Tema 2 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: arts. 1–41, 55 y 99–139. Ver la norma

1. Artículo 1. Andalucía

   Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. Valores superiores que propugna el Estatuto: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas. Los poderes emanan de la Constitución y del pueblo andaluz; el Estatuto es su norma institucional básica. La Unión Europea es su ámbito de referencia.

2. Artículo 2. Territorio

3. Artículo 3. Símbolos

   Bandera: la tradicional de tres franjas horizontales —verde, blanca y verde— de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. Escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, con la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», teniendo en cuenta el acuerdo de la Asamblea de Ronda de 1918. Himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933. Día de Andalucía: 28 de febrero. Protección de los símbolos: la misma que corresponda a los demás símbolos del Estado.

4. Artículo 4. Capitalidad y sedes

   Sevilla es la capital de Andalucía y sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno, que pueden celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía según establezcan, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley. Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas Salas pueden ubicarse en otras ciudades. Por ley del Parlamento andaluz se pueden establecer sedes de organismos o instituciones en distintas ciudades, salvo las sedes establecidas en el Estatuto.

5. Artículo 5. Condición de andaluz o andaluza

   Condición política de andaluz (a efectos del Estatuto): españoles con vecindad administrativa en cualquier municipio andaluz, conforme a las leyes generales del Estado. Españoles residentes en el extranjero: gozan de los derechos políticos del Estatuto si su última vecindad administrativa fue en Andalucía y lo acreditan en el correspondiente Consulado de España; también sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado. Extranjeros residentes: dentro del marco constitucional, se establecerán mecanismos para promover su participación.

6. Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior

   Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía tienen derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los términos que establezcan las leyes. Las comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, con los efectos que dispongan las leyes. Para fomentar los vínculos, prestarles asistencia y garantizar sus derechos, la Comunidad Autónoma podrá formalizar acuerdos con instituciones públicas y privadas de esos territorios y países, o instar del Estado la suscripción de tratados internacionales.

7. Artículo 7. Eficacia territorial de las normas autonómicas

   Las leyes y normas que emanan de las instituciones de autogobierno de Andalucía tienen eficacia en el territorio andaluz. Además, podrán tener eficacia extraterritorial, pero con dos condiciones que el artículo fija: que así se deduzca de su naturaleza y que sea en el marco del ordenamiento constitucional.

8. Artículo 8. Derecho propio de Andalucía

   El artículo 8 define qué es el derecho propio de Andalucía: lo forman las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias. No se refiere a cualquier norma, sino a las que regulan materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias.

9. Artículo 9. Derechos

   Todas las personas en Andalucía gozan, como mínimo, de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España; en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea. La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio.

10. Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma

    La Comunidad Autónoma promoverá que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerá obstáculos, fomentará la participación y adoptará medidas de acción positiva (ap. 1), y propiciará la igualdad del hombre y la mujer y la democracia paritaria (ap. 2). El ap. 3 fija 24 objetivos básicos: pleno empleo, educación, modalidad lingüística andaluza, retorno de los andaluces en el exterior, dependencia, discapacidad, inmigrantes, comunidad gitana, paz, entre otros. El ap. 4 pide legislación, financiación suficiente y eficacia y eficiencia administrativa.

11. Artículo 11. Promoción de los valores democráticos y ciudadanos

    Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. Esa conciencia se fundamenta en los valores constitucionales y en los principios y objetivos del Estatuto, como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esa finalidad se adoptarán las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

12. Artículo 12. Titulares

    Los destinatarios de las políticas públicas y los titulares de los derechos y deberes del Título I son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. El artículo añade dos matices: sin perjuicio de lo establecido para el derecho de participación en los asuntos públicos en el artículo 30, y de acuerdo con las leyes reguladoras de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

13. Artículo 13. Alcance e interpretación de los derechos y principios

    Los derechos y principios del Título I no suponen alterar el régimen de distribución de competencias, ni crear títulos competenciales nuevos ni modificar los ya existentes. Además, ninguno de ellos puede interpretarse, desarrollarse o aplicarse de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España.

14. Artículo 14. Prohibición de discriminación

    Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en este Título, en particular por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.

15. Artículo 15. Igualdad de género

16. Artículo 16. Protección contra la violencia de género

    Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género. Esa protección incluirá tres elementos: medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.

17. Artículo 17. Protección de la familia

    Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia, y la ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil. Todas las parejas no casadas tienen derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia; en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, las inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas.

18. Artículo 18. Menores

    Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, y a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. El beneficio de los menores primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigida a ellos.

19. Artículo 19. Mayores

    Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual. También tienen derecho a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.

20. Artículo 20. Testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte

    Apartado 1: se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley. Apartado 2: todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte.

21. Artículo 21. Educación

    Un sistema educativo público garantiza la educación permanente y compensatoria. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones; la enseñanza pública será laica. En igualdad: acceso a centros sostenidos con fondos públicos, a ayudas y becas en niveles no gratuitos y, en los términos de la ley, a universidades públicas. Gratis: niveles obligatorios y, en los términos de la ley, infantil; libros de texto en la enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos. FP y educación permanente: acceso en los términos de la ley.

22. Artículo 22. Salud

    Se garantiza el derecho del artículo 43 de la Constitución a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tienen once derechos (letras a a k), entre ellos libre elección de médico y centro, consejo genético y medicina predictiva, tiempo máximo de acceso, segunda opinión facultativa, cuidados paliativos y asistencia geriátrica especializada. Enfermedad mental, enfermedades crónicas e invalidantes y grupos de riesgo: programas especiales y preferentes. La ley fija el ejercicio.

23. Artículo 23. Prestaciones sociales

    Apartado 1: se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. Apartado 2: todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna, y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

24. Artículo 24. Personas con discapacidad o dependencia

    Son titulares del derecho las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia. Tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.

25. Artículo 25. Vivienda

    Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, así como las ayudas que faciliten ese acceso.

26. Artículo 26. Trabajo

    Para el derecho constitucional al trabajo se garantiza a todas las personas: a) el acceso gratuito a los servicios públicos de empleo; b) el acceso al empleo público en igualdad y según los principios de mérito y capacidad; c) el acceso a la formación profesional; d) el derecho al descanso y al ocio. Sindicatos y organizaciones empresariales tienen garantizadas las condiciones para las funciones que la Constitución les reconoce, y la ley regulará la participación institucional en la Junta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma.

27. Artículo 27. Consumidores

    El artículo 27 garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección, en los términos que establezca la ley. Además, remite a la ley la regulación de dos cuestiones: los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor.

28. Artículo 28. Medio ambiente

    Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras. Se garantiza mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales. Todas tienen derecho a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, según las leyes.

29. Artículo 29. Acceso a la justicia

    El artículo 29 dispone que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. El sujeto que garantiza es la Comunidad Autónoma, y lo hace dentro del ámbito de sus competencias.

30. Artículo 30. Participación política

    Los andaluces y andaluzas tienen derecho a participar en igualdad en los asuntos públicos, directamente o por representantes. Comprende: a) elegir a los órganos representativos y ser candidato; b) promover y presentar iniciativas legislativas y participar en la elaboración de leyes; c) promover la convocatoria de consultas populares por la Junta o los Ayuntamientos; d) petición individual y colectiva, por escrito; e) participar activamente en la vida pública. La Junta establecerá mecanismos para hacer extensivos estos derechos a ciudadanos de la UE y extranjeros residentes.

31. Artículo 31. Buena administración

    Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley. Comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a: participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas información veraz; que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y se resuelvan en un plazo razonable; y acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.

32. Artículo 32. Protección de datos

    El artículo garantiza a todas las personas el derecho al acceso, a la corrección y a la cancelación de sus datos personales que estén en poder de las Administraciones públicas andaluzas. Son tres facultades: acceso, corrección y cancelación. Los titulares son todas las personas y los datos a los que se refiere son los que están en poder de las Administraciones públicas andaluzas.

33. Artículo 33. Cultura

    Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía y al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas. Junto a esos derechos, el artículo establece el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz.

34. Artículo 34. Acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación

    El artículo 34 reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación. Ese derecho se ejerce mediante los medios y recursos que la ley establezca.

35. Artículo 35. Orientación sexual

    El artículo 35 reconoce a toda persona el derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Además, dispone que los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho.

36. Artículo 36. Deberes

    Sin perjuicio de los deberes constitucionales, el Estatuto establece y la ley desarrollará siete deberes de todas las personas: contribuir al gasto público en función de sus ingresos; conservar el medio ambiente; colaborar en emergencias; cumplir las obligaciones de la Administración electoral; usar responsable y solidariamente los servicios públicos; cuidar el patrimonio público, especialmente el histórico-artístico y natural; y contribuir a la educación de los hijos, especialmente en la enseñanza obligatoria. Las empresas se ajustarán a los principios ambientales del Título VII.

37. Artículo 37. Principios rectores

    Los poderes de la Comunidad Autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar los derechos del Capítulo anterior y los objetivos del artículo 10 mediante 25 principios rectores: servicios públicos de calidad, lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, protección de mayores, dependientes, personas con discapacidad y sordas, jóvenes e inmigrantes, empleo de calidad, turismo y agroalimentario, cultura y flamenco, medio ambiente, renovables, vivienda protegida, víctimas y emergencias. Su desarrollo fijará supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

38. Artículo 38. Vinculación de los poderes públicos y de los particulares

    La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares. Deben interpretarse en el sentido más favorable a su plena efectividad. El Parlamento aprobará las leyes de desarrollo, que respetarán en todo caso el contenido establecido por el Estatuto y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos derechos.

39. Artículo 39. Protección jurisdiccional

    Los actos de los poderes públicos de la Comunidad que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente. Ese recurso se sigue de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado.

40. Artículo 40. Efectividad de los principios rectores

    El reconocimiento y protección de los principios rectores de las políticas públicas informará las normas legales y reglamentarias andaluzas, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Podrán alegarse ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Los poderes públicos andaluces adoptarán las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento, en su caso, mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas.

41. Artículo 41. Defensa de los derechos

    Corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz velar por la defensa de los derechos enunciados en el presente Título, que es el Título I (Derechos sociales, deberes y políticas públicas). Lo hace en los términos del artículo 128, al que el precepto remite.

42. Artículo 55. Salud, sanidad y farmacia

    Exclusiva (55.1): organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios; ordenación farmacéutica (art. 149.1.16.ª CE); investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del Estado. Compartida (55.2): sanidad interior, sin perjuicio del artículo 61. Ejecución de la legislación estatal en productos farmacéuticos (55.3). Participación en la planificación y coordinación estatal de sanidad y salud pública, según el Título IX (55.4).

43. Artículo 99. La Junta de Andalucía

    La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el Capítulo VI.

44. Artículo 100. Representación e inviolabilidad

45. Artículo 101. Composición, elección y mandato

    Mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; representan a toda Andalucía, sin mandato imperativo. Elección por cuatro años; el mandato termina a los cuatro años o con la disolución, y el de titulares y suplentes de la Diputación Permanente se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara. Inviolabilidad por opiniones y votos, aun tras cesar. Detención solo en flagrante delito; inculpación, prisión, procesamiento y juicio: TSJ de Andalucía; fuera de Andalucía: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

46. Artículo 102. Autonomía parlamentaria

    El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. Se dota de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requieren el voto de la mayoría absoluta de los Diputados. El Reglamento establece el Estatuto del Diputado. El Parlamento elabora y aprueba su presupuesto y, en los términos de sus propias disposiciones, tiene facultades plenas para su modificación, ejecución, liquidación y control.

47. Artículo 103. Organización y funcionamiento

    El Parlamento elige Presidente o Presidenta, Mesa y Diputación Permanente. Funciona en Pleno y Comisiones: el Pleno puede delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de leyes, pero no las presupuestarias, tributarias ni las de mayoría cualificada. Dos períodos ordinarios al año, ocho meses como mínimo en total, iniciados en septiembre y febrero. Extraordinarias: las convoca el Presidente, previa aprobación de la Diputación Permanente, a petición de ésta, de una cuarta parte de los Diputados, de los grupos que fije el Reglamento, del Presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno.

48. Artículo 104. Régimen electoral

    La circunscripción electoral es la provincia y ninguna provincia puede tener más del doble de Diputados que otra. La elección sigue criterios de representación proporcional. Las elecciones se celebran entre los treinta y sesenta días posteriores a la expiración del mandato, y los electos deben ser convocados a la sesión constitutiva dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones. Son electores y elegibles los andaluces y andaluzas mayores de dieciocho años en pleno goce de sus derechos políticos; la Comunidad facilitará el voto de los andaluces que estén fuera de Andalucía.

49. Artículo 105. Ley electoral

    La ley electoral requiere mayoría absoluta para su aprobación. Regula la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al Parlamento de Andalucía, y las subvenciones y gastos electorales y su control. Establecerá criterios de igualdad de género para elaborar las listas electorales y regulará la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representación parlamentaria.

50. Artículo 106. Funciones

    Corresponde al Parlamento: potestad legislativa; orientar, impulsar y controlar la acción del Consejo de Gobierno; examinar, enmendar y aprobar los presupuestos; tributos, deuda y crédito; elegir al Presidente y apreciar, en su caso, su incapacidad; exigir responsabilidad política al Consejo de Gobierno; proposiciones de ley al Congreso; autorizar convenios con otras Comunidades; planes económicos; Cuenta General; ordenación básica de órganos y servicios; control de empresas públicas y medios dependientes; recursos de inconstitucionalidad; designar Senadores; y demás atribuciones.

51. Artículo 107. Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones

    El artículo 107 establece que en los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Retener el principio (presencia equilibrada entre hombres y mujeres) y su ámbito: los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía.

52. Artículo 108. Potestad legislativa

    El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. Las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto, salvo los supuestos para los que el Estatuto exija mayoría cualificada.

53. Artículo 109. Decretos legislativos

    El Parlamento puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Quedan excluidas: reforma del Estatuto, presupuesto, leyes que requieran cualquier mayoría cualificada, desarrollo de derechos y deberes del Estatuto y otras que el Estatuto disponga. Textos articulados: ley de bases (objeto y alcance, principios y criterios, plazo). Refundición: ley ordinaria. La delegación se agota con la publicación de la norma y no cabe implícita ni por tiempo indeterminado.

54. Artículo 110. Decretos-leyes

    En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar decretos-leyes, medidas legislativas provisionales que no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. Los presupuestos de Andalucía no podrán aprobarse así. Quedan derogados si en el plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación el Parlamento no los convalida expresamente tras un debate y votación de totalidad. En ese plazo el Parlamento podrá tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

55. Artículo 111. Iniciativa legislativa

    La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento, y al Consejo de Gobierno. Una ley del Parlamento de Andalucía, en el marco de la ley orgánica prevista en el artículo 87.3 de la Constitución, regulará el ejercicio de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos y la iniciativa legislativa popular. La ley regulará las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia para la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 78.

56. Artículo 112. Potestad reglamentaria

57. Artículo 113. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo

    El artículo 113 establece que los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento legislativo. Lo harán en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento. Retener quiénes participan (los ciudadanos, a través de sus organizaciones y asociaciones, y las instituciones), en qué (el procedimiento legislativo) y qué norma fija los términos (el Reglamento del Parlamento).

58. Artículo 114. Impacto de género

    El artículo 114 dispone que, en el procedimiento de elaboración de las leyes y de las disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de esas normas. Hay que retener a qué normas se aplica (leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma), en qué momento (el procedimiento de elaboración) y sobre qué recae (el contenido de las normas).

59. Artículo 115. Control de constitucionalidad

    El artículo 115 atribuye el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley exclusivamente al Tribunal Constitucional. Hay que retener el objeto del control (disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley), el órgano (el Tribunal Constitucional) y el adverbio «exclusivamente».

60. Artículo 116. Promulgación y publicación

    Las leyes de Andalucía las promulga, en nombre del Rey, el Presidente de la Junta, que ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia rige la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

61. Artículo 117. Funciones y responsabilidad ante el Parlamento

    El Presidente dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la Administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. Podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en un Vicepresidente o Consejero. Es responsable políticamente ante el Parlamento. Podrá proponer, por iniciativa propia o a solicitud de los ciudadanos, conforme al artículo 78 y a la legislación del Estado, consultas populares sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.

62. Artículo 118. Elección y responsabilidad ante los tribunales

    El Parlamento elige al Presidente de la Junta entre sus miembros. El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces, propone candidato, que presenta su programa. Primera votación: mayoría absoluta; si no, nueva votación 48 horas después y basta mayoría simple. Si pasados dos meses desde la primera votación nadie la obtiene, el Parlamento queda automáticamente disuelto y el Presidente en funciones convoca elecciones. Lo nombra el Rey. Su responsabilidad penal y civil (por el ejercicio del cargo) se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

63. Artículo 119. Composición y funciones

    El Consejo de Gobierno lo integran el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros. Como órgano colegiado, ejerce la dirección política, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas. La potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros. Le corresponde interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia y personarse en los procesos constitucionales. Por conducto de su Presidente, podrá plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales.

64. Artículo 120. Cese

    El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento y en los casos de pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del Presidente. El Consejo de Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno.

65. Artículo 121. Estatuto y régimen jurídico

    El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros serán regulados por ley del Parlamento de Andalucía, que determinará también las causas de incompatibilidad de esos miembros. Además, el Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna.

66. Artículo 122. Responsabilidad ante los tribunales

    La responsabilidad penal de los Consejeros es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; no obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, es exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ante este último Tribunal es exigible también la responsabilidad civil en que hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.

67. Artículo 123. Potestad expropiatoria y responsabilidad patrimonial

    Apartado 1: el Consejo de Gobierno podrá ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia. Apartado 2: la Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

68. Artículo 124. Responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno

    El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria. Esa responsabilidad solidaria se establece sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. Hay que retener quién responde (el Consejo de Gobierno), ante quién (el Parlamento), cómo (de forma solidaria) y que queda a salvo la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.

69. Artículo 125. Cuestión de confianza

    El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los Diputados. Si el Parlamento niega la confianza, el Presidente de la Junta presenta su dimisión ante el Parlamento, y el Presidente del Parlamento convoca, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para elegir nuevo Presidente de la Junta, por el procedimiento del artículo 118.

70. Artículo 126. Moción de censura

    El Parlamento exige la responsabilidad política del Consejo de Gobierno con la moción de censura, que se adopta por mayoría absoluta. La proponen al menos una cuarta parte de los parlamentarios e incluye un candidato a la Presidencia de la Junta. No puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación. Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. Si se aprueba, el Presidente dimite ante el Parlamento, el candidato se entiende investido de la confianza de la Cámara y lo nombra el Rey.

71. Artículo 127. Disolución del Parlamento

    El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá decretar la disolución del Parlamento; el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La disolución no podrá tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura, y no procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 118.3.

72. Artículo 128. Defensor del Pueblo Andaluz

    El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por este para la defensa de los derechos y libertades del Título I de la Constitución y del Título I del Estatuto; a tal efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. Lo elige el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regularán mediante ley. Él y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones.

73. Artículo 129. Consejo Consultivo

    El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de sus organismos y entes de derecho público dependientes, y de las universidades públicas andaluzas; también de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. Actúa con autonomía orgánica y funcional.

74. Artículo 130. Cámara de Cuentas

    La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley.

75. Artículo 131. Consejo Audiovisual de Andalucía

    El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente que vela, en Andalucía, por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales públicos y privados, y por el cumplimiento de la normativa audiovisual y de publicidad. Vela especialmente por la protección de la juventud y la infancia en la programación de los medios de comunicación públicos y privados. Su composición, competencia y funcionamiento los regula una ley del Parlamento.

76. Artículo 132. Consejo Económico y Social

    El Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social. Su finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Su composición, competencia y funcionamiento los regulará una ley del Parlamento.

77. Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias

    La Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento. Principios: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos. Gestión ordinaria: servicios centrales y periféricos. Los órganos que prestan sus servicios o gestionan competencias dependen de la Comunidad y se integran en ella.

78. Artículo 134. Participación ciudadana

    La ley regulará: a) la participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les puedan afectar; y b) el acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía, que comprenderá en todo caso sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a su disposición los medios tecnológicos necesarios para ello.

79. Artículo 135. Principio de representación equilibrada de hombres y mujeres

    Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a sus miembros, en sus respectivos ámbitos. El mismo principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos que corresponda efectuar en el ámbito de la Administración andaluza.

80. Artículo 136. Función y empleos públicos

    La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y el acceso al empleo público, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y establecerá un órgano administrativo de la función pública que resolverá los recursos que se interpongan sobre esta materia.

81. Artículo 137. Prestación de servicios y cartas de derechos

    La Administración de la Junta de Andalucía hará pública la oferta y características de prestación de los servicios, así como las cartas de derechos de los ciudadanos ante ella. Hay que retener quién publica (la Administración de la Junta de Andalucía) y qué hace pública: la oferta de prestación de los servicios, las características de esa prestación y las cartas de derechos de los ciudadanos ante la propia Administración.

82. Artículo 138. Evaluación de políticas públicas

83. Artículo 139. La Comunidad Autónoma como Administración Pública

    El artículo tiene dos apartados. 1) La Comunidad Autónoma es Administración Pública a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2) La Comunidad Autónoma está exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos. Retén lo que abarca la exención (cauciones o depósitos) y sus dos supuestos (ejercitar acciones o interponer recursos).