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A1.1100 · Grupo II · Función pública

Tema 96 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La Ley de la Función Pública de Andalucía: Estructura y contenido. Órganos Superiores en materia de recursos humanos: Atribuciones orgánicas. El personal al servicio de la Administración Pública en la Ley de la Función Pública de Andalucía. Dirección pública profesional. Planificación de los recursos humanos. Estructura del empleo Público.

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Ley 5/2023, de la Función Pública de Andalucía

En este tema: arts. 1–27 y 89–104. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La ley tiene un doble objeto: por un lado, definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía; por otro, determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía que esté incluido en su ámbito de aplicación.

  2. Artículo 2. Ámbito de aplicación

    Se aplica a: a) funcionarios de la Administración General de la Junta (Consejerías, Delegaciones, otros órganos, agencias administrativas y de régimen especial, o adscritos a agencias públicas empresariales); b) laborales de la misma (legislación laboral, texto refundido del EBEP, legislación básica, artículos de esta ley que lo dispongan y normas convencionales); c) contratados por entidades instrumentales: normas propias y, en todo caso, principios de acceso, deberes, código de conducta, potestad disciplinaria y cupos de reserva; d) directivos públicos profesionales: título II.

  3. Artículo 3. Personal con legislación específica

    Se aplica a: docentes no universitarios y estatutarios del SAS (supletoria); Administración de Justicia (si su normativa lo dispone); Universidades públicas; Administraciones locales (respetando autonomía local y legislación básica); Oficina contra el Fraude, Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia; investigadores; y eventuales (régimen del funcionario de carrera en lo adecuado). Excluidos: altos cargos, salvo la dirección pública profesional, y contratistas y su personal. Parlamento, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas: solo si lo dispone su legislación.

  4. Artículo 4. Principios de actuación

    Principios de la función pública andaluza: sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento; servicio público; simplificación de procedimientos; transparencia y rendición de cuentas; objetividad; igualdad entre mujeres y hombres y de personas con discapacidad; equidad retributiva; conciliación; talento (máxima validez predictiva en selección y promoción); cualificación; jerarquía; eficacia; negociación colectiva; participación; coordinación entre Administraciones; cuidado de las personas; seguridad y salud; teletrabajo; y los demás de la normativa básica.

  5. Artículo 5. Transparencia y derecho de acceso a la información

    A las Administraciones del ámbito de la ley y a sus entidades instrumentales se les aplican las obligaciones de publicidad activa sobre su personal. Con carácter general, salvo que prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos, se da acceso a la información con datos meramente identificativos (plantillas, catálogos, relaciones de puestos, retribuciones de los puestos). Es público el acceso a las autorizaciones de compatibilidad. Las retribuciones de puestos de directivos, eventuales y libre designación se facilitan siempre en cómputo íntegro anual.

  6. Artículo 6. Integridad y conflicto de intereses

    El personal actúa conforme a siete principios: profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. Este comprende cualquier participación en una actuación administrativa o procedimiento en que tenga, directa o indirectamente, intereses financieros, políticos, económicos o personales que pudieran comprometer el ejercicio imparcial, independiente y objetivo de sus funciones. En esos casos se aplica el régimen de abstención y recusación.

  7. Artículo 7. Órganos superiores

  8. Artículo 8. Competencias del Consejo de Gobierno

    El Consejo de Gobierno establece, dirige y coordina la política general de personal de la Administración de la Junta. En particular: iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva; dar instrucciones a quienes negocien por la Administración y aprobar expresa y formalmente los acuerdos; fijar las directrices del régimen retributivo; determinar los puestos vedados a nacionales de otros Estados; establecer el dimensionamiento de efectivos a propuesta de Función Pública y Hacienda; aprobar la oferta de empleo público; y conceder la rehabilitación tras inhabilitación.

  9. Artículo 9. Competencias de la Consejería competente en materia de Función Pública

    La Consejería competente en Función Pública planifica los recursos humanos y desarrolla, ejecuta y coordina la política de personal del Consejo de Gobierno. Su titular: propone anteproyectos de ley, reglamentos, acuerdos y la oferta de empleo; aprueba y modifica las relaciones de puestos; fija criterios de interpretación; impone la separación del servicio; nombra funcionarios de carrera de la Administración General y contrata laborales fijos del convenio propio; aprueba convenios de movilidad interadministrativa; y tiene la competencia residual. Con Hacienda, propone las normas retributivas.

  10. Artículo 10. Competencias de las Consejerías

    A las personas titulares de cada Consejería les corresponde la superior jefatura y dirección del personal adscrito a ellas. En particular, dictan las instrucciones de servicio, dirigen la actividad de ese personal y adoptan las resoluciones sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto concreto: carrera, situaciones administrativas, retribuciones, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio, entre otros. También tienen las demás competencias que legal y reglamentariamente se les atribuyan sobre ese personal.

  11. Artículo 11. Competencias específicas de las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia

    En sus ámbitos respectivos, las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia ejercen las competencias que se les atribuyan legal y reglamentariamente respecto de, respectivamente: el personal docente que presta servicios en los centros públicos educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma.

  12. Artículo 12. Concepto y clases

    Es personal al servicio de la Administración pública el que desempeña funciones retribuidas al servicio de los intereses generales en el ámbito de la ley. El personal empleado público se clasifica en cuatro clases: funcionario de carrera, funcionario interino, laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y eventual. También es personal al servicio de la Administración pública el directivo público profesional, regulado en el título II.

  13. Artículo 13. Personal funcionario de carrera

    Define al personal funcionario de carrera con cuatro notas: lo es en virtud de nombramiento legal; está vinculado a la Administración pública por una relación estatutaria; esa relación la regula el Derecho Administrativo; y desempeña servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

  14. Artículo 14. Personal funcionario interino

    Interino: nombrado con carácter temporal, por necesidad y urgencia justificadas, en cuatro casos: vacantes (máximo tres años), sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario), programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses) y exceso o acumulación de tareas (nueve meses en dieciocho). En vacantes y sustituciones ocupa puestos de la relación de puestos de trabajo; en programas y acumulación, puestos coyunturales fuera de ella y con autorización previa de la Consejería de Función Pública. Debe ser ajeno a la función pública de la Junta.

  15. Artículo 15. Funciones del personal funcionario y laboral en la Administración de la Junta de Andalucía

    Reserva al personal funcionario las funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales y, además, una lista: fe pública, constatación de hechos con presunción de veracidad, registros con efecto constitutivo, órdenes de policía, medidas cautelares, control económico-financiero, reintegro de subvenciones, deslinde… Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios; el personal laboral puede ocupar los del apartado 4 (no permanentes, oficios, instrumentales, de apoyo…).

  16. Artículo 16. Concepto y clases

    Personal laboral: presta servicios profesionales retribuidos en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito. Por la duración del contrato es fijo (proceso selectivo con igualdad, mérito, capacidad y publicidad), por tiempo indefinido (sentencia judicial firme o normativa básica estatal) o temporal (necesidad y urgencia; se añade la celeridad). Por la jornada, a tiempo completo o parcial. Su clasificación profesional se fija mediante negociación colectiva.

  17. Artículo 17. Concepto y adscripción

    Personal eventual: en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, y se retribuye con cargo a créditos presupuestarios consignados para ese fin. No puede hacer gestión ordinaria, tareas técnicas ni funciones exclusivas de funcionarios. Pueden contar con él los titulares de Presidencia, Vicepresidencias, Consejerías, Instituciones estatutarias y entidades con autonomía reconocida por ley. El Consejo de Gobierno fija número máximo, características y retribuciones, que son públicos.

  18. Artículo 18. Nombramiento y cese

    El nombramiento y el cese del personal eventual son libres y corresponden a la persona titular del órgano en el que preste la función de confianza o asesoramiento. Ser eventual no puede ser mérito para el acceso a la función pública, la promoción interna ni la contratación laboral. Cesa por las causas de la normativa básica estatal, por renuncia y, en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que presta la función; sin derecho a indemnización. Con el Consejo de Gobierno en funciones puede continuar hasta la formación del nuevo.

  19. Artículo 19. Concepto y clases de personal directivo público profesional

    En la Administración General de la Junta de Andalucía es personal directivo público profesional quien desempeña puestos de estructura orgánica de las Consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial catalogados así en la relación de puestos de dirección pública profesional. Dos clases: alto cargo, y funcionario de carrera o laboral fijo. El Estatuto de este personal se aprueba mediante ley. El alto cargo exige titulación universitaria de grado o equivalente; la otra clase, la de acceso al Grupo A. La relación la aprueba y mantiene la Consejería de Función Pública.

  20. Artículo 20. Funciones del personal directivo público profesional

    La misión general del personal directivo público profesional es definir, planificar y garantizar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones de su unidad administrativa, en coordinación con las demás y de acuerdo con la acción de gobierno. Respeta los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y ética y los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad. Entre otras funciones: planificación estratégica, liderar equipos con perspectiva de género, gestionar recursos, evaluar, innovar, simplificar procedimientos y rendir cuentas mediante informes o memorias.

  21. Artículo 21. Régimen jurídico y retributivo del personal directivo público profesional

    El régimen jurídico y retributivo del personal directivo depende de la condición del puesto, se regula en su Estatuto y no es materia de negociación colectiva. Para cada puesto se elabora y firma un acuerdo de gestión, que entra en vigor con el nombramiento y es público; fija objetivos, evaluación y retribuciones variables y puede modificarse de común acuerdo, con publicidad. El nombramiento se publica en el BOJA. El funcionario directivo que no sea alto cargo queda en servicio activo sin reserva de puesto y, tras su cese, vuelve a un puesto de las mismas características.

  22. Artículo 22. Selección del personal directivo público profesional

    La selección del personal directivo público profesional obedece a los principios de mérito, capacidad y publicidad y a criterios de idoneidad, valorando capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales, competencias técnicas y competencias directivas. Se realiza mediante convocatorias y procesos públicos que garanticen la transparencia y la libre concurrencia. El Estatuto del personal directivo público profesional establece los procesos, los criterios y los elementos de las convocatorias.

  23. Artículo 23. Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional

    Crea la Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional, adscrita a la Consejería competente en materia de Función Pública, que convoca y desarrolla los procesos de selección. A sus titulares los nombra y los cesa el Consejo de Gobierno (el cese, previo informe de la Comisión), entre personas de reconocido prestigio profesional y atendiendo a la paridad. La asesora la Consejería proponente, puede contar con personas expertas, rinde cuentas en el Parlamento y sus resoluciones son públicas y motivadas.

  24. Artículo 24. Nombramiento y cese del personal directivo público profesional

    Para cubrir un puesto directivo, la Consejería o agencia interesada solicita a la Comisión la convocatoria y la propuesta de personas candidatas. El cese se produce por las causas legales propias de su condición, por finalización del período del nombramiento, por renuncia voluntaria o por decisión motivada basada en la evaluación negativa de los objetivos del acuerdo de gestión. El alto cargo cesa además por decisión discrecional debidamente motivada del órgano competente para su designación o por ordenación o redistribución de competencias de las Consejerías.

  25. Artículo 25. Acreditación de competencias directivas para el personal directivo público profesional funcionario o laboral

    El Instituto Andaluz de Administración Pública realiza procesos abiertos para acreditar las competencias directivas del personal funcionario de carrera o laboral fijo que pueda acceder a puestos de dirección pública profesional. Las convocatorias garantizan transparencia y libre concurrencia. Se verifican capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas, u otros sistemas predictores del comportamiento. Mantener la acreditación podrá exigir formación con aprovechamiento y superar pruebas. El Instituto podrá contar con personas expertas.

  26. Artículo 26. Evaluación de cumplimiento del personal directivo público profesional

    El personal directivo público profesional está sujeto a evaluación continua y periódica del cumplimiento de su cargo o puesto, según el acuerdo de gestión, como mínimo cada dos años. La realiza el superior jerárquico de quien dependa o al que esté adscrito, que puede pedir asesoramiento o colaboración a la comisión o al Instituto Andaluz de Administración Pública. El resultado determina la continuidad en el puesto y la cuantía de la parte variable de las retribuciones. Acuerdos de gestión y resultados son públicos. Debe dedicar un mínimo de horas al año a su formación y desarrollo.

  27. Artículo 27. Responsabilidad disciplinaria y compromiso ético del personal directivo público profesional

    El personal directivo público profesional está sometido al código de conducta del personal empleado público y a los compromisos éticos, de permanencia y confidencialidad derivados del acuerdo de gestión asumido con su nombramiento. Se le aplica la legislación disciplinaria y de incompatibilidades que le corresponda según sea alto cargo o personal funcionario o laboral. Debe cumplir un código ético y de conducta elaborado y mantenido en vigor por una comisión de ética, órgano colegiado de asesoramiento adscrito a la Consejería competente en materia de Función Pública.

  28. Artículo 89. Objetivos de la planificación

    La planificación de los recursos humanos tiene como objetivo contribuir a la eficiencia y eficacia en la acción pública, en la prestación de los servicios y en la utilización de los recursos económicos, personales, materiales y tecnológicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, gestión, formación, motivación, promoción profesional y movilidad. Los instrumentos de planificación del empleo público son tres: los planes de ordenación de recursos humanos, la oferta de empleo público o instrumento similar y los registros de personal.

  29. Artículo 90. Objeto y contenido

    El Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, podrá aprobar planes de ordenación de recursos humanos, referidos tanto al personal funcionario como al laboral, dentro de los límites presupuestarios. Para el personal laboral rigen la legislación laboral y las normas convencionales. Contienen medidas como movilidad voluntaria y forzosa, promoción interna, recualificación, incorporación por oferta de empleo público, teletrabajo, tiempo parcial o incentivos a la jubilación voluntaria. Su elaboración va precedida de un análisis de disponibilidades o necesidades de personal.

  30. Artículo 91. Objeto y contenido

    Las necesidades de personal con asignación presupuestaria que deban proveerse con nuevo ingreso son objeto de oferta de empleo público o instrumento similar. Contenido mínimo: número de vacantes para funcionario de carrera y laboral fijo, su agrupación y el número de plazas por sistema de acceso. Aprobarla obliga a convocar los procesos selectivos, con hasta un diez por ciento adicional de plazas; se ejecuta en el plazo improrrogable de tres años y se aprueba anualmente, previa negociación colectiva. No pueden convocarse plazas no comprometidas en la oferta.

  31. Artículo 92. Registro de personal

    Cada Administración pública y las entidades de su sector instrumental deben constituir un Registro en el que se inscriban los datos relativos a su personal. La inscripción se hace de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de carácter básico.

  32. Artículo 93. Registro de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía

    En la Administración General de la Junta de Andalucía existe un Registro General de Personal, adscrito a la Consejería competente en materia de Función Pública, donde se inscriben todos los actos que afecten al desarrollo profesional del personal de su ámbito. La inscripción es requisito de eficacia de los actos de reconocimiento de derechos en materia de personal, puede denegarse en los supuestos reglamentarios y no convalida los vicios de los actos. Los datos gozan de la protección de la normativa de protección de datos y pueden anonimizarse, de forma no reversible, para la mejor gestión.

  33. Artículo 94. Derecho de acceso al Registro y certificación de datos

    El personal comprendido en el ámbito de aplicación del Registro tiene derecho a acceder a él, a conocer los asientos registrales practicados que se refieran a su vida administrativa, a obtener certificaciones de esos asientos y al resto de derechos enunciados en la normativa sobre protección de datos personales. Todo ello se ejerce en la forma que reglamentariamente se determine.

  34. Artículo 95. Organización y funcionamiento del Registro General de Personal

    La organización y el funcionamiento del Registro General de Personal se determinan reglamentariamente, a propuesta de la Consejería competente en materia de Función Pública, con criterios mínimos y homogeneizadores que faciliten la coordinación con otros Registros. Cada Consejería de la Junta de Andalucía o agencia del sector público andaluz es competente para promover las inscripciones de los actos que generen el desarrollo y la carrera profesional de su personal y para proporcionar y mantener actualizada la información de sus recursos humanos.

  35. Artículo 96. Coordinación entre Registros de Personal

    El Registro General de Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía estará coordinado con los Registros de Personal de los diferentes sectores de la Administración de la Junta, con los de las entidades de su sector público, con el Registro Central de Personal de la Administración del Estado y con el resto de Registros de Personal de las Administraciones públicas de Andalucía. La forma y el contenido de la coordinación de los Registros de Personal de las Administraciones públicas de Andalucía se desarrollarán reglamentariamente.

  36. Artículo 97. Cooperación con Registros de entidades locales

    La Administración de la Junta de Andalucía cooperará con las entidades locales de Andalucía cuando estas no tengan la suficiente capacidad financiera o técnica para la constitución, desarrollo y mantenimiento de sus Registros. Lo hará respetando las competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales.

  37. Artículo 98. Información sobre otro personal

    El Registro General de Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía creará una sección diferenciada con información de los Registros de personal de las entidades locales, de las Universidades públicas de Andalucía y del personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma, para analizar y valorar la situación del empleo público de Andalucía. Con igual finalidad, y previos los acuerdos o convenios pertinentes, se podrán crear secciones diferenciadas sobre los recursos humanos de otras instituciones de autogobierno.

  38. Artículo 99. La gestión integrada de recursos humanos

    En la Administración de la Junta de Andalucía podrá existir un único sistema de gestión integrada de recursos humanos, mediante la aplicación informática correspondiente, bajo la dependencia y dirección de la Consejería competente en materia de Función Pública. El Registro General de Personal será una base de datos en la que la Administración y, en su caso, el personal podrán solicitar la anotación de los méritos curriculares que reglamentariamente se determinen, y servirá para automatizar la gestión. Las agencias podrán implantar su propia gestión integrada, interoperable con la de la Junta.

  39. Artículo 100. Cuerpos, escalas y especialidades de la Administración de la Junta de Andalucía

    El personal funcionario se agrupa en cuerpos, escalas y especialidades y, en su caso, opciones; las especialidades y opciones se pueden crear por la especialización de las funciones o por la titulación exigida para el ingreso. Todos se crean, modifican y suprimen por ley. La norma de creación fijará como mínimo: denominación; subgrupo o grupo; funciones básicas, que no podrán corresponderse con las de los órganos de la Administración; y nivel académico o titulación de ingreso. El Consejo de Gobierno podrá establecer los efectos para el ingreso de las titulaciones o niveles de nueva creación.

  40. Artículo 101. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera

    Los cuerpos, escalas y especialidades se clasifican según la titulación exigida para el acceso. Grupo A: A1 (Doctor o Doctora, Máster universitario o Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente) y A2 (Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente); se reparten entre A1 y A2 según el nivel de responsabilidad de las funciones y las características de las pruebas de acceso. Grupo B: Técnico Superior. Grupo C: C1 (Bachiller, Técnico o equivalente) y C2 (Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente).

  41. Artículo 102. Cuerpos generales y especiales

    Los cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía son generales (funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa) o especiales (actividades objeto de una peculiar carrera o especialidad). Generales: Superior de Administración (A1), Gestión Administrativa (A2), Técnico de Gestión Administrativa (B), Administrativo (C1) y Auxiliar Administrativo (C2). Especiales: Superior Facultativo (A1), Técnico Facultativo (A2), Técnico de Gestión y Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales (B), Ayudantes (C1) y Auxiliar Técnico (C2), más los que enumera el apartado 4.

  42. Artículo 103. Clasificación del personal laboral

    El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral y el respectivo convenio colectivo. Además, la Administración orientará la negociación colectiva hacia el objetivo de una clasificación profesional equiparable al sistema nacional de cualificaciones, a fin de garantizar la homogeneidad de todo el personal.

  43. Artículo 104. Relaciones de puestos de trabajo

    El puesto de trabajo es la unidad básica de la estructura del empleo público. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento con que la Administración General de la Junta planifica, racionaliza y ordena su personal; son públicas y tienen un contenido mínimo por puesto. Su elaboración, tramitación, aprobación y modificación corresponden a la Consejería competente en materia de función pública. La persona titular del órgano directivo central competente aprueba las modificaciones automáticas del apartado 6 y la creación de puestos imprescindibles por extraordinaria y urgente necesidad.

Decreto 151/2026, Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía

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  1. Artículo 1. Objeto

    El decreto crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía (en adelante, «Comisión»), que estaba prevista en el artículo 179 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía. Además de crearla, regula tres cosas de ella: su composición, sus funciones y su régimen de funcionamiento.

  2. Artículo 2. Naturaleza, adscripción y finalidad de la Comisión

    La Comisión es un órgano técnico colegiado de participación administrativa, de los previstos en el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Es de consulta y asesoramiento, está adscrita a la Consejería competente en materia de administración pública y su finalidad es hacer efectiva la coordinación de la política de empleo público de las Administraciones Públicas de Andalucía.

  3. Artículo 3. Funciones de la Comisión

    La Comisión ejerce, por no corresponder a ningún otro órgano, las funciones de las letras a) a l): elaborar los estudios e informes que le soliciten las Administraciones Públicas de Andalucía, informar con carácter facultativo los proyectos normativos de empleo público, analizar criterios, planes y programas, proponer medidas de movilidad interadministrativa y elevar un informe anual de seguimiento a la persona titular de la Consejería competente en materia de función pública, entre otras. Sus acuerdos, informes y propuestas no son vinculantes y debe incorporar la perspectiva de género.

  4. Artículo 4. Composición de la Comisión

    Presidencia: titular de la Consejería competente en administración pública; Vicepresidencia: titular de su Viceconsejería. Vocalías: Viceconsejerías de educación, salud, justicia, universidades, hacienda y administración local (si ninguna es la vicepresidencia), órganos directivos centrales de personal, dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, dirección gerencia del Servicio Andaluz de Empleo y cuatro representantes de la Administración Local y cuatro de las Universidades Públicas. La Secretaría, con voz y sin voto, la designa la Presidencia.

  5. Artículo 5. Funcionamiento de la Comisión

    La Comisión se rige por las reglas de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 y de la Ley 9/2007. Convocada por la Secretaría, se reúne, al menos, cada seis meses; la Presidencia puede convocarla de manera extraordinaria a petición de la Vicepresidencia o de cualquiera de las Vocalías. Cualquier miembro puede proponer a la Presidencia asuntos para el orden del día. Puede constituir grupos de trabajo técnicos e invitar a otras personas; puede asistir personal del Gabinete Jurídico, con voz y sin voto. Elabora y aprueba su reglamento interno y puede reunirse a distancia.

  6. Artículo 6. Medios personales y materiales

    La Consejería competente en Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo menciona las dos clases de medios, personales y materiales, y atribuye su provisión a esa Consejería.

Decreto 51/2025, de planificación y ordenación del empleo público de la Junta

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  1. Artículo 1. Objeto

    El decreto desarrolla la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en seis materias: planificación y ordenación del empleo público, acceso al empleo público, promoción interna, provisión de puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la relación de servicio y movilidad del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía.

  2. Artículo 2. Ámbito de aplicación

    Se aplica al personal funcionario de la Administración General de la Junta: el que sirve en Consejerías, Delegaciones del Gobierno, Territoriales o Provinciales, otros órganos dependientes o vinculados y agencias administrativas y de régimen especial, o está adscrito a agencias públicas empresariales. Cuerpos con regulación propia: su normativa específica y, en lo no previsto, Ley 5/2023 y este decreto. Al personal laboral solo se le aplican los preceptos del decreto que lo dispongan expresamente. Es supletorio para el personal del artículo 3.1 de la Ley 5/2023.

  3. Artículo 3. Principios en el acceso al empleo público y la provisión de puestos

    Acceso (funcionario y laboral): igualdad, mérito y capacidad, más publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica con confidencialidad, fiabilidad y validez predictiva, adecuación, y agilidad y eficiencia. Provisión (funcionarios de carrera): igualdad, mérito, capacidad, publicidad y, en libre designación, idoneidad. Interinos y laborales temporales: procedimientos ágiles con igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Se garantiza la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad y de mujeres y hombres.

  4. Artículo 4. Fundamentos y criterios de actuación de los planes de ordenación de recursos humanos

    Los planes de ordenación de recursos humanos deben basarse en once fundamentos y criterios: transparencia y participación; negociación colectiva; eficacia y eficiencia; buena administración, calidad e innovación; racionalidad organizativa, simplificación y mejora regulatoria; compromiso con el personal y el empleo público; igualdad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; perspectiva de género en todas las fases; formación y cualificación permanente; conciliación; y evaluación ex post de su aplicación.

  5. Artículo 5. Objetivos de la planificación

    La planificación de los recursos humanos es el fundamento de la actuación de la Administración en función pública. Su objetivo: contribuir a la eficiencia y eficacia en la acción pública, en la prestación de servicios y en el uso de los recursos económicos, personales, materiales y tecnológicos, mediante la dimensión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, gestión, formación, motivación, promoción profesional y movilidad. Instrumentos de planificación: los planes de ordenación de recursos humanos y la oferta de empleo público, sin perjuicio del artículo 89.2 de la Ley 5/2023.

  6. Artículo 6. Objeto de los planes de ordenación de recursos humanos

    Los planes de ordenación de recursos humanos son el instrumento básico de planificación de los recursos humanos. Antes de elaborarlos hay que hacer un análisis de las disponibilidades o necesidades de personal, que atiende tanto al número de efectivos como a sus perfiles profesionales o niveles de cualificación, y que puede referirse al conjunto de la Administración o a un determinado sector orgánico o funcional de la misma.

  7. Artículo 7. Contenido de los planes de ordenación de recursos humanos

    Contenido obligatorio en todo caso: diagnóstico de la situación inicial; objetivos y líneas estratégicas; programas, acciones y medidas; indicadores de resultado, órganos responsables, tiempos de ejecución y presupuesto; y sistema de seguimiento y evaluación con participación sindical, que garantice la evaluación final y al menos una más. Además contendrán algunas de las medidas de las letras a) a l) (teletrabajo, tiempo parcial, formación, movilidad…). Actúan dentro de los límites presupuestarios y pueden afectar a personal funcionario y laboral, en común o solo a uno.

  8. Artículo 8. Competencias

    El Consejo de Gobierno aprueba los planes de ordenación de recursos humanos, dentro de los límites presupuestarios y previa negociación colectiva, a propuesta de la Consejería competente en función pública y, cuando afecte al dimensionamiento de los efectivos y a las normas y criterios generales sobre su régimen retributivo, de la competente en Hacienda. La persona titular de la Consejería de función pública realiza el diagnóstico de la situación inicial e impulsa, coordina y, en su caso, establece y ejecuta los estudios, proyectos y directrices para cumplir las medidas de los planes.

  9. Artículo 9. Vigencia

    Los planes pueden tener vigencia temporal determinada, nunca inferior a cuatro años, o vigencia indefinida. Los indefinidos se desarrollan de forma continua y progresiva, admiten siempre modificación y actualización y siguen en vigor hasta que se apruebe un nuevo plan que los sustituya; pueden revisarse a iniciativa de la Administración o de los órganos de negociación colectiva. Sus modificaciones y actualizaciones las aprueba el Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, a propuesta de la Consejería de función pública y, si afecta a efectivos y régimen retributivo, de la de Hacienda.

  10. Artículo 10. Contenido de la oferta de empleo público

    Van a la oferta las necesidades de personal con asignación presupuestaria que deban proveerse con personal de nuevo ingreso. Contenido mínimo: número de vacantes para funcionarios de carrera y laborales fijos; plazas agrupadas; plazas por sistema de acceso; y reserva mínima del 25 % para promoción interna, que los planes pueden elevar hasta el 50 % en determinados cuerpos y especialidades. No hace falta concurso ni promoción interna previos. La aprueba anualmente el Consejo de Gobierno, previa negociación colectiva, a propuesta de la persona titular de la Consejería de función pública.

  11. Artículo 11. Reserva para personas con discapacidad

    Las ofertas de empleo público reservan un cupo de vacantes para personas con discapacidad, sobre el cómputo total de vacantes que determine la normativa vigente; las plazas pueden concentrarse en las convocatorias que mejor se adapten. Las que se convoquen por promoción interna computan en todo caso en el cupo. Habrá convocatorias independientes para determinadas discapacidades, entre ellas la intelectual. Las plazas no cubiertas se acumulan a posteriores ofertas hasta el límite legal; las restantes, excluidas las de discapacidad intelectual, pasan al turno general de su convocatoria.

  12. Artículo 12. Unidades de inclusión del personal con discapacidad

    Se constituye una unidad administrativa de inclusión del personal con discapacidad en cada Delegación del Gobierno y en las Consejerías de función pública, Servicios Sociales y Salud. Prestan apoyo administrativo especializado al órgano directivo del que dependan y a sus agencias adscritas y velan por la plena incorporación y desarrollo profesional del personal. A las demás Consejerías y sus agencias las apoya la unidad de la Consejería de función pública en los servicios centrales en Sevilla, y la de la Delegación del Gobierno provincial en periféricos y centrales de otras provincias.

  13. Artículo 13. Régimen aplicable

    El ingreso en los cuerpos y, en su caso, especialidades de personal funcionario de carrera se realiza mediante convocatoria pública y se rige por las bases de la convocatoria respectiva, que se ajustan en todo caso a este decreto y a las normas específicas de aplicación. El acceso a la condición de personal laboral fijo se regula por la normativa laboral, por los convenios colectivos que resulten de aplicación y por las disposiciones específicas contenidas en este título.

  14. Artículo 14. Sistemas selectivos

    Los procesos selectivos son abiertos y garantizan la libre concurrencia, sin perjuicio de la promoción interna y de la discriminación positiva. La selección se hace según la oferta de empleo público, por convocatoria pública y por oposición, concurso-oposición o concurso de méritos. En el concurso-oposición la fase de oposición es eliminatoria y supone un mínimo del sesenta por ciento de la puntuación global. Para el personal funcionario de carrera el concurso es excepcional y solo cabe por ley que lo autorice; el laboral fijo admite los tres sistemas según su convenio colectivo.

  15. Artículo 15. Orden de actuación de las personas aspirantes

    Con carácter anual, el órgano convocante determina mediante sorteo público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se convoquen durante el año. El resultado del sorteo se publica en ese mismo Boletín y debe recogerse en cada convocatoria.

  16. Artículo 16. Convocatoria de los procesos selectivos

    Aprobada la oferta, se convocan las plazas comprometidas, con posible aumento de hasta un diez por ciento adicional. Convoca el órgano directivo de la Consejería competente en función pública que lo tenga asignado por decreto del Consejo de Gobierno. La oferta se ejecuta en el plazo improrrogable de tres años. Las convocatorias se publican en BOJA y pueden eximir de pruebas, o valorar como mérito, la oposición superada sin plaza en el mismo cuerpo o especialidad, si supuso al menos el sesenta por ciento de la calificación máxima, es análoga y tuvo lugar en los tres años anteriores.

  17. Artículo 17. Convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad

    En las convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad, las pruebas tienen idéntico contenido para todas las personas aspirantes, sea cual sea el turno, sin perjuicio de las adaptaciones y de lo previsto para la discapacidad intelectual. Los dos turnos reciben tratamiento único en las relaciones de personas admitidas y en los llamamientos a los ejercicios. Cabe un tratamiento diferenciado en la adjudicación de destinos cuando las circunstancias lo justifiquen y, en todo caso, para quienes en su vida diaria dependan de terceras personas.

  18. Artículo 18. Convocatorias independientes para personas con discapacidad

    Cuando se realicen convocatorias para personas con discapacidad independientes a las ordinarias, las pruebas tienen el mismo contenido que las de las convocatorias ordinarias, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de adaptaciones y para personas con discapacidad intelectual. El número de plazas de estas convocatorias se corresponde, en todo caso, con las reservadas en la oferta de empleo público para su cobertura entre personas con discapacidad.

  19. Artículo 19. Obligación de relacionarse electrónicamente

    Quienes participen en procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía deben relacionarse por medios electrónicos en todas las fases, de la solicitud a la elección de destinos, incluidos reclamaciones y recursos, y recibir notificaciones electrónicas. Para menores no emancipados o personas con capacidad judicialmente complementada sin firma electrónica se habilitan mecanismos a través de su representante legal. La convocatoria fija el portal y los sistemas de identificación y firma; no vale presentar documentos por otros enlaces.

  20. Artículo 20. Solicitudes

    Las solicitudes se presentan en el Registro Electrónico Único, a través de la Sede electrónica general, con el formulario normalizado; las tasas se pagan antes, en la plataforma de pago de la Junta. El plazo no es inferior a diez ni superior a veinte días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria. Basta una declaración responsable de reunir los requisitos, referidos a la fecha de fin del plazo, que deben mantenerse hasta el nombramiento o la contratación. El turno de discapacidad exige indicarlo expresamente y tenerla reconocida antes de que acabe el plazo.

  21. Artículo 21. Adaptaciones

    Las personas con discapacidad realizan las pruebas, incluido el curso selectivo o periodo de prácticas, en igualdad de condiciones mediante adaptaciones razonables de tiempo, medios y accesibilidad, si lo solicitan. La de tiempos es un tiempo adicional y se garantiza también a las madres de menores lactantes que lo soliciten. La petición se formula en la solicitud de participación, con informe técnico del órgano competente, que se suprime del expediente cuando ya no sea necesario. Las otorgan las comisiones de selección cuando la discapacidad guarde relación directa con la prueba.

  22. Artículo 22. Acreditación de la condición de persona con discapacidad y de la compatibilidad funcional

    La condición de persona con discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento se acredita con certificado de los órganos competentes en la materia de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas competentes, y debe mantenerse hasta adquirir la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo. La aptitud para las funciones y tareas se acredita en el momento de la petición de destino, con certificado de los órganos competentes en materia de Discapacidad. La convocatoria fija la forma de acreditación.

  23. Artículo 23. Pruebas

    Los procedimientos de selección preservan la conexión entre el tipo de pruebas y las funciones de los puestos convocados. Las convocatorias incluirán pruebas teóricas y, en su caso, prácticas para demostrar conocimientos y capacidad analítica, evaluar competencias y comprobar el manejo de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones y, si lo justifican las características del puesto, el dominio de lenguas extranjeras. Si la convocatoria lo prevé caben pruebas psicotécnicas o psicométricas, pruebas físicas sin discriminación por razón de sexo y reconocimientos médicos.

  24. Artículo 24. Descentralización de las pruebas

    Las convocatorias pueden determinar que, en aquellos procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, la totalidad o parte de las pruebas se celebren de forma descentralizada. Es una posibilidad, no una obligación; la decide la convocatoria y puede alcanzar a todas las pruebas o solo a algunas.

  25. Artículo 25. Listas de personas admitidas y excluidas

    Cerrado el plazo de solicitudes, el órgano que determine la convocatoria dicta en dos meses como máximo la resolución con la lista provisional de personas admitidas y excluidas, publicada en la Sede electrónica general, con la causa de exclusión y diez días hábiles para subsanar. Resueltas subsanaciones y alegaciones, en otros dos meses como máximo se aprueban las listas definitivas, con lugar y fecha del primer ejercicio y orden de actuación. Salvo casos justificados en la propia resolución, el primer o único ejercicio no puede superar los tres meses desde su publicación.

  26. Artículo 26. Anuncio de celebración de las pruebas

    El llamamiento para los ejercicios que afecten a todas las personas admitidas, cuando se trate de pruebas de carácter colectivo, será único. Los resultados de cada ejercicio, los sucesivos llamamientos y convocatorias y cualquier decisión del órgano de selección que deba conocer el personal aspirante, hasta el final de las pruebas selectivas o, en su caso, de la fase de concurso, se publican en la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, y esa publicación surte los efectos de notificación para el cómputo de plazos.

  27. Artículo 27. Normas relativas a la celebración de las pruebas

    Antes de cada ejercicio, y cuando se estime conveniente durante su desarrollo, se comprueba la identidad de las personas admitidas. Quien llegue iniciadas las pruebas o no asista queda excluido y decaído en su derecho, aunque en pruebas orales o individuales y sucesivas el órgano de selección puede admitirlo si no han finalizado y no se menoscaba la igualdad ni se alteran los plazos. Salvo autorización expresa, no cabe libro ni documentación; el móvil está prohibido en todo caso, salvo dispositivos por salud comunicados antes. El incumplimiento supone expulsión del aula y anulación del examen.

  28. Artículo 28. Relación de personas aprobadas

    Tras la calificación, los órganos de selección publican en la Sede electrónica general la relación de aprobadas por orden de puntuación y elevan propuesta al órgano competente en materia de función pública. La relación termina en el número de puestos convocados, salvo que la convocatoria prevea un veinte por ciento adicional de plazas. Entre los criterios de desempate estará el sexo con presencia inferior al cuarenta por ciento a la fecha de publicación de la oferta. Ante renuncias, el órgano convocante puede pedir por una sola vez relación complementaria. Los actos finales se motivan.

  29. Artículo 29. Aportación de documentación

    La Dirección General competente en materia de función pública oferta en el BOJA las vacantes, al menos tantas plazas como personas seleccionadas. Las personas aprobadas aportan, en el plazo de la convocatoria, los documentos acreditativos, salvo los ya inscritos en el Registro General de Personal o de consulta autorizada. Quien no los presente en plazo, salvo fuerza mayor, o carezca de algún requisito no podrá ser nombrado ni contratado y quedan sin efecto todas sus actuaciones. Oferta de vacantes, documentación y petición de destinos pueden sustituirse por un acto único.

  30. Artículo 30. Adjudicación de destinos

    Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el órgano competente en materia de función pública nombra personal funcionario de carrera o laboral fijo, por el orden obtenido, a quienes superaron el proceso y cumplen los requisitos. Quienes participaron por el turno de discapacidad, si no hubo oferta diferenciada, pueden pedir al órgano convocante alterar el orden de prelación por motivos acreditados; este lo decide con la mínima modificación necesaria. Los nombramientos se publican en el BOJA y fijan la fecha de inicio del plazo de toma de posesión.

  31. Artículo 31. Personal funcionario en prácticas

    Las convocatorias pueden incluir, motivadamente y superada la oposición o el concurso-oposición, un periodo de prácticas o curso selectivo, fijando duración, efectos, órgano que valora, contenido y criterios. Accede un número de personas equivalente a las plazas, más, si la convocatoria lo prevé, un veinte por ciento y otro diez por ciento adicional; quienes empaten con la última acceden todas. Nombra la persona titular del órgano competente en materia de función pública. Quien no supere el proceso cesa por resolución motivada; la convocatoria puede reservar la puntuación una sola vez.

  32. Artículo 32. Período en prácticas

    El período de prácticas consiste en la valoración, supervisión, tutorización, orientación y dirección profesional a la persona en prácticas. El órgano que lo valora elabora un informe sobre las habilidades y competencias adquiridas; si es un órgano colaborador, lo remite para su conocimiento al órgano de selección. El nombramiento de los integrantes del órgano colaborador se publica, junto con el anuncio del periodo de prácticas, en la Sede electrónica general. En los cuerpos del grupo A las prácticas duran no más de seis meses; en el resto de grupos, tres meses.

  33. Artículo 33. Curso selectivo de formación

    El curso selectivo debe comenzar en el plazo de un mes desde la publicación de la relación de aspirantes con derecho a realizarlo. Cada participante tiene una persona tutora nombrada por el órgano de selección. Las convocatorias fijan la guía de contenidos y los criterios objetivos de evaluación; el curso combina actividad formativa tutorizada de carácter práctico con estancia en entornos laborales. La planificación, organización y ejecución corresponde al Instituto Andaluz de Administración Pública, y la evaluación queda reservada al órgano de selección.

  34. Artículo 34. Concepto

    Las comisiones de selección son órganos colegiados permanentes de carácter técnico que ejecutan los procedimientos selectivos y evalúan pruebas y, en su caso, méritos; a los solos efectos de revisión o impugnación de sus actos dependen del órgano que las nombró. Las comisiones permanentes se crean por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en función pública, a la que se adscriben. Pueden asesorarlas personas expertas designadas por el órgano competente en materia de función pública. Las bases de la convocatoria pueden constituir comisiones delegadas.

  35. Artículo 35. Funciones

    Las comisiones permanentes de selección determinan el contenido de los ejercicios, hacen públicos antes de las pruebas los criterios de calificación, califican, deciden incidencias (como aplazamientos por embarazo, parto o postparto), acuerdan la calificación final, aplican el baremo y resuelven dudas. Si hay comisiones delegadas, las permanentes tienen en todo caso las funciones del apartado 2, como coordinarlas y homogeneizar sus criterios; las restantes corresponden a las delegadas. Las convocatorias pueden encomendar la aplicación del baremo a las delegadas o a otros órganos.

  36. Artículo 36. Composición

    Ocho principios rigen la composición de las comisiones de selección. Profesionalidad: mayoría de personal funcionario de carrera cuando se seleccione este tipo de personal, pero sin mayoría del mismo cuerpo que se selecciona. Especialización: titulación igual o superior a la exigida para el acceso. Imparcialidad: número impar, no inferior a cinco, con tantos titulares como suplentes y nombramiento publicado en el BOJA. Independencia: pertenencia siempre a título individual. Discrecionalidad técnica, responsabilidad, paridad y representatividad, atendiendo a factores geográficos y de edad.

  37. Artículo 37. Abstención y recusación

    Los miembros de las comisiones de selección están sujetos al régimen de abstención y recusación de la normativa estatal básica. Las personas interesadas pueden recusar a los miembros que incurran en causa de abstención desde el momento en que hubieren conocido la identidad de los miembros del órgano de selección. No pueden formar parte de los órganos de selección quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

  38. Artículo 38. Personas asesoras especialistas

    Las comisiones de selección pueden incorporar a todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las convocatorias, a personas asesoras especialistas. Su función es prestar asesoramiento y colaboración técnica exclusivamente en cuestiones propias de su especialidad, garantizando la confidencialidad de las pruebas: tienen voz, pero en ningún caso participan en la evaluación ni en la toma de acuerdos. No pueden ser asesoras las personas en quienes concurra el régimen de prohibiciones y de abstención y recusación fijado para los miembros de las comisiones.

  39. Artículo 39. Funcionamiento

    Las comisiones de selección se ajustan a la normativa de órganos colegiados, estatal básica y autonómica. Su válida constitución exige, al menos, la mayoría de sus miembros, incluidas necesariamente presidencia y secretaría o quienes les sustituyan. Actúan con autonomía funcional y sus acuerdos vinculan al órgano del que dependan, que puede revisarlos. Conforme a las bases, pueden procurar la máxima descentralización por provincias de los ejercicios de la oposición y regular el uso de medios electrónicos. Principios: celeridad, transparencia, buenas prácticas y protección de datos.

  40. Artículo 40. Revisión e impugnación

    Contra las resoluciones de los órganos de selección puede interponerse recurso conforme a la normativa estatal de carácter básico. También contra sus actos de trámite, pero solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

  41. Artículo 41. Selección de personal funcionario interino

    Los interinos se seleccionan por procedimientos ágiles (igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad). Puede exigirse periodo de prueba: máximo tres meses en el grupo A, dos en el B y uno en el C; lo interrumpen la incapacidad temporal, la maternidad y las demás situaciones que enumera. No se supera, motivadamente, por rendimiento insuficiente o falta de capacidad o adecuación. Los aspirantes deben ser ajenos a la función pública de la Administración de la Junta. En nuevos nombramientos inferiores a tres meses, la capacidad funcional se acredita con declaración responsable.

  42. Artículo 42. Bolsas de empleo para la selección de personal funcionario interino

    Se constituye una bolsa de empleo por cada cuerpo y especialidad y, en su caso, opción; hay bolsas independientes para discapacidad intelectual. Las integran quienes, sin superar el proceso de la última oferta, superaron más ejercicios. Criterio preferente de ordenación: mayor puntuación en la fase de oposición. Una orden de la Consejería competente en función pública, previa negociación colectiva, regula el procedimiento. Agotadas las bolsas, se remite oferta al órgano gestor de las políticas de empleo. Los trámites se realizan obligatoriamente por medios electrónicos.

  43. Artículo 43. Puestos vacantes desempeñados por personal funcionario interino

    Las vacantes ocupadas por interinos deben cubrirse por provisión, movilidad o selección. El nombramiento es siempre provisional. Cesa en todo caso por reorganización administrativa, modificación de la relación de puestos, desdotación presupuestaria y al publicarse los nombramientos de funcionarios; en este caso, el día inmediatamente anterior al inicio del plazo de toma de posesión. A los tres años del nombramiento finaliza la interinidad, salvo convocatoria publicada dentro de esos tres años y resuelta en plazo: entonces puede permanecer hasta su resolución, sin compensación económica.

  44. Artículo 44. Selección de personal laboral temporal

    La cobertura de puestos con personal laboral temporal en la Administración General de la Junta de Andalucía requiere cumplir los requisitos y trámites que legalmente se establezcan. La selección debe garantizar la idoneidad de la persona seleccionada y hacerse por procedimientos ágiles que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. En la cobertura se está a la normativa laboral y a los convenios colectivos de aplicación.

  45. Artículo 45. Directrices en materia de temporalidad en el empleo público

    Para situar y mantener la tasa de temporalidad estructural en los límites fijados por la normativa estatal de carácter básico, la persona titular de la Secretaría General competente en materia de Administración Pública podrá dictar, por resolución, directrices para la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal funcionario interino, personal estatutario interino y sustituto y personal docente no universitario.

  46. Artículo 46. Régimen y procedimientos de promoción interna

    La promoción interna del personal funcionario de carrera es una modalidad de su carrera profesional y un derecho individual. Es horizontal (otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo, o grupo si no tiene subgrupo) o vertical (ascenso a otro subgrupo o grupo superior); el subgrupo C1 puede promocionar al A2 sin pasar por el grupo B si reúne la titulación. No cabe adquirir la condición de funcionario por promoción interna en más de un cuerpo o especialidad en la misma oferta. El personal laboral fijo que desempeñe funciones o puestos de funcionario puede participar en procesos específicos.

  47. Artículo 47. Sistemas selectivos en la promoción interna del personal funcionario de carrera

    La promoción interna del personal funcionario de carrera se hace por concurso-oposición o superando cursos o actividades formativas selectivos, sin que quienes los superen puedan exceder de las plazas convocadas. Si el acceso libre al cuerpo es por oposición, la promoción interna será en todo caso por concurso-oposición. Las convocatorias establecerán en todo caso exenciones de pruebas y/o reducción de temarios; quien quede exento de la fase de oposición no puede alegar como mérito el ejercicio superado. El Instituto Andaluz de Administración Pública impartirá formación específica.

  48. Artículo 48. Convocatorias de promoción interna del personal funcionario de carrera

    Las pruebas de promoción interna respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y se convocan de forma independiente de las de nuevo ingreso. Si el sistema es concurso-oposición, la convocatoria fijará necesariamente el baremo de méritos, que han de guardar relación con las funciones del cuerpo y especialidad: trabajo desarrollado, antigüedad y tramo de carrera horizontal consolidado, entre el veinte y el treinta por ciento cada uno; titulación académica, cursos del Instituto Andaluz de Administración Pública y otros méritos, no más del diez por ciento cada uno.

  49. Artículo 49. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera

    Puede participar en la promoción interna el personal funcionario de carrera de los cuerpos y especialidades fijados para cada modalidad: en la vertical, quien pertenezca a un cuerpo o especialidad de un subgrupo (o grupo, si no tiene subgrupo) inferior; en la horizontal, quien pertenezca a otro cuerpo o especialidad del mismo subgrupo o grupo. En ambas se exige una antigüedad de, al menos, dos años en el cuerpo o especialidad de pertenencia el día en que finaliza el plazo de solicitudes, más la titulación y el resto de requisitos generales de acceso al cuerpo o especialidad al que se aspira.

  50. Artículo 50. Acceso a cuerpos del subgrupo C1

    Para acceder por promoción interna a cuerpos y especialidades del subgrupo C1 desde cuerpos y especialidades del subgrupo C2, del área de actividad o funcional correspondiente, el requisito de titulación podrá sustituirse por diez años de antigüedad en un cuerpo o especialidad del subgrupo C2, o por cinco años más la superación de un curso específico de formación al que se accede por criterios objetivos. Este acceso se efectúa por el sistema de concurso-oposición.

  51. Artículo 51. Adjudicación de destinos

    Quien supera el proceso acredita los requisitos de acceso, salvo los inscritos en el Registro General de Personal o de consulta autorizada; la Dirección General competente en función pública puede exigirla de nuevo. Se podrán ofertar otras vacantes de la misma localidad del destino actual y de igual o inferior nivel competencial, si se cumple la relación de puestos y la Administración ve necesaria su cobertura. Quien ocupe con carácter definitivo un puesto de doble adscripción puede pedirlo si también está adscrito al cuerpo al que promociona, y queda excluido del reparto por puntuación.

  52. Artículo 52. Régimen

    La oferta de empleo público determina los cuerpos y especialidades a los que se accede por promoción interna horizontal. Las convocatorias incluyen requisitos y pruebas, y pueden eximir de algún tipo de prueba o reducir parte del temario, o ambas, respecto de conocimientos ya acreditados para acceder al cuerpo o especialidad de procedencia, si del contenido funcional se derivan los conocimientos o aptitudes requeridos. Si el sistema son actividades formativas selectivas, se exige experiencia de al menos cinco años en el grupo o subgrupo de origen a la fecha de publicación de la convocatoria.

  53. Artículo 53. Sistemas de provisión del personal funcionario de carrera

    Los puestos adscritos a personal funcionario de carrera se proveen, con carácter ordinario, por concurso y libre designación, conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y, para los puestos provistos por libre designación, idoneidad. Los procedimientos de provisión con carácter extraordinario previstos en la Ley 5/2023, de 7 de junio, y en el Capítulo III de este título atienden principalmente a las necesidades del servicio, a razones de urgencia y a las circunstancias específicas del personal funcionario, sin perjuicio de los derechos reconocidos y consolidados.

  54. Artículo 54. Normativa aplicable

    El concurso, general o específico, y la libre designación para puestos de personal funcionario de carrera se rigen por la Ley 5/2023, de 7 de junio, por este decreto y demás normativa de aplicación. La provisión extraordinaria cabe en los supuestos de esa ley, de este decreto y de la normativa estatal básica. La provisión y movilidad del personal laboral sigue los convenios colectivos aplicables y, en su defecto, el sistema del personal funcionario de carrera. Los puestos a concurso o movilidad han de ser vacantes de necesaria provisión y estar dotados presupuestariamente al convocarse.

  55. Artículo 55. Provisión de puestos y movilidad para personas con discapacidad

    Las bases indicarán la posibilidad de adaptar el puesto. La Consejería, órgano o agencia del puesto adjudicado tramita la valoración y realiza las adaptaciones y apoyos; antes se recaba informe de la unidad de inclusión del personal con discapacidad, preciso en todo caso antes de denegar. Si el puesto es de imposible adaptación, previa motivación, se ofrece una relación de vacantes con tres días hábiles para elegir y, si no hay, adscribe la Dirección General competente en función pública. Adaptaciones y cambios de destino se comunican a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial.

  56. Artículo 56. Presentación electrónica de solicitudes de participación

    El personal funcionario y el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que participe en los procesos de provisión de puestos de trabajo y de movilidad está obligado a relacionarse con la Administración mediante el uso de medios electrónicos. La obligación alcanza a los dos colectivos y a los dos tipos de proceso.

  57. Artículo 57. Clases de procedimientos ordinarios de provisión

    La provisión ordinaria de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal funcionario de carrera se lleva a cabo por convocatoria pública, mediante dos procedimientos: el concurso, que puede ser general o específico, y la libre designación con convocatoria pública. Todo ello conforme a lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo.

  58. Artículo 58. Concurso general y modalidades

    El concurso general consiste en la valoración de los méritos y capacidades de las personas candidatas para el desempeño de los puestos, conforme a las bases de la convocatoria. Se tramita preferentemente mediante la modalidad de concurso abierto y permanente: convocatoria única, permanente en el tiempo y abierta al personal funcionario de carrera que cumpla los requisitos de sus bases. De forma excepcional, si razones organizativas debidamente motivadas, apreciadas por el órgano competente para convocar, desaconsejan esa modalidad, el concurso se convocará una vez al año.

  59. Artículo 59. Órganos competentes para la convocatoria y resolución de los concursos generales

    Convoca, tramita y resuelve los concursos generales la persona titular del órgano de la Consejería que ejerza la jefatura superior de personal, para sus puestos y los de sus agencias administrativas y de régimen especial. En el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica y otras entidades institucionales con personalidad jurídica propia rige su normativa y, en su defecto, quien ejerza esa jefatura. La Consejería de función pública puede instar; la Dirección General coordina y asesora.

  60. Artículo 60. Convocatoria de los concursos generales

    Los concursos generales pueden convocarse para la generalidad de las vacantes, un determinado ámbito o puestos concretos. La persona titular de la Consejería de función pública aprueba las bases generales, previa negociación en la Mesa Sectorial de Administración General. Las convocatorias se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el concurso no es abierto y permanente, el plazo de solicitudes no podrá exceder de diez días hábiles; si lo es, en el supuesto del artículo 61.4, será de diez. Para personal con discapacidad intelectual, bases diferenciadas y adaptadas.

  61. Artículo 61. Oferta de puestos de trabajo de los concursos generales

    Las convocatorias de concurso general incluyen puestos vacantes y dotados a la fecha que fije la propia convocatoria; los ocupados en comisión de servicios interadministrativa entran una vez transcurrido el plazo del artículo 138.2 de la Ley 5/2023. Hasta antes de resolver el concurso pueden excluirse los puestos ofertados o reservados para otros procedimientos de provisión definitiva y los que la relación de puestos de trabajo considere a extinguir. En el concurso abierto y permanente hay, al menos, una oferta y una resolución de adjudicación cada cuatro meses.

  62. Artículo 62. Comisiones de valoración de los concursos generales

    Las comisiones de valoración, órganos colegiados técnicos, valoran méritos y capacidades. Las forma personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta, en número impar y mínimo de tres, con igual número de suplentes y paridad. El órgano convocante designa a sus integrantes y atribuye presidencia y secretaría. Pueden pedir informe a la Dirección General competente en función pública y contar con personas asesoras. Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial están presentes con voz pero sin voto, con una persona representante cada una.

  63. Artículo 63. Participantes en los concursos generales

    Para concursar por primera vez se exigen dos años de permanencia en el puesto definitivo obtenido por acceso libre o promoción interna, salvo adscripción provisional o reingreso sin reserva de puesto; entre concursos generales, otros dos años. Desde excedencia por interés particular o agrupación familiar hace falta más de un año; con reserva de puesto, al menos seis meses; incentivada, más de cinco años. No participa el suspenso en firme. Quien solo tiene destino provisional debe concursar. El cupo para personal del Estado, Local y otras Comunidades es, como máximo, del siete por ciento.

  64. Artículo 64. Méritos a valorar en los concursos generales

    Seis méritos, con máximo y mínimo sobre el total del baremo: experiencia profesional en los diez últimos años (35 %-22 %), carrera profesional consolidada (25 %-15 %), permanencia en el puesto (25 %-17 %), antigüedad (20 %-15 %), titulaciones académicas (15 %-12 %) y formación (10 %-7 %). Permanencia y antigüedad cuentan años completos o fracciones superiores a seis meses. El máximo es de cien puntos. El empate se resuelve por la mayor puntuación en los apartados por su orden; después, por mayor antigüedad en la Administración General de la Junta y, por último, por la letra del sorteo.

  65. Artículo 65. Concurso específico

    El concurso específico se aplica cuando, por la naturaleza de los puestos a cubrir, así esté establecido en la relación de puestos de trabajo. Consta de dos fases: la general, que valora los méritos establecidos para los concursos generales, y la específica, que valora capacidades y aptitudes relacionadas con las funciones encomendadas al puesto a cubrir.

  66. Artículo 66. Órganos competentes para la convocatoria y resolución de los concursos específicos

    Convocan y resuelven los concursos específicos: las personas titulares de las Consejerías, para los puestos adscritos a sus servicios centrales; las de los órganos directivos periféricos, para los puestos bajo su dependencia orgánica; y las de las agencias del sector público andaluz con personal funcionario de carrera, para los puestos adscritos a su ámbito. En las entidades de la Administración institucional con personalidad jurídica propia rige su normativa y, en su defecto, son competentes las personas titulares de los órganos que ejerzan la jefatura superior de personal.

  67. Artículo 67. Convocatoria de los concursos específicos

    Las convocatorias de concurso específico se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e incluyen, además de lo del artículo 60.2, la descripción de los puestos, la puntuación mínima, en su caso, y los méritos específicos con sus criterios de evaluación. Si nadie alcanza la mínima, el concurso se declara desierto; por urgencia cabe adjudicar el puesto provisionalmente, por no más de seis meses, a quien obtuvo mayor puntuación, y debe convocarse de nuevo en el plazo máximo de un mes desde ese nombramiento. El plazo de solicitudes no puede exceder de diez días hábiles.

  68. Artículo 68. Comisiones de valoración de los concursos específicos

    Las comisiones valoran méritos, capacidades y aptitudes de las dos fases. Las integra personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta, en número impar y mínimo de tres miembros, con igual número de suplentes, de grupo igual o superior al de los puestos convocados y con paridad. Las designa el órgano convocante: al menos una persona la propone el órgano competente en materia de personal del organismo afectado y otra el órgano directivo al que esté adscrita la plaza. Asisten, como observadoras, las organizaciones sindicales más representativas de la Mesa Sectorial.

  69. Artículo 69. Participantes en los concursos específicos

    A quienes participan en los concursos específicos se les aplica el artículo 63.3, 4, 5, 6 y 7. Para participar se exige una experiencia mínima de tres años como personal funcionario en el mismo subgrupo, o en el mismo grupo de clasificación profesional si este no tiene subgrupo. Además, quien obtiene un puesto por concurso específico debe permanecer en él un mínimo de tres años para participar en los sucesivos concursos específicos.

  70. Artículo 70. Méritos en los concursos específicos

    Además de los méritos del concurso general, la fase específica valora capacidades y aptitudes mediante pruebas prácticas, memorias, entrevistas u otros sistemas similares, e incluso titulaciones o competencias. La memoria analiza las tareas del puesto y los requisitos, condiciones y medios para desempeñarlo; la entrevista versa sobre los méritos específicos y, en su caso, la memoria. La fase general vale el 45 % del total y la específica el 55 %. La Consejería competente en función pública negocia los baremos con la representación sindical y los recoge en bases generales aprobadas por orden.

  71. Artículo 71. Acreditación de méritos y capacidades en los concursos generales y específicos

    Los méritos, capacidades y aptitudes para cualquier modalidad de concurso se valoran una vez al año, en los términos de las bases generales del artículo 60.2. Las solicitudes deben relacionar, en todo caso, los méritos alegados e indicar si están o no inscritos en el Registro General de Personal de la Administración de la Junta de Andalucía; los no inscritos se acreditan con documentación. También se hacen constar, por orden de preferencia, los puestos solicitados de la convocatoria.

  72. Artículo 72. Resolución en los concursos generales y específicos

    Las comisiones proponen al órgano convocante a las personas candidatas con mayor puntuación para cada puesto. La valoración de méritos de las comisiones motiva la resolución. Fuera de la modalidad abierta y permanente, el concurso general se resuelve en un máximo de seis meses desde la publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, y el específico en un mes desde el día siguiente al fin del plazo de solicitudes, ampliable hasta un máximo de cuatro meses por complejidad o número de puestos. Las resoluciones se publican en el BOJA y en la Sede Electrónica General.

  73. Artículo 73. Desistimiento y renuncia en los concursos generales y específicos

    Cabe desistir de toda la solicitud antes de acabar el plazo de presentación, salvo que las bases indiquen otra fecha posterior. El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que antes del cese efectivo o, en todo caso, del fin del plazo de cese se obtenga otro destino definitivo por concurso específico, libre designación o proceso selectivo: la persona elige y lo comunica por escrito a los órganos convocantes y a la Dirección General de función pública en tres días hábiles desde la publicación de la última adjudicación. Son destinos voluntarios y, con excepciones, sin derecho a indemnización.

  74. Artículo 74. Plazos de cese y toma de posesión en los concursos generales y específicos

    Cese: en los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en el BOJA, salvo que esta diga otra cosa; la jefatura superior de personal puede diferirlo, por necesidades del servicio motivadas, hasta veinte días hábiles. Toma de posesión: efectos del día siguiente al cese; con reingreso al servicio activo, en un mes desde la publicación. Incorporación efectiva: día hábil siguiente al cese, o un mes si hay cambio de residencia, que debe acreditarse; con reingreso, el día de la toma de posesión. Los plazos posesorios empiezan al acabar vacaciones, permisos o licencias.

  75. Artículo 75. Causas de remoción del puesto de trabajo en los concursos generales y específicos

    Quien accedió a un puesto por concurso general o específico puede ser removido por: a) cumplimiento inadecuado o rendimiento insuficiente que no comporte sanción disciplinaria, verificado con los criterios de la evaluación del desempeño y referido a los seis meses desde la incorporación; b) falta de capacidad sobrevenida o de adecuación al puesto que impida ejercer con eficacia sus funciones. También por causas sobrevenidas: supresión o alteración del contenido del puesto, hecha a través de la relación de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.

  76. Artículo 76. Procedimiento de remoción

    Cuando concurran las causas de las letras a) y b) del artículo anterior, inicia el procedimiento el órgano que realizó el nombramiento. El acuerdo de inicio indica la causa, la posibilidad de acordar la finalización con adscripción provisional a otro puesto y el derecho a alegar. Diez días hábiles de audiencia a la persona afectada; diez para la Junta de Personal; diez más para nuevas alegaciones. Propuesta en quince días hábiles tras la instrucción. Resuelve el órgano que nombró, en quince días hábiles desde que recibe la propuesta; máximo total: tres meses desde el acuerdo de inicio.

  77. Artículo 77. Efectos de la remoción

    Cuando una persona funcionaria de carrera es removida de su puesto de trabajo, la consecuencia es su adscripción provisional a otro puesto de trabajo. Esa adscripción se hace de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 134 de la Ley 5/2023, de 7 de junio.

  78. Artículo 78. Libre designación

    De acuerdo con el artículo 128 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, la libre designación con convocatoria pública es la apreciación discrecional, por el órgano competente, de la idoneidad y de las competencias de las personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Pueden proveerse así los puestos de trabajo singularizados que lo tengan establecido por disposición legal o reglamentaria, o que figuren de forma motivada en la relación de puestos de trabajo con esta forma de provisión, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

  79. Artículo 79. Convocatoria de provisión de puestos de trabajo por libre designación

    La convocatoria la efectúa el órgano competente para proveer los puestos de libre designación y recoge los datos del puesto, el cuerpo o especialidad con requisitos y competencias, y el plazo de solicitudes y órgano al que dirigirlas. Se publica en el BOJA y en la Sede electrónica general. Por urgencia o necesidad de cobertura motivadas, el puesto puede cubrirse de inmediato y provisionalmente, pudiendo prescindirse de los requisitos de experiencia y formación; debe convocarse en el plazo máximo de un mes desde el nombramiento provisional. Hay reserva del puesto de origen.

  80. Artículo 80. Participantes

    Puede participar el personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta, en cualquier situación administrativa, salvo el suspenso en firme y el imposibilitado por sanción de demérito, mientras duren. En excedencia voluntaria por interés particular o agrupación familiar, solo con más de un año; con reserva de puesto, al menos seis meses; en la incentivada, más de cinco años. El sancionado con traslado con cambio de residencia no obtiene destino en la localidad de origen durante un año (falta muy grave) o seis meses (grave), desde el traslado.

  81. Artículo 81. Solicitudes

    De conformidad con el artículo 128.5 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, el plazo de presentación de solicitudes tiene un tope: no puede exceder de diez días hábiles. Se cuentan desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

  82. Artículo 82. Propuesta de adjudicación, resolución y toma de posesión

    Nombran las personas titulares de las Consejerías y agencias, a propuesta de la persona titular del centro, organismo u órgano al que esté adscrito el puesto. Si el funcionario procede de otras Administraciones Públicas, se requiere informe del órgano directivo central de función pública. Pueden intervenir especialistas, que serán de público conocimiento. Plazo máximo de resolución: un mes desde el día siguiente al fin del plazo de solicitudes, ampliable motivadamente hasta un mes más. La resolución se motiva y se publica en el BOJA y en la Sede electrónica general.

  83. Artículo 83. Cese

    El personal funcionario nombrado por libre designación puede ser cesado con carácter discrecional, pero la resolución de cese debe motivar expresamente por qué han dejado de concurrir la idoneidad y las competencias que justificaron la elección, u otra circunstancia objetiva que determina el cese. Las personas funcionarias de carrera cesadas son adscritas provisionalmente a un puesto conforme al artículo 134 de la Ley 5/2023, de 7 de junio. Si no hay puesto adecuado o no está dotado, la Consejería de función pública crea, con carácter «a extinguir», o dota los puestos necesarios.

  84. Artículo 84. Movilidad voluntaria provisional

    Un puesto de concurso general dotado y desocupado puede proveerse, previa convocatoria en la Sede electrónica general, de forma voluntaria y provisional si concurren necesidades urgentes, inaplazables o funcionales. Participa el personal funcionario de carrera del cuerpo y especialidad del puesto que cumpla los requisitos y consienta. Solicitudes: diez días hábiles. Valora una comisión de tres funcionarios de carrera. La Consejería o agencia de origen puede denegar en diez días hábiles. Resuelve la persona titular de la Consejería o agencia del puesto, en un mes como máximo.

  85. Artículo 85. Movilidad temporal y estructural

    La persona titular de la Consejería competente en función pública puede, mientras se aprueba la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo, acordar el destino temporal del personal por reestructuración orgánica, traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma u otras circunstancias excepcionales y urgentes, precepto legal, acuerdo del Consejo de Gobierno o resolución judicial. Dura seis meses, prorrogables como máximo por un único período igual, salvo que persistan los motivos y la persona manifieste expresamente su voluntad de continuar. No excede de la provincia.

  86. Artículo 86. Movilidad forzosa provisional por cargas de trabajo

    Si excepcionalmente hay necesidades de servicio o funcionales expresamente motivadas y el puesto no ha podido proveerse por los procedimientos de los artículos 126 y 129 de la Ley 5/2023, la persona titular de la Consejería o agencia puede disponer, en su ámbito, el traslado forzoso y provisional de personal funcionario de carrera a un puesto desocupado; a otra Consejería o agencia lo dispone la titular de la Consejería de función pública, a propuesta de la solicitante. Límites: provincia y seis meses, salvo que persistan los motivos y la persona manifieste expresamente que quiere continuar.

  87. Artículo 87. Movilidad forzosa definitiva

    Agotados los procedimientos ordinarios y los extraordinarios de los artículos 129, 130 y 131 de la Ley 5/2023, puede trasladarse al personal funcionario de carrera a otra Consejería u organismo por necesidades extraordinarias. Inicia la Consejería o agencia afectada; se comunica a las Juntas de Personal y se da audiencia por plazo común de diez días. Acuerda la titular de la Consejería de función pública si afecta a dos Consejerías; dentro de una misma, la propia Consejería. No excede de la provincia. Criterios, por orden: aceptación voluntaria, mayor antigüedad y ocupación definitiva.

  88. Artículo 88. Reasignación de efectivos

    El personal funcionario de carrera cuyo puesto, ocupado con carácter definitivo, se suprima por un plan de ordenación de recursos humanos u otro instrumento de planificación podrá ser destinado con carácter definitivo, respetando el tramo de carrera profesional consolidado, a otro puesto de su cuerpo y especialidad mediante reasignación de efectivos, con los criterios objetivos del plan (capacidades, aptitudes, formación y experiencia). Si el puesto se desempeñaba de forma provisional, la persona retorna al puesto reservado, en su caso; si no hay reserva, reglas de adscripción provisional.

  89. Artículo 89. Procedimiento de reasignación de efectivos

    Tres fases. Primera: en dos meses desde la supresión, la persona titular de la Viceconsejería u órgano equivalente de la agencia puede reasignar dentro de su ámbito a un puesto similar. Segunda: si no obtiene puesto, la reasigna la titular de la Dirección General de función pública, en otros dos meses como máximo, a otra Consejería o agencia. En ambas es obligatoria en la misma localidad y voluntaria en otra, y se cobran las retribuciones del puesto suprimido. Tercera: la Dirección General puede adscribir provisionalmente o declarar la expectativa de destino.

  90. Artículo 90. Adscripción provisional

    La adscripción provisional consiste en la adjudicación provisional de un puesto de trabajo, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 5/2023, con las obligaciones del artículo 63.3.d) y las causas de remoción del artículo 75.1, a) y b) del decreto. La competencia corresponde a cada Consejería, salvo que la adscripción provisional exceda del ámbito de la Consejería de origen: en ese caso corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de función pública.

  91. Artículo 91. Permuta

    El funcionario de carrera puede solicitar, telemáticamente, la permuta del puesto al que esté adscrito de forma definitiva y adjudicado por proceso de acceso o concurso general; se publicita quince días hábiles en la Sede electrónica. Requisitos: puestos de igual naturaleza e idéntica provisión, años de servicio que no difieran en más de cinco y que a nadie le falten menos de diez para la jubilación forzosa. Informe en quince días hábiles, con silencio negativo. Autoriza la Consejería afectada en su ámbito y, en el resto, la Dirección General de función pública. No cabe otra en cinco años.

  92. Artículo 92. Atribución temporal de funciones

    Por necesidades del servicio o funcionales motivadas y por el tiempo indispensable, la persona que ostente la Viceconsejería u órgano equivalente en las agencias puede asignar temporalmente, mediante resolución, funciones propias de su cuerpo al personal funcionario, cuando no estén asignadas a puestos o no puedan atenderse con suficiencia. Se siguen percibiendo las retribuciones del puesto de pertenencia. Duración: no superior a seis meses, prorrogables otros seis por resolución motivada, salvo que persista la necesidad y la persona manifieste expresamente su voluntad de continuar.

  93. Artículo 93. Movilidad interadministrativa

    Se garantiza el derecho a la movilidad del personal funcionario de carrera de otras Administraciones, según las relaciones de puestos de trabajo, la convocatoria, la reciprocidad y los convenios. Quien obtiene destino por concurso y sufre remoción o supresión del puesto permanece en la Junta, que debe asignarle puesto. Si cesa en un puesto de libre designación, la Junta tiene un mes desde el día siguiente al cese para adscribirlo a otro puesto o notificarle que no lo hará; después, la persona debe pedir en un mes el reingreso en su Administración de origen.

  94. Artículo 94. Comisión de servicios interadministrativa

    Es un procedimiento de movilidad voluntario por el que el personal funcionario de carrera presta servicios temporalmente en otra Administración. Exige previo acuerdo de las Administraciones y aceptación de la persona; máximo un año, prorrogable anualmente hasta cuatro. Solo implica reserva del puesto si se obtuvo por concurso general y se acuerda por tiempo no superior a un año; por más tiempo puede autorizarla el Consejo de Gobierno. En la Administración General de la Junta autoriza la Dirección General de función pública. Paga íntegramente la Administración donde se presta el servicio.

  95. Artículo 95. Comisión de servicios en programas de cooperación internacional

    La persona titular de la Consejería competente en función pública puede autorizar, como movilidad voluntaria, comisiones de servicio al personal funcionario de carrera para misiones en programas de cooperación al servicio de organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras, si consta el interés de ambas instituciones. No puede exceder de seis meses y conlleva reserva de puesto si este se obtuvo por concurso general. La resolución determina si se cobra por el puesto de origen o por el desempeñado. Para la carrera profesional solo cuenta el nivel del puesto de origen.

  96. Artículo 96. Regulación y procedimiento

    La provisión de puestos de trabajo y la movilidad del personal laboral se realizan de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. A las comisiones de valoración de los procesos de provisión de puestos de personal laboral se les aplica lo previsto en el decreto, y sus miembros podrán ser personal laboral siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en el artículo 62.

  97. Artículo 97. Disposiciones generales

    Los procedimientos de movilidad de esta sección dependen de dos condiciones: que existan puestos dotados y vacantes adecuados al cuerpo, especialidad o categoría profesional de la persona interesada, preferentemente de similares condiciones retributivas a las del puesto de origen, y que se cumplan todos los requisitos de desempeño previstos en la relación de puestos de trabajo. Como excepción, cumpliendo los demás requisitos, cabe el traslado a un puesto no ocupado pero con titular con derecho a reserva, en tanto no se incorpore.

  98. Artículo 98. Movilidad por razones de salud

    Se podrá adscribir al personal funcionario o laboral fijo a puestos en distinta unidad o localidad, previa solicitud por razones de salud o rehabilitación propias, del cónyuge o pareja de hecho, de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad a su cargo, o de menores en acogimiento permanente. Exige informe previo de la Inspección Médica y puesto vacante y dotado. Resuelve, en dos meses como máximo, la Dirección General competente en función pública. Incorporación: al día siguiente del cese, o dentro de los quince días siguientes si hay cambio de residencia.

  99. Artículo 99. Movilidad por razones de violencia de género

    Las empleadas públicas víctimas de violencia de género obligadas a abandonar su puesto en la localidad donde prestaban servicios tienen derecho al traslado a otro puesto de su cuerpo, especialidad o categoría, del mismo nivel o análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. El traslado es forzoso y los destinos no se hacen públicos. Es competente cada Consejería o agencia, salvo que la movilidad exceda de la Consejería de origen: entonces, la persona titular de la Dirección General competente en materia de función pública.

  100. Artículo 100. Reserva de puestos en la movilidad por razón de violencia de género

    Durante los primeros seis meses el puesto de origen queda reservado; si en ese periodo opta por volver, los seis meses en el otro puesto cuentan como permanencia en el de origen a efectos de concurso o traslado. Después, la Administración podrá conceder, a solicitud de la interesada, el retorno a la localidad de origen por circunstancias extraordinarias. Los puestos con personal funcionario de carrera víctima adscrito no se incluyen en los concursos generales mientras duren las circunstancias. Para funcionarias interinas o personal laboral temporal la adjudicación es provisional.

  101. Artículo 101. Movilidad interadministrativa por razones de violencia de género

    La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la movilidad interadministrativa por violencia de género mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial de Administración Pública o convenios de colaboración. La acuerda la persona titular de la Dirección General competente en materia de función pública. Mientras permanezcan las circunstancias la empleada mantiene el puesto, que no puede cubrirse definitivamente; lo ocupa con carácter provisional en tanto no obtenga uno definitivo. Si desaparecen, debe comunicarlo y puede optar entre reincorporarse a su puesto de origen o permanecer.

  102. Artículo 102. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

    La condición de personal funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de estos requisitos: superación del proceso selectivo (incluidos, en su caso, prácticas o pruebas); acreditación, en su caso, de los requisitos de la convocatoria, siempre antes del nombramiento; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión en el plazo que fije la resolución de nombramiento.

  103. Artículo 103. Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera

    Son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: la renuncia; la pérdida de la nacionalidad española, de otro Estado miembro de la Unión Europea o de Estados con libre circulación de personas trabajadoras, tenida en cuenta para el nombramiento, salvo que simultáneamente se adquiera la de alguno de esos Estados y sin que se aplique cuando la nacionalidad no sea requisito de acceso; la jubilación total; la sanción disciplinaria de separación del servicio firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme.

  104. Artículo 104. Renuncia a la condición de personal funcionario de carrera

    La renuncia voluntaria se manifiesta por escrito y la acepta expresamente la Consejería competente en materia de función pública, salvo que la persona esté sujeta a procedimiento disciplinario o tenga auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Se solicita en el Registro Electrónico Único con al menos dos meses de antelación. Tramita la Dirección General competente en materia de función pública y resuelve la persona titular de la Secretaría General competente en materia de función pública. Duración máxima: dos meses; el silencio es estimatorio. No inhabilita para ingresar de nuevo.

  105. Artículo 105. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo

    El personal funcionario puede solicitar, con al menos dos meses de antelación a la edad de jubilación forzosa, prolongar el servicio activo hasta el límite de setenta años. Se concede dentro de dos meses desde la solicitud, por períodos de un año renovables anualmente; las prórrogas se piden con al menos dos meses de antelación. Duración máxima del procedimiento: dos meses, con silencio desestimatorio. Resuelve de forma motivada la Consejería a la que esté adscrito el puesto ocupado al formular la solicitud. No conlleva la pérdida del premio de jubilación.

  106. Artículo 106. Supuestos de rehabilitación

    Pueden solicitar la rehabilitación quienes perdieron la condición de personal funcionario de carrera por: a) pérdida de la nacionalidad, si recuperan la española o adquieren otra que permita el acceso al cuerpo o especialidad a que pertenecían; b) jubilación por incapacidad permanente para el servicio, si desaparece la causa que la motivó; c) condena a pena principal o accesoria de inhabilitación por sentencia judicial firme, cuando se hayan extinguido la responsabilidad penal y, en su caso, también la civil derivadas del delito.

  107. Artículo 107. Órganos competentes

    La competencia para conceder la rehabilitación depende de la situación de la persona al perder la condición de personal funcionario de carrera. Si estaba en servicio activo o en situación con reserva de puesto, es competente la Consejería a la que, en el momento de solicitarse la rehabilitación, esté adscrito el último puesto que hubiese ocupado, de forma provisional o definitiva. Si estaba en situación sin reserva de puesto, o si ese último puesto está suprimido al solicitarse la rehabilitación, la concede la Dirección General competente en materia de función pública.

  108. Artículo 108. Procedimiento

    El procedimiento de rehabilitación se inicia por solicitud en el Registro Electrónico Único y se tramita íntegramente de forma electrónica. La solicitud indica causa y fecha de la pérdida, último puesto ocupado y supuesto de rehabilitación. Se acompaña de certificación literal de nacimiento del Registro Civil (recuperación de la nacionalidad española), certificación del órgano competente del Estado (otra nacionalidad) o dictamen médico del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Duración máxima: seis meses; silencio estimatorio.

  109. Artículo 109. Resolución

    Cuando se acredita y se comprueba documentalmente que han desaparecido las causas objetivas que motivaron la pérdida, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.5, el resultado es la concesión de la rehabilitación. El verbo del precepto es imperativo: esa acreditación y comprobación documental «conllevará» la concesión.

  110. Artículo 110. Efectos

    La resolución de concesión asigna, provisionalmente, un puesto del cuerpo o especialidad y del mismo nivel que el último desempeñado, debiendo participar en los procesos ordinarios de provisión hasta obtener uno definitivo; si hay vacante dotada, adecuada y de cobertura necesaria, preferentemente en la localidad del último puesto definitivo. Toma de posesión: diez días desde el día siguiente a la notificación; si no, excedencia voluntaria por interés particular desde el día siguiente a la fecha de la resolución. Conserva los derechos de carrera consolidados; el tiempo intermedio no computa.

  111. Artículo 111. Órgano competente

    La competencia para conceder la rehabilitación corresponde al Consejo de Gobierno. Lo hace a propuesta de la Consejería competente en materia de función pública. Dos datos que retener: quién concede (Consejo de Gobierno) y quién propone (Consejería competente en materia de función pública).

  112. Artículo 112. Procedimiento

    Se aplica el artículo 108.1, 2 y 4. La solicitud se dirige a la Consejería competente en materia de función pública, con la documentación que acredite la extinción de la responsabilidad penal y, en su caso, civil. Instruye la Dirección General competente en materia de función pública, que formula propuesta de resolución y da quince días para alegaciones; después la eleva, a través de la persona titular de la Consejería de la que dependa, al Consejo de Gobierno, que dicta la resolución definitiva. Duración máxima: seis meses; sin resolución expresa dictada y notificada, silencio desestimatorio.

  113. Artículo 113. Resolución

    Aunque se acredite documentalmente la extinción de la responsabilidad en la forma del artículo 112.2, la concesión tiene carácter excepcional y atiende a las circunstancias y la entidad del delito. Criterios orientadores (artículo 121.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio): conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida; daño y perjuicio para el servicio público; relación del hecho con el cargo; gravedad de los hechos y duración de la condena; tiempo desde el delito; informes de los titulares de los órganos donde prestó servicios, y cualquier otro criterio objetivo.

  114. Artículo 114. Efectos

    En cuanto a los efectos de la rehabilitación, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 110.1, 3, 4 y 5 (la remisión no incluye el apartado 2). Si la solicitud se desestima, no puede volver a presentarse una nueva hasta que transcurran dos años desde la fecha de la notificación de la resolución denegatoria.

  115. Artículo 115. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo

    La condición de personal laboral fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cinco requisitos: superar el proceso selectivo; formalización del contrato por el órgano competente (su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en que la Junta manifiesta su voluntad de contratar); acatamiento; incorporación en plazo, y superar el período de prueba que, en su caso, corresponda. Se pierde por las causas de extinción de la normativa laboral y del convenio aplicable, incluida la no superación del período de prueba. Readmisión: Estatuto de los Trabajadores y convenios aplicables.

Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: art. 76. Ver la norma

  1. Artículo 76. Función pública y estadística

    Función pública: la Comunidad tiene el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. A la Junta, respetando la autonomía local: exclusiva sobre planificación, organización general, formación y acción social de su función pública; compartida sobre el régimen estatutario del personal de las Administraciones andaluzas; exclusiva, en personal laboral, sobre su adaptación a la organización administrativa y su formación. Estadística para fines de la Comunidad: exclusiva; en la de alcance suprautonómico, participa y colabora.

Decreto 65/1996, por el que se establece el área funcional como característica esencial de los puestos de la RPT

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Concepto y naturaleza de área funcional

    Área funcional es el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características comunes en cuanto a los conocimientos y la formación necesarios y a los procedimientos de trabajo utilizados. Tiene la naturaleza de característica esencial del puesto de trabajo (art. 12.1.b de la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta). Las áreas funcionales existentes y su contenido se recogen en el Anexo I del Decreto.

  2. Artículo 2. Area relacional

    El área relacional de un puesto de trabajo concreto es un área funcional distinta de aquella a la que está adscrito el puesto, con la que este se relaciona porque desarrolla cometidos, características y procedimientos de trabajo análogos.

  3. Artículo 3. Agrupación de áreas

    La agrupación de áreas es el conjunto de áreas funcionales homogéneas por la finalidad que persiguen en el marco del sistema administrativo. Las agrupaciones existentes se recogen en el Anexo II del Decreto. Si un área está incluida en dos agrupaciones, puede determinarse, según su contenido funcional concreto, que los puestos valgan en ambas o solo en una de ellas.

  4. Artículo 4. Adscripción de puestos de la Relación de Puestos de Trabajo

    Todos los puestos de personal funcionario de la Relación de Puestos de Trabajo deben adscribirse a un área funcional; algunos pueden tener además un área relacional y, excepcionalmente, hasta dos. La adscripción sigue criterios de homogeneidad: análisis de competencias del centro directivo, revisión de puestos (formación y tareas), análisis de procedimientos y medios, y adscripción según el Anexo I. Para los puestos ya existentes, la adscripción formal se hace por orden de la Consejería de Gobernación.

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