Tema 5 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Andalucía

Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. Valores superiores que propugna el Estatuto: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas. Los poderes emanan de la Constitución y del pueblo andaluz; el Estatuto es su norma institucional básica. La Unión Europea es su ámbito de referencia.

Artículo 2. Territorio

Artículo 3. Símbolos

Bandera: la tradicional de tres franjas horizontales —verde, blanca y verde— de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. Escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, con la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», teniendo en cuenta el acuerdo de la Asamblea de Ronda de 1918. Himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933. Día de Andalucía: 28 de febrero. Protección de los símbolos: la misma que corresponda a los demás símbolos del Estado.

Artículo 4. Capitalidad y sedes

Sevilla es la capital de Andalucía y sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno, que pueden celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía según establezcan, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley. Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas Salas pueden ubicarse en otras ciudades. Por ley del Parlamento andaluz se pueden establecer sedes de organismos o instituciones en distintas ciudades, salvo las sedes establecidas en el Estatuto.

Artículo 5. Condición de andaluz o andaluza

Condición política de andaluz (a efectos del Estatuto): españoles con vecindad administrativa en cualquier municipio andaluz, conforme a las leyes generales del Estado. Españoles residentes en el extranjero: gozan de los derechos políticos del Estatuto si su última vecindad administrativa fue en Andalucía y lo acreditan en el correspondiente Consulado de España; también sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado. Extranjeros residentes: dentro del marco constitucional, se establecerán mecanismos para promover su participación.

Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior

Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía tienen derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los términos que establezcan las leyes. Las comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, con los efectos que dispongan las leyes. Para fomentar los vínculos, prestarles asistencia y garantizar sus derechos, la Comunidad Autónoma podrá formalizar acuerdos con instituciones públicas y privadas de esos territorios y países, o instar del Estado la suscripción de tratados internacionales.

Artículo 7. Eficacia territorial de las normas autonómicas

Las leyes y normas que emanan de las instituciones de autogobierno de Andalucía tienen eficacia en el territorio andaluz. Además, podrán tener eficacia extraterritorial, pero con dos condiciones que el artículo fija: que así se deduzca de su naturaleza y que sea en el marco del ordenamiento constitucional.

Artículo 8. Derecho propio de Andalucía

El artículo 8 define qué es el derecho propio de Andalucía: lo forman las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias. No se refiere a cualquier norma, sino a las que regulan materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias.

Artículo 9. Derechos

Todas las personas en Andalucía gozan, como mínimo, de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España; en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea. La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio.

Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma

La Comunidad Autónoma promoverá que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerá obstáculos, fomentará la participación y adoptará medidas de acción positiva (ap. 1), y propiciará la igualdad del hombre y la mujer y la democracia paritaria (ap. 2). El ap. 3 fija 24 objetivos básicos: pleno empleo, educación, modalidad lingüística andaluza, retorno de los andaluces en el exterior, dependencia, discapacidad, inmigrantes, comunidad gitana, paz, entre otros. El ap. 4 pide legislación, financiación suficiente y eficacia y eficiencia administrativa.

Artículo 11. Promoción de los valores democráticos y ciudadanos

Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. Esa conciencia se fundamenta en los valores constitucionales y en los principios y objetivos del Estatuto, como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esa finalidad se adoptarán las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Artículo 12. Titulares

Los destinatarios de las políticas públicas y los titulares de los derechos y deberes del Título I son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. El artículo añade dos matices: sin perjuicio de lo establecido para el derecho de participación en los asuntos públicos en el artículo 30, y de acuerdo con las leyes reguladoras de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Artículo 13. Alcance e interpretación de los derechos y principios

Los derechos y principios del Título I no suponen alterar el régimen de distribución de competencias, ni crear títulos competenciales nuevos ni modificar los ya existentes. Además, ninguno de ellos puede interpretarse, desarrollarse o aplicarse de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España.

Artículo 14. Prohibición de discriminación

Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en este Título, en particular por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.

Artículo 15. Igualdad de género

Artículo 16. Protección contra la violencia de género

Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género. Esa protección incluirá tres elementos: medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.

Artículo 17. Protección de la familia

Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia, y la ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil. Todas las parejas no casadas tienen derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia; en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, las inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas.

Artículo 18. Menores

Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, y a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. El beneficio de los menores primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigida a ellos.

Artículo 19. Mayores

Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual. También tienen derecho a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes.

Artículo 20. Testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte

Apartado 1: se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley. Apartado 2: todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte.

Artículo 21. Educación

Un sistema educativo público garantiza la educación permanente y compensatoria. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones; la enseñanza pública será laica. En igualdad: acceso a centros sostenidos con fondos públicos, a ayudas y becas en niveles no gratuitos y, en los términos de la ley, a universidades públicas. Gratis: niveles obligatorios y, en los términos de la ley, infantil; libros de texto en la enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos. FP y educación permanente: acceso en los términos de la ley.

Artículo 22. Salud

Se garantiza el derecho del artículo 43 de la Constitución a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tienen once derechos (letras a a k), entre ellos libre elección de médico y centro, consejo genético y medicina predictiva, tiempo máximo de acceso, segunda opinión facultativa, cuidados paliativos y asistencia geriátrica especializada. Enfermedad mental, enfermedades crónicas e invalidantes y grupos de riesgo: programas especiales y preferentes. La ley fija el ejercicio.

Artículo 23. Prestaciones sociales

Apartado 1: se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. Apartado 2: todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna, y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Artículo 24. Personas con discapacidad o dependencia

Son titulares del derecho las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia. Tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.

Artículo 25. Vivienda

Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, así como las ayudas que faciliten ese acceso.

Artículo 26. Trabajo

Para el derecho constitucional al trabajo se garantiza a todas las personas: a) el acceso gratuito a los servicios públicos de empleo; b) el acceso al empleo público en igualdad y según los principios de mérito y capacidad; c) el acceso a la formación profesional; d) el derecho al descanso y al ocio. Sindicatos y organizaciones empresariales tienen garantizadas las condiciones para las funciones que la Constitución les reconoce, y la ley regulará la participación institucional en la Junta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma.

Artículo 27. Consumidores

El artículo 27 garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección, en los términos que establezca la ley. Además, remite a la ley la regulación de dos cuestiones: los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor.

Artículo 28. Medio ambiente

Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras. Se garantiza mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales. Todas tienen derecho a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, según las leyes.

Artículo 29. Acceso a la justicia

El artículo 29 dispone que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. El sujeto que garantiza es la Comunidad Autónoma, y lo hace dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 30. Participación política

Los andaluces y andaluzas tienen derecho a participar en igualdad en los asuntos públicos, directamente o por representantes. Comprende: a) elegir a los órganos representativos y ser candidato; b) promover y presentar iniciativas legislativas y participar en la elaboración de leyes; c) promover la convocatoria de consultas populares por la Junta o los Ayuntamientos; d) petición individual y colectiva, por escrito; e) participar activamente en la vida pública. La Junta establecerá mecanismos para hacer extensivos estos derechos a ciudadanos de la UE y extranjeros residentes.

Artículo 31. Buena administración

Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley. Comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a: participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas información veraz; que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y se resuelvan en un plazo razonable; y acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.

Artículo 32. Protección de datos

El artículo garantiza a todas las personas el derecho al acceso, a la corrección y a la cancelación de sus datos personales que estén en poder de las Administraciones públicas andaluzas. Son tres facultades: acceso, corrección y cancelación. Los titulares son todas las personas y los datos a los que se refiere son los que están en poder de las Administraciones públicas andaluzas.

Artículo 33. Cultura

Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía y al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas. Junto a esos derechos, el artículo establece el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz.

Artículo 34. Acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación

El artículo 34 reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación. Ese derecho se ejerce mediante los medios y recursos que la ley establezca.

Artículo 35. Orientación sexual

El artículo 35 reconoce a toda persona el derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Además, dispone que los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho.

Artículo 36. Deberes

Sin perjuicio de los deberes constitucionales, el Estatuto establece y la ley desarrollará siete deberes de todas las personas: contribuir al gasto público en función de sus ingresos; conservar el medio ambiente; colaborar en emergencias; cumplir las obligaciones de la Administración electoral; usar responsable y solidariamente los servicios públicos; cuidar el patrimonio público, especialmente el histórico-artístico y natural; y contribuir a la educación de los hijos, especialmente en la enseñanza obligatoria. Las empresas se ajustarán a los principios ambientales del Título VII.

Artículo 37. Principios rectores

Los poderes de la Comunidad Autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar los derechos del Capítulo anterior y los objetivos del artículo 10 mediante 25 principios rectores: servicios públicos de calidad, lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, protección de mayores, dependientes, personas con discapacidad y sordas, jóvenes e inmigrantes, empleo de calidad, turismo y agroalimentario, cultura y flamenco, medio ambiente, renovables, vivienda protegida, víctimas y emergencias. Su desarrollo fijará supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.

Artículo 38. Vinculación de los poderes públicos y de los particulares

La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares. Deben interpretarse en el sentido más favorable a su plena efectividad. El Parlamento aprobará las leyes de desarrollo, que respetarán en todo caso el contenido establecido por el Estatuto y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos derechos.

Artículo 39. Protección jurisdiccional

Los actos de los poderes públicos de la Comunidad que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente. Ese recurso se sigue de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado.

Artículo 40. Efectividad de los principios rectores

El reconocimiento y protección de los principios rectores de las políticas públicas informará las normas legales y reglamentarias andaluzas, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Podrán alegarse ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Los poderes públicos andaluces adoptarán las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento, en su caso, mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas.

Artículo 41. Defensa de los derechos

Corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz velar por la defensa de los derechos enunciados en el presente Título, que es el Título I (Derechos sociales, deberes y políticas públicas). Lo hace en los términos del artículo 128, al que el precepto remite.

Artículo 42. Clasificación de las competencias

Andalucía tiene competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Exclusivas: potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva íntegramente; el derecho andaluz es preferente y el estatal supletorio. Compartidas: esas potestades en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley. Ejecutivas: función ejecutiva, organización propia y, cuando proceda, reglamentos de ejecución de normativa estatal. Además desarrolla y ejecuta la normativa de la UE, ejerce competencias transferidas o delegadas por el Estado y, si se acuerda con él, inspección y sanción en materias estatales.

Artículo 43. Alcance territorial y efectos de las competencias

Las competencias autonómicas despliegan su eficacia en el territorio de Andalucía, excepto en los supuestos a que se refieren expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia extraterritorial de disposiciones y actos de la Junta. Si el objeto de una competencia excede del territorio andaluz, la Comunidad la ejerce sobre la parte situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas.

Artículo 44. Principios de eficacia, proximidad y coordinación

El artículo 44 fija los principios que rigen todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial. Son tres: eficacia, proximidad y coordinación. La coordinación es la que ha de darse entre las Administraciones responsables.

Artículo 45. Fomento

Con fondos propios, en sus materias, la Comunidad Autónoma otorga subvenciones y regula o desarrolla objetivos y requisitos. Subvenciones territorializables de la Administración central y de la UE: en competencias exclusivas especifica objetivos, regula condiciones y gestiona; en compartidas precisa objetivos, completa condiciones y asume toda la gestión; en ejecutivas, gestión (tramitación y concesión). En las no territorializables participa, en los términos que fije el Estado, en determinar ese carácter y en su gestión y tramitación.

Artículo 46. Instituciones de autogobierno

El artículo 46 atribuye a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, dos materias: 1.ª la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno; y 2.ª las normas y procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general.

Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas

Exclusivas: procedimiento derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos; bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad; control, inspección y sanción en lo no afectado por el art. 149.1.18.ª CE; organización a efectos contractuales de la Administración propia. Compartidas: régimen jurídico de la Administración y de su personal; procedimiento administrativo común; contratos y concesiones; responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa: ejecutiva. Facultades para incorporar figuras jurídico-privadas necesarias.

Artículo 48. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de calidad

Exclusiva: agricultura, ganadería y desarrollo rural (48.1); pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, almadraba, pesca con artes menores, buceo profesional y titulaciones de recreo (48.2). Exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y los artículos 38, 131 y 149.1 CE (48.3): sectores agrario, ganadero, agroalimentario y pesquero. Compartida: planificación del sector pesquero y puertos pesqueros (48.4). Gestión de tierras públicas estatales (48.5).

Artículo 49. Energía y minas

Compartida: instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuyo transporte transcurra íntegramente por Andalucía sin afectar a otro territorio (con su autorización); renovables y eficiencia energética. Según las bases y la ordenación de la actuación económica general: energía y minas y regulación de producción, depósito y transporte de energías. Informe si las instalaciones superan Andalucía o la energía se aprovecha fuera. Participa en la planificación estatal (art. 221.1). Compartida: minas, actividades extractivas e instalaciones radiactivas de 2.ª y 3.ª categoría.

Artículo 50. Agua

Aguas que transcurren íntegramente por Andalucía, competencia exclusiva sobre: recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio; aguas minerales y termales; participación de usuarios, garantía del suministro, regulación parcelaria y obras de regadíos y de ahorro del agua. Intercomunitarias: participación en planificación y gestión. Ejecutiva: medidas adicionales de protección, obras estatales por convenio y policía del dominio público hidráulico.

Artículo 51. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Artículo 52. Educación

En enseñanza no universitaria que conduce a título con validez estatal (incluida educación infantil), la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre programación y creación de centros públicos, becas y ayudas con fondos propios, evaluación, formación del personal docente, cultura andaluza, actividades extraescolares y enseñanzas no presenciales y semipresenciales. Es compartida sobre planes de estudio, becas y ayudas estatales, admisión de alumnos y personal docente. Es ejecutiva sobre expedición y homologación de títulos estatales y de ejecución en las demás materias educativas.

Artículo 53. Universidades

En enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre la programación y coordinación del sistema universitario andaluz, la creación de universidades públicas y autorización de las privadas, la aprobación de sus estatutos y normas, la coordinación de los procedimientos de acceso, los títulos propios, la financiación propia, las becas propias y el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado. Tiene competencia compartida sobre todo lo demás y de ejecución en la expedición de títulos universitarios.

Artículo 54. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Competencia exclusiva sobre los centros y estructuras de investigación de la Junta y los proyectos que financia: líneas propias y evaluación de proyectos; organización y acreditación de centros; becas y ayudas de la Junta; regulación y formación del personal investigador y de apoyo; difusión de la ciencia y transferencia de resultados. Compartida: coordinación de los centros y estructuras de investigación de Andalucía. Colaboración con el Estado en el marco del Título IX; la Junta participa en la voluntad del Estado ante la Unión Europea y organismos internacionales.

Artículo 55. Salud, sanidad y farmacia

Exclusiva (55.1): organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios; ordenación farmacéutica (art. 149.1.16.ª CE); investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del Estado. Compartida (55.2): sanidad interior, sin perjuicio del artículo 61. Ejecución de la legislación estatal en productos farmacéuticos (55.3). Participación en la planificación y coordinación estatal de sanidad y salud pública, según el Título IX (55.4).

Artículo 56. Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, ordenación del litoral y obras públicas en su ámbito no declaradas de interés general por el Estado. Tiene competencia sobre condiciones de los edificios para infraestructuras comunes de telecomunicaciones, y compartida sobre derecho de reversión en expropiaciones urbanísticas. Emite informe previo sobre la calificación de obra de interés general del Estado; la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado lo emite sobre la ubicación de infraestructuras estatales en Andalucía.

Artículo 57. Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad

Sin perjuicio del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre montes, vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales, fauna y flora silvestres, prevención ambiental y caza y pesca fluvial y lacustre. Es compartida sobre planificación ambiental, recursos naturales, contaminación, vertidos, residuos, gases de efecto invernadero y fiscalidad ecológica. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado informa preceptivamente sobre espacios naturales de protección estatal. Puede establecer un servicio meteorológico propio.

Artículo 58. Actividad económica

Exclusivas (58.1): comercio, incluidos ferias y mercados interiores; nuevas tecnologías de la sociedad de la información; artesanía; cooperativas y economía social; promoción de la competencia y un órgano independiente que la defienda. Exclusivas según las bases de la actuación económica general (58.2): fomento y planificación económica, sector público económico, industria, consumidores, mercados de valores. Desarrollo y gestión de la planificación general (58.3). Ejecutivas (58.4), entre otras: ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, metrología y defensa de la competencia.

Artículo 59. Organización territorial

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre organización territorial, respetando la garantía institucional establecida por la Constitución en los artículos 140 y 141. Incluye en todo caso: a) la determinación, creación, modificación y supresión de las entidades que configuran la organización territorial de Andalucía; b) la creación, supresión y alteración de los términos de los entes locales y las comarcas que puedan constituirse, así como denominación y símbolos.

Artículo 60. Régimen local

Exclusiva en régimen local (respetando el art. 149.1.18.ª CE y la autonomía local): relaciones Junta–entes locales y cooperación mancomunal, convencional y consorcial; competencias y potestades locales en los ámbitos del Título III; bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y prestación de servicios; órganos de gobierno de los entes creados por la Junta; órganos complementarios; régimen electoral de los entes creados por la Junta, salvo los constitucionalmente garantizados. Lo no previsto en el apartado 1: compartida. Haciendas locales y tutela financiera: de la Comunidad Autónoma, dentro de las bases del Estado.

Artículo 61. Servicios sociales, voluntariado, menores y familias

Competencia exclusiva en servicios sociales (servicios y prestaciones técnicas y económicas; planes y programas para personas y colectivos en situación de necesidad social; instituciones de protección y tutela, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación), en voluntariado, en protección de menores (desamparados, en riesgo e infractores, sin perjuicio de la legislación civil y penal) y en promoción de las familias y de la infancia. En menores, participa además en la legislación penal y procesal vía los órganos y procedimientos multilaterales del artículo 221.1.

Artículo 62. Inmigración

Corresponden a la Comunidad las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias, y la competencia ejecutiva en autorizaciones de trabajo de extranjeros con relación laboral en Andalucía: tramitar y resolver las autorizaciones iniciales y sus recursos, y aplicar el régimen de inspección y sanción. Participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía; en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros, de forma preceptiva y previa, por los mecanismos del Título IX.

Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social

En el marco de la legislación del Estado, la Comunidad Autónoma tiene competencias ejecutivas en empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso, entre otras, las políticas activas de empleo, las cualificaciones profesionales, los servicios mínimos de huelgas, la potestad sancionadora del orden social, los convenios colectivos y el calendario de días festivos. La Junta tiene la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora, cuyos funcionarios dependen orgánica y funcionalmente de ella. En Seguridad Social, competencias ejecutivas con pleno respeto a la unidad de caja.

Artículo 64. Transportes y comunicaciones

Exclusiva (64.1): red viaria, transportes terrestres y transporte marítimo y fluvial íntegramente andaluces, centros de transporte y logística, y puertos, aeropuertos y helipuertos sin calificación legal de interés general del Estado. Ejecución (64.2): puertos y aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa, y ordenación del transporte con origen y destino en Andalucía. Además: participación en la planificación estatal, informes previos y competencia ejecutiva en comunicaciones electrónicas.

Artículo 65. Policía autonómica

Corresponden a la Comunidad Autónoma: las políticas de seguridad públicas de Andalucía, en los términos del artículo 149.1.29.ª de la Constitución; la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Andaluza, bajo la directa dependencia de la Junta y sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado; y la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales, que dependen de las autoridades municipales. Se creará una Junta de Seguridad paritaria (Gobierno y Junta de Andalucía).

Artículo 66. Protección civil y emergencias

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en protección civil, que incluye en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas sobre emergencias y seguridad civil, y la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, incluidos los de prevención y extinción de incendios, respetando las competencias del Estado en seguridad pública. Tiene competencias de ejecución en salvamento marítimo en el litoral andaluz y participa en la ejecución en seguridad nuclear, en los términos de las leyes y de los convenios que se suscriban.

Artículo 67. Seguridad y competencias en materia penitenciaria

La Comunidad Autónoma tiene competencias de ejecución en tres materias: seguridad ciudadana y orden público, en los términos que establezca la legislación del Estado; seguridad privada, cuando así lo establezca la legislación del Estado; y la competencia ejecutiva en materia penitenciaria.

Artículo 68. Cultura y patrimonio

Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en cultura (actividades artísticas y culturales, fomento, patrimonio, proyección internacional) y en el flamenco. Competencias ejecutivas sobre museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. Exclusiva sobre protección del patrimonio (sin perjuicio del art. 149.1.28.ª CE) y sobre archivos, museos y bibliotecas no estatales. Colabora con el Estado en el Archivo de Indias y la Real Chancillería y participa en las inversiones culturales estatales en Andalucía.

Artículo 69. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual

Corresponden a la Comunidad Autónoma: la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Junta y de los de ámbito local, respetando la autonomía local; el desarrollo legislativo y la ejecución sobre medios de comunicación social; y la competencia compartida sobre ordenación, regulación y control de los servicios audiovisuales dirigidos al público de Andalucía y de las ofertas distribuidas en su territorio. Podrá crear y mantener todos los medios de comunicación social necesarios para sus fines.

Artículo 70. Publicidad

El artículo 70 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre la publicidad en general y sobre publicidad institucional. Esa competencia corresponde a la Comunidad sin perjuicio de la legislación del Estado. Hay que retener el tipo de competencia (exclusiva), su objeto (la publicidad en general y la publicidad institucional) y la salvedad «sin perjuicio de la legislación del Estado».

Artículo 71. Turismo

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en turismo, que incluye en todo caso: ordenación y planificación del sector; regulación y clasificación de empresas y establecimientos; gestión de la red de establecimientos de titularidad de la Junta; coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España según la legislación estatal; promoción interna y externa, con acuerdos con entes extranjeros y oficinas en el extranjero; derechos y deberes de usuarios y prestadores; formación, y líneas públicas de ayuda y promoción.

Artículo 72. Deportes, espectáculos y actividades recreativas

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en dos bloques. Deportes y actividades de tiempo libre: incluye planificación, coordinación y fomento de estas actividades, y la regulación y declaración de utilidad pública de entidades deportivas. Espectáculos y actividades recreativas: incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.

Artículo 73. Políticas de género

Exclusiva en políticas de género, respetando lo establecido por el Estado en ejercicio del artículo 149.1.1.ª de la Constitución: promoción de la igualdad de hombres y mujeres en los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos (con facultad expresa de dictar normativas propias o de desarrollo); normas y planes de políticas para la mujer y acciones positivas contra la discriminación por razón de sexo; y asociacionismo de mujeres. Compartida en lucha contra la violencia de género, planificación de actuaciones y evaluación y propuesta ante la Administración central.

Artículo 74. Políticas de juventud

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye en todo caso: a) la promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes y las actividades de fomento o normativas para su acceso al trabajo, la vivienda y la formación profesional; b) el diseño, aplicación y evaluación de políticas y planes para la juventud; c) la promoción del asociacionismo juvenil, la participación de los jóvenes, la movilidad internacional y el turismo juvenil; d) la regulación y gestión de actividades e instalaciones para la juventud.

Artículo 75. Cajas de ahorro, entidades de crédito, bancos, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de Seguridad Social

Sobre cajas de ahorro con domicilio en Andalucía, cajas rurales y cooperativas de crédito: competencia exclusiva sobre su organización y compartida sobre la actividad financiera y sobre disciplina, inspección y sanción; colabora en la inspección y sanción del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. Desarrollo legislativo y ejecución en crédito, banca y seguros. Exclusiva sobre las mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad Social; compartida sobre otras entidades de crédito, aseguradoras y gestoras de pensiones.

Artículo 76. Función pública y estadística

Función pública: la Comunidad tiene el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. A la Junta, respetando la autonomía local: exclusiva sobre planificación, organización general, formación y acción social de su función pública; compartida sobre el régimen estatutario del personal de las Administraciones andaluzas; exclusiva, en personal laboral, sobre su adaptación a la organización administrativa y su formación. Estadística para fines de la Comunidad: exclusiva; en la de alcance suprautonómico, participa y colabora.

Artículo 77. Notariado y registros públicos

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva sobre tres materias: el nombramiento de Notarios y Registradores y el establecimiento de demarcaciones notariales y registrales; el Registro Civil; y los archivos de protocolos notariales y de libros registrales de la propiedad, mercantiles y civiles.

Artículo 78. Consultas populares

Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria, por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum.

Artículo 79. Asociaciones, fundaciones y corporaciones de derecho público

Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre el régimen jurídico de las asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, respetando las condiciones básicas del Estado y la reserva de ley orgánica; y sobre las academias y el régimen jurídico de las fundaciones con ese ámbito. En lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª CE, competencias exclusivas sobre cámaras, cofradías de pescadores, consejos reguladores de denominaciones de origen y colegios profesionales. Y competencia sobre la definición de las corporaciones, en el marco de la legislación básica estatal.

Artículo 80. Administración de Justicia

La Comunidad Autónoma tiene competencias compartidas en materia de administración de justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluyen: la gestión de los recursos materiales; la organización de los medios humanos al servicio de la Administración de Justicia; las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales; los concursos y oposiciones de personal no judicial; y cuantas competencias ejecutivas le atribuyen el Título V del Estatuto y la legislación estatal.

Artículo 81. Juego

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. La autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal, o la modificación de las existentes, requiere la deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el Título IX y el informe previo de la Junta de Andalucía.

Artículo 82. Protección de datos

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal gestionados por: las instituciones autonómicas de Andalucía, la Administración autonómica, las Administraciones locales, otras entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, y las universidades del sistema universitario andaluz.

Artículo 83. Denominaciones de origen y otras menciones de calidad

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Incluye, en todo caso: el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control de su actuación.

Artículo 84. Organización de servicios básicos

La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar todos los servicios relacionados con educación, sanidad y servicios sociales y ejercerá la tutela de las instituciones y entidades en estas materias, sin perjuicio de la alta inspección del Estado. Ajustará el ejercicio de esas competencias a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, en los términos que la ley establezca.

Artículo 85. Ejercicio de las funciones y servicios inherentes a las competencias de la Comunidad Autónoma

En el ámbito de las competencias que le atribuye el Estatuto, a la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponden, además de las facultades y funciones expresamente contempladas en él, todas aquellas que, por su naturaleza, resulten inherentes a su pleno ejercicio. El ejercicio de las funciones y servicios inherentes a las competencias recogidas en este Título se entenderá conforme a lo establecido en el Título VIII de la Constitución.

Artículo 86. Participación en la ordenación general de la actividad económica

El artículo 86 dispone que la Junta de Andalucía participa en la elaboración de las decisiones estatales que afectan a la ordenación general de la actividad económica. Esa participación se produce en el marco de lo establecido en el artículo 131.2 de la Constitución. Retener quién participa (la Junta de Andalucía), en qué (la elaboración de decisiones estatales sobre la ordenación general de la actividad económica) y el marco citado (artículo 131.2 de la Constitución).

Artículo 87. Procesos de designación de los miembros de los organismos económicos y sociales

Andalucía participa en la designación de miembros de órganos e instituciones del Estado de carácter económico y social en los términos de la Constitución y la legislación estatal: 1.º Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y otras autoridades reguladoras estatales; 2.º organismos económicos y energéticos, instituciones financieras y empresas públicas estatales no traspasadas; 3.º Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria y otros. La participación corresponde al Parlamento o se hace con su acuerdo.

Artículo 88. Coordinación con el Estado

El artículo 88 establece cómo se coordina la Junta de Andalucía con el Estado: esa coordinación se llevará a cabo a través de los mecanismos multilaterales y bilaterales previstos en el Título IX. Hay que retener quién se coordina (la Junta de Andalucía con el Estado), con qué mecanismos (multilaterales y bilaterales) y dónde están previstos (Título IX).

Artículo 89. Estructura territorial

Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. La Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales determinados en el Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa autonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local.

Artículo 90. Principios de la organización territorial

La organización territorial de Andalucía se regirá por nueve principios: autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.

Artículo 91. El municipio

El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses; su representación, gobierno y administración corresponden a los Ayuntamientos. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia se harán según la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado. Los municipios tienen plena capacidad de autoorganización dentro de las disposiciones generales establecidas por ley.

Artículo 92. Competencias propias de los municipios

El Estatuto garantiza a los municipios un núcleo competencial propio, ejercido con plena autonomía y sujeto sólo a controles de constitucionalidad y legalidad. Los Ayuntamientos tienen competencias propias, en los términos que determinen las leyes, sobre: urbanismo; vivienda; servicios sociales comunitarios; servicios básicos (agua, alumbrado, residuos, limpieza viaria, incendios, transporte público); vías públicas; movilidad; cooperación en patrimonio, medio ambiente y salud pública; seguridad en espacios públicos; consumo; turismo; cultura; deporte; cementerio; y otras que fijen las leyes.

Artículo 93. Transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos

Una ley aprobada por mayoría absoluta regulará la transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos, siempre con la necesaria suficiencia financiera y de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad institucional. La planificación y control quedan en el ámbito de la Junta de Andalucía. Lo transferido o delegado a los Municipios deberá referirse sustancialmente a su prestación o ejercicio, y la Comunidad mantendrá, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.

Artículo 94. Agrupación de municipios

Una ley regulará las funciones de las áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y aquellas otras agrupaciones de municipios que se establezcan (la relación queda abierta). Para ello se tendrán en cuenta las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los distintos entes locales.

Artículo 95. Órgano de relación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos

Una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, composición y funciones de un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos andaluces. Ese órgano funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional y será consultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las Corporaciones locales.

Artículo 96. La provincia

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes Generales. Su gobierno y administración autónoma corresponden a la Diputación, que tiene: coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios; las competencias que le atribuya la legislación; y las que le delegue la Comunidad Autónoma. La Junta coordina a las Diputaciones en materias de interés general por ley de mayoría absoluta, y en todo caso los planes provinciales de obras y servicios.

Artículo 97. Comarcas

La comarca es la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines. Una ley del Parlamento de Andalucía podrá regular la creación de comarcas y establecerá también sus competencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno.

Artículo 98. Ley de régimen local

Una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del Estado, regulará: las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales; las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y con la Administración de la Comunidad Autónoma, incluidas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales; y cuantas materias se deduzcan del artículo 60. Tendrá en cuenta las diferentes características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes.

Artículo 248. Iniciativa y procedimiento ordinario

La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Parlamento de Andalucía (a propuesta de una tercera parte de sus miembros) o a las Cortes Generales. Requiere, en todo caso, aprobación del Parlamento por mayoría de dos tercios, de las Cortes Generales mediante ley orgánica y referéndum positivo de los electores andaluces. Si fracasa, no puede volver a debatirse en el Parlamento hasta pasado un año. La Junta somete la reforma a referéndum en el plazo máximo de seis meses desde su ratificación por ley orgánica, que implica la autorización de la consulta.

Artículo 249. Procedimiento simplificado

Si la reforma no afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, se podrá seguir este procedimiento: a) el Parlamento de Andalucía elabora y aprueba el proyecto; b) consulta a las Cortes Generales; c) si en treinta días desde la recepción de la consulta no se declaran afectadas, se convoca, debidamente autorizado, referéndum sobre el texto; d) finalmente, aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. e) Si se declaran afectadas en ese plazo, una comisión mixta paritaria formula una propuesta conjunta y se sigue el procedimiento del artículo anterior.

Artículo 250. Retirada de la propuesta de reforma

En cualquiera de los dos procedimientos de reforma regulados en los artículos anteriores, el Parlamento de Andalucía, por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma en tramitación ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales, siempre antes de que haya recaído votación final sobre ella. Si la retira, no se aplica la limitación temporal prevista en el artículo 248.2.

La identidad histórico-cultural de Andalucía en el preámbulo del Estatuto de 2007

El preámbulo del Estatuto de 2007 (LO 2/2007) afirma que Andalucía ha forjado una identidad singular como pueblo, en un espacio de encuentro entre civilizaciones; su patrimonio es parte esencial de España. Rasgos: acervo mestizo, patrimonio tangible e intangible, valores universales, territorio en torno al Guadalquivir (nexo entre Europa y África) y, como hecho diferencial del espacio de frontera, un sistema urbano medido en clave humana. Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza (Parlamento, abril de 1983). Única Comunidad con legitimidad específica por referéndum; nacionalidad (art. 2 CE).

La Constitución Federal de Antequera de 1883

Según el preámbulo del Estatuto de 2007, el primer texto que plasma la voluntad de autogobierno andaluz es la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883). Surge del intento de Pi y Margall de recomponer el Partido Republicano Federal; la impulsó Antonio Azuaga y se celebró en Antequera el 28 de octubre de 1883. La redactó Carlos Saornil (Álora): 98 artículos en 12 títulos; Andalucía soberana y autónoma, federación de cantones basada en los municipios; derechos de la mujer. Publicada en 1891, la Asamblea de Ronda de 1918 la hizo «Carta Magna».

Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza

Blas Infante nació en Casares (Málaga) el 5 de julio de 1885; notario, en Cantillana conoció el georgismo. En 1915 publicó Ideal Andaluz (memoria presentada en el Ateneo de Sevilla en 1914). En abril de 1916 aparece el Manifiesto regionalista fundacional y el 22 de octubre de 1916 crea el Centro Andaluz de Sevilla; Primo de Rivera clausuró los Centros en 1923, que en 1931 pasan a ser la Junta Liberalista. Fue fusilado el 11 de agosto de 1936. El Parlamento lo reconoció Padre de la Patria Andaluza el 14 de abril de 1983 y el Congreso, en noviembre de 2002.

La Asamblea Regionalista de Ronda de 1918

La primera Asamblea Regionalista andaluza se celebró en Ronda el 13 y 14 de enero de 1918, retrasada por la suspensión de garantías. Declaró a Andalucía «la realidad de una patria». Según Cruz Artacho: asume la Constitución federal de 1883 como carta magna del andalucismo; reclama la autonomía, la reforma georgista de la tierra, industrialización y formación («Tierra, Autonomía y Libertad»); y acuerda la bandera y el escudo (el himno no). En noviembre de 1918 el Centro Regionalista de Sevilla pidió la autonomía por decreto: primera petición de autonomía política, según Ruiz Romero.

Los símbolos de Andalucía: bandera, escudo, lema e himno

La bandera y el escudo se aprobaron en la Asamblea de Ronda (13 y 14 de enero de 1918); Blas Infante los describió en diciembre de 1919. Bandera: tres franjas horizontales iguales, verdes las de los extremos y blanca la central. Escudo: el de Cádiz, Hércules ante las columnas sujetando dos leones, con la inscripción «Dominator Hercules Fundator» en orla y «Bética-Andalus» a sus pies. Lema (de 1914): «Andalucía para sí, para España y la Humanidad». Himno: aprobado en 1933 por las Juntas Liberalistas; letra de Infante y música del maestro Castillo.

Córdoba, 1919: el Manifiesto Nacionalista y la II Asamblea Regionalista

Manifiesto Nacionalista o andalucista de Córdoba: presentado el 1 de enero de 1919 por iniciativa del Centro Regionalista Andaluz de Córdoba, con adhesión del de Jaén y de Blas Infante. Declara: «Andalucía es una nacionalidad…» Abre la fase nacionalista del andalucismo; el Estatuto de 2007 dice que describió a Andalucía como realidad nacional. II Asamblea Regionalista: Córdoba, 23 a 25 de marzo de 1919, presidida por Infante; tema central, el problema agrario (latifundismo, reforma georgista, bienes comunales), con Pascual Carrión.

La II República: la Asamblea de Córdoba de 1933 y el Estatuto frustrado de 1936

La Constitución de 1931 permitía Estatutos regionales. En abril de 1931 nace la Junta Liberalista; fue clave la Diputación de Sevilla (Hermenegildo Casas). El 26 de febrero de 1932 las diputaciones aprueban en Sevilla las Bases para el Estatuto. Asamblea de Córdoba (29-31 de enero de 1933, 236 delegados): Granada, Jaén, Almería y Huelva se retiran; el 31 se aprueba el Anteproyecto de Bases. En noviembre de 1933 se paraliza. El 5 de julio de 1936 se crea la Junta Regional Proautonómica (Infante, presidente de honor); el golpe de julio lo trunca.

El 4 de diciembre de 1977 y el Pacto de Antequera de 1978

El 4 de diciembre de 1977 cerca de un millón y medio de andaluces se manifestaron por la autonomía en las capitales, convocados por la Asamblea de Parlamentarios Andaluces (constituida el 12 de octubre de 1977). En Málaga murió un joven militante de CC.OO. Desde 1978 es el «Día de Andalucía». Pacto de Antequera: propuesto por Plácido Fernández Viagas el 3 de octubre de 1978 y firmado el 4 de diciembre de 1978 por once fuerzas políticas; compromiso de lograr cuanto antes la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución. Antequera evocaba la Constitución de 1883.

El ente preautonómico: el Real Decreto-ley 11/1978 y Plácido Fernández Viagas

El ente preautonómico (Junta de Andalucía) lo instituyó el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril; Andalucía fue la séptima preautonomía. Iba a llamarse «Consejo Regional Andaluz», pero Manuel Clavero Arévalo impulsó «Junta de Andalucía». Se constituyó el 27 de mayo de 1978 en la Diputación de Cádiz. Primer presidente: Plácido Fernández Viagas (18 votos frente a 13 de Jaime García Añoveros). Órganos: Presidencia, Pleno y Consejo Permanente. Competencias más administrativas que políticas. En junio de 1979 le sucedió Rafael Escuredo (hasta julio de 1982).

La vía del artículo 151 y el referéndum del 28 de febrero de 1980

En junio de 1979, en Granada, la Junta preautonómica de Escuredo acordó la vía del artículo 151 (UCD defendía la del 143). Requisitos: iniciativa de diputaciones y municipios (plazo abierto por Puerto Real el 21 de abril de 1979) y ratificación en referéndum por mayoría absoluta del censo en cada provincia; si no, cinco años de espera. El referéndum del 28 de febrero de 1980 tuvo 15 días de campaña; UCD pidió la abstención («Andaluz, éste no es tu referéndum»); Escuredo hizo huelga de hambre. El sí ganó en siete provincias, no en Almería.

El desbloqueo y el Estatuto de Autonomía de 1981

Tras el 28-F, la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre, desbloqueó el proceso: vale la mayoría de síes en cada provincia si hay mayoría absoluta del censo en el conjunto, y las Cortes pueden sustituir la iniciativa de la provincia sin ratificación (así se suplió Almería). Un primer borrador se aprobó en Carmona el 2 de agosto de 1979; el proyecto (el «Estatuto de Carmona») lo aprobó en Córdoba la Asamblea de Parlamentarios desde el 28 de febrero de 1981. Referéndum del 20 de octubre de 1981; sanción el 30 de diciembre de 1981. Cuarto Estatuto; única comunidad por el artículo 151.

Cronología de los intentos autonomistas andaluces (1883-1981)

Cronología del autogobierno: Antequera, 28-10-1883 (Constitución Federal); Centro Andaluz, 22-10-1916; Ronda, 13 y 14-1-1918 (bandera y escudo); Manifiesto de Córdoba, 1-1-1919; II Asamblea, Córdoba, marzo de 1919 (cuestión agraria); Junta Liberalista, abril de 1931; Córdoba, enero de 1933 (Anteproyecto de Bases) e himno; Sevilla, 5-7-1936; manifestaciones, 4-12-1977; preautonomía, 27-4-1978 (constituida en Cádiz el 27-5); Pacto de Antequera, 4-12-1978; Escuredo y vía del 151, junio de 1979; 28-F de 1980; LO 12/1980, 16-12-1980; Córdoba, 28-2-1981; referéndum, 20-10-1981; sanción, 30-12-1981.