Tema 26 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El Reglamento desarrolla dos leyes: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. Su ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 y en el artículo 2 de la Ley 40/2015.

Artículo 2. Principios generales

El sector público deberá respetar en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso (estándares abiertos y, en su caso y de forma complementaria, de uso generalizado); b) accesibilidad (igualdad y no discriminación, en particular de personas con discapacidad y mayores); c) facilidad de uso (minimizar el conocimiento necesario); d) interoperabilidad (compartir datos); e) proporcionalidad (garantías y medidas de seguridad adecuadas); f) personalización y proactividad (servicios precumplimentados).

Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

Están obligados a relacionarse electrónicamente, al menos, los sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015. Las personas físicas no obligadas pueden optar por ello al inicio del procedimiento o en una fase posterior, y también dejar de hacerlo, comunicándolo al órgano competente para tramitarlo: los efectos se producen a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que este tenga constancia. En el ámbito estatal la obligatoriedad puede establecerse por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente.

Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos de su ámbito competencial a través de alguno o algunos de estos canales: presencial (oficinas de asistencia que se determinen), portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015.

Artículo 5. Portales de internet de las Administraciones Públicas

Portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público y que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada. Cada Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de sus portales y criterios obligatorios de imagen institucional. Los portales dispondrán de sistemas que permitan establecer medidas de seguridad conforme al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero (Esquema Nacional de Seguridad).

Artículo 6. Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal

En el ámbito estatal los portales se crean o suprimen por orden de la persona titular del ministerio o resolución de la persona titular del órgano superior (Administración General del Estado) y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección (organismos y entidades). Crear exige informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital y posterior comunicación a dos ministerios; suprimir, previa comunicación a ambos. La dirección incluirá el dominio de segundo nivel «.gob.es» y los portales estarán referenciados en el PAGe.

Artículo 7. Punto de Acceso General electrónico

Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que facilita el acceso a servicios, trámites e información y dispone de una sede electrónica que da acceso a todas las sedes y sedes asociadas; esa sede podrá incluir un área personalizada. El PAGe de la Administración General del Estado lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital; en su sede está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única y podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.

Artículo 8. Carpeta Ciudadana del sector público estatal

La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas en su relación con el sector público estatal. Además del interesado pueden acceder sus representantes legales y quien ostente un poder general otorgado por él e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos. Es accesible a través de la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras funcionalidades, seguimiento de procedimientos, acceso a comunicaciones y notificaciones, conocer qué datos obran en poder del sector público estatal y obtener certificaciones.

Artículo 9. Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas

Una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante ella se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas. Su titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias.

Artículo 10. Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

Pueden crearse una o varias sedes asociadas a una sede electrónica por razones técnicas y organizativas; la asociada es sede a todos los efectos. El acto de creación o supresión se publica en el boletín oficial que corresponda (en las entidades locales, el de la provincia) y en el directorio del PAGe, y determina, al menos, ámbito de aplicación, dirección electrónica de referencia, titular y órgano u órganos gestores. En el ámbito estatal se hace por orden o resolución con informe previo favorable de dos ministerios, que exige una memoria justificativa y económica.

Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas

Toda sede o sede asociada tiene un contenido mínimo: identificación de la sede y de su titular, acto de creación, información de uso (mapa), sistemas de identificación y firma admitidos, normativa del Registro, fecha y hora oficial y calendario de días inhábiles, incidencias técnicas, y relación actualizada de servicios y de actuaciones automatizadas. Y, al menos, estos servicios: acceso a trámites con plazos máximos, enlace de sugerencias y quejas, verificación de certificados y sellos, comprobación de documentos con código seguro de verificación, modelos y directorio de oficinas.

Artículo 12. Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada

El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede asociada responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia accesibles desde ella. Si la sede contiene un enlace o vínculo a otra sede, responde el titular de esta última. Si contiene procedimientos o servicios cuya competencia corresponde a otro órgano, organismo o entidad, de la misma o de diferente Administración, responde el titular de la competencia. En estos dos casos, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede respecto de la incorporación de los contenidos.

Artículo 13. Actuación administrativa automatizada

La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada. En el ámbito estatal, la determinación de una actuación como automatizada se autoriza por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad, y se publica en la sede electrónica o sede asociada. La resolución expresa los recursos que procedan, el órgano y el plazo, y establece medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos.

Artículo 14. Régimen de subsanación

Si el obligado a usar medios electrónicos no los utiliza, se le requiere subsanar en diez días; si no, se le tendrá por desistido o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite, previa resolución. Igual para las personas físicas no obligadas que hayan optado por la vía electrónica. En solicitudes de iniciación, la fecha de subsanación es la de presentación. Diez días también por incumplir formatos y estándares u otro defecto subsanable; este último plazo es ampliable hasta cinco días por dificultades especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

Artículo 15. Sistemas de identificación, firma y verificación

Las Administraciones admiten sistemas de firma electrónica conformes a la normativa vigente. Para identificarse ellas pueden usar: identificación de sedes y sedes asociadas, sello electrónico, firma para la actuación automatizada, firma de su personal e intercambio de datos en entornos cerrados. Los sistemas del artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015 requieren autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital. La Administración no responde del uso por terceros de los medios del interesado, salvo que concurran los requisitos del artículo 32 de la Ley 40/2015.

Artículo 16. Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación

La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para verificar la vigencia y el contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público, libre y gratuitamente para este. Órgano responsable: la Secretaría General de Administración Digital. Está disponible para todo el sector público previa formalización del instrumento de adhesión. Su declaración de prácticas de validación es pública, electrónica y gratuita. Los prestadores cualificados de servicios de confianza deben facilitarle acceso electrónico y gratuito para verificar la vigencia de sus certificados.

Artículo 17. Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal

La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal la constituyen las directrices y normas técnicas sobre el uso de certificados y firma electrónica. Contiene en todo caso: su ámbito de aplicación; los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante la Administración General del Estado y sus organismos y entidades; y las especificaciones técnicas y operativas de los servicios de confianza. La aprueba por Resolución la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se publica en el BOE y en la sede electrónica del PAGe.

Artículo 18. Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas

Las sedes electrónicas y sedes asociadas se identifican y garantizan una comunicación segura mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente, ajustados al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a la normativa de identidad y firma electrónica. En el ámbito estatal se identifican mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web; las direcciones que sean sede deben hacerlo constar de forma visible e inequívoca, seguir la imagen institucional de la Administración General del Estado e incluir el nombre de dominio «.gob.es».

Artículo 19. Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica

Las Administraciones pueden identificarse con sello electrónico basado en certificado cualificado, que incluye el número de identificación fiscal y la denominación y, en su caso, la identidad del titular en los sellos de órganos administrativos. La relación de sellos de cada Administración es pública y accesible por medios electrónicos. En el ámbito estatal los crea por resolución la persona titular de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo o entidad; el certificado contiene al menos la denominación «sello electrónico» y el nombre y el NIF del suscriptor.

Artículo 20. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada

En la tramitación automatizada, cada Administración Pública puede determinar los supuestos de utilización de estos sistemas de firma: a) sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado; b) código seguro de verificación vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, que permite en todo caso comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica. Cada Administración determina los medios de firma admitidos en sus entidades de derecho privado cuando tramiten de forma automatizada ejerciendo potestades administrativas.

Artículo 21. Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada

Las Administraciones pueden usar código seguro de verificación (CSV) en actuaciones automatizadas. Vincula al órgano, organismo o entidad y, en su caso, al firmante, y permite comprobar la integridad del documento en la sede o sede asociada de forma directa y gratuita. Si el documento se modifica, surge otro con CSV diferente. En el ámbito estatal exige resolución, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital; la verificación en sede estará disponible al menos cinco años, salvo plazo superior en normativa especial.

Artículo 22. Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

La actuación de la Administración por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado público a través del que se ejerza la competencia. Cada Administración determina los sistemas de firma de su personal, que podrán identificar conjuntamente al titular del puesto o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Los certificados de empleado público serán cualificados. Cada Administración determina los medios de firma admitidos en sus entidades de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas.

Artículo 23. Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional

Los prestadores cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación profesional en el certificado de empleado público, a petición de su Administración, para actuaciones que afecten a información clasificada, seguridad pública, defensa nacional u otras con anonimato legalmente justificado. En el ámbito estatal lo solicita el titular de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo. La Administración solicitante conserva la documentación de la identidad del titular. Son cualificados y limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.

Artículo 24. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

El personal de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades podrá identificarse con los sistemas de la Ley 39/2015 que se establezcan según el nivel de seguridad del trámite de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad. Podrá firmar con certificados electrónicos cualificados facilitados a sus empleados, utilizables en el desempeño efectivo del puesto, para trámites y actuaciones por razón del mismo, o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan. Los registros de personal podrán recoger los datos para la identificación electrónica.

Artículo 25. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

Los documentos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones, órganos, organismos y entidades de derecho público son válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes son de una misma Administración, esta fija las condiciones y garantías, que comprenden al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos; si son de distintas, se fijan por convenio. En el ámbito estatal las establece la Secretaría General de Administración Digital. Rige el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 26. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento

Los interesados podrán identificarse con cualquier sistema con registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Se admiten: a) certificados cualificados de firma electrónica y b) de sello electrónico, de prestadores de la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza»; c) clave concertada y otros sistemas que las Administraciones consideren válidos, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital, denegable solo por motivos de seguridad pública. Uno de los sistemas a) y b) debe ser posible para todo procedimiento.

Artículo 27. Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas

Fija los atributos mínimos de los certificados usados para identificarse. Persona física (certificado cualificado de firma): nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF que conste de manera inequívoca. Representante de persona jurídica: denominación y NIF de la persona jurídica, más nombre y apellidos y DNI, NIE o NIF del representante. Persona jurídica (certificado cualificado de sello): denominación y NIF. La identidad del solicitante se comprueba conforme al artículo 7 de la Ley 6/2020.

Artículo 28. Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas

Los sistemas de clave concertada u otros que las Administraciones consideren válidos para identificar a personas físicas deben ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Consular Central o NIF, y el pasaporte si así se establece. Los autoriza previamente la Secretaría General de Administración Digital; solo cabe denegar por seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad. En el ámbito estatal se crean por orden o resolución; si abarcan toda la AGE, por Acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo 29. Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso

Si el interesado opta por relacionarse electrónicamente, valen como firma: a) firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada con certificado cualificado; b) sello electrónico cualificado y avanzado con certificado cualificado; c) cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, con registro previo como usuario. Uno de los de a) y b) debe ser posible en todos los procedimientos y trámites. Los de c) necesitan autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital, que solo podrá denegarse por motivos de seguridad pública.

Artículo 30. Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado

El interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 que no disponga de medios electrónicos puede ser identificado o firmar mediante personal funcionario público habilitado. Debe identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, del que queda constancia por escrito. El funcionario le entrega la documentación del trámite y copia del consentimiento. En el ámbito estatal, el funcionario ha de estar inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

Artículo 31. Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado

Crea el Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE y sus organismos y entidades. Constan inscritos: a) los habilitados para la identificación y firma electrónica de interesados; b) los habilitados para expedir copias auténticas, a quienes habilitan los órganos de emisión, custodia o archivo de los documentos; c) el personal de las oficinas de asistencia en materia de registros. Lo gestiona la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital. Su funcionamiento se regula por orden conjunta.

Artículo 32. Acreditación en la actuación por medio de representante

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por representante: persona física con capacidad de obrar o persona jurídica si lo prevén sus Estatutos. Los representantes de obligados a relacionarse electrónicamente también lo están. La representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, entre otros: apoderamiento apud acta (personal o electrónico), inscripción en el registro electrónico de apoderamientos, certificado electrónico cualificado de representante o documento público notarial o inscripción en un registro mercantil.

Artículo 33. Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado

En el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE se inscriben los apoderamientos generales del artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015 otorgados apud acta, y pueden inscribirse los del 6.4.b) y 6.4.c) si el organismo o entidad no tiene registro particular. Consta el bastanteo de los servicios jurídicos. Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Cada organismo o entidad puede tener registro particular, donde no caben los poderes del 6.4.a). Son interoperables y no públicos.

Artículo 34. Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante

La representación puede acreditarse ante la Administración con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica acorde al artículo 28 y al Anexo I del Reglamento (UE) 910/2014 (Reglamento eIDAS) y a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados, que además se haya expedido a quien tenga un poder general para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Si el certificado es de alcance no general, su aceptación queda sujeta al Reglamento eIDAS, a esa Política Marco y, además, a los requisitos que disponga cada Administración.

Artículo 35. Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil

Si la representación resulta de documento público notarial o de certificación de un registro mercantil, el interesado debe aportar la certificación registral electrónica o, al menos, expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico. Las Administraciones verifican autenticidad e integridad con acceso electrónico y gratuito a la dirección que habilitan el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores. Para comprobar vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas, consultan electrónica y gratuitamente el Registro Mercantil.

Artículo 36. Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

La AGE y sus organismos y entidades pueden habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. Se requiere la firma previa de un convenio con la organización o corporación, que especifica al menos los procedimientos y trámites y las condiciones y obligaciones de la entidad firmante y de los habilitados, y determina la presunción de validez de la representación. Los trámites se publican en la sede electrónica del PAGe y en las sedes respectivas.

Artículo 37. Registro electrónico

Las Administraciones disponen de registros electrónicos plenamente interoperables. Cada Administración tiene un Registro Electrónico General donde se asienta todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo o entidad; estos organismos y entidades pueden tener registro propio, interoperable e interconectado con el General. Admiten documentos electrónicos normalizados y cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración. No se tienen por presentados los documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Artículo 38. Registro Electrónico General de la Administración General del Estado

El Registro Electrónico General de la AGE lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es el conjunto agregado de: a) los asientos de las aplicaciones de las unidades que anotan en registro; b) las anotaciones de cualquier aplicación que dé soporte a procedimientos específicos; c) las anotaciones del servicio electrónico para solicitudes, escritos y comunicaciones sin modelos normalizados. Sus anotaciones tienen plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.

Artículo 39. Presentación y tratamiento de documentos en registro

Las Administraciones pueden determinar formatos y estándares de los documentos. Si se detecta código malicioso en documentos ya registrados, se requiere su subsanación. Los documentos en soporte no electrónico se presentan en las oficinas de asistencia en materia de registros; digitalizados, son copia electrónica auténtica y se devuelven inmediatamente. Si el tamaño excede la capacidad del SIR, la remisión puede sustituirse por la puesta a disposición en un repositorio de intercambio de ficheros. El archivo corresponde al órgano competente para la tramitación.

Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado

Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo y se crean, modifican o suprimen conforme al artículo 59.2 de la Ley 40/2015. La Administración General del Estado cuenta con un directorio geográfico de ellas, gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al que el órgano del que dependa cada Oficina comunica de forma inmediata la norma que la cree, modifique o suprima. Entre sus funciones: digitalizar y anotar en registro, emitir recibo con fecha y hora y expedir copias electrónicas auténticas.

Artículo 41. Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos

Cuando la relación con las Administraciones Públicas deba ser electrónica, se comunican al interesado por esos medios, al menos: la fecha y, en su caso, hora de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración; la fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente, el plazo máximo para resolver y notificar y los efectos del silencio; y las solicitudes de pronunciamiento a un órgano de la Unión Europea, de informe preceptivo o de pronunciamiento jurisdiccional, el procedimiento europeo no finalizado y el requerimiento de anulación o revisión entre administraciones.

Artículo 42. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica o sede asociada, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o por ambos sistemas; si son ambos, cuenta el acceso o rechazo ocurrido en primer lugar. La comparecencia voluntaria del no obligado, con posterior acceso o rechazo expreso, tiene plenos efectos jurídicos. El acuse de recibo identifica acto, destinatario, fechas y horas. El sucesor comunica la sucesión en 15 días hábiles. Los emisores de ámbito estatal notifican en la DEHú y, de forma complementaria, pueden hacerlo en su sede.

Artículo 43. Aviso de puesta a disposición de la notificación

Sea la notificación en papel o electrónica, se envía al interesado o a su representante un aviso de su puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única, en la sede electrónica o sede asociada o en ambas. El aviso es meramente informativo: su falta no impide la plena validez de la notificación, y se practica si se ha comunicado un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico. Si el obligado a relacionarse electrónicamente no tiene datos de contacto, en los procedimientos iniciados de oficio la primera notificación se hace en papel.

Artículo 44. Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es el sistema de información para la notificación electrónica; la gestiona el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el de Política Territorial y Función Pública y se aloja en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. Ante una incidencia técnica, los emisores podrán ampliar el plazo no vencido. El acceso al contenido, el rechazo expreso o la presunción de rechazo por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición dan por efectuada la notificación.

Artículo 45. Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada

Antes de acceder al contenido de la notificación en la sede electrónica o sede asociada, el interesado es informado de que la comparecencia y acceso, el rechazo expreso o la presunción de rechazo por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición dan por efectuado el trámite y el procedimiento continúa. Debe quedar constancia de ello con fecha y hora. El estado se sincroniza automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única si la notificación también está en ella. La obligación de notificar en plazo se cumple con la puesta a disposición.

Artículo 46. Documento administrativo electrónico

Documento administrativo electrónico es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que haya sido generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho administrativo. Si el órgano actuante debe facilitar al interesado un ejemplar, se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso electrónico.

Artículo 47. Requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos

Tiene la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado original, o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas se expiden siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Artículo 48. Órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos en el ámbito estatal

En el ámbito estatal expiden copias auténticas: los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales; los de custodia y archivo de documentos; los que hayan previsto sus normas de competencia; y las oficinas de asistencia en materia de registros, respecto de lo presentado por las personas interesadas. La expedición podrá hacerse mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. Los titulares de esos órganos designan a los habilitados.

Artículo 49. Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado

Cuando el interesado presenta en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, la Administración Pública la digitaliza y ese proceso genera una copia electrónica que tiene el mismo valor que la copia presentada en papel.

Artículo 50. Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos

Todos los documentos administrativos electrónicos llevan asociada una de dos modalidades de referencia temporal: marca de tiempo (asignación electrónica de la fecha y, en su caso, la hora) o sello electrónico cualificado de tiempo (fecha y hora, con intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza). Los sellos no cualificados se asimilan a todos los efectos a las marcas de tiempo. La marca de tiempo se usa cuando las normas reguladoras no establezcan el sello cualificado. Los prestadores de sellado de tiempo deben estar en la «Lista de confianza».

Artículo 51. Configuración del expediente administrativo electrónico

El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se lleva a cabo mediante un índice electrónico autenticado, que garantiza la integridad del expediente y permite su recuperación siempre que sea preciso. Un mismo documento electrónico puede formar parte de distintos expedientes administrativos. El índice lo firma el titular del órgano que conforme el expediente para su tramitación, o bien puede ser sellado electrónicamente cuando el expediente se forme de manera automática, a través de un sistema que garantice su integridad.

Artículo 52. Ejercicio del derecho de acceso al expediente electrónico y obtención de copias de los documentos electrónicos

El derecho de acceso al expediente electrónico de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas y, en su caso, a obtener copia total o parcial, se entiende satisfecho con su puesta a disposición en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en la sede electrónica o sede asociada que corresponda. La Administración destinataria de la solicitud remite al interesado o a su representante la dirección electrónica o localizador y garantiza el acceso el tiempo que determine la política de gestión de documentos electrónicos.

Artículo 53. Tiempo de conservación y destrucción de documentos

Los documentos en papel que no puedan devolverse al interesado al presentarlos se conservan a su disposición seis meses una vez digitalizados; el mismo plazo rige para los presentados en formato electrónico dentro de un dispositivo, una vez incorporados al expediente. La Administración correspondiente puede fijar reglamentariamente un plazo mayor. Después, la destrucción se hace según las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano autonómico competente, y siempre que no tengan valor histórico, artístico u otro relevante ni un valor especial por su firma u otras expresiones.

Artículo 54. Conservación de documentos electrónicos

Las Administraciones Públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho público deben conservar en soporte electrónico todos los documentos de un expediente y los de valor probatorio creados al margen de un procedimiento. Cada Administración regula los períodos mínimos de conservación. Si hay procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a los documentos, se conservan hasta que conste su terminación en las sucesivas instancias. La conservación comprende, como mínimo, identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.

Artículo 55. Archivo electrónico único

El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de documentos y expedientes electrónicos y de otras agrupaciones documentales o de información, una vez finalizados los procedimientos o actuaciones. En el de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal, una vez finalizados los procedimientos y en los plazos que determine la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

Artículo 56. Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos

De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. La misma obligación se aplica a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 57. Comunicaciones en la Administración General del Estado

Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de esta deben utilizar medios electrónicos para comunicarse entre sí. Las comunicaciones se efectúan a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, del registro del organismo o entidad de que se trate o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia de su recepción. La obligación alcanza a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando ejerzan potestades administrativas.

Artículo 58. Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

Las Administraciones Públicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden adherirse voluntariamente a las sedes electrónicas o sedes asociadas disponibles, de titularidad de la misma Administración o de otra Administración Pública. La adhesión se hace mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión y sin que se constituya como sede electrónica asociada.

Artículo 59. Adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal

Las Administraciones Públicas pueden integrar sus áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, si las hubiere, o determinadas funcionalidades de las mismas, con la Carpeta Ciudadana prevista en el artículo 8 del Reglamento. Con ello el interesado puede acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido su punto de acceso.

Artículo 60. Sistema de interconexión de Registros

Las aplicaciones o sistemas de información del Registro Electrónico General de cada Administración y del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público deben ser interoperables. Las interconexiones entre Registros se realizan a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En la Administración General del Estado deben permitir además la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes.

Artículo 61. Transmisiones de datos

Las transmisiones de datos del artículo 155 de la Ley 40/2015 tienen la consideración de certificados administrativos. Si el interesado no aporta datos que ya obren en poder de las Administraciones, el órgano tramitador los incorpora si puede acceder a ellos electrónicamente; excepcionalmente, los solicita por otros medios y conserva la acreditación de lo que imposibilitó el acceso. Toda transmisión se efectúa a solicitud del órgano o entidad tramitadora, que identifica datos, titulares y finalidad. El cesionario responde del correcto acceso y de la utilización de los datos.

Artículo 62. Plataformas de intermediación de datos

Las plataformas de intermediación de datos dejan constancia de la fecha y hora de la transmisión y del procedimiento, trámite o actuación a que se refiere la consulta, y deben ser interoperables con la Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado y entre ellas. La adhesión exige garantizar las condiciones de seguridad exigidas por los cedentes. La Plataforma estatal la gestiona la Secretaría General de Administración Digital y es el punto de conexión con el sistema técnico del Reglamento (UE) n.º 2018/1724.

Artículo 63. Remisión electrónica de expedientes administrativos en el ámbito de las Administraciones públicas mediante puesta a disposición

Cuando una Administración Pública solicita a otra un expediente electrónico, la remisión por esta, a través de un nodo de interoperabilidad, de la dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente puesto a disposición equivale a la remisión del mismo. Se exige que se garantice la integridad del acceso durante el tiempo que determine la correspondiente política de gestión de documentos electrónicos y el cumplimiento de la normativa de interoperabilidad aplicable al tipo de expediente. El mismo procedimiento se puede utilizar dentro de una misma Administración Pública.

Artículo 64. Reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas ponen a disposición de la que lo solicite las aplicaciones de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información asociada sea objeto de especial protección por una norma; cedentes y cesionarias pueden acordar repercutir el coste. Mantienen directorios de aplicaciones, interoperables con el Directorio general de la Administración General del Estado, que deben consultar antes de adquirir, desarrollar o mantener una aplicación. La no reutilización de una solución disponible se justifica en términos de eficiencia.

Artículo 65. Adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado

La adhesión a plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado la realiza el órgano competente de cada Administración, que acepta en su integridad las condiciones de uso. Los modelos de adhesión se aprueban por Resolución de la Secretaría General de Administración Digital o, en su caso, del órgano competente de la plataforma. No cambia la titularidad de las actuaciones administrativas. Para comunidades autónomas y entidades locales es voluntaria, pero la no adhesión debe justificarse en términos de eficiencia.

Artículo 1. Objeto y finalidad

El decreto tiene por objeto establecer los principios generales y adoptar medidas de simplificación administrativa y racionalización organizativa, así como el uso de los medios electrónicos por la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades del artículo 2. Sus finalidades son tres: mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa; garantizar los derechos de la ciudadanía; y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos. Ciudadanía: todos aquellos a quienes se reconozca capacidad de obrar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica a la Administración de la Junta de Andalucía (organización central y periférica) y a las agencias administrativas. A las agencias públicas empresariales, a las de régimen especial y a los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se les aplica cuando el decreto se refiera específicamente a ellos y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. No se aplica a ninguna de esas entidades en sus relaciones de derecho privado. A las entidades instrumentales privadas, en cuanto a los portales de Internet (artículos 15 y 16) y los Registros Electrónicos (artículos 47 y 48).

Artículo 3. Principios generales

Seis principios de simplificación y racionalización: orientación y servicio efectivo a la ciudadanía; eficacia y eficiencia; celeridad; economía procedimental y organizativa; racionalización y agilidad de procedimientos y actividades materiales de gestión; transparencia administrativa. En administración electrónica, ocho: accesibilidad y no discriminación; reducción de la brecha digital (personas mayores o con discapacidad); seguridad; conservación; interoperabilidad; proporcionalidad; impulso de la actuación administrativa automatizada; usabilidad. Se garantiza la protección de datos.

Artículo 4. Competencias de las Consejerías

Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las funciones de impulso, implantación, coordinación, seguimiento y evaluación de las determinaciones del decreto. Esas funciones se ejercen en el ámbito de la Consejería correspondiente, de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos, y dentro del marco de la planificación y coordinación general que establezcan las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital.

Artículo 5. Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa

La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa es un órgano colegiado decisorio y de asesoramiento, adscrito a la Secretaría General con competencias en administración pública. Preside la persona titular de la Viceconsejería de esa materia; vicepresidencia primera, la de la Secretaría General; vicepresidencia segunda, la del órgano directivo central de transformación digital. Vocalías: telecomunicaciones y seguridad TIC, jefatura de la Inspección General de Servicios y Secretarías Generales Técnicas. La secretaría asiste con voz pero sin voto.

Artículo 6. Criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas

Los criterios se aplican en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos y al tramitarlos. De simplificación y agilización: unificar o eliminar procedimientos, reducir términos y plazos, suprimir trámites sin valor añadido, proactividad, modelos de declaración, respuesta inmediata o resolución automatizada, agilizar comunicaciones, desconcentrar competencias y orientación a la ciudadanía. De reducción de cargas: suprimir cargas y documentación, aportar esta en la audiencia anterior a la propuesta de resolución, declaraciones responsables, agrupación y normalización documental.

Artículo 7. Memoria de cumplimiento de los principios de buena regulación en los procedimientos de elaboración de normas de la Junta de Andalucía

Los proyectos de disposiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley deben incorporar una memoria que justifique los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En los reglamentos expone ocho extremos (interés general, objetivos, medidas menos restrictivas, rango, trámites, cargas, plazo máximo e impacto, no coincidencia de órganos), sintetizados en el preámbulo. En los anteproyectos de ley se añaden tres (silencio desestimatorio, nuevos trámites, límites a actividades económicas) y se sintetizan en la exposición de motivos.

Artículo 8. Informe en materia de simplificación y organización

El órgano directivo central con competencias en organización de los servicios públicos y simplificación administrativa informa, con carácter preceptivo y no vinculante, las disposiciones reglamentarias y los proyectos de ley antes de su aprobación, en lo relativo a organización y procedimientos administrativos. No hace falta informe en las delegaciones de competencias. Lo solicita la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería promotora, con memoria y proyecto. El plazo de emisión se interrumpe si se pide subsanación de deficiencias o ampliación de información.

Artículo 9. Revisión normativa

La Consejería de administración pública elabora, al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa; los aprueba el Consejo de Gobierno mediante acuerdo, y esa Consejería impulsa y coordina su seguimiento y revisión. Objetivo: revisar, simplificar y, en su caso, consolidar las disposiciones vigentes del Derecho propio. Valoran, al menos: reducir normas, adaptarlas a la buena regulación, consolidar y simplificar, y rediseñar procedimientos. El informe de evaluación, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental, se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Registro de Procedimientos y Servicios

Se crea el Registro de Procedimientos y Servicios como inventario de los procedimientos y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos. Es único. Lo mantiene la Consejería competente en administración pública; las Consejerías responden de la integridad, veracidad y actualización de sus datos. Alta y modificación: en la fecha de publicación de la norma o acto en el diario oficial; si el servicio carece de norma, cuando sea efectiva su creación. Baja: al derogarse la disposición o quedar sin efecto el acto que lo creó. No es público ni tiene efectos constitutivos.

Artículo 11. Catálogo de Procedimientos y Servicios

El Catálogo de Procedimientos y Servicios ofrece información general, permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios dirigidos a la ciudadanía. Se nutre del Registro de Procedimientos y Servicios y comprende, al menos, la información de los apartados 8 y 9 del artículo 10. Su gestión y funcionamiento corresponden a la Consejería competente en materia de administración pública. Está publicado en el Portal de la Junta de Andalucía y en las sedes electrónicas, y es el instrumento de publicidad activa de los procedimientos administrativos.

Artículo 12. Formularios

Los formularios se inscriben en el Registro de Procedimientos y Servicios y son intuitivos, accesibles y de lenguaje claro e inclusivo (principios de accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad). Incluyen cláusula de protección de datos, señalan los datos de aportación obligatoria y permiten oponerse expresamente a la consulta de datos. La persona física elige medios presenciales o electrónicos. Los obligatorios se publican en el BOJA; si la presentación es solo electrónica, a efectos informativos. Se normalizan e inscriben previa solicitud de la Secretaría General Técnica.

Artículo 13. Manual y herramientas para simplificación de procedimientos y agilización de trámites

El Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos y agilización de trámites es la guía de orientación para facilitar el análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos, de acuerdo con los criterios del artículo 6, y se aprueba por orden de la Consejería competente en materia de administración pública. Esa misma Consejería elabora y mantiene actualizadas otras herramientas, como guías de orientación para los órganos directivos, útiles también para elaborar disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos o modifiquen los existentes.

Artículo 14. Régimen general de los puntos de acceso electrónico

Punto de acceso electrónico es el conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet que ofrece a la ciudadanía, de forma fácil e integrada, el acceso a la información y a los recursos y servicios disponibles. Responde a diez principios (veracidad, transparencia, publicidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y actualización) y atiende a la identidad corporativa y a las normas sobre la presencia de la Junta en Internet. Tipos: Portal de la Junta de Andalucía, portales de Internet específicos y sedes electrónicas.

Artículo 15. Portal de la Junta de Andalucía

El Portal de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) es el punto de acceso general electrónico: su titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta y ofrece servicios e informaciones de manera gratuita. Da acceso a la información institucional, de transparencia y participación, a todos los puntos de acceso electrónico y a los datos en formato abierto. La infraestructura la mantiene la Consejería competente en política digital aplicada al Gobierno Abierto; las Consejerías responden de la integridad, veracidad y actualización de sus datos.

Artículo 16. Portales de Internet específicos

Pueden crearse portales específicos para difundir la información de una concreta competencia o materia; su creación y supresión se guía por criterios de racionalidad, eficiencia y proximidad a la ciudadanía. En el ámbito de una Consejería se crean por orden de su titular, previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en política digital aplicada al Gobierno Abierto. La orden fija el ámbito y el titular responsable. Los perfiles de contratante y el punto general de entrada de facturas electrónicas se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por el decreto.

Artículo 17. Creación y requisitos de las sedes electrónicas

Son sedes electrónicas los puntos de acceso electrónico creados específicamente con esa denominación. Hay cuatro tipos: general, de cada Consejería, derivadas y compartidas. Se crean mediante orden, que establece la Consejería, agencia o consorcio titular y responsable, la dirección electrónica, el ámbito de aplicación y los contenidos y servicios. La identificación o firma electrónica de la ciudadanía en los procedimientos tiene lugar necesariamente en una sede electrónica. Se garantiza la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de sus contenidos y servicios.

Artículo 18. Contenidos y servicios de las sedes electrónicas

Los puntos de acceso que sean sede deben hacerlo constar de forma visible e inequívoca. Toda sede tiene doce contenidos y servicios mínimos, letras a) a l): identificación de la sede y de su titularidad; fecha y hora oficial, la misma para todas las sedes; información de uso; relación de procedimientos y acceso al Catálogo; acceso al Registro Electrónico Único y al calendario de días inhábiles; directorio de códigos de órganos; sistemas de identificación y firma admitidos; sellos electrónicos; Carpeta Ciudadana; notificaciones electrónicas; sedes derivadas, y sugerencias y reclamaciones.

Artículo 19. Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía

En la Sede electrónica general, además de los contenidos mínimos del artículo 18, se encuentran todos los procedimientos y los servicios de administración electrónica; en particular, acceso a la relación de sedes, al directorio geográfico de oficinas de asistencia, al Registro electrónico de apoderamientos, a la pasarela de pagos y al sistema para contrastar copias en papel. Se crea por orden conjunta de administración pública y transformación digital. Mantenimiento y evolución tecnológica: transformación digital; gestión de contenidos generales: administración pública.

Artículo 20. Sedes electrónicas de las Consejerías, sedes derivadas y sedes compartidas

Cada Consejería tiene una sede electrónica creada por orden suya, previo informe preceptivo favorable de la Consejería de transformación digital. Las sedes derivadas de la sede de una Consejería, o para una agencia o consorcio dependiente, se crean por orden, previo informe preceptivo y vinculante de transformación digital. Las derivadas de la sede general, por orden conjunta de administración pública y transformación digital. Las compartidas con otras Administraciones, por convenio de colaboración suscrito por transformación digital y las Consejerías afectadas, publicado en el BOJA.

Artículo 21. Política de firma electrónica

La política de firma electrónica que rige en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias y, en su caso, en los consorcios adscritos no se desarrolla en el articulado: el artículo 21 se limita a declarar que es la que se establece en el Anexo I.

Artículo 22. Identificación y firma de la ciudadanía mediante sistemas no basados en certificados electrónicos

Para identificarse ante la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, consorcios adscritos, pueden admitirse los sistemas no basados en certificados electrónicos del Anexo II; para firmar por medios electrónicos se consideran válidos los del Anexo III, en sus términos y condiciones. En los asientos registrales de entrada de los documentos firmados así se hace constar el concreto sistema de firma utilizado. Si se admite uno de estos sistemas de firma para un trámite o procedimiento, siempre es además de los sistemas del artículo 21.

Artículo 23. Apoderamientos electrónicos

La ciudadanía puede otorgar apoderamientos electrónicos conforme a la legislación del procedimiento administrativo común. Esos apoderamientos deben constar en el Registro correspondiente, y en ese mismo Registro constan también los funcionarios públicos habilitados para su inscripción, en los términos establecidos en el artículo 45.

Artículo 24. Identificación y firma electrónica de autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía

Autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía pueden usar cuatro sistemas de firma: los del DNI, el certificado proporcionado con carácter general a la ciudadanía, el certificado de personal y el sistema del artículo 25. El certificado de personal solo puede usarse en el ejercicio de las funciones propias del puesto o para relacionarse con las Administraciones Públicas cuando estas lo admitan; debe usarse cuando sea requerido y no se usa si sus datos son inexactos o incorrectos, si no reflejan su relación con la Administración o si lo aconsejan razones de seguridad.

Artículo 25. Sistema de identificación y firma del personal para los trámites y actuaciones que realice con la Administración de la Junta de Andalucía por razón de su condición de empleado público

La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias admitirán, para los trámites que su personal realice con ella como empleado público, el sistema de identificación de GUIA (Gestión Unificada de Identidades de Andalucía), plataforma corporativa que gestiona las autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Además, podrán admitirlo como firma electrónica, en particular para permisos y licencias, si se acredita la autenticidad de la voluntad y el consentimiento, en los términos reglamentarios y para sistemas categorizados de nivel bajo conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 26. Registro Electrónico Único

Hay un registro electrónico único para los órganos y entidades del artículo 2.1, con constancia de la entrada y salida de documentos. Lo gestiona la Consejería de administración pública; el soporte tecnológico es de la de transformación digital. Es accesible en las sedes electrónicas, se rige por su fecha y hora oficial, recibe automáticamente los documentos y emite un justificante que llega inmediatamente a la dirección electrónica indicada. Las dudas sobre emisión o recepción las gestiona el órgano o entidad competente para tramitar el documento. Es interoperable con otros registros.

Artículo 27. Presentación de documentos

Los formularios relacionan los documentos exigidos y el Registro admite otros voluntarios. Lo presentado en papel en una oficina de atención en materia de registros se digitaliza allí y se devuelven los originales, salvo custodia por la Administración o soportes no digitalizables. Se rechaza el escrito en que no conste nombre, firma y DNI, con destinatario desconocido o dirigido a una Administración no integrada en el sistema de interoperabilidad; cabe pedir recibo del intento. Caben límites de tamaño justificados y rechazar documentos con código malicioso, informando al presentador.

Artículo 28. Funcionamiento del Registro Electrónico Único

El Registro Electrónico Único funciona ininterrumpidamente para recibir solicitudes, escritos y comunicaciones. Solo puede interrumpirse por razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo indispensable y por el tiempo imprescindible. En ese caso el órgano competente podrá ampliar los plazos no vencidos y deberá publicar la incidencia técnica y la ampliación concreta del plazo por los mismos medios en que se publicó el establecimiento de dicho plazo.

Artículo 29. Comunicaciones electrónicas interiores en la Administración de la Junta de Andalucía

Las comunicaciones entre los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, y de estos con las agencias y consorcios adscritos, se realizan por medios electrónicos, asegurando la interoperabilidad y mediante estándares abiertos y, en su caso y de forma complementaria, estándares de uso generalizado por la ciudadanía. Se garantiza su trazabilidad integral y, cuando sea necesario, su carácter fehaciente. Las comunicaciones electrónicas internas se regulan por orden conjunta de las Consejerías competentes en administración pública y transformación digital.

Artículo 30. Medios de notificación electrónica y vías de acceso

La Junta, sus agencias y, en su caso, los consorcios pueden notificar electrónicamente: a) en el sistema de notificaciones de la Junta, al que accede el interesado o su representante con identificación electrónica o, en su caso, un funcionario habilitado que la entrega en persona si aquellos comparecen espontáneamente en las oficinas de asistencia en materia de registros y lo piden; b) en la sede o dirección electrónica habilitada de otras Administraciones, previo convenio de la Consejería de transformación digital. Cabe usarlos alternativa o conjuntamente; es eficaz la primera notificación.

Artículo 31. Sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Junta de Andalucía

El sistema de notificaciones electrónicas de la Junta es el del Anexo IV. La ciudadanía puede darse de alta en cualquier momento con los medios de identificación de los artículos 21 y 22. Cabe el alta de oficio de quienes no lo hayan hecho voluntariamente si están obligados a relacionarse por medios electrónicos o si, sin estarlo, son interesados en un procedimiento. La Consejería de transformación digital responde de su mantenimiento y funcionamiento y coordina sus contenidos y servicios; los órganos y entidades del artículo 2.1 aportan la información y gestionan la puesta a disposición.

Artículo 32. Avisos de notificación

La ciudadanía puede indicar un correo electrónico y, opcionalmente, un dispositivo electrónico para recibir avisos de notificación por cinco vías: los formularios de los procedimientos; el sistema de notificaciones de la Junta; un punto centralizado de datos de contacto común a todas las Administraciones, cuando esté habilitado y accesible; los registros administrativos en que deba o pueda inscribirse para ejercer una actividad; y cualquier otra vía que se articule. Los medios indicados por la persona interesada son preferentes. La falta de aviso no impide la plena validez de la notificación.

Artículo 33. Comunicación previa y notificación a personas obligadas a relacionarse por medios electrónicos en procedimientos iniciados de oficio

En procedimientos de oficio, al obligado a relacionarse electrónicamente que no esté de alta en el sistema de notificaciones se le da de alta de oficio si se conocen sus datos de aviso. Si no se conocen, en información o actuaciones previas se le podrá enviar una comunicación en papel dándole diez días para darse de alta; después, alta de oficio sin datos de aviso. Sin alta ni aviso previo, el órgano gestor hace en papel la primera notificación. No procede si se inicia por convocatoria publicada en BOJA con solicitud electrónica obligatoria: alta de oficio con los datos de la solicitud.

Artículo 34. Notificaciones a personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos y que no hayan optado por la notificación electrónica

Las notificaciones en papel a personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos, y que no hayan optado por la notificación electrónica, se ponen además a su disposición por los medios del artículo 30.1 para que puedan acceder a su contenido de forma voluntaria, ofreciéndoles que el resto de notificaciones se hagan por medios electrónicos. Si la persona interesada es notificada por distintos medios, la fecha de notificación es la de la que se produjo en primer lugar.

Artículo 35. Garantías de constancia y permanencia de la notificación electrónica y de su rechazo

Los medios de notificación electrónica expresan la fecha y hora de puesta a disposición. Estados: no leída (puesta a disposición, mientras no cambie); leída (acceso al contenido); rechazada (rechazo o, para obligados o quienes eligieron el medio, diez días naturales sin acceder; accesible a efectos informativos); caducada (no obligados que no eligieron el medio, pasado el plazo de la normativa básica; no disponible, pero no rechazada). Antes del acceso se indica que puede rechazarse y que entonces se entenderá practicada. Permanecen en el sistema al menos cinco años.

Artículo 36. Impulso de los medios electrónicos

La Administración de la Junta adoptará las medidas adecuadas para implantar medios electrónicos en la gestión de su actividad, en las comunicaciones, relaciones, trámites y servicios con la ciudadanía y en sus comunicaciones internas. Su aplicación en ningún caso podrá implicar restricciones o discriminaciones en el acceso de la ciudadanía a servicios, actuaciones o procedimientos, y se promoverán acciones contra el riesgo de exclusión digital. Su uso garantizará la titularidad y el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga atribuida y los requisitos formales y materiales.

Artículo 37. Desarrollo de soluciones para la tramitación electrónica de los procedimientos

Pasar a medios electrónicos un procedimiento o servicio antes tramitado en papel exige un estudio previo de rediseño funcional y simplificación, a cargo del órgano o unidad administrativa competente por razón de la materia. Si las series documentales carecen de tabla de valoración, debe iniciarse el procedimiento para elaborarla. Los sistemas que produzcan o custodien documentos electrónicos se inscriben en el Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía. En todo caso se garantiza la plena interoperabilidad.

Artículo 38. Carpeta Ciudadana

La Carpeta Ciudadana es un servicio de administración electrónica para acceder a la información personal en poder de las Administraciones Públicas y a los procedimientos en que se es persona interesada. Se accede desde el punto de acceso general electrónico, las sedes electrónicas y las aplicaciones móviles específicas. Sus certificados, tarjetas y carnés tienen la consideración de copia electrónica auténtica. La Consejería competente en administración pública gestiona y supervisa el contenido; el soporte tecnológico es de la de transformación digital.

Artículo 39. Relaciones obligatorias por medios electrónicos

El deber de relacionarse por medios electrónicos no puede imponerse mediante actos administrativos generales de convocatoria. Tiene que estar previsto en una disposición normativa de rango legal o en una de rango reglamentario; en este segundo caso debe quedar acreditado que las personas afectadas tienen garantizado el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos.

Artículo 40. Actuación administrativa automatizada

Se promoverá activamente la actuación administrativa automatizada, en especial para decisiones por fórmulas matemáticas, certificación de hechos o datos preexistentes (incluso del silencio administrativo), constatación mecánica de requisitos, comunicación de actos preexistentes y práctica de notificaciones electrónicas. No cabe en actividades que supongan juicios de valor. La aprobación se publica, al menos, en la sede electrónica correspondiente. La actuación se imputa a la persona titular del órgano o entidad responsable del sello electrónico o código seguro de verificación.

Artículo 41. Publicación de actos y tablón de edictos electrónico

Cuando una disposición o acto dictado por la Administración de la Junta de Andalucía deba publicarse en un diario oficial, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de otros diarios oficiales. Si se trata de notificaciones infructuosas, esa publicación es previa y complementaria a la del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para mejorar la difusión pueden implantarse medios electrónicos adicionales, en particular tablones de edictos electrónicos en la sede electrónica de la Consejería o entidad actuante y avisos de publicación.

Artículo 42. Comprobación, constancia y verificación de datos y documentos no aportados por las personas interesadas

Los datos y documentos que ya obren en poder de la Administración se comprueban de manera automatizada o de oficio por la persona instructora, preferentemente mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos. Si no pueden obtenerse, se comunica a la persona interesada para que los aporte. Si hay discrepancias o algo que aclarar, el órgano competente puede requerir actuaciones a la persona interesada. Los datos en poder de otras Administraciones Públicas se obtienen conforme a los convenios de colaboración o, en su caso, los instrumentos o instrucciones de acceso.

Artículo 43. Gestión documental

La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo de vida de los documentos y expedientes administrativos, para garantizar su protección, custodia, recuperación, conservación física y lógica y el mantenimiento de su contexto. Tiene seis finalidades principales; las fuentes de información para el Gobierno Abierto deben dar los datos desagregados por sexo. Se rige por la legislación de documentos, archivos y patrimonio documental, la política de gestión de documentos electrónicos y, supletoriamente, el decreto.

Artículo 44. Pagos electrónicos

La Consejería competente en materia de hacienda determina los medios de pago electrónico utilizables en la Administración de la Junta de Andalucía, que se rigen por la normativa específica que dicte y, supletoriamente, por el decreto. En todo caso, la implantación de aplicaciones y sistemas informáticos de soporte a los pagos electrónicos se ajusta al decreto, y sus vías de acceso electrónico se acomodan a lo que establece el capítulo III respecto a los puntos de acceso electrónico.

Artículo 45. Registro electrónico de apoderamientos

La Administración de la Junta de Andalucía dispone de un Registro electrónico de apoderamientos, único para todos los órganos, agencias y, en su caso, consorcios incluidos en el ámbito del decreto. Pueden inscribirse los apoderamientos o representaciones otorgados a terceras personas, los bastanteos de poderes y las personas adheridas a un convenio para la habilitación de representación de colectivos. Lo gestiona la Consejería competente en materia de administración pública, cuya persona titular fija por orden las personas funcionarias habilitables, los modelos de poderes y los formularios.

Artículo 46. Funcionarios públicos habilitados

SIRHUS actúa como sistema de constancia de los funcionarios públicos habilitados para identificación y firma electrónica en nombre de personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente que no dispongan de medios, y para expedir copias auténticas. Habilita la persona titular del órgano directivo central con competencia en materia de personal de la Consejería de adscripción o unidad equivalente en las agencias. La de identificación y firma alcanza a toda clase de procedimientos. Se cancela al llegar la fecha de baja, por revocación anterior o por cese en el puesto.

Artículo 47. Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía

Se crea el Registro Electrónico de Órganos Colegiados como herramienta de gestión y coordinación para identificar los órganos colegiados adscritos o en los que participa la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, y sus acuerdos. Quedan excluidos diez tipos de órganos, como el Consejo de Gobierno o los órganos colegiados de contratación. Las Consejerías y entidades instrumentales responden de las inscripciones, de efectos meramente declarativos. Coordina la Consejería competente en materia de administración pública, que lo regula mediante orden.

Artículo 48. Registro Electrónico de Convenios de la Administración de la Junta de Andalucía

Se crea el Registro Electrónico de Convenios para inventariar los convenios de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. La coordinación, el seguimiento de la calidad de la información y el correcto funcionamiento son de la Consejería competente en materia de administración pública, que lo regula mediante orden. Contiene al menos tipología, título, fecha de suscripción, vigencia, partes firmantes, objeto y compromisos económicos. Inscriben y actualizan las Consejerías y entidades instrumentales que los suscriban; los efectos son meramente declarativos.

La Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía. Sistemas de identificación y firma

La Sede Electrónica General es el punto de acceso en internet para tramitar con la Junta (Decreto 622/2019 y Ley 39/2015). Acceso al Catálogo de Procedimientos y Servicios, a la Presentación electrónica general (formulario genérico para escritos sin formulario específico), a sugerencias, reclamaciones y facturas electrónicas, y a servicios digitales como Carpeta ciudadana, Notificaciones, Plataforma de pagos y Verificación de documentos. Firma: Anexo I; sin certificado, Anexo II para identificar y Anexo III para firmar. Admite certificado y Cl@ve. Servicio 012: 012 o 955 012 012.

Cl@ve, sistema común de identificación y firma

Cl@ve es una plataforma común de identificación, autenticación y firma electrónica que permite usar las mismas credenciales en distintas administraciones; la Junta la admite en su sede junto al certificado. Modalidades: Cl@ve Móvil (app, QR o confirmación, sin contraseñas), Cl@ve PIN (código elegido + PIN al móvil, validez limitada), Cl@ve Permanente (usuario y contraseña duraderos, reforzada con códigos SMS de un solo uso para más seguridad) y Cl@ve Firma (firma en la nube). Requiere registro previo, presencial o por internet, con nivel básico o avanzado.

El Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta de Andalucía

La notificación electrónica es la puesta a disposición del contenido a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Junta (Notific@). Obligados: personas jurídicas, profesionales colegiados, representantes de obligados y empleados públicos en trámites por su condición; las personas físicas, si lo eligen. Alta de oficio o voluntaria (certificado cualificado o Cl@ve, correo obligatorio). El aviso por correo o SMS no es la notificación. A los 10 días naturales sin acceso se entiende rechazada. Estados: no leídas, leídas, rechazadas (pueden leerse luego sin cambiar estado) y caducadas.

La Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía

La Carpeta Ciudadana reúne en un punto la información administrativa de cada persona en los sistemas de la Junta (citas, tarjetas, certificados, expedientes, notificaciones, registros, pagos) y permite gestiones como pedir cita o acceder a notificaciones. Acceso con certificado o Cl@ve, como «Persona física» o «Persona jurídica»; web y app. No almacena datos: los recaba de otros sistemas al acceder. Abrir una notificación desde ella tiene el mismo efecto jurídico. Incluye agenda, personalización de avisos, campana de no leídos y Registro de Parejas de Hecho.

Ventanilla electrónica (VEAJA), verificación de documentos (HCV) y supresión de certificados en papel (SCSP)

VEAJA (Ventanilla electrónica de la Junta) permite presentar solicitudes a la Junta o a cualquier otra Administración y consultar su estado; sus formularios van asociados a procedimientos de Trew@ y es una instancia de VEA. HCV (Herramienta Centralizada de Verificación) unifica la verificación por código de documentos firmados electrónicamente, sin almacenarlos; al personal le ofrece validación de firmas, visor y descarga de documentación de ORVE. SCSP sustituye los certificados en papel por una consulta electrónica entre Administraciones.

Política informática de la Junta de Andalucía: la Agencia Digital de Andalucía y la estrategia de administración digital

La Agencia Digital de Andalucía se creó por la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2020 (presupuesto 2021) como agencia administrativa; sus Estatutos, Decreto 128/2021. Integra todos los servicios TIC y de gobierno abierto, horizontales y verticales, y define y ejecuta los instrumentos TIC, de ciberseguridad, gobierno abierto y estrategia digital. Cada Consejería o agencia conserva la dirección funcional de sus sistemas y prioriza sus necesidades TIC. Estrategia 2030 aprobada el 8-4-2026. Red Corporativa: 2-6-1998. Orden de 21-2-2005: código fuente público.

Código de Conducta en el uso de las TIC (I): aprobación, ámbito, principios, equipamiento y acceso

El Código de Conducta TIC se aprobó por Resolución de 22-10-2020 (BOJA 208, de 27-10-2020), entró en vigor al día siguiente y dejó sin efecto el manual de 2004. Se aplica al personal de Consejerías y agencias (incluido el no judicial de Justicia) y de otras entidades que usen medios de la Junta, también en teletrabajo; si choca con la política de seguridad de una Consejería, prevalece esta. Seis principios. El equipamiento se cede en uso: no prestarlo, no repararlo, no instalar software aunque sea gratuito, bloquearlo al dejarlo. Cerrar sesión y custodiar credenciales.

Código de Conducta en el uso de las TIC (II): información, datos personales, internet, correo y redes sociales

La información se protege y se usa solo para las funciones; acceder a ella no da derecho a poseerla, copiarla ni divulgarla. Se guarda en sistemas corporativos; los extraíbles se evitan y solo valen para transportar ficheros con medidas de seguridad; nada de nubes particulares; formatos abiertos preferentes. Datos personales con confidencialidad. Internet con fin profesional y navegación monitorizable. Correo corporativo solo profesional, posible información pública, respuesta automática en ausencias, sin almacenar. Perfiles corporativos sin opiniones personales.

Código de Conducta en el uso de las TIC (III): seguridad, conductas prohibidas y fin del desempeño

Hay que conocer y cumplir la política de seguridad TIC propia. Contraseñas secretas (salvo en el fin del desempeño), con cambios y fortaleza. No se usan certificados ajenos; la tarjeta criptográfica la custodia su titular. Se notifican las incidencias. Prohibido: contenidos ilícitos u ofensivos, código dañino, contenidos sin licencia, captar imágenes o sonidos sin autorización y herramientas de captura de tráfico o penetración, salvo las unidades TIC. Al cesar se comunican aplicaciones, cuentas no personales y certificados, y se devuelven los dispositivos.

La política de seguridad TIC de la Junta de Andalucía (Decreto 1/2011)

La política de seguridad TIC de la Junta la regula el Decreto 1/2011, modificado por los Decretos 70/2017 y 171/2020. Diez principios, entre ellos gestión del riesgo y función diferenciada. Organización corporativa: Comité de Seguridad TIC (colegiado, en la CISI, al menos una reunión por semestre, con su Grupo de Respuesta a Incidentes), Unidad de Seguridad TIC Corporativa y Grupo de Personas Expertas. En cada Consejería, Comité no colegiado y Unidad nombrada por él. Cada Consejería y entidad aprueba su política por su titular. El 171/2020 añadió la Seguridad Interior. Marco estatal: ENS.

Tipos de sistemas de información

Un sistema de información recoge, almacena, procesa y distribuye información para las operaciones y decisiones. La clasificación en TPS (transacciones, por lotes o en tiempo real), sistemas de informes, DSS («qué pasaría si»), EIS (alta dirección) y sistemas expertos es doctrinal, no normativa. El almacén de datos centraliza datos para analizarlos y el data mart es un subconjunto por áreas. En la Junta, los Estatutos de la Agencia Digital hablan de servicios TIC horizontales y verticales, y la Agencia califica de horizontales a GIRO, SIRhUS, SUR y SIREC.

Sistemas corporativos horizontales de gestión: GIRO, SIRhUS, SUR y SIREC

Sistemas corporativos horizontales de la Junta. GIRO: gestión económico-financiera integral (presupuesto, patrimonio, control, contabilidad), implantado por Orden de 17-12-2014, en vigor el 1-1-2015, obligatorio en su ámbito; sustituyó a Júpiter, que siguió para 2014 y anteriores. SIRhUS: sistema único de recursos humanos (Orden de 24-9-1999), de la planificación a la nómina y el capítulo I; sus documentos valen como originales. SUR: gestión de ingresos. SIREC: contratación pública electrónica (art. 40 del Decreto-ley 13/2020), a través del Portal de Licitación Electrónica.

Plataformas corporativas de tramitación y firma: Trew@, PTw@ndA, @firma, Port@firmas, BandeJA y otras

Plataformas corporativas de la Agencia Digital: Trew@ (motor de tramitación que modela procedimientos y su flujo de trabajo, del proyecto w@ndA); PTw@ndA (escritorio de tramitación de los expedientes modelados en Trew@); @firma (autenticación y firma con certificados); Port@firmas (firma de documentos de distintos sistemas usando @firma; PDF en PDF/A); Notific@; BandeJA (comunicaciones interiores entre órganos, Orden de 3-2-2021, sin papel ni registro en @ries); ReJA (alzada, reposición y revisión); HRE (remisión a órganos judiciales); Inform@ (informes); HCV y SCSP.

Registro y archivo: @ries y @rchivA

@ries soporta el Registro Electrónico Único de la Junta: registro de entrada y salida unificado. Vertiente presencial (asiento, digitalización conforme a SICRES, salidas) y telemática (vía servicios web). Interconecta los registros de todos los organismos y conecta con otras Administraciones a través del SIR. Por tener fe pública, solo lo usa el personal funcionario. @rchivA gestiona íntegramente los documentos en su ciclo vital, es el archivo electrónico único, tramita transferencias, custodia, consulta y préstamo; se accede por la Red Corporativa y su portal ciudadano es @rchivAWeb.

Artículo 1. Objeto y fines

El Decreto-ley establece medidas extraordinarias y urgentes para promover la racionalización administrativa, como proceso integral y continuo: optimizar la organización y los recursos humanos y reordenar, simplificar, normalizar y automatizar progresivamente los procedimientos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y facilitar la actividad económica en Andalucía. Persigue ocho fines, letras a) a h), entre ellos eliminar órganos colegiados, avanzar en la transformación digital y lograr un uso sencillo, masivo, eficaz y seguro de los canales.

Artículo 2. Principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa

La Administración pública autonómica establecerá fórmulas institucionales y organizativas flexibles, dúctiles y, en su caso, de carácter temporal, que permitan hacer frente a los asuntos que transcienden las atribuciones propias de las consejerías. Es el contenido del principio de transversalidad organizativa para la coordinación en la simplificación administrativa.

Artículo 3. Deber general de promoción de la simplificación administrativa

Todas las entidades y órganos del sector público autonómico deben promover de forma efectiva la simplificación en sus ámbitos de competencias, con menor carga para ciudadanía y operadores económicos, y optar por las alternativas más simplificadoras. Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta que consideren que el Decreto-ley exige modificar normas de su competencia propondrán la modificación y concretarán su contenido. Si el procedimiento afecta específicamente a un colectivo, deberá preverse su participación; la de otras administraciones podrá solicitarse.

Artículo 4. Deber general de promoción de mecanismos de coordinación y colaboración

La Administración pública autonómica promoverá, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración y el ejercicio conjunto de facultades de intervención sobre actividades, con el fin de impulsar la simplificación administrativa y la agilidad en la tramitación y ejecución de proyectos concretos o sectores específicos.

Artículo 5. Deber general de promoción de sistemas de acompañamiento individualizado

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la implantación de sistemas de gestión pública de acompañamiento individualizado a la ciudadanía y a las entidades particulares, para la tramitación y ejecución de los procedimientos dirigidos a la ciudadanía.

Artículo 6. Modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Modifica la Ley 6/2006, del Gobierno de Andalucía. El anteproyecto de ley (art. 43.3) y el proyecto de reglamento (art. 45.1 b) irán acompañados de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que justifica la norma y estima sus impactos. El reglamento lo inicia el órgano directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería. Añade dos disposiciones adicionales: al anteproyecto de Ley del Presupuesto no se le aplica la MAIN, y la Consejería competente en planificación económica informa las estrategias y planes con contenido económico-financiero.

Artículo 7. Modificación de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras

Da nueva redacción al artículo 35 de la Ley 3/2004. Las actuaciones que afecten o puedan afectar a ingresos y gastos públicos deben valorar sus repercusiones y atenerse a las disponibilidades presupuestarias. La Consejería competente en materia de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuestos, informa preceptivamente en diez días hábiles en los supuestos de las letras a) a f); el informe simplificado se emite en cinco días hábiles. El plazo se interrumpe si se pide subsanación, ampliación o documentos; si no se atiende en tres meses, se entiende que el órgano proponente desiste.

Artículo 8. Modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Modifica la Ley 12/2007, de igualdad de género. El informe de impacto de género de leyes, decretos legislativos y reglamentos queda integrado en el impacto por razón de género de la MAIN (art. 6.2). La Consejería competente en materia de presupuestos, en coordinación con las demás y con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emite el del proyecto de Ley del Presupuesto (art. 8). Los planes de igualdad son de inscripción obligatoria en registro público (art. 27.5) y las ofertas públicas de empleo de la Junta llevan evaluación del impacto de género incluida en la MAIN (art. 31.3).

Artículo 9. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas

Redacta de nuevo el artículo 139 de la Ley 18/2003. Los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Consejo de Gobierno, y las disposiciones generales dictadas en su desarrollo, deben tener en cuenta de forma efectiva la igualdad por razón de género y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. A tal fin, la MAIN incluirá el informe de evaluación del impacto por razón de género y de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

Artículo 10. Modificación del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género

Modifica el Decreto 17/2012. El informe de evaluación del impacto de género acompaña, con carácter preceptivo, al acuerdo de iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición y forma parte de la MAIN (art. 4.2). El centro directivo competente para emitir la MAIN la remite al Instituto Andaluz de la Mujer, junto con las observaciones de la Unidad de igualdad de género de la Consejería y el proyecto de disposición, antes de su envío a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o, si ese trámite no es necesario, antes de su aprobación (art. 6).

Artículo 11. Modificación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Modifica el apartado 1 d) del artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Ese párrafo pasa a referirse a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, así como a cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboración de los textos normativos, con ocasión de la publicidad de estos.

Artículo 12. Modificación del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía

Modifica el Decreto 622/2019 en veintiséis apartados. Regula las funciones y la composición de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa; los criterios de simplificación y de reducción de cargas; la MAIN, su contenido y la Memoria Abreviada; el informe preceptivo y no vinculante de simplificación; el Plan de Calidad y Simplificación Normativa, cada dos años; las sedes electrónicas general, derivadas y compartidas; la Plataforma de Intermediación de datos; la comprobación automatizada y la Red de Oficinas de asistencia en materia de registros.

Artículo 13. Modificación de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía

Modifica la Orden de 23 de octubre de 2012: las referencias a la Dirección General de Política Digital se entienden hechas a la Agencia Digital de Andalucía. Nuevo artículo 5: los contratos de suministro y de servicios TIC requieren informe favorable de la Agencia, salvo los menores, igual que sus prórrogas y las modificaciones de coste superior al 20% del importe inicial, sustanciales o que alteren el contenido técnico. El informe se entiende favorable a los diez días hábiles (fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) o a los veinte (resto), y vale doce meses.

Artículo 14. Modificación del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía

Añade un apartado 6 a la disposición adicional cuarta del Decreto 128/2021, de Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía. Como encargado del tratamiento de datos personales, la Agencia está autorizada, de manera general, a realizar las actividades de tratamiento necesarias para sus funciones y competencias y a contribuir a garantizar que el responsable cumpla los principios del artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Para ello colaborará con el responsable en el análisis de riesgos y, en su caso, en la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

Artículo 15. Delimitación

La gobernanza pública por proyectos se llevará a cabo preferentemente a través de tramitaciones conjuntas de proyectos y gestión coordinada de procedimientos, sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurídico estatal o autonómico y que contribuyan a la implantación, desarrollo y culminación de proyectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 16. Instrumentos de colaboración

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá instrumentos de colaboración y coordinación para impulsar la simplificación. Permitirán, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervención sobre actividades económicas (policía, inspección y sanción), el otorgamiento y control de títulos habilitantes, la ejecución de proyectos o la ágil resolución de procedimientos. La colaboración entre Administraciones públicas podrá articularse por convenios; la coordinación en materias específicas, por protocolos coordinados entre órganos y organismos del sector público.

Artículo 17. Gestión y mejora continua de los procesos horizontales e internos

La Administración de la Junta de Andalucía identificará todos sus procesos horizontales o transversales, que son los que afectan a más de una Consejería o ente instrumental, así como los procesos internos que afecten o tramiten las mismas, revisando y eliminando las actuaciones que no les añadan valor y estandarizándolos, con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de los servicios e incrementar la eficacia y la eficiencia.

Artículo 18. Tramitación conjunta de proyectos

La Administración de la Junta promoverá que los actos de intervención que afecten a diversas actividades incluidas en un solo procedimiento se integren ante una única instancia, en los proyectos susceptibles de tramitación conjunta y en los que se declaren de agilización administrativa. El Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejería competente en materia de administración pública, determinará el órgano autonómico ante el cual se realizarán todos los trámites. Ese órgano coordinará los trámites, sin perjuicio de los actos y resoluciones de los demás órganos competentes.

Artículo 19. Gestión coordinada de procedimientos

La gestión coordinada es un marco de trabajo instrumental, organizativo y, en su caso, temporal para ejercer una competencia o el conjunto coordinado de competencias de distintas Administraciones, organismos u órganos. Se acuerda por orden de la Consejería competente por razón de la materia, por orden conjunta si son varias y mediante convenio si se trata de distintas Administraciones públicas. Sus instrumentos contienen el marco y el horizonte temporal, la documentación y la persona responsable de la coordinación, y pueden prever un único informe y la resolución simultánea o sucesiva.

Artículo 20. Utilización de las encomiendas de gestión administrativas para la gestión compartida de proyectos

La Administración de la Junta de Andalucía podrá utilizar las encomiendas de gestión interadministrativas para la gestión compartida de proyectos cuando sea necesaria la realización de actividades de carácter material o técnico, en los términos de la normativa básica estatal y del artículo 105 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, potenciará las encomiendas de gestión a otros órganos o entidades de derecho público para el cumplimiento del objetivo y finalidad del Decreto-ley.

Artículo 21. Revisión de efectos del silencio administrativo

En los procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio estimatorio. Se exceptúan los de la Ley 9/2001 y los de las letras a) a i): ley o norma europea o internacional en contra, derecho de petición, dominio o servicio público, daño al medio ambiente o al patrimonio histórico y cultural, responsabilidad patrimonial, impugnación, revisión de oficio a solicitud, ingresos no tributarios y personal. En los iniciados de oficio rige la normativa básica estatal y la sectorial.

Artículo 22. Plazos de resolución

El plazo máximo para notificar la resolución expresa es el que fije la norma reguladora del procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley, de directa aplicación o básica, establezca uno mayor o así lo prevea el derecho de la Unión Europea. Si las normas reguladoras no fijan plazo máximo, este será de tres meses, contados conforme a la normativa básica estatal.

Artículo 23. Transcurso y suspensión del plazo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos

El apartado 1 está derogado. Lo que preveía no se aplica a los informes económico-financieros ni a los de la Intervención General, el Gabinete Jurídico, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Andalucía, que siguen su normativa específica. Vencido el plazo máximo para emitir un informe o dictamen preceptivo sin pronunciamiento, las actuaciones pueden seguir, pero no cabe resolver sin ese informe. La suspensión del plazo por informes preceptivos internos se acuerda por resolución expresa del órgano llamado a resolver.

Artículo 24. Agilidad en la tramitación de informes sectoriales

Si en un mismo procedimiento hay que pedir varios informes sectoriales de la Comunidad Autónoma o de su competencia regulatoria, el órgano competente los solicita todos de modo simultáneo, salvo que expresamente no sea posible según su normativa específica o cause demoras innecesarias. No son sucesivos, salvo que un trámite sea consecuencia del anterior o causa del siguiente o lo establezca la norma. No cabe resolución sin los informes preceptivos. Un mismo órgano que informe a varios efectos emite un único informe, salvo modificaciones sustanciales en la documentación.

Artículo 25. Cláusula general de intervención

Los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a los principios generales de la Constitución, la normativa básica estatal y la autonómica, velarán por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable. Para ello podrán, en el ámbito de sus competencias y con los límites de la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias necesarias.

Artículo 26. Principio de mínima intervención administrativa

Para velar por el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable, los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía no establecerán medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos ni que exijan requisitos para ejercer una actividad, salvo que se motive la necesidad para la protección del interés general y respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

Artículo 27. Supuestos

La Junta impulsará las declaraciones responsables y las comunicaciones. La declaración responsable se exige cuando la normativa pide acreditar requisitos para reconocer o ejercer un derecho o facultad; la comunicación, cuando solo hay que poner en conocimiento datos identificativos u otros relevantes. Para una misma actividad o derecho se exige una u otra, no las dos. Pueden operar de forma preferente y alternativa a la autorización, licencia o inscripción registral, y sustituir a la aportación de documentos si la persona no se ha opuesto al acceso (art. 28 de la Ley 39/2015).

Artículo 28. Requisitos

En todo caso, y para los supuestos del artículo anterior, las declaraciones responsables y las comunicaciones se someten a tres bloques de requisitos: los de la normativa básica estatal, las previsiones del propio Decreto-ley y, además, la norma sectorial que sea de aplicación. A la declaración responsable podrán acompañarse los certificados de verificación documental emitidos por las entidades colaboradoras de certificación previstas en el Decreto-ley.

Artículo 29. Funciones de comprobación y control

En comprobación y control puede requerirse en cualquier momento la documentación necesaria. Si, tras expediente y previa audiencia, se acredita inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la no presentación de la declaración responsable, de la documentación requerida o de la comunicación, no se puede continuar con el derecho o actividad. Se acordará restituir la situación jurídica al momento previo y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo que, a falta de regulación expresa, no será inferior a seis meses ni superior a cinco años.

Artículo 30. Autorizaciones, licencias y registros

La Junta solo usará la autorización o licencia previa para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado cuando concurra, motivada y ponderada, alguna circunstancia: a) operadores: orden público, seguridad o salud públicas o medioambiente en el lugar concreto; b) instalaciones o infraestructuras físicas susceptibles de generar daños; en ambas, si no basta declaración responsable o comunicación; c) número limitado de operadores; d) normativa de la Unión Europea o tratados internacionales. Los trámites en registros se harán de oficio si se dispone de la información.

Artículo 31. Eficacia extraterritorial

Las autorizaciones y licencias otorgadas por cualquier otra Administración del Estado tienen eficacia en Andalucía para el acceso y ejercicio de actividades económicas en condiciones de mercado por operadores legalmente establecidos en el territorio nacional y para supuestos equivalentes: aquellos con normativa de la Unión Europea armonizada, legislación estatal común o legislaciones autonómicas sectoriales que fijen un estándar equivalente. Esa eficacia se subordina a que, antes del inicio de la actividad, el interesado realice una comunicación que identifique la autorización o licencia.

Artículo 32. Actuación y comprobación de oficio

Con carácter general, la Administración de la Junta de Andalucía comprueba o verifica de oficio y proactivamente el cumplimiento de los requisitos o condiciones para reconocer un derecho o desarrollar una actividad, y siempre que resulte posible con la intervención de las personas interesadas, con la salvedad de la normativa de la Unión Europea o básica estatal o de razones de interés general y sin perjuicio de la protección de datos. Deberá comprobar la información mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo oposición de los interesados o que no esté disponible en ellos.

Artículo 33. Documentación en poder de la Administración

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o elaborados por cualquier otra. La Junta podrá consultarlos o recabarlos salvo oposición del interesado, que entonces indicará quién los emitió o ante quién se presentaron. No se requerirán datos o documentos no exigidos por la normativa o ya aportados a cualquier Administración. El acceso se hace preferentemente por la Plataforma de Intermediación de datos de la Junta u otros sistemas electrónicos habilitados. Se suscribirán convenios con otras Administraciones.

Artículo 34. Comprobación automatizada

La Administración autonómica, cuando ejerza competencias administrativas, podrá hacer comprobaciones o verificaciones automatizadas de la información que precise, conforme al artículo 41 de la Ley 40/2015 y a la normativa de protección de datos personales. Requiere identificar la información en el diseño y rediseño funcional de procedimientos, trámites y servicios, y se realiza sin intervención del personal que gestiona los expedientes y sin más dilaciones que las derivadas de las plataformas o sistemas, sin perjuicio de la supervisión y control por empleado público.

Artículo 35. Concepto

Los interesados pueden obtener de una entidad colaboradora de certificación un certificado que acredite la verificación de la documentación a presentar ante la Administración autonómica; válidamente emitido, produce plenos efectos. La verificación es la revisión, informe y/o validación de la documentación. No impide las potestades de la Administración, cuya verificación y comprobación hará en todo caso un funcionario público; no sustituye al visado colegial; su uso es siempre voluntario. No se aplica a las Entidades Urbanísticas Certificadoras ni a las de régimen específico.

Artículo 36. Acreditación y registro

Acredita la Consejería competente en administración pública, salvo que la normativa sectorial lo atribuya a la competente por razón de la materia; el silencio es desestimatorio. Pueden acreditarse los colegios profesionales y otras entidades con régimen específico. Los requisitos mínimos pueden demostrarse por declaración responsable; su incumplimiento sobrevenido hace perder la acreditación, previo expediente contradictorio. La inscripción en el Registro General, público y accesible, se hace de oficio y dura cinco años como máximo.

Artículo 37. Funciones

Corresponden a las entidades colaboradoras de certificación las funciones de comprobación, informe y certificación de verificación documental, con el alcance que se determine reglamentariamente, para agilizar la comprobación administrativa y garantizar la seguridad del tráfico jurídico y de las actividades económicas. Deben desarrollarlas por sí mismas o, los colegios profesionales, a través de su personal. No sustituyen las potestades de la Administración autonómica. No se aplica a las entidades sujetas a un régimen específico.

Artículo 38. Obligaciones

Además de lo que derive del reglamento, las entidades colaboradoras de certificación deben: a) crear y mantener un registro permanente e interoperable con la Administración de las certificaciones que emitan; b) mantener expedientes y documentación en formato consultable, garantizando la confidencialidad; c) mantener los requisitos y condiciones que justificaron su inscripción en el Registro; d) cumplir las condiciones de la resolución de inscripción, del Decreto-ley y de la legislación sectorial; e) emplear métodos, sistemas y medios oficialmente aprobados o acreditados.

Artículo 39. Incompatibilidades

Las entidades colaboradoras de certificación no podrán tener relación jurídica con quienes las contraten, ni con quienes participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que afecte a su objetividad e independencia de criterio. Existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstención y recusación. La incompatibilidad se exige en idéntica forma a los profesionales colegiados que pudieran actuar en funciones de certificación.

Artículo 40. Responsabilidad

Las entidades colaboradoras de certificación son responsables de los certificados que emitan y quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el propio Decreto-ley. El artículo se limita a esas dos afirmaciones: no fija plazos, cuantías ni órganos.

Artículo 41. Entidades habilitadas

La Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos y entidades de derecho público, cuando estos ejerzan potestades administrativas, podrán habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, que siempre podrán comparecer por sí mismos. Exige la firma previa de un convenio, que determina la presunción de validez de la representación, aunque puede requerirse su acreditación. La Consejería competente en administración pública aprueba el modelo normalizado de convenio.

Artículo 42. Ámbito de aplicación

El capítulo tipifica las infracciones y sanciones por incumplir las obligaciones de las declaraciones responsables y comunicaciones, la intervención administrativa para el desarrollo de una actividad y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificación y entidades habilitadas, siempre que no estén recogidas en la normativa sectorial aplicable. Se califican como leves, graves o muy graves. No cabe sanción por infringir el Decreto-ley sin un procedimiento instruido conforme a este capítulo.

Artículo 43. Disposiciones generales

Los órganos competentes comprueban que se cumple lo previsto en declaraciones responsables y comunicaciones, la intervención administrativa y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificación y habilitadas, con la potestad de inspección. Si al tramitar un sancionador aparecen indicios de delito, el órgano competente para resolver lo comunica al Ministerio Fiscal o a la Autoridad Judicial y suspende la tramitación hasta la notificación de la resolución del Fiscal o el pronunciamiento firme del juez. Igual suspensión cabe desde que conozca actuaciones penales por el mismo hecho.

Artículo 44. Responsables

Responden las personas físicas y jurídicas y, en su caso, las entidades sin personalidad, que realicen la conducta tipificada a título de dolo o culpa. En concreto: quienes tengan la obligación de presentar o presenten declaración responsable o comunicación; en las entidades colaboradoras de certificación, quienes suscriban los certificados, y la propia entidad si tiene constancia y conocimiento de que la actuación era infracción; y el personal de las entidades habilitadas que realice la transacción electrónica, además de la entidad habilitada cuando tenga constancia y conocimiento.

Artículo 45. Infracciones leves

Son infracciones leves: la inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en manifestaciones o datos de la declaración responsable o comunicación; incumplir por primera vez los requerimientos específicos o medidas cautelares en el plazo concedido; no subsanar, o no acreditar la subsanación, de deficiencias en el plazo del acta, si no son infracción grave o muy grave; la falta de colaboración en las funciones de comprobación y control; el incumplimiento por simple negligencia de la normativa sectorial; y no comunicar la modificación de un dato no esencial.

Artículo 46. Infracciones graves

Son graves: iniciar actividades o proyectos sin la declaración responsable o comunicación; la inexactitud, falsedad u omisión esencial (lo es siempre la relativa a acceso al empleo público, titularidad y naturaleza de la actividad, seguridad, medioambiente y salud de consumidores); no poseer la documentación o el proyecto; la falta de firma técnica; obstaculizar el control; incumplir repetidamente requerimientos y medidas cautelares; certificados, informes o actas no ajustados a la realidad; proyectos contrarios a la normativa sectorial; no comunicar cambios esenciales; y reincidir en leves.

Artículo 47. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: el incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto; las tipificadas como graves cuando de ellas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave o inminente; la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector, siempre que no esté ya recogida en la normativa sectorial de aplicación; y la reincidencia en infracciones graves por la que se hubiese sido sancionado en los dos años anteriores.

Artículo 48. Infracciones continuadas o permanentes

Infracción permanente: un único ilícito que se mantiene en el tiempo y puede interrumpirse por la sola voluntad de la persona infractora. Infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo o semejante precepto administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Pueden dar lugar a ellas los supuestos de las letras a), b), c), e), f) y g) de las infracciones leves, las mismas letras de las graves y las letras a), c) y d) de las muy graves.

Artículo 49. Reiteración y reincidencia

Reiteración: comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Reincidencia: comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, con igual declaración por resolución firme en vía administrativa. Lo que las separa es la naturaleza de las infracciones: distinta en la reiteración, la misma en la reincidencia.

Artículo 50. Medidas provisionales

Artículo 51. Prescripción de las infracciones

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo se cuenta desde la fecha en que la infracción se haya cometido; en las continuadas o permanentes, desde la fecha de finalización de la conducta infractora. La iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento de la persona o entidad interesada interrumpe la prescripción, y el plazo se reinicia si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable o infractora.

Artículo 52. Clases de sanciones

Las infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias (multa) y, cuando proceda, no pecuniarias; ambas son compatibles y pueden imponerse a la vez en infracciones graves y muy graves. Las no pecuniarias, para graves o muy graves, pueden ser: suspensión de la actividad o del proyecto o clausura del establecimiento; inhabilitación de 6 meses a cinco años; decomiso de los bienes obtenidos; y pérdida de la condición de entidad colaboradora de certificación o de entidad habilitada, con prohibición de nueva acreditación o habilitación entre 6 meses y 5 años.

Artículo 53. Cuantía de las sanciones pecuniarias

Multas: infracciones leves, hasta 3.000 euros; graves, de 3.001 a 60.000 euros; muy graves, de 60.001 a 600.000 euros. En cualquier caso, la sanción pecuniaria debe ser, como mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando ese importe sea superior al límite inferior de la sanción, y sin perjuicio de las sanciones no pecuniarias procedentes.

Artículo 54. Graduación de las sanciones

Al imponer sanciones debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada, conforme al principio de proporcionalidad y con la debida motivación. Criterios de graduación: la trascendencia social de la infracción; la gravedad y naturaleza del perjuicio causado y la imposibilidad de su reparación; la cuantía del beneficio obtenido; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; y la reiteración o reincidencia en los términos del artículo 49.

Artículo 55. Obligación de restitución

Las personas declaradas responsables tienen la obligación de restituir el estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la infracción. Hay que retener dos datos: quién queda obligado (las personas declaradas responsables) y a qué (devolver las cosas a como estaban antes de cometerse la infracción).

Artículo 56. Caducidad del procedimiento

El procedimiento sancionador debe resolverse y notificarse la resolución a la persona interesada en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación; la caducidad se produce en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, la persona instructora del expediente podrá proponer la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas para ello en la citada ley.

Artículo 57. Prescripción de las sanciones

Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución sancionadora o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Lo interrumpe la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, y vuelve a transcurrir si está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor. Si el recurso se desestima presuntamente, se cuenta desde el día siguiente al fin del plazo legal para resolverlo.

Artículo 58. Competencias sancionadoras

Incoa el órgano directivo competente por la materia donde se aporte la declaración responsable o comunicación; instruye la persona empleada pública designada. Sancionan: el titular del órgano directivo periférico, las leves y las graves de cuantía inferior a 30.000 euros; el del órgano directivo central, las graves de 30.000 euros o más; el de la Consejería competente, las muy graves. La pérdida de acreditación como entidad colaboradora, siempre el titular de la Consejería de administración pública. En el sector público instrumental, quien ejerza la potestad sancionadora según sus estatutos.

Las TIC y la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones del SAS

El tema 10 del SAS define TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) como las teorías, herramientas y técnicas para tratar y transmitir información: informática, internet y telecomunicaciones. Son el principal factor de cambio de la práctica asistencial. La DGSIC (hoy, Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas, según el Decreto 189/2026) impulsa las acciones TIC para lograr mayor calidad asistencial. Comprende la Subdirección de Servicios de Infraestructuras Digitales, la de TIC, la de Gobierno Funcional y Acompañamiento al Usuario, la Técnica Asesora de Gestión de la Información, Servicios Transversales y la Unidad de Seguridad TIC.

Los sistemas de información corporativos del SAS

El SAS clasifica sus aplicaciones corporativas y departamentales según el servicio prestado. Las asistenciales ayudan al personal sanitario en atención primaria, especializada, urgencias y hospitalización. Las no asistenciales cubren la labor no asistencial. En las asistenciales destaca Diraya, soporte de la historia clínica electrónica, con tres módulos principales: BDU, MACO y Módulo de Estructura. Las no asistenciales se dividen en Recursos Humanos, donde destaca Gerhonte, y Económico-Financiero, donde destaca SIGLO (Sistema Integral de Gestión Logística).

El puesto de trabajo digital (I): el ordenador y el terminal ligero

Un ordenador o PC es una máquina que toma información, trabaja con ella y devuelve resultados a gran velocidad y con enorme precisión. Tiene hardware (pantallas, teclados) y software (sistemas operativos, aplicaciones, navegadores). Los tipos son tres. El de sobremesa es el más común, no es portable y admite periféricos. El portátil lo integra todo en una pieza y admite menos mejoras. Los dispositivos menores son notebooks, tablets y smartphones. En atención primaria el SAS usa el terminal ligero, con LetSAS (sistema propio basado en Linux, gestión centralizada). LetSAS da servicio a unos 17.000 terminales y los actualiza en 3-4 días, de forma remota y desatendida.

El puesto de trabajo digital (II): el puesto de usuario del SAS

Según el Tema 10 del SAS, el puesto de usuario agrupa hardware y software para ofrecer un conjunto funcional y lo forma normalmente uno de tres dispositivos. El terminal ligero usa principalmente LetSAS, LibreOffice y, habitualmente, impresora monopuesto por USB. El ordenador (PC no portátil) usa principalmente Windows, LibreOffice, Microsoft Office o Portafirmas y lo más común es la impresión en red. El portátil usa Windows, accede a la red en local y por VPN y suele imprimir en red. Otros dispositivos son las impresoras monopuesto y en red, los monitores con videoconferencia, las tablets y la telefonía fija (mayoría VoIP) y móvil (Android o IOS). Los dispositivos de un centro suelen conectarse a un CPD (Centro de Proceso de Datos).

Ayuda Digital: el servicio de Soporte Integral TIC del SAS

La web del SAS define ayudaDIGITAL como el servicio de Soporte Integral TIC del SAS. Su objetivo principal es acercar la tecnología a los profesionales y que sea una aliada en su labor. Integra el Centro de Servicios al Usuario y los servicios del puesto de usuario. Según el tema 10, su misión es acompañar a los profesionales en el uso de las TIC y la digitalización. Su portal web es la principal herramienta de comunicación TIC del SAS. Los canales funcionan 24 horas, 365 días: app móvil, área personal (credenciales DMSAS), ayudaDIGITAL Escritorio, WhatsApp con AYDI, teléfono y correo.

Ciberseguridad en el SAS: el servicio de seguridad TIC y la Política de Seguridad TIC

Servicio esencial de seguridad TIC del SAS: enfoque global y transversal para prevenir, detectar y responder a ciberamenazas y ciberincidentes. Política de Seguridad TIC (Resolución 8/4/2021): responde al art. 11 RD 3/2010 (ENS, hoy RD 311/2022), desarrolla el art. 10 Decreto 1/2011 y protege integridad, disponibilidad y confidencialidad. Afecta a SSCC y centros SAS, terceros concertados o consorcios que compartan información, otros centros SSPA no cubiertos por la política de la Consejería y quien acceda a sus sistemas o a su información. Incumplir: medidas disciplinarias. Unidad de Seguridad TIC en la DGSIC.

Ciberseguridad en el SAS: medidas preventivas y concienciación

La Subdirección de TIC del SAS pide a todos los profesionales tres medidas preventivas. Apagado: apagar los puestos no imprescindibles y los equipos al terminar la jornada, y no usar la VPN salvo que sea imprescindible. Contraseña: cambiar la del usuario DMSAS mediante AGESCON, según las medidas del CCN-CERT, con SMS de aviso previo. Correo: desconfiar, no responder al SPAM, usar copia oculta y reportar el phishing a abuse@juntadeandalucia.es. La concienciación, el sentido común y las buenas prácticas son las mejores defensas. GESFORMA ofrece cursos de seguridad.

GERHONTE y la app mGerhonte

Según el tema 10 del SAS, Gerhonte reúne todas las funcionalidades de gestión de Recursos Humanos del SAS en ocho áreas: turnos y absentismo, desempeño profesional, nóminas, relaciones laborales, expedientes, plantilla, fiscalización y formación. La web del SAS lo llama «sistema integral de gestión de personal». Su administración y gestión corresponde a la Dirección Gerencia del SAS, y de él procede la información personal que se consulta en e_atención al profesional. mGerhonte es la Plataforma Oficial de Servicios en Movilidad para los Profesionales del SAS. Es gratuita, está en iOS y Android y se accede con usuario y clave DMSAS. Para cambiar datos de contacto o cuenta bancaria se exige certificado digital o Cl@ve.

SIGLO: Sistema Integral de Gestión Logística

SIGLO (Sistema Integral de Gestión Logística) es la aplicación corporativa del SAS para los procesos logísticos (pedido, almacenaje, distribución, compra) y económicos (facturación) de los centros sanitarios, bajo la supervisión de la Subdirección de Compras y Logística (SCL). Es web y centralizada: solo necesita navegador e intranet del SAS. Es una herramienta única en las 8 provincias, cuando antes había 68 centros con herramienta propia. Sus módulos son Logística, Catálogo y Banco de Productos, Contratación, Organización y Acreditación Logística.

GIRO: la Orden de 17 de diciembre de 2014

La Orden de 17 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BOJA núm. 253, de 29/12/2014), implanta el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos («Sistema GIRO»). Sustituye a Júpiter, implantado por Orden de 23/12/1992, que se mostró insuficiente. Se implanta en la Junta y en sus entidades instrumentales con contabilidad presupuestaria. Las de contabilidad no presupuestaria solo rinden información por un módulo de GIRO. Es obligatorio y su seguridad sigue el RD 3/2010. Entró en vigor el 1/1/2015.

GIRO: descripción funcional y áreas del sistema

GIRO es, según el pliego de la Agencia Digital de Andalucía (2022), el sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Junta. La Orden de 2014 lo llama Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos. Lo usan Hacienda y los órganos de gestión económica de Consejerías, Agencias y Consorcios. Funciona sobre el ERP de SAP (módulo EA-PS) y tiene 15 áreas funcionales. Su contabilidad se ajusta a la Orden de 19 de febrero de 2015. Los documentos contables pasan por dos fases: propuesta y documento contable intervenido. Para los ingresos de Tesorería se conecta con SUR.

SUR: Sistema Unificado de Recursos

Los sistemas de registro sanitario asistencial: el CMBD y la Base Poblacional de Salud

Para la web del SAS, el CMBD Andalucía es un registro administrativo de variables clínicas, demográficas y administrativas que resumen lo ocurrido a un usuario en un episodio de asistencia hospitalaria. De él salen indicadores de hospitalización (p. ej., GRD), de urgencias y de hospital de día. La Base Poblacional de Salud (BPS), de la Consejería de Salud y Consumo, recoge datos de toda la población incluida en la BDU. Integra siete bases: BDU, DIRAYA, CMBD (Hospitalización, CMA, Urgencias hospitalarias y HDM), Base de Citas, prestaciones farmacéuticas, Registro de vacunaciones y pacientes renales. Para integrarlas usa la fusión y el enlace de registros. Tenía datos de 13 millones de usuarios (2001-2019).

Estructura general de Diraya

Diraya («conocimiento» en árabe), diseñado por más de 500 profesionales del SSPA, es el sistema de soporte de la información y gestión de la atención sanitaria y de la historia clínica electrónica. Sus objetivos son una Historia de Salud única, la accesibilidad y la información estructurada. Funciona con «dato único». Tiene tres módulos base: BDU (identifica a los ciudadanos), MACO (puerta de entrada que identifica al profesional) y Módulo de Estructura. Su arquitectura es centralizada en Atención Primaria y dual en Especializada, con dos CTI: Sevilla (Occidental) y Málaga (Oriental).

La historia digital de salud del ciudadano

Diraya: Receta XXI, citación, InterS@S, pruebas analíticas e imagen médica

Receta XXI (2003): receta electrónica de Diraya, la primera en funcionar en Europa según la web del SAS. Crea un «crédito farmacéutico» en el Módulo Central de Dispensación, con tratamientos de hasta un año. Citación (marzo de 2005): agendas de Primaria, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas; cita por teléfono (Salud Responde), Internet y SMS. InterS@S: oficina virtual de diciembre de 2002; cita por Internet desde 2006. MPA: 2007, Área Sanitaria Norte de Córdoba, catálogo GNC. Imagen médica: más de 120 millones de estudios, 9,6 petabytes y acceso en ClicSalud+.

La BDU (Base de Datos de Usuarios)

Según el dossier del SAS (2010), la BDU es el primero de los componentes básicos de Diraya. Su función principal es dar a cada ciudadano un NUHSA (Número Único de Historia de Salud de Andalucía), al que se vincula toda su información sanitaria. Es la tabla de pacientes común de todos los centros y contiene los datos administrativos. La Tarjeta Sanitaria es la llave de acceso. La BDU está en el centro de la arquitectura y, junto a las estructuras de Atención Primaria y Especializada, forma el trípode del sistema. Asigna a cada usuario un cupo médico en un centro de salud. Los recién nacidos se registran en Rupyna.

La tarjeta sanitaria de Andalucía

Según la web del SAS, la tarjeta sanitaria identifica de forma individual a las personas usuarias ante el SAS. Es permanente y no caduca, aunque el RD 183/2004 sí prevé caducidad para algunos colectivos. Puede ser física (varios modelos válidos) o virtual, esta solo si antes se obtuvo la física. Requisitos: residencia habitual en Andalucía e inclusión en la Base de datos de personas usuarias, cobertura pública reconocida por el INSS, alta en el SNS y, los mayores de 14 años, DNI o NIE. Se solicita en el centro de atención primaria. Consultas: Salud Responde, 955 54 50 60.

La tarjeta sanitaria virtual de Andalucía

Tarjeta sanitaria virtual del SAS: para residentes en Andalucía con cobertura sanitaria pública; sirve para retirar medicamentos en farmacias y acreditarse en centros sanitarios. Requisitos: haber solicitado al menos una vez la física y mantener residencia y derecho a asistencia pública financiada por el SNS. Se activa con identificación segura (certificado digital, Cl@ve o QR móvil) en la App Salud Andalucía o ClicSalud+ (aquí también DNIe). Menores: Cl@ve, con acudida presencial a registro y acreditación de representación legal. Se guarda en la app sin reidentificarse (no en la web). Genera un QR válido 24 horas. Puede bloquearse o anularse. Válida en otras CCAA. RD 183/2004, modificado por RD 922/2024: misma validez que la física.

Estructura y contenido de la tarjeta sanitaria

RD 183/2004: la tarjeta sanitaria la emiten las administraciones sanitarias a residentes con derecho acreditado y vale en todo el SNS. Física o virtual, va vinculada al CIP-SNS, único de por vida. Anverso obligatorio: emisora, rótulos «Sistema Nacional de Salud de España» y «Tarjeta Sanitaria», CIP-AUT, nombre y apellidos, CIP-SNS y CITE. Opcionales si lo prevé la ley: DNI/NIE, n.º SS, caducidad, teléfono de urgencias y foto. Braille abajo a la derecha, banda de 3 pistas, tamaño ID1 (ISO 7810). CIP-SNS de 16 caracteres alfanuméricos, CITE de 11 dígitos. La virtual lleva QR.

Atención al profesional en la web del SAS y e_atención al profesional

El apartado «Atención al profesional» de la web del SAS da acceso a información, trámites y gestiones, presenciales o telemáticos, y agrupa: App mGerhonte, Certificado de empleado público, e_atención al profesional, Intranet del SAS y Unidades de atención al profesional. En e_atención, los datos personales proceden de GERHONTE, gestionado por la Dirección Gerencia. Hay dos niveles de acceso. Con certificado digital, el aconsejado, se consulta todo, se hacen todos los trámites y se desbloquea la cuenta. Con usuario y contraseña, solo determinados contenidos y operaciones. Las comunicaciones van cifradas por SSL, con certificado de la FNMT y URL https.

La Intranet del Servicio Andaluz de Salud

Según la web del SAS, la Intranet da a todos sus profesionales acceso, solo desde la red corporativa, a contenidos internos y comunes y a aplicaciones de gestión sanitaria. Para entrar se usan las credenciales del Directorio Activo (DMSAS). Sus contenidos se ordenan en cinco áreas funcionales: Asistencia Sanitaria, Gestión Económica, Profesionales, Tecnologías de la Información e Información General. La página de inicio muestra «Últimos contenidos», del más reciente al más antiguo, y un enlace a «Noticias». «Mi espacio» incluye Mis Calendarios y las comunidades virtuales, que son espacios privados visibles solo para sus miembros.

La Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC)

La VEC es, según la web del SAS, un sitio en Internet desde el que profesionales del SAS o personas candidatas a procesos selectivos hacen trámites electrónicos. También se llama Ventanilla Electrónica de la Persona Candidata. Es segura porque la información va cifrada y se accede con certificado digital o Cl@ve. Para pagar en línea se necesitan certificado digital y Autofirma; si no, se imprime la carta de pago, se abona en el banco y se sube el justificante. El soporte atiende de lunes a viernes laborables, de 08:00 a 15:00 h, en el 955 01 71 09. Las dudas sobre procesos selectivos van a la UAP.