Tema 7 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley

La Ley 9/2007 regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, y las especialidades del procedimiento administrativo común que le son propias. También regula los principios generales de organización, funcionamiento y régimen jurídico de sus entidades instrumentales. Estas entidades quedan sujetas a la Ley en todo caso cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 2. Personalidad jurídica y potestades

La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo. Formada por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan sus entidades instrumentales dependientes. Goza de las potestades y prerrogativas que le atribuya el ordenamiento y las que éste confiere a la Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación. Las agencias de su Administración instrumental las tienen en tanto les sean expresamente reconocidas por las leyes y sus estatutos.

Artículo 3. Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía

Sirve con objetividad al interés general, sujeta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al ordenamiento. Principios: eficacia; jerarquía; descentralización funcional; desconcentración funcional y territorial; coordinación; lealtad institucional; buena fe; confianza legítima; transparencia; cooperación interadministrativa; eficiencia y control de resultados; programación de objetivos; coordinación y planificación; racionalidad organizativa; procedimientos ágiles; imparcialidad; igualdad de hombres y mujeres; no discriminación; proximidad; responsabilidad; buena administración y calidad.

Artículo 4. Dirección y planificación de la actividad

La Administración de la Junta de Andalucía es un sistema integrado de órganos administrativos y de entidades vinculadas o dependientes, informado por el principio de coordinación, que busca la eficacia y diligencia máximas. La coordinación se logra planificando la actividad dentro de cada Consejería (objetivos comunes para centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales) y planificando la actividad interdepartamental mediante orientaciones o criterios fijados por acuerdos del Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Principio de buena administración

La Administración de la Junta actúa con la ciudadanía según el principio de buena administración, que abarca ocho derechos: actos proporcionados a sus fines; trato equitativo, imparcial y objetivo; participar en las decisiones que le afecten; resolución en plazo razonable, con proximidad a la ciudadanía; participar en los asuntos públicos; acceder a documentación e información; información veraz; y acceso a archivos y registros, cualquiera que sea su soporte, con excepciones legales. En los servicios públicos se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 6. Calidad de los servicios

Los servicios de la Junta mejoran continuamente la calidad mediante sistemas de gestión y evaluación aprobados por el Consejo de Gobierno, orientados al logro de la excelencia en la gestión. El Consejo de Gobierno promueve la mejora de la calidad y las cartas de servicio y de derechos entre órganos y entidades dependientes o vinculadas. La persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública promueve la simplificación, la gestión telemática de procedimientos, la mejora de organigramas, los medios y la formación del personal.

Artículo 7. Administración electrónica

La aplicación de las tecnologías de la información se orienta a mejorar la eficacia de la Administración, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión. Las relaciones por redes abiertas se rigen por simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal, confidencialidad, y seguridad y autenticidad. El intercambio electrónico exige tres requisitos: disponibilidad y acceso de medios, compatibilidad técnica y medidas de seguridad. La Junta facilitará un dispositivo de firma electrónica a quien lo solicite.

Artículo 8. Relaciones interadministrativas

La Junta actúa con las demás Administraciones según los principios de colaboración y lealtad institucional. Debe: respetar sus competencias; ponderar todos los intereses públicos implicados; facilitarles información; prestar cooperación y asistencia activas, con especial atención a las Administraciones locales andaluzas; y colaborar en la ejecución de sus actos en Andalucía. Puede pedir datos, documentos, medios probatorios y asistencia, también para actos a ejecutar fuera de Andalucía. Solo se niega la asistencia sin facultad, sin medios suficientes o por perjuicio grave, y motivadamente.

Artículo 9. Convenios de colaboración interadministrativa

El deber de colaboración entre la Junta y las demás Administraciones Públicas se desarrolla mediante instrumentos y procedimientos establecidos de forma voluntaria. Si la finalidad es tomar decisiones conjuntas para una actividad más eficaz en asuntos que les afecten, se siguen los instrumentos y procedimientos de cooperación con la Administración del Estado de la normativa estatal básica. Aprobar, modificar o extinguir convenios de colaboración corresponde a la persona titular de cada Consejería en su ámbito, salvo que el Consejo de Gobierno disponga otra cosa.

Artículo 10. Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas

A los convenios de colaboración que la Junta de Andalucía celebre con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación conjunta de servicios propios, y a los acuerdos de cooperación, se les aplica lo establecido en el artículo anterior, con las especialidades previstas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 11. Participación en conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación con la Administración del Estado

La participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las conferencias sectoriales y en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado corresponde a las personas miembros del Consejo de Gobierno que tengan competencias sobre la materia, o a las que, en cada caso, designe el Consejo de Gobierno.

Artículo 12. Organizaciones personificadas de gestión

La Junta puede constituir con otras Administraciones y entidades públicas o privadas organizaciones personificadas de gestión, con forma de consorcio o de sociedad mercantil. El Consejo de Gobierno autoriza su creación o la integración, previo informe de las Consejerías competentes en Administración Pública y en Hacienda; los estatutos se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El personal de los consorcios, funcionario o laboral, procede exclusivamente de las Administraciones participantes.

Artículo 13. Órganos administrativos

Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, las Consejerías y las agencias administrativas se componen de órganos y de unidades administrativas. Una unidad administrativa solo tiene la consideración de órgano cuando se le atribuyen funciones con efectos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo.

Artículo 14. Unidades administrativas

Las unidades administrativas son estructuras funcionales básicas de preparación y gestión de los procedimientos, dentro del ámbito funcional propio de las Consejerías y de las agencias administrativas. Se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo.

Artículo 15. Servicios administrativos con gestión diferenciada

Por decreto del Consejo de Gobierno pueden crearse servicios administrativos con gestión diferenciada por razones de especialización funcional, para la identificación singular del servicio público ante la ciudadanía u otros motivos justificados. Pueden agrupar órganos o unidades de una misma Consejería. Carecen de personalidad jurídica independiente y están, en todo caso, adscritos a una Consejería. Su denominación, estructura y competencias se fijan en el decreto de creación.

Artículo 16. Clasificación

Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, los órganos de la estructura básica se clasifican en superiores y directivos. Órgano superior: la Consejería. Directivos centrales: Viceconsejería, Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General. Directivos periféricos: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de la Consejería y, en su caso, Delegación Territorial. Los demás órganos dependen de alguno de los directivos.

Artículo 17. Órganos superiores y directivos

Superiores: planificación y superior coordinación; directivos: ejecución. Sus titulares: altos cargos. Directivos: nombramiento y separación por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería; salvo otra cosa, el nombramiento surte efecto al día siguiente de aprobarse; el cese, el mismo día. Exigen funcionario de carrera o estatutario fijo con licenciatura, grado o equivalente: Secretarías Generales Técnicas; Secretaría General de Administración Pública; Direcciones Generales con competencias en esa materia; Intervención General; Dirección de la Agencia Tributaria.

Artículo 18. Representación equilibrada

En el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponde al Consejo de Gobierno se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres. Hay representación equilibrada cuando la situación garantiza la presencia de mujeres y hombres al menos en un cuarenta por ciento.

Artículo 19. Órganos colegiados

Son órganos colegiados los compuestos por tres o más miembros que, reunidos en sesión convocada al efecto, deliberan y acuerdan colegiadamente. En su composición, modificación o renovación debe respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres del artículo 18.2. Del cómputo se excluyen los miembros que lo son por el cargo específico que desempeñan, y cada institución, organización o entidad que designe o proponga representantes debe tener en cuenta la composición de género.

Artículo 20. Órganos colegiados de participación administrativa

Define los órganos colegiados de participación administrativa o social: aquellos en cuya composición, junto a miembros de la Administración de la Junta de Andalucía, se integran representantes de otras Administraciones Públicas, personas u organizaciones en representación de intereses legalmente reconocidos, o personas en calidad de profesionales expertos.

Artículo 21. Creación, modificación y supresión de órganos

Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía se crean, modifican y suprimen por decreto del Consejo de Gobierno. La regla se aplica sin perjuicio del régimen establecido para los órganos colegiados.

Artículo 22. Requisitos para la creación de los órganos

Además de la legislación básica estatal, la norma de creación de un órgano fija su denominación y sus funciones y competencias (las que asume de otros órganos y las de nueva atribución). No se crean órganos ni unidades administrativas sin acreditar en expediente que sus funciones les son propias; si coinciden con otras, se prevé supresión o disminución competencial del afectado. Lo comprueba la Consejería competente en materia de Administración Pública. Antes: valoración económico-financiera e informes. Se exceptúan las Consejerías (creación, denominación, competencias, prelación, supresión).

Artículo 23. Organización

La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en Consejerías. A cada Consejería le corresponde la gestión de uno o varios sectores de actividad.

Artículo 24. Estructura interna

Además de su titular, la Consejería tiene como órganos centrales Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales, y pueden crearse Secretarías Generales. Su estructura orgánica se aprueba por decreto acordado en Consejo de Gobierno. Excepcionalmente, ante emergencias y/o especial complejidad, pueden crearse dos Viceconsejerías y Secretarías Generales Técnicas en ámbitos competenciales diferenciados. A esos órganos pueden adscribirse entidades públicas vinculadas o dependientes. Los titulares pueden crear comisiones cuyos actos tienen eficacia en el ámbito interno.

Artículo 25. Ordenación jerárquica

Las personas titulares de las Consejerías desempeñan la jefatura superior de la Consejería y son superiores jerárquicos directos de las personas titulares de las Viceconsejerías. Los demás órganos directivos dependen de alguno de ellos y se ordenan jerárquicamente así: Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General.

Artículo 26. Titulares de las Consejerías

Las personas titulares de las Consejerías las representan y ejercen la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito. Les corresponde, entre otras: nombrar y separar a los cargos de libre designación; aprobar los planes de actuación; dirigir a los órganos directivos; resolver conflictos de atribuciones internos; formular el anteproyecto de presupuesto; autorizar gastos; y, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno, suscribir contratos y convenios, resolver recursos y la responsabilidad patrimonial.

Artículo 27. Titulares de las Viceconsejerías

Las personas titulares de las Viceconsejerías, como superiores órganos directivos, tienen: la representación ordinaria de la Consejería tras su titular y su delegación general; su suplencia; formar parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras; y dirigir los servicios comunes. En la Consejería: asesorar, supervisar, establecer programas de inspección y evaluación, proponer medidas de organización, de relaciones de puestos de trabajo y planes de empleo, coordinar lo económico-financiero y la jefatura superior de todo el personal.

Artículo 28. Titulares de las Secretarías Generales

Las personas titulares de las Secretarías Generales dirigen, coordinan y controlan un sector homogéneo de actividad de la Consejería. Les corresponde: ejercer las competencias que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue la persona titular de la Consejería; impulsar objetivos y proyectos, supervisando los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares; dirigir, supervisar y controlar los órganos adscritos; y cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente.

Artículo 29. Titulares de las Secretarías Generales Técnicas

Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas dependen directamente de la titular de la Viceconsejería y tienen las competencias sobre los servicios comunes de la Consejería que les atribuya el decreto de estructura orgánica: producción normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial, y gestión de medios materiales, servicios auxiliares y publicaciones. Tienen rango de Director General y ejercen sobre sus órganos y unidades dependientes las facultades propias de las personas titulares de las Direcciones Generales.

Artículo 30. Titulares de las Direcciones Generales

Las personas titulares de las Direcciones Generales gestionan directamente una o varias áreas funcionales homogéneas, bajo la dirección y control inmediatos de la persona titular de la Consejería, de la Viceconsejería o de una Secretaría General. Les corresponde: elaborar planes, programas, estudios y propuestas de su ámbito, dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento; ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las desconcentradas o delegadas; impulsar, coordinar y supervisar sus órganos, unidades y personal; y cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente.

Artículo 31. Comisiones interdepartamentales

Las comisiones interdepartamentales son órganos colegiados donde están representadas dos o más Consejerías. Funciones: estudiar y preparar asuntos que afecten a más de una Consejería; formular informes y propuestas; adoptar acuerdos en materias delegadas por sus Consejerías; y el seguimiento, supervisión y control de objetivos o actuaciones de otros órganos. Pueden crearse, con carácter temporal o permanente, para coordinar asuntos concretos. Las crea el Consejo de Gobierno y la norma de creación fija su régimen interno.

Artículo 32. Órganos de participación ciudadana

Para hacer efectiva la participación social en la mejora de los servicios, pueden crearse órganos de participación con fines de información y asesoramiento en planes, programas o actuaciones con gran incidencia social, y de audiencia a sectores o colectivos que puedan resultar afectados. No tienen competencias decisorias. Su norma de creación fija su régimen interno, su adscripción concreta y, en su caso, su dependencia administrativa (convocatoria y celebración de sesiones, adscripción de medios y tramitación de actuaciones).

Artículo 33. Consejería competente en materia de Administración Pública

A la Consejería competente en materia de Administración Pública le corresponden, además de las que le atribuye esta Ley y sin perjuicio de las de la Consejería de Hacienda, las competencias en: régimen de personal de la Junta; organización administrativa, estructura orgánica y procedimiento; inspección de servicios; modernización e información administrativa, cuando no se atribuyan por ley a otras Consejerías. También las propuestas e informes sobre la creación, alteración y supresión de entidades públicas vinculadas o dependientes.

Artículo 34. Instituto Andaluz de Administración Pública

El IAAP es una agencia administrativa (art. 54.2 a) adscrita a la Consejería competente en Administración Pública, con personalidad y capacidad jurídica pública y patrimonio propio. Le corresponden: investigación, estudio, información y difusión de materias de Administración Pública (en especial andaluzas); formación del personal de la Junta; gestión de las pruebas y cursos de selección que se le encomienden; y las funciones que se fijen reglamentariamente. Sus estatutos los aprueba el Consejo de Gobierno, garantizando la participación sindical en los órganos de formación y perfeccionamiento.

Artículo 35. Órganos territoriales

Son órganos territoriales provinciales las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales. Estas se crean por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de la Presidencia; su titular se nombra y separa por Decreto del Consejo de Gobierno. Otras estructuras u órganos provinciales o inferiores los crea el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería o Consejerías interesadas.

Artículo 36. Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía representan al Gobierno en la provincia y son allí la primera autoridad de la Administración de la Junta. Se nombran y separan por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas. Coordinan y supervisan los servicios y actividades de la Junta en la provincia, bajo la superior dirección y supervisión de esa persona titular de la Consejería, y ejercen además las competencias de los servicios periféricos que se les asignen.

Artículo 37. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Delegación del Gobierno, en su provincia, debe: representar a la Junta y presidir sus actos; dirigir su Delegación; coordinar las Delegaciones Provinciales y Territoriales; comunicar a la Junta con el Estado y las entidades locales; requerir a estas que anulen actos ilegales o promover su impugnación; informar a la Presidencia de los conflictos de atribuciones; instar al Consejo de Gobierno a plantear los de jurisdicción; representarla en los órganos colegiados de seguridad; y velar por sus normas. Tiene la potestad sancionadora atribuida y la residual.

Artículo 38. Titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías representan a su Consejería en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la supervisión de la persona titular de la Consejería. Su nombramiento y separación se hacen por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente.

Artículo 39. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Corresponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías: representar ordinariamente a la Consejería en la provincia y dirigir las unidades de la Delegación; la jefatura de todo el personal de la Delegación y la gestión ordinaria que expresamente se les delegue; ser cauce ordinario de relación con los servicios centrales, los órganos periféricos del Estado y las entidades locales; requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento; y las funciones desconcentradas por decreto o delegadas.

Artículo 40. Estructura de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías forman parte de la estructura orgánica de su Consejería, y los decretos de estructura orgánica de cada Consejería pueden determinar las competencias que se les desconcentran. Su organización y funcionamiento responden específicamente a los principios de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, evitando duplicar órganos, unidades administrativas y funciones respecto de la organización central, y procurando la mayor proximidad y facilidad en las relaciones con la ciudadanía.

Artículo 41. Naturaleza

El Gabinete Jurídico, con sus Letrados, es el órgano directivo que representa y defiende en juicio a la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, el Consejo Consultivo y el Consejo Audiovisual, y a los menores tutelados. Asesora en Derecho al Consejo de Gobierno, a la Administración y a sus agencias administrativas. Agencias públicas empresariales y de régimen especial, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del artículo 12.3 pueden encomendárselo por convenio con la Consejería competente en materia de Presidencia. Su régimen, por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 42. Ejercicio de acciones

El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional corresponde al Consejo de Gobierno.

Artículo 43. Principios de actuación

Cuando representan y defienden en juicio, los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía actúan conforme a tres principios: legalidad, buena fe y defensa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 44. Defensa de autoridades y personal

Los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía podrán asumir, en los términos establecidos reglamentariamente, la representación y defensa en juicio de las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta, de las agencias administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía. Requisitos: que el procedimiento se siga por actos u omisiones relacionados con el cargo y consentimiento previo de la persona interesada.

Artículo 45. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal

Salvo lo que disponga expresamente una ley, a todos los efectos procesales el domicilio de la Administración de la Junta de Andalucía (incluidas las Consejerías, órganos y entidades del apartado 1 del artículo 41) es la sede del Gabinete Jurídico. Lo mismo se aplica a las entidades del apartado 3 del artículo 41 cuando las representen y defiendan Letrados del Gabinete Jurídico. Son nulos los actos de comunicación procesal que no se practiquen conforme a este artículo.

Artículo 46. Exención de depósitos y cauciones

La Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y las entidades públicas con régimen de independencia funcional o de especial autonomía están exentas de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previstos en las leyes.

Artículo 47. Fuero territorial

En los procedimientos civiles en que sean parte la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y las entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía, serán competentes en todo caso los Juzgados y Tribunales con sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta regla se aplica con preferencia a cualquier otra de competencia territorial, sin perjuicio del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley 52/1997.

Artículo 48. Suspensión del curso de los autos

En procesos civiles contra la Administración de la Junta o sus agencias administrativas, el Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico recaba antecedentes y, en su caso, consulta a la Jefatura del Gabinete. Al recibir el primer traslado, citación o notificación puede pedir la suspensión del curso de los autos y el juez la acordará, salvo que excepcionalmente, por auto motivado, estime que causaría grave daño al interés general. El juez fija el plazo: ni más de un mes ni menos de quince días. Se cuenta desde el día siguiente a la notificación de la providencia, que no admite recurso.

Artículo 49. Naturaleza

En los términos de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta y de la totalidad de sus entidades instrumentales. Además, es el centro directivo del control financiero y de la auditoría pública respecto de la Administración y sus entes instrumentales.

Artículo 50. Delimitación

Entidades instrumentales: con personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Junta o sus entes públicos, cuya actividad, por eficacia, justifica autonomía de gestión y mayor proximidad a la ciudadanía. Si duplican lo existente, se suprimen o reducen las funciones de lo ya existente. Si integran servicios de otra, rigen los artículos 52 bis y, en su caso, 60. La Consejería de Hacienda ejerce el control económico-financiero, informa y, en su caso, autoriza crear, alterar y suprimir entidades, e informa sobre sedes y subsedes.

Artículo 51. Personalidad jurídica y principio de instrumentalidad

Las entidades instrumentales reguladas en este título tienen cuatro rasgos: personalidad jurídica diferenciada, patrimonio propio, tesorería propia y autonomía de gestión en los términos de la Ley. Además se ajustan al principio de instrumentalidad: los fines y objetivos que se les asignan específicamente son propios de la Administración de la que dependen.

Artículo 52. Clasificación y naturaleza jurídica

Las entidades instrumentales se clasifican en agencias y en entidades instrumentales privadas (sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz). Las agencias tienen personalidad jurídica pública y son Administración institucional dependiente de la Junta. Sociedades y fundaciones tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer autoridad. Cualquier participación no reglada en entidades, distinta de las previstas en la ley, requiere autorización del Consejo de Gobierno.

Artículo 52 bis. Transformación

Cualquier agencia, sociedad mercantil o fundación del sector público andaluz puede transformarse en otra entidad instrumental. Conserva su personalidad jurídica: cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal. No altera condiciones financieras ni es causa de resolución. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en Administración Pública, Regeneración y Hacienda. El personal se integra, sin adquirir por ello la condición de funcionario y sin incremento de la masa salarial. El proyecto lleva memoria.

Artículo 53. Gestión de calidad

Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las actividades que tienen atribuidas. Además, implantarán sistemas de gestión de calidad en la producción de bienes y en la prestación de servicios, incluidos los de naturaleza medioambiental.

Artículo 53 bis. Encargos de los poderes adjudicadores y no adjudicadores a medios propios personificados

Entidades instrumentales y consorcios adscritos pueden ser medios propios si cumplen los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017. Necesitan medios suficientes e idóneos y ser opción más eficiente que la contratación pública o necesaria por seguridad pública o urgencia. Su denominación llevará «Medio Propio» o «M.P.». La propuesta de declaración lleva memoria justificativa e informe previo de la Intervención General. Anticipos: justificarlos antes de tres meses tras el plazo de ejecución. Emergencias: cuenta al Consejo de Gobierno en dos meses y pagos hasta el 100 %.

Artículo 54. Concepto y clasificación

Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública, dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, que realizan actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización funcional. Se clasifican en tres tipos: agencias administrativas, agencias públicas empresariales y agencias de régimen especial.

Artículo 55. Potestades administrativas

Dentro de la esfera de sus competencias, a las agencias les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en sus estatutos. Se exceptúa la potestad expropiatoria.

Artículo 56. Creación

Las agencias administrativas y públicas empresariales se crean por ley, que fija su tipo, fines y peculiaridades de recursos, personal y régimen fiscal. Sus estatutos y su adscripción se aprueban por decreto del Consejo de Gobierno; los estatutos, a propuesta de la Consejería de la materia, previo informe de Administración Pública y Hacienda. Las de régimen especial requieren autorización previa por ley y nacen con su estatuto, aprobado por decreto a propuesta conjunta de Administración Pública y Hacienda. El anteproyecto se acompaña del proyecto de estatutos y del plan inicial de actuación.

Artículo 57. Contenido de los estatutos

Los estatutos de toda agencia incluyen en todo caso: a) máximos órganos de dirección, competencias y designación, indicando cuáles agotan la vía administrativa; b) funciones, competencias y potestades, con el rango de los órganos (agencias administrativas) o los órganos asimilados a un rango y los que ejercen potestades (públicas empresariales y de régimen especial); c) patrimonio y recursos; d) régimen de recursos humanos, patrimonio y contratación; e) régimen presupuestario y de control; f) sociedades mercantiles, si es imprescindible. Se publican en el Boletín Oficial antes de funcionar.

Artículo 58. Plan inicial de actuación

El plan inicial de actuación de las agencias lo aprueba la persona titular de la Consejería de la que dependa la agencia, previo informe favorable de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. Debe incluir en todo caso: a) los objetivos que la entidad deba alcanzar en el área de actividad atribuida; b) los recursos humanos, financieros y materiales precisos para su funcionamiento. Su ámbito temporal es de cuatro años.

Artículo 59. Modificación y refundición

La modificación o refundición de las agencias exige ley cuando altere sus fines, el tipo de entidad o las peculiaridades sobre recursos económicos o régimen de personal, patrimonial o fiscal, o cualquier otra materia que exija rango de ley. Pero si se hace por razones de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, aunque altere fines o tipo de entidad, basta decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías de Hacienda y de Administración Pública. El resto de modificaciones, también por ese decreto con esos informes.

Artículo 60. Disolución, liquidación y extinción

Las agencias se disuelven por ley o por decreto del Consejo de Gobierno (propuesta de la Consejería de adscripción, previo informe de Hacienda, Administración Pública y Regeneración) por: fin del plazo de existencia, cumplimiento o incumplimiento de fines, asunción de sus fines por la Junta, desequilibrio financiero estructural o causa estatutaria. Salvo en el desequilibrio, en seis meses se formula el plan de liquidación y en dos meses el Consejo de Gobierno aprueba el decreto. La liquidación se inicia automáticamente al publicarse la norma y la extinción es automática tras formalizarse.

Artículo 61. Patrimonio

El régimen jurídico del patrimonio de las agencias es el previsto en la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 62. Contratación

Las agencias contratan con el régimen que la legislación de contratos del sector público fija para las Administraciones Públicas. Excepción: las agencias públicas empresariales previstas en el artículo 68.1.a, que se rigen por lo previsto para las entidades que, sin ser Administraciones Públicas, tienen la consideración de poderes adjudicadores. Los estatutos determinan el órgano de contratación; la persona titular de la Consejería de adscripción puede fijar la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para contratar, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno.

Artículo 63. Régimen presupuestario y control de eficacia

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de las agencias es el que establecen la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones aplicables a cada tipo de agencia. Además, las agencias se someten a un control de eficacia, ejercido por la Consejería o, en su caso, por la entidad a la que estén adscritas, para comprobar el cumplimiento de objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, sin perjuicio de las competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 64. Régimen de impugnación y reclamaciones

Los actos de los órganos de las agencias dictados en ejercicio de potestades administrativas admiten los recursos administrativos de la legislación básica estatal; los estatutos fijan qué órganos agotan la vía administrativa. Los actos de gestión, inspección y recaudación de tasas y demás ingresos de Derecho Público pueden recurrirse en vía económico-administrativa. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve la agencia, salvo que los estatutos asignen la competencia al órgano superior de la Consejería de adscripción.

Artículo 65. Concepto y régimen jurídico

Entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo que, en ejecución de programas específicos de una Consejería, realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras administrativas. Mismo régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que la Administración de la Junta; potestades: las atribuidas expresamente por sus estatutos. Se adscriben a una Consejería (dirección estratégica, evaluación y control de resultados) y, excepcionalmente, a otra agencia administrativa coordinadora de varias.

Artículo 66. Requisitos de creación

Para crear una agencia administrativa basta con que concurra alguno de estos tres requisitos: a) la necesidad de dotar al servicio o actividad de una especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la Consejería a los que esté adscrito; b) la existencia de un patrimonio que, por su especial volumen o entidad, requiera gestionarse a través de una entidad con personalidad jurídica; c) la existencia de un servicio susceptible de financiarse en más de un cincuenta por ciento con los ingresos que genere su propia actividad.

Artículo 67. Personal de las agencias administrativas

A los titulares de presidencias, direcciones o asimilados de las agencias administrativas los nombra y separa libremente el Consejo de Gobierno; son altos cargos a efectos de incompatibilidades. El personal es funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, como en la Administración de la Junta; la ley de creación puede fijar excepcionalmente peculiaridades en oferta de empleo, acceso, adscripción y provisión de puestos y movilidad. Cabe la subrogación del personal laboral afectado (artículos 52 bis y 60) al crear la agencia o cuando una preexistente asuma actividades de otras entidades.

Artículo 68. Concepto

Son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público, con o sin contraprestación, aplicando técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas de una o varias Consejerías. Hay dos tipos: a) producción en régimen de libre mercado, mediante contraprestación; b) promoción pública, prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes, sin actuar en régimen de libre mercado. Se adscriben a una o varias Consejerías; excepcionalmente, a una agencia que además coordine a varias.

Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas

Agencias públicas empresariales de la letra a del artículo 68.1: Derecho Privado, salvo formación de la voluntad de sus órganos, potestades administrativas y lo regulado en esta Ley, sus estatutos y la Ley General de la Hacienda Pública. Las de la letra b: Derecho Administrativo en esas cuestiones y, en lo demás, Administrativo o Privado según su gestión empresarial. Solo ejercen las potestades expresamente atribuidas, por los órganos que asignen los estatutos. Las funciones reservadas a funcionarios las realiza personal funcionario de la Consejería o agencia administrativa de adscripción.

Artículo 70. Personal de las agencias públicas empresariales

El personal de las agencias públicas empresariales se rige en todo caso por el Derecho Laboral y por lo aplicable del Estatuto Básico del Empleado Público; se selecciona por convocatoria pública en medios oficiales, con igualdad, mérito y capacidad. Es directivo quien ocupa puestos así determinados en los estatutos; su régimen es el del artículo 13 del Estatuto Básico y la normativa andaluza de desarrollo. Fijar o modificar retribuciones de todo el personal exige informe previo y favorable de las Consejerías de Administración Pública y de Hacienda, que también controlan los gastos de personal.

Artículo 71. Concepto y régimen jurídico

Las agencias de régimen especial son entidades públicas que asumen cualquiera de las actividades del artículo 65.1, si tienen asignadas funciones que impliquen ejercicio de autoridad que requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por Derecho Administrativo, con Derecho Privado donde su particular gestión lo requiera; en todo caso, Derecho Administrativo en la formación de la voluntad de sus órganos, sus potestades y lo regulado en esta Ley, sus estatutos y la Ley General de la Hacienda Pública andaluza. Se adscriben a la Consejería competente por razón de la materia.

Artículo 72. Contrato de gestión y comisión de control

Actúan con arreglo al plan de acción anual y al contrato plurianual de gestión, que define objetivos, resultados y gestión, y además: a) recursos personales, materiales y presupuestarios; b) efectos del grado de cumplimiento en la responsabilidad de órganos ejecutivos y personal directivo, y masa salarial del complemento de productividad del personal laboral; c) lo que fije una orden conjunta de las Consejerías de Administración Pública y de Hacienda. Aprueba el contrato el Consejo de Gobierno. Una comisión de control, con composición fijada en los estatutos, informa sobre su ejecución.

Artículo 73. Régimen presupuestario

El régimen presupuestario de las agencias de régimen especial es el que establecen el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y la demás normativa aplicable.

Artículo 74. Personal

El personal de las agencias de régimen especial puede ser funcionario (normativa de función pública) o laboral; las que impliquen ejercicio de autoridad, personal funcionario. Su oferta de empleo forma parte de la de la Junta, aunque la agencia puede aprobar aparte la del personal no directivo del apartado 4. Selección por convocatoria pública (igualdad, mérito y capacidad, con reserva para discapacidad): el laboral, por órganos propios de la agencia; el funcionario, lo convoca la Consejería de adscripción y, excepcionalmente, la agencia con autorización de la Consejería de función pública.

Artículo 75. Concepto

Son sociedades mercantiles del sector público andaluz las previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objeto es realizar actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad pública, aunque excepcionalmente la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 76. Competencia y procedimiento de creación

El Consejo de Gobierno autoriza crear sociedades mercantiles del sector público andaluz, según la legislación patrimonial. Su acuerdo es un acto administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con este contenido mínimo: denominación; forma jurídica; actividades del objeto social; facultad de participar o crear otras sociedades; participación en el capital y mecanismos para mantener la posición de partícipe mayoritario; líneas básicas de organización y funcionamiento; Consejería o agencia de adscripción. Además incorpora y aprueba estatutos y plan inicial de actuación.

Artículo 77. Personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz

El personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. Para nombrar al personal no directivo hace falta, antes, una convocatoria pública en medios oficiales y los procesos selectivos correspondientes, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 78. Concepto y régimen jurídico

Las fundaciones del sector público andaluz se rigen, en concepto y régimen jurídico, por la Ley 10/2005, sin perjuicio de esta Ley. Su personal se rige por el derecho laboral; el no directivo, previa convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad. Se liquidan por cesión e integración global, en unidad de acto, de activo y pasivo en la Administración de la Junta o en una entidad instrumental, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizó la extinción. La cesionaria se subroga automáticamente, sin alterar condiciones financieras ni causar resolución.

Artículo 79. Publicidad y transparencia de la actuación administrativa

La Administración de la Junta de Andalucía actuará con el máximo respeto a los principios de publicidad y transparencia, con las limitaciones derivadas del derecho a la intimidad o de otros derechos constitucionales con protección específica. Para hacerlos efectivos se reconocen dos derechos: el derecho a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, en los términos de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 80. Derecho a la información

Toda la ciudadanía tiene derecho a ser informada sobre los servicios de la Junta y, en particular, los asuntos que le afecten; reglamentariamente se fijarán los medios de interpretación en lengua de signos española. Sin perjuicio de la Ley de Transparencia, la Administración debe: a) informar de su organización y principales servicios, sobre todo por páginas web; b) informar de los procedimientos vigentes, sobre todo por vías electrónicas; c) adoptar estrategias multicanales; d) informar de los medios de impugnación y reclamación. También informa a las comunidades andaluzas asentadas fuera.

Artículo 81. Derecho de petición

Cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de petición ante la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica que regule este derecho. Las peticiones pueden expresar también sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos: si no hay procedimiento específico para su atención y respuesta, se tramitan conforme al procedimiento de la Ley Orgánica reguladora del derecho de petición.

Artículo 82. Registro Electrónico Único

La Administración de la Junta de Andalucía tendrá un registro electrónico único para ella y sus agencias administrativas, y también para las agencias públicas empresariales, las de régimen especial y los consorcios del artículo 12.3 cuando ejerzan potestades administrativas. En él consta la entrada y salida de documentos. Es accesible en las sedes electrónicas, se rige por su fecha y hora oficial y recoge el calendario de días inhábiles. Es interoperable con los registros del resto de Administraciones Públicas. Su funcionamiento se regula reglamentariamente.

Artículo 83. Oficinas de asistencia en materia de registros

El Registro Electrónico Único está asistido por las oficinas de asistencia en materia de registros que se determinen reglamentariamente. Estas oficinas ejercen las funciones de la legislación estatal básica y, además, las que reglamentariamente se les atribuyan al fijar su cartera de servicios. También por vía reglamentaria se fijan sus días y horario de apertura y el procedimiento para acordar su establecimiento, modificación o supresión.

Artículo 84. Presentación de documentos

Quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según el artículo 3 de la Ley 39/2015 pueden presentar documentos en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía y obtener constancia de la presentación. El órgano que reciba documentos por error los traslada de inmediato al órgano competente para su tramitación y lo pone en conocimiento de las personas interesadas. Estas tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos de la legislación estatal básica.

Artículo 85. Sugerencias y reclamaciones

En todas las Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Delegaciones Territoriales y agencias habrá a disposición de la ciudadanía un libro para formular sugerencias o reclamaciones. Las reclamaciones no tienen el carácter de recurso administrativo.

Artículo 86. Derecho de acceso a la información pública

La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información pública, archivos y registros. Ese derecho se ejerce en los términos y condiciones de la Constitución, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 87. Protección de datos

La ciudadanía tiene derecho al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 88. Delimitación legal y clasificación

Los órganos colegiados solo tienen esa naturaleza si reúnen los requisitos de esta Ley; si no, son unidades administrativas especiales, denominadas comités u otras similares que no coincidan con las de los órganos. Se clasifican: por su composición, en interdepartamentales o de una sola Consejería; por su ámbito funcional, en asesores, decisorios y de control; por su régimen de adscripción, según dependan de otro órgano jerárquicamente superior o tengan autonomía funcional; por las características de sus miembros, en órganos de participación administrativa o social.

Artículo 89. Creación

La norma o convenio de creación de un órgano colegiado fija: composición (con representación equilibrada de mujeres y hombres, art. 19.2), criterios de designación del presidente y los miembros, criterios básicos de estructura y funcionamiento, fines y objetivos, adscripción administrativa y funciones. Se crea por orden o por decreto; exige decreto si tiene competencias decisorias, de informe o propuesta preceptivos o de control, si su presidencia o vocalías se nombran por decreto, si integra a más de una Consejería o si es indefinido para funciones permanentes.

Artículo 90. Extinción

Los órganos colegiados se extinguen por dos causas: el transcurso del plazo previsto para su extinción y el cumplimiento de su objeto o fin. Constatada alguna, el órgano que acordó su creación dicta la norma o acuerdo de extinción. Ese mismo órgano también podrá acordarla por paralización de su actividad, prolongada inactividad o pérdida sobrevenida de su objeto o fin.

Artículo 91. Régimen

Los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se rigen por las normas básicas del Estado, esta Ley y su desarrollo. Si participan representantes de otras Administraciones, personas designadas por organizaciones empresariales, sindicales u otras representativas de intereses económicos y sociales, o profesionales expertos, se ajustan además a sus normas reguladoras, que podrán completar composición, estructura interna, elección de cargos, convocatorias, sesiones y, en su caso, adopción de acuerdos. Pueden reunirse a distancia, garantizando identidad y autenticidad.

Artículo 92. Composición

Los órganos colegiados tienen el número de miembros que determine su norma o convenio de creación, y uno de ellos es titular de la presidencia. Cuentan además con una persona que ejerce la secretaría, que puede ser miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. El número de miembros ha de ser proporcionado a la naturaleza y características de sus funciones y, en su caso, a los intereses representados, garantizando la celeridad y la eficacia de su funcionamiento.

Artículo 93. Titular de la presidencia

Además de sus funciones como miembro, la presidencia: representa al órgano; acuerda la convocatoria y fija el orden del día (atendiendo peticiones de los miembros hechas con antelación suficiente); preside y modera los debates; dirime empates con su voto, salvo que las normas de los órganos de participación administrativa o social digan otra cosa; visa actas y certificaciones; y las demás de la norma o convenio de creación. La sustituye la vicepresidencia o, en su defecto, el miembro de la Administración con mayor jerarquía, antigüedad en el órgano y edad, por este orden.

Artículo 94. Miembros

Los miembros de un órgano colegiado tienen derecho a: ser notificados de la convocatoria con el orden del día con 48 horas de antelación mínima; consultar en la sede la información del orden del día, al menos en ese plazo; deliberar; votar y formular voto particular; ruegos y preguntas; proponer asuntos para el orden del día; obtener información. No pueden abstenerse las autoridades o el personal de la Junta. No representan al órgano salvo atribución expresa. Los vocales titulares se sustituyen por sus suplentes.

Artículo 95. Titular de la Secretaría

La norma de creación o de funcionamiento del órgano designa a la secretaría y fija su sustitución por una persona con la misma cualificación y requisitos. Funciones: asistir con voz y voto si es miembro, y con voz sin voto si no lo es; efectuar la convocatoria por orden de la presidencia y las citaciones; preparar el despacho y redactar y autorizar las actas; recepcionar escritos y documentación; organizar y gestionar, en su caso, el registro; expedir certificados de actuaciones y acuerdos; y las demás de la norma o convenio de creación.

Artículo 96. Actas

Además de lo que fija la legislación básica del Estado, el acta incluye: votos particulares por escrito en el plazo de la norma reguladora o, en su defecto, cinco días; sentido y motivación del voto o abstención presentados por escrito en la misma sesión; transcripción de intervenciones presentadas durante la sesión o el mismo día, comprobada por la secretaría (si hay discrepancia decide la presidencia); y resoluciones de la presidencia sobre orden y moderación de debates que susciten oposición, con referencia a su causa. Las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión.

Artículo 97. Competencia para la resolución

Los procedimientos de abstención y recusación de autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía los resuelve la persona titular del órgano jerárquico inmediatamente superior. Si afectan a los titulares de las Consejerías, resuelve el Consejo de Gobierno, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Artículo 98. Concepto

Los órganos superiores y directivos dirigen la actividad administrativa mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio. Circulares: normas internas para recordar la aplicación de disposiciones o fijar su interpretación y lograr una aplicación homogénea en Andalucía. Instrucciones: normas internas con pautas o criterios para las unidades dependientes. Órdenes de servicio: órdenes específicas a un órgano jerárquicamente inferior para un supuesto determinado. No se publican en el BOJA, salvo que lo prevea una norma o lo decida la persona titular de la Consejería correspondiente.

Artículo 99. Irrenunciabilidad de la competencia

La irrenunciabilidad de la competencia no impide los supuestos de alteración de su ejercicio ni la colaboración de otros órganos previstos en la ley. Si una disposición atribuye una competencia a la Administración de la Junta de Andalucía sin decir qué órgano la ejerce, instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio; si hay varios, al superior jerárquico común.

Artículo 100. Desconcentración de competencias

Las competencias de las personas titulares de las Consejerías y de los órganos directivos centrales pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes de ellos cuando circunstancias de carácter organizativo, funcional o territorial lo hagan necesario y no se contradiga la legislación vigente. La desconcentración se aprueba por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería correspondiente.

Artículo 101. Delegación

Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía pueden delegar, mediante resolución motivada, el ejercicio de sus competencias en otros de la misma Administración, del mismo rango o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes. También cabe delegar en agencias de la Junta si el objeto de la delegación se corresponde con sus fines y objetivos. No se pueden delegar las competencias declaradas indelegables por la normativa estatal básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas o por una norma con rango legal.

Artículo 102. Régimen jurídico de la delegación

La delegación de competencias se publica en el BOJA y produce efectos desde la fecha de publicación. Si se delegan competencias de órganos colegiados que exigen quórum especial, se respeta ese quórum. Las resoluciones dictadas por delegación lo indican expresamente y se consideran dictadas por el órgano delegante. El órgano que la otorgó puede revocarla en cualquier momento; la revocación también se publica en el BOJA y surte efectos desde su publicación. El recurso de reposición contra actos dictados por delegación lo resuelve el órgano delegado, salvo que la delegación disponga otra cosa.

Artículo 103. Avocación

Los órganos superiores pueden avocar (asumir) el conocimiento de un asunto que corresponda resolver, ordinariamente o por delegación, a sus órganos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Si la delegación se hizo en órganos no dependientes jerárquicamente, solo puede avocar el órgano delegante.

Artículo 104. Régimen jurídico de la avocación

La avocación se realiza siempre mediante acuerdo motivado, que debe notificarse a los interesados en el procedimiento, si los hay, antes de la resolución final. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, pero puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

Artículo 105. Encomiendas de gestión por la Administración de la Junta de Andalucía a favor de órganos o entidades de la misma o distinta Administración

Las actividades materiales o técnicas de un órgano o entidad de Derecho Público pueden encomendarse a otros de la misma o distinta Administración que las tengan entre sus competencias, por eficacia o por falta de medios técnicos idóneos. No cede la titularidad; el encomendante dicta los actos jurídicos. Autoriza el titular de la Consejería si es a sus agencias; el Consejo de Gobierno, si es a otra Consejería o Administración. Se formaliza por la resolución que la autoriza o, fuera de la Junta, por convenio, con contenido mínimo y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 106. Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de entidades a favor de entes que tengan la consideración de medios propios

Artículo 107. Encomienda de gestión en favor de la Administración de la Junta de Andalucía

Cuando otras Administraciones Públicas encomiendan la gestión de actividades y servicios de su competencia a órganos o agencias dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, la encomienda requiere la aceptación del Consejo de Gobierno y se formaliza mediante la firma del correspondiente convenio, que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 108. Delegación de firma

Las personas titulares de los órganos de la Administración de la Junta pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de órganos que de ellas dependan, dentro de los límites de la delegación de competencias. En lo firmado por delegación consta la autoridad delegante y la firma va precedida de «por autorización» (o su abreviatura usual), indicando el cargo que autoriza y el órgano autorizado. No hace falta publicarla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sea válida. No cabe en resoluciones de carácter sancionador.

Artículo 109. Suplencia

Los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en caso de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para su nombramiento. Si no se designa suplente, la competencia del órgano la ejerce quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.

Artículo 110. Conflictos de atribuciones

Entre órganos o agencias de una misma Consejería: resuelve el superior jerárquico común o, en su defecto, la persona titular de la Consejería, en diez días. Entre agencias de distintas Consejerías, o entre una Consejería y agencias adscritas a otra: la persona titular de la Presidencia de la Junta, en quince días. Positivo: el órgano requerido de inhibición no acepta el requerimiento por considerarse competente. Negativo: el órgano al que otro remite el asunto se considera también incompetente. Se remiten las actuaciones al órgano que deba resolver.

Artículo 111. Tramitación de los procedimientos administrativos

Cada procedimiento integra un único expediente, aunque intervengan varios órganos o entidades de la Junta. Lo impulsa el órgano competente para resolver, sea cual sea el órgano de presentación o el que lo inició de oficio; impulsar incluye coordinar, requerir y asegurar la resolución en plazo. Reglamentariamente puede designarse otro órgano o entidad para tramitar e impulsar, por razones técnicas o de servicio. Los documentos electrónicos son válidos si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación. La vía telemática exige certificado reconocido de usuario.

Artículo 112. Actos que agotan la vía administrativa

Agotan la vía administrativa en la Junta de Andalucía los actos de: a) la persona titular de la Presidencia, el Consejo de Gobierno y sus Comisiones Delegadas; b) las personas titulares de las Consejerías, salvo que una ley prevea específicamente recurso ante el Consejo de Gobierno; c) autoridades de rango inferior al titular de la Consejería que resuelvan por delegación de este o de otro órgano que agote la vía; d) los órganos con nivel de Dirección General o superior en materia de personal; e) los demás cuando lo establezca una disposición legal o reglamentaria.

Artículo 113. Notificación de los actos administrativos

Los actos que afecten a derechos e intereses de la ciudadanía, definitivos o de trámite, se notifican o publican según la legislación de procedimiento común. Notificar por medios electrónicos exige que el interesado haya señalado o consentido expresamente ese medio como preferente, con una dirección electrónica; puede revocarlo en cualquier momento. La notificación telemática se entiende practicada al acceder a su contenido; si constando la recepción pasan diez días naturales sin acceso, se entiende rechazada, salvo imposibilidad técnica o material.

Artículo 114. Ejecución de los actos administrativos

La ejecución de los actos de los órganos de la Administración de la Junta corresponde al órgano que los adoptó, salvo los que correspondan a diversas Consejerías, cuya ejecución ordena la persona titular de la Consejería competente en materia de Gobernación. La de los actos de las agencias la ordena la persona titular del órgano directivo de la entidad. Ingresos de Derecho Público: normativa de Hacienda Pública. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multas coercitivas y compulsión sobre las personas.

Artículo 115. Resolución de recursos y reclamaciones

Los actos de órganos de la Junta que no agotan la vía administrativa admiten alzada ante el superior jerárquico del que los dictó; los de órganos de gobierno de las agencias siguen el artículo 64. Por ley, la alzada puede sustituirse por impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. Contra los que ponen fin a la vía, reposición potestativa, salvo que resuelvan un recurso o reclamación previos. Contra actos firmes, revisión ante el titular del órgano que dictó el acto. Reclamación previa a la vía civil: ante el titular de la Consejería competente por la materia, que resuelve.

Artículo 116. Revisión de oficio

Actos nulos: los revisa el Consejo de Gobierno (los suyos, los de sus Comisiones Delegadas y los de las personas titulares de las Consejerías); estas, los de sus órganos directivos y de los máximos órganos de gobierno de sus agencias; los máximos órganos rectores de las agencias, los de sus órganos dependientes. Lesividad: la inicia el órgano autor y la declara la persona titular de la Consejería (el Consejo de Gobierno para sus actos y los de sus Comisiones; la Consejería de adscripción para las agencias). Revocar o rectificar errores: el órgano que dictó el acto.

Artículo 117. Potestad expropiatoria

En la Administración de la Junta de Andalucía, la potestad expropiatoria la ostenta la persona titular de la Consejería correspondiente. Se ejerce de conformidad con lo establecido en la legislación de la Junta de Andalucía y en la estatal que sea de aplicación.

Artículo 118. Terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía puede determinarse por acuerdos, pactos o convenios conforme al artículo 86 de la Ley 39/2015. Se requiere autorización del Parlamento de Andalucía, sin perjuicio de otras de la normativa presupuestaria, si la terminación convencional reconoce una indemnización superior a ocho millones de euros, o inferior si se acredita motivadamente que puede incidir en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de los ingresos, o que concurren los requisitos legales para crédito extraordinario o suplemento de crédito.

Artículo 1. Objeto

El decreto determina la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos fijados por el Capítulo III del Título II de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Para ello ordena la figura de las personas titulares de los órganos directivos periféricos en que se organice y las unidades administrativas que se les adscriban, así como sus funciones y competencias.

Artículo 2. Organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía

La Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar, mediante decreto del Consejo de Gobierno y sin perjuicio del artículo 35.3 de la Ley 9/2007, una de dos estructuras provinciales: a) Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Provinciales de cada una de las Consejerías; b) Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales. Las Territoriales podrán tener asignados los servicios periféricos de determinadas materias de una Consejería, el conjunto de los de una Consejería o agrupar los de varias.

Artículo 3. De las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son los máximos órganos directivos periféricos representantes de la Junta de Andalucía en la provincia. El artículo lo afirma de conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Nombramiento, separación y rango de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son nombradas y separadas mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Tienen rango de Dirección General, tal y como establece el artículo 2.2 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidades de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.

Artículo 6. Suplencia de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

En caso de vacante, las competencias de la Delegación del Gobierno las ejerce la persona titular de otra Delegación Provincial o, en su caso, de la Delegación Territorial que designe la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas las Delegaciones del Gobierno. En caso de ausencia o enfermedad, o de abstención o recusación declarada, la persona titular de la Delegación del Gobierno es sustituida por la de la Delegación Provincial o, en su caso, Territorial que ella designe como suplente; si esa designación no es posible, se aplica la regla de la vacante.

Artículo 7. Funciones y competencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

A las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno les corresponden las funciones y competencias de los artículos 36 y 37 de la Ley 9/2007 y 6 y 7 del Decreto 512/1996, la coordinación de las relaciones informativas de la Administración de la Junta en la provincia y las que se les atribuyan o deleguen. Las Delegaciones ejercen además, en su provincia, las competencias de servicios periféricos que fije un decreto del Consejo de Gobierno. Dependen orgánicamente de la Consejería de adscripción y funcionalmente de la competente por la materia, cuya persona titular resuelve la alzada.

Artículo 8. De las Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno es nombrada por libre designación por la persona titular de la Consejería de la que dependa la Delegación, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería de que dependa en la provincia y, respecto de los servicios comunes adscritos, las funciones de las letras a) a f).

Artículo 9. La Oficina de la Vicepresidencia

Artículo 10. De las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta integrados en la estructura orgánica de las Consejerías. Podrá existir una por Consejería en cada provincia cuando lo establezcan los decretos de estructura orgánica. Sus titulares representan a la Consejería en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios, bajo la superior dirección y supervisión de la persona titular de la Consejería. Principios: eficacia, eficiencia y economía del gasto público, sin duplicidades.

Artículo 11. Nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

El nombramiento y la separación de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías se hacen por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente. El artículo lo establece de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 12. Incompatibilidades de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería

La persona titular de la Delegación Provincial de una Consejería de la Administración de la Junta de Andalucía está sometida al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 13. Competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería

A las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía les corresponden las competencias establecidas en el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como cualquier otra que se les atribuya o que les sea delegada.

Artículo 14. De las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales

La persona titular de la Secretaría General de la Delegación Provincial es nombrada por libre designación por la persona titular de la Consejería de la que la Delegación dependa, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación Provincial, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería de que dependa en la provincia y, además, las funciones de las letras a) a f).

Artículo 15. De las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Las Delegaciones Territoriales son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía. Dependen orgánicamente de la Consejería que se establezca por decreto del Consejo de Gobierno y funcionalmente de la Consejería o Consejerías competentes por razón de la materia. Contra los actos de sus titulares que no agoten la vía administrativa cabe recurso de alzada, que resuelve la persona titular de la Consejería con las competencias funcionales de la materia; si versa sobre materias del servicio de gestión de recursos comunes, la de la Consejería de adscripción orgánica.

Artículo 16. Nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Delegación Territorial es nombrada y separada por decreto del Consejo de Gobierno. La propuesta corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia si la Delegación asume competencias de varias Consejerías, y a la persona titular de la Consejería correspondiente cuando se trate de una sola de ellas.

Artículo 17. Incompatibilidades de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 18. Régimen de suplencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

En caso de vacante, las competencias propias de la Delegación Territorial las ejerce la persona titular de la Delegación del Gobierno o de la Delegación Territorial que designe la Consejería a la que esté adscrita orgánicamente la Delegación Territorial. En caso de ausencia o enfermedad de la persona titular, o cuando se haya declarado su abstención o recusación, la sustituye la persona titular de la Delegación Territorial o de la Delegación del Gobierno que designe como suplente; si esa designación no es posible, se aplica la regla de la vacante.

Artículo 19. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Funciones de la persona titular de la Delegación Territorial en su provincia: a) representación ordinaria de las Consejerías con servicios periféricos adscritos y, en su caso, de sus agencias; b) dirigir las unidades bajo dependencia funcional de los órganos directivos; c) jefatura de todo el personal; d) cauce ordinario de relación con los servicios centrales, los órganos periféricos del Estado y las entidades locales; e) trasladar órdenes e instrucciones a las Secretarías Generales Provinciales; f) potestades administrativas; g) las demás atribuidas, desconcentradas o delegadas.

Artículo 20. Estructura de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

En las Delegaciones Territoriales se integran los servicios periféricos de las Consejerías que así se establezcan por decreto. En cada Delegación Territorial en la que se integren servicios periféricos de diferentes Consejerías existirá un servicio de gestión de recursos comunes. Si la Delegación asume competencias funcionales de una sola Consejería, o de solo una parte de sus servicios periféricos, se aplica lo establecido en el artículo 40 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para las Delegaciones Provinciales.

Artículo 21. El servicio de gestión de recursos comunes de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

El servicio de gestión de recursos comunes existe cuando la Delegación Territorial integra servicios periféricos de diferentes Consejerías. Su titular es nombrado por libre designación por la persona titular de la Consejería de adscripción orgánica de la Delegación, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública. Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Delegación. Funciones: coordinación de los servicios comunes, sus asuntos de personal y económicos, archivo y registro, tramitación de recursos y otras de administración general.

Artículo 22. De las Secretarías Generales Provinciales de las Consejerías

Al frente de los servicios periféricos de cada Consejería existe una Secretaría General Provincial, órgano administrativo periférico del que dependen las unidades administrativas. Excepcionalmente caben hasta dos en las Delegaciones Territoriales que asuman competencias funcionales de una sola Consejería, por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de esa Consejería y previo informe favorable de las de Administración Pública y Hacienda. Los servicios periféricos dependen funcionalmente de su Consejería y orgánicamente de la Delegación, del Gobierno o Territorial, en que se integren.

Artículo 23. Personas titulares de las Secretarías Generales Provinciales de la Consejería

A la persona titular de la Secretaría General Provincial la nombra la titular de la Consejería de la que dependa funcionalmente, por libre designación, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería en la provincia, la asistencia técnico-jurídica, la gestión económica y la tramitación de recursos. En ausencia, vacante o enfermedad actúa quien designe esa titular.

Artículo 24. Gestión compartida entre las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Cuando la reestructuración de las Consejerías afecte a la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, se puede acordar, de forma excepcional y transitoria, la gestión compartida de determinadas funciones de las Delegaciones, tanto Territoriales como del Gobierno, cuando los servicios periféricos de las Consejerías afectadas dejen de estar adscritos a dichas Delegaciones. Las áreas que se relacionan en el artículo 25 podrán prestar las funciones que les sean asignadas, con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y eficiencia.

Artículo 25. Funciones de gestión compartida

Pueden ser objeto de gestión compartida siete funciones: a) la gestión de recursos humanos; b) la gestión económica; c) la gestión de la contratación administrativa; d) la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones; e) la gestión relativa a la administración general de equipos e instalaciones; f) el asesoramiento técnico-jurídico; g) la gestión del registro y la atención a la ciudadanía.

Artículo 26. Ordenación de la gestión compartida

Las funciones objeto de gestión compartida, las unidades y los puestos afectados funcionalmente por la materia se establecen mediante orden conjunta de las Consejerías afectadas. Asimismo se determinan los oportunos mecanismos de coordinación. En todo caso, las unidades administrativas y puestos que realicen con su estructura la gestión compartida dependen de las respectivas Delegaciones Territoriales o de las Delegaciones del Gobierno, y la coordinación entre las Delegaciones afectadas corresponde a sus respectivas Secretarías Generales.

Artículo 1

A los solos efectos del artículo 37 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son Servicios, Secciones y Negociados las unidades que, con esa denominación u otra equivalente, aparecen recogidas en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo de las Consejerías y de los Organismos Autónomos adscritos a ellas.

Artículo 2

El ámbito competencial de los órganos a que se refiere el artículo anterior lo definen tres fuentes: las correspondientes normas orgánicas, las Relaciones de Puestos de Trabajo y las normas de desarrollo que al objeto dicten los Consejeros correspondientes. Todo ello sin perjuicio de las competencias que les atribuyan otras normas específicas.

Artículo 3

Funciones de los Servicios u órganos asimilados: ordenar el despacho de asuntos; elaborar la propuesta de los actos que sean competencia del inmediato órgano superior; proponer la ampliación de plazos (artículos 42.2 y 49.1 de la Ley 30/1992) y la declaración de urgencia; notificar actos; acordar la mejora de las solicitudes; autorizar el acceso a documentos y registros de los archivos del Servicio; ordenar lo necesario para que su personal cumpla sus obligaciones; y las asignadas por delegación o desconcentración o no atribuidas expresamente a otros órganos superiores o inferiores.

Artículo 4

Funciones propias de las Secciones u órganos asimilados: informar a los interesados del estado de tramitación de los expedientes de su ámbito (aunque puede encomendarse a otro órgano especializado); informar y orientar sobre los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, actuaciones o solicitudes de los ciudadanos; acordar la acumulación de expedientes; requerir la subsanación de escritos o solicitudes; y, en general, la instrucción de los procedimientos y las atribuidas por delegación, desconcentración o expresamente. La letra b) está derogada.

Artículo 5

A los Negociados u órganos asimilados les corresponde el despacho y la tramitación de los asuntos que consistan en la simple constatación de hechos y en la aplicación automática de normas, siempre que no estén incluidos en ninguno de los artículos anteriores.

Artículo 6

El ámbito funcional de cada órgano se entiende sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que corresponden a los titulares de las Jefaturas de cada órgano, tales como las de dirección, seguimiento, control, vigilancia y análogas.

Artículo 1. Vicepresidencias

Se crean tres Vicepresidencias de la Junta de Andalucía. La Primera corresponde a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias; la Segunda, a la de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; la Tercera, a la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal de la Presidencia de la Junta, su suplencia corresponde a la persona titular de la Vicepresidencia Primera.

Artículo 2. Consejerías

Trece Consejerías: Presidencia, Sanidad y Emergencias; Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Educación; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Servicios Sociales, Familias e Igualdad; Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; Universidad, Industria, Energía e Innovación; Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Fomento y Movilidad; Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Es su orden de prelación; en protocolo, la 2.ª pasa a 1.ª.

Artículo 3. Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias asume: asistencia a la Presidencia de la Junta y relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento; salud y consumo; acción exterior; interior, emergencias y protección civil; asesoramiento jurídico, Boletín Oficial y transparencia; y relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Audiovisual, el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas. Mantiene adscritos, entre otros, el Servicio Andaluz de Salud y la RTVA; se le adscriben las fundaciones Centro de Estudios Andaluces y Progreso y Salud y las Delegaciones del Gobierno.

Artículo 4. Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local asume: turismo; calidad normativa y reducción de cargas y trabas burocráticas; Administración de Justicia (salvo la configuración, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, de los que conserva la dirección funcional), notariado, registros públicos, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones y justicia juvenil; y administración local. Mantiene adscritas la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía y la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.

Artículo 5. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos asume, entre otras materias, política económica, estadística y cartografía, política financiera, Hacienda Pública, Presupuestos, Fondos Europeos, tributos, financiación autonómica, juego, Tesorería y Deuda Pública, patrimonio, contratación pública y control interno. Su titular asume las funciones de Portavoz del Gobierno. Mantiene adscritas la Agencia Tributaria de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y EPGASA; se le adscribe la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía.

Artículo 6. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural conserva las competencias que ya tenía en agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y economía azul, agroalimentación, agua, desarrollo rural y animales de compañía. Se mantienen adscritas a ella AGAPA (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía), IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica) y AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), esta última adscrita asimismo a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Artículo 7. Consejería de Educación

La Consejería de Educación tiene las competencias en materia de políticas educativas y de formación profesional relativas a las enseñanzas del sistema educativo no universitario en Andalucía. Se mantienen adscritos a ella, en virtud de la normativa vigente, la Agencia Pública Andaluza de Educación y el Consorcio Parque de las Ciencias.

Artículo 8. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo conserva las competencias que ya tenía en políticas activas de empleo (como la formación profesional en el ámbito laboral y la intermediación laboral), trabajo y prevención de riesgos laborales, trabajo autónomo y economía social, y comercio y artesanía. Lleva además las relaciones institucionales con el Consejo Económico y Social de Andalucía. Mantiene adscritos el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y se le adscribe el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Artículo 9. Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad

La Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad tiene las competencias en igualdad, servicios sociales, familia, voluntariado, diversidad, violencia de género, dependencia, discapacidad, mayores, infancia, políticas migratorias y coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo. Mantiene adscritos el Instituto Andaluz de la Mujer, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Se le adscribe la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba.

Artículo 10. Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio asume: vivienda, rehabilitación, suelo, vivienda protegida, calidad de la edificación y asistencia a personas en riesgo de perder su vivienda habitual por desahucio; las políticas de juventud; y la ordenación del territorio, del litoral y urbanismo, con la inspección territorial y urbanística, que incluye restitución de la legalidad y sanciones. Mantiene adscrita AVRA. Se le adscriben el Instituto Andaluz de la Juventud, el Parque del Alamillo, el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida e Inturjoven.

Artículo 11. Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación asume: la enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria; las actividades industriales (incluidas la aeroespacial y de defensa), energéticas y mineras, la innovación tecnológica y la Compra Pública Innovadora; la investigación y los incentivos de I+D+i; y la cultura emprendedora. Mantiene adscritas ACCUA, Andalucía Emprende, la Agencia Andaluza de la Energía y el Parque Cartuja. Se le adscriben TRADE, IDEA, VEIASA, AERÓPOLIS y la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.

Artículo 12. Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte

Esta Consejería asume: promoción cultural, industrias culturales, lectura y libro; museos, patrimonio histórico y documental, bibliotecas y archivos; moda; flamenco; deporte; memoria democrática; y el Registro Propiedad Intelectual. Mantiene adscritos el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Se le adscriben las fundaciones Barenboim-Said, El Legado Andalusí, Andalucía Olímpica y Rodríguez Acosta, Cetursa Sierra Nevada y Apartahotel Trevenque.

Artículo 13. Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Esta Consejería conserva las competencias que ya tenía en medio ambiente, cambio climático, ordenación y gestión forestal, prevención de los incendios forestales y restauración de sus efectos, biodiversidad y geodiversidad, caza y pesca continental, vías pecuarias, prevención y calidad ambiental, residuos y economía circular y espacios naturales protegidos, y en cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Mantiene adscrita AMAYA, adscrita asimismo a la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Se le adscribe la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21.

Artículo 14. Consejería de Fomento y Movilidad

Esta Consejería asume: infraestructuras viarias y de transportes (Red de Carreteras de Andalucía, vías ciclistas, ferrocarriles) con itinerarios íntegramente en Andalucía, excluidas las de titularidad provincial o municipal; transportes, puertos y aeropuertos que no sean de interés general del Estado, y los de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa; y la Red de Áreas Logísticas de Andalucía. Mantiene adscritas AOPJA y APPA. Se le adscriben nueve consorcios: Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Artículo 15. Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública

Esta Consejería tiene dos bloques de competencias: a) la gestión de políticas y estrategias autonómicas de inteligencia artificial, tecnologías de la información, telecomunicaciones, interoperabilidad y ciberseguridad, sin perjuicio de las de otras Consejerías; b) la planificación de la Administración de la Junta: régimen de personal, sector público instrumental, inspección de servicios, evaluación de políticas públicas y reto demográfico (en coordinación con desarrollo rural). Mantiene adscritos la Agencia Digital de Andalucía y el Instituto Andaluz de Administración Pública.