C2 · Materias comunes
Tema 2 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026
La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial. El Gobierno y la Administración del Estado.
Qué legislación entra en este tema
- Constitución Española · arts. 56–127
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público · arts. 54–80
- Ley 50/1997, del Gobierno · entera
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En este tema: arts. 56–127. Ver la norma
Artículo 56. El Rey, Jefe del Estado
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados.
Artículo 57. Sucesión a la Corona
La Corona de España es hereditaria. En la sucesión regirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
Artículo 58. La Reina consorte y el consorte de la Reina
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
Artículo 59. La Regencia
Si el Rey es menor de edad, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder según el orden constitucional, durante toda la minoría de edad. Si el Rey se inhabilita y las Cortes Generales reconocen la imposibilidad, la Regencia la asume el Príncipe heredero si es mayor de edad; si no lo es, se sigue la regla anterior hasta que la alcance. Si no hubiera nadie a quien corresponda, la nombrarán las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercerla hay que ser español y mayor de edad, y se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
Artículo 60. La tutela del Rey menor
Será tutor del Rey menor la persona que hubiese nombrado en su testamento el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; y a falta de ambos, lo nombrarán las Cortes Generales. No podrán acumularse los cargos de Regente y tutor salvo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es además incompatible con todo cargo o representación política.
Artículo 61. Proclamación y juramento del Rey
El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento y además el de fidelidad al Rey.
Artículo 62. Funciones del Rey
Corresponde al Rey, entre otras funciones: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer y nombrar al candidato a Presidente del Gobierno; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales.
Artículo 63. El Rey en las relaciones internacionales
El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Y le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey
Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
Artículo 65. La Casa Real
El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y la distribuye libremente. Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
Artículo 66. Cortes Generales
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Son inviolables.
Artículo 67. Incompatibilidades y prohibición del mandato imperativo
Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
Artículo 68. El Congreso de los Diputados
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de disolución de la Cámara.
Artículo 69. El Senado
El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designará un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El Senado es elegido por cuatro años.
Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad
La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales estará sometida al control judicial.
Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias
Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato gozarán además de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y percibirán una asignación fijada por las respectivas Cámaras.
Artículo 72. Autonomía de las Cámaras
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; los Reglamentos y su reforma requieren una votación final de totalidad por mayoría absoluta. Las Cámaras eligen sus Presidentes y los demás miembros de sus Mesas, y las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso. Los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes.
Artículo 73. Períodos ordinarios de sesiones
Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre el primero, y de febrero a junio el segundo. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las extraordinarias se convocan sobre un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado.
Artículo 74. Sesiones conjuntas de las Cámaras
Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras; en el primer caso el procedimiento se inicia en el Congreso y en los otros dos en el Senado, y si no hubiera acuerdo se intentará obtener mediante una Comisión Mixta paritaria cuyo texto votarán ambas Cámaras. Si aun así no se aprueba, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
Artículo 75. Funcionamiento en Pleno y en Comisiones
Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. Podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, aunque el Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de lo delegado. Quedan exceptuados de esa delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 76. Comisiones de investigación
El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y la ley regulará las sanciones por incumplir esa obligación.
Artículo 77. Peticiones dirigidas a las Cámaras
Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan.
Artículo 78. Las Diputaciones Permanentes
En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, asumir las facultades de las Cámaras conforme a los artículos 86 y 116 cuando estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas. Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes, y reunida la Cámara darán cuenta de los asuntos tratados.
Artículo 79. Adopción de acuerdos y quórum
Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y de las que para elección de personas fijen los Reglamentos. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
Artículo 80. Publicidad de las sesiones
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
Artículo 81. Leyes orgánicas
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Artículo 82. Delegación legislativa y decretos legislativos
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, nunca sobre las reservadas a ley orgánica. La delegación se otorga por ley de bases cuando se trata de formar un texto articulado, y por ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos en uno solo. Debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota por el uso que haga de ella el Gobierno; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado; y no permite subdelegar en autoridades distintas del propio Gobierno.
Artículo 83. Límites de las leyes de bases
Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación contraria a una delegación
Cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Artículo 85. Denominación de los decretos legislativos
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos.
Artículo 86. Decretos-leyes
En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso —convocado al efecto si no estuviera reunido— dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Artículo 87. Iniciativa legislativa
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio de la iniciativa popular, que exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni sobre la prerrogativa de gracia.
Artículo 88. Los proyectos de ley
Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.
Artículo 89. Tramitación de las proposiciones de ley
La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del artículo 87. Las proposiciones que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso para que se tramiten allí como tal proposición.
Artículo 90. Intervención del Senado: veto y enmiendas
Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado dispone de dos meses desde la recepción para, mediante mensaje motivado, oponer su veto —que requiere mayoría absoluta— o introducir enmiendas. El proyecto no puede ir al Rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.
Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
Artículo 92. El referéndum consultivo
Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.
Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes
La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.
Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución
La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Artículo 97. Función del Gobierno
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Artículo 98. Composición del Gobierno
El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
Artículo 99. Investidura del Presidente
El Rey propone un candidato a Presidente del Gobierno, que expone su programa ante el Congreso. Si el Congreso otorga su confianza por mayoría absoluta, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.
Artículo 100. Nombramiento y separación de los miembros del Gobierno
Los demás miembros del Gobierno —es decir, todos salvo el Presidente— son nombrados y separados por el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.
Artículo 101. Cese del Gobierno y Gobierno en funciones
El Gobierno cesa en cuatro supuestos: tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
Artículo 102. Responsabilidad penal del Presidente y de los miembros del Gobierno
La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearla la cuarta parte de los miembros del Congreso y necesita la aprobación de su mayoría absoluta. La prerrogativa real de gracia no se aplica a ninguno de estos supuestos.
Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.
Artículo 104. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.
Artículo 105. Audiencia al ciudadano, acceso a archivos y procedimiento
La ley regulará tres materias: la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones y asociaciones, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado.
Artículo 106. Control judicial de la Administración y responsabilidad patrimonial
Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican. Además, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.
Artículo 107. El Consejo de Estado
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Artículo 108. Responsabilidad política del Gobierno
El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras
Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Artículo 110. Comparecencia del Gobierno ante las Cámaras
Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. A su vez, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y pueden solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.
Artículo 111. Interpelaciones y preguntas
El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.
Artículo 112. La cuestión de confianza
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.
Artículo 113. Moción de censura
El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluirá un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción no podrá votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación.
Artículo 114. Efectos de la pérdida de confianza y de la moción de censura
Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey y se procederá a designar Presidente según el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno.
Artículo 115. Disolución de las Cámaras por el Presidente
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, y el decreto fijará la fecha de las elecciones. La propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo previsto en el artículo 99.5.
Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio
Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.
Artículo 117. Independencia del Poder Judicial y unidad jurisdiccional
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. No podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional —juzgar y hacer ejecutar lo juzgado— corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, que no ejercerán más funciones que ésa y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización, y se prohíben los Tribunales de excepción.
Artículo 118. Cumplimiento de las resoluciones judiciales
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Artículo 119. Gratuidad de la Justicia
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales
Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
Artículo 121. Indemnización por error judicial
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
Artículo 122. El Consejo General del Poder Judicial
La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera —que formarán un Cuerpo único— y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, y está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.
Artículo 123. El Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Su Presidente será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
Artículo 124. El Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 125. Acción popular y jurado
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Artículo 126. La policía judicial
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Artículo 127. Incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales
Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y la ley establecerá el sistema y modalidades de su asociación profesional. La ley establecerá además el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar su total independencia.
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público
En este tema: arts. 54–80. Ver la norma
Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado
La Administración General del Estado actúa y se organiza según los principios del artículo 3 y, además, los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección del sector público institucional estatal, conforme a los artículos 55 bis y 84 bis. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios que no estén atribuidas específicamente por Ley a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda.
Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado
La organización responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno. La Administración General del Estado comprende la Organización Central —Ministerios y servicios comunes—, la Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado; y órganos directivos, los Subsecretarios y Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y Directores generales y los Subdirectores generales. En la organización territorial son directivos los Delegados del Gobierno, con rango de Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno, con nivel de Subdirector general. En el exterior lo son los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Todos ellos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación y a los directivos desarrollarlos y ejecutarlos.
Artículo 55 bis. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado
Las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.
Artículo 56. Elementos organizativos básicos
Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades complejas, que agrupen dos o más menores. Los jefes de las unidades son responsables del correcto funcionamiento de estas y de la adecuada ejecución de sus tareas. Las unidades se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano.
Artículo 57. Los Ministerios
La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo cada uno uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización departamental no impide que existan órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados en la estructura general del Ministerio que, con carácter excepcional, se adscriban directamente al Ministro. El número, denominación y ámbito de competencia de los Ministerios y de las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Artículo 58. Organización interna de los Ministerios
En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad, de las que dependen jerárquicamente los órganos directivos adscritos. Los Ministerios contarán en todo caso con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas, y se organizan en Subdirecciones Generales, que también pueden adscribirse directamente a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores.
Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas
Las Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales
Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí así: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos, categoría de Director general.
Artículo 61. Los Ministros
Los Ministros dirigen los sectores de actividad de su Ministerio y asumen la responsabilidad de esa dirección. Entre sus funciones: ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del Departamento; fijar objetivos, aprobar planes de actuación y asignar recursos; aprobar las propuestas de estados de gastos; determinar la organización interna; evaluar los planes y ejercer el control de eficacia sobre órganos y organismos dependientes; nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros; mantener relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias Sectoriales; impartir instrucciones y delegar competencias; revisar de oficio los actos y resolver conflictos de atribuciones; celebrar contratos y convenios; administrar los créditos y fijar los límites por debajo de los cuales corresponden a Secretarios de Estado y Subsecretario; resolver recursos y declarar la lesividad; conceder subvenciones; y imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
Artículo 62. Los Secretarios de Estado
Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica, y pueden ostentar por delegación expresa del Ministro su representación. Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia y responden ante el Ministro. Les corresponde ejercer las competencias que les atribuya la norma de creación o les delegue el Ministro; impulsar objetivos y proyectos, supervisar los órganos adscritos e impartir instrucciones; nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado; mantener relaciones con las Comunidades Autónomas; celebrar contratos y convenios no reservados al Ministro; conceder subvenciones con los límites del titular del Departamento; resolver los recursos contra resoluciones de los órganos directivos que dependan de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, y los conflictos de atribuciones entre ellos; y administrar los créditos de la Secretaría de Estado.
Artículo 63. Los Subsecretarios
Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes. Les corresponde, entre otras: apoyar a los órganos superiores en la planificación; asistir al Ministro en el control de eficacia; establecer los programas de inspección de los servicios; dirigir el funcionamiento de los servicios comunes; asistir en materia de relaciones de puestos de trabajo y presupuestos; desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento; responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro; dirigir la Secretaría General Técnica; administrar créditos y conceder subvenciones con los límites fijados; nombrar y cesar a los Subdirectores dependientes de la Subsecretaría y al personal eventual; convocar y resolver pruebas selectivas y concursos; y ejercer la potestad disciplinaria por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales del Subgrupo A1.
Artículo 64. Los Secretarios generales
Cuando las normas de estructura de un Ministerio prevean un Secretario general, deberán determinar sus competencias sobre un sector de actividad administrativa determinado. Ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes —las del artículo 62.2.b)— y las que les asigne el Real Decreto de estructura. Con categoría de Subsecretario, son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente del Gobierno, entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos
Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tienen las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Tienen a todos los efectos categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades del artículo siguiente. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales del Subgrupo A1.
Artículo 66. Los Directores generales
Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Les corresponde proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos del Ministro, dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento; ejercer las competencias atribuidas y las desconcentradas o delegadas; proponer en los demás casos la resolución procedente; e impulsar y supervisar la gestión ordinaria. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita, en atención a las características específicas de las funciones, que su titular no reúna esa condición, lo que deberá motivarse mediante memoria razonada.
Artículo 67. Los Subdirectores generales
Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados y de la gestión ordinaria de los asuntos de su competencia. Son nombrados —respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad— y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan, entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones cuando lo prevean las normas aplicables, del Subgrupo A1.
Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios
Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los demás órganos del Ministerio la asistencia precisa y, en particular, la eficiente utilización de los medios asignados. Les corresponde el asesoramiento, apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en materias como planificación, programación y presupuestación; cooperación internacional y acción exterior; organización y recursos humanos; sistemas de información y comunicación; producción normativa; asistencia jurídica; gestión financiera; medios materiales y servicios auxiliares; seguimiento, control e inspección de servicios; estadística para fines estatales; y publicaciones. Funcionan de acuerdo con las directrices de los Ministerios con competencia sobre esas funciones comunes. Mediante Real Decreto puede preverse su gestión compartida, coordinada directamente por el Ministerio de Hacienda o un organismo autónomo suyo —prestándolos a otros Ministerios—, o por la Subsecretaría de cada Ministerio o un organismo autónomo suyo, prestándolos a todo el Ministerio.
Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno
Existirá una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, con sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno autonómico, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra y sin perjuicio de lo que disponga el Estatuto de Autonomía. Las Delegaciones están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda. En cada provincia de las Comunidades pluriprovinciales existirá un Subdelegado del Gobierno, bajo la inmediata dependencia del Delegado. En las uniprovinciales podrán crearse Subdelegaciones por Real Decreto cuando lo justifiquen circunstancias como la población, el volumen de gestión o singularidades geográficas, sociales o económicas.
Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que determine la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales del Subgrupo A1. Dependen jerárquicamente del Delegado o del Subdelegado cuando este cargo exista, y ejercen en su ámbito territorial las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno.
Artículo 71. Los servicios territoriales
Los servicios territoriales se organizan en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. La organización de los no integrados se establece por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministerio del que dependan y del competente en racionalización de estructuras, cuando haya unidades con nivel de Subdirección General, o por Orden conjunta si afecta a órganos inferiores. Los no integrados dependen del órgano central competente sobre su sector, que les fija objetivos y controla su ejecución. Los integrados dependen del Delegado o Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actúan conforme a las instrucciones técnicas y criterios operativos del Ministerio competente por razón de la materia.
Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado que corresponde a los Presidentes autonómicos. Dirigen y supervisan la Administración General del Estado en ese territorio y la coordinan con la administración autonómica y local. Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo a competencia profesional y experiencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, les suple el Subdelegado que designen y, en su defecto, el de la provincia donde esté la sede; en uniprovinciales sin Subdelegado, el Secretario General.
Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
A los Delegados del Gobierno les corresponde: en dirección y coordinación, impulsar y supervisar la actividad estatal en el territorio y dirigir los servicios integrados, nombrar a los Subdelegados y, en su caso, a los Directores Insulares, e informar preceptivamente las propuestas de nombramiento de titulares de órganos territoriales; en información, coordinar la de los programas del Gobierno y elevar anualmente un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales; en coordinación con otras Administraciones, promover convenios y participar en Comisiones mixtas de transferencias y bilaterales de cooperación; en control de legalidad, resolver los recursos contra actos de los órganos de la Delegación —previo informe del Ministerio competente—, suspender la ejecución de actos impugnados y promover conflictos de jurisdicción o de atribuciones; y en políticas públicas, formular propuestas y proponer medidas contra la duplicidad de estructuras. Ejercen además la potestad sancionadora y expropiatoria, y protegen el libre ejercicio de los derechos y la seguridad ciudadana, con la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
En cada provincia, y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales del Subgrupo A1. En las Comunidades uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asume las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados.
Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias
A los Subdelegados del Gobierno les corresponde: desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de la provincia, informando sobre la incidencia territorial de los programas de financiación estatal; proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia; dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito provincial; dirigir los servicios integrados conforme a las instrucciones del Delegado y de los Ministerios, e impulsar, supervisar e inspeccionar los no integrados; coordinar la utilización de los medios materiales, en particular los edificios administrativos; y ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que le confieran las normas o le sea desconcentrada o delegada.
Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones se fija por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda, en razón de su dependencia orgánica, y contarán en todo caso con una Secretaría General, dependiente del Delegado o, en su caso, del Subdelegado, como órgano de gestión de los servicios comunes, de la que dependerán los servicios integrados y las demás unidades que determine la relación de puestos de trabajo. La integración o desintegración de servicios territoriales se realiza por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio competente del área de actividad.
Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico-financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercen, respectivamente, por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con su normativa específica.
Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, encargado de coordinar la actuación de la Administración periférica con los distintos Departamentos ministeriales. Sus atribuciones, composición y funcionamiento se regulan mediante Real Decreto.
Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno
En cada Comunidad Autónoma pluriprovincial existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él e integrada por los Subdelegados de las provincias, a cuyas sesiones asistirán los titulares de los servicios territoriales —integrados y no integrados— que el Delegado considere. Sus funciones son coordinar las actuaciones que deban ejecutarse de forma homogénea, homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas mediante criterios comunes compatibles con las instrucciones ministeriales, y asesorar en las propuestas de simplificación y racionalización. En las uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado, presidida por él e integrada por el Secretario General y los titulares de los servicios que considere. En cada Subdelegación existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado, con la misma composición y funciones referidas al ámbito provincial.
Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado
El Servicio Exterior del Estado se rige, en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal, por la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.
Ley 50/1997, del Gobierno
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Artículo 1. Del Gobierno
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. Sus miembros se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
Artículo 2. Del Presidente del Gobierno
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros. Entre otras funciones: representa al Gobierno; fija su programa político; propone al Rey la disolución de las Cámaras y plantea la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros; propone el referéndum consultivo, previa autorización del Congreso; convoca y preside el Consejo de Ministros; crea por Real Decreto Ministerios y Secretarías de Estado; y propone al Rey Vicepresidentes y Ministros.
Artículo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno
Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponde ejercer las funciones que les encomiende el Presidente. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial ostenta, además, la condición de Ministro.
Artículo 4. De los Ministros
Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. Les corresponde desarrollar la acción del Gobierno en su Departamento, conforme a los acuerdos del Consejo de Ministros o a las directrices del Presidente; ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su Departamento; refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia, y las demás competencias que se les atribuyan. Podrán existir Ministros sin cartera; por Real Decreto se fijan sus competencias, estructura y medios.
Artículo 5. Del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-leyes y Legislativos y los reglamentos de desarrollo de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado. Acuerda la negociación y firma de Tratados; declara los estados de alarma y excepción y propone al Congreso el de sitio; emite Deuda Pública si una Ley lo autoriza, y crea, modifica y suprime los órganos directivos de los Ministerios. Pueden asistir, si son convocados, los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos. Sus deliberaciones son secretas.
Artículo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno
Las Comisiones Delegadas se crean, modifican y suprimen por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente. El Real Decreto de creación especifica quién la preside, los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran, sus funciones, a quién corresponde la Secretaría y el régimen interno. Pueden convocarse titulares de otros órganos superiores y directivos. Examinan cuestiones generales, estudian asuntos que requieran propuesta conjunta y resuelven los que no deban elevarse al Consejo de Ministros. Sus deliberaciones son secretas.
Artículo 7. De los Secretarios de Estado
Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan o, si están adscritos a la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección del Presidente. Sus competencias son las que determina la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
La Comisión General la integran los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios; asiste también el Abogado General del Estado. La preside un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el Ministro de la Presidencia. La Secretaría la ejerce el Subsecretario de la Presidencia y, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Director del Secretariado del Gobierno. Sus deliberaciones son reservadas y no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno. Examina los asuntos que van al Consejo de Ministros, con excepciones.
Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno
El Secretariado del Gobierno apoya al Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: asiste al Ministro-Secretario, remite convocatorias, custodia actas y vela por la buena regulación y la publicación de las normas. Como asistencia al Ministro de la Presidencia tramita la sanción y promulgación de las leyes y los actos del Rey que refrenda el Presidente. Se integra en el Ministerio de la Presidencia y propone a su Ministro las instrucciones de tramitación; su Director ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General.
Artículo 10. De los Gabinetes
Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial y no pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración General del Estado, aunque los directores pueden dictar los actos propios de la jefatura de su unidad. El Gabinete de la Presidencia se regula por Real Decreto del Presidente; el resto, por esta Ley. El nivel orgánico de los Directores se fija reglamentariamente; las retribuciones, por el Consejo de Ministros.
Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo
Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 12. Del nombramiento y cese
El Presidente es nombrado y cesa en los términos de la Constitución. Los Vicepresidentes y Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente; el nombramiento conlleva el cese en el puesto anterior, salvo el Vicepresidente que sea Ministro y conserve su Departamento. En esos nombramientos cada sexo ha de suponer como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto. La separación de Ministros sin cartera extingue el órgano; la de Vicepresidentes también, salvo que simultáneamente se designe otro en sustitución. El estatuto tras el cese del Presidente: por Real Decreto.
Artículo 13. De la suplencia
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno las asumen los Vicepresidentes, según su orden de prelación, y, en su defecto, los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario, se determina por Real Decreto del Presidente del Gobierno, que expresa entre otras cuestiones su causa y carácter, y recae en todo caso en otro miembro del Gobierno. La interrupción transitoria de la asistencia a una reunión no es ausencia: ejerce las funciones la siguiente autoridad en rango presente.
Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Se les aplica, asimismo, el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado
Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. La suplencia entre los del mismo Departamento sigue el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio; los que dependen directamente de la Presidencia del Gobierno son suplidos por quien designe el Presidente. Se les aplica el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.
Artículo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes
Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros se nombran y separan por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros; los de los Secretarios de Estado, por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. Cesan automáticamente cuando cesa el titular del cargo del que dependen; con Gobierno en funciones continúan hasta la formación del nuevo Gobierno. Los funcionarios que se incorporen pasan a servicios especiales, salvo que opten por el servicio activo en origen; el personal no funcionario tiene reserva de puesto y antigüedad.
Artículo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno
El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la propia Ley 50/1997 y además por: a) los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo; y b) las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
Artículo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros
El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros y fija su orden del día; actúa como Secretario el Ministro de la Presidencia. Las reuniones pueden tener carácter decisorio o deliberante. De las sesiones se levanta acta en la que figuran, exclusivamente, las circunstancias de tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.
Artículo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se les aplica lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 50/1997 en relación con las actas de dichos órganos colegiados. El artículo no regula por sí mismo el contenido de esas actas: se remite al artículo 18.
Artículo 20. Delegación y avocación de competencias
Pueden delegar competencias propias el Presidente del Gobierno (en Vicepresidentes y Ministros) y los Ministros (en Secretarios de Estado y Subsecretarios dependientes de ellos, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y demás órganos directivos del Ministerio). A propuesta del Presidente, las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables en las Comisiones Delegadas. El apartado 3 enumera las competencias no delegables en ningún caso. El Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente, puede avocar asuntos de las Comisiones Delegadas por acuerdo motivado.
Artículo 21. Del Gobierno en funciones
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El cesante sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y limita su gestión al despacho ordinario, salvo urgencia debidamente acreditada o interés general. Su Presidente no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; el Gobierno no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos ni presentar proyectos de ley.
Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en dos lugares: el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el propio Título de la Ley del Gobierno en el que se encuentra este artículo.
Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor
Sin perjuicio del artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de leyes o reglamentos cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros y que impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia de su ejercicio, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. No se aplica a los reales decretos-leyes, ni cuando el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.
Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros
Formas de las decisiones del Gobierno y de sus miembros: Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes; Reales Decretos del Presidente del Gobierno; Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros; Acuerdos del Consejo de Ministros (lo que no deba ser Real Decreto); Acuerdos de las Comisiones Delegadas, con forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia si la competencia es de distintos Ministros; y Órdenes Ministeriales. Jerarquía de los reglamentos: 1.º Real Decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Orden Ministerial.
Artículo 25. Plan Anual Normativo
El Gobierno aprueba anualmente un Plan Normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a elevarse para su aprobación en el año siguiente. El Plan identifica las normas que se someterán a un análisis sobre los resultados de su aplicación. Si se eleva una propuesta que no figuraba en el Plan, hay que justificarlo en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Lo coordina el Ministerio de la Presidencia, cuyo Ministro lo eleva al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril. Los modelos de información se aprueban por orden del Ministerio de la Presidencia.
Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos
Procedimiento de anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y normas reglamentarias: estudios y consultas previos; consulta pública en el portal web, con un tiempo no inferior a quince días naturales; Memoria del Análisis de Impacto Normativo preceptiva; informes preceptivos, salvo otra previsión normativa, en diez días, o un mes si se piden a otra Administración o a un órgano de especial independencia; informe de la Secretaría General Técnica; y audiencia e información públicas de 15 días hábiles como mínimo, reducible hasta siete por razones motivadas o tramitación urgente.
Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado
El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa, puede acordar la tramitación urgente de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos: a) para que la norma entre en vigor en el plazo de transposición de directivas comunitarias o el de otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea; b) por otras circunstancias extraordinarias que no pudieron preverse. Efectos: plazos a la mitad, sin consulta pública, audiencia o información públicas en siete días y la falta de un informe preceptivo en plazo no impide continuar.
Artículo 28. Informe anual de evaluación
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprueba antes del 30 de abril de cada año un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas no incluidas en él y las de informes anteriores con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año evaluado. Incluye las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas evaluadas, que comprende en todo caso eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Puede contener recomendaciones de modificación y, en su caso, derogación.
Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno
El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Todos sus actos y omisiones están sometidos al control político de las Cortes Generales. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de su Ley Orgánica reguladora.
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