Tema 27 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Para cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo

El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 28. Derechos individuales

Reconoce al personal de la Administración de la Junta de Andalucía los derechos individuales del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y enumera, entre otros, inamovilidad del funcionario de carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación continua preferentemente en horario laboral, desconexión digital o vacaciones. Añade otros: participar en valores y tareas de la unidad, información y formación al incorporarse, proyectos transversales, innovación, acceso al expediente personal y movilidad. Garantiza una protección eficaz, homogénea y conjunta en seguridad y salud.

Artículo 29. Derechos individuales ejercidos colectivamente

De acuerdo con el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa básica estatal, el personal de la Administración de la Junta de Andalucía tiene cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos, según la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos de la normativa básica estatal.

Artículo 30. Garantía de derechos y conciliación de la vida profesional con la personal y familiar

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará al personal a su servicio los medios necesarios para hacer efectivos los derechos que la ley le reconoce. Presta especial atención a los que facilitan la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar y a la corresponsabilidad, fundamentalmente respecto de tres ámbitos: la protección de la maternidad y la paternidad, la igualdad de género y la atención a las personas dependientes.

Artículo 31. Protección a las víctimas de violencia de género

En todo caso, cuando una empleada sea víctima de violencia de género, sus ausencias al trabajo, sean totales o parciales, se considerarán justificadas en dos supuestos: por motivos de seguridad, o por el tiempo y en las condiciones que así lo determinen los servicios sociales o de salud.

Artículo 32. Responsabilidad social corporativa y cooperación internacional para el desarrollo

El personal de la Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar en las acciones y medidas que se adopten en materia de responsabilidad social corporativa y cooperación internacional al desarrollo, contribuyendo a su mejora. La Administración fomentará esas conductas y facilitará al personal la participación en las acciones y medidas de ese tipo que se lleven a cabo en el ámbito de su organización.

Artículo 33. Deberes

De conformidad con el artículo 52 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal incluido en el ámbito de la ley debe desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y al resto del ordenamiento, y con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y promoción del entorno cultural y medioambiental. Son deberes suyos los principios éticos y de conducta; esto último se aplica también al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 34. Responsabilidad

El personal responde de la buena gestión pública encomendada y de contribuir a los objetivos de su unidad, equipo o grupo de trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas de superior jerarquía; también por sus funciones como miembro de consejos de administración, patronatos u órganos análogos. Si la Administración debe indemnizar por daño causado por su personal con dolo, culpa o negligencia graves, exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad, con audiencia de la persona interesada; igual si el daño es a bienes o derechos de la Administración.

Artículo 35. Disposiciones comunes

En el desarrollo normativo de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones deberá impulsarse la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, el interés superior de las personas menores, mayores y dependientes, así como con discapacidad, y la corresponsabilidad entre progenitores. También se impulsarán medidas tendentes a la conciliación, racionalización y adaptación de horarios y la desconexión digital en el ámbito laboral. Ambos apartados se aplican igualmente al personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz.

Artículo 36. Jornada de trabajo y horario del personal funcionario

De acuerdo con la normativa básica estatal, se determinarán y desarrollarán reglamentariamente la jornada general y las jornadas especiales del personal funcionario, los horarios y otras medidas que pudieran adoptarse en el marco de la negociación colectiva. La jornada será a tiempo completo; los puestos que puedan desempeñarse a tiempo parcial se establecerán previa negociación colectiva. Es jornada a tiempo parcial la que requiere prestar servicios un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada del personal funcionario a tiempo completo comparable.

Artículo 37. Teletrabajo y modalidades de prestación del servicio

En la Administración general de la Junta de Andalucía la modalidad presencial es la ordinaria y la modalidad a distancia se articula a través del teletrabajo. Sus supuestos y condiciones se fijan reglamentariamente, previa negociación colectiva, cuando el contenido del puesto lo admita y el servicio lo permita. Ha de autorizarse expresamente, es compatible con la presencial y, en todo caso, voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos y se garantiza la desconexión digital.

Artículo 38. Permisos del personal funcionario

El personal funcionario tiene derecho a los permisos recogidos en la normativa estatal básica, en los términos, alcance y condiciones que se determinen reglamentariamente, y también a los otros permisos o medidas que adopte la Administración, incluidos los acordados en la negociación colectiva. En materia de permisos y reducciones de jornada, la pareja estable se equipara al matrimonio y la persona conviviente al cónyuge, de acuerdo con la legislación andaluza sobre parejas de hecho.

Artículo 39. Vacaciones del personal funcionario

Vacaciones retribuidas cada año según la normativa básica estatal, o las proporcionales al tiempo de servicio activo. Por antigüedad: 15 años, 23 días hábiles; 20 años, 24; 25 años, 25; 30 o más, 26. Los sábados no son hábiles. Pueden disfrutarse fuera del año natural, hasta dieciocho meses desde el final del año en que se originaron, si lo impiden maternidad, paternidad, incapacidad temporal u otras situaciones listadas. No se sustituyen por dinero, salvo cese por causas ajenas a la voluntad del personal; en jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta dieciocho meses.

Artículo 40. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

La jornada de trabajo, los horarios, los permisos y las vacaciones del personal laboral se rigen por tres fuentes: lo dispuesto en el propio capítulo en que se inserta el artículo, la legislación laboral correspondiente y los convenios colectivos que resulten de aplicación.

Artículo 41. Régimen jurídico

El personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley queda sujeto al régimen de incompatibilidades que resulta de cuatro fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley, las disposiciones que las desarrollen y las normas sectoriales que le sean de aplicación.

Artículo 42. Principios del sistema de incompatibilidades

No cabe autorizar compatibilidad para un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público, salvo supuestos legalmente previstos. Nunca cabe compatibilizar la actividad pública con cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar los intereses generales, ni con actividades privadas directamente relacionadas con las de la Consejería, departamento, entidad o institución de destino. Alcanza al personal contratado por entidades instrumentales.

Artículo 43. Dedicación exclusiva a las funciones públicas

No se reconoce compatibilidad para actividades privadas (dedicación exclusiva) a: personal directivo público profesional funcionario de carrera o laboral fijo; personal funcionario y laboral de la Administración General con factor de incompatibilidad en sus complementos; personal de entidades instrumentales con complemento que incluya expresamente ese factor; docentes no universitarios con complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas; estatutarios del SAS con complemento específico por dedicación exclusiva, y personal de Justicia cuando lo prevea su normativa.

Artículo 44. Renuncia a la dedicación exclusiva a las funciones públicas

El Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, determina las condiciones y el procedimiento para que el personal al que se refiere el artículo anterior que así se considere pueda renunciar a la dedicación exclusiva a las funciones públicas, así como los puestos, categorías y funciones en que podrá hacerse. La renuncia lleva consigo la del complemento retributivo correspondiente. Los puestos para cuyo desempeño no se admita la renuncia se establecen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 63. Principios del sistema retributivo

El sistema retributivo se funda en tres principios: garantía de las retribuciones y adecuación a responsabilidades, funciones y desempeño de cada puesto; un componente de retribuciones variables vinculado a la evaluación del desempeño; y transparencia y publicidad. El personal funcionario solo cobra por los conceptos de esta ley; el laboral, por los del convenio colectivo aplicable, adecuados a este título. Las Leyes del Presupuesto reflejan cada ejercicio las cuantías de las básicas, el incremento global de las complementarias y el de la masa salarial del personal laboral.

Artículo 64. Retribuciones del personal funcionario

Las retribuciones del personal funcionario se clasifican en básicas personales y complementarias, y en ellas se incluyen las pagas extraordinarias. El personal funcionario no puede percibir participación en tributos ni en otros ingresos de las Administraciones públicas como contraprestación de un servicio, ni participación o premio relacionados con multas, aunque estén normativamente atribuidos a los servicios. El de la Administración General de la Junta solo cobra por los conceptos de esta ley, sin perjuicio de la normativa estatal básica.

Artículo 65. Retribuciones básicas personales del personal funcionario de carrera

Son retribuciones básicas personales el sueldo de cada subgrupo o grupo, los trienios y el componente de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. El trienio es una cantidad igual para cada subgrupo o grupo por cada tres años de servicio. Quien pasa por cuerpos de distinto grupo conserva los trienios devengados y los cobra en su totalidad por la cuantía del grupo en el que esté en servicio activo al devengarlos, o del cuerpo desde el que pasó a servicios especiales, sin percibir menos que la suma de los importes individualizados reconocidos en cada grupo.

Artículo 66. Retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera

Las complementarias retribuyen el puesto, la carrera, el desempeño y los servicios extraordinarios. Son: el de carrera profesional (tramo de carrera horizontal); de nivel competencial (dificultad técnica y responsabilidad; grados del 1 al 20); del puesto (condiciones particulares, incluidas peligrosidad y penosidad); por desempeño (variable, sin derecho adquirido); gratificaciones por servicios extraordinarios (nunca fijas ni periódicas); por horario nocturno, festivo y guardias; y complementos personales transitorios, absorbibles, excluidos con tres o más resultados negativos y consecutivos.

Artículo 67. Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias son dos al año. Cada una equivale a una mensualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retribuciones complementarias que retribuyan los factores del artículo 66, apartados 2.a), 2.b) y 2.c). Se devengan el día 1 de los meses de junio y diciembre, proporcionalmente a la situación del personal funcionario durante el período de cada paga.

Artículo 68. Retribuciones diferidas

La Administración de la Junta de Andalucía podrá destinar cantidades a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que cubran la contingencia de jubilación del personal incluido en su ámbito. El tope es el porcentaje de la masa salarial que fijen las leyes de presupuestos generales del Estado, y se actúa conforme a la normativa reguladora de los planes de pensiones. Esas cantidades tienen, a todos los efectos, la consideración de retribución diferida.

Artículo 69. Indemnizaciones por razón del servicio

El personal funcionario percibirá las indemnizaciones por razón del servicio en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente. Los tipos y las cuantías de esas indemnizaciones serán únicos por cada concepto para todo el personal.

Artículo 70. Otras retribuciones

El personal funcionario podrá percibir las retribuciones que se fijen reglamentariamente por participar en comisiones de selección y de valoración de procesos de provisión, colaborar en procesos selectivos y participar en actividades formativas o divulgativas organizadas por las Administraciones públicas. Dos condiciones: que la participación cumpla la normativa sobre incompatibilidades y que el total anual no supere el límite reglamentario. También podrá percibir ayudas de acción social y el premio por jubilación por cualquier causa, en los términos reglamentarios.

Artículo 71. Retribuciones del personal funcionario interino

El personal funcionario interino percibe, en proporción a la jornada laboral que tenga establecida, las retribuciones básicas del grupo o subgrupo de adscripción y las pagas extraordinarias por los conceptos que le correspondan. En las mismas condiciones cobra las complementarias del artículo 66.2, letras b), c) y f), el complemento por desempeño cuando proceda y las gratificaciones por servicios extraordinarios. El interino de programas temporales o por exceso o acumulación de tareas percibe el complemento de puesto asimilado a las funciones que deba realizar, según el reglamento.

Artículo 72. Retribuciones del personal funcionario en prácticas

El personal funcionario en prácticas cobra el sueldo del subgrupo o grupo en el que aspira a ingresar y, en su caso, los trienios reconocidos antes del curso selectivo o de las prácticas; si desempeña un puesto, también sus complementarias. Quien ya sea funcionario o laboral de una Administración incluida en la ley puede optar por mantener sus retribuciones. Paga la Administración que convocó el proceso selectivo, salvo que se desempeñe un puesto: entonces paga aquella en la que esté el puesto. Por convenio con reciprocidad cabe abonar las del apartado 2 a personal de otras Administraciones.

Artículo 73. Retribuciones del personal eventual

Según la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, el personal eventual cobra el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimile el puesto, el complemento de puesto de trabajo, el de nivel competencial y, en su caso, el de desempeño (especial rendimiento, interés o iniciativa). Tiene dos pagas extraordinarias al año. Si además es funcionario de carrera de la Junta, percibe el complemento de carrera profesional del tramo reconocido; si lo es de otra Administración, podrá reconocerse su progreso. Se devengan desde el día de toma de posesión hasta el día del cese.

Artículo 74. Retribuciones del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional percibe el sueldo del grupo o subgrupo al que se asimilen sus funciones, los trienios reconocidos (si es funcionario de carrera o laboral de cualquier Administración con derecho a reingreso en la de origen) y el complemento de puesto de trabajo del puesto directivo. Si es funcionario de carrera de la Junta, además el complemento de carrera del tramo reconocido; si lo es de otra, podrá reconocerse su progreso. Puede percibir el complemento de desempeño, que retribuye el cumplimiento de objetivos previamente fijados. Dos pagas extraordinarias al año.

Artículo 75. Retribuciones del personal funcionario pendiente de adscripción

El funcionario removido de un puesto de concurso, cesado en uno de libre designación, reingresado desde servicios especiales (a los que accedió desde servicio activo o desde una situación con reserva de plaza) o cuyo puesto se suprime cobra, hasta que sea adscrito provisionalmente a un puesto: retribuciones básicas del grupo o subgrupo, complemento de carrera, cuantía del nivel competencial y complemento de puesto de trabajo del puesto de referencia, más las pagas extraordinarias. Las abona, con cargo a sus créditos, la Consejería u organismo en el que venía prestando servicios.

Artículo 76. Retribuciones en situación de permiso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural, permiso por cuidado de hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave e incapacidad temporal

Los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural y cuidado de hijo o hija con cáncer u otra enfermedad grave son servicio efectivo, con plenitud de derechos económicos; las variables salen de la media del año inmediatamente anterior (o del tiempo en el puesto, de ser inferior). En incapacidad temporal no profesional se cobra un complemento por la diferencia entre la prestación de Seguridad Social y las retribuciones fijas y periódicas del mes de la baja; si es profesional, se suma la media de las variables.

Artículo 77. Deducción de retribuciones

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada da lugar, salvo justificación, a una deducción proporcional de haberes no sancionadora, sin perjuicio de la sanción disciplinaria. El valor hora parte de las retribuciones íntegras mensuales, divididas por los días naturales del mes y, a su vez, por las horas que deban cumplirse de media cada día, incrementadas en la parte proporcional del descanso semanal; también se tiene en cuenta para la paga extraordinaria. Quien ejerce el derecho de huelga no devenga ni percibe retribuciones por ese tiempo, sin carácter sancionador ni efecto en su protección social.

Artículo 78. Devengo de retribuciones

Las retribuciones fijas y mensuales se pagan por meses completos según la situación y derechos del primer día hábil del mes. Se liquida por días en la toma de posesión del primer destino, reingreso o cambio de destino; inicio y reincorporación de licencias sin retribución; cese en el servicio activo (salvo fallecimiento, jubilación o retiro con pensión pública por mensualidades completas); reducción de jornada o permiso sin sueldo, y demás supuestos. El importe diario divide el mensual entre los días naturales del mes. Las pagas extraordinarias se devengan el día 1 de junio y diciembre.

Artículo 79. Régimen de la Seguridad Social y derechos pasivos del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía

El régimen de Seguridad Social del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía será el establecido por la normativa estatal que resulte de aplicación. La regla alcanza a tres colectivos: el personal funcionario propio y de nuevo ingreso, el procedente de otras Administraciones y el que haya ingresado voluntariamente en cuerpos propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Artículo 80. Prestaciones por incapacidad temporal

Para el personal no funcionario se podrán reconocer, previa negociación colectiva y de acuerdo con la normativa estatal de carácter básico, los supuestos de enfermedad que, por su naturaleza y gravedad, dan lugar a un complemento. Ese complemento en ningún caso podrá superar el importe medio de sus retribuciones del año inmediatamente anterior al de la fecha de inicio de la incapacidad, actualizado según el incremento retributivo que haya podido producirse.

Artículo 81. Principios generales

El personal incluido en la ley tiene derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo; su ejercicio se rige por la normativa estatal básica, su normativa de desarrollo y esta ley. Para el personal con contrato laboral rige la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del título, de la normativa estatal básica y de los convenios colectivos aplicables. Estos derechos se ejercen a través de los órganos y sistemas específicos del título y de la normativa básica, sin perjuicio de otras formas de colaboración.

Artículo 82. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación, y se efectúa mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. Se constituirán Mesas de Negociación, en las que están legitimadas la representación de la Administración pública correspondiente y las organizaciones sindicales que determine la normativa estatal básica. La Administración facilita los recursos materiales y humanos.

Artículo 83. Tipología de las Mesas de Negociación

La negociación se estructura en las Mesas de la normativa estatal básica. En la Mesa General común la representación sindical se distribuye según los resultados electorales, y también están las organizaciones de la Mesa General de las Administraciones públicas que hubieran obtenido el diez por ciento de representantes. En la de funcionarios y estatutarios están los sindicatos más representativos estatales y andaluces y los que alcancen el diez por ciento o más. Las Mesas Generales pueden acordar Mesas Sectoriales. Ninguna parte puede superar quince miembros.

Artículo 84. Proceso negociador

Las Administraciones deben negociar las materias de la normativa estatal básica; negociar es el intento de buena fe de llegar a un acuerdo entre la Administración y la representación sindical. El proceso se abre en la fecha fijada de común acuerdo o, en su defecto, en el plazo máximo de un mes desde que lo promueva la mayoría de una de las partes. Las variaciones de representatividad se acreditan cada dos años con certificado de la Oficina Pública de Registro. Sin acuerdo y agotada, en su caso, la solución extrajudicial, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo del funcionario.

Artículo 85. Materias objeto de negociación en relación con el personal funcionario

Enumera trece materias de negociación obligada del personal funcionario (letras a a m): incremento retributivo, retribuciones complementarias, evaluación del desempeño, criterios generales de acceso, carrera y provisión, acción social, ofertas de empleo, calendario, permisos o movilidad, entre otras. Cada materia se negocia en un único órgano: lo común a funcionario, estatutario y laboral, en la Mesa General común; lo común a funcionario y estatutario que no afecte al laboral, en la Mesa General del personal funcionario; lo que afecte a más de un sector sin ser todos, también en esta.

Artículo 86. Órganos de representación

Los órganos de representación del personal funcionario y estatutario son los delegados y delegadas de personal y las juntas de personal. Unidades electorales en la Junta de Andalucía: Administración General, nueve (una por provincia y otra para los servicios centrales con sede en Sevilla); docentes no universitarios, una por provincia; Servicio Andaluz de Salud, una por centro directivo sanitario; Administración de Justicia, una por provincia. En cada Universidad pública, dos. Cada Administración dispondrá de un registro de órganos de representación.

Artículo 87. Garantías, derechos y deberes de la función representativa del personal

Los miembros de las juntas de personal y los delegados y delegadas de personal tienen estas garantías: acceso y libre circulación por su unidad electoral, salvo zonas reservadas; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en procedimientos disciplinarios durante el mandato y el año inmediatamente posterior; crédito de horas mensuales retribuidas; no ser trasladados ni sancionados por causas ligadas al mandato, ni durante su vigencia ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión; y no discriminación. Guardan sigilo aun expirado el mandato.

Artículo 88. Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral

En cada ámbito sectorial, la Mesa de Negociación podrá acordar que la solución extrajudicial de los conflictos de carácter general del personal funcionario o estatutario se intente en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Para el personal laboral, al negociar los convenios colectivos se valorará prever que, si la comisión paritaria no logra una solución, los conflictos colectivos puedan someterse a la mediación y conciliación de ese Sistema y, previo acuerdo de las partes, a sus procesos de arbitraje.

Artículo 165. Responsabilidad disciplinaria

El personal incluido en la ley queda sujeto al régimen disciplinario de la normativa estatal básica y de este título, sin perjuicio de normas sectoriales, laborales y convenios. Responden disciplinariamente las personas autoras de las faltas; inductoras y encubridoras, conforme a la normativa estatal básica. Si la situación administrativa impide cumplir la sanción, se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, salvo prescripción de la sanción. Perder la condición de funcionario o laboral impide exigir responsabilidad disciplinaria, pero no libera de la patrimonial o penal.

Artículo 166. Principios de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria se ejerce conforme a siete principios: legalidad y tipicidad de faltas y sanciones (por predeterminación normativa o, para el personal laboral, por convenios colectivos y legislación laboral); irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, también para sanciones pendientes de cumplimiento; proporcionalidad, tanto en la clasificación de infracciones y sanciones como en su aplicación; culpabilidad; presunción de inocencia; responsabilidad; y prescripción.

Artículo 167. Concepto y clasificación de las faltas disciplinarias

Son faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en tres fuentes: la normativa estatal de carácter básico, la propia ley y, en su caso, los convenios colectivos que sean de aplicación. De conformidad con la normativa estatal básica, las faltas se clasifican en tres clases: muy graves, graves y leves.

Artículo 168. Faltas muy graves

Muy graves: las de la normativa estatal básica y, además: delito doloso contra la libertad e indemnidad sexuales con sentencia firme y víctima relacionada con las funciones; actividades personales o profesionales en jornada, reiteradas o con ánimo de lucro; agresión física; menoscabo de fondos públicos declarado firme por jurisdicción ordinaria o contable; incumplimiento muy grave en prevención; abuso de autoridad con perjuicio grave; daños graves al patrimonio; agresión verbal muy grave; tercera falta grave en dos años; tolerancia de faltas muy graves; actuaciones manifiestamente ilegales.

Artículo 169. Faltas graves

Enumera las faltas graves, letras a) a u). Con cifra: tercera falta injustificada de asistencia en seis meses si las dos anteriores se sancionaron como leves; incumplimiento injustificado de jornada de un mínimo de diez horas al mes; mínimo de siete faltas de puntualidad al mes; tercera falta leve en seis meses con dos sanciones firmes en vía administrativa. Entre otras: desobedecer órdenes o incumplir incompatibilidades cuando no sea muy grave, intervenir con causa de abstención por dolo o negligencia inexcusable, tolerar faltas graves, uso indebido reiterado de medios y aceptar regalos.

Artículo 170. Faltas leves

Faltas leves, letras a) a n). Muchas lo son por no llegar a grave: retraso, negligencia o descuido en las funciones; trato irrespetuoso; incumplir normas de prevención, trámites y plazos, discreción, horario o asistencia. Otras: intervenir por negligencia excusable con causa de abstención, no comunicar antes la falta justificada (salvo imposibilidad probada), faltar sin justificar a cursos obligatorios, presentar fuera de plazo sin justificación los partes de baja, uso indebido de medios, descuido en la conservación sin perjuicio grave y cualquier otro incumplimiento no grave ni muy grave.

Artículo 171. Sanciones

Muy graves: suspensión de un año y un día como mínimo (máximo, el de la normativa básica), con pérdida del puesto en todo caso; traslado forzoso, demérito y suspensión en bolsas (accesoria, para interinos y temporales), máximo un año. Graves: suspensión de diez días a un año, con pérdida del puesto si excede de seis meses; traslado, demérito y bolsas, máximo seis meses. Leves: suspensión de hasta siete días, apercibimiento por escrito y bolsas hasta siete días. En todos los casos cabe imponer, como accesoria, la obligación de realizar cursos de formación sobre ética e integridad pública.

Artículo 172. Principio de proporcionalidad, criterios de graduación de las sanciones y exención de la responsabilidad disciplinaria

Al sancionar hay que justificar la proporcionalidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho. Se gradúa con los criterios de la normativa básica estatal. Reiteración: sanción firme por otra falta, sea cual sea su gravedad. Reincidencia: sanción firme por otra falta de la misma naturaleza. En ambas, con antecedentes no cancelados. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo precepto u otros de la misma naturaleza, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión; solo se aplica la sanción de la más grave.

Artículo 173. Prescripción de las faltas y sanciones

La ley andaluza no fija aquí plazos propios: la prescripción de las faltas y de las sanciones, el cómputo del plazo de prescripción y la interrupción de la prescripción se rigen por lo establecido en la normativa estatal de carácter básico.

Artículo 174. Procedimiento disciplinario

Se rige por la normativa básica estatal, esta ley y demás normas aplicables. No hay sanción sin procedimiento; las faltas leves, por procedimiento sumario, de tramitación abreviada y con audiencia (la suspensión del personal laboral por falta leve sigue el de graves y muy graves). Duración máxima: doce meses; después, caducidad de oficio y archivo, que no interrumpe la prescripción ni impide un nuevo procedimiento si la falta no ha prescrito. Las represalias contra la persona denunciante son nulas de pleno derecho, salvo que se acredite su legitimidad y falta de relación causal.

Artículo 175. Derechos del personal en el procedimiento disciplinario

El personal tiene en el procedimiento los derechos del artículo 53.1 de la Ley 39/2015 y, además: ser notificado de la identidad de la persona instructora, de quien ejerza la secretaría, de la autoridad competente para resolver y de la norma que le atribuye la competencia, y recusarlas (la recusación suspende el procedimiento hasta que se resuelva); ser notificado de hechos, faltas, posibles sanciones y resolución final; alegar, proponer pruebas y defenderse; actuar asistido de asesor, persona letrada o representación sindical; y presunción de inexistencia de responsabilidad disciplinaria.

Artículo 176. Inscripción y cancelación de las sanciones

Las sanciones disciplinarias se inscriben en el registro de personal correspondiente, indicando las faltas que las motivaron. La inscripción se cancela a solicitud de la persona interesada o de oficio, una vez transcurridos períodos equivalentes a los de prescripción de las sanciones. Las inscripciones canceladas, o las que hubieran debido cancelarse, no computan a efectos de reincidencia o reiteración.

Artículo 177. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se extingue por cumplimiento de la sanción, prescripción de la falta o de la sanción, pérdida de la condición de personal funcionario o laboral (salvo los supuestos del artículo 165.5) y fallecimiento. Si esa pérdida ocurre durante el procedimiento, se dicta resolución que lo declara extinguido, salvo que la persona interesada inste su prosecución y así se acuerde; la extinción y archivo comporta el alzamiento de las medidas provisionales. En los supuestos del artículo 165.5, la extinción del procedimiento no comporta la de la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales

La normativa sobre prevención de riesgos laborales la forman tres bloques: la propia Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma

La Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante medidas y actividades de prevención de los riesgos derivados del trabajo. Establece principios generales (prevención de riesgos profesionales, eliminación o disminución de riesgos, información, consulta, participación equilibrada y formación) y regula las actuaciones de Administraciones públicas, empresarios, trabajadores y sus organizaciones representativas. Sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable y desarrollable por convenio colectivo.

Artículo 3. Ambito de aplicación

La Ley se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, a las de carácter administrativo o estatutario del personal de las Administraciones Públicas y a las cooperativas con socios que presten trabajo personal. No se aplica en las actividades cuyas particularidades lo impidan en policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En centros y establecimientos militares sí se aplica, con particularidades.

Artículo 4. Definiciones

Define ocho conceptos. Prevención: actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos. Riesgo laboral: posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo; su gravedad se califica valorando conjuntamente probabilidad y severidad. Daños: enfermedades, patologías o lesiones. Riesgo grave e inminente: probable racionalmente, en un futuro inmediato y con daño grave para la salud. También define «potencialmente peligrosos», equipo de trabajo, condición de trabajo y equipo de protección individual.

Artículo 5. Objetivos de la política

La política de prevención promueve la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud. Se orienta a coordinar a las Administraciones, que se prestarán cooperación y asistencia, y se elabora con participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones más representativas. Estas promoverán la educación preventiva y la igualdad entre mujeres y hombres, y podrán adoptar programas con incentivos destinados especialmente a las pequeñas y medianas empresas, sobre las que se exige un informe en las disposiciones generales.

Artículo 6. Normas reglamentarias

El Gobierno, mediante normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará: requisitos mínimos de las condiciones de trabajo; limitaciones o prohibiciones de operaciones, procesos y exposiciones; condiciones especiales como formación previa o un plan de medidas; evaluación de riesgos; servicios de prevención; trabajos especialmente peligrosos; y calificación de enfermedades profesionales. Esas normas se coordinarán con la normativa sanitaria y de seguridad industrial y se evaluarán y, en su caso, revisarán periódicamente.

Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral

Las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollan funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control, y sancionan las infracciones: promueven la prevención y el asesoramiento de los órganos técnicos, velan por el cumplimiento mediante vigilancia y control y sancionan los incumplimientos. En los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan técnica minera, con explosivos o con energía nuclear, esas funciones siguen a cargo de los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que analiza y estudia las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y promueve y apoya su mejora. Asesora en la elaboración de la normativa, promueve formación e investigación, apoya a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y colabora con organismos internacionales. Es centro de referencia nacional ante las Instituciones de la Unión Europea y ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila y controla la normativa de prevención: vigila su cumplimiento y propone la sanción a la autoridad laboral; asesora e informa a empresas y trabajadores; elabora informes para los Juzgados de lo Social; informa a la autoridad laboral de los accidentes mortales, muy graves o graves; comprueba las obligaciones de los servicios de prevención; y ordena la paralización inmediata ante riesgo grave e inminente. Los funcionarios técnicos de las Administraciones remiten informe a la Inspección si hay infracción e incumplimiento de previo requerimiento.

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria

Las Administraciones sanitarias actúan en salud laboral a través de las acciones del capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Les corresponde: establecer medios para evaluar y controlar las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención, con pautas y protocolos fijados oídas las sociedades científicas; implantar sistemas de información para elaborar, junto con las autoridades laborales, mapas de riesgos laborales y realizar estudios epidemiológicos; supervisar la formación del personal sanitario; y elaborar y divulgar estudios, investigaciones y estadísticas.

Artículo 11. Coordinación administrativa

La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención y la investigación y vigilancia epidemiológica obligan a coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. En ese marco, la Administración laboral velará para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente y de la Administración competente en materia de industria.

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales.

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo asesora a las Administraciones públicas y es órgano de participación institucional. La integran un representante por Comunidad Autónoma, igual número de la Administración General del Estado y, paritariamente, organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Acuerda por mayoría: las Administraciones, un voto por representante; las organizaciones, dos. Preside el Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales; cuatro Vicepresidentes; Secretaría: Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en seguridad y salud, que comprende información, consulta y participación, formación preventiva, paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. El empresario debe garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo y seguir de forma permanente la actividad preventiva. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones y el concierto con entidades especializadas complementan su acción sin eximirle. El coste no recae en modo alguno sobre los trabajadores.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

Nueve principios: evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso; planificar la prevención; anteponer la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones. El empresario considera las capacidades profesionales al encomendar tareas, reserva las zonas de riesgo grave y específico a quien tenga información suficiente y adecuada y prevé las distracciones o imprudencias no temerarias. Cabe concertar seguros sobre riesgos derivados del trabajo.

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

La prevención se integra en la gestión de la empresa mediante un plan de prevención, que incluye estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. Sus instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La evaluación se actualiza cuando cambian las condiciones de trabajo y se revisa, si fuera necesario, con ocasión de daños para la salud. La planificación fija para cada actividad plazo, responsables y recursos humanos y materiales. Ante un daño para la salud, el empresario investiga las causas.

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

El empresario debe lograr que los equipos de trabajo sean adecuados y estén convenientemente adaptados. Si su utilización puede presentar un riesgo específico, queda reservada a los encargados de ella, y la reparación, transformación, mantenimiento o conservación, a los trabajadores específicamente capacitados. Debe proporcionar equipos de protección individual adecuados y velar por su uso efectivo; estos se utilizan cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente con protección colectiva o con medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

El empresario debe procurar que los trabajadores reciban toda la información necesaria sobre los riesgos (de la empresa en su conjunto y de cada tipo de puesto o función), las medidas de protección y prevención aplicables y las medidas adoptadas conforme al artículo 20. Si hay representantes de los trabajadores, la información se facilita a través de ellos, pero los riesgos específicos del puesto o función y sus medidas se comunican directamente a cada trabajador. El empresario debe consultar a los trabajadores y permitir su participación; estos pueden hacerle propuestas de mejora.

Artículo 19. Formación de los trabajadores

El empresario debe garantizar a cada trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva: al contratarlo, cualquiera que sea la modalidad o duración del contrato, y cuando cambien sus funciones, las tecnologías o los equipos de trabajo. Se centra en el puesto o función y se repite periódicamente si fuera necesario. Se imparte, siempre que sea posible, dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas con descuento del tiempo invertido; con medios propios o servicios ajenos, y su coste no recae en ningún caso sobre los trabajadores.

Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, según el tamaño y la actividad de la empresa y la posible presencia de personas ajenas, debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando al personal encargado y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Ese personal ha de tener la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Organizará relaciones con servicios externos de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.

Artículo 21. Riesgo grave e inminente

Ante riesgo grave e inminente el empresario debe informar lo antes posible a los afectados, dar instrucciones para que puedan interrumpir la actividad y disponer lo necesario para que quien no pueda contactar con su superior adopte medidas. El trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. Si el empresario no actúa, los representantes legales pueden acordar por mayoría la paralización, que la autoridad laboral anula o ratifica en 24 horas; si no cabe reunirlos con urgencia, deciden los Delegados de Prevención. Sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave.

Artículo 22. Vigilancia de la salud

El empresario garantiza la vigilancia periódica de la salud según los riesgos inherentes al trabajo. Requiere el consentimiento del trabajador, salvo, previo informe de sus representantes, cuando el reconocimiento sea imprescindible o lo establezca una disposición legal. Los resultados se comunican a los trabajadores afectados y no pueden usarse con fines discriminatorios. La información médica personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias; el empresario es informado de las conclusiones sobre aptitud o medidas. La realiza personal sanitario con capacidad acreditada.

Artículo 23. Documentación

El empresario debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral: el plan de prevención; la evaluación de los riesgos, con el resultado de los controles periódicos; la planificación de la actividad preventiva; la práctica de los controles del estado de salud y sus conclusiones; y la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Al cesar la actividad, la empresa la remite a la autoridad laboral. Los daños para la salud se notifican por escrito a esta. También se pone a disposición de las autoridades sanitarias.

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales

Si en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar y establecer los medios de coordinación necesarios. El empresario titular del centro procura que los demás empresarios reciban información e instrucciones sobre riesgos, medidas de protección y prevención y medidas de emergencia. Las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad en sus propios centros deben vigilar el cumplimiento de la normativa por contratistas y subcontratistas. Cooperación, información e instrucción alcanzan a los autónomos.

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores especialmente sensibles por sus características personales o estado biológico conocido, incluida la discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida. No se les empleará en puestos donde ellos, los demás trabajadores u otras personas puedan ponerse en peligro, ni cuando estén manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto. Las evaluaciones incluirán los riesgos para la procreación por agentes físicos, químicos y biológicos.

Artículo 26. Protección de la maternidad

La evaluación determinará naturaleza, grado y duración de la exposición de las trabajadoras embarazadas o de parto reciente. Si hay riesgo, el empresario adapta las condiciones o el tiempo de trabajo (si es necesario, sin trabajo nocturno ni a turnos). Si no basta y se certifica, cambio a puesto o función compatible; si es de otro grupo o categoría, conserva las retribuciones de origen. Si el cambio no es posible, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. También en la lactancia natural (suspensión: hijos menores de nueve meses). Ausencias retribuidas para exámenes prenatales.

Artículo 27. Protección de los menores

Antes de incorporar al trabajo a jóvenes menores de dieciocho años, y antes de cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario evaluará los puestos para determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, atendiendo a su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo incompleto. Informará de los riesgos y de las medidas adoptadas a los jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación. El Gobierno establecerá las limitaciones a su contratación en trabajos con riesgos específicos.

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

Los trabajadores temporales, de duración determinada y los contratados por empresas de trabajo temporal disfrutarán del mismo nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan servicios. Antes de iniciar su actividad recibirán información sobre los riesgos, y formación suficiente y adecuada; tienen derecho a vigilancia periódica de su salud. Con empresas de trabajo temporal, la usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información de los apartados 2 y 4; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud.

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

Cada trabajador debe velar, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas de prevención adoptadas, por su seguridad y salud y por la de las personas a las que pueda afectar su actividad. En particular: usar adecuadamente máquinas y medios; utilizar correctamente los equipos de protección; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato de las situaciones de riesgo; contribuir al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la autoridad competente y cooperar con el empresario. Incumplirlas es incumplimiento laboral o, en su caso, falta disciplinaria.

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales

El empresario designa trabajadores, constituye un servicio de prevención o lo concierta con una entidad ajena. Los designados no sufrirán perjuicio y guardarán sigilo profesional. En empresas de hasta diez trabajadores el empresario puede asumir personalmente la prevención si desarrolla habitualmente su actividad en el centro y tiene capacidad; también con hasta 25 trabajadores si hay un único centro de trabajo. Quien no concierte un servicio ajeno se somete a auditoría o evaluación externa. Auditar exige una única autorización de la autoridad laboral; el silencio es desestimatorio.

Artículo 31. Servicios de prevención

Si designar trabajadores es insuficiente, el empresario recurrirá a servicios de prevención propios o ajenos. Servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales para las actividades preventivas, asesorando y asistiendo al empresario, a los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Es interdisciplinario y sus medios se ajustan al tamaño de la empresa, los tipos de riesgo y su distribución. Las entidades especializadas necesitan acreditación única de la autoridad laboral, previa aprobación de la sanitaria, y póliza de seguro.

Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tienen dos prohibiciones: no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos

La presencia de recursos preventivos en el centro, sea cual sea su organización, es necesaria: cuando la concurrencia de operaciones diversas pueda agravar o modificar los riesgos; en actividades reglamentariamente peligrosas o con riesgos especiales; y cuando la requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Son recursos preventivos los trabajadores designados y los miembros del servicio de prevención propio o de los ajenos concertados. Permanecerán mientras dure la situación. El empresario puede asignar la presencia a otros trabajadores con formación mínima de nivel básico.

Artículo 33. Consulta de los trabajadores

El empresario consultará a los trabajadores, con la debida antelación, las decisiones sobre: planificación y organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías; organización de las actividades de protección y prevención, incluidos la designación de sus encargados o el recurso a un servicio de prevención externo; encargados de las medidas de emergencia; procedimientos de información y documentación; proyecto y organización de la formación preventiva; y cualquier otra acción con efectos sustanciales sobre seguridad y salud. Si hay representantes, la consulta es con ellos.

Artículo 34. Derechos de participación y representación

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones de prevención. En empresas o centros con seis o más trabajadores, la participación se canaliza a través de sus representantes y de la representación especializada. A Comités de Empresa, Delegados de Personal y representantes sindicales corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores en la materia. En las Administraciones públicas se ejerce con adaptaciones; en la Administración General del Estado, el Gobierno sigue cuatro criterios, entre ellos un único Comité de Seguridad y Salud, con carácter general.

Artículo 35. Delegados de Prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en prevención, designados por y entre los representantes del personal según escala: de 50 a 100 trabajadores, 2; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; desde 4.001, 8. Hasta treinta trabajadores lo es el Delegado de Personal; de 31 a 49, uno elegido por y entre los Delegados de Personal. Cómputo: contratos de más de un año, como fijos; hasta un año, cada doscientos días trabajados o fracción, un trabajador más.

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención

Cuatro competencias de los Delegados de Prevención: colaborar en la mejora de la acción preventiva, fomentar la cooperación de los trabajadores, ser consultados antes de ejecutarse las decisiones del artículo 33 y vigilar que se cumpla la normativa. Sin Comité de Seguridad y Salud, ejercen las competencias de este. Facultades (siete), como acompañar a técnicos e Inspectores, acceder a información, visitar los lugares de trabajo y proponer la paralización. Informes: quince días, o el tiempo imprescindible ante riesgos inminentes. La negativa del empresario a sus propuestas ha de motivarse.

Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención

A los Delegados de Prevención se les aplican las garantías del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. El tiempo de sus funciones se imputa al crédito de horas mensuales retribuidas, pero es en todo caso tiempo de trabajo efectivo, sin imputación a ese crédito, el de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, otras convocadas por el empresario en materia de prevención y ciertas visitas. El empresario les da medios y formación: es tiempo de trabajo y su coste no recae en ellos. Deben sigilo profesional. Para el personal administrativo o estatutario rige la Ley 9/1987.

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación para la consulta regular y periódica en prevención. Se constituye en empresas o centros con 50 o más trabajadores. Lo forman los Delegados de Prevención y, en igual número, el empresario y/o sus representantes. Participan con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención no incluidos en él; también trabajadores cualificados y técnicos ajenos si lo solicita alguna representación. Se reúne trimestralmente y cuando lo pida una representación. Cabe un Comité Intercentros.

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud tiene dos competencias: participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos, proponiendo mejoras o correcciones. Sus cuatro facultades: conocer directamente la situación, con visitas, conocer documentos e informes, conocer y analizar los daños en la salud o integridad física y conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. Cabe acordar reuniones conjuntas de Comités o, en su defecto, de Delegados de Prevención y empresarios.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Trabajadores y representantes pueden recurrir a la Inspección de Trabajo si creen insuficientes las medidas del empresario. En sus visitas, el Inspector comunica su presencia al empresario, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales, para que le acompañen, salvo que perjudique sus funciones. Informa de los resultados a los Delegados y al empresario por diligencia en el Libro de Visitas. Se consulta a las organizaciones más representativas antes de los planes de actuación, en especial para empresas de menos de seis trabajadores.

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles aseguran que no sean fuente de peligro si se usan como recomiendan. Los de productos y sustancias químicas los envasan y etiquetan para su conservación y manipulación seguras, identificando contenido y riesgos. Todos informan de la utilización correcta, medidas preventivas adicionales y riesgos. Los de elementos de protección aseguran su efectividad e informan del tipo de riesgo, nivel de protección y uso y mantenimiento. El empresario garantiza que llegue a los trabajadores en términos comprensibles.

Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales da lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles por los daños y perjuicios derivados. Las responsabilidades administrativas del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones por daños y perjuicios y con el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social que fije el órgano competente. El apartado 2 está derogado.

Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Si el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprueba una infracción de la normativa de prevención, requiere al empresario su subsanación, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos proceda la paralización del artículo 44, y sin perjuicio de la propuesta de sanción. El requerimiento se hace saber por escrito, con las deficiencias y el plazo de subsanación, y se comunica a los Delegados de Prevención. Si se incumple y persisten los hechos, levanta acta de infracción si no lo hizo antes. Los requerimientos de los funcionarios del artículo 9.2 tienen iguales requisitos y efectos.

Artículo 44. Paralización de trabajos

Si el Inspector de Trabajo aprecia un riesgo grave e inminente puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos. Se comunica a la empresa, que lo traslada de inmediato a los trabajadores afectados, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes del personal. El Inspector da traslado inmediato a la autoridad laboral, ante la que la empresa puede impugnar en tres días hábiles; se resuelve en veinticuatro horas como máximo. La levanta la Inspección o el empresario al subsanar las causas. Sin perjuicio del salario o indemnizaciones.

Artículo 45. Infracciones administrativas

En el personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones se responden mediante la imposición, por resolución de la autoridad competente, de medidas correctoras. En la Administración General del Estado lo regula el Gobierno con tres principios: lo inicia el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por orden superior, por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal; la Inspección requiere medidas y plazo, con traslado a la unidad inspeccionada para alegaciones; y si los Ministros discrepan decide el Consejo de Ministros.

Artículo 46. Infracciones leves

Artículo 47. Infracciones graves

Artículo 48. Infracciones muy graves

Artículo 49. Sanciones

Artículo 50. Reincidencia

Artículo 51. Prescripción de las infracciones

Artículo 52. Competencias sancionadoras

Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo

Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones de seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia pueden acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo, sin perjuicio en todo caso del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas para garantizarlo.

Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo se rigen por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 1. Objeto

El Decreto fija los principios, competencias, procedimientos y criterios técnicos y organizativos que rigen la Prevención de Riesgos Laborales como parte integrante de la gestión de las actividades de la Administración de la Junta de Andalucía. En particular, regula la elaboración y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en cada Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial, como instrumento de esa integración y como garantía de calidad y eficacia en la protección de la seguridad y salud de los empleados y empleadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Decreto se aplica en las distintas Consejerías, las agencias administrativas y las agencias de régimen especial, en cuatro sectores: Administración General, Administración Educativa, Administración Sanitaria y Administración de Justicia. Alcanza tanto a las unidades centrales como a las territoriales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 3. Objetivos

La Junta considera principio prioritario la salvaguardia y promoción de la salud y seguridad de su personal empleado público y de todas las personas que trabajen dependiendo directa o indirectamente de sus Órganos. Fija dos grupos de objetivos. Del Plan de Prevención: aplicarlo como instrumento de integración y de coordinación administrativa, reducir progresivamente la siniestralidad con mejora continua e integrar la perspectiva de género. De la Prevención: promover buenas prácticas, contribuir a la Responsabilidad Social Corporativa y dotar adecuadamente la estructura de recursos preventivos.

Artículo 4. Responsabilidades y competencias

Los titulares de los Órganos Directivos Centrales competentes en personal elaboran, implantan, controlan, revisan y actualizan el Plan. Su gestión corresponde a las unidades de personal y administración general, donde se crean Unidades de Prevención, que son los servicios de prevención propios; cabe asistencia externa a propuesta de la unidad de prevención y previo informe favorable de la Consejería de seguridad y salud laboral. Esta Consejería informa el Plan antes de su aprobación; la de Administración Pública sigue y aplica los Acuerdos de representación y participación.

Artículo 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía

De conformidad con el artículo 2.1 del Real Decreto 39/1997, en la redacción dada por el Real Decreto 604/2006, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta con la que se integra la actividad preventiva de las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial en el sistema general de gestión de las mismas y se establece la política común de prevención. El Plan de la Administración de la Junta de Andalucía es el conjunto de los Planes de todas ellas.

Artículo 6. Contenido del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial

De conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto 39/1997, el Plan de cada Consejería o agencia tiene cuatro contenidos: 1) identificación (al menos organigrama, competencias, funciones y actividades, y relación pormenorizada de los centros de trabajo); 2) organización de la prevención (Órganos de Gestión, ámbitos organizativos y estructura especializada: Unidades de Prevención y sus puestos); 3) organización de la actividad, con procedimientos adecuados sobre una lista de aspectos; y 4) objetivos del Plan en los sucesivos períodos que se señalen.

Artículo 7. Elaboración y aprobación

La Dirección General competente en materia de Seguridad y Salud Laboral establece, mediante una guía técnica, las bases y criterios para elaborar el Plan de Prevención y, en particular, los procedimientos de gestión, que incluirán las metodologías comunes que han de adoptarse. El Plan de cada Consejería, agencia administrativa y agencia de régimen especial lo elaboran los Órganos señalados en el artículo 4 apartado 1, se aprueba por Orden del titular de la Consejería y se da traslado del mismo a la Consejería competente en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 8. Auditoria, revisión y actualización

A tenor de la auditoria interna prevista en el propio Plan, cada Consejería o agencia lo revisa y actualiza en lo que precise, por el procedimiento establecido para su elaboración, informando a los Órganos competentes de las Consejerías de Seguridad y Salud Laboral y de Administración Pública. El Plan se actualiza además de forma anual según los cambios en la estructura orgánica, funcional y de los centros de trabajo. La Consejería competente en Seguridad y Salud Laboral audita cada Plan con periodicidad bianual, para supervisar las auditorías internas y el cumplimiento de sus medidas.

Artículo 9. Participación de las personas empleadas públicas

La participación de las personas empleadas públicas en la elaboración, aplicación y evaluación del Plan se articula según el capítulo V de la Ley 31/1995, la demás normativa aplicable y los Acuerdos de participación y representación en vigor o que se firmen, con medidas que favorezcan una representación igualitaria. Se lleva a cabo a través de los delegados de prevención y los órganos de participación y comprende ocho aspectos, entre ellos la designación de los encargados de las medidas de emergencia, el recurso a un servicio de prevención externo y la formación preventiva.

Artículo 10. Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales

Los Centros de Prevención de Riesgos Laborales están adscritos a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en Seguridad y Salud Laboral y son Órganos propios, de ámbito provincial, de la estructura preventiva de la Junta. Actúan directamente en vigilancia de la salud y dan asesoramiento especializado, apoyo y referencia a los Servicios de Prevención internos. Desarrollan sus funciones bajo la coordinación técnica e instrucciones de la Dirección General competente, que establece los procedimientos de vigilancia de la salud previo informe favorable de la Consejería de Salud.

Artículo 11. Dotación de medios

La dotación de la estructura preventiva de la Administración de la Junta de Andalucía está compuesta por los Servicios de Prevención de las distintas Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial, y por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. La dotación de estos Centros la determina la Dirección General competente en materia de Seguridad y Salud Laboral, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Salud sobre la dotación de medios para las funciones de vigilancia de la salud.