Tema 2 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Estado social y democrático de Derecho

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. Unidad y autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3. Lenguas de España

El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CCAA respectivas, de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza lingüística es patrimonio cultural.

Artículo 4. La bandera

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Las CCAA podrán reconocer banderas propias, que se usarán junto a la de España.

Artículo 5. La capital

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6. Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.

Artículo 8. Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Artículo 9. Principios del art. 9.3

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 10. Dignidad de la persona

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Artículo 11. Nacionalidad española

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en esos mismos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad.

Artículo 12. Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos del derecho de asilo.

Artículo 14. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.

Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17. Derecho a la libertad y seguridad

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus.

Artículo 18. Intimidad, domicilio y comunicaciones

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. También a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley, con un límite tajante: ese derecho no podrá limitarse por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión e información

Se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. No podrá restringirse mediante censura previa.

Artículo 21. Derecho de reunión y manifestación

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y su ejercicio no necesita autorización previa. En las reuniones en lugares de tránsito público y en las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Derecho de asociación

Se reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Las constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24. Tutela judicial efectiva

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Artículo 25. Principio de legalidad penal y sancionadora

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados; el preso conserva los derechos fundamentales de este Capítulo salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Y la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27. Derecho a la educación

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes.

Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29. Derecho de petición

Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

Artículo 30. Deber de defender a España

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares y regulará la objeción de conciencia. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Los ciudadanos podrán ser requeridos para colaborar en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32. Derecho al matrimonio

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34. Derecho de fundación

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Rige también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35. Derecho y deber de trabajar

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36. Colegios profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37. Negociación colectiva y conflictos colectivos

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, y la ley que lo regule incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38. Libertad de empresa

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Artículo 39. Protección de la familia y de la infancia

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral de los hijos —iguales ante la ley con independencia de su filiación— y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales.

Artículo 40. Progreso social y económico y política de empleo

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica, y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Fomentarán además la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41. Seguridad Social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42. Protección de los trabajadores españoles en el extranjero

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43. Protección de la salud

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44. Acceso a la cultura y a la ciencia

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes lo violen se establecerán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46. Conservación del patrimonio histórico y cultural

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47. Derecho a una vivienda digna

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48. Participación de la juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49. Atención a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles, y fomentarán la participación de sus organizaciones, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50. Suficiencia económica de las personas mayores

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles. Y la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 53. Garantías de los derechos y libertades

Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Los principios del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

Los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio; se exceptúa el artículo 17.3 en el estado de excepción. Además, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan suspenderse los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. El uso injustificado o abusivo de esas facultades producirá responsabilidad penal.

Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

Artículo 1. Titulares del derecho de petición

Artículo 2. Destinatarios

El derecho de petición puede ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, y también ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas. Siempre respecto de las materias de su competencia, sea cual sea el ámbito territorial o funcional de esta.

Artículo 3. Objeto de las peticiones

Las peticiones pueden versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, afecten solo al peticionario o sean de interés colectivo o general. Quedan fuera de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en esta Ley.

Artículo 4. Formalización

Las peticiones se formulan por escrito, por cualquier medio, incluso electrónico, que permita acreditar su autenticidad. Deben incluir la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para notificaciones, el objeto y el destinatario. Las colectivas, además, las firman todos los peticionarios, con el nombre y apellidos de cada uno junto a su firma. Puede remitirse copia a otra institución u órgano solo para su conocimiento, y los peticionarios pueden exigir la confidencialidad de sus datos.

Artículo 5. Utilización de lenguas cooficiales

En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, las peticiones a la Administración General del Estado o a sus organismos públicos pueden formularse en cualquiera de las lenguas oficiales, con respuesta en la lengua que elija el peticionario. Ante instituciones autonómicas y entidades locales rige la legislación autonómica. Se traducen al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera de la Comunidad y los dirigidos a interesados que lo pidan expresamente; no es precisa si surten efectos en otra Comunidad donde sea cooficial esa misma lengua.

Artículo 6. Presentación de escritos

El escrito de petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones pueden presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La administración, institución pública o autoridad que reciba la petición acusa recibo y lo comunica al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción; lo hace el órgano correspondiente según la norma organizativa de cada entidad.

Artículo 7. Tramitación de peticiones. Subsanación

Recibido el escrito, la autoridad u órgano comprueba su adecuación a los requisitos de la Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes, y declara la inadmisión o tramita la petición. Si faltan los requisitos del artículo 4 o los datos no están claros, requiere la subsanación en quince días, con apercibimiento de tenerlo por desistido y archivo notificado con expresión de la causa. También puede pedir datos o documentos complementarios estrictamente imprescindibles; no aportarlos no determina por sí solo la inadmisibilidad.

Artículo 8. Inadmisión de peticiones

No se admiten las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, ni aquellas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al de esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial. Tampoco las que versen sobre un objeto con procedimiento parlamentario, administrativo o proceso judicial ya iniciado, mientras no haya recaído acuerdo o resolución firme.

Artículo 9. Declaración de inadmisibilidad. Plazo

La declaración de inadmisibilidad es siempre motivada y debe acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición. Si la inadmisión se debe a que existen otros procedimientos específicos para satisfacer el objeto de la petición, debe indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse y el órgano competente. En otro caso, la petición se entiende admitida a trámite.

Artículo 10. Decisiones sobre competencia

Si la inadmisibilidad se basa en la falta de competencia del destinatario, este remite la petición a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunica así al peticionario; los plazos se computan entonces desde la recepción del escrito, aplicándose el artículo 6.2. Si el órgano o autoridad que se estima incompetente y el que considera competente pertenecen a la misma institución, administración u organismo, le remite directamente las actuaciones.

Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas

Admitida a trámite la petición, la autoridad u órgano competente debe contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su presentación, y puede convocar a los peticionarios en audiencia especial. Si la estima fundada, debe atenderla y adoptar las medidas oportunas, incluido el impulso de una disposición de carácter general. La contestación recoge, al menos, los términos en que se ha tomado en consideración y las razones para acceder o no. Puede insertarse en el diario oficial que corresponda. Anualmente se confecciona una memoria de actividades.

Artículo 12. Protección jurisdiccional

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial por las vías del artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de otras acciones que el peticionario estime procedentes. Pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona: la declaración de inadmisibilidad de la petición, la omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido y la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 114

El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos del artículo 53.2 de la Constitución española se rige, en el orden contencioso-administrativo, por este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la Ley. En él pueden hacerse valer las pretensiones de los artículos 31 y 32, siempre que su finalidad sea restablecer o preservar los derechos o libertades por los que se formuló el recurso. La tramitación de estos recursos tiene carácter preferente a todos los efectos.

Artículo 115

Plazo de interposición: diez días, desde el día siguiente a la notificación del acto, la publicación de la disposición, el requerimiento de cese de la vía de hecho o el transcurso del plazo fijado para la resolución. En caso de inactividad administrativa, de recurso administrativo potestativo o de vía de hecho sin requerimiento, los diez días se inician transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación. El escrito expresa con precisión y claridad el derecho cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales.

Artículo 116

El mismo día de la presentación del recurso o el siguiente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere al órgano administrativo para que, en un máximo de cinco días desde la recepción, remita el expediente en soporte electrónico. Al remitirlo, el órgano administrativo emplaza a los interesados para comparecer como demandados en cinco días. Administración y demandados pueden pedir razonadamente la inadmisión. La falta de envío no suspende el curso de los autos; si el expediente llega tarde, se entrega a las partes por cuarenta y ocho horas para alegaciones.

Artículo 117

Recibido el expediente o transcurrido el plazo para remitirlo y, en su caso, el del emplazamiento, el Secretario judicial dicta decreto, dentro del siguiente día, mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, da cuenta al Tribunal. Ante posibles motivos de inadmisión, el Secretario judicial convoca a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia antes de transcurrir cinco días. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dicta auto: proseguir por este trámite o inadmitir por inadecuación del procedimiento.

Artículo 118

Una vez acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, el Secretario judicial pone de manifiesto al recurrente el expediente y las demás actuaciones. El recurrente dispone entonces de un plazo improrrogable de ocho días para formalizar la demanda y acompañar los documentos.

Artículo 119

Formalizada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia da traslado de ella, con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas. Todos ellos disponen de un plazo común e improrrogable de ocho días para presentar sus alegaciones y acompañar los documentos que estimen oportunos.

Artículo 120

Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano jurisdiccional decide en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales de la Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57. El período probatorio no puede superar en ningún caso los veinte días, que son comunes para la proposición y la práctica de la prueba.

Artículo 121

Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dicta sentencia en cinco días. La sentencia estima el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de ella vulneran un derecho de los susceptibles de amparo. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procede siempre la apelación en un solo efecto.

Artículo 122

Si los promotores no aceptan la prohibición o la propuesta de modificación de una reunión, pueden interponer recurso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, trasladando copia registrada del escrito a la autoridad gubernativa para que remita el expediente. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, en el plazo improrrogable de cuatro días, convoca al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes a una audiencia contradictoria, que se resuelve sin ulterior recurso. La decisión solo puede mantener o revocar.

Artículo 122 bis

Apartado 1: la autorización judicial del artículo 8.2 de la Ley 34/2002 se solicita por los órganos competentes; el Juzgado resuelve en 24 horas, previa audiencia del Ministerio Fiscal, y autoriza si no resulta afectado el artículo 18.1 y 3 de la Constitución. Apartado 2: ejecutar las medidas de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual requiere autorización judicial previa. El Juzgado da traslado en el plazo improrrogable de dos días, caben alegaciones escritas en cinco días comunes y el Juez resuelve por auto en dos días o acuerda vista oral. Solo cabe autorizar o denegar.

Artículo 122 ter. Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos

La autoridad de protección de datos solicita al Tribunal competente que se pronuncie sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de una decisión de la Comisión Europea sobre transferencia internacional de datos, con copia del expediente. Son partes esa autoridad, quienes lo fueran ante ella y, en todo caso, la Comisión Europea. Personación: tres días. Alegaciones: diez días. Decisión: diez días. Si es conforme, sentencia que deniega la autorización; si es contraria, auto de cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 122 quater. Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales

Regula la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones de los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) es parte el Ministerio fiscal. La tramitación tiene siempre carácter preferente y se resuelve por auto en un plazo máximo de tres días naturales.

Artículo 1

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan, para defender los derechos del Título I de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomiendan la Constitución y esta Ley.

Artículo 2

Lo eligen las Cortes Generales por cinco años y se relaciona con ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidato (acuerdos por mayoría simple). El Pleno del Congreso se convoca en no menos de diez días; hacen falta tres quintos del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado en veinte días como máximo. Si no se logra, nuevas propuestas en un mes como máximo y basta tres quintos del Congreso más mayoría absoluta del Senado. La Comisión da conformidad previa a los adjuntos.

Artículo 9

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, conforme al artículo 103.1 de la Constitución y al respeto de los derechos de su Título primero. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 10

Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia. Diputados y Senadores individualmente, ciertas comisiones y, principalmente, la Comisión Mixta pueden pedir su intervención mediante escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia.

Artículo 41

Son susceptibles de amparo constitucional los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 de la Constitución y la objeción de conciencia del artículo 30, sin perjuicio de su tutela general por los Tribunales de Justicia. El amparo protege frente a violaciones originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos territoriales, corporativos o institucionales, y de sus funcionarios o agentes. Solo cabe pedir restablecer o preservar esos derechos.

Artículo 42

Las decisiones o actos sin valor de Ley de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus órganos, que violen derechos y libertades susceptibles de amparo, pueden recurrirse en amparo en el plazo de tres meses, contado desde que sean firmes con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas.

Artículo 43

Las violaciones de derechos y libertades causadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o sus autoridades, funcionarios o agentes, dan lugar al amparo una vez agotada la vía judicial procedente. El plazo es de veinte días siguientes a la notificación de la resolución del previo proceso judicial, y el recurso solo puede fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos que reconocen derechos susceptibles de amparo.

Artículo 44

Las violaciones de derechos susceptibles de amparo con origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial dan lugar al amparo si: a) se agotaron todos los medios de impugnación de la vía judicial; b) la violación es imputable de modo inmediato y directo al órgano judicial, sin que el Tribunal Constitucional entre a conocer de los hechos del proceso; c) se denunció formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, tan pronto como hubo lugar. Plazo: 30 días desde la notificación de la resolución judicial.

Artículo 45

Artículo 46

Pueden interponer el amparo: en los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; en los de los artículos 43 y 44, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Si recurre el Defensor del Pueblo o el Fiscal, la Sala competente lo comunica a los posibles agraviados conocidos y ordena anunciarlo en el «Boletín Oficial del Estado», publicación que tiene carácter preferente.

Artículo 47

Pueden comparecer en el proceso de amparo, como demandado o como coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho que motiva el recurso o que tengan un interés legítimo en él. El Ministerio Fiscal interviene en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.

Artículo 48

Artículo 49

El amparo se inicia por demanda que expone con claridad y concisión los hechos, cita los preceptos constitucionales infringidos, fija con precisión el amparo solicitado y, en todo caso, justifica la especial trascendencia constitucional del recurso. Se acompañan el documento de representación y, en su caso, copia, traslado o certificación de la resolución recaída, y tantas copias como partes en el previo proceso más una para el Ministerio Fiscal. Si falta algún requisito, las Secretarías de Justicia lo advierten al interesado en el plazo de 10 días, con apercibimiento de inadmisión.

Artículo 50

El amparo requiere decisión de admisión. La Sección, por unanimidad, la acuerda por providencia, en todo o en parte, solo si la demanda cumple los artículos 41 a 46 y 49 y el recurso tiene especial trascendencia constitucional. Si hay mayoría sin unanimidad, decide la Sala. Las providencias de inadmisión especifican el requisito incumplido, se notifican al demandante y al Fiscal, y solo el Ministerio Fiscal puede recurrirlas en súplica en tres días; el auto que lo resuelve es inimpugnable. Defectos subsanables: como en el artículo 49.4; sin subsanación, inadmisión sin recurso.

Artículo 51

Admitida la demanda de amparo, la Sala requiere con carácter urgente al órgano o autoridad de que dimane la decisión, acto o hecho, o al Juez o Tribunal del procedimiento precedente, para que remita las actuaciones o su testimonio en un plazo que no puede exceder de diez días. Este acusa recibo inmediato, envía dentro de ese plazo y emplaza a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para comparecer en el proceso constitucional en diez días.

Artículo 52

Recibidas las actuaciones y pasado el emplazamiento, la Sala da vista a quien promovió el amparo, a los personados, al Abogado del Estado si está interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal, por plazo común de hasta veinte días para alegaciones. Después, la Sala puede deferir la resolución a una de sus Secciones cuando sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, o señalar día para la vista o la deliberación y votación. La sentencia se dicta en 10 días desde el día señalado.

Artículo 53

Al conocer del fondo del asunto, la Sala o, en su caso, la Sección pronuncia en su sentencia uno de estos dos fallos: otorgamiento de amparo o denegación de amparo. El artículo no prevé otros fallos sobre el fondo, y atribuye la sentencia a la Sala o a la Sección, no al Pleno.

Artículo 54

Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca de un recurso de amparo contra decisiones de jueces y tribunales, su función se limita a dos cosas: concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y preservar o restablecer esos derechos o libertades. Debe abstenerse de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.

Artículo 55

La sentencia que otorga el amparo contiene alguno o algunos de estos pronunciamientos: a) nulidad de la decisión, acto o resolución que impidió el pleno ejercicio de los derechos o libertades, con la extensión de sus efectos; b) reconocimiento del derecho o libertad pública según su contenido constitucionalmente declarado; c) restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho, con medidas para su conservación. Si el amparo debiera estimarse porque la ley aplicada lesiona derechos fundamentales, se eleva la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia.

Artículo 56

Interponer el amparo no suspende los efectos del acto o sentencia impugnados. Pero la Sala (o la Sección, en el supuesto del art. 52.2), de oficio o a instancia del recurrente, puede suspenderlos en todo o en parte si la ejecución haría perder al amparo su finalidad, salvo perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido o de derechos ajenos; también caben otras medidas cautelares. Se piden antes de la sentencia; audiencia por plazo común no superior a tres días. Cabe exigir caución o fianza. En urgencia excepcional, se adoptan en la admisión a trámite, impugnable en cinco días.

Artículo 57

La decisión sobre la suspensión, tanto si la concede como si la deniega, puede modificarse mientras dura el juicio de amparo constitucional. Puede hacerse de oficio o a instancia de parte, por circunstancias sobrevenidas o por circunstancias que no pudieron conocerse cuando se sustanció el incidente de suspensión.

Artículo 58

Las peticiones de indemnización por los daños causados por conceder o denegar la suspensión las resuelven los Jueces o Tribunales, a cuya disposición se ponen las fianzas constituidas. Se tramitan por el trámite de los incidentes y deben presentarse en el plazo de un año desde la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Artículo 1

Procede declarar los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible mantener la normalidad con los poderes ordinarios de las Autoridades competentes. Medidas y duración: las estrictamente indispensables para restablecer la normalidad, aplicadas de forma proporcionada. Al finalizar su vigencia decaen las competencias sancionadoras y preventivas y las medidas concretas adoptadas, salvo las sanciones firmes. La declaración no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.

Artículo 2

La declaración de cualquiera de los tres estados se publica de inmediato en el «Boletín Oficial del Estado» y se difunde obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen. Entra en vigor desde el instante mismo de su publicación en el BOE. También son de difusión obligatoria las disposiciones que dicte la Autoridad competente durante la vigencia de cada estado.

Artículo 3

Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante los estados de alarma, excepción y sitio pueden impugnarse en vía jurisdiccional conforme a las leyes. Quien, por la aplicación de esos actos y disposiciones, sufra de forma directa, en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no le sean imputables tiene derecho a ser indemnizado de acuerdo con las leyes.

Artículo 4

El Gobierno, con base en el artículo 116.2 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional ante: a) catástrofes, calamidades o desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, accidentes de gran magnitud); b) crisis sanitarias (epidemias, contaminación grave); c) paralización de servicios públicos esenciales, si no se garantizan los arts. 28.2 y 37.2 CE y concurre otra circunstancia del artículo; d) desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Artículo 5

Si los supuestos que permiten declarar el estado de alarma afectan exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de esa Comunidad puede solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma. La declaración no la hace él: solo puede pedirla.

Artículo 6

El estado de alarma se declara mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. El decreto fija el ámbito territorial, la duración y los efectos, y la duración no puede exceder de quince días. Solo puede prorrogarse con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en ese caso puede establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Artículo 7

En el estado de alarma la Autoridad competente es el Gobierno. Cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad Autónoma, puede serlo, por delegación del Gobierno, el Presidente de esa Comunidad.

Artículo 8

El Gobierno da cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministra la información que le requiera. También le da cuenta de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con este.

Artículo 9

Declarada la alarma, las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado, los Cuerpos de Policía autonómicos y locales y los demás funcionarios y trabajadores a su servicio quedan bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en lo necesario para proteger personas, bienes y lugares, que puede imponerles servicios extraordinarios por duración o naturaleza. Si la Autoridad competente es un Presidente autonómico, puede requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actúan bajo sus mandos naturales.

Artículo 10

Incumplir o resistirse a las órdenes de la Autoridad competente durante la alarma se sanciona conforme a las leyes. Si lo hacen funcionarios, las Autoridades pueden suspenderlos de inmediato en sus cargos, pasar, en su caso, el tanto de culpa al juez y notificarlo al superior jerárquico para el expediente disciplinario. Si lo hacen Autoridades, la Autoridad competente puede asumir durante la vigencia las facultades de estas necesarias para cumplir las medidas acordadas.

Artículo 11

Además de lo previsto en el artículo 10, el decreto de declaración de alarma o los posteriores pueden: a) limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a requisitos; b) practicar requisas temporales de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; c) intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales, salvo domicilios privados, dando cuenta a los Ministerios interesados; d) limitar o racionar servicios o artículos de primera necesidad; e) asegurar el abastecimiento.

Artículo 12

En los supuestos de las letras a) y b) del artículo 4, la Autoridad competente puede adoptar por sí, además de las demás medidas, las previstas en las normas sobre enfermedades infecciosas, medio ambiente, aguas e incendios forestales. En los de las letras c) y d), el Gobierno puede acordar la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal para asegurar su funcionamiento. Al personal movilizado se le aplica la normativa sobre movilización, que es siempre supletoria de este artículo.

Artículo 13

Si el ejercicio de derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales u otro aspecto del orden público se alteran tan gravemente que no bastan las potestades ordinarias, el Gobierno puede pedir al Congreso autorización para declarar el estado de excepción. La solicitud debe recoger: efectos y derechos cuya suspensión se pide (solo los del art. 55.1 CE); medidas sobre esos derechos; ámbito territorial y duración, máximo treinta días; y cuantía máxima de las sanciones pecuniarias. El Congreso puede aprobarla tal cual o modificarla.

Artículo 14

Una vez obtenida la autorización del Congreso de los Diputados, el Gobierno declara el estado de excepción mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros, cuyo contenido ha de ser el autorizado por el Congreso.

Artículo 15

Durante el estado de excepción, si el Gobierno quiere adoptar medidas distintas de las del decreto, debe pedir autorización al Congreso de los Diputados por el mismo procedimiento. Puede poner fin al estado de excepción antes de tiempo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta inmediatamente al Congreso. Si persisten las circunstancias, puede solicitar al Congreso una prórroga de hasta treinta días.

Artículo 16

En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede detener a cualquier persona si lo considera necesario para conservar el orden, siempre que existan al menos fundadas sospechas de que vaya a provocar alteraciones del orden público. La detención no puede exceder de diez días y el detenido conserva los derechos del art. 17.3 CE. Debe comunicarse al juez competente en veinticuatro horas, y el Juez puede en todo momento requerir información y conocer la situación del detenido personalmente o por delegación en el Juez de Instrucción.

Artículo 17

Si la autorización del Congreso suspende el art. 18.2 CE, la Autoridad gubernativa puede ordenar inspecciones y registros domiciliarios para esclarecer hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. Los hace ella o sus agentes con orden formal y escrita. Pueden presenciarlos el titular o encargado o familiares mayores de edad y, en todo caso, dos vecinos de la casa o inmediaciones (o, en su defecto, del pueblo o limítrofes); su asistencia es obligatoria. Se levanta acta firmada y se comunica inmediatamente al Juez competente con copia del acta.

Artículo 18

Si la autorización del Congreso suspende el art. 18.3 CE, la autoridad gubernativa puede intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, pero solo si es necesario para esclarecer hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. La intervención se comunica inmediatamente al Juez competente por escrito motivado.

Artículo 19

Artículo 20

Si se suspende el art. 19 CE, la autoridad gubernativa puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares concretos, exigir que se acredite la identidad e indicar itinerarios, delimitar zonas de protección o seguridad y prohibir en ciertos lugares la presencia de personas que dificulten la acción de la fuerza pública. Puede exigir a personas concretas avisar con dos días de antelación de sus salidas de la localidad, desplazarlas o fijarles residencia, con fundados motivos por su peligrosidad, y debe proveer los recursos necesarios.

Artículo 21

Si la autorización del Congreso suspende el art. 20, apartados 1.a) y d) y 5, de la Constitución, la Autoridad gubernativa puede suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, y ordenar el secuestro de publicaciones. Estas potestades no pueden llevar aparejado ningún tipo de censura previa.

Artículo 22

Si se suspende el art. 21 CE, la autoridad gubernativa puede someter a autorización previa, prohibir o disolver reuniones y manifestaciones. No puede prohibir, disolver ni someter a autorización previa las reuniones orgánicas de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales realizadas para sus fines constitucionales y conforme a sus Estatutos. Para entrar en los locales de reunión sus agentes necesitan autorización formal y escrita, salvo alteraciones graves del orden público constitutivas de delito, agresiones a las Fuerzas de Seguridad u otros casos de flagrante delito.

Artículo 23

Si la autorización del Congreso comprende la suspensión de los arts. 28.2 y 37.2 de la Constitución, la Autoridad gubernativa puede prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo durante el estado de excepción.

Artículo 24

En el estado de excepción los extranjeros en España deben hacer las comparecencias que se acuerden, cumplir las normas sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y observar las demás formalidades. Quien las contravenga o actúe en connivencia con perturbadores puede ser expulsado, salvo indicios de delito, en cuyo caso se le somete a los procedimientos judiciales. Apátridas y refugiados no expulsables quedan bajo el régimen de los españoles. La expulsión exige una justificación sumaria previa.

Artículo 25

Artículo 26

En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan alterar el orden público o contribuir a ello y suspender temporalmente sus actividades, dando cuenta a los Ministerios interesados. También puede ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales similares.

Artículo 27

En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede ordenar las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones de cualquier género. Para ello puede situar puestos armados en los lugares más apropiados, sin perjuicio de lo establecido en el art. 18.1 de la Constitución.

Artículo 28

Cuando la alteración del orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias del artículo 4 o coincida con ellas, el Gobierno puede adoptar, además de las medidas propias del estado de excepción, las previstas en esta ley para el estado de alarma.

Artículo 29

Si durante el estado de excepción un funcionario o personal al servicio de una Administración pública o de una entidad o instituto público u oficial favorece con su conducta a los perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa puede suspenderlo en su cargo, pasar el tanto de culpa al Juez competente y notificarlo al superior jerárquico para el expediente disciplinario.

Artículo 30

Si durante el estado de excepción el Juez aprecia hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser delito, oído el Ministerio Fiscal, decreta la prisión provisional del presunto responsable y la mantiene, según su arbitrio, durante ese estado. Los condenados en estos procedimientos no pueden beneficiarse de la remisión condicional mientras dure el estado de excepción.

Artículo 31

Cuando la declaración del estado de excepción afecta exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad Autónoma, la Autoridad gubernativa puede coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno de esa Comunidad.

Artículo 32

Ante una insurrección o acto de fuerza, producido o inminente, contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno puede proponer al Congreso la declaración del estado de sitio (art. 116.4 CE). La declaración fija ámbito territorial, duración y condiciones, y puede autorizar, además de lo previsto para alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías del detenido del art. 17.3 CE.

Artículo 33

Declarado el estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa según el art. 97 CE, asume todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en esta ley. Para ello designa la Autoridad militar que, bajo su dirección, ejecutará las medidas que procedan en el territorio afectado.

Artículo 34

Durante el estado de sitio la Autoridad militar publica y difunde los oportunos bandos, que contienen las medidas y prevenciones necesarias. Esos bandos deben ajustarse a la Constitución, a esta ley y a las condiciones de la declaración del estado de sitio.

Artículo 35

En la declaración del estado de sitio, el Congreso de los Diputados puede determinar qué delitos quedan sometidos a la Jurisdicción Militar mientras dure ese estado.

Artículo 36

Durante el estado de sitio las Autoridades civiles siguen ejerciendo las facultades que no se hayan conferido a la Autoridad militar conforme a esta ley. Además, deben dar a la Autoridad militar las informaciones que les solicite y todas las noticias sobre el orden público que conozcan.