidades con personalidad jurídica no incluidas en las letras anteriores; y fondos sin personalidad jurídica.

Artículo 3. Órganos responsables de la información

En cada Consejería, los titulares de los órganos directivos centrales o periféricos competentes elaboran y ponen a disposición de las Unidades de Transparencia los contenidos de publicidad activa, y dictan y notifican las resoluciones de derecho de acceso, respondiendo de su veracidad, objetividad y actualización. Si la información afecta a más de un órgano directivo, es competente la persona titular de la Viceconsejería o, en su caso, de la Secretaría General de la que dependan. En las entidades instrumentales, los que determinen sus estatutos y, en su defecto, el máximo responsable.

Artículo 4. Órganos y unidades administrativas

La organización de la transparencia pública en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales se integra por órganos y por unidades administrativas. Órganos administrativos son tres: la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, las Comisiones de Transparencia y la Inspección General de Servicios. Unidades administrativas son dos: la Secretaría de Transparencia y las Unidades de Transparencia.

Artículo 5. Funciones de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras

A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras le corresponde la coordinación general en materia de transparencia en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adscritas. Para ello: dicta instrucciones, fija criterios y adopta e impulsa medidas y actuaciones; establece y coordina la planificación directiva mediante pautas generales; aprueba las directrices para la confección de los planes operativos de las Consejerías; conoce la Memoria de Evaluación anual; y ejerce las demás funciones que se le asignen.

Artículo 6. Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia es soporte de los trabajos de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras y oficina administrativa para la relación con las Unidades y Comisiones de Transparencia. Funciones: asesorar a la Comisión; elaborar las propuestas de instrucciones, medidas y actuaciones; elevarle un informe con la información agregada de las Memorias sectoriales; tramitar las solicitudes de dictámenes al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía con origen en la Comisión; recabar información; y coordinar la actividad de las Unidades de Transparencia.

Artículo 7. Organización de la Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia actúa bajo la dependencia de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia de transparencia y queda integrada en su relación de puestos de trabajo. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con los puestos de trabajo que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Artículo 8. Unidades de Transparencia

En cada Consejería existe una Unidad de Transparencia, asignada a una unidad administrativa con nivel orgánico de servicio, bajo la dependencia de la Viceconsejería. Las entidades instrumentales actúan bajo la coordinación de la Unidad de la Consejería o Agencia de la que dependan o estén vinculadas. Por decreto del Consejo de Gobierno pueden constituirse Unidades en agencias por el volumen o especialidad de sus recursos de información. El responsable se identifica en el Portal de la Junta de Andalucía (persona titular, teléfono y correo electrónico) y en los Registros Generales de Documentos.

Artículo 9. Funciones de las Unidades de Transparencia

Las Unidades de Transparencia ejercen, en concreto: coordinar las actuaciones y velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia; colaborar con la Secretaría de Transparencia; seguir la ejecución del Plan Operativo; recabar, difundir y supervisar la información de publicidad activa; dar curso a las solicitudes de acceso recibidas en la Unidad y trasladarlas al órgano o entidad competente para su resolución; apoyar y asesorar a los órganos competentes; asistir a las personas; llevar el control de las solicitudes y comunicar los datos a la Secretaría; e impulsar la formación.

Artículo 10. Formación del personal adscrito a las Unidades de Transparencia

El personal adscrito a las Unidades de Transparencia recibirá formación especializada en el ámbito de la transparencia. Esa formación se recibe a través del Instituto Andaluz de Administración Pública y su fin es que el personal desarrolle eficazmente sus funciones.

Artículo 11. Comisiones de Transparencia

En cada Consejería se constituirá una Comisión de Transparencia. Participan en ella los distintos centros directivos, los archivos y las entidades instrumentales dependientes, para asegurar la implementación de la transparencia de forma homogénea en su ámbito de actuación.

Artículo 12. Composición y funcionamiento de las Comisiones de Transparencia

Preside la Comisión de Transparencia la persona titular de la Viceconsejería. Forman parte, además: la persona responsable de la Unidad de Transparencia; una persona representante de cada centro directivo, con al menos nivel orgánico de jefatura de servicio; las personas responsables de los Archivos Centrales; y la persona titular de la Unidad u órgano responsable de cada entidad instrumental adscrita. La Secretaría la ejerce la persona responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería. Se reúne semestralmente y, en todo caso, cuando la convoque la Presidencia.

Artículo 13. Funciones de las Comisiones de Transparencia

Las Comisiones de Transparencia, en su ámbito, tienen cinco funciones: proponer actuaciones en materia de transparencia; facilitar la colaboración de los centros directivos, archivos y entidades dependientes con la Unidad de Transparencia; elaborar las propuestas del Plan Operativo y la Memoria de Evaluación anual y elevarlas para su aprobación a la persona titular de la Consejería; elaborar y actualizar una relación de contenidos, incluyendo la variable sexo cuando se refieran a personas; y las demás necesarias para una correcta aplicación de las disposiciones.

Artículo 14. Plan operativo y memoria anual

El Plan Operativo comprende las actuaciones de la Consejería y de sus entidades instrumentales e incorpora, como mínimo, ocho contenidos: estructura organizativa; responsabilidades; funciones; procedimientos; objetivos generales y específicos; tareas y medidas; relación de contenidos informativos y fuentes de información; y sistemas de seguimiento y control. En la Memoria Anual se consideran cinco aspectos: actuaciones realizadas; datos estadísticos sobre publicidad activa y derecho de acceso; cumplimiento de objetivos del Plan; propuestas de actuación; y otros aspectos de interés.

Artículo 15. Funciones de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía

A la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública en todo lo aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Lo hace de acuerdo con su Reglamento, aprobado por Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, mediante las actuaciones ordinarias que se realicen en cumplimiento del Plan General de Inspección y las actuaciones extraordinarias que se ordenen por los órganos competentes.

Artículo 16. Relaciones con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y consultas

Cauces con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Las relaciones institucionales de la Administración de la Junta, a través de la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia. Las derivadas de las competencias del Consejo como autoridad independiente de control, por las personas titulares de las Consejerías o por quienes ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades. Las consultas facultativas de los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso, a través de las correspondientes Unidades de Transparencia.

Artículo único. Aprobación de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El artículo único del Decreto 434/2015 aprueba los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Lo hace en el ejercicio de la previsión contenida en el artículo 46.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 1. Naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 1/2014 y el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999. Se configura como entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos.

Artículo 2. Independencia

El Consejo ejerce sus funciones con cuatro notas: objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de esas funciones.

Artículo 3. Finalidad del Consejo

En materia de transparencia, el Consejo tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en publicidad activa como en la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública. En materia de protección de datos, velar por el cumplimiento de su normativa, garantizando el ejercicio de los derechos que esta reconoce. Ejerce las funciones atribuidas por el Capítulo II del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Artículo 4. Principios de funcionamiento

La actuación del Consejo debe inspirarse en los principios de los artículos 6 y 43.3 de la Ley 1/2014. Prestará especial atención al contenido de la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Además, ponderará el interés público en el derecho de acceso a la información pública con el derecho de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información publicada o solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos, y con el resto de límites de la Ley 19/2013.

Artículo 5. Ámbito de actuación del Consejo

En transparencia pública, el Consejo ejerce sus competencias sobre las personas y entidades de los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1/2014, salvo las excepciones, en materia de reclamaciones, del artículo 33.2 de esa Ley. En protección de datos, en aplicación del artículo 82 del Estatuto de Autonomía, las ejerce sobre las instituciones autonómicas de Andalucía, la Administración autonómica, las Administraciones Locales, las universidades del sistema universitario andaluz y las entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas.

Artículo 6. Sede del Consejo

Artículo 7. Régimen jurídico del Consejo

El Consejo tiene la consideración de Administración Institucional a los efectos de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007; por eso se configura como entidad pública con personalidad jurídica propia y autonomía orgánica y funcional. Se rige por sus Estatutos y por: la Ley 1/2014; la citada Disposición adicional y, supletoriamente, lo dispuesto para las agencias administrativas; la Ley 19/2013 en sus artículos básicos; la Ley Orgánica 15/1999; la Ley 30/1992, y las demás normas aplicables.

Artículo 8. Estructura y funcionamiento del Consejo

El Consejo tiene dos órganos: la Dirección, unipersonal, y la Comisión Consultiva. A la Dirección se adscriben, como estructura mínima, el Área de Transparencia, el Área de Protección de Datos, la Secretaría General y la Asesoría Jurídica. Los responsables de las Áreas y de la Secretaría General los nombra la persona titular de la Dirección entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, por libre designación. La Secretaría General sustituye a las Áreas; a ella, Transparencia o Protección de Datos, en ese orden. Los actos de la Dirección son ejecutivos y ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 9. Rango e incompatibilidades de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La persona titular de la Dirección es Alto Cargo, con rango asimilado a Viceconsejería, y actúa con plena independencia, neutralidad, dedicación exclusiva y objetividad, pero debe oír a la Comisión Consultiva cuando esta deba ser o sea consultada. Se le aplican el régimen de incompatibilidades de los Altos Cargos de la Junta y el de buen gobierno de la Ley 19/2013. El cargo es además incompatible con cargos electos o de designación política, puestos en las Administraciones, la afiliación a partidos, sindicatos u organizaciones empresariales e intereses en empresas relacionadas con el Consejo.

Artículo 10. Funciones de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La persona titular de la Dirección dirige, gestiona y representa al Consejo y preside la Comisión Consultiva. Le corresponde dictar actos, resoluciones, instrucciones, recomendaciones y directrices; aprobar y remitir el Informe anual al Parlamento, al Consejo de Gobierno, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos; firmar convenios; acordar acciones judiciales y ejercer la potestad sancionadora. En gestión: dirección superior del personal, propuesta de relación de puestos, Anteproyecto de Presupuestos.

Artículo 11. Nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Designa el Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, entre personas de reconocido prestigio con experiencia mínima de quince años en materias de administración pública. Nombra el Consejo de Gobierno por decreto, a propuesta de la Consejería competente en transparencia, por cinco años no renovables. Cese anticipado: muerte o incapacitación judicial, renuncia o separación acordada por el Consejo de Gobierno, oída la Comisión Consultiva; la Consejería pide nueva designación en quince días. Suple la Secretaría General. El fin del mandato se comunica al Parlamento con tres meses de antelación.

Artículo 12. Composición y estatuto personal de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

La Comisión Consultiva es el órgano de participación y consulta. La forman la persona que ejerce la Dirección, que la preside, y catorce miembros nombrados por la persona titular de la Consejería competente en transparencia, con efectos desde su publicación en el BOJA. Proponen: Junta (2), Parlamento (1, Diputado), Defensor del Pueblo Andaluz (1), Cámara de Cuentas (1, Consejero), Administraciones Locales (1), Universidades Públicas (1), consumidores (1), sindicatos (2), empresarios (1) y tres personas expertas. Las propuestas se piden con un mes de antelación e incluyen titular y suplente.

Artículo 13. Mandato, renovación y cese de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

Titulares y suplentes de la Comisión Consultiva desempeñan el cargo cinco años desde la publicación de su nombramiento, prorrogables por una sola vez salvo que se comunique propuesta de nueva persona con un mes de antelación. Cesan anticipadamente en los supuestos del artículo 11.3, por decisión de la entidad proponente o por pérdida de la condición que habilitó su designación. La entidad proponente comunica el cese a la Consejería competente en transparencia con una nueva propuesta; la Consejería nombra y publica en el BOJA. Los nuevos miembros completan el mandato pendiente.

Artículo 14. Régimen de funcionamiento de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

Los miembros de la Comisión Consultiva están sujetos a abstención y recusación y no cobran retribución, sin perjuicio de las indemnizaciones por asistencia. Las decisiones se adoptan por mayoría de los asistentes, con voto de calidad de la Presidencia. Se reúne cada tres meses, y en extraordinaria por decisión de la Presidencia o solicitud motivada de un tercio de los miembros. La Secretaría la ejerce la persona titular de la Secretaría General, con voz y sin voto. Las actas son públicas. Quórum: Presidencia, Secretaría y la mitad de los miembros en primera convocatoria; un tercio en segunda.

Artículo 15. Funciones de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos

La Comisión Consultiva asesora a la Dirección y le formula propuestas, es oída en la separación de la persona titular de la Dirección y de sus propios miembros, informa con carácter preceptivo los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales sobre materias del Consejo, analiza la propuesta de Informe anual antes de su remisión al Parlamento y ejerce las que le atribuya la Dirección. Puede pedir información a la Dirección y crear subcomisiones o grupos de trabajo con sus propios miembros. La Dirección le remite trimestralmente información sobre la actividad del Consejo.

Artículo 16. Personal

El personal del Consejo lo determina la relación de puestos de trabajo, y su provisión y régimen se someten a la legislación de función pública de la Junta de Andalucía. La propuesta de relación de puestos la elabora la Dirección. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta de potestades públicas o salvaguardia de intereses generales se atribuyen exclusivamente a funcionarios de carrera. Todo el personal debe guardar reserva, incluso después de cesar. El personal funcionario que realice funciones de investigación tiene el carácter de agente de la autoridad.

Artículo 17. Contratación

El Consejo tiene la consideración de administración pública a los efectos de la legislación de contratos del sector público, según el artículo 3.2 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Su órgano de contratación es la Dirección, sin perjuicio de las competencias que pueda delegar.

Artículo 18. Patrimonio

El régimen de patrimonio del Consejo se ajusta a la legislación de patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la normativa de carácter básico. Su patrimonio lo integran los bienes y derechos que le sean adscritos o cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía o por cualquier otra Administración Pública, y todos los que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 19. Recursos económicos

El Consejo se financia con seis clases de recursos: las asignaciones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las subvenciones que se le concedan; los rendimientos de sus publicaciones, estudios y demás actuaciones; las contraprestaciones derivadas de los convenios que firme; los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio, y cualesquiera otros que pueda recibir según el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 20. Régimen presupuestario y de control

La Dirección aprueba el Anteproyecto de Presupuesto, que se remite a la Consejería competente en materia de Hacienda a través de la Consejería competente en materia de transparencia, para incorporarse como sección del Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. El Consejo está sometido al régimen de presupuestos, intervención y contabilidad del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. El control interno y la contabilidad corresponden a una Intervención Delegada.

Artículo 1. Titulares del derecho de petición

Artículo 2. Destinatarios

El derecho de petición puede ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, y también ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas. Siempre respecto de las materias de su competencia, sea cual sea el ámbito territorial o funcional de esta.

Artículo 3. Objeto de las peticiones

Las peticiones pueden versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, afecten solo al peticionario o sean de interés colectivo o general. Quedan fuera de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en esta Ley.

Artículo 4. Formalización

Las peticiones se formulan por escrito, por cualquier medio, incluso electrónico, que permita acreditar su autenticidad. Deben incluir la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para notificaciones, el objeto y el destinatario. Las colectivas, además, las firman todos los peticionarios, con el nombre y apellidos de cada uno junto a su firma. Puede remitirse copia a otra institución u órgano solo para su conocimiento, y los peticionarios pueden exigir la confidencialidad de sus datos.

Artículo 5. Utilización de lenguas cooficiales

En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, las peticiones a la Administración General del Estado o a sus organismos públicos pueden formularse en cualquiera de las lenguas oficiales, con respuesta en la lengua que elija el peticionario. Ante instituciones autonómicas y entidades locales rige la legislación autonómica. Se traducen al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera de la Comunidad y los dirigidos a interesados que lo pidan expresamente; no es precisa si surten efectos en otra Comunidad donde sea cooficial esa misma lengua.

Artículo 6. Presentación de escritos

El escrito de petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones pueden presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La administración, institución pública o autoridad que reciba la petición acusa recibo y lo comunica al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción; lo hace el órgano correspondiente según la norma organizativa de cada entidad.

Artículo 7. Tramitación de peticiones. Subsanación

Recibido el escrito, la autoridad u órgano comprueba su adecuación a los requisitos de la Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes, y declara la inadmisión o tramita la petición. Si faltan los requisitos del artículo 4 o los datos no están claros, requiere la subsanación en quince días, con apercibimiento de tenerlo por desistido y archivo notificado con expresión de la causa. También puede pedir datos o documentos complementarios estrictamente imprescindibles; no aportarlos no determina por sí solo la inadmisibilidad.

Artículo 8. Inadmisión de peticiones

No se admiten las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, ni aquellas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al de esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial. Tampoco las que versen sobre un objeto con procedimiento parlamentario, administrativo o proceso judicial ya iniciado, mientras no haya recaído acuerdo o resolución firme.

Artículo 9. Declaración de inadmisibilidad. Plazo

La declaración de inadmisibilidad es siempre motivada y debe acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición. Si la inadmisión se debe a que existen otros procedimientos específicos para satisfacer el objeto de la petición, debe indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse y el órgano competente. En otro caso, la petición se entiende admitida a trámite.

Artículo 10. Decisiones sobre competencia

Si la inadmisibilidad se basa en la falta de competencia del destinatario, este remite la petición a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunica así al peticionario; los plazos se computan entonces desde la recepción del escrito, aplicándose el artículo 6.2. Si el órgano o autoridad que se estima incompetente y el que considera competente pertenecen a la misma institución, administración u organismo, le remite directamente las actuaciones.

Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas

Admitida a trámite la petición, la autoridad u órgano competente debe contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su presentación, y puede convocar a los peticionarios en audiencia especial. Si la estima fundada, debe atenderla y adoptar las medidas oportunas, incluido el impulso de una disposición de carácter general. La contestación recoge, al menos, los términos en que se ha tomado en consideración y las razones para acceder o no. Puede insertarse en el diario oficial que corresponda. Anualmente se confecciona una memoria de actividades.

Artículo 12. Protección jurisdiccional

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial por las vías del artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de otras acciones que el peticionario estime procedentes. Pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona: la declaración de inadmisibilidad de la petición, la omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido y la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 1. Objeto y fines

El Decreto-ley establece medidas extraordinarias y urgentes para promover la racionalización administrativa, como proceso integral y continuo: optimizar la organización y los recursos humanos y reordenar, simplificar, normalizar y automatizar progresivamente los procedimientos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y facilitar la actividad económica en Andalucía. Persigue ocho fines, letras a) a h), entre ellos eliminar órganos colegiados, avanzar en la transformación digital y lograr un uso sencillo, masivo, eficaz y seguro de los canales.

Artículo 2. Principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa

La Administración pública autonómica establecerá fórmulas institucionales y organizativas flexibles, dúctiles y, en su caso, de carácter temporal, que permitan hacer frente a los asuntos que transcienden las atribuciones propias de las consejerías. Es el contenido del principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa.

Artículo 3. Deber general de promoción de la simplificación administrativa

Todas las entidades y órganos del sector público autonómico deben promover de forma efectiva la simplificación en sus ámbitos de competencias, con menor carga para ciudadanía y operadores económicos, y optar por las alternativas más simplificadoras. Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta que consideren que el Decreto-ley exige modificar normas de su competencia propondrán la modificación y concretarán su contenido. Si el procedimiento afecta específicamente a un colectivo, deberá preverse su participación; la de otras administraciones podrá solicitarse.

Artículo 4. Deber general de promoción de mecanismos de coordinación y colaboración

La Administración pública autonómica promoverá, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración y el ejercicio conjunto de facultades de intervención sobre actividades, con el fin de impulsar la simplificación administrativa y la agilidad en la tramitación y ejecución de proyectos concretos o sectores específicos.

Artículo 5. Deber general de promoción de sistemas de acompañamiento individualizado

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la implantación de sistemas de gestión pública de acompañamiento individualizado a la ciudadanía y a las entidades particulares, para la tramitación y ejecución de los procedimientos dirigidos a la ciudadanía.

Artículo 6. Modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Modifica la Ley 6/2006, del Gobierno de Andalucía. El anteproyecto de ley (art. 43.3) y el proyecto de reglamento (art. 45.1 b) irán acompañados de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que justifica la norma y estima sus impactos. El reglamento lo inicia el órgano directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería. Añade dos disposiciones adicionales: al anteproyecto de Ley del Presupuesto no se le aplica la MAIN, y la Consejería competente en planificación económica informa las estrategias y planes con contenido económico-financiero.

Artículo 7. Modificación de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras

Da nueva redacción al artículo 35 de la Ley 3/2004. Las actuaciones que afecten o puedan afectar a ingresos y gastos públicos deben valorar sus repercusiones y atenerse a las disponibilidades presupuestarias. La Consejería competente en materia de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuestos, informa preceptivamente en diez días hábiles en los supuestos de las letras a) a f); el informe simplificado se emite en cinco días hábiles. El plazo se interrumpe si se pide subsanación, ampliación o documentos; si no se atiende en tres meses, se entiende que el órgano proponente desiste.

Artículo 8. Modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Modifica la Ley 12/2007, de igualdad de género. El informe de impacto de género de leyes, decretos legislativos y reglamentos queda integrado en el impacto por razón de género de la MAIN (art. 6.2). La Consejería competente en materia de presupuestos, en coordinación con las demás y con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emite el del proyecto de Ley del Presupuesto (art. 8). Los planes de igualdad son de inscripción obligatoria en registro público (art. 27.5) y las ofertas públicas de empleo de la Junta llevan evaluación del impacto de género incluida en la MAIN (art. 31.3).

Artículo 9. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas

Redacta de nuevo el artículo 139 de la Ley 18/2003. Los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Consejo de Gobierno, y las disposiciones generales dictadas en su desarrollo, deben tener en cuenta de forma efectiva la igualdad por razón de género y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. A tal fin, la MAIN incluirá el informe de evaluación del impacto por razón de género y de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

Artículo 10. Modificación del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género

Modifica el Decreto 17/2012. El informe de evaluación del impacto de género acompaña, con carácter preceptivo, al acuerdo de iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición y forma parte de la MAIN (art. 4.2). El centro directivo competente para emitir la MAIN la remite al Instituto Andaluz de la Mujer, junto con las observaciones de la Unidad de igualdad de género de la Consejería y el proyecto de disposición, antes de su envío a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o, si ese trámite no es necesario, antes de su aprobación (art. 6).

Artículo 11. Modificación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Modifica el apartado 1 d) del artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Ese párrafo pasa a referirse a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, así como a cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboración de los textos normativos, con ocasión de la publicidad de estos.

Artículo 12. Modificación del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía

Modifica el Decreto 622/2019 en veintiséis apartados. Regula las funciones y la composición de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa; los criterios de simplificación y de reducción de cargas; la MAIN, su contenido y la Memoria Abreviada; el informe preceptivo y no vinculante de simplificación; el Plan de Calidad y Simplificación Normativa, cada dos años; las sedes electrónicas general, derivadas y compartidas; la Plataforma de Intermediación de datos; la comprobación automatizada y la Red de Oficinas de asistencia en materia de registros.

Artículo 13. Modificación de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía

Modifica la Orden de 23 de octubre de 2012: las referencias a la Dirección General de Política Digital se entienden hechas a la Agencia Digital de Andalucía. Nuevo artículo 5: los contratos de suministro y de servicios TIC requieren informe favorable de la Agencia, salvo los menores, igual que sus prórrogas y las modificaciones de coste superior al 20% del importe inicial, sustanciales o que alteren el contenido técnico. El informe se entiende favorable a los diez días hábiles (fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) o a los veinte (resto), y vale doce meses.

Artículo 14. Modificación del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía

Añade un apartado 6 a la disposición adicional cuarta del Decreto 128/2021, de Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía. Como encargado del tratamiento de datos personales, la Agencia está autorizada, de manera general, a realizar las actividades de tratamiento necesarias para sus funciones y competencias y a contribuir a garantizar que el responsable cumpla los principios del artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Para ello colaborará con el responsable en el análisis de riesgos y, en su caso, en la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

Artículo 15. Delimitación

La gobernanza pública por proyectos se llevará a cabo preferentemente a través de tramitaciones conjuntas de proyectos y gestión coordinada de procedimientos, sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurídico estatal o autonómico y que contribuyan a la implantación, desarrollo y culminación de proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá instrumentos de colaboración y coordinación para impulsar la simplificación. Permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre actividades económicas (policía, inspección y sanción), el otorgamiento y control de títulos habilitantes, la ejecución de proyectos o la ágil resolución de procedimientos. La colaboración entre Administraciones públicas podrá articularse por convenios; la coordinación en materias específicas, por protocolos coordinados entre órganos y organismos del sector público.

Artículo 17. Gestión y mejora continua de los procesos horizontales e internos

La Administración de la Junta de Andalucía identificará todos sus procesos horizontales o transversales, que son los que afectan a más de una Consejería o ente instrumental, así como los procesos internos que afecten o tramiten las mismas, revisando y eliminando las actuaciones que no les añadan valor y estandarizándolos, con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de los servicios e incrementar la eficacia y la eficiencia.

Artículo 18. Tramitación conjunta de proyectos

La Administración de la Junta promoverá que los actos de intervención que afecten a diversas actividades incluidas en un solo procedimiento se integren ante una única instancia, en los proyectos susceptibles de tramitación conjunta y en los que se declaren de agilización administrativa. El Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejería competente en materia de administración pública, determinará el órgano autonómico ante el cual se realizarán todos los trámites. Ese órgano coordinará los trámites, sin perjuicio de los actos y resoluciones de los demás órganos competentes.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos

La gestión coordinada es un marco de trabajo instrumental, organizativo y, en su caso, temporal para ejercer una competencia o el conjunto coordinado de competencias de distintas Administraciones, organismos u órganos. Se acuerda por orden de la Consejería competente por razón de la materia, por orden conjunta si son varias y mediante convenio si se trata de distintas Administraciones públicas. Sus instrumentos contienen el marco y el horizonte temporal, la documentación y la persona responsable de la coordinación, y pueden prever un único informe y la resolución simultánea o sucesiva.

Artículo 20. Utilización de las encomiendas de gestión administrativas para la gestión compartida de proyectos

La Administración de la Junta de Andalucía podrá utilizar las encomiendas de gestión interadministrativas para la gestión compartida de proyectos cuando sea necesaria la realización de actividades de carácter material o técnico, en los términos de la normativa básica estatal y del artículo 105 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, potenciará las encomiendas de gestión a otros órganos o entidades de derecho público para el cumplimiento del objetivo y finalidad del Decreto-ley.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo

En los procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio estimatorio. Se exceptúan los de la Ley 9/2001 y los de las letras a) a i): ley o norma europea o internacional en contra, derecho de petición, dominio o servicio público, daño al medio ambiente o al patrimonio histórico y cultural, responsabilidad patrimonial, impugnación, revisión de oficio a solicitud, ingresos no tributarios y personal. En los iniciados de oficio rige la normativa básica estatal y la sectorial.

Artículo 22. Plazos de resolución

El plazo máximo para notificar la resolución expresa es el que fije la norma reguladora del procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley, de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así lo prevea el derecho de la Unión Europea. Si las normas reguladoras no fijan plazo máximo, este será de tres meses, contados conforme a la normativa básica estatal.

Artículo 23. Transcurso y suspensión del plazo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos

El apartado 1 está derogado. Lo que preveía no se aplica a los informes económico-financieros ni a los de la Intervención General, el Gabinete Jurídico, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Andalucía, que siguen su normativa específica. Vencido el plazo máximo para emitir un informe o dictamen preceptivo sin pronunciamiento, las actuaciones pueden seguir, pero no cabe resolver sin ese informe. La suspensión del plazo por informes preceptivos internos se acuerda por resolución expresa del órgano llamado a resolver.

Artículo 24. Agilidad en la tramitación de informes sectoriales

Si en un mismo procedimiento hay que pedir varios informes sectoriales de la Comunidad Autónoma o de su competencia regulatoria, el órgano competente los solicita todos de modo simultáneo, salvo que expresamente no sea posible según su normativa específica o cause demoras innecesarias. No son sucesivos, salvo que un trámite sea consecuencia del anterior o causa del siguiente o lo establezca la norma. No cabe resolución sin los informes preceptivos. Un mismo órgano que informe a varios efectos emite un único informe, salvo modificaciones sustanciales en la documentación.

Artículo 25. Cláusula general de intervención

Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a los principios generales de la Constitución, la normativa básica estatal y la autonómica, velarán por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable. Para ello podrán, en el ámbito de sus competencias y con los límites de la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias necesarias.

Artículo 26. Principio de mínima intervención administrativa

Para velar por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable, los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía no establecerán medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos ni que exijan requisitos para ejercer una actividad, salvo que se motive la necesidad para la protección del interés general y respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

Artículo 27. Supuestos

La Junta impulsará las declaraciones responsables y las comunicaciones. La declaración responsable se exige cuando la normativa pide acreditar requisitos para reconocer o ejercer un derecho o facultad; la comunicación, cuando solo hay que poner en conocimiento datos identificativos u otros relevantes. Para una misma actividad o derecho se exige una u otra, no las dos. Pueden operar de forma preferente y alternativa a la autorización, licencia o inscripción registral, y sustituir a la aportación de documentos si la persona no se ha opuesto al acceso (art. 28 de la Ley 39/2015).

Artículo 28. Requisitos

En todo caso, y para los supuestos del artículo anterior, las declaraciones responsables y las comunicaciones se someten a tres bloques de requisitos: los de la normativa básica estatal, las previsiones del propio Decreto-ley y, además, la norma sectorial que sea de aplicación. A la declaración responsable podrán acompañarse los certificados de verificación documental emitidos por las entidades colaboradoras de certificación previstas en el Decreto-ley.

Artículo 29. Funciones de comprobación y control

En comprobación y control puede requerirse en cualquier momento la documentación necesaria. Si, tras expediente y previa audiencia, se acredita inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la no presentación de la declaración responsable, de la documentación requerida o de la comunicación, no se puede continuar con el derecho o actividad. Se acordará restituir la situación jurídica al momento previo y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo que, a falta de regulación expresa, no será inferior a seis meses ni superior a cinco años.

Artículo 30. Autorizaciones, licencias y registros

La Junta solo usará la autorización o licencia previa para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado cuando concurra, motivada y ponderada, alguna circunstancia: a) operadores: orden público, seguridad o salud públicas o medioambiente en el lugar concreto; b) instalaciones o infraestructuras físicas susceptibles de generar daños; en ambas, si no basta declaración responsable o comunicación; c) número limitado de operadores; d) normativa de la Unión Europea o tratados internacionales. Los trámites en registros se harán de oficio si se dispone de la información.

Artículo 31. Eficacia extraterritorial

Las autorizaciones y licencias otorgadas por cualquier otra Administración del Estado tienen eficacia en Andalucía para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado por operadores legalmente establecidos en el territorio nacional y para supuestos equivalentes: aquellos con normativa de la Unión Europea armonizada, legislación estatal común o legislaciones autonómicas sectoriales que fijen un estándar equivalente. Esa eficacia se subordina a que, antes del inicio de la actividad, el interesado realice una comunicación que identifique la autorización o licencia.

Artículo 32. Actuación y comprobación de oficio

Con carácter general, la Administración de la Junta de Andalucía comprueba o verifica de oficio y proactivamente el cumplimiento de los requisitos o condiciones para reconocer un derecho o desarrollar una actividad, y siempre que resulte posible con la intervención de las personas interesadas, con la salvedad de la normativa de la Unión Europea o básica estatal o de razones de interés general y sin perjuicio de la protección de datos. Deberá comprobar la información mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo oposición de los interesados o que no esté disponible en ellos.

Artículo 33. Documentación en poder de la Administración

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o elaborados por cualquier otra. La Junta podrá consultarlos o recabarlos salvo oposición del interesado, que entonces indicará quién los emitió o ante quién se presentaron. No se requerirán datos o documentos no exigidos por la normativa o ya aportados a cualquier Administración. El acceso se hace preferentemente por la Plataforma de Intermediación de datos de la Junta u otros sistemas electrónicos habilitados. Se suscribirán convenios con otras Administraciones.

Artículo 34. Comprobación automatizada

La Administración autonómica, cuando ejerza competencias administrativas, podrá hacer comprobaciones o verificaciones automatizadas de la información que precise, conforme al artículo 41 de la Ley 40/2015 y a la normativa de protección de datos personales. Requiere identificar la información en el diseño y rediseño funcional de procedimientos, trámites y servicios, y se realiza sin intervención del personal que gestiona los expedientes y sin más dilaciones que las derivadas de las plataformas o sistemas, sin perjuicio de la supervisión y control por empleado público.

Artículo 35. Concepto

Los interesados pueden obtener de una entidad colaboradora de certificación un certificado que acredite la verificación de la documentación a presentar ante la Administración autonómica; válidamente emitido, produce plenos efectos. La verificación es la revisión, informe y/o validación de la documentación. No impide las potestades de la Administración, cuya verificación y comprobación hará en todo caso un funcionario público; no sustituye al visado colegial; su uso es siempre voluntario. No se aplica a las Entidades Urbanísticas Certificadoras ni a las de régimen específico.

Artículo 36. Acreditación y registro

Acredita la Consejería competente en administración pública, salvo que la normativa sectorial lo atribuya a la competente por razón de la materia; el silencio es desestimatorio. Pueden acreditarse los colegios profesionales y otras entidades con régimen específico. Los requisitos mínimos pueden demostrarse por declaración responsable; su incumplimiento sobrevenido hace perder la acreditación, previo expediente contradictorio. La inscripción en el Registro General, público y accesible, se hace de oficio y dura cinco años como máximo.

Artículo 37. Funciones

Corresponden a las entidades colaboradoras de certificación las funciones de comprobación, informe y certificación de verificación documental, con el alcance que se determine reglamentariamente, para agilizar la comprobación administrativa y garantizar la seguridad del tráfico jurídico y de las actividades económicas. Deben desarrollarlas por sí mismas o, los colegios profesionales, a través de su personal. No sustituyen las potestades de la Administración autonómica. No se aplica a las entidades sujetas a un régimen específico.

Artículo 38. Obligaciones

Además de lo que derive del reglamento, las entidades colaboradoras de certificación deben: a) crear y mantener un registro permanente e interoperable con la Administración de las certificaciones que emitan; b) mantener expedientes y documentación en formato consultable, garantizando la confidencialidad; c) mantener los requisitos y condiciones que justificaron su inscripción en el Registro; d) cumplir las condiciones de la resolución de inscripción, del Decreto-ley y de la legislación sectorial; e) emplear métodos, sistemas y medios oficialmente aprobados o acreditados.

Artículo 39. Incompatibilidades

Las entidades colaboradoras de certificación no podrán tener relación jurídica con quienes las contraten, ni con quienes participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que afecte a su objetividad e independencia de criterio. Existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstención y recusación. La incompatibilidad se exige en idéntica forma a los profesionales colegiados que pudieran actuar en funciones de certificación.

Artículo 40. Responsabilidad

Las entidades colaboradoras de certificación son responsables de los certificados que emitan y quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el propio Decreto-ley. El artículo se limita a esas dos afirmaciones: no fija plazos, cuantías ni órganos.

Artículo 41. Entidades habilitadas

La Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos y entidades de derecho público, cuando estos ejerzan potestades administrativas, podrán habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, que siempre podrán comparecer por sí mismos. Exige la firma previa de un convenio, que determina la presunción de validez de la representación, aunque puede requerirse su acreditación. La Consejería competente en administración pública aprueba el modelo normalizado de convenio.

Artículo 42. Ámbito de aplicación

El capítulo tipifica las infracciones y sanciones por incumplir las obligaciones de las declaraciones responsables y comunicaciones, la intervención administrativa para el desarrollo de una actividad y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificación y entidades habilitadas, siempre que no estén recogidas en la normativa sectorial aplicable. Se califican como leves, graves o muy graves. No cabe sanción por infringir el Decreto-ley sin un procedimiento instruido conforme a este capítulo.

Artículo 43. Disposiciones generales

Los órganos competentes comprueban que se cumple lo previsto en declaraciones responsables y comunicaciones, la intervención administrativa y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificación y habilitadas, con la potestad de inspección. Si al tramitar un sancionador aparecen indicios de delito, el órgano competente para resolver lo comunica al Ministerio Fiscal o a la Autoridad Judicial y suspende la tramitación hasta la notificación de la resolución del Fiscal o el pronunciamiento firme del juez. Igual suspensión cabe desde que conozca actuaciones penales por el mismo hecho.

Artículo 44. Responsables

Responden las personas físicas y jurídicas y, en su caso, las entidades sin personalidad, que realicen la conducta tipificada a título de dolo o culpa. En concreto: quienes tengan la obligación de presentar o presenten declaración responsable o comunicación; en las entidades colaboradoras de certificación, quienes suscriban los certificados, y la propia entidad si tiene constancia y conocimiento de que la actuación era infracción; y el personal de las entidades habilitadas que realice la transacción electrónica, además de la entidad habilitada cuando tenga constancia y conocimiento.

Artículo 45. Infracciones leves

Son infracciones leves: la inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en manifestaciones o datos de la declaración responsable o comunicación; incumplir por primera vez los requerimientos específicos o medidas cautelares en el plazo concedido; no subsanar, o no acreditar la subsanación, de deficiencias en el plazo del acta, si no son infracción grave o muy grave; la falta de colaboración en las funciones de comprobación y control; el incumplimiento por simple negligencia de la normativa sectorial; y no comunicar la modificación de un dato no esencial.

Artículo 46. Infracciones graves

Son graves: iniciar actividades o proyectos sin la declaración responsable o comunicación; la inexactitud, falsedad u omisión esencial (lo es siempre la relativa a acceso al empleo público, titularidad y naturaleza de la actividad, seguridad, medioambiente y salud de consumidores); no poseer la documentación o el proyecto; la falta de firma técnica; obstaculizar el control; incumplir repetidamente requerimientos y medidas cautelares; certificados, informes o actas no ajustados a la realidad; proyectos contrarios a la normativa sectorial; no comunicar cambios esenciales; y reincidir en leves.

Artículo 47. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: el incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto; las tipificadas como graves cuando de ellas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave o inminente; la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector, siempre que no esté ya recogida en la normativa sectorial de aplicación; y la reincidencia en infracciones graves por la que se hubiese sido sancionado en los dos años anteriores.

Artículo 48. Infracciones continuadas o permanentes

Infracción permanente: un único ilícito que se mantiene en el tiempo y puede interrumpirse por la sola voluntad de la persona infractora. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo o semejante precepto administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Pueden dar lugar a ellas los supuestos de las letras a), b), c), e), f) y g) de las infracciones leves, las mismas letras de las graves y las letras a), c) y d) de las muy graves.

Artículo 49. Reiteración y reincidencia

Reiteración: comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Reincidencia: comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, con igual declaración por resolución firme en vía administrativa. Lo que las separa es la naturaleza de las infracciones: distinta en la reiteración, la misma en la reincidencia.

Artículo 50. Medidas provisionales

Artículo 51. Prescripción de las infracciones

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo se cuenta desde la fecha en que la infracción se haya cometido; en las continuadas o permanentes, desde la fecha de finalización de la conducta infractora. La iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento de la persona o entidad interesada interrumpe la prescripción, y el plazo se reinicia si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable o infractora.

Artículo 52. Clases de sanciones

Las infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias (multa) y, cuando proceda, no pecuniarias; ambas son compatibles y pueden imponerse a la vez en infracciones graves y muy graves. Las no pecuniarias, para graves o muy graves, pueden ser: suspensión de la actividad o del proyecto o clausura del establecimiento; inhabilitación de 6 meses a cinco años; decomiso de los bienes obtenidos; y pérdida de la condición de entidad colaboradora de certificación o de entidad habilitada, con prohibición de nueva acreditación o habilitación entre 6 meses y 5 años.

Artículo 53. Cuantía de las sanciones pecuniarias

Multas: infracciones leves, hasta 3.000 euros; graves, de 3.001 a 60.000 euros; muy graves, de 60.001 a 600.000 euros. En cualquier caso, la sanción pecuniaria debe ser, como mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando ese importe sea superior al límite inferior de la sanción, y sin perjuicio de las sanciones no pecuniarias procedentes.

Artículo 54. Graduación de las sanciones

Al imponer sanciones debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada, conforme al principio de proporcionalidad y con la debida motivación. Criterios de graduación: la trascendencia social de la infracción; la gravedad y naturaleza del perjuicio causado y la imposibilidad de su reparación; la cuantía del beneficio obtenido; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; y la reiteración o reincidencia en los términos del artículo 49.

Artículo 55. Obligación de restitución

Las personas declaradas responsables tienen la obligación de restituir el estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la infracción. Hay que retener dos datos: quién queda obligado (las personas declaradas responsables) y a qué (devolver las cosas a como estaban antes de cometerse la infracción).

Artículo 56. Caducidad del procedimiento

El procedimiento sancionador debe resolverse y notificarse la resolución a la persona interesada en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación; la caducidad se produce en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, la persona instructora del expediente podrá proponer la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas para ello en la citada ley.

Artículo 57. Prescripción de las sanciones

Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución sancionadora o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Lo interrumpe la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, y vuelve a transcurrir si está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor. Si el recurso se desestima presuntamente, se cuenta desde el día siguiente al fin del plazo legal para resolverlo.

Artículo 58. Competencias sancionadoras

Incoa el órgano directivo competente por la materia donde se aporte la declaración responsable o comunicación; instruye la persona empleada pública designada. Sancionan: el titular del órgano directivo periférico, las leves y las graves de cuantía inferior a 30.000 euros; el del órgano directivo central, las graves de 30.000 euros o más; el de la Consejería competente, las muy graves. La pérdida de acreditación como entidad colaboradora, siempre el titular de la Consejería de administración pública. En el sector público instrumental, quien ejerza la potestad sancionadora según sus estatutos.

Artículo 75. Instrucción, resolución y notificación de los procedimientos de resolución contractual

Los procedimientos de resolución contractual tramitados conforme al artículo 212 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales, su Administración institucional y los consorcios adscritos deben ser instruidos, resueltos y notificados en el plazo máximo de ocho meses. Ese plazo se aplica también a los que tramiten los órganos de contratación de las Entidades Locales y las Universidades Públicas radicadas en el territorio de Andalucía.