Tema 1 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Constitución Española

En este tema: arts. 1–127 y 159–165. Ver la norma

1. Artículo 1. Estado social y democrático de Derecho

   España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

2. Artículo 2. Unidad y autonomía

   La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

3. Artículo 3. Lenguas de España

   El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CCAA respectivas, de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza lingüística es patrimonio cultural.

4. Artículo 4. La bandera

   La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Las CCAA podrán reconocer banderas propias, que se usarán junto a la de España.

5. Artículo 5. La capital

   La capital del Estado es la villa de Madrid.

6. Artículo 6. Partidos políticos

   Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

7. Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales

   Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.

8. Artículo 8. Fuerzas Armadas

   Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

9. Artículo 9. Principios del art. 9.3

   Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

10. Artículo 10. Dignidad de la persona

    La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

11. Artículo 11. Nacionalidad española

    La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en esos mismos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad.

12. Artículo 12. Mayoría de edad

    Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

13. Artículo 13. Derechos de los extranjeros

    Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos del derecho de asilo.

14. Artículo 14. Igualdad ante la ley

    Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

15. Artículo 15. Derecho a la vida

    Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.

16. Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

    Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

17. Artículo 17. Derecho a la libertad y seguridad

    Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus.

18. Artículo 18. Intimidad, domicilio y comunicaciones

    Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

19. Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

    Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. También a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley, con un límite tajante: ese derecho no podrá limitarse por motivos políticos o ideológicos.

20. Artículo 20. Libertad de expresión e información

    Se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. No podrá restringirse mediante censura previa.

21. Artículo 21. Derecho de reunión y manifestación

    Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y su ejercicio no necesita autorización previa. En las reuniones en lugares de tránsito público y en las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

22. Artículo 22. Derecho de asociación

    Se reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Las constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

23. Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos

    Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

24. Artículo 24. Tutela judicial efectiva

    Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

25. Artículo 25. Principio de legalidad penal y sancionadora

    Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados; el preso conserva los derechos fundamentales de este Capítulo salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Y la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

26. Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

    Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

27. Artículo 27. Derecho a la educación

    Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes.

28. Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga

    Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.

29. Artículo 29. Derecho de petición

    Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

30. Artículo 30. Deber de defender a España

    Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares y regulará la objeción de conciencia. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Los ciudadanos podrán ser requeridos para colaborar en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

31. Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

    Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

32. Artículo 32. Derecho al matrimonio

    El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

33. Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia

    Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

34. Artículo 34. Derecho de fundación

    Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Rige también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

35. Artículo 35. Derecho y deber de trabajar

    Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

36. Artículo 36. Colegios profesionales

    La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

37. Artículo 37. Negociación colectiva y conflictos colectivos

    La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, y la ley que lo regule incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

38. Artículo 38. Libertad de empresa

    Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

39. Artículo 39. Protección de la familia y de la infancia

    Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral de los hijos —iguales ante la ley con independencia de su filiación— y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales.

40. Artículo 40. Progreso social y económico y política de empleo

    Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica, y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Fomentarán además la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

41. Artículo 41. Seguridad Social

    Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

42. Artículo 42. Protección de los trabajadores españoles en el extranjero

    El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

43. Artículo 43. Protección de la salud

    Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio.

44. Artículo 44. Acceso a la cultura y a la ciencia

    Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

45. Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

    Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes lo violen se establecerán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado.

46. Artículo 46. Conservación del patrimonio histórico y cultural

    Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

47. Artículo 47. Derecho a una vivienda digna

    Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

48. Artículo 48. Participación de la juventud

    Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

49. Artículo 49. Atención a las personas con discapacidad

    Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles, y fomentarán la participación de sus organizaciones, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

50. Artículo 50. Suficiencia económica de las personas mayores

    Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

51. Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios

    Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles. Y la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

52. Artículo 52. Organizaciones profesionales

    La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

53. Artículo 53. Garantías de los derechos y libertades

    Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Los principios del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.

54. Artículo 54. El Defensor del Pueblo

    Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

55. Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

    Los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio; se exceptúa el artículo 17.3 en el estado de excepción. Además, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan suspenderse los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. El uso injustificado o abusivo de esas facultades producirá responsabilidad penal.

56. Artículo 56. El Rey, Jefe del Estado

    El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados.

57. Artículo 57. Sucesión a la Corona

    La Corona de España es hereditaria. En la sucesión regirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

58. Artículo 58. La Reina consorte y el consorte de la Reina

    La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

59. Artículo 59. La Regencia

    Si el Rey es menor de edad, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder según el orden constitucional, durante toda la minoría de edad. Si el Rey se inhabilita y las Cortes Generales reconocen la imposibilidad, la Regencia la asume el Príncipe heredero si es mayor de edad; si no lo es, se sigue la regla anterior hasta que la alcance. Si no hubiera nadie a quien corresponda, la nombrarán las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercerla hay que ser español y mayor de edad, y se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

60. Artículo 60. La tutela del Rey menor

    Será tutor del Rey menor la persona que hubiese nombrado en su testamento el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; y a falta de ambos, lo nombrarán las Cortes Generales. No podrán acumularse los cargos de Regente y tutor salvo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es además incompatible con todo cargo o representación política.

61. Artículo 61. Proclamación y juramento del Rey

    El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento y además el de fidelidad al Rey.

62. Artículo 62. Funciones del Rey

    Corresponde al Rey, entre otras funciones: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer y nombrar al candidato a Presidente del Gobierno; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales.

63. Artículo 63. El Rey en las relaciones internacionales

    El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Y le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

64. Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey

    Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

65. Artículo 65. La Casa Real

    El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y la distribuye libremente. Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

66. Artículo 66. Cortes Generales

    Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Son inviolables.

67. Artículo 67. Incompatibilidades y prohibición del mandato imperativo

    Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

68. Artículo 68. El Congreso de los Diputados

    El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de disolución de la Cámara.

69. Artículo 69. El Senado

    El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designará un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El Senado es elegido por cuatro años.

70. Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad

    La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales estará sometida al control judicial.

71. Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias

    Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato gozarán además de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y percibirán una asignación fijada por las respectivas Cámaras.

72. Artículo 72. Autonomía de las Cámaras

    Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; los Reglamentos y su reforma requieren una votación final de totalidad por mayoría absoluta. Las Cámaras eligen sus Presidentes y los demás miembros de sus Mesas, y las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso. Los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes.

73. Artículo 73. Períodos ordinarios de sesiones

    Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre el primero, y de febrero a junio el segundo. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las extraordinarias se convocan sobre un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado.

74. Artículo 74. Sesiones conjuntas de las Cámaras

    Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras; en el primer caso el procedimiento se inicia en el Congreso y en los otros dos en el Senado, y si no hubiera acuerdo se intentará obtener mediante una Comisión Mixta paritaria cuyo texto votarán ambas Cámaras. Si aun así no se aprueba, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

75. Artículo 75. Funcionamiento en Pleno y en Comisiones

    Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. Podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, aunque el Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de lo delegado. Quedan exceptuados de esa delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

76. Artículo 76. Comisiones de investigación

    El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y la ley regulará las sanciones por incumplir esa obligación.

77. Artículo 77. Peticiones dirigidas a las Cámaras

    Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan.

78. Artículo 78. Las Diputaciones Permanentes

    En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, asumir las facultades de las Cámaras conforme a los artículos 86 y 116 cuando estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas. Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes, y reunida la Cámara darán cuenta de los asuntos tratados.

79. Artículo 79. Adopción de acuerdos y quórum

    Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y de las que para elección de personas fijen los Reglamentos. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

80. Artículo 80. Publicidad de las sesiones

    Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

81. Artículo 81. Leyes orgánicas

    Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

82. Artículo 82. Delegación legislativa y decretos legislativos

    Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, nunca sobre las reservadas a ley orgánica. La delegación se otorga por ley de bases cuando se trata de formar un texto articulado, y por ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos en uno solo. Debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota por el uso que haga de ella el Gobierno; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado; y no permite subdelegar en autoridades distintas del propio Gobierno.

83. Artículo 83. Límites de las leyes de bases

    Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

84. Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación contraria a una delegación

    Cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

85. Artículo 85. Denominación de los decretos legislativos

    Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos.

86. Artículo 86. Decretos-leyes

    En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso —convocado al efecto si no estuviera reunido— dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

87. Artículo 87. Iniciativa legislativa

    La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio de la iniciativa popular, que exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni sobre la prerrogativa de gracia.

88. Artículo 88. Los proyectos de ley

    Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

89. Artículo 89. Tramitación de las proposiciones de ley

    La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del artículo 87. Las proposiciones que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso para que se tramiten allí como tal proposición.

90. Artículo 90. Intervención del Senado: veto y enmiendas

    Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado dispone de dos meses desde la recepción para, mediante mensaje motivado, oponer su veto —que requiere mayoría absoluta— o introducir enmiendas. El proyecto no puede ir al Rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.

91. Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes

    El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

92. Artículo 92. El referéndum consultivo

    Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.

93. Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

    Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

94. Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes

    La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.

95. Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución

    La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

96. Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno

    Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

97. Artículo 97. Función del Gobierno

    El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

98. Artículo 98. Composición del Gobierno

    El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

99. Artículo 99. Investidura del Presidente

    El Rey propone un candidato a Presidente del Gobierno, que expone su programa ante el Congreso. Si el Congreso otorga su confianza por mayoría absoluta, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.

100. Artículo 100. Nombramiento y separación de los miembros del Gobierno

     Los demás miembros del Gobierno —es decir, todos salvo el Presidente— son nombrados y separados por el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.

101. Artículo 101. Cese del Gobierno y Gobierno en funciones

     El Gobierno cesa en cuatro supuestos: tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.

102. Artículo 102. Responsabilidad penal del Presidente y de los miembros del Gobierno

     La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearla la cuarta parte de los miembros del Congreso y necesita la aprobación de su mayoría absoluta. La prerrogativa real de gracia no se aplica a ninguno de estos supuestos.

103. Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

     La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

104. Artículo 104. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

     Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.

105. Artículo 105. Audiencia al ciudadano, acceso a archivos y procedimiento

     La ley regulará tres materias: la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones y asociaciones, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado.

106. Artículo 106. Control judicial de la Administración y responsabilidad patrimonial

     Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican. Además, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

107. Artículo 107. El Consejo de Estado

     El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

108. Artículo 108. Responsabilidad política del Gobierno

     El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

109. Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras

     Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

110. Artículo 110. Comparecencia del Gobierno ante las Cámaras

     Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. A su vez, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y pueden solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

111. Artículo 111. Interpelaciones y preguntas

     El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

112. Artículo 112. La cuestión de confianza

     El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.

113. Artículo 113. Moción de censura

     El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluirá un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción no podrá votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación.

114. Artículo 114. Efectos de la pérdida de confianza y de la moción de censura

     Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey y se procederá a designar Presidente según el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno.

115. Artículo 115. Disolución de las Cámaras por el Presidente

     El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, y el decreto fijará la fecha de las elecciones. La propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo previsto en el artículo 99.5.

116. Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

     Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

117. Artículo 117. Independencia del Poder Judicial y unidad jurisdiccional

     La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. No podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional —juzgar y hacer ejecutar lo juzgado— corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, que no ejercerán más funciones que ésa y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización, y se prohíben los Tribunales de excepción.

118. Artículo 118. Cumplimiento de las resoluciones judiciales

     Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

119. Artículo 119. Gratuidad de la Justicia

     La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

120. Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales

     Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

121. Artículo 121. Indemnización por error judicial

     Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

122. Artículo 122. El Consejo General del Poder Judicial

     La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera —que formarán un Cuerpo único— y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, y está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

123. Artículo 123. El Tribunal Supremo

     El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Su Presidente será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

124. Artículo 124. El Ministerio Fiscal

     El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

125. Artículo 125. Acción popular y jurado

     Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

126. Artículo 126. La policía judicial

     La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

127. Artículo 127. Incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales

     Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y la ley establecerá el sistema y modalidades de su asociación profesional. La ley establecerá además el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar su total independencia.

128. Artículo 159. Composición del Tribunal Constitucional

     El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con igual mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Son nombrados por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

129. Artículo 160. El Presidente del Tribunal Constitucional

     El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

130. Artículo 161. Competencias del Tribunal Constitucional

     El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por vulneración de los derechos y libertades del art. 53.2, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.

131. Artículo 162. Legitimación ante el Tribunal Constitucional

     Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

132. Artículo 163. La cuestión de inconstitucionalidad

     Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

133. Artículo 164. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

     Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

134. Artículo 165. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

     Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.