Tema 37 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 99. Objeto del contrato

El objeto debe ser determinado y puede definirse por necesidades o funcionalidades, sin solución única. No cabe fraccionarlo para disminuir la cuantía y eludir publicidad o procedimiento. Si la naturaleza o el objeto lo permiten, se divide en lotes; no dividir exige motivos válidos justificados en el expediente, salvo en concesión de obras. Pueden limitarse los lotes a los que se oferta o que se adjudican, indicándolo en el anuncio y en el pliego. La oferta integradora exige cuatro requisitos. Cada lote constituye un contrato, salvo otra previsión en el pliego u ofertas integradoras.

Artículo 100. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. Debe ser adecuado a los precios del mercado y se desglosa en el pliego o documento regulador indicando costes directos e indirectos y otros eventuales gastos. Si los salarios forman parte del precio total, indica los costes salariales con desagregación de género y categoría profesional, a partir del convenio laboral de referencia. No es necesario aprobarlo antes de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición.

Artículo 101. Valor estimado

El valor estimado se calcula sin IVA: en obras, suministros y servicios es el importe total pagadero; en concesiones, el importe neto de la cifra de negocios de la concesionaria. Incluye opciones eventuales, prórrogas, primas y las modificaciones al alza previstas. El método de cálculo debe figurar en todo caso en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. En servicios sin precio total de hasta cuarenta y ocho meses se toma el valor de toda la duración; si la superan o no tienen duración cierta, el valor mensual por 48. Con lotes se atiende al valor global de todos.

Artículo 102. Precio

Los contratos del sector público tienen siempre un precio cierto, con el IVA incluido e indicado como partida independiente. Con carácter general se expresa en euros, aunque puede preverse su pago total o parcial en otra moneda. Puede formularse en precios unitarios o a tanto alzado. Excepcionalmente caben precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y en ellos no cabe la revisión de precios. Se prohíbe el pago aplazado en los contratos de las Administraciones Públicas, con las excepciones del apartado 8.

Artículo 103. Procedencia y límites

Los precios solo pueden ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Previa justificación en el expediente, cabe en contratos de obra, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, de suministro de energía y en otros con período de recuperación de la inversión igual o superior a cinco años. Salvo en suministro de energía, tiene lugar cuando se ha ejecutado al menos el 20 por ciento del importe (no exigible en concesión de servicios) y ha transcurrido un año desde la formalización. La fórmula es invariable durante la vigencia del contrato.

Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución

Si la cláusula de revisión se aplica sobre períodos en los que el contratista ha incurrido en mora, se tienen en cuenta los índices de precios de las fechas establecidas en el contrato para realizar la prestación en plazo. Si los índices del período real de ejecución producen un coeficiente inferior, se aplican estos últimos. Todo ello sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes.

Artículo 105. Pago del importe de la revisión

El importe de las revisiones que procedan se hace efectivo de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Para su cobertura se tramita a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto. Los posibles desajustes respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables, se pueden hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional

No procede exigir garantía provisional, salvo que de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. Su importe no puede ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el IVA; en acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, del valor estimado. Con lotes se atiende a los lotes a los que se vaya a ofertar. Responde del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato; inmediatamente después se extingue automáticamente y se devuelve a los licitadores.

Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva

Las mejores ofertas obligan a constituir una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA; con precios provisionales se calcula sobre el precio máximo fijado y con precios unitarios se atiende al presupuesto base de licitación. El órgano de contratación puede eximir de ella justificándolo en el pliego, pero no en contratos de obras ni de concesión de obras. En casos especiales cabe una complementaria de hasta un 5 por 100, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100. En las concesiones de obras y de servicios lo fija en cada caso el órgano de contratación.

Artículo 108. Garantías definitivas admisibles

La garantía definitiva puede prestarse en efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública; mediante aval de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España; o mediante contrato de seguro de caución. Si lo prevén los pliegos, en obras, suministros y servicios, y en concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, puede constituirse mediante retención en el precio. Puede acreditarse por medios electrónicos.

Artículo 109. Constitución, reposición y reajuste de garantías

El licitador con la mejor oferta debe acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo del artículo 150.2; si no lo hace por causas a él imputables, no se adjudica a su favor. Si se hacen efectivas sobre ella penalidades o indemnizaciones, debe reponerla o ampliarla en quince días desde la ejecución, o incurre en causa de resolución. Si una modificación varía el precio, se reajusta en quince días desde la notificación del acuerdo. Si el contrato excede los cinco años y el seguro de caución es de plazo inferior, debe renovarse o prorrogarse con dos meses de antelación mínima.

Artículo 110. Responsabilidades a que están afectas las garantías

La garantía definitiva responde únicamente de: la obligación de formalizar el contrato en plazo; las penalidades impuestas al contratista; la correcta ejecución de las prestaciones, incluidas las mejoras aceptadas, los gastos originados a la Administración por la demora del contratista y los daños y perjuicios cuando no proceda la resolución; y la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros responde de la inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía previsto en el contrato.

Artículo 111. Devolución y cancelación de las garantías definitivas

La garantía no se devuelve o cancela hasta el vencimiento del plazo de garantía y el cumplimiento satisfactorio del contrato, o hasta que se declare su resolución sin culpa del contratista. El acuerdo de devolución se adopta y notifica en dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido un año desde la terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin recepción formal ni liquidación por causas no imputables al contratista, se devuelve una vez depuradas las responsabilidades; ese plazo se reduce a seis meses en los supuestos del último párrafo.

Artículo 112. Régimen de las garantías prestadas por terceros

Quienes, sin ser el contratista, presten garantías a su favor no pueden utilizar el beneficio de excusión de los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. El avalista o asegurador es parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada. En el seguro de caución, el tomador es el contratista y el asegurado la Administración contratante; la falta de pago de la prima no da derecho a resolver el contrato, ni extingue el seguro, ni suspende la cobertura, ni libera al asegurador; y este no puede oponer al asegurado las excepciones que le correspondan contra el tomador.

Artículo 113. Preferencia en la ejecución de garantías

Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, la Administración contratante tiene preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual sea su naturaleza y el título de su crédito. Si la garantía no basta para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la diferencia se cobra por el procedimiento administrativo de apremio, conforme a las normas de recaudación. En caso de concurso, los créditos derivados de obligaciones ex lege o surgidos de actos administrativos son créditos con privilegio general.

Artículo 114. Supuestos y régimen

En los contratos de entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá exigir garantía: a licitadores o candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación y, en su caso, formalización; o al adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución. Dicho órgano fija el importe y el régimen de devolución o cancelación, sin sobrepasar los límites de los artículos 106.2 y 107.2. Puede presentarse en las formas del artículo 108, sin necesidad de constituirla en la Caja General de Depósitos.

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido

Los contratos de las Administraciones Públicas requieren un expediente previo, iniciado por el órgano de contratación y publicado en el perfil de contratante. Abarca la totalidad del objeto e incorpora los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, el certificado de existencia de crédito y, en su caso, la fiscalización previa. Justifica, entre otros extremos, el procedimiento de licitación, el valor estimado con los costes laborales si existiesen y la decisión de no dividir en lotes. Con aportaciones de distinta procedencia hay un solo expediente.

Artículo 117. Aprobación del expediente

Completado el expediente, el órgano de contratación lo aprueba por resolución motivada y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. Implica también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido establecerse antes o de que las normas de desconcentración o el acto de delegación dispongan lo contrario; entonces se recaba la aprobación del órgano competente. Se publica en el perfil de contratante. Los expedientes pueden ultimarse, incluso con adjudicación y formalización, aunque la ejecución deba iniciarse el ejercicio siguiente.

Artículo 198. Pago del precio

El pago puede ser total o parcial, con abonos a cuenta (también por operaciones preparatorias, con garantía). La Administración aprueba la conformidad en treinta días desde la entrega y paga en los treinta días siguientes a esa aprobación; si se demora, abona intereses y costes de cobro. La factura se presenta en treinta días. Demora superior a cuatro meses: suspensión, avisando con un mes de antelación; superior a seis: resolución. Los abonos a cuenta solo se embargan por salarios y cuotas sociales o por deudas con subcontratistas y suministradores. Las Comunidades Autónomas pueden reducir los plazos.

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Concepto de subvención

Subvención es toda disposición dineraria de los sujetos del artículo 3 a favor de personas públicas o privadas con tres requisitos: sin contraprestación directa, sujeta a un objetivo, proyecto, actividad, comportamiento o situación, y con objeto de fomentar una actividad de utilidad pública o interés social o promover una finalidad pública. Quedan fuera las aportaciones entre Administraciones para financiar globalmente su actividad, las cuotas de entidades locales a sus asociaciones y los supuestos del apartado 4, como las prestaciones de la Seguridad Social o los beneficios fiscales.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo

Las subvenciones de las Administraciones públicas se ajustan a la ley. A estos efectos lo son la Administración General del Estado, las entidades que integran la Administración local y la Administración de las comunidades autónomas. También se ajustan a ella los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en la medida en que sus subvenciones sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. A las demás entregas dinerarias sin contraprestación de esos entes que se rijan por derecho privado se aplican los principios de gestión y los de información.

Artículo 4. Exclusiones del ámbito de aplicación de la ley

Quedan fuera del ámbito de la ley cuatro supuestos: los premios otorgados sin la previa solicitud del beneficiario; las subvenciones de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General; las de la Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de los Partidos Políticos; y las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, en los términos de los Reglamentos del Congreso y del Senado, y a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y grupos políticos de las corporaciones locales, según su propia normativa.

Artículo 5. Régimen jurídico de las subvenciones

Las subvenciones se rigen, en los términos del artículo 3, por la ley y sus disposiciones de desarrollo, por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado. Las que otorguen consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones u organismos o entes dependientes de ellas, y las que deriven de convenios entre estas, se regulan según el instrumento jurídico de creación o el propio convenio, que en todo caso deben ajustarse a las disposiciones de la ley.

Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea

Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se rigen por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas. Los procedimientos de concesión y de control regulados en la ley tienen carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a esas subvenciones.

Artículo 7. Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea

Las Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que gestionen y controlen ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea asumen las responsabilidades derivadas de esas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por decisiones de los órganos de la Unión. Resuelven sobre ellas, previa audiencia de las entidades afectadas, los órganos de la Administración General del Estado y sus entidades competentes para coordinar cada fondo o, en su defecto, para proponer o coordinar los pagos. En defecto de pago voluntario, el importe se deduce de futuros libramientos.

Artículo 8. Principios generales

Quien proponga establecer subvenciones debe concretar antes, en un plan estratégico, los objetivos y efectos pretendidos, el plazo necesario, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las bases reguladoras hacen referencia al plan en el que se integran. Si los objetivos afectan al mercado, deben dirigirse a corregir fallos claramente identificados con efectos mínimamente distorsionadores. La gestión se rige por publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia.

Artículo 9. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones

Si los proyectos de subvención deben comunicarse conforme a los artículos 87 a 89 del Tratado, se comunican a la Comisión de la Unión Europea y la subvención no puede hacerse efectiva hasta ser considerada compatible con el mercado común. Antes de otorgar subvenciones deben aprobarse las bases reguladoras, que se publican en el BOE o en el diario oficial correspondiente. Además se exige: competencia del órgano concedente, crédito adecuado y suficiente, tramitación del procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto por el órgano competente.

Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones

En la Administración General del Estado conceden subvenciones los Ministros, los Secretarios de Estado y los presidentes o directores de sus organismos y entidades, previa consignación presupuestaria. Más de 12 millones de euros exige autorización previa del Consejo de Ministros o, si lo establece la normativa reguladora, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que no implica aprobar el gasto. En concurrencia competitiva se obtiene antes de aprobar la convocatoria. Cabe desconcentrar por real decreto. En las corporaciones locales rige la legislación de régimen local.

Artículo 11. Beneficiarios

Es beneficiario la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o que esté en la situación que legitima la concesión. Si es persona jurídica y lo prevén las bases, también lo son sus miembros asociados que se comprometan a ejecutar actividades en nombre y por cuenta de aquella. Si las bases lo prevén expresamente, pueden serlo agrupaciones y comunidades de bienes sin personalidad; la agrupación hace constar en solicitud y resolución los compromisos e importes de cada miembro, nombra un representante o apoderado único y no puede disolverse hasta la prescripción.

Artículo 12. Entidades colaboradoras

Es entidad colaboradora la que, en nombre y por cuenta del órgano concedente, entrega y distribuye los fondos a los beneficiarios cuando lo establezcan las bases, o colabora en la gestión sin previa entrega y distribución; esos fondos en ningún caso integran su patrimonio. Pueden serlo organismos y entes públicos, sociedades mercantiles de participación pública íntegra o mayoritaria, las asociaciones de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 y demás personas jurídicas con solvencia y eficacia. Comunidades autónomas y corporaciones locales pueden serlo del Estado, y a la inversa.

Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora

Pueden ser beneficiario o entidad colaboradora quienes estén en la situación que fundamenta la subvención o cumplan las bases y la convocatoria. El apartado 2 enumera las prohibiciones, salvo que la normativa reguladora las exceptúe por la naturaleza de la subvención. Para subvenciones de más de 30.000 euros, las personas con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004 acreditan sus plazos de pago, salvo otra previsión de las bases, en 10 días hábiles desde la notificación de la propuesta provisional. La prohibición que no derive de sentencia firme no puede exceder de cinco años.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios

El beneficiario debe: cumplir el objetivo; justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora; someterse a comprobación y control financiero, nacional y comunitario; comunicar otras subvenciones o ingresos tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de la justificación; acreditar antes de dictarse la propuesta de resolución que está al corriente tributario y con la Seguridad Social; disponer de libros y registros; conservar los justificantes, incluidos los electrónicos; adoptar medidas de difusión y reintegrar. La rendición de cuentas se instrumenta con la justificación.

Artículo 15. Obligaciones de las entidades colaboradoras

La entidad colaboradora debe: entregar a los beneficiarios los fondos según los criterios de las bases reguladoras y del convenio suscrito con la entidad concedente; comprobar, en su caso, las condiciones del otorgamiento y la realización de la actividad; justificar la entrega de los fondos ante el órgano concedente y, en su caso, entregar la justificación de los beneficiarios; y someterse a comprobación y control financiero. Si la colaboradora es la Administración General del Estado, sus organismos públicos o una comunidad autónoma, el control lo hacen sus propios órganos dependientes.

Artículo 16. Convenios y contratos con Entidades Colaboradoras

Entre el órgano concedente y la entidad colaboradora se formaliza un convenio de colaboración. Vigencia máxima: cuatro años, con modificación y prórroga por mutuo acuerdo antes de que finalice; las prórrogas no pueden superar el período inicial y el total no puede exceder de seis años, salvo subsidiación de préstamos (hasta su total cancelación). El apartado 3 fija el contenido mínimo. Las colaboradoras sujetas a derecho privado se seleccionan con publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación; si se aplica plenamente la ley de contratos, la selección se rige por ella y hay contrato.

Artículo 17. Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones

En la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público, las bases reguladoras las establecen los ministros correspondientes, por orden ministerial, previo informe de los servicios jurídicos y de la Intervención Delegada, y se publican en el «Boletín Oficial del Estado»; no hace falta orden si las normas sectoriales ya incluyen las bases. En las corporaciones locales se aprueban en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, por ordenanza general de subvenciones o por ordenanza específica. El apartado 3 fija su contenido mínimo, de la letra a) a la n).

Artículo 18. Publicidad de las subvenciones

La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones. Las administraciones concedentes deben remitirle información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas. Los beneficiarios deben dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos de la Ley 19/2013, de transparencia (si se usa la previsión de su artículo 5.4, la Base de Datos sirve de medio electrónico para cumplirlo), y dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación, en los términos reglamentariamente establecidos.

Artículo 19. Financiación de las actividades subvencionadas

La normativa reguladora puede exigir financiación propia, que debe acreditarse, y determina el régimen de compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. El importe de las subvenciones en ningún caso puede superar, aisladamente o en concurrencia con otras, el coste de la actividad subvencionada. La alteración de las condiciones puede dar lugar a modificar la resolución. Los rendimientos financieros incrementan la subvención y se aplican a la actividad, salvo que las bases dispongan motivadamente lo contrario; no rige si el beneficiario es una Administración pública.

Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

La Base de Datos Nacional de Subvenciones la administra y custodia la Intervención General de la Administración del Estado. Inscribe a las personas incursas en ciertas prohibiciones hasta 10 años después de acabar la prohibición. Suministran la información: en el sector público estatal, los titulares de los órganos concedentes; en comunidades autónomas y entidades locales, su Intervención u órgano que designen. La información es reservada, salvo las cesiones tasadas; violar el secreto es siempre falta disciplinaria muy grave. Convocar sin seguir el procedimiento es causa de anulabilidad.

Artículo 21. Régimen de garantías

El artículo no fija por sí mismo ninguna regla sobre las garantías: se limita a decir que su régimen, sus medios de constitución, su depósito y su cancelación se establecerán reglamentariamente. Esas garantías son las que tengan que constituir tanto los beneficiarios como las entidades colaboradoras.

Artículo 22. Procedimientos de concesión

El procedimiento ordinario es la concurrencia competitiva: se comparan las solicitudes, se ordenan según los criterios fijados y se adjudican las de mayor valoración. La propuesta la formula al órgano concedente un órgano colegiado, cuya composición fijan las bases, a través del órgano instructor. Excepcionalmente, si las bases lo prevén, cabe el prorrateo. Concesión directa: nominativas en los presupuestos, impuestas por norma de rango legal y, con carácter excepcional, por razones de interés público, social, económico o humanitario. No cabe superar la cuantía de la convocatoria.

Artículo 23. Iniciación

El procedimiento se inicia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, publicada en la BDNS y, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado». No hay que aportar documentos ya en poder de la Administración actuante si se indican fecha y órgano y no han pasado más de cinco años desde el fin del procedimiento. Si se admite declaración responsable, la documentación se requiere antes de la propuesta de resolución, en un plazo no superior a 15 días. Subsanación de la solicitud: plazo máximo e improrrogable de 10 días; si no, se le tiene por desistido.

Artículo 24. Instrucción

Instruye el órgano que designe la convocatoria, que actúa de oficio. La instrucción comprende la petición de informes (plazo de emisión de 10 días, salvo que el instructor pida uno menor o mayor, que no puede exceder de dos meses) y la evaluación de las solicitudes; cabe una fase de preevaluación. El órgano colegiado informa del resultado de la evaluación y el instructor formula la propuesta de resolución provisional, motivada, con 10 días para alegaciones. Examinadas estas, se formula la definitiva. Las propuestas no crean derecho alguno mientras no se notifique la resolución de concesión.

Artículo 25. Resolución

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resuelve. La resolución se motiva conforme a las bases reguladoras y hace constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo plazo mayor por norma con rango de ley o por normativa de la Unión Europea, y se computa desde la publicación de la convocatoria, salvo que esta posponga sus efectos. Vencido sin notificación, los interesados pueden entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Artículo 26. Notificación de la resolución

La resolución del procedimiento se notifica a los interesados conforme al artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de esa notificación o publicación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 59 de la misma ley.

Artículo 27. Reformulación de las solicitudes

Si la subvención financia actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la propuesta de resolución provisional es inferior al solicitado, se puede instar del beneficiario que reformule su solicitud para ajustar compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siempre que las bases reguladoras lo hayan previsto. Cuando la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remite con todo lo actuado al órgano competente para resolver. La reformulación debe respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención y los criterios de valoración.

Artículo 28. Concesión directa

La resolución de concesión y, en su caso, los convenios que canalicen estas subvenciones fijan condiciones y compromisos. Los convenios son el instrumento habitual para las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado o en los de las corporaciones locales. El Gobierno aprueba por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales de las subvenciones del artículo 22.2 c), con un contenido mínimo: objeto, régimen jurídico, beneficiarios y modalidades de ayuda, procedimiento y justificación.

Artículo 29. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios

Subcontratar es concertar con terceros la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada; no lo es contratar los gastos necesarios para realizarla por sí mismo. Solo cabe si la normativa reguladora lo prevé y hasta el porcentaje de las bases; si no lo fijan, hasta el 50 por ciento del importe de la actividad. Si lo concertado excede del 20 por ciento de la subvención y esta supera 60.000 euros, contrato escrito y autorización previa de la entidad concedente. Los contratistas quedan obligados solo ante el beneficiario. El apartado 7 lista con quién no cabe concertar en ningún caso.

Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas

La justificación se documenta como se determine reglamentariamente: cuenta justificativa, módulos o estados contables. Rendir la cuenta es acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora; forma y plazo los fijan las bases y, en su defecto, tres meses como máximo desde el fin del plazo de realización. Los gastos se acreditan con facturas o documentos equivalentes, también facturas electrónicas. En inmuebles, además, certificado de tasador independiente acreditado e inscrito. No justificar o hacerlo de forma insuficiente lleva al reintegro.

Artículo 31. Gastos subvencionables

Son subvencionables los gastos que respondan indubitadamente a la actividad, sean estrictamente necesarios y se realicen en plazo (si no hay plazo, antes de acabar el año natural de la concesión), sin superar el valor de mercado. Salvo que las bases dispongan otra cosa, gasto realizado es el pagado antes de terminar el período de justificación. Bienes inventariables: destino no inferior a cinco años si son inscribibles y a dos el resto. Nunca subvencionables: intereses deudores de cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones; gastos de procedimientos judiciales.

Artículo 32. Comprobación de subvenciones

El órgano concedente comprueba tres cosas: la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. La entidad colaboradora, en su caso, realiza en nombre y por cuenta del órgano concedente las comprobaciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 15.

Artículo 33. Comprobación de valores

La Administración puede comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por uno o varios medios: precios medios, cotizaciones, registros fiscales, dictamen de peritos de la Administración, tasación pericial contradictoria u otras pruebas admitidas. El valor comprobado es la base para calcular la subvención y se notifica motivado con la resolución de liquidación. El beneficiario puede promover la tasación pericial contradictoria dentro del plazo del primer recurso. Si la diferencia es inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento, vale la tasación de su perito; si no, perito tercero.

Artículo 34. Procedimiento de aprobación del gasto y pago

Antes de la convocatoria o de la concesión directa debe aprobarse el gasto. La resolución de concesión conlleva el compromiso del gasto. Se paga previa justificación del beneficiario; se pierde el derecho al cobro, total o parcial, por falta de justificación o por las causas del artículo 37. Caben pagos a cuenta, si la naturaleza de la subvención lo justifica, y pagos anticipados, previstos con sus garantías en la normativa reguladora. No se paga si el beneficiario no está al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social o es deudor por resolución de reintegro.

Artículo 35. Retención de pagos

Acordado el inicio del procedimiento de reintegro, el órgano concedente puede acordar como medida cautelar la suspensión de los libramientos de pago pendientes, a iniciativa propia o de una decisión de la Comisión Europea, o a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado o de la autoridad pagadora, sin superar el importe fijado en la propuesta o resolución de inicio, con los intereses de demora. Exige resolución motivada y notificada. Es proporcional, dura hasta la resolución del expediente y se levanta si desaparece su causa o el interesado propone garantía suficiente.

Artículo 36. Invalidez de la resolución de concesión

Son causas de nulidad de la resolución de concesión las del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 y la carencia o insuficiencia de crédito. Son causas de anulabilidad las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas de esta ley. En esos supuestos el órgano concedente procede a la revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación obliga a devolver lo percibido. No procede la revisión de oficio cuando concurra alguna causa de reintegro del artículo siguiente.

Artículo 37. Causas de reintegro

Procede el reintegro de lo percibido, con interés de demora desde el pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro (o hasta que el deudor ingrese, si es antes), entre otros, por: obtener la subvención falseando u ocultando condiciones; incumplir total o parcialmente objetivo, actividad o proyecto; no justificar o hacerlo insuficientemente; no adoptar las medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa al control; y demás supuestos de la normativa reguladora. También se reintegra, con interés de demora, el exceso sobre el coste de la actividad.

Artículo 38. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia

Las cantidades a reintegrar son ingresos de derecho público y se cobran conforme a la Ley General Presupuestaria. El interés de demora en materia de subvenciones es el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro. El destino de los reintegros de fondos de la Unión Europea es el que, en su caso, determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para exigir el reintegro tienen siempre carácter administrativo.

Artículo 39. Prescripción

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años. Se cuenta, según el caso, desde que venció el plazo para presentar la justificación, desde la concesión (supuesto del artículo 30.7) o desde que venció el período en que debían cumplirse o mantenerse condiciones u obligaciones. Se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del beneficiario o entidad colaboradora, por recursos, remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o denuncia ante el Ministerio Fiscal, y por actuaciones fehacientes de aquellos.

Artículo 40. Obligados al reintegro

Beneficiarios y entidades colaboradoras deben reintegrar la totalidad o parte de lo percibido más los intereses de demora, con independencia de las sanciones. Responden solidariamente los miembros de las entidades del artículo 11, los representantes legales del beneficiario sin capacidad de obrar y los socios de sociedades disueltas y liquidadas, estos hasta el límite de su cuota de liquidación. Responden subsidiariamente los administradores de sociedades mercantiles y los representantes legales de otras personas jurídicas. Por fallecimiento, la obligación se transmite a los causahabientes.

Artículo 41. Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro

El órgano concedente es el competente para exigir el reintegro al beneficiario o entidad colaboradora cuando aprecie alguno de los supuestos del artículo 37. Si el reintegro lo acuerdan los órganos de la Unión Europea, ejecuta esos acuerdos el órgano a quien corresponda la gestión del recurso. Si la subvención la concedió la Comisión Europea u otra institución comunitaria y la obligación de restituir surge de una actuación fiscalizadora de instituciones españolas distinta del control financiero, el acuerdo lo dicta el órgano gestor nacional, de oficio o a propuesta.

Artículo 42. Procedimiento de reintegro

El procedimiento de reintegro se rige por el título VI de la Ley 30/1992, con las especialidades de esta ley. Se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia) y también a consecuencia del informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Se garantiza en todo caso la audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar es de 12 meses desde el acuerdo de iniciación; si vence sin notificar resolución expresa, caduca. La resolución pone fin a la vía administrativa.

Artículo 43. Coordinación de actuaciones

El pronunciamiento del órgano gestor sobre la aplicación de los fondos por los perceptores de subvenciones se entiende sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General de la Administración del Estado. Lo que diga el órgano gestor deja a salvo ese control.

Artículo 44. Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones

El control financiero se ejerce sobre beneficiarios y entidades colaboradoras por las subvenciones de la Administración General del Estado y sus organismos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de la Unión Europea. Su objeto es verificar la obtención, el cumplimiento, la justificación, la realidad de las operaciones, la financiación y los hechos no declarados. Compete a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas. Puede consistir en exámenes y comprobaciones y extenderse a personas asociadas a los beneficiarios.

Artículo 45. Control de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeos

En las ayudas con fondos europeos, la Intervención General de la Administración del Estado establece la coordinación de controles. En las ayudas del Reglamento (UE) 2021/2116 coordina los controles, que realizan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la propia Intervención General y los órganos de control interno de las comunidades autónomas; además elabora los planes anuales de control y los remite a la Comisión Europea. En las demás del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y en las del Fondo Europeo de Desarrollo Rural es el organismo de certificación público nacional.

Artículo 46. Obligación de colaboración

Beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación deben colaborar y facilitar la documentación requerida por los órganos de control. Estos tienen libre acceso a la documentación, incluidos programas y archivos informáticos, a los locales de negocio y a la información de las cuentas bancarias, y pueden obtener copia o retener facturas y documentos de operaciones con indicios. La negativa se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos del artículo 37.

Artículo 47. Facultades del personal controlador

Los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, en el control financiero, son agentes de la autoridad, como los de los órganos de control según la normativa comunitaria. Autoridades y quienes ejerzan funciones públicas deben colaborar con ellos. Juzgados y tribunales facilitan a la Administración, de oficio o a requerimiento, los datos con trascendencia, respetando el secreto sumarial. El Servicio Jurídico del Estado asiste a los funcionarios citados por órgano jurisdiccional. La cesión de datos personales a la Intervención no requiere consentimiento.

Artículo 48. Deberes del personal controlador

El personal controlador debe guardar confidencialidad y secreto sobre los asuntos que conozca por su trabajo. Los datos, informes o antecedentes obtenidos solo pueden usarse para los fines del control, como fundamento para exigir el reintegro y, en su caso, para comunicar a los órganos competentes hechos que puedan constituir infracción administrativa, responsabilidad contable o penal. Si el funcionario actuante aprecia hechos de ese tipo, debe ponerlo en conocimiento de la Intervención General de la Administración del Estado para que, si procede, remita lo actuado al órgano competente.

Artículo 49. Del procedimiento de control financiero

El control se adecúa al plan anual de auditorías que aprueba la Intervención General de la Administración del Estado y se inicia mediante notificación a beneficiarios y entidades colaboradoras. Si aparecen causas de devolución distintas de las del artículo 37, se informa al órgano concedente y puede suspenderse; la suspensión acaba al comunicarse las medidas o a los tres meses del acuerdo sin comunicación. La Intervención puede acordar medidas cautelares. Las actuaciones deben concluir en 12 meses desde la notificación del inicio, ampliables hasta 12 más por complejidad u ocultación.

Artículo 50. Documentación de las actuaciones de control financiero

Las actuaciones de control financiero se documentan en diligencias, que reflejan los hechos relevantes puestos de manifiesto, y en informes, cuyo contenido, estructura y requisitos se fijan reglamentariamente. Los informes se notifican a los beneficiarios o entidades colaboradoras controlados y una copia va al órgano gestor que concedió la subvención, señalando en su caso la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador. Diligencias e informes son documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Artículo 51. Efectos de los informes de control financiero

Si el informe de la Intervención General de la Administración del Estado recoge la procedencia del reintegro, el órgano gestor acuerda en dos meses el inicio del expediente y lo notifica al beneficiario o entidad colaboradora, que tiene 15 días para alegar. Si hay disconformidad con el informe de actuación, la Intervención puede elevarlo al Consejo de Ministros (más de 12 millones de euros) o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (resto). La Intervención informa las alegaciones en un mes y la resolución no puede separarse de su criterio.

Artículo 52. Concepto de infracción

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la propia ley. Para sancionarlas no se exige dolo: son sancionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo 53. Responsables

Responden de las infracciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los entes sin personalidad del artículo 11.3, que incurran en los supuestos tipificados. En particular: los beneficiarios y los miembros de las personas o entidades del artículo 11.2 y 11.3, segundo párrafo, respecto de las actividades que se comprometieron a realizar; las entidades colaboradoras; el representante legal de los beneficiarios que carezcan de capacidad de obrar; y las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a colaborar (artículo 46).

Artículo 54. Supuestos de exención de responsabilidad

Las acciones u omisiones tipificadas en la ley no dan lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en tres supuestos: cuando las realicen quienes carezcan de capacidad de obrar; cuando concurra fuerza mayor; y cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó.

Artículo 55. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal

Si la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador mientras no haya sentencia firme, sobreseimiento o archivo de las actuaciones, o devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la sanción administrativa. Si no se estima la existencia de delito, la Administración inicia o continúa el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

Artículo 56. Infracciones leves

Son infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones de la ley y de las bases reguladoras que no sean infracciones graves o muy graves ni operen como elemento de graduación de la sanción. En particular: presentar las cuentas justificativas fuera de plazo, inexactas o incompletas; incumplir obligaciones formales, contables o registrales o de conservación de justificantes; los de las entidades colaboradoras del artículo 15; la resistencia, obstrucción, excusa o negativa al control financiero; y la falta de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.

Artículo 57. Infracciones graves

Es grave: no comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad; incumplir las condiciones alterando sustancialmente los fines; no justificar los fondos transcurrido el plazo; obtener la condición de entidad colaboradora falseando u ocultando requisitos; no verificar la entidad colaboradora las condiciones del otorgamiento, si deriva obligación de reintegro; no suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones; y las que tipifique como graves la normativa de la Unión Europea.

Artículo 58. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: obtener una subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado; no aplicar, en todo o en parte, las cantidades recibidas a los fines de la subvención; la resistencia, excusa, obstrucción o negativa al control cuando impida verificar el empleo de los fondos, el cumplimiento de la finalidad o la concurrencia de otras ayudas; la falta de entrega de los fondos a los beneficiarios por las entidades colaboradoras, cuando así se establezca; y las demás que tipifique como muy graves la normativa de la Unión Europea.

Artículo 59. Clases de sanciones

Las infracciones se sancionan con sanciones pecuniarias y, cuando proceda, no pecuniarias. La multa puede ser fija (entre 75 y 6.000 euros) o proporcional (del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). Las no pecuniarias, solo para infracciones graves o muy graves, duran hasta cinco años: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales o de actuar como entidad colaboradora, y prohibición de contratar con las Administraciones públicas.

Artículo 60. Graduación de las sanciones

Gradúan la sanción: comisión repetida (sanción firme en vía administrativa por otra de la misma naturaleza, grave o muy grave, en los cuatro años anteriores); resistencia, negativa u obstrucción al control; medios fraudulentos; ocultación de datos; y retraso en las obligaciones formales, solo para leves. En infracciones graves o muy graves suman 10 a 75 puntos las dos primeras, 20 a 100 la tercera y 10 a 50 la cuarta. Las sanciones leves no superan en conjunto la subvención inicialmente concedida; las graves y muy graves, el triple de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado.

Artículo 61. Sanciones por infracciones leves

Cada infracción leve se sanciona con multa de 75 a 900 euros. Como excepción, se sancionan con multa de 150 a 6.000 euros: la inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad y registros; no llevar la contabilidad o los registros legalmente establecidos; la llevanza de contabilidades diversas; el uso de cuentas con significado distinto; no aportar pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o negarse a exhibirlos; los incumplimientos de las entidades colaboradoras del artículo 15; y la falta de colaboración del artículo 46 cuando impida contrastar la información.

Artículo 62. Sanciones por infracciones graves

Las infracciones graves se sancionan con multa proporcional del tanto al doble de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado (en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). Si el perjuicio supera el 50 por ciento de la subvención y excede de 30.000 euros, y concurre alguna circunstancia de los párrafos b) y c) del artículo 60.1, cabe además, hasta tres años: no obtener subvenciones, ayudas ni avales, no contratar y no ser entidad colaboradora. No suministrar información: multa de 3000 euros, previo apercibimiento, reiterable cada mes.

Artículo 63. Sanciones por infracciones muy graves

Muy graves: multa proporcional del doble al triple de lo indebidamente obtenido, aplicado o no justificado (en entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados). No se sancionan las de los párrafos b) y d) del artículo 58 si se reintegró con intereses de demora sin previo requerimiento. Si el perjuicio excede de 30.000 euros y concurre alguna circunstancia del artículo 60.1 b) y c), cabe además, hasta cinco años: no obtener subvenciones, ayudas ni avales, no contratar y no ser entidad colaboradora. Cabe publicarlas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Artículo 64. Desarrollo reglamentario del régimen de infracciones y sanciones

Los reglamentos de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente, con tres límites: no constituir nuevas infracciones o sanciones, no alterar la naturaleza de las que la ley contempla y no alterar sus límites. Han de contribuir a identificar más correctamente las conductas o a determinar con más precisión las sanciones.

Artículo 65. Prescripción de infracciones y sanciones

Infracciones y sanciones prescriben a los cuatro años. Para las infracciones se cuenta desde el día en que se cometieron; para las sanciones, desde el día siguiente a aquel en que adquirió firmeza la resolución que las impuso. La interrupción del plazo se rige por el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La prescripción se aplica de oficio, aunque el interesado también puede solicitar que se declare.

Artículo 66. Competencia para la imposición de sanciones

Sancionan los ministros o secretarios de Estado concedentes; si concede otra entidad, el titular del ministerio de adscripción. Perder subvenciones, ayudas y avales, no contratar o no ser entidad colaboradora: Ministro de Hacienda. El ministro designa instructor si la función no está atribuida. Corporaciones locales: sus órganos de gobierno. No informar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones: inicia el Interventor General de la Administración del Estado y resuelve el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo si responde un órgano de la Administración General del Estado.

Artículo 67. Procedimiento sancionador

Las sanciones se imponen mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se da audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo, y que se tramita conforme al capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El procedimiento se inicia de oficio, como consecuencia de la comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero. Los acuerdos de imposición de sanciones ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 68. Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones

Artículo 69. Responsabilidades

Solidarios en la sanción pecuniaria, según su participación: miembros, partícipes o cotitulares de entidades del artículo 11.3 que sean comunidades de bienes u otra unidad económica o patrimonio separado. Subsidiarios: administradores de sociedades mercantiles o representantes legales de otras personas jurídicas que no hagan lo que les incumbe, adopten acuerdos que posibiliten los incumplimientos o consientan el de sus dependientes. En entidades disueltas y liquidadas las sanciones pendientes pasan a los socios, solidarios: hasta su cuota de liquidación si la ley limita su responsabilidad.

Artículo 68. Subcontratación de las actividades subvencionadas

Realizar la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario, salvo excepción en las bases reguladoras. Si estas permiten subcontratar sin fijar límite cuantitativo, el tope es el 50 por 100 del importe de la actividad, sumando los precios de todos los subcontratos. Hay vinculación, entre otros, por relación conyugal o análoga, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo, relación laboral retribuida con pagos periódicos o derecho a más de un 50 por ciento del beneficio. La Administración podrá comprobar el coste y el valor de mercado de lo subcontratado.

Artículo 69. Modalidades de justificación de la subvención

La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión podrá revestir tres modalidades: 1) cuenta justificativa, en una de las formas previstas en la Sección 2.ª del Capítulo; 2) acreditación por módulos; y 3) presentación de estados contables.

Artículo 70. Ampliación del plazo de justificación

El órgano concedente podrá ampliar el plazo de presentación de la justificación, salvo precepto en contra en las bases reguladoras, sin exceder de la mitad del mismo y siempre que no se perjudiquen derechos de tercero. Las condiciones y el procedimiento son los del artículo 49 de la Ley 30/1992. Si vence el plazo sin justificación, el órgano competente requiere al beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de quince días; no hacerlo conlleva la exigencia del reintegro y demás responsabilidades, y hacerlo en ese plazo adicional no exime de las sanciones que correspondan.

Artículo 71. Forma de justificación

La justificación de la subvención tendrá la estructura y el alcance que determinen las correspondientes bases reguladoras. Si el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecia defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento y le concederá un plazo de diez días para corregirlos.

Artículo 72. Contenido de la cuenta justificativa

La cuenta justificativa contiene, con carácter general: 1) una memoria de actuación, con actividades y resultados; y 2) una memoria económica con: relación clasificada de gastos e inversiones, facturas o documentos equivalentes, certificado de tasador independiente si se adquieren inmuebles, criterios de reparto de costes generales y/o indirectos, relación de otros ingresos o subvenciones, los tres presupuestos y, en su caso, la carta de pago de reintegro de remanentes. Si por el objeto o la naturaleza de la subvención no fuera precisa esa documentación, las bases determinan el contenido.

Artículo 73. Validación y estampillado de justificantes de gasto

Los gastos se justifican con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o en fotocopia compulsada; esta última, cuando así lo hayan establecido las bases reguladoras. Si las bases lo establecen, los justificantes originales se marcan con una estampilla que indica la subvención para cuya justificación se presentan y si el importe se imputa total o parcialmente; si es parcialmente, se indica además la cuantía exacta afectada por la subvención.

Artículo 74. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor

Las bases pueden reducir la información de la memoria económica si la cuenta se acompaña de informe de auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que la revisa con el alcance que fijen las bases, e incorpora una memoria económica abreviada. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, revisa el mismo auditor, salvo que las bases prevean otro; si no, lo designa él, salvo que las bases prevean su nombramiento por el órgano concedente. El gasto de la revisión podrá ser subvencionable si lo establecen las bases y hasta el límite que fijen.

Artículo 75. Cuenta justificativa simplificada

Para subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, la cuenta justificativa simplificada podrá valer como documento con validez jurídica para la justificación, si lo prevén las bases reguladoras. Contiene: memoria de actuación; relación clasificada de gastos e inversiones; detalle de otros ingresos o subvenciones; y, en su caso, carta de pago de reintegro de remanentes no aplicados y de sus intereses. El órgano concedente comprueba, con las técnicas de muestreo acordadas en las bases, los justificantes que estime oportunos, y puede requerir su remisión al beneficiario.

Artículo 76. Ámbito de aplicación de los módulos

Las bases reguladoras podrán prever la concesión y justificación a través de módulos si se cumplen tres requisitos: a) que la actividad subvencionable o los recursos necesarios sean medibles en unidades físicas; b) que exista evidencia o referencia del valor de mercado de la actividad o de los recursos; y c) que el importe unitario de los módulos, que podrá tener una parte fija y otra variable según el nivel de actividad, se determine sobre la base de un informe técnico motivado. La concreción de los módulos y el informe técnico podrán hacerse de forma diferenciada para cada convocatoria.

Artículo 77. Actualización y revisión de módulos

Si las bases reguladoras o las órdenes de convocatoria que de ellas se deriven aprueban valores específicos para módulos cuya cuantía se proyecte a lo largo de más de un ejercicio presupuestario, las bases indicarán la forma de actualización, que se justifica en el informe técnico del apartado c) del artículo 76. Si por circunstancias sobrevenidas se modifican las condiciones económicas, financieras o técnicas tenidas en cuenta, el órgano competente aprobará la revisión del importe de los módulos, motivada a través del pertinente informe técnico.

Artículo 78. Justificación a través de módulos

Con régimen de módulos, la justificación se hace presentando: 1) una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones, con actividades y resultados; y 2) una memoria económica justificativa con, como mínimo: a) acreditación o, en su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo; b) cuantía de la subvención calculada sobre las actividades cuantificadas y los módulos de las bases o, en su caso, de las órdenes de convocatoria; y c) detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad.

Artículo 79. Obligaciones formales de los beneficiarios en régimen de módulos

En el régimen de módulos, los beneficiarios están dispensados de la obligación de presentar libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil. La dispensa cede si las bases reguladoras de la subvención contienen una previsión expresa en contrario.

Artículo 80. Supuestos de justificación a través de estados contables

Las bases podrán prever la justificación mediante estados contables cuando: a) la información para determinar la cuantía de la subvención pueda deducirse directamente de los estados financieros incorporados a la información contable de obligada preparación por el beneficiario; y b) esa información contable haya sido auditada. Podrán prever además un informe complementario del auditor. Si el alcance de la auditoría no se considera suficiente, las bases fijan el adicional, y la retribución adicional del auditor podrá ser gasto subvencionable si lo establecen y hasta el límite que fijen.

Artículo 81. Empleo de medios electrónicos en la justificación de las subvenciones

Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación de las subvenciones siempre que las bases reguladoras hayan establecido su admisibilidad. Las bases deberán indicar los trámites que, en su caso, puedan cumplimentarse por esa vía y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables, que deberán ajustarse a las especificaciones que se establezcan por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 82. Justificación de subvenciones percibidas por entidades públicas estatales

Salvo precepto en contra en las bases, si un organismo o ente del sector público estatal percibe de otra entidad de ese sector una subvención sometida a la Ley General de Subvenciones, la justifica conforme al artículo 75, sin el máximo de 60.000 euros, si: a) está sometido a control financiero permanente de la Intervención General de la Administración del Estado; y b) se usa la cuenta justificativa. En ese control se revisan los sistemas de justificación y una muestra de las cuentas; si no concuerdan con los registros o justificantes, se emiten informes separados a los órganos concedentes.

Artículo 83. Gastos subvencionables

El gasto se considera pagado con la cesión a los acreedores del derecho de cobro de la subvención o con la entrega de un efecto mercantil garantizado por entidad financiera o compañía de seguros. Si al acabar el plazo de justificación solo se pagó parte, rige la proporcionalidad. Si faltan las ofertas preceptivas o se adjudicó sin adecuada justificación a una que no era la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar tasación pericial a cuenta del beneficiario y la subvención se calcula por el menor de los dos valores. Las bases podrán fijar la fracción de coste indirecto.

Artículo 84. Comprobación de la adecuada justificación de la subvención

El órgano concedente comprueba la justificación documental con el método establecido en las bases reguladoras, revisando la documentación que deban aportar el beneficiario o la entidad colaboradora. Si el pago se realiza previa aportación de la cuenta justificativa, la comprobación formal para la liquidación podrá comprender exclusivamente la memoria de actuación, la relación clasificada de gastos e inversiones y el detalle de otros ingresos o subvenciones. En ese caso, las facturas o documentos análogos se comprueban en los cuatro años siguientes sobre una muestra representativa.

Artículo 85. Comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención

El órgano concedente de la subvención tiene la obligación de elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas. El plan deberá indicar si la comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección; también contendrá los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.

Artículo 86. Efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en la comprobación de la subvención

Si el beneficiario pone de manifiesto en la justificación alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido la autorización administrativa previa, el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, siempre que no se dañen derechos de terceros. Esa aceptación en el acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder.

Artículo 87. Tasación pericial contradictoria

La Administración solicita al colegio, asociación o corporación profesional una lista de colegiados o asociados dispuestos a ser peritos terceros; el primero se elige por sorteo público y los siguientes por orden correlativo. Si no hay colegio o profesionales dispuestos, se pide al Banco de España que designe una sociedad de tasación. El perito tercero podrá exigir provisión de honorarios mediante depósito en 10 días, el 50 por ciento cada parte; quien no deposite acepta la valoración del perito de la otra. El beneficiario obligado al pago de los honorarios tiene 15 días para justificarlo.

Artículo 88. Pago de la subvención

El pago se hace previa justificación por el beneficiario y en la parte proporcional a lo justificado, salvo que la normativa reguladora prevea pagos anticipados. Si se concede por concurrir una situación en el perceptor, basta acreditarla. Salvo que las bases digan lo contrario y según disponibilidades presupuestarias, hay pagos anticipados en acción social y cooperación internacional de entidades sin fines lucrativos y para otras entidades sin recursos suficientes. Al expediente de pago se une certificación del órgano de seguimiento. La certificación de la solicitud vale seis meses.

Artículo 89. Pérdida del derecho al cobro de la subvención

Se pierde el derecho al cobro, total o parcial, de la subvención en dos supuestos: falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. El procedimiento para declarar la procedencia de esa pérdida es el establecido en el artículo 42 de la misma Ley.

Artículo 90. Devolución a iniciativa del perceptor

Devolución voluntaria es la que realiza el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. La convocatoria debe dar publicidad de los medios disponibles para que el beneficiario pueda efectuarla. Cuando se produce, la Administración calcula los intereses de demora conforme al artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Artículo 91. Reintegro por incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención

El beneficiario debe cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión y cumplir los compromisos asumidos; si no, hay reintegro total o parcial, según las bases reguladoras. Con inversiones o gastos de distinta naturaleza, la ejecución se ajusta a la distribución de la resolución de concesión, sin compensar unos conceptos con otros salvo que las bases o la resolución digan otra cosa. En los casos del artículo 32.1 del Reglamento, reintegro proporcional si el coste efectivo final es inferior al presupuestado.

Artículo 92. Reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación

Si vence el plazo de justificación sin haberla presentado, se acuerda el reintegro, previo requerimiento del artículo 70.3 del Reglamento. También se entiende incumplida la obligación de justificar cuando la Administración, en comprobación o control financiero, detecta gastos que no responden a la actividad subvencionada, que no fueron coste subvencionable, que ya fueron financiados por otras subvenciones o recursos, o justificados con documentos que no reflejan la realidad. Entonces se reintegra la subvención correspondiente a cada gasto, sin perjuicio de las responsabilidades.

Artículo 93. Reintegro por incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la financiación pública recibida

Procede el reintegro por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopta las medidas establecidas en las bases reguladoras ni tampoco las medidas alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento.

Artículo 94. Reglas generales

El acuerdo de inicio del reintegro indica la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. Se notifica al beneficiario o, en su caso, a la entidad colaboradora, con quince días para alegar o presentar documentos. El inicio interrumpe la prescripción para exigir el reintegro. La resolución identifica al obligado, las obligaciones incumplidas, la causa y el importe a reintegrar con la liquidación de los intereses de demora; se notifica al interesado requiriéndole el reintegro en el plazo y forma del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 95. Cantidades a reintegrar por fundaciones del sector público estatal, organismos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado

Las deudas por razón de acuerdos de reintegro que tengan con la Administración General del Estado las fundaciones del sector público estatal o los organismos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella podrán extinguirse de dos formas: mediante la deducción de sus importes en futuros libramientos o mediante su compensación con deudas de la Administración General del Estado vencidas, líquidas y exigibles.

Artículo 96. Inicio del procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado

Si el informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado pone de manifiesto una causa de reintegro y propone iniciar el procedimiento, el órgano gestor debe acordar el inicio o manifestar su discrepancia. El acuerdo se adopta en un mes desde que se reciba el informe, traslada la propuesta, se notifica al beneficiario o a la entidad colaboradora y se comunica a la Intervención General. Pasado el mes sin inicio ni discrepancia, se levantan las cautelares, no se considera interrumpida la prescripción por el control financiero y el gestor sigue obligado.

Artículo 97. Trámite de alegaciones

Notificado el inicio del procedimiento de reintegro, el interesado puede presentar alegaciones y documentación sobre los hechos del informe de control financiero que motivaron el inicio. No se tienen en cuenta hechos, documentos o alegaciones que el sujeto controlado pudo aportar en el control financiero y no aportó. Si el control financiero finalizó por resistencia, excusa, obstrucción o negativa, solo se admiten alegaciones y documentación tendentes a constatar que esa circunstancia no se produjo durante el control, sin que quepa subsanar la falta de colaboración una vez concluido.

Artículo 98. Valoración de alegaciones

Si el beneficiario o el sujeto controlado no presenta alegaciones, el órgano competente podrá, sin más trámite, resolver el procedimiento de reintegro en los mismos términos del acuerdo de inicio y sin necesidad de dar traslado a la Intervención General de la Administración del Estado para informe de reintegro. Si se presentan alegaciones, el órgano gestor deberá expresar su opinión, indicando cuál es a su parecer el importe exigible de reintegro y señalando las causas por las que se separa, en su caso, del importe inicialmente exigido.

Artículo 99. Informe de reintegro

Las alegaciones del beneficiario y el parecer del órgano gestor son examinados por el órgano de control que emitió el informe de control financiero de subvenciones, y dan lugar al Informe de reintegro. Este informe se emite en el plazo de un mes desde la recepción completa de la documentación, toma como punto de partida el informe de control financiero o, en su caso, la resolución de la discrepancia manifestada, valora las alegaciones y el parecer del órgano gestor y concluye concretando el importe de reintegro a exigir.

Artículo 100. Propuesta de resolución de procedimiento de reintegro

La propuesta de resolución del procedimiento de reintegro deberá trasladar el contenido del Informe de reintegro. Si el órgano gestor no comparte el criterio recogido en ese informe, con carácter previo a la resolución tramitará la discrepancia en los términos establecidos en el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 101. Resolución del procedimiento de reintegro

El régimen de resolución del procedimiento de reintegro se ajusta a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Subvenciones. Una vez recaída la resolución, y simultáneamente a su notificación al interesado, el órgano gestor da traslado de ella a la Intervención General de la Administración del Estado, a través del órgano controlador correspondiente. Además, el órgano controlador podrá requerir del gestor información sobre el estado de tramitación de los expedientes de reintegro.