Tema 12 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto y finalidad

Objeto: regular la contratación del sector público para garantizar libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato; y asegurar una eficiente utilización de los fondos mediante la definición previa de las necesidades, la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. También regula efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Los criterios sociales y medioambientales se incorporan de manera transversal y preceptiva si guardan relación con el objeto del contrato.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Son contratos del sector público, sometidos a la Ley, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del artículo 3. Es oneroso el contrato en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, de forma directa o indirecta. También se sujetan los contratos subvencionados por poderes adjudicadores en los supuestos del artículo 23. A Comunidades Autónomas y Administración Local la Ley se aplica en los términos de la Disposición final primera. Las prestaciones se identifican con el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).

Artículo 3. Ámbito subjetivo

Forman parte del sector público las entidades de las letras a) a l) del apartado 1, entre ellas las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100 y los fondos sin personalidad jurídica. Son Administraciones Públicas las de las letras a), b), c) y l) y los consorcios y entidades de derecho público del apartado 2.b). Son poderes adjudicadores las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas, las entidades del apartado 3.d) y las asociaciones de todas ellas.

Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos

Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en la sección de negocios y contratos excluidos quedan fuera del ámbito de la Ley y se rigen por sus normas especiales. Los principios de la Ley se aplican para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad

Quedan excluidos en defensa y seguridad: los convenios del ámbito del artículo 346 del TFUE; los contratos de obras, suministros y servicios comprendidos en la Ley 24/2011 y aquellos a los que esta no se aplique en virtud de su artículo 7; las concesiones de obras y de servicios en tres circunstancias (entre ellas, un programa de cooperación con al menos dos Estados miembros de la Unión Europea); y los contratos y convenios con procedimiento específico fijado por acuerdo o convenio internacional o por normas de una organización o institución financiera internacional.

Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión

Quedan excluidos los convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos de la Ley o en normas administrativas especiales, celebrados entre sí por las Administraciones y entidades que cita, con tres condiciones: sin vocación de mercado (se presume si realizan en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración); cooperación para lograr objetivos comunes; y guiarse únicamente por el interés público. También se excluyen los convenios con personas sujetas al derecho privado y las encomiendas de gestión.

Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional

Se excluyen de la Ley: los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional; los contratos que deban adjudicarse por un procedimiento específico establecido en un instrumento jurídico celebrado conforme al TFUE con uno o varios Estados no signatarios, para la ejecución o realización conjunta de un proyecto; y los contratos con procedimiento específico establecido por las normas de contratación de una organización internacional o institución financiera internacional, si están financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución.

Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación

Los contratos de investigación y desarrollo quedan excluidos de la Ley. La excepción son los que, además de estar incluidos en los códigos CPV que el artículo enumera (desde el 73000000-2, servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos, hasta el 73430000-5, ensayo y evaluación), cumplen dos condiciones: que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial

Se excluyen las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los del artículo 14, que se regulan por su legislación específica salvo que expresamente se declare aplicable la Ley. También la compraventa, donación, permuta, arrendamiento y negocios análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban calificarse como suministro o servicios: tienen siempre carácter de contratos privados y se rigen por la legislación patrimonial.

Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero

Están excluidos los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE. También los servicios prestados por el Banco de España, las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos

Quedan excluidos: la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral; el servicio público cuya utilización requiera abonar una tarifa, tasa o precio público de aplicación general; los servicios de arbitraje y conciliación; los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio; los servicios relacionados con campañas políticas adjudicados por un partido político; y la prestación de servicios sociales por entidades privadas sin necesidad de celebrar contratos públicos.

Artículo 12. Calificación de los contratos

Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se califican de acuerdo con las normas de la propia sección. Los restantes contratos del sector público se califican según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

Artículo 13. Contrato de obras

Es contrato de obras el que tiene por objeto ejecutar una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, realizar trabajos del Anexo I, o realizar por cualquier medio una obra con los requisitos fijados por la entidad contratante que ejerza una influencia decisiva en su tipo o proyecto. «Obra» es el resultado de trabajos de construcción o de ingeniería civil sobre un bien inmueble, y también modificar la forma o sustancia del terreno o su vuelo o mejorar el medio físico o natural. El contrato se refiere a una obra completa, salvo partes de utilización independiente con autorización.

Artículo 14. Contrato de concesión de obras

La concesión de obras tiene por objeto que el concesionario realice prestaciones del contrato de obras, incluidas la restauración y reparación de construcciones existentes y la conservación y mantenimiento de lo construido. La contraprestación es o bien únicamente el derecho a explotar la obra, o bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. La explotación debe transferir al concesionario un riesgo operacional, de demanda, de suministro o ambos: no está garantizado que recupere las inversiones ni que cubra los costes.

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios

En la concesión de servicios uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia. La contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, bien ese derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación implica transferir al concesionario el riesgo operacional, en los términos del apartado cuarto del artículo anterior.

Artículo 16. Contrato de suministro

Son contratos de suministro los de adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. No lo son los relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Lo son en todo caso: las entregas sucesivas por precio unitario sin cuantía total exacta; los equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas (salvo los programas de ordenador a medida, que son servicios); los de fabricación; y la adquisición de energía primaria o transformada.

Artículo 17. Contrato de servicios

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Se incluyen aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No pueden ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Artículo 18. Contratos mixtos

Contrato mixto es el que contiene prestaciones de otro u otros de distinta clase. Entre obras, suministros o servicios se atiende al carácter de la prestación principal; entre servicios y suministros, o servicios especiales del anexo IV y otros servicios, al mayor de los valores estimados. Con concesiones o con contratos ajenos a la Ley, si las prestaciones no son separables se atiende a la prestación principal. Si un elemento es una obra que supera los 50.000 euros debe elaborarse un proyecto; si hay elementos de concesión, estudio de viabilidad.

Artículo 19. Delimitación general

Son contratos sujetos a regulación armonizada los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios cuyo valor estimado, calculado conforme al artículo 101, sea igual o superior a las cuantías de los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante sea poder adjudicador; también los subvencionados del artículo 23. Cualquiera que sea su valor estimado quedan fuera, entre otros, los de programas audiovisuales o radiofónicos, los del sector de la defensa, los secretos o reservados, ciertos servicios jurídicos y el transporte de viajeros por ferrocarril o en metro.

Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral

Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.404.000 euros. Si la obra se adjudica por lotes separados y el valor acumulado de los lotes iguala o supera esa cantidad, las normas de la regulación armonizada se aplican a la adjudicación de cada lote. Los órganos de contratación pueden exceptuar los lotes de valor estimado inferior a un millón de euros, siempre que el importe acumulado de los exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de todos.

Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral

Los contratos de suministro están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 140.000 euros cuando los adjudican la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (en el sector de la defensa, solo para los productos del anexo II), o a 216.000 euros en los demás suministros. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral

Los contratos de servicios están sujetos a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a: 140.000 euros si adjudica la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; 216.000 euros si adjudican otras entidades del sector público; 750.000 euros en servicios sociales y otros servicios específicos del anexo IV. Por lotes cuenta el valor acumulado; pueden exceptuarse los lotes de menos de 80.000 euros si lo exceptuado no sobrepasa el 20 por 100 del total.

Artículo 23. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada

Son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada los de obras y de servicios subvencionados de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe por poderes adjudicadores, si son: a) obras de ingeniería civil o de construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y de uso administrativo, de valor estimado igual o superior a 5.404.000 euros; b) servicios vinculados a esas obras, de valor estimado igual o superior a 216.000 euros.

Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público

Artículo 25. Contratos administrativos

Son administrativos, si los celebra una Administración Pública: a) los de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios, salvo —que son privados— los de servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos con los CPV indicados, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos; b) los declarados así por una Ley y los administrativos especiales. Se rigen por esta Ley y su desarrollo; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, el privado.

Artículo 26. Contratos privados

Son contratos privados: a) los de las Administraciones Públicas con objeto distinto de los del artículo 25.1 a) y b); b) los de poderes adjudicadores que no son Administración Pública; c) los de entidades del sector público que no son poder adjudicador. Los primeros se rigen en preparación y adjudicación por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, y en efectos, modificación y extinción por el derecho privado. Los de la letra b), por el Título I del Libro Tercero; los de la c), por los artículos 321 y 322.

Artículo 27. Jurisdicción competente

Contencioso-administrativo: preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos; preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública y de las entidades que no son poder adjudicador; recursos contra las resoluciones de los órganos del artículo 44 y del 321.5; y contratos subvencionados del artículo 23. Civil: efectos y extinción de los contratos privados y financiación privada de las concesiones.

Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación

Las entidades del sector público no pueden celebrar otros contratos que los necesarios para sus fines institucionales. En procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, las necesidades y la idoneidad del objeto se determinan con precisión y constan en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento. Promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información. Programarán la contratación y darán a conocer su plan mediante anuncio de información previa que al menos recoja los contratos sujetos a regulación armonizada.

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación

La prórroga la acuerda el órgano de contratación y obliga al empresario si se preavisa con al menos dos meses (salvo plazo mayor en el pliego), excepto si la Administración se demoró más de seis meses en el pago; no cabe por consentimiento tácito. Suministros y servicios de prestación sucesiva y arrendamiento de bienes muebles: máximo cinco años con prórrogas, con las excepciones del apartado 4. Concesiones que sobrepasen cinco años: tope de 40, 25 o 10 años. Prórroga por no haberse formalizado el nuevo contrato: máximo nueve meses. Contratos menores: un año, sin prórroga.

Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados

La Administración puede ejecutar obras con medios propios no personificados o con empresarios colaboradores en los supuestos de las letras a) a h), como tener fábricas o servicios técnicos aptos, elementos auxiliares que ahorren más del 5 por 100 del presupuesto o den mayor celeridad, falta de ofertas o emergencia. Para fabricar bienes muebles, en el supuesto b) el ahorro ha de superar el 20 por 100. En obras de las letras a) y b) los colaboradores no pueden sobrepasar el 60 por ciento del proyecto. Autoriza el órgano competente para aprobar el gasto o el que determinen las normas autonómicas.

Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontal

Las entidades del sector público pueden cooperar entre sí sin que el resultado pueda calificarse de contractual. Cooperación vertical: uso de medios propios personificados, mediante el oportuno acuerdo de encargo. Cooperación horizontal: previa celebración de los correspondientes convenios. Pueden en todo caso acordar la realización conjunta de contrataciones específicas. Si el procedimiento se desarrolla en su totalidad de forma conjunta, la responsabilidad es conjunta; si no, lo es por las partes llevadas a cabo conjuntamente.

Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados

Los poderes adjudicadores pueden ejecutar prestaciones por encargo a un medio propio personificado, a cambio de una compensación tarifaria; ese encargo no es contrato. Requisitos: control análogo al de sus servicios, más del 80 por ciento de la actividad para quien encarga (tres ejercicios anteriores), capital totalmente público si es ente privado y reconocimiento expreso en estatutos. En el sector público estatal, el Consejo de Ministros autoriza encargos de doce millones de euros o más. El medio propio puede contratar con terceros hasta el 50 por ciento del encargo, con excepciones.

Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados

Las entidades del sector público que no sean poder adjudicador pueden ejecutar prestaciones mediante encargo a un medio propio personificado, a cambio de una compensación; ese encargo no tiene la consideración de contrato. Requisitos del medio propio: control directo o indirecto del ente que encarga, totalidad del capital social o patrimonio de titularidad pública y más del 80 por ciento de sus actividades realizadas para la entidad que encarga y lo controla o para otras controladas del mismo modo. También cabe entre entidades del sector público estatal controladas por la misma entidad.

Artículo 34. Libertad de pactos

En los contratos del sector público pueden incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Las prestaciones de diferentes contratos solo pueden fusionarse en un contrato mixto cuando estén directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan tratarlas como una unidad funcional, dirigida a satisfacer una determinada necesidad o a conseguir un fin institucional propio de la entidad contratante.

Artículo 35. Contenido mínimo del contrato

Los documentos de formalización deben incluir necesariamente, salvo que ya estén en los pliegos, las menciones de las letras a) a n): partes, capacidad de los firmantes, objeto y tipo, legislación aplicable con mención a la normativa de protección de datos, documentos que integran el contrato, precio cierto o modo de determinarlo, duración y prórrogas, condiciones de recepción y de pago, supuestos de modificación y resolución, crédito presupuestario, confidencialidad y cumplimiento del convenio colectivo. No puede añadir derechos y obligaciones distintos de los previstos en los pliegos.

Artículo 36. Perfección de los contratos

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición; estos dos últimos se perfeccionan con su adjudicación. Los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada se perfeccionan conforme a la legislación por la que se rijan, y su formalización se notifica al órgano que otorgó la subvención. Salvo que el clausulado indique otra cosa, se entienden celebrados en la sede del órgano de contratación.

Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público

Las entidades del sector público no pueden contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia conforme al artículo 120.1. Los contratos de las Administraciones Públicas se formalizan de acuerdo con el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en el artículo 118. Los contratos de los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas, cuando sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, deben formalizarse en los plazos del artículo 153.

Artículo 38. Supuestos de invalidez

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados del artículo 23, son inválidos en tres supuestos: cuando concurra alguna de las causas que los invalidan conforme al derecho civil; cuando sea inválido alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir alguna de las causas de derecho administrativo; y cuando la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.

Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo

Son causas de nulidad las del artículo 47 de la Ley 39/2015. Son igualmente nulos los contratos de poderes adjudicadores en los supuestos de las letras a) a h), entre ellos: falta de capacidad de obrar, solvencia, habilitación o clasificación, o prohibición para contratar; carencia o insuficiencia de crédito, salvo los supuestos de emergencia; falta de publicación del anuncio de licitación; inobservancia del plazo de formalización si concurren dos requisitos; y formalizar el contrato sin respetar la suspensión derivada del recurso especial en materia de contratación.

Artículo 40. Causas de anulabilidad de derecho administrativo

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas de la propia Ley. En particular: el incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos; las disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración; y los encargos a medios propios que no observen alguno de los requisitos relativos a la condición de medio propio.

Artículo 41. Revisión de oficio

La revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación se rige por el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015. A los exclusivos efectos de esta Ley son actos administrativos los de entidades del sector público que no sean Administraciones Públicas y los de contratos subvencionados. Sin perjuicio de las normas autonómicas, declara la nulidad o lesividad el órgano de contratación si contrata una Administración Pública. Salvo determinación expresa en contrario, esta competencia se entiende delegada con la de contratar, pero la indemnización por nulidad no es delegable.

Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad

La nulidad firme de los actos preparatorios o de la adjudicación lleva consigo en todo caso la del contrato, que entra en fase de liquidación: las partes se restituyen lo recibido o, si no es posible, su valor, y la parte culpable indemniza. La nulidad de los actos no preparatorios afecta a estos y sus consecuencias. Si la declaración administrativa de nulidad produce un grave trastorno al servicio público, el mismo acuerdo puede mantener sus efectos, bajo sus mismas cláusulas, hasta adoptar medidas urgentes. La sentencia dictada previa declaración de lesividad puede acordar estos efectos.

Artículo 43. Causas de invalidez de derecho civil

Cuando un contrato de los del artículo 38 sea inválido por causas reconocidas en el derecho civil, los requisitos y los plazos de ejercicio de las acciones son los establecidos en el ordenamiento civil. En cambio, si el contrato lo ha celebrado una Administración Pública, el procedimiento para hacer valer esas acciones es el previsto en los artículos anteriores para los actos y contratos administrativos anulables.

Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles

Cabe recurso especial en contratos de Administraciones Públicas y demás poderes adjudicadores: obras de valor estimado superior a tres millones de euros; suministro y servicios superior a cien mil; acuerdos marco y sistemas dinámicos sobre ellos; concesiones que superen tres millones. Son recurribles anuncios, pliegos, ciertos actos de trámite, adjudicación, modificaciones, encargos a medios propios y rescate de concesiones. No se da en el trámite de emergencia, excluye los recursos administrativos ordinarios y es potestativo y gratuito.

Artículo 45. Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado

En el sector público estatal resuelve el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública: un Presidente y un mínimo de cinco vocales, en un mínimo de dos Secciones. Vocales: funcionarios de carrera con más de diez años de actividad profesional; Presidente: título de licenciado o grado en derecho y más de quince. Los designa el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda y Función Pública y de Justicia, por seis años sin prórroga. El Secretario General tiene voz pero no voto.

Artículo 46. Órgano competente para la resolución del recurso en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

Las Comunidades Autónomas fijan por sus normas quién resuelve los recursos, creando un órgano independiente, y pueden atribuir la competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales mediante convenio con la Administración General del Estado, sufragando los gastos; Ceuta y Melilla tienen las mismas opciones. En las Corporaciones Locales decide la norma autonómica y, sin previsión expresa, el órgano autonómico. Municipios de gran población y Diputaciones Provinciales pueden crear un órgano propio por acuerdo del Pleno; el resto de Ayuntamientos, acudir al de su Diputación.

Artículo 47. Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración Pública y en relación con contratos subvencionados

Recursos contra actos de poderes adjudicadores que no son Administración Pública: resuelve el órgano independiente competente respecto de la Administración a la que esté vinculada la entidad autora del acto. Si está vinculada con varias, el de la que ostente el control o participación mayoritaria; con participación igual, el que elija el recurrente. En contratos subvencionados: el órgano independiente de la Administración a la que esté adscrito quien otorgó la subvención; si concurren varias, se atiende a la de mayor cuantía y, a igualdad de importe, al órgano que decida el recurrente.

Artículo 48. Legitimación

Puede interponer el recurso especial cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. También las organizaciones sindicales, cuando pueda deducirse fundadamente que en la ejecución del contrato el empresario incumplirá las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores. En todo caso se entiende legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.

Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares

Antes de interponer el recurso especial, los legitimados pueden pedir medidas cautelares al órgano competente para resolverlo, entre ellas la suspensión del procedimiento de adjudicación. Este decide de forma motivada en los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito; el mismo día de la petición la comunica al órgano de contratación, que tiene dos días hábiles para alegar. Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno. Puede imponerse caución o garantía. Las medidas decaen si transcurre el plazo de interposición sin que el interesado recurra.

Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo

El recurso se inicia por escrito en quince días hábiles, desde el día siguiente a: la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante; esa misma publicación para los pliegos, si indica cómo acceder a ellos; el conocimiento de la posible infracción en actos de trámite; la notificación de la adjudicación; la publicación en el perfil, en modificaciones y encargos. Si se funda en las causas de nulidad del artículo 39.2 c), d), e) o f): treinta días desde la publicación de la formalización o la notificación; en los restantes casos, seis meses desde la formalización.

Artículo 51. Forma y lugar de interposición del recurso especial

El escrito de interposición indica el acto recurrido, el motivo, los medios de prueba y, en su caso, las medidas que se soliciten, y se acompaña de los documentos de las letras a) a e), como una dirección de correo electrónico habilitada. Los defectos se subsanan en tres días hábiles desde el siguiente a la notificación; si no, se le tiene por desistido. La documentación subsanada va necesariamente al registro del órgano competente para resolver. El escrito puede presentarse en los lugares del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el registro del órgano de contratación o en el del que resuelve.

Artículo 52. Acceso al expediente

Quien desee examinar el expediente antes de recurrir debe pedirlo al órgano de contratación, obligado a ponerlo de manifiesto con los límites de confidencialidad. La solicitud se hace dentro del plazo de interposición y el acceso se facilita en los cinco días hábiles siguientes a su recepción, sin paralizar en ningún caso el plazo para recurrir. Si se incumple, el recurrente puede alegarlo y el órgano que resuelve le da acceso en sus oficinas por diez días; en ese supuesto, dos días hábiles al órgano de contratación para informar y cinco días hábiles a los restantes interesados para alegar.

Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso

Interpuesto el recurso, la tramitación del procedimiento queda en suspenso cuando el acto recurrido es el de adjudicación. Esa suspensión no se produce en los contratos basados en un acuerdo marco ni en los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud del artículo 56.3.

Artículo 54. Comunicaciones y notificaciones

Las comunicaciones y el intercambio de documentación se harán por medios electrónicos. La regla alcanza a tres sujetos: los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento.

Artículo 55. Inadmisión

El órgano encargado de resolver el recurso, tras la reclamación y examen del expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando conste de modo inequívoco y manifiesto: a) la incompetencia del órgano para conocer del recurso; b) la falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación; c) que se dirige contra actos no susceptibles de impugnación conforme al artículo 44; d) que se interpuso una vez finalizado el plazo. Si aprecia alguno, sin perjuicio del artículo 51.2, dictará resolución acordando la inadmisión.

Artículo 56. Tramitación del procedimiento

El procedimiento se rige por la Ley 39/2015 con especialidades. El órgano competente notifica el recurso en el mismo día al órgano de contratación y reclama el expediente, que se remite con informe dentro de los dos días hábiles siguientes. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición da traslado a los restantes interesados, con cinco días hábiles para alegar en su registro, y decide en cinco días hábiles sobre las medidas cautelares solicitadas. De oficio caben en cualquier fase, con audiencia al órgano de contratación por dos días. Prueba: diez días hábiles.

Artículo 57. Resolución del recurso especial

Recibidas las alegaciones, o transcurrido su plazo y el de prueba, el órgano competente resuelve dentro de los cinco días hábiles siguientes y notifica a todos los interesados. La resolución estima en todo o en parte, desestima o inadmite, de forma motivada y congruente con la petición, y levanta la suspensión del acto de adjudicación si continuase suspendido. Si estima, el órgano de contratación da cuenta de su cumplimiento. A los dos meses desde el siguiente a la interposición sin notificación, el interesado podrá considerarlo desestimado para acudir al contencioso-administrativo.

Artículo 58. Indemnizaciones y multas

A solicitud del interesado, el órgano competente para resolver podrá imponer a la entidad contratante la obligación de indemnizarle por los daños y perjuicios de la infracción legal, resarciéndole, cuando menos, de los gastos de preparación de la oferta o de participación en el procedimiento. Si aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá multar al responsable con entre 1.000 y 30.000 euros, que se ingresan en todo caso en el Tesoro Público. Las cuantías podrán actualizarse por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial

Contra la resolución solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo, y pese a ello la resolución será directamente ejecutiva. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para resolver el recurso, que tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que estén adscritos. Esos órganos podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos de sus actos.

Artículo 60. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa

Cuando se interponga recurso contencioso administrativo contra una resolución del órgano competente para la resolución del recurso, este, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el expediente administrativo, emplazará para su comparecencia ante la Sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento. El emplazamiento se hará en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Artículo 61. Competencia para contratar

La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados, que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre por norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria. Podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades cumpliendo las normas y formalidades de la delegación o desconcentración, si son órganos administrativos, o las del otorgamiento de poderes, si son órganos societarios o de una fundación.

Artículo 62. Responsable del contrato

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato, que supervisa su ejecución, adopta decisiones y dicta instrucciones dentro de las facultades que le atribuyan. Podrá ser persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a ella. En obras, sus facultades las ejerce el Director Facultativo. En las concesiones de obra pública y de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general.

Artículo 63. Perfil de contratante

El perfil de contratante se difunde exclusivamente a través de Internet; el acceso es libre, sin identificación previa, salvo para servicios personalizados. La información se publica en formatos abiertos y reutilizables y permanece accesible no menos de 5 años. Los contratos menores se publican al menos trimestralmente, salvo los de valor estimado inferior a cinco mil euros pagados por anticipo de caja fija u otro similar. Se publica la formalización de los encargos a medios propios de importe superior a 50.000 euros, IVA excluido, y, al menos trimestralmente, los de más de 5.000 euros.

Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses

Los órganos de contratación deberán tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses. El conflicto abarca, al menos, toda situación en que el personal al servicio del órgano de contratación que participe en la licitación o pueda influir en su resultado tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia. Quien conozca un posible conflicto debe comunicarlo inmediatamente a dicho órgano.

Artículo 65. Condiciones de aptitud

Solo pueden contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, cuando la Ley lo exija, estén debidamente clasificadas. Además deben contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible. En los contratos subvencionados del artículo 23, el contratista debe acreditar su solvencia y no estar incurso en la prohibición del artículo 71.1.a).

Artículo 66. Personas jurídicas

Las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios según sus estatutos o reglas fundacionales. Quienes concurran, individual o conjuntamente con otros, a la licitación de una concesión de obras o de servicios pueden hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión; su constitución y, en su caso, su forma se ajustarán a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la legislación específica.

Artículo 67. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, si están habilitadas para realizar la prestación de que se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas. Si esa legislación exige una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para prestar en él el servicio, deberán acreditar que cumplen ese requisito.

Artículo 68. Empresas no comunitarias

Sin perjuicio de los acuerdos internacionales de España, las empresas no comunitarias deben justificar, con un informe de la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que su Estado admite a las empresas españolas en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescinde del informe para empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. El pliego puede exigir a las adjudicatarias de contratos de obras sucursal en España, con apoderados o representantes, e inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 69. Uniones de empresarios

Las uniones temporales de empresarios pueden contratar sin formalizarse en escritura pública hasta la adjudicación a su favor. Sus miembros quedan obligados solidariamente y nombran un representante o apoderado único. Su duración coincide, al menos, con la del contrato. Si su composición se modifica antes de la formalización, queda excluida. Formalizado el contrato, aumentar, disminuir o sustituir empresas exige autorización previa y expresa del órgano de contratación y haber ejecutado al menos un 20 por ciento del importe o, en concesiones, explotado al menos la quinta parte del plazo.

Artículo 70. Condiciones especiales de compatibilidad

El órgano de contratación tomará medidas para que no falsee la competencia la participación de empresas que intervinieron en la preparación del contrato o le asesoraron; entre ellas, comunicar a los demás la información intercambiada y fijar plazos adecuados para ofertar. Su exclusión, y la de sus vinculadas, cabe cuando no haya otro medio de garantizar la igualdad de trato y previa audiencia. Los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución, y de coordinación de seguridad y salud, no pueden adjudicarse a las adjudicatarias de esos contratos ni a sus vinculadas.

Artículo 71. Prohibiciones de contratar

No pueden contratar, entre otros: los condenados por sentencia firme por los delitos de la letra a); los sancionados con carácter firme por las infracciones de la letra b); quienes hayan solicitado concurso voluntario o estén declarados en concurso, salvo convenio eficaz; quienes no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social; las empresas de 50 o más trabajadores sin el 2 por ciento de empleados con discapacidad o sin plan de igualdad; quienes falseen la declaración responsable; y, según el apartado 2, quienes retiren indebidamente su proposición.

Artículo 72. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento

Los órganos de contratación aprecian directamente las prohibiciones de las letras c), d), f), g) y h) del artículo 71.1, y las de a) y b) si la sentencia o resolución fija su alcance y duración. Si no, los fija el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Duración: la prevista en la sentencia penal firme; si no establece plazo, no más de cinco años desde la condena firme; en el resto, no más de tres años. En el caso del artículo 71.2.b), el procedimiento no puede iniciarse pasados tres meses desde la adjudicación.

Artículo 73. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar

En los casos del artículo 71.2 y de falsedad de la letra e) del 71.1, la prohibición afecta al ámbito del órgano de contratación competente para declararla y puede extenderse a su sector público; excepcionalmente, tras esa extensión, a todo el sector público por el Ministro de Hacienda y Función Pública, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si la declara ese Ministro, tiene efectos en todo el sector público. Salvo las de las letras c), d), g) y h), se comunican sin dilación al Registro; la inscripción caduca pasados 3 meses desde que termine su duración.

Artículo 74. Exigencia de solvencia

Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que determine el órgano de contratación. Este requisito se sustituye por el de la clasificación cuando esta sea exigible conforme a la Ley. Los requisitos mínimos de solvencia y la documentación para acreditarlos se indican en el anuncio de licitación y se especifican en el pliego del contrato, y deben estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos

El empresario puede basarse en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de sus vínculos, si demuestra que dispondrá efectivamente de ellos durante toda la ejecución del contrato y la entidad no está incursa en prohibición de contratar. Para títulos de estudios y profesionales o experiencia profesional, únicamente si esas entidades van a ejecutar las obras o prestar los servicios. Se demuestra con su compromiso por escrito. En solvencia económica y financiera, el poder adjudicador puede exigir responsabilidad conjunta, incluso solidaria.

Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia

En contratos de obras, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, y en los de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, puede exigirse a las personas jurídicas especificar nombres y cualificación profesional del personal responsable. Los órganos de contratación pueden exigir en pliegos el compromiso de adscribir medios personales o materiales, y lo exigirán si por la complejidad técnica es determinante concretarlos; se integra en el contrato como obligación esencial o con penalidades. La adscripción debe ser razonable, justificada y proporcional.

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación

En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros la clasificación es requisito indispensable. En los de valor inferior, el empresario puede acreditar su solvencia indistintamente con la clasificación o cumpliendo los requisitos específicos de solvencia de los pliegos. En los contratos de servicios no es exigible, ni tampoco en los demás tipos de contratos. Se exige igualmente al cesionario si fue requerida al cedente. Por Real Decreto puede exceptuarse, de forma motivada, en determinados contratos de obras.

Artículo 78. Exención de la exigencia de clasificación

No es exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, concurran aisladamente o integrados en una unión, aunque deben acreditar su solvencia. Excepcionalmente, si conviene a los intereses públicos, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, puede autorizar que la Administración General del Estado y sus entes contraten con personas no clasificadas. En las Comunidades Autónomas autorizan los órganos que estas designen.

Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación

La clasificación se hace en función de la solvencia y determina a qué contratos puede optar la empresa por su objeto y cuantía. Los contratos se dividen en grupos generales y subgrupos, por su naturaleza, y categorías, por cuantía: valor estimado si la duración es igual o inferior a un año y valor medio anual si es superior. Se deniega a empresas que puedan presumirse continuación de otras afectadas por una prohibición de contratar. En obras con singularidades, salvo casos excepcionales, los subgrupos exigibles no superan cuatro y la obra parcial debe superar el 20 por 100 del precio total.

Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentes

Los acuerdos de clasificación los adoptan, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. Una empresa no puede tener a la vez clasificación estatal y autonómica, ni de varias Comunidades, pero sí una en obras y otra en servicios. Para cambiar de órgano debe comunicar su renuncia, que surte efecto desde el otorgamiento de la nueva; el nuevo órgano comunica su acuerdo en 15 días. Si coinciden varias, prevalece la más reciente.

Artículo 81. Inscripción registral de la clasificación

Los acuerdos de clasificación adoptados por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se inscriben de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Los adoptados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia se inscriben de oficio en el Registro de Licitadores de la Comunidad, si dispone de él, y el órgano que los adoptó los comunica al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para su inscripción.

Artículo 82. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones

La clasificación tiene vigencia indefinida mientras el empresario mantenga las condiciones en que se basó su concesión. Para conservarla debe justificarse anualmente la solvencia económica y financiera y, cada tres años, la técnica y profesional, con declaración responsable o, en su defecto, documentación actualizada. No aportarlas en plazo produce la suspensión automática y abre expediente de revisión. Es revisable a petición de los interesados o de oficio. El empresario debe comunicar toda variación que pueda dar lugar a revisión; omitirlo le hace incurrir en prohibición de contratar.

Artículo 83. Comprobación de los elementos de la clasificación

Los órganos competentes en materia de clasificación pueden solicitar en cualquier momento, tanto a las empresas clasificadas como a las pendientes de clasificación, los documentos que estimen necesarios para comprobar las declaraciones y hechos que estas hayan manifestado en los expedientes que tramiten. También pueden pedir informe sobre esos extremos a cualquier órgano de las Administraciones Públicas.

Artículo 84. Acreditación de la capacidad de obrar

Las personas jurídicas acreditan su capacidad de obrar con la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, inscritos en su caso en el Registro público que corresponda. Los no españoles nacionales de Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por su inscripción en el registro procedente del Estado donde están establecidos, o con declaración jurada o certificado. Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular del domicilio de la empresa.

Artículo 85. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar

Los empresarios pueden probar que no están incursos en prohibiciones para contratar mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140. Cuando la autoridad competente no pueda expedir ese documento, cabe sustituirlo por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

Artículo 86. Medios de acreditar la solvencia

La solvencia para un contrato se acredita con los documentos que determine el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91. En contratos no sujetos a regulación armonizada puede admitir además, de forma justificada, otros medios de prueba. Para la clasificación, los documentos son los reglamentariamente establecidos de entre los de esos artículos. La clasificación acredita la solvencia para contratos del mismo tipo e importe para los que no se exija. En concesiones de obras y de servicios con fases sucesivas, los pliegos pueden diferenciar requisitos por fase.

Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera se acredita, a elección del órgano de contratación, por volumen anual de negocios (mejor ejercicio de los tres últimos disponibles; el mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, excepto casos debidamente justificados), seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales o patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos. En contratos no sujetos a clasificación, si los pliegos no concretan: volumen de al menos una vez y media el valor estimado, o el valor anual medio si dura más de un año.

Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras

En los contratos de obras la solvencia técnica se acredita, a elección del órgano de contratación, por uno o varios medios: obras ejecutadas en los cinco últimos años con certificados de buena ejecución, personal técnico, títulos académicos y profesionales, medidas de gestión medioambiental, plantilla media anual y directivos de los tres últimos años, y maquinaria. En contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, la empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) acredita por los medios de las letras b) a f).

Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro

En suministros, la solvencia técnica se acredita por uno o varios medios, a elección del órgano de contratación: relación de suministros de, como máximo, los tres últimos años; personal técnico; instalaciones; control; muestras; certificados y cadena de suministro. En contratos no sujetos a regulación armonizada, la empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años) no acredita por la relación de suministros. En defecto de especificación: relación de los tres últimos años con importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % de la anualidad media.

Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios

En servicios, la solvencia se aprecia por conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, y se acredita por uno o varios medios, a elección del órgano de contratación: relación de servicios de, como máximo, los tres últimos años; títulos, si no se evalúan como criterio de adjudicación; plantilla media de tres años, entre otros. En su defecto: relación de tres años con importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % de la anualidad media. En contratos no armonizados, la empresa de antigüedad inferior a cinco años no acredita por esa relación.

Artículo 91. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos

En los contratos distintos de los de obras, servicios o suministro, la solvencia profesional o técnica podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican en el artículo anterior. El precepto no enumera medios propios: se limita a remitir al artículo que le precede.

Artículo 92. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia

El órgano de contratación determina los requisitos mínimos de solvencia y los medios para acreditarla; se indican en el anuncio de licitación o en la invitación y se detallan en los pliegos (magnitudes, parámetros o ratios y umbrales o rangos de valores). En su ausencia se aplican los de los artículos 87 a 90. La clasificación en un grupo o subgrupo es prueba bastante de solvencia si el objeto está incluido en él y el importe anual medio es igual o inferior al de su categoría; el CPV determina el grupo o subgrupo. Reglamentariamente podrá eximirse la acreditación por debajo de un umbral.

Artículo 93. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan certificados de organismos independientes sobre normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas de certificación. Reconocerán los certificados equivalentes de organismos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes.

Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, si se exigen certificados de organismos independientes sobre normas de gestión medioambiental, los órganos de contratación harán referencia al EMAS de la Unión Europea, a otros sistemas reconocidos conforme al artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 o a otras normas basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados. Reconocerán certificados equivalentes de cualquier Estado miembro y aceptarán otras pruebas, como una descripción de las medidas ejecutadas, si el licitador demuestra su equivalencia.

Artículo 95. Documentación e información complementaria

El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este puede hacer dos cosas respecto de los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores: recabar del empresario aclaraciones sobre ellos o requerirle para que presente otros complementarios. Está formulado como facultad: «podrá».

Artículo 96. Certificaciones de Registros de Licitadores

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. La inscripción en el Registro de una Comunidad Autónoma acredita lo mismo para contratar con ella, con las entidades locales de su ámbito territorial y con los entes dependientes de una y otras. El contenido se prueba mediante certificación del órgano encargado.

Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar

Los certificados de inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar de los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado que los expide, constituyen una presunción de aptitud respecto de los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. Igual valor presuntivo tienen las certificaciones de organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación. Estos documentos deben indicar las referencias que permitieron la inscripción o la certificación y la clasificación obtenida.

Artículo 98. Supuestos de sucesión del contratista

En la fusión, el contrato continúa con la entidad absorbente o la resultante, subrogada en todos los derechos y obligaciones. En escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, continúa con la entidad a la que se atribuya si reúne capacidad, ausencia de prohibición de contratar y solvencia, o si las sociedades beneficiarias y la de origen, de subsistir, responden solidariamente. Si no cabe la subrogación por falta de solvencia, se resuelve por culpa del adjudicatario. La empresa lo comunica al órgano de contratación. Si el contratista es una unión temporal: artículo 69.

Artículo 99. Objeto del contrato

El objeto debe ser determinado y puede definirse por necesidades o funcionalidades, sin solución única. No cabe fraccionarlo para disminuir la cuantía y eludir publicidad o procedimiento. Si la naturaleza o el objeto lo permiten, se divide en lotes; no dividir exige motivos válidos justificados en el expediente, salvo en concesión de obras. Pueden limitarse los lotes a los que se oferta o que se adjudican, indicándolo en el anuncio y en el pliego. La oferta integradora exige cuatro requisitos. Cada lote constituye un contrato, salvo otra previsión en el pliego u ofertas integradoras.

Artículo 100. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. Debe ser adecuado a los precios del mercado y se desglosa en el pliego o documento regulador indicando costes directos e indirectos y otros eventuales gastos. Si los salarios forman parte del precio total, indica los costes salariales con desagregación de género y categoría profesional, a partir del convenio laboral de referencia. No es necesario aprobarlo antes de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición.

Artículo 101. Valor estimado

El valor estimado se calcula sin IVA: en obras, suministros y servicios es el importe total pagadero; en concesiones, el importe neto de la cifra de negocios de la concesionaria. Incluye opciones eventuales, prórrogas, primas y las modificaciones al alza previstas. El método de cálculo debe figurar en todo caso en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En servicios sin precio total de hasta cuarenta y ocho meses se toma el valor de toda la duración; si la superan o no tienen duración cierta, el valor mensual por 48. Con lotes se atiende al valor global de todos.

Artículo 102. Precio

Los contratos del sector público tienen siempre un precio cierto, con el IVA incluido e indicado como partida independiente. Con carácter general se expresa en euros, aunque puede preverse su pago total o parcial en otra moneda. Puede formularse en precios unitarios o a tanto alzado. Excepcionalmente caben precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y en ellos no cabe la revisión de precios. Se prohíbe el pago aplazado en los contratos de las Administraciones Públicas, con las excepciones del apartado 8.

Artículo 103. Procedencia y límites

Los precios solo pueden ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Previa justificación en el expediente, cabe en contratos de obra, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, de suministro de energía y en otros con período de recuperación de la inversión igual o superior a cinco años. Salvo en suministro de energía, tiene lugar cuando se ha ejecutado al menos el 20 por ciento del importe (no exigible en concesión de servicios) y ha transcurrido un año desde la formalización. La fórmula es invariable durante la vigencia del contrato.

Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución

Si la cláusula de revisión se aplica sobre períodos en los que el contratista ha incurrido en mora, se tienen en cuenta los índices de precios de las fechas establecidas en el contrato para realizar la prestación en plazo. Si los índices del período real de ejecución producen un coeficiente inferior, se aplican estos últimos. Todo ello sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes.

Artículo 105. Pago del importe de la revisión

El importe de las revisiones que procedan se hace efectivo de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Para su cobertura se tramita a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto. Los posibles desajustes respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables, se pueden hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional

No procede exigir garantía provisional, salvo que de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. Su importe no puede ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el IVA; en acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, del valor estimado. Con lotes se atiende a los lotes a los que se vaya a ofertar. Responde del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato; inmediatamente después se extingue automáticamente y se devuelve a los licitadores.

Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva

Las mejores ofertas obligan a constituir una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA; con precios provisionales se calcula sobre el precio máximo fijado y con precios unitarios se atiende al presupuesto base de licitación. El órgano de contratación puede eximir de ella justificándolo en el pliego, pero no en contratos de obras ni de concesión de obras. En casos especiales cabe una complementaria de hasta un 5 por 100, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100. En las concesiones de obras y de servicios lo fija en cada caso el órgano de contratación.

Artículo 108. Garantías definitivas admisibles

La garantía definitiva puede prestarse en efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública; mediante aval de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España; o mediante contrato de seguro de caución. Si lo prevén los pliegos, en obras, suministros y servicios, y en concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, puede constituirse mediante retención en el precio. Puede acreditarse por medios electrónicos.

Artículo 109. Constitución, reposición y reajuste de garantías

El licitador con la mejor oferta debe acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo del artículo 150.2; si no lo hace por causas a él imputables, no se adjudica a su favor. Si se hacen efectivas sobre ella penalidades o indemnizaciones, debe reponerla o ampliarla en quince días desde la ejecución, o incurre en causa de resolución. Si una modificación varía el precio, se reajusta en quince días desde la notificación del acuerdo. Si el contrato excede los cinco años y el seguro de caución es de plazo inferior, debe renovarse o prorrogarse con dos meses de antelación mínima.

Artículo 110. Responsabilidades a que están afectas las garantías

La garantía definitiva responde únicamente de: la obligación de formalizar el contrato en plazo; las penalidades impuestas al contratista; la correcta ejecución de las prestaciones, incluidas las mejoras aceptadas, los gastos originados a la Administración por la demora del contratista y los daños y perjuicios cuando no proceda la resolución; y la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros responde de la inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía previsto en el contrato.

Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías definitivas

La garantía no se devuelve o cancela hasta el vencimiento del plazo de garantía y el cumplimiento satisfactorio del contrato, o hasta que se declare su resolución sin culpa del contratista. El acuerdo de devolución se adopta y notifica en dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin recepción formal ni liquidación por causas no imputables al contratista, se devuelve una vez depuradas las responsabilidades; ese plazo se reduce a seis meses en los supuestos del último párrafo.

Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros

Quienes, sin ser el contratista, presten garantías a su favor no pueden utilizar el beneficio de excusión de los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. El avalista o asegurador es parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada. En el seguro de caución, el tomador es el contratista y el asegurado la Administración contratante; la falta de pago de la prima no da derecho a resolver el contrato, ni extingue el seguro, ni suspende la cobertura, ni libera al asegurador; y este no puede oponer al asegurado las excepciones que le correspondan contra el tomador.

Artículo 113. Preferencia en la ejecución de garantías

Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tiene preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual sea su naturaleza y el título de su crédito. Si la garantía no basta para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la diferencia se cobra por el procedimiento administrativo de apremio, conforme a las normas de recaudación. En caso de concurso, los créditos derivados de obligaciones ex lege o surgidos de actos administrativos son créditos con privilegio general.

Artículo 114. Supuestos y régimen

En los contratos de entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá exigir garantía: a licitadores o candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación y, en su caso, formalización; o al adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución. Dicho órgano fija el importe y el régimen de devolución o cancelación, sin sobrepasar los límites de los artículos 106.2 y 107.2. Puede presentarse en las formas del artículo 108, sin necesidad de constituirla en la Caja General de Depósitos.

Artículo 316. Régimen jurídico

Artículo 317. Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada

Los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes adjudicadores a que se refiere este Título se preparan y adjudican conforme a las normas de las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de la propia Ley. La remisión abarca las dos fases: la preparación y la adjudicación.

Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada

En los contratos no sujetos a regulación armonizada: a) los de valor estimado inferior a 40.000 euros (obras, concesiones de obras y concesiones de servicios) o a 15.000 euros (servicios y suministros) podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria; b) los de obras y concesiones desde 40.000 e inferiores a 5.404.000 euros, y los de servicios y suministros superiores a 15.000 e inferiores a 216.000 euros, por cualquier procedimiento de la Sección 2.ª, salvo el negociado sin publicidad, reservado a los casos del artículo 168.

Artículo 319. Efectos y extinción

Efectos y extinción de los contratos de poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas: derecho privado, aunque se les aplican los arts. 201, 202, 203 a 205, 214 a 217, 218 a 228 y las condiciones de pago de los arts. 198.4, 210.4 y 243.1. La modificación no prevista en el pliego, con importe igual o superior a 6.000.000 de euros y cuantía superior al 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido, exige autorización del órgano de adscripción o tutela, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.

Artículo 320. De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto

En los contratos de servicios que consistan en la elaboración íntegra de un proyecto de obra se exigirá la responsabilidad del contratista por los defectos o errores del proyecto. Esa responsabilidad se exige de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314, al que el precepto remite.

Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores

Las entidades del sector público que no son poderes adjudicadores aprueban instrucciones de contratación, publicadas en el perfil de contratante (en el sector público estatal, con informe previo del órgano de asesoramiento jurídico). Sin aplicarlas pueden adjudicar directamente contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros (obras) o 15.000 euros (servicios y suministros); desde esas cifras, anuncio en el perfil, plazo de ofertas no inferior a diez días y selección motivada. El informe de la autoridad de competencia del apartado 6 se evacua en veinte días hábiles como máximo.

Artículo 322. Efectos, modificación y extinción de los contratos. Responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto

Los efectos, la modificación y la extinción de los contratos de las entidades del Sector Público que no ostenten la condición de poder adjudicador se regulan por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. En los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con el artículo 314.

Artículo 323. Órganos de contratación estatales

Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado. En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas estatales lo son sus Presidentes o Directores, y en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sus Directores generales, a falta de disposición específica. La contratación centralizada estatal corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada. Pueden constituirse Juntas de Contratación.

Artículo 324. Autorización para contratar

Las entidades del sector público estatal que sean poder adjudicador conforme al artículo 3.3 necesitan autorización del Consejo de Ministros: con valor estimado igual o superior a doce millones de euros; con pago por arrendamiento financiero o con opción de compra y más de cuatro años de anualidades; y en acuerdos marco y sistemas dinámicos desde doce millones. Se obtiene antes de aprobar el expediente y es genérica. También autoriza las modificaciones no previstas en el pliego superiores al 10 por ciento del precio inicial, IVA excluido, y la resolución.

Artículo 325. Desconcentración

Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación. En las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las competencias de contratación de sus Directores podrán desconcentrarse en la forma y con los requisitos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 326. Mesas de contratación

Los órganos de contratación de las Administraciones Públicas están asistidos por una mesa en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, salvo que contrate una Junta de Contratación. La forman un Presidente, los vocales reglamentarios y un Secretario, nombrados por el órgano de contratación. No pueden integrarla cargos públicos representativos ni personal eventual. Califica la documentación, valora las proposiciones y propone la adjudicación.

Artículo 327. Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para la innovación

En los procedimientos de diálogo competitivo o de asociación para la innovación que sigan las Administraciones Públicas se constituye una mesa con la composición del apartado 3 del artículo anterior, a la que se incorporan personas especialmente cualificadas en la materia, designadas por el órgano de contratación. Su número será igual o superior a un tercio de los componentes de la Mesa y participan en las deliberaciones con voz y voto.

Artículo 328. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal: órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son vocales natos, con voz pero sin voto. Cada tres años remite un informe a la Comisión Europea, en los quince días siguientes a su adopción, y lo publica en un mes.

Artículo 329. Comité de cooperación en materia de contratación pública

Se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de cooperación en materia de contratación pública, órgano colegiado que actúa en Pleno o en Secciones. El Pleno lo preside el Director General del Patrimonio del Estado y lo integran cinco vocales de la Administración General del Estado, un representante por cada Comunidad y Ciudad Autónoma (uno ocupa la Vicepresidencia) y uno de la asociación o federación de Entidades Locales con mayor implantación. Cuenta en todo caso con cinco Secciones y se atiende con los medios de la Junta Consultiva.

Artículo 330. Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

Los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades Autónomas ejercen su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Entidades que integren el sector público autonómico y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las Entidades Locales incluidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Artículo 331. Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

Las Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus ámbitos territoriales, dos informes, cada uno con una periodicidad de al menos cada tres años: uno sobre las cuestiones de las letras b) a f) del apartado 4 del artículo 328 y otro sobre las del apartado 8 del artículo 332. La documentación incluirá información de los órganos de contratación de las Administraciones locales y sus entidades vinculadas o dependientes con perfil de contratante alojado en el servicio autonómico.

Artículo 332. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano colegiado con plena independencia orgánica y funcional, adscrito a efectos puramente organizativos y presupuestarios al Ministerio de Hacienda y Función Pública. La integran un presidente y cuatro vocales, funcionarios de carrera del Subgrupo A1 con al menos 10 años de experiencia, designados por el Consejo de Ministros por un periodo improrrogable de seis años. Aprueba la Estrategia Nacional de Contratación Pública y elabora un informe de supervisión y un informe anual.

Artículo 333. La Oficina Nacional de Evaluación

La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y presidida por su Presidente, analiza la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y de servicios. Emite informe preceptivo previo a la licitación si el valor estimado supera un millón de euros y hay aportaciones públicas o apoyo a la financiación, o si la tarifa la asume total o parcialmente el poder adjudicador y las obras o gastos de primer establecimiento superan un millón. Plazo: treinta días hábiles, reducible a la mitad por urgencia.

Artículo 334. Estrategia Nacional de Contratación Pública

La Estrategia Nacional de Contratación Pública es el instrumento jurídico vinculante, aprobado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a propuesta del Comité de cooperación, con un horizonte temporal de cuatro años. Se remite a la Comisión Europea y se publica transcurrido un mes. El Comité la valora transcurridos los dos primeros años y, al finalizar, elabora un informe; la nueva Estrategia se aprueba en seis meses desde la adopción del informe. La primera, en nueve meses desde la publicación de la Ley.

Artículo 335. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas

Dentro de los tres meses siguientes a la formalización se remite al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización autonómico copia certificada del documento de formalización y extracto del expediente, si el precio de adjudicación (o el valor estimado en acuerdos marco) excede de 600.000 euros en obras, concesiones y acuerdos marco; 450.000 en suministros; y 150.000 en servicios y contratos administrativos especiales. Además se remite relación del resto de contratos, incluidos los menores, excepto los inferiores a cinco mil euros pagados por anticipo de caja fija u otro sistema similar.

Artículo 336. Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos

Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, y cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición. Incluye al menos, entre otros extremos, el nombre y dirección del poder adjudicador, el objeto y precio, el adjudicatario y los motivos de elección de su oferta. No se exige en contratos basados en acuerdos marco celebrados con arreglo a los apartados 3 y 4.a) del artículo 221. Se remite a la Comisión Europea o al Comité de cooperación cuando lo soliciten.

Artículo 337. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público inscribe los datos relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados. Depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública y su llevanza corresponde a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Es interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado; si los poderes discrepan, prevalece el inscrito en el Registro Oficial.

Artículo 338. Inscripciones y publicaciones de oficio

En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas se hacen constar de oficio las clasificaciones otorgadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y las otorgadas por los órganos autonómicos competentes, siempre que no resulten contradictorias con aquellas. También constan los datos de las prohibiciones de contratar del apartado 2 del artículo 73: el órgano del que emane la sentencia o resolución debe remitir de oficio testimonio o copia a la Junta Consultiva. Las inscribibles en un registro autonómico se comunican al Registro Oficial para su publicación.

Artículo 339. Inscripciones a solicitud de los interesados

En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, estos datos de los empresarios: los de personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas; la extensión de las facultades de los representantes o apoderados; las autorizaciones o habilitaciones profesionales y demás requisitos para actuar en su sector de actividad; la solvencia económica y financiera, reflejada de forma independiente de la clasificación; y los demás datos de interés que se determinen reglamentariamente. El procedimiento y los requisitos de inscripción se establecerán reglamentariamente.

Artículo 340. Competencia para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

Las inscripciones de oficio en el Registro Oficial, salvo las del apartado 2, las practica el órgano del Ministerio de Hacienda y Función Pública designado para su llevanza, que también adopta los acuerdos de inscripción solicitados por los interesados. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio Registro practican determinadas inscripciones en él, previa suscripción de un convenio con ese Ministerio. Todas las inscripciones tienen los mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a los órganos de contratación del Sector Público.

Artículo 341. Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas podrán llevar sus propios Registros de licitadores y empresas clasificadas. Inscribirán las clasificaciones del segundo párrafo del artículo 81 y, en todo caso, las prohibiciones de contratar declaradas por sus órganos, por los de las entidades locales de su ámbito territorial o por los organismos y entidades dependientes de una u otras. El órgano que impone la prohibición remite de oficio copia al registro. A solicitud del interesado pueden inscribirse los datos del artículo 339. La inscripción acredita los datos ante los órganos de contratación de ese mismo ámbito.

Artículo 342. Voluntariedad de la inscripción

La inscripción en los Registros de licitadores y empresas clasificadas es voluntaria para los empresarios, sin perjuicio de las inscripciones obligatorias que se practican de oficio (artículo 338 y apartado 1 del artículo 341). Los empresarios podrán determinar qué datos desean que se reflejen. La inscripción implica su consentimiento para la difusión por medios electrónicos de los datos inscritos, en los términos y con los límites que legal o reglamentariamente se determinen. Los interesados podrán en todo momento solicitar la cancelación, salvo en los casos de inscripción obligatoria.

Artículo 343. Actualización de la información registral

Los empresarios inscritos deben comunicar al registro cualquier variación de sus datos y las circunstancias sobrevenidas que determinen una prohibición de contratar susceptible de inscripción. Omitirlo mediando dolo, culpa o negligencia podrá dar lugar a la suspensión de la inscripción, de sus efectos y del derecho a certificados, salvo en las inscripciones practicadas de oficio. La falta de actualización no perjudicará a la Administración, organismo o entidad que contrató con base en el registro. El órgano competente rectifica de oficio los datos incorrectos, incompletos o no actualizados.

Artículo 344. Publicidad

El Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa identificación de la persona que accede; además contará con un buscador que facilite su uso. Las modalidades y requisitos para la publicidad de los asientos se determinarán reglamentariamente. Mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se podrá excluir la publicidad de las empresas clasificadas cuando el número de empresas clasificadas en determinados grupos, subgrupos y categorías sea lo suficientemente reducido para dar lugar a un riesgo de colusión entre ellas.

Artículo 345. Colaboración entre Registros

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se facilitarán mutuamente la información relativa a las prohibiciones de contratar inscritas en ellos. El procedimiento y las especificaciones necesarias para intercambiar esa información por medios electrónicos se establecerán mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Artículo 346. Registro de Contratos del Sector Público

El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantiene el Registro de Contratos, sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España. Los poderes adjudicadores le comunican los datos básicos de los contratos adjudicados (identidad del adjudicatario, importe y desglose del IVA), salvo los excluidos por la Ley y los de precio inferior a cinco mil euros, IVA incluido, pagados por anticipo de caja fija u otro sistema similar. El Gobierno eleva anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública en España.

Artículo 347. Plataforma de Contratación del Sector Público

La Dirección General del Patrimonio del Estado ofrece a todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica para difundir sus perfiles de contratante. Los del sector público estatal se alojan obligatoriamente en ella. Las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla podrán establecer servicios similares, pero deben publicar en la Plataforma la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados; si hay discrepancia, prevalece la del servicio autonómico. Las Administraciones locales optan, de forma excluyente y exclusiva, entre el servicio autonómico y la Plataforma.

Artículo 1. Objeto

El Decreto desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cinco materias: a) órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades del sector público andaluz dependientes o vinculadas a ella con competencias en contratación; b) Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía; c) Registro de Contratos de la Junta de Andalucía; d) contratación de obras, bienes y servicios homologados; e) otras disposiciones de desarrollo de esa Ley.

Artículo 2. Órganos de contratación

Consejerías: su titular es el órgano de contratación y celebra en su nombre los contratos de asuntos propios de la Consejería, salvo cuando, con arreglo a la ley, celebrarlos o autorizarlos corresponda al Consejo de Gobierno. Agencias: los que determinen sus estatutos. Entidades con independencia funcional o especial autonomía: su normativa específica. Sociedades mercantiles y fundaciones: la capacidad para contratar de sus representantes se rige por sus estatutos y el derecho privado aplicable. Consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007: sus estatutos.

Artículo 3. Competencias del Consejo de Gobierno

En los casos previstos legalmente, necesitan autorización del Consejo de Gobierno para celebrar contratos los titulares de las Consejerías y los órganos de contratación de agencias, entidades de la adicional segunda de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del artículo 12.3. Se obtiene antes de aprobar el expediente y lleva implícita la aprobación del gasto. También autoriza la modificación que sea causa de resolución y la resolución. Excepcionalmente autoriza contratar con no clasificados, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública.

Artículo 4. Otras competencias de las personas titulares de las Consejerías y de las entidades

Además de ser órganos de contratación, los titulares de las Consejerías: a) acuerdan la continuación provisional de las obras cuando la modificación exija suspender la ejecución y ello cause graves perjuicios al interés público (en agencias y entidades de la adicional segunda, sus órganos de contratación); b) dan cuenta al Consejo de Gobierno, en dos meses como máximo, del acuerdo de tramitación de emergencia; c) fijan la cuantía a partir de la cual las agencias dependientes necesitan su autorización; d) declaran los contratos secretos o reservados, sin posibilidad de delegación.

Artículo 5. Órganos colegiados de asistencia a los órganos de contratación

Mesas de contratación y comités de expertos asisten al órgano de contratación. La mesa valora las ofertas y propone la adjudicación; es potestativa en los negociados sin anuncio de licitación (salvo imperiosa urgencia) y en los del artículo 159.6. La integran la Presidencia (nivel al menos de Jefatura de Servicio), al menos cuatro vocales y la Secretaría, con voz y voto. Su composición se publica en el perfil de contratante con siete días de antelación mínima. El personal técnico asiste con voz y sin voto. No pueden formar parte los cargos públicos representativos ni el personal eventual.

Artículo 6. Funcionamiento de las Mesas de contratación

Para la válida constitución de la Mesa deben estar presentes la mayoría absoluta de los miembros o sus suplentes y, en todo caso, las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría y los dos vocales con funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario del órgano. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos. El funcionamiento se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007 y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, en lo que constituya legislación básica.

Artículo 7. Funciones de las Mesas de contratación

En el abierto la Mesa califica la documentación general y la garantía provisional, comunicando los defectos subsanables; determina los excluidos; abre las proposiciones en acto público; las valora y clasifica en orden decreciente; tramita las anormales o desproporcionadas, y propone la adjudicación, que se declare desierta la licitación o el desistimiento. En el restringido examina la documentación, y la selección de solicitantes corresponde al órgano de contratación, que puede delegarla en la Mesa en el pliego. En el negociado, cuando interviene, califica, valora y propone la adjudicación.

Artículo 8. Composición de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo

En los procedimientos de diálogo competitivo, además de los miembros especificados en el artículo 5.2 del Decreto, son vocales de la Mesa de contratación, con voz y voto, las personas especialmente cualificadas en la materia que constituya el objeto del contrato. Las designa el órgano de contratación y su número no puede ser inferior a un tercio de los componentes de la Mesa.

Artículo 9. Funciones de la Mesa de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo

En el diálogo competitivo la Mesa: a) elabora, antes de iniciar cualquier expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el privado, el documento de evaluación previa; b) examina la documentación administrativa al seleccionar candidaturas; c) sus miembros con competencia técnica pueden asistir al órgano de contratación, a petición de este; d) determina el número de soluciones a examinar en la fase siguiente; e) propone declarar el fin del diálogo; f) valora y clasifica las proposiciones; g) requiere aclaraciones sobre la oferta más ventajosa; h) propone la adjudicación.

Artículo 10. Composición de la Mesa de contratación en los concursos de proyectos

En los concursos de proyectos la Mesa se constituye en Jurado, integrado por los miembros especificados en el artículo 5.2 y hasta cinco vocales más, con voz y voto, designados por el órgano de contratación entre personas de notoria competencia en la materia objeto del concurso. Los miembros del Jurado son personas físicas independientes de los participantes. Si a estos se les exige una determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado debe poseer la misma u otra equivalente.

Artículo 11. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El Registro de Licitadores inscribe y acredita, salvo prueba en contrario, ante los órganos de contratación del sector público de la Junta, de las entidades locales andaluzas y de sus entes dependientes, las condiciones de aptitud para contratar y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. Se inscriben personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia y clasificación. Es único, está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y su contenido se prueba con certificación del Servicio que lo gestiona.

Artículo 12. Finalidad y funciones

El Registro de Licitadores tiene como finalidad facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos de contratación. Sus funciones son cinco: inscribir a las empresas y profesionales que lo soliciten y reúnan los requisitos del Decreto, así como las prohibiciones de contratar; emitir las certificaciones de inscripción; modificar y actualizar los datos y, en su caso, suspender o cancelar la inscripción; custodiar la documentación aportada; y facilitar información sobre quienes estén incursos en prohibiciones de contratar.

Artículo 13. Gestión electrónica

El Registro de Licitadores se gestiona por medios electrónicos, en los términos que regule una Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Aun así, las personas interesadas tienen derecho a elegir en todo momento si emplean o no medios electrónicos para relacionarse con el órgano al que está adscrito el Registro. Los datos inscribibles constan en formato electrónico y los documentos en papel podrán digitalizarse con garantías de autenticidad, integridad y conservación. El acceso a la tramitación electrónica se hace a través del portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 14. Clases de inscripciones

Las inscripciones en el Registro pueden ser voluntarias u obligatorias. Es obligatoria la inscripción de las prohibiciones de contratar declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía, por las entidades locales andaluzas y, en su caso, por las demás entidades del ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, en los casos del artículo 50.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En todos los casos no previstos ahí la inscripción es voluntaria.

Artículo 15. Práctica de la inscripción de las prohibiciones de contratar

La Dirección General competente en materia de Patrimonio inscribe de oficio las prohibiciones de contratar del artículo 50.4 de la Ley 30/2007 cuya declaración corresponda a la Junta, a las entidades locales andaluzas y al resto de entidades del ámbito del Registro; los órganos gestores de contratación deben comunicar al Registro las sanciones y resoluciones firmes. Las acordadas por resolución judicial o del titular del Ministerio de Economía y Hacienda se inscriben y publican al recibirse su comunicación. La inscripción expresa fecha, causa legal, duración y extensión de efectos.

Artículo 16. Efectos de la inscripción de las prohibiciones de contratar

Las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49.1.e) y 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, por las entidades comprendidas en el ámbito subjetivo del Registro de Licitadores, no producen efectos hasta que consten en el Registro de Licitadores.

Artículo 17. Datos a inscribir en el Registro de Licitadores y carácter voluntario de la inscripción

Pueden solicitar la inscripción las personas físicas empresarias o profesionales y las jurídicas, nacionales o extranjeras. Datos: personalidad y capacidad de obrar (personas jurídicas), facultades de representantes o apoderados, autorizaciones o habilitaciones profesionales, solvencia, clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y documentación complementaria. La inscripción es voluntaria y cada cual decide qué datos refleja, pero la clasificación exige que consten los de los párrafos a) y c), y los de b), c) y d) exigen los de personalidad y capacidad de obrar.

Artículo 18. Solicitud de inscripción en el Registro de Licitadores

La solicitud de inscripción voluntaria se dirige a la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, en el modelo del Anexo I, con: ficha del licitador (Anexo II), certificación de no estar incurso en incompatibilidad o prohibición (Anexo III), documentación acreditativa y declaración responsable (Anexo IV). Puede presentarse por medios electrónicos, con copias digitalizadas garantizadas con firma electrónica reconocida, o no electrónicos, con original, copia auténtica o compulsada, o fotocopia con declaración responsable de autenticidad.

Artículo 19. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y representación

Las personas jurídicas acreditan su capacidad de obrar con las escrituras o documentos de constitución inscritos y el NIF; las físicas, con DNI, NIF o NIE, o consintiendo la consulta de su identidad. La representación se acredita con escrituras de apoderamiento bastanteadas por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y la identificación de cada representante (o autorización del Anexo V). Los extranjeros comunitarios aportan documentos fehacientes de su inscripción en el Registro procedente; los no comunitarios, documentación según su país con certificación de la oficina consular.

Artículo 20. Documentación complementaria

La solvencia puede acreditarse con los documentos de los artículos 64 al 68 de la Ley 30/2007 o con la certificación de clasificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Caben también habilitaciones profesionales, certificados de calidad y de gestión medioambiental, la declaración sobre el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla y, para constructoras, la inscripción en su Registro de Empresas Acreditadas. Las certificaciones tributarias y de Seguridad Social actualizan datos en seis meses desde su expedición; el justificante del IAE, en un año.

Artículo 21. Subsanación, resolución y certificación de inscripción

Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al solicitante para que subsane en diez días, o se le tendrá por desistido. Resuelve, por resolución motivada, la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que asigna un número registral en caso de inscripción. El plazo para resolver y notificar es de tres meses; sin resolución expresa notificada, podrá entenderse estimada. La resolución se notifica junto con la certificación de inscripción y contra ella cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 22. Efectos de la inscripción voluntaria

La inscripción permite sustituir la documentación del artículo 130.1 de la Ley 30/2007 por una certificación del Registro y una declaración responsable (Anexo VI) de que las circunstancias no han variado. Los órganos de contratación de la Junta y sus entidades con acceso al Registro incorporan de oficio la certificación en todo caso; el resto, si el pliego o el anuncio lo prevén. La manifestación se reitera, en caso de adjudicación, al formalizar el contrato. La certificación es electrónica, o en papel si se opta por la comunicación no electrónica. La inscripción tiene eficacia indefinida.

Artículo 23. Obligaciones de las empresas y profesionales licitadores inscritos

Los licitadores inscritos deben comunicar al Registro de Licitadores, en diez días desde su eficacia, cualquier modificación de los datos inscritos, con la documentación acreditativa; mantener actualizados los datos que puedan perder vigencia y comunicar las circunstancias que prohíben contratar. La solicitud sigue el modelo del Anexo VII. Tras la modificación se expide y notifica nueva certificación. La información incorrecta o la falta de comunicación cancela los asientos afectados; la omisión con dolo, culpa o negligencia, o la falsedad, acarrea prohibición de contratar.

Artículo 24. Competencias relativas a la modificación y rectificación de los datos

La Dirección General competente en materia de Patrimonio vela por la veracidad y exactitud de los datos del Registro de Licitadores: puede recabar información de los inscritos y de los registros públicos y rectificar o cancelar de oficio asientos cuando se acredite que no se corresponden con la realidad. Los órganos competentes en materia de contratación deben comunicar al Registro las modificaciones de datos inscritos de que tengan constancia. La rectificación de oficio la realiza el órgano al que está adscrito el Registro, previa audiencia del inscrito.

Artículo 25. Suspensión y cancelación de la inscripción

La suspensión de la inscripción procede de oficio, por el órgano del que depende el Registro, cuando se incurre en prohibición de contratar, y se mantiene mientras dure la causa. La Dirección General competente en materia de Patrimonio cancela la inscripción por: a) falta de actualización de datos; b) muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o extinción de la personalidad jurídica, fusión o absorción de la empresa; c) incumplimiento de los requisitos de inscripción; d) solicitud del interesado (Anexo VII). En a), b) y c), previo expediente con audiencia.

Artículo 26. Acceso al Registro de Licitadores

El Registro de Licitadores es público para quienes tengan interés legítimo en conocer su contenido; el acceso se rige por el artículo 37 de la Ley 30/1992. Sus datos pueden consultarlos los órganos de contratación del sector público andaluz mencionados en el artículo 11.1. Las empresas y profesionales afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Los datos personales quedan sujetos, en todo caso, a las limitaciones de difusión y a la tutela de la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento (Real Decreto 1720/2007).

Artículo 27. Colaboración

El Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía colabora, en el desarrollo de su actividad, con el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y con los Registros de Licitadores de otras Comunidades Autónomas. Además, facilita a otras Administraciones Públicas la información que precisen para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con el artículo 307 de la Ley 30/2007.

Artículo 28. Ámbito subjetivo, objetivo y adscripción

El Registro de Contratos inscribe los datos básicos de los contratos adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales públicas y privadas, los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 y las entidades vinculadas; también modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción. Es obligatorio inscribir los contratos administrativos o privados, incluso sin pago de precio, y los patrimoniales. Es único y está adscrito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio.

Artículo 29. Finalidad y funciones

El Registro de Contratos es el sistema oficial central de información sobre la contratación de la Administración de la Junta y de las entidades del artículo anterior: soporte para el conocimiento, análisis e investigación, la estadística, las obligaciones de información y la difusión pública. Funciones: a) elaborar la memoria anual, que examina y valora la Comisión Consultiva de Contratación Pública; b) confeccionar las relaciones estadísticas; c) suministrar información a los órganos de contratación; d) comunicar los datos básicos al Registro de Contratos del Sector Público del Estado.

Artículo 30. Supuestos de exclusión

Como regla, no se inscriben en el Registro de Contratos los negocios, contratos y relaciones jurídicas del artículo 4.1 de la Ley 30/2007. Hay dos salvedades: sí se inscriben los contemplados en los párrafos o) y p) de dicho artículo y, en aquellos casos en que sea obligatorio por otras disposiciones, los referidos en los párrafos c) y d).

Artículo 31. Registro de los datos relativos a los contratos

Los órganos gestores de la contratación deben haber registrado los datos básicos de los contratos adjudicados a través del Sistema Integrado Júpiter, a medida que se tramite el expediente en sus fases contables y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la formalización. Las entidades que no usan Júpiter en su gestión económica inscriben por medios electrónicos, en dos meses desde la formalización. Se sigue el modelo del Anexo VIII. La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede recabar otros datos y documentos de los expedientes.

Artículo 32. Acceso al Registro de Contratos

La Dirección General competente en materia de Patrimonio, a la que está adscrito el Registro de Contratos, tiene acceso a la totalidad de la aplicación informática, centraliza la información y la procesa. Los órganos gestores de la contratación acceden únicamente a los datos de los contratos cuyos expedientes hayan tramitado, aunque pueden solicitar información sobre otros contratos inscritos. El Registro facilita acceso electrónico a los órganos de la Junta y sus entidades vinculadas o dependientes que lo precisen, en particular a los de fiscalización del gasto o inspección de tributos.

Artículo 33. Exactitud de los datos y subsanación de errores

La información inscrita en el Registro de Contratos debe ser veraz, exacta y completa en función del expediente de contratación, conforme a las circulares o instrucciones de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Si se observan insuficiencias o defectos en los datos inscritos, esa Dirección General lo pone en conocimiento del órgano gestor de la contratación correspondiente, al objeto de que se adopten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas.

Artículo 34. Obras, bienes y servicios homologados

Para racionalizar la adjudicación puede declararse la necesaria uniformidad de obras, bienes y servicios. Las empresas y sus bienes y servicios, una vez seleccionados, son homologados; la homologación de obras se desarrolla por Orden de Hacienda. La Administración de la Junta y sus agencias administrativas están obligadas a contratar lo homologado. Las entidades del apartado 5 (así, Universidades públicas y entidades locales) pueden adherirse por convenio con Hacienda. Una Orden de Hacienda, previo informe de la Comisión Central de Homologación, puede obligar a las entidades del apartado 6.

Artículo 35. Órganos con competencias en materia de bienes y servicios homologados

Tres órganos tienen competencias en bienes y servicios homologados: la persona titular de la Consejería competente en Hacienda, la Dirección General competente en Patrimonio y la Comisión Central de Homologación. A la persona titular de la Consejería le corresponde iniciar de oficio y resolver los procedimientos de homologación en el ámbito de la Junta, sin perjuicio del artículo 43. A la Dirección General, declarar la necesaria uniformidad, tramitar la selección, elaborar, publicar y actualizar el Catálogo y aprobar las instrucciones. A la Comisión, las competencias del artículo 40.

Artículo 36. Declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios

La declaración de necesaria uniformidad de bienes y servicios se hace por resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio, que determina el tipo de bien o servicio, y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, a iniciativa en su caso de las entidades del artículo 34.4 y 5, pueden proponer a esa persona titular la declaración respecto de los bienes y servicios que precisen para el ejercicio de sus específicas competencias.

Artículo 37. Sistemas de selección de bienes y servicios homologados

Los bienes y servicios homologados se seleccionan por los sistemas de racionalización técnica de la contratación pública del Título II del Libro III de la Ley 30/2007. El resultado de la selección comprende las características de los bienes y servicios, sus precios unitarios y las empresas con las que podrán celebrarse los contratos; esos bienes y servicios integran el Catálogo. En el supuesto del artículo 36.2, las Secretarías Generales Técnicas pueden proponer, para su aprobación por la Dirección General de Patrimonio, las especificaciones y criterios de valoración técnicos.

Artículo 38. Contratación de bienes y servicios homologados

Una vez homologados, los bienes y servicios se contratan por las Consejerías y entidades del artículo 34.4 y 5 mediante los procedimientos de los sistemas de racionalización técnica de la Ley 30/2007. Solo pueden contratarse los homologados, con las empresas incluidas en el Catálogo, y los órganos de contratación deben comunicar la contratación a la Dirección General de Patrimonio antes de la formalización del pago. Las empresas homologadas están obligadas a celebrar los contratos con todos los órganos y entidades que lo soliciten, ajustándose a los términos y especificaciones establecidos.

Artículo 39. Comisión Central de Homologación

La Comisión Central de Homologación es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General competente en Patrimonio. La preside la persona titular de la Dirección General de coordinación de la contratación pública; la Vicepresidencia es de la Subdirección General, Coordinación o equivalente de esa Dirección General. La integran además un letrado del Gabinete Jurídico, un representante de la Intervención General y la Secretaría (persona funcionaria de Patrimonio, al menos jefatura de servicio, con voz y voto). A la Presidencia la suple la Vicepresidencia. Caben comisiones técnicas.

Artículo 40. Funciones de la Comisión Central de Homologación

La Comisión Central de Homologación tiene cinco funciones: las propias de Mesa de Contratación en los procedimientos de selección de empresas y bienes y servicios homologados; autorizar la contratación de bienes o servicios declarados de necesaria uniformidad pero no homologados, o que por la peculiaridad de la necesidad deban contratarse fuera del Catálogo; proponer instrucciones a Patrimonio; informar con carácter vinculante la declaración de necesaria uniformidad y los procedimientos de selección en Consejerías distintas de Hacienda; y asistir en materia de homologación.

Artículo 41. Funcionamiento de la Comisión Central de Homologación

El funcionamiento de la Comisión Central de Homologación se ajusta a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en lo que constituya legislación básica. Además, en virtud del artículo 89.1.c) de la Ley 9/2007, la Comisión puede aprobar sus propias normas de funcionamiento.

Artículo 42. Autorización de la Comisión Central de Homologación para contratar fuera de la homologación

La autorización de la Comisión para los supuestos del artículo 40.b) la solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería que pretenda contratar o de la que dependa la agencia administrativa. Se acompaña de memoria justificativa, cuantía o presupuesto, proyecto de pliego de prescripciones técnicas y, en bienes y servicios informáticos, informe favorable de la Consejería de política informática. Los servicios técnicos de Patrimonio informan. La Comisión otorga o deniega en tres meses desde la recepción de la solicitud; sin contestación, se entiende otorgada.

Artículo 43. Homologación de bienes y servicios en el ámbito de otras Consejerías

Las Consejerías, en el ámbito de sus competencias, pueden homologar bienes y servicios de su específica utilización. La declaración de necesaria uniformidad la realizan los órganos gestores de la contratación de las Consejerías, y la iniciación de oficio y la resolución de los procedimientos de selección corresponden a las personas titulares de las Consejerías; en ambos casos, previo informe favorable de la Comisión Central de Homologación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.d).

Artículo 44. Adquisición de vehículos

Para adjudicar los contratos de suministro de vehículos homologados hace falta la autorización previa de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. Además, la adjudicación debe ajustarse a las instrucciones que dicte la persona titular de ese centro directivo.

Artículo 45. Suministro de bienes y servicios informáticos homologados

En el suministro de bienes y servicios informáticos homologados cuenta la distribución competencial entre Consejerías en materia de política informática. Tres reglas: a) el centro directivo correspondiente de la Consejería competente en esa materia informa con carácter vinculante los procedimientos de declaración de necesaria uniformidad; b) en los sistemas de racionalización, una persona en representación de esa Consejería, que será miembro de la Comisión Central de Homologación, participa en la valoración técnica; c) el informe vinculante no sustituye a la autorización de la Comisión.

Artículo 46. Suspensión de la homologación

La Dirección General competente en materia de Patrimonio puede suspender la homologación de un bien o servicio, de un grupo o de alguna empresa. Inicia de oficio y resuelve previa audiencia de la empresa; se publica en el Catálogo. Motivos: actualización o revisión del Catálogo, incumplimiento o cumplimiento defectuoso, prohibición de contratar sobrevenida y casos específicos de los pliegos. Efecto: pérdida temporal de la condición. Se recupera al desaparecer la causa, por resolución de la persona titular de esa Dirección General. Los períodos por distintas causas se acumulan.

Artículo 47. Colaboración con otras Administraciones Públicas

La Administración de la Junta de Andalucía colaborará con otras Administraciones Públicas en relación con los bienes y servicios homologados. Para ello podrá: a) establecer intercambios de información sobre la nueva aparición en el mercado de productos de tecnología más cualificada; b) facilitar información sobre los niveles de comportamiento de las empresas en la ejecución de sus compromisos contractuales, con especial referencia al servicio postventa; c) facilitar una mutua comunicación sobre los precios alcanzados, que permita perfeccionar los mecanismos contractuales.

Artículo 48. Pliegos de cláusulas administrativas generales

Los pliegos de cláusulas administrativas generales se aprueban por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública y del Gabinete Jurídico y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Para tecnologías de la información: Orden de Hacienda y, en su caso, conjunta con la Consejería de política informática. Se publican en el BOJA y en la plataforma de contratación. La Comisión Consultiva informa con carácter previo los pliegos particulares con estipulaciones contrarias a los generales.

Artículo 49. Modelos de Pliegos de cláusulas administrativas particulares

La Comisión Consultiva de Contratación Pública podrá recomendar a los órganos de contratación la utilización de modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares. Esos modelos han de estar previamente informados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y aprobados por los órganos de contratación. Los pliegos particulares que se ajusten al contenido de los modelos no requerirán nuevo informe del Gabinete Jurídico.

Artículo 50. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se adoptan las disposiciones y medidas para gestionar la plataforma electrónica de contratación de la Junta, cauce de publicidad por internet que incluye el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta, entidades instrumentales, consorcios y entidades vinculadas. La plataforma debe tener un dispositivo que acredite fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública. Hacienda integrará, previo convenio en su caso, otras instituciones y entidades del sector público de Andalucía.

Artículo 51. Sistema informático para la tramitación electrónica de los expedientes de contratación

La Consejería competente en materia de Hacienda implantará un sistema informático para la planificación y gestión de la tramitación electrónica de los expedientes de contratación que lleven a cabo los órganos gestores de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales y vinculadas. Su utilización será obligatoria para esos órganos a partir de la implantación efectiva del sistema. Objeto: garantizar los principios de homogeneidad, integridad y seguridad jurídica en la tramitación electrónica de dichos expedientes.

Artículo 52. Homogeneidad de los procedimientos de adjudicación establecidos en las instrucciones de ámbito interno

La Consejería competente en materia de Hacienda garantiza la homogeneidad de los procedimientos de adjudicación de las instrucciones internas: las del artículo 175 de la Ley 30/2007, para entidades del sector público andaluz que sean poderes adjudicadores sin carácter de Administración Pública, cuando adjudiquen contratos no sujetos a regulación armonizada; y las del 176, para las restantes, que no son poderes adjudicadores. Aprobarlas requiere informe previo del Gabinete Jurídico. Se ponen a disposición de las empresas y profesionales interesados y se publican en el perfil de contratante.

Artículo 53. Medidas para promover la igualdad de género

1) La Administración de la Junta podrá establecer condiciones especiales de ejecución para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 2) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalarán la preferencia en la adjudicación a empresas que, al acreditar su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia en igualdad o medidas de igualdad duraderas y efectivas, si su proposición iguala a las más ventajosas. 3) No se formalizarán contratos con empresas sancionadas o condenadas en firme por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias.

Artículo 54. Medidas para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

Los órganos de contratación de la Administración de la Junta señalarán, en los pliegos de prescripciones técnicas, la normativa vigente de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable al objeto del contrato. Esos pliegos podrán fijar los requisitos básicos de prevención que deben cumplir los bienes y servicios, para que sean seguros y adecuados en su uso, y podrán incorporar especificaciones técnicas de seguridad y salud laboral vinculadas con la fabricación del producto suministrado o utilizado en el servicio u obra contratada o que deba incluirse en el diseño proyectado.

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58