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C1 · Bloque III · Derecho administrativo general

Tema 18 del temario de Administrativo del Estado 2026

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 1–33 y 53–126. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto de la Ley

    La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.

  2. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

    La ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y el sector público institucional. Este último se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas solo a las normas de esta ley que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Tienen la consideración de Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

  3. Artículo 3. Capacidad de obrar

    Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuyo ejercicio les esté permitido sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

  4. Artículo 4. Concepto de interesado

    Enumera tres clases de interesado. Primera: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Segunda: los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión. Tercera: aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Y si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en ella cualquiera que sea el estado del procedimiento.

  5. Artículo 5. Representación

    Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, y con él se entienden las actuaciones salvo manifestación expresa en contra. Pueden representar las personas físicas con capacidad de obrar y las jurídicas cuando lo prevean sus estatutos. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. La acreditación admite cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, y se entiende acreditada mediante apoderamiento apud acta presencial o electrónico, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

  6. Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos

    La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse al menos los poderes de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. Debe constar también el bastanteo del poder. Los registros generales no impiden que cada Organismo tenga registros particulares para trámites específicos. Todos los registros, generales y particulares, han de ser plenamente interoperables e interconectados entre sí.

  7. Artículo 7. Pluralidad de interesados

    Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.

  8. Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento

    Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectadas por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

  9. Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento

    Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados comprobando su nombre y apellidos o razón social según consten en el DNI o documento equivalente. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, en certificados cualificados de sello electrónico, o mediante cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que exista registro previo del usuario que garantice su identidad y previa comunicación al órgano estatal competente en administración digital.

  10. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

    Los interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento y la integridad e inalterabilidad del documento. Si optan por relacionarse electrónicamente, son válidos a efectos de firma los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma, los de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados cualificados de sello, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido con registro previo del usuario y previa comunicación al órgano estatal competente.

  11. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo

    Con carácter general, para cualquier actuación del procedimiento basta con que el interesado acredite previamente su identidad. Las Administraciones solo pueden exigir el uso de firma para cinco actuaciones: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

  12. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

    Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

  13. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

    Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

  14. Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

    Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y los empleados públicos para los trámites propios de su condición. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican electrónicamente o no.

  15. Artículo 15. Lengua de los procedimientos

    La lengua de los procedimientos de la Administración General del Estado será el castellano. Los interesados que se dirijan a órganos de la AGE con sede en una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua cooficial de esa Comunidad.

  16. Artículo 16. Registros

    Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se asiente todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo o entidad vinculada, pudiendo anotarse también la salida de documentos oficiales. Los organismos vinculados pueden tener su propio registro, interoperable e interconectado con el general, que funciona como portal de acceso a todos ellos. Las disposiciones de creación de los registros se publican en el diario oficial. Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración a la que se dirijan o de cualquier otro sujeto del artículo 2.1, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. Lo presentado presencialmente deberá ser digitalizado por la oficina de asistencia en materia de registros para incorporarlo al expediente electrónico, devolviéndose los originales al interesado.

  17. Artículo 17. Archivo de documentos

    Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados. Los documentos se conservarán en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido, asegurando la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Su eliminación deberá ser autorizada conforme a la normativa aplicable. Los medios o soportes contarán con las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, e identifiquen a los usuarios y controlen los accesos.

  18. Artículo 18. Colaboración de las personas

    Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, y en su defecto, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias.

  19. Artículo 19. Comparecencia de las personas

    La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Cuando proceda, la citación hará constar expresamente lugar, fecha, hora, medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Las Administraciones entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

  20. Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación

    Los titulares de las unidades administrativas y el personal que tenga a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración de la que dependa el personal afectado.

  21. Artículo 21. Obligación de resolver

    La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora del procedimiento; cuando no lo fije, será de tres meses.

  22. Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver

    Recoge dos listas distintas. El apartado 1 enumera los casos en que el plazo máximo para resolver se podrá suspender: requerimiento de subsanación al interesado, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, procedimiento europeo pendiente que condicione la resolución, solicitud de informes preceptivos a otro órgano —con un tope de tres meses—, pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados, negociaciones para un pacto o convenio, y pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional. El apartado 2 enumera aquellos en que se suspenderá: requerimiento entre Administraciones del artículo 39.5, actuaciones complementarias del artículo 87 y recusación.

  23. Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar

    Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales a los que se refiere el artículo 21.5, el órgano competente para resolver puede acordar de forma motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. Esa ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo, que debe notificarse a los interesados, no cabe recurso alguno.

  24. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

    En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, vencido el plazo máximo sin notificar resolución expresa, la regla general es que el silencio es estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional disponga lo contrario. Es desestimatorio en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, en los procedimientos cuya estimación transfiriera facultades sobre el dominio público o el servicio público, en los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial; también en la impugnación de actos y disposiciones y en la revisión de oficio a solicitud del interesado. La estimación por silencio es un acto administrativo que finaliza el procedimiento; la desestimación solo permite recurrir. El certificado del silencio se expide de oficio en quince días.

  25. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

    En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa produce: si pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, silencio desestimatorio; si la Administración ejercita potestades sancionadoras o de intervención desfavorables, caducidad del procedimiento.

  26. Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas

    Documento público administrativo es el válidamente emitido por un órgano de una Administración Pública. Se emiten por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Para que un documento electrónico sea válido necesita cinco cosas: información archivada en soporte electrónico con formato identificable, datos de identificación, referencia temporal, los metadatos mínimos exigidos y la firma electrónica que corresponda.

  27. Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas

    Cada Administración determinará los órganos competentes para expedir copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las realizadas por una Administración tienen validez en las restantes. Pueden hacerse mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, manteniéndose un registro actualizado de funcionarios habilitados, interoperable e interconectado con los de las demás Administraciones, en el que constarán al menos los que presten servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.

  28. Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo

    Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que se opongan a ello.

  29. Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos

    Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para tramitar los asuntos, y también a los interesados.

  30. Artículo 30. Cómputo de plazos

    Si el plazo se señala por horas, son hábiles todas las del día hábil; se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación y no pueden superar veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días. Si se señala por días, se entienden hábiles y se excluyen del cómputo sábados, domingos y festivos; los días se cuentan a partir del siguiente a la notificación, publicación o silencio. Si se fija en meses o años, se cuentan también desde el día siguiente, pero el plazo concluye el mismo día del mes o año de vencimiento, y si no existe día equivalente, el último del mes. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Y si un día es hábil en el municipio del interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, se considera inhábil en todo caso.

  31. Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros

    El registro electrónico se rige, a efectos de cómputo, por la fecha y hora oficial de su sede electrónica. Permite presentar documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de los plazos que cumple el interesado, lo presentado en día inhábil se entiende hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente, y lo presentado en inhábil se reputa anterior a lo presentado ese primer día hábil. El plazo que debe cumplir la Administración arranca en la fecha y hora efectiva de presentación, que se comunica a quien presentó. El calendario de la sede es el único aplicable en los registros.

  32. Artículo 32. Ampliación

    La Administración puede conceder, de oficio o a petición del interesado, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero. Se aplica siempre el máximo en los procedimientos de misiones diplomáticas y oficinas consulares y en los que exijan trámites en el extranjero o intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición como la decisión han de producirse antes del vencimiento: un plazo ya vencido no puede ampliarse. Contra el acuerdo de ampliación o su denegación no cabe recurso. También cabe ampliar los plazos no vencidos ante una incidencia técnica o un ciberincidente.

  33. Artículo 33. Tramitación de urgencia

    Cuando razones de interés público lo aconsejen, se puede acordar de oficio o a petición del interesado la tramitación de urgencia, que reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Contra el acuerdo que la declara no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

  34. Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

    Los interesados en un procedimiento tienen derecho, entre otros, a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos originales salvo que la norma lo exija, a no aportar datos que ya obren en poder de la Administración, y a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

  35. Artículo 54. Clases de iniciación

    Una sola frase: los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

  36. Artículo 55. Información y actuaciones previas

    Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciarlo. En los procedimientos sancionadores esas actuaciones se orientan a determinar con la mayor precisión posible los hechos que puedan motivar la incoación, la identificación de los posibles responsables y las circunstancias relevantes. Las realizan los órganos con funciones de investigación, averiguación e inspección y, a falta de ellos, quien determine el órgano competente para iniciar o resolver.

  37. Artículo 56. Medidas provisionales

    Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar de forma motivada las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, con arreglo a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Antes de iniciarlo, en casos de urgencia inaplazable, puede adoptarlas el órgano competente para iniciar o instruir, pero deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, que ha de dictarse dentro de los quince días siguientes. No caben medidas que causen perjuicio de difícil o imposible reparación ni que violen derechos amparados por las leyes.

  38. Artículo 57. Acumulación

    El órgano que inicie o tramite un procedimiento puede acordar, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitarlos y resolverlos. Contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno.

  39. Artículo 58. Iniciación de oficio

    Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

  40. Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa

    Define la propia iniciativa como la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

  41. Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior

    La orden superior es la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para iniciar. En los procedimientos sancionadores, la orden expresará en la medida de lo posible las personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción y su tipificación, y el lugar y fecha o período en que se produjeron.

  42. Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos

    La petición razonada es la propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no tiene competencia para iniciar y que ha tenido conocimiento de los hechos, ocasionalmente o por tener funciones de inspección, averiguación o investigación. No vincula al órgano competente, pero este deberá comunicar al que la formuló los motivos por los que, en su caso, no procede iniciar. En los procedimientos sancionadores la petición precisará responsables, hechos, tipificación, lugar y fechas; en los de responsabilidad patrimonial, individualizará la lesión, su relación de causalidad, su evaluación económica y el momento en que se produjo.

  43. Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia

    La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. Debe expresar la identidad del denunciante y el relato de los hechos; si pudieran ser infracción, la fecha de comisión y, si es posible, los presuntos responsables. Cuando la denuncia invoque un perjuicio al patrimonio de las Administraciones, la no iniciación deberá ser motivada y se notificará al denunciante la decisión de iniciar o no. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado.

  44. Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora

    Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. En ningún caso puede imponerse una sanción sin haber tramitado el oportuno procedimiento. Y no cabe iniciar nuevos procedimientos sancionadores por conductas en cuya comisión el infractor persista de forma continuada mientras no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.

  45. Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora

    El acuerdo de iniciación se comunica al instructor con traslado de las actuaciones, y se notifica a los interesados, entendiendo por tal en todo caso al inculpado. Debe contener al menos: identificación de los presuntos responsables; los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder; identificación del instructor y, en su caso, del secretario, con indicación del régimen de recusación; el órgano competente para resolver y la norma que le atribuye la competencia, indicando la posibilidad de reconocimiento voluntario de responsabilidad con los efectos del artículo 85; y las medidas provisionales acordadas, en su caso.

  46. Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Para iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67. El acuerdo de iniciación se notifica a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles diez días para aportar alegaciones, documentos o información y proponer pruebas. El procedimiento se instruirá aunque no se personen en ese plazo.

  47. Artículo 66. Solicitudes de iniciación

    Las solicitudes deberán contener: nombre y apellidos del interesado, identificación del medio electrónico o lugar físico a efectos de notificaciones, hechos y petición, lugar y fecha, firma, y órgano al que se dirige.

  48. Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    Solo se puede pedir el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar, que prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto lesivo. En daños físicos o psíquicos el año se cuenta desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Si la indemnización procede por anulación de un acto o disposición, el año corre desde la notificación de la resolución o sentencia. La solicitud debe especificar las lesiones, la relación de causalidad, la evaluación económica si es posible y el momento en que se produjo la lesión.

  49. Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud

    Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición.

  50. Artículo 69. Declaración responsable y comunicación

    Declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos, que dispone de la documentación que lo acredita y que la mantendrá. Comunicación es el documento por el que pone en conocimiento de la Administración sus datos o cualquier dato relevante. Ambas permiten ejercer el derecho o iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación. La inexactitud, falsedad u omisión esencial impide continuar con la actividad desde que la Administración tenga constancia. Solo puede exigirse una de las dos, nunca ambas a la vez.

  51. Artículo 70. Expediente Administrativo

    El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Tiene formato electrónico y se forma agregando ordenadamente documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, con un índice numerado cuando se remita, y debe constar en él copia electrónica certificada de la resolución. Al remitirlo se envía completo, foliado, autentificado y con índice también autentificado. No forma parte del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo —notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos— ni los juicios de valor.

  52. Artículo 71. Impulso

    El procedimiento está sometido al principio de celeridad y se impulsa de oficio en todos sus trámites y por medios electrónicos, respetando la transparencia y la publicidad. En el despacho se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad de la que quede constancia; incumplirlo da lugar a responsabilidad disciplinaria y puede ser causa de remoción del puesto. El instructor o el titular de la unidad con esa función son responsables directos de la tramitación y, en especial, del cumplimiento de los plazos.

  53. Artículo 72. Concentración de trámites

    Por el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan impulso simultáneo y cuyo cumplimiento sucesivo no sea obligado. Al solicitar trámites que deban cumplir otros órganos, hay que consignar en la comunicación el plazo legal establecido al efecto.

  54. Artículo 73. Cumplimiento de trámites

    Los trámites que deban cumplimentar los interesados se realizarán en el plazo de diez días desde el siguiente al de la notificación, salvo que la norma fije otro. Si la Administración considera que algún acto del interesado no reúne los requisitos, se lo comunicará concediéndole diez días para cumplimentarlo. A quien no cumpla se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite; no obstante, se admitirá su actuación y producirá efectos si se realiza antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tiene por transcurrido el plazo.

  55. Artículo 74. Cuestiones incidentales

    Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación, salvo la recusación.

  56. Artículo 75. Actos de instrucción

    Los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos se realizan de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramita el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones. Las aplicaciones utilizadas deben garantizar el control de tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada. Los actos que requieran la intervención del interesado se practicarán del modo que le resulte más conveniente y compatible con sus obligaciones laborales o profesionales.

  57. Artículo 76. Alegaciones

    Los interesados pueden, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que el órgano competente tendrá en cuenta al redactar la propuesta de resolución. En todo momento pueden alegar defectos de tramitación, en especial los que supongan paralización, infracción de plazos preceptivos u omisión de trámites subsanables antes de la resolución definitiva; esas alegaciones pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

  58. Artículo 77. Medios y período de prueba

    Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, valorado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abrirá un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez. Podrá además abrir, a petición de los interesados y si lo considera necesario, un período extraordinario de prueba no superior a diez días. El instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

  59. Artículo 78. Práctica de prueba

    La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para practicar las pruebas admitidas. En la notificación se consignará lugar, fecha y hora, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos que le asistan. Si las pruebas se practican a petición del interesado e implican gastos que no deba soportar la Administración, esta puede exigir su anticipo, a reserva de la liquidación definitiva.

  60. Artículo 79. Petición

    Se solicitarán los informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citando el precepto que los exija o fundamentando la conveniencia de reclamarlos. En la petición se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

  61. Artículo 80. Emisión de informes

    Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Se emitirán a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos del artículo 26, en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos permita o exija otro mayor o menor. De no emitirse en plazo, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver. Si el informe debiera ser emitido por una Administración distinta y no se recibe en plazo, se podrán proseguir las actuaciones, y el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución.

  62. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento causó la presunta lesión, que no puede tardar más de diez días. Si la indemnización reclamada es igual o superior a 50.000 euros —o a la cuantía que fije la legislación autonómica— es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma; el instructor remite la propuesta en diez días desde el fin de la audiencia y el dictamen se emite en dos meses. Si se trata del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el informe preceptivo es el del Consejo General del Poder Judicial, también con dos meses de plazo.

  63. Artículo 82. Trámite de audiencia

    Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados. La audiencia es anterior a la solicitud del informe del órgano de asesoramiento jurídico o del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando formen parte del procedimiento. Los interesados dispondrán de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar documentos. Si antes del vencimiento manifiestan su decisión de no alegar ni aportar nada, se tiene por realizado el trámite. Se podrá prescindir de la audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

  64. Artículo 83. Información pública

    El órgano competente para resolver, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de información pública. Se publicará anuncio en el diario oficial para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte que se acuerde, señalando lugar de exhibición y plazo para alegaciones, que en ningún caso será inferior a veinte días. La incomparecencia no impide recurrir después. La comparecencia no otorga por sí misma la condición de interesado, pero quien presente alegaciones tiene derecho a una respuesta razonada, que puede ser común para las que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

  65. Artículo 84. Terminación

    Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud —cuando no esté prohibida— y la declaración de caducidad. También lo termina la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y en ese caso la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

  66. Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores

    En los procedimientos sancionadores, si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá resolver con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción sea únicamente pecuniaria, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada y a la indemnización de daños. En ambos casos se aplicarán reducciones de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, que deben constar en la notificación de iniciación y cuya efectividad queda condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

  67. Artículo 86. Terminación convencional

    Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de Derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento, no versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público encomendado. Pueden ser finalizadores del procedimiento o insertarse en él con carácter previo, vinculante o no, a la resolución. Su contenido mínimo es la identificación de las partes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia. Requieren aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente los acuerdos sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. No suponen alteración de las competencias atribuidas a los órganos.

  68. Artículo 87. Actuaciones complementarias

    Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver puede acordar motivadamente la realización de actuaciones complementarias indispensables. No tienen esa consideración los informes que preceden inmediatamente a la resolución final. El acuerdo se notifica a los interesados, concediéndoles siete días para alegar tras la finalización de las actuaciones. Estas deben practicarse en un plazo no superior a quince días, y el plazo para resolver queda suspendido hasta su terminación.

  69. Artículo 88. Contenido

    La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento. Sobre cuestiones conexas no planteadas el órgano puede pronunciarse, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días para alegar y proponer prueba. En los procedimientos a solicitud del interesado la resolución será congruente con sus peticiones, sin que pueda agravar su situación inicial, y sin perjuicio de que la Administración incoe de oficio un nuevo procedimiento. La resolución expresará los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo, sin perjuicio de que los interesados ejerciten cualquier otro. En ningún caso puede la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos aplicables.

  70. Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador

    En los procedimientos sancionadores, el órgano instructor resolverá la finalización con archivo de actuaciones, sin necesidad de propuesta de resolución, cuando concurra alguna de estas circunstancias: inexistencia de los hechos; hechos no acreditados; hechos probados que no constituyan de modo manifiesto infracción; inexistencia o falta de identificación de responsables, o responsables exentos; o prescripción de la infracción. Fuera de esos casos, concluida la instrucción formulará propuesta de resolución notificada a los interesados, con puesta de manifiesto del procedimiento y plazo para alegar.

  71. Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores

    La resolución sancionadora incluirá, además del contenido general, la valoración de las pruebas practicadas, la fijación de los hechos y de los responsables, las infracciones cometidas y las sanciones que se imponen, o la declaración de que no existe infracción o responsabilidad. No se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su distinta valoración jurídica. Si el órgano competente considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta, lo notificará al inculpado para que alegue en quince días. La resolución será ejecutiva cuando no quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa.

  72. Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

    Recibido el dictamen del artículo 81.2 —o terminado el trámite de audiencia cuando no sea preceptivo— el órgano competente resuelve o somete la propuesta de acuerdo para su formalización. La resolución debe pronunciarse sobre si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización. Transcurridos seis meses desde el inicio sin resolución expresa notificada, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización.

  73. Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

    En la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial los resuelve el Ministro respectivo, o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga. En el ámbito autonómico y local resuelven los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. En las Entidades de Derecho Público, sus normas de régimen jurídico pueden designar el órgano competente y, en su defecto, se aplican las reglas de este artículo.

  74. Artículo 93. Desistimiento por la Administración

    En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

  75. Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados

    Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos cuando la renuncia no esté prohibida. Si el escrito lo formularon varios interesados, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes lo hicieron. Pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia. La Administración los acepta de plano y declara concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados personados insten su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados. Si el asunto entraña interés general, la Administración puede limitar los efectos al interesado y seguir el procedimiento.

  76. Artículo 95. Requisitos y efectos

    En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad. Consumido el plazo sin que reanude la tramitación, se acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo. Contra la resolución que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad en la cumplimentación de trámites que no sean indispensables para resolver: esa inactividad solo produce la pérdida del derecho al trámite. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción.

  77. Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

    Cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada. En cualquier momento anterior a la resolución puede acordarse continuar por la vía ordinaria. Si la simplificada se acuerda de oficio, debe notificarse a los interesados, y si alguno manifiesta oposición expresa se seguirá la ordinaria. Si la solicita el interesado y no concurren las razones, el órgano puede desestimarla en cinco días, y transcurrido ese plazo se entenderá desestimada. Los procedimientos simplificados deberán resolverse en treinta días, y constarán únicamente de los trámites que el artículo enumera.

  78. Artículo 97. Título

    Las Administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material está obligado a notificar al interesado la resolución que autoriza la actuación.

  79. Artículo 98. Ejecutoriedad

    Los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo cuatro excepciones: que se suspenda la ejecución; que se trate de una resolución sancionadora contra la que quepa recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; que una disposición establezca lo contrario; o que se necesite aprobación o autorización superior. Cuando de la resolución nazca una obligación de pago a la Hacienda pública, se efectuará preferentemente por medios electrónicos: tarjeta, transferencia, domiciliación o cualquier otro autorizado.

  80. Artículo 99. Ejecución forzosa

    Las Administraciones, a través de sus órganos competentes, podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución conforme a la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

  81. Artículo 100. Medios de ejecución forzosa

    La ejecución forzosa se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por estos medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Si fueran admisibles varios, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en lugares que requieran autorización de su titular, habrá que obtener su consentimiento o, en su defecto, la autorización judicial.

  82. Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio

    Si en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

  83. Artículo 102. Ejecución subsidiaria

    Cabe la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. La Administración realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado. El importe de gastos, daños y perjuicios se exige por la vía de apremio del artículo anterior, y podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

  84. Artículo 103. Multa coercitiva

    Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones pueden imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, en tres supuestos: actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa; actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente; y actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.

  85. Artículo 104. Compulsión sobre las personas

    Los actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ejecutarse por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si se trata de obligaciones personalísimas de hacer y no se realiza la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se hacen en vía administrativa.

  86. Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias

    No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

  87. Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos

    Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declararán de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Con el mismo dictamen podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin dictamen, cuando no se basen en alguna causa de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Iniciado de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad; iniciado a solicitud, el silencio es desestimatorio.

  88. Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables

    Las Administraciones podrán impugnar ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa declaración de lesividad para el interés público. La declaración no podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. No es susceptible de recurso, aunque puede notificarse a efectos informativos. Transcurridos seis meses desde la iniciación sin declararse la lesividad, el procedimiento caduca.

  89. Artículo 108. Suspensión

    Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

  90. Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores

    Las Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos.

  91. Artículo 110. Límites de la revisión

    Las facultades de revisión del Capítulo no podrán ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

  92. Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado

    En el ámbito estatal son competentes para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; los Secretarios de Estado, respecto de los órganos directivos que de ellos dependan; y en los organismos públicos y entidades de derecho público, los órganos a los que estén adscritos respecto de los actos de su máximo órgano rector, y los máximos órganos rectores respecto de los demás.

  93. Artículo 112. Objeto y clases

    Cabe recurso de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y contra los actos de trámite cualificados: los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Pueden fundarse en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. Frente a los demás actos de trámite no cabe recurso: la oposición se alega para que se tenga en cuenta en la resolución final. Las leyes pueden sustituir la alzada por otros procedimientos de impugnación, mediación o arbitraje ante órganos colegiados no sometidos a instrucciones jerárquicas.

  94. Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión

    Contra los actos firmes en vía administrativa solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

  95. Artículo 114. Fin de la vía administrativa

    Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada; las de los procedimientos que sustituyan a la alzada del artículo 112.2; las de los órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley disponga lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de relación de que derive; la de los procedimientos complementarios en materia sancionadora del artículo 90.4; y las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca.

  96. Artículo 115. Interposición de recurso

    El escrito de interposición debe expresar el nombre, apellidos e identificación del recurrente; el acto que se recurre y la razón de la impugnación; lugar, fecha y firma, con el medio y lugar a efectos de notificaciones; el órgano, centro o unidad al que se dirige y su código de identificación; y las demás particularidades exigidas por disposiciones específicas. El error o la ausencia de calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieran causado.

  97. Artículo 116. Causas de inadmisión

    Son causas de inadmisión del recurso: ser incompetente el órgano cuando el competente pertenezca a otra Administración —en cuyo caso el recurso deberá remitirse al competente—; carecer de legitimación el recurrente; tratarse de un acto no susceptible de recurso; haber transcurrido el plazo de interposición; y carecer manifiestamente de fundamento.

  98. Artículo 117. Suspensión de la ejecución

    Interponer un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario. El órgano competente para resolver puede suspenderla, de oficio o a solicitud del recurrente y previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el que sufriría el recurrente, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se funde en alguna causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1. Si transcurre un mes desde que la solicitud entró en el registro electrónico sin resolución expresa notificada, la ejecución se entiende suspendida.

  99. Artículo 118. Audiencia de los interesados

    Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que aleguen en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. No se tendrán en cuenta hechos, documentos o alegaciones del recurrente que pudo aportar en el trámite de alegaciones y no aportó, ni cabe pedir pruebas cuya falta de práctica en el procedimiento originario le fuera imputable. Si hay otros interesados, se les dará traslado del recurso en el mismo plazo. El recurso, los informes y las propuestas no son documentos nuevos, ni tampoco lo son los aportados por los interesados antes de la resolución impugnada.

  100. Artículo 119. Resolución

    La resolución del recurso estimará en todo o en parte, desestimará o declarará la inadmisión. Si existe vicio de forma y no procede resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio se cometió, sin perjuicio de la eventual convalidación del artículo 52. El órgano que resuelve decidirá cuantas cuestiones, de forma y de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas, oyendo antes a los interesados en este último caso; pero la resolución será congruente con las peticiones del recurrente sin que pueda agravarse su situación inicial.

  101. Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos

    Cuando deban resolverse varios recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio, el órgano podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión se notifica a los interesados, que podrán recurrirlo; el recurso de uno no afecta a los demás procedimientos suspendidos. Recaído el pronunciamiento judicial, se comunica a los interesados y el órgano podrá resolver sin trámite adicional, salvo el de audiencia cuando proceda.

  102. Artículo 121. Objeto

    Las resoluciones y actos del artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán recurrirse en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección de personal y cualesquiera otros que actúen con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado a su presidente. El recurso puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y copia completa y ordenada del expediente, siendo su titular responsable directo del cumplimiento de esa remisión.

  103. Artículo 122. Plazos

    El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses; transcurrido sin resolución, se podrá entender desestimado.

  104. Artículo 123. Objeto y naturaleza

    Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o impugnarse directamente ante el orden contencioso-administrativo. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que la reposición sea resuelta expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

  105. Artículo 124. Plazos

    El plazo para interponer la reposición será de un mes si el acto fuera expreso; transcurrido, solo cabrá el contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Contra la resolución de una reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

  106. Artículo 125. Objeto y plazos

    Contra los actos firmes en vía administrativa cabe recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano que los dictó, que también lo resuelve, por cuatro causas: error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente; aparición de documentos de valor esencial, aunque sean posteriores, que evidencien el error; documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; y resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia firme. El plazo es de cuatro años para el error de hecho y de tres meses en los demás casos.

  107. Artículo 126. Resolución

    El órgano competente podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, sin recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurridos tres meses desde la interposición sin resolución notificada, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 1–4. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.

  2. Artículo 2. Ámbito Subjetivo

    La ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades locales y sector público institucional. Este se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a lo que específicamente se refiera a ellas —en particular a los principios del artículo 3— y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

  3. Artículo 3. Principios generales

    Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

  4. Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad

    Cuando establezcan medidas que limiten derechos o exijan requisitos para desarrollar una actividad, las Administraciones deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación a los fines perseguidos, sin producir diferencias de trato discriminatorias, y deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Para velar por el cumplimiento de la legislación aplicable pueden comprobar, verificar, investigar e inspeccionar, con los límites de la normativa de protección de datos.

Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

En este tema: arts. 18–30. Ver la norma

  1. Artículo 18

    Tienen capacidad procesal ante el orden contencioso-administrativo quienes la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, además, los menores de edad para defender los derechos e intereses legítimos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos también la tienen, pero solo cuando la Ley así lo declare expresamente.

  2. Artículo 19

    Están legitimados: quienes ostenten un derecho o interés legítimo; corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos afectados o habilitados para intereses colectivos; la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales territoriales frente a actos de otras; el Ministerio Fiscal; las Entidades de Derecho público; cualquier ciudadano en la acción popular; y, en igualdad de trato y LGTBI, entidades con autorización de la persona afectada. En acoso solo está legitimada la persona acosada. La Administración autora impugna su acto previa declaración de lesividad.

  3. Artículo 20

    No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública: a) sus propios órganos y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente; b) los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella; c) las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la Administración de la que dependan, salvo las dotadas por Ley de un estatuto específico de autonomía.

  4. Artículo 21

    Son parte demandada: las Administraciones u órganos del artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso; las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación; y las aseguradoras de las Administraciones, siempre codemandadas. En Organismos sujetos a fiscalización: demandado el autor si el resultado es aprobatorio; la fiscalizadora si no se aprueba íntegramente. Los órganos que resuelven recursos especiales de contratación no son parte demandada. Si se alega la ilegalidad de una disposición general, también lo es su autora.

  5. Artículo 22

    Regula la sucesión procesal. Si la legitimación de las partes deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte. La sucesión es posible en cualquier estado del proceso: el precepto no la limita a un momento ni a un trámite determinado.

  6. Artículo 23

    Ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado; si la representación se confiere al Abogado, a él se notifican las actuaciones. Ante órganos colegiados, deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. Los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, usando los sistemas electrónicos. La representación puede conferirse electrónicamente.

  7. Artículo 24

    La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales no se regula en este artículo, que se limita a remitir a tres fuentes: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y las normas que sobre la materia, y en el marco de sus competencias, hayan dictado las Comunidades Autónomas.

  8. Artículo 25

    El recurso contencioso-administrativo es admisible frente a las disposiciones de carácter general y frente a los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite. Los de trámite solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

  9. Artículo 26

    Las disposiciones de carácter general pueden impugnarse directamente y también de forma indirecta: recurriendo los actos que se produzcan en su aplicación con fundamento en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. Ni la falta de impugnación directa de la disposición general ni la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden impugnar después los actos de aplicación por ese motivo.

  10. Artículo 27

    Si un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra esa disposición. Dos excepciones: si el mismo órgano es competente también para el recurso directo, su sentencia declara la validez o nulidad de la disposición; y el Tribunal Supremo anula cualquier disposición general, en cualquier grado, sin plantear cuestión.

  11. Artículo 28

    No se admite el recurso contencioso-administrativo contra dos clases de actos: los que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Son dos requisitos distintos: el acto reproducido ha de ser definitivo y firme; el acto confirmado ha de estar consentido precisamente por no haberse recurrido en tiempo y forma.

  12. Artículo 29

    Inactividad prestacional (ap. 1): si la Administración está obligada a una prestación concreta en favor de personas determinadas, por disposición general que no precise actos de aplicación o por acto, contrato o convenio administrativo, quienes tengan derecho pueden reclamarla; pasados tres meses desde la reclamación sin cumplimiento ni acuerdo, cabe recurso contra la inactividad. Inejecución de actos firmes (ap. 2): los afectados solicitan la ejecución y, si no se produce en un mes, cabe recurso por el procedimiento abreviado del artículo 78.

  13. Artículo 30

    En caso de vía de hecho, el interesado puede (no es obligatorio) formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si no formula esa intimación, o si la formula y no es atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, puede deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

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