Tema 13 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 32–37. Ver la norma

1. Artículo 32. Principios de la responsabilidad

   Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. La anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto no presupone por sí misma derecho a indemnización. El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Hay también responsabilidad por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria cuando así lo establezcan, y por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, en los términos que el artículo precisa.

2. Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

   Cuando de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones se derive responsabilidad, las intervinientes responden frente al particular en todo caso de forma solidaria, sin perjuicio de que el instrumento regulador distribuya internamente la responsabilidad. En otros supuestos de concurrencia, la responsabilidad se fija para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y será solidaria cuando no sea posible esa determinación. La Administración competente para incoar, instruir y resolver será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, la de mayor participación en la financiación.

3. Artículo 34. Indemnización

   Solo son indemnizables las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. No son indemnizables los daños derivados de hechos que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. En los supuestos de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión, son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa. La indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando las valoraciones predominantes en el mercado.

4. Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado

   Cuando las Administraciones actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esa naturaleza, su responsabilidad se exigirá conforme a los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado, o cuando la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúa la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

5. Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

   Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

6. Artículo 37. Responsabilidad penal

   La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá conforme a la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.