Tema 1 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Preámbulo

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizar la convivencia democrática; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en sus derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía; establecer una sociedad democrática avanzada; y colaborar con todos los pueblos de la Tierra.

Artículo 1. Estado social y democrático de Derecho

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. Unidad y autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3. Lenguas de España

El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CCAA respectivas, de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza lingüística es patrimonio cultural.

Artículo 4. La bandera

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Las CCAA podrán reconocer banderas propias, que se usarán junto a la de España.

Artículo 5. La capital

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6. Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.

Artículo 8. Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Artículo 9. Principios del art. 9.3

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 53. Garantías de los derechos y libertades

Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Los principios del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.

Artículo 161. Competencias del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por vulneración de los derechos y libertades del art. 53.2, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.

Artículo 162. Legitimación ante el Tribunal Constitucional

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163. La cuestión de inconstitucionalidad

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

Artículo 166. Iniciativa de reforma constitucional

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167. Procedimiento ordinario de reforma

Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por esa vía, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Aprobada por las Cortes, se someterá a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168. Procedimiento agravado de reforma

Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, se aprobará el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se disolverán inmediatamente las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169. Límite temporal a la reforma

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Disposición adicional primera

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Si se actualiza con carácter general ese régimen foral, la actualización se hará, en su caso, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía: no fuera de ellos ni por encima de ellos.

Disposición adicional segunda

La mayoría de edad que declara el artículo 12 de la Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales, pero solo en el ámbito del Derecho privado. Es decir, la regla constitucional sobre la mayoría de edad convive con lo que los derechos forales amparen en materia de Derecho privado.

Disposición adicional tercera

Para modificar el régimen económico y fiscal del archipiélago canario hace falta un informe previo de la Comunidad Autónoma (o, en su caso, del órgano provisional autonómico, previsión pensada para el momento de aprobarse la Constitución). El dato clave: es un informe y es previo a la modificación.

Disposición adicional cuarta

Cuando en una Comunidad Autónoma tengan su sede más de una Audiencia Territorial, sus Estatutos de Autonomía podrán mantener las existentes y repartir entre ellas las competencias. Siempre de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.

Disposición transitoria primera

Disposición de alcance histórico: en los territorios que, al aprobarse la Constitución, tenían un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores podían sustituir a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares en la iniciativa autonómica del artículo 143.2. Para ello necesitaban un acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

Disposición transitoria segunda

Disposición de alcance histórico: se refería a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y que, al promulgarse la Constitución, contaran con regímenes provisionales de autonomía. Podían proceder inmediatamente en la forma del artículo 148.2 si lo acordaban, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto se elaboraba según el artículo 151.2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Disposición transitoria tercera

Disposición de alcance histórico: la iniciativa del proceso autonómico que el artículo 143.2 atribuye a las Corporaciones locales o a sus miembros se entendió diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Disposición transitoria cuarta

Para que Navarra se incorpore al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa no sigue el artículo 143: corresponde al Órgano Foral competente, que decide por mayoría de sus miembros, y debe ratificarse en referéndum aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si no prospera, solo puede reproducirse en distinto período del mandato del Órgano Foral y, en todo caso, transcurrido el plazo mínimo del artículo 143.

Disposición transitoria quinta

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si lo deciden sus Ayuntamientos, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, y lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica, en los términos del artículo 144.

Disposición transitoria sexta

Disposición de alcance histórico: si se remitían varios proyectos de Estatuto a la Comisión Constitucional del Congreso, se dictaminaban por su orden de entrada en ella. El plazo de dos meses del artículo 151 empezaba a contar desde que la Comisión terminara el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente hubiera conocido.

Disposición transitoria séptima

Disposición de alcance histórico: los organismos provisionales autonómicos se consideraban disueltos en tres casos: a) una vez constituidos los órganos de los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a la Constitución; b) si la iniciativa autonómica no prosperaba por no cumplir los requisitos del artículo 143; c) si el organismo no había ejercido en el plazo de tres años el derecho que le reconocía la disposición transitoria primera.

Disposición transitoria octava

Disposición de alcance histórico: las Cámaras que aprobaron la Constitución asumieron las funciones del Congreso y del Senado, sin que su mandato pudiera ir más allá del 15 de junio de 1981. La promulgación de la Constitución abrió un período de treinta días para aplicar el artículo 99; en él, el entonces Presidente del Gobierno podía disolver (artículo 115) o dimitir y dar paso al artículo 99. Si había disolución sin ley electoral, se aplicaban las normas anteriores con las excepciones citadas.

Disposición transitoria novena

Disposición de alcance histórico: a los tres años de la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional se sorteó qué grupo de cuatro miembros de la misma procedencia cesaba y se renovaba. Solo a estos efectos se agruparon como de la misma procedencia los dos designados a propuesta del Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Tres años después se repitió entre los dos grupos no afectados por el primer sorteo; después, se aplica el artículo 159.3.

Disposición derogatoria única

La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, para la Reforma Política, y las Leyes Fundamentales anteriores (Principios del Movimiento Nacional, Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley Constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión, Ley Orgánica del Estado y Ley de Referéndum Nacional). Considera definitivamente derogadas la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que afecte a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la Ley de 21 de julio de 1876. Y deroga cuanto se oponga a la Constitución.

Disposición final única

La Constitución entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado; no hay periodo de vacatio. Además, se publicará también en las demás lenguas de España.

Artículo 1

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

Artículo 2

El TC conoce, en los casos y forma que fija su Ley: recurso y cuestión de inconstitucionalidad; amparo por los derechos del art. 53.2 CE; conflictos de competencia Estado-CCAA o entre CCAA; conflictos entre órganos constitucionales; conflictos en defensa de la autonomía local; tratados internacionales; control previo del art. 79 LOTC; impugnaciones del art. 161.2 CE; verificación de nombramientos de sus Magistrados; y lo que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. Sus reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el BOE autorizados por su Presidente.

Artículo 3

El TC puede conocer y decidir cuestiones prejudiciales e incidentales que no pertenecen al orden constitucional, siempre que estén directamente relacionadas con la materia de que conoce, y solo a los efectos del enjuiciamiento constitucional de esa materia.

Artículo 4

Nadie puede promover cuestión de jurisdicción o competencia al TC. El Tribunal delimita su jurisdicción, adopta las medidas necesarias para preservarla (incluida la nulidad de actos o resoluciones que la menoscaben) y aprecia, de oficio o a instancia de parte, su competencia. Ningún órgano jurisdiccional del Estado puede enjuiciar sus resoluciones. Si anula un acto o resolución por estas causas, ha de hacerlo motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor.

Artículo 5

Artículo 6

El TC actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno lo integran todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente; a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, si hay igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 7

El TC tiene dos Salas, cada una de seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El Presidente del Tribunal preside también la Sala Primera; el Vicepresidente preside la Sala Segunda. En defecto de uno u otro, preside su Sala el Magistrado más antiguo y, a igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 8

Para el despacho ordinario y para decidir o proponer sobre la admisibilidad de procesos, el Pleno y las Salas forman Secciones: el respectivo Presidente (o quien le sustituya) y dos Magistrados. Se da cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de sus asuntos; si admite, puede deferir el asunto a la Sala que corresponda. Las Secciones pueden conocer y resolver asuntos de amparo que la Sala les defiera.

Artículo 9

El Pleno elige a su Presidente entre sus miembros por votación secreta y propone al Rey su nombramiento. En primera votación, mayoría absoluta; si no, segunda votación y gana quien obtenga más votos; si hay empate, última votación y, si se repite, el de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad, el de mayor edad. Mandato de tres años; reelección una sola vez. El Vicepresidente se elige igual y por tres años; sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda.

Artículo 10

El Pleno conoce de: tratados internacionales; recursos de inconstitucionalidad (salvo los de mera aplicación de doctrina, atribuibles a las Salas en la admisión); cuestiones de constitucionalidad que se reserve (las demás, a las Salas por turno objetivo); conflictos de competencia, entre órganos constitucionales y de autonomía local; recursos previos contra Estatutos; art. 161.2 CE; anulaciones del art. 4.3; requisitos, Salas, recusación y cese de Magistrados; reglamentos; y lo que recabe. Elabora su presupuesto.

Artículo 11

Las Salas del TC conocen de los asuntos de justicia constitucional que no sean competencia del Pleno. También conocen de las cuestiones atribuidas a las Secciones que, por su importancia, entiendan que debe resolver la propia Sala.

Artículo 12

Artículo 13

Si una Sala considera necesario apartarse, en cualquier punto, de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, no lo decide ella sola: la cuestión se somete a la decisión del Pleno.

Artículo 14

Quórum de presencia: el Pleno puede adoptar acuerdos con al menos dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan, y las Salas requieren asimismo dos tercios de los suyos. En las Secciones basta la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia: entonces se requieren sus tres miembros.

Artículo 15

El Presidente del Tribunal Constitucional representa al Tribunal; convoca y preside el Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, las Salas y las Secciones; comunica las vacantes a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, según el caso; nombra a los letrados; convoca los concursos de funcionarios y de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal.

Artículo 16

Los Magistrados del Tribunal Constitucional los nombra el Rey a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del CGPJ. Cada órgano proponente debe incluir como mínimo un 40 % de cada sexo. Los propuestos por el Senado se eligen entre candidaturas de las Asambleas autonómicas. Los candidatos del Congreso y del Senado comparecen antes ante las Comisiones. Mandato de nueve años, renovación por terceras partes cada tres. No cabe nueva propuesta para el período inmediato salvo haber ocupado el cargo tres años o menos.

Artículo 17

Antes de los cuatro meses previos a la fecha en que expiran los nombramientos, el Presidente del Tribunal pide a los Presidentes de los órganos que deben proponer a los nuevos Magistrados que inicien el procedimiento de designación. Los Magistrados siguen ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión quienes deban sucederles.

Artículo 18

Los miembros del Tribunal Constitucional se nombran entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados. Todos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Artículo 19

Ser Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con: Defensor del Pueblo; Diputado y Senador; cargos políticos o administrativos estatales, autonómicos o locales; carrera judicial o fiscal; empleos en Tribunales y Juzgados; funciones directivas o empleo en partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; actividades profesionales o mercantiles. Más las del Poder Judicial. El propuesto debe cesar en lo incompatible antes de tomar posesión; si no lo hace en diez días desde la propuesta, se entiende que no acepta. Igual en la incompatibilidad sobrevenida.

Artículo 20

Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos que sean nombrados Magistrados o letrados del Tribunal Constitucional pasan a la situación de servicios especiales en su carrera de origen.

Artículo 21

Al asumir su cargo, el Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestan ante el Rey juramento o promesa de guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española, de lealtad a la Corona y de cumplir sus deberes como Magistrado Constitucional.

Artículo 22

Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercen su función conforme a los principios de imparcialidad y dignidad; no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; son inamovibles y solo pueden ser destituidos o suspendidos por alguna de las causas que establece la propia Ley Orgánica.

Artículo 23

Los Magistrados cesan por: 1.º renuncia aceptada por el Presidente; 2.º expiración del plazo; 3.º incapacidad de las previstas para el Poder Judicial; 4.º incompatibilidad sobrevenida; 5.º dejar de atender con diligencia sus deberes; 6.º violar la reserva de su función; 7.º responsabilidad civil por dolo o condena por delito doloso o por culpa grave. En los casos 1.º y 2.º y por fallecimiento, decreta el Presidente; en los demás decide el Pleno: mayoría simple en 3.º y 4.º y tres cuartas partes en 5.º, 6.º y 7.º.

Artículo 24

El Tribunal puede suspender a un Magistrado, como medida previa, en caso de procesamiento o durante el tiempo indispensable para resolver si concurre alguna causa de cese del artículo anterior. La suspensión exige el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

Artículo 25

Los Magistrados que hayan ejercido el cargo un mínimo de tres años tienen derecho a una remuneración de transición durante un año, equivalente a la que percibían al cesar. Si proceden de un Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se les computa el tiempo en el Tribunal para el haber pasivo, que se calcula sobre el total de lo percibido como Magistrado durante el último año.

Artículo 26

Artículo 27

Con los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad con ella de leyes, disposiciones o actos impugnados. Pueden declararse inconstitucionales: los Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas; las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley; los Tratados Internacionales; los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales; las leyes y normas con fuerza de ley de las CCAA, y los Reglamentos de las Asambleas legislativas autonómicas.

Artículo 28

Para juzgar una Ley o norma con fuerza de Ley, estatal o autonómica, el Tribunal considera los preceptos constitucionales y también las Leyes dictadas, dentro del marco constitucional, para delimitar competencias entre Estado y Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las de éstas. Además, puede declarar inconstitucionales por infracción del artículo 81 CE preceptos de Decretos-leyes, Decretos legislativos, Leyes no orgánicas o normas legislativas autonómicas que regulen materias reservadas a Ley Orgánica o modifiquen o deroguen una Ley Orgánica.

Artículo 29

La declaración de inconstitucionalidad puede promoverse por dos vías: el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales. Si un recurso contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley se desestima por razones de forma, eso no impide que la misma norma sea luego objeto de una cuestión de inconstitucionalidad cuando se aplique en otro proceso.

Artículo 30

Admitir a trámite un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad no suspende la vigencia ni la aplicación de la Ley, disposición normativa o acto con fuerza de Ley. Única excepción: que el Gobierno, amparándose en el artículo 161.2 de la Constitución, impugne por medio de su Presidente Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.

Artículo 31

El recurso de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley puede interponerse a partir de su publicación oficial. Ese es el momento desde el que queda abierta la vía del recurso; antes de publicarse la norma no cabe promoverlo.

Artículo 32

Contra Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, disposiciones y actos con fuerza de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores. Contra Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, también lo están los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto.

Artículo 33

Plazo general: tres meses desde la publicación, mediante demanda ante el Tribunal Constitucional que identifique a quienes recurren (y sus comisionados), concrete lo impugnado y precise el precepto constitucional infringido. El Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos autonómicos tienen nueve meses si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación, acuerda iniciar negociaciones y el acuerdo se comunica al Tribunal en los tres meses siguientes a la publicación y se inserta en el BOE y en el Diario Oficial autonómico.

Artículo 34

Admitida la demanda, el Tribunal da traslado al Congreso y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, si se recurre una Ley o disposición con fuerza de Ley autonómica, a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad, para que se personen y aleguen. Tienen quince días para ello; después el Tribunal dicta sentencia en diez días, salvo que por resolución motivada estime necesario un plazo mayor, que nunca podrá exceder de treinta días.

Artículo 35

Si un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, cree que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser inconstitucional, plantea la cuestión, solo una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, concretando la norma, el precepto constitucional infringido y la dependencia del fallo. Antes oye a las partes y al Fiscal (plazo común e improrrogable de 10 días) y resuelve por auto en tres días, sin recurso. El proceso queda suspendido hasta la admisión y, admitida, hasta la resolución definitiva.

Artículo 36

Es el órgano judicial quien eleva la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Debe acompañarla de testimonio de los autos principales y, si las hubiere, de las alegaciones que las partes y el Ministerio Fiscal hayan formulado en el trámite de audiencia previsto en el artículo anterior.

Artículo 37

El Tribunal puede rechazar la cuestión en admisión, por auto motivado y oyendo solo al Fiscal General del Estado, si faltan condiciones procesales o es notoriamente infundada. Publicada su admisión en el BOE, las partes del proceso judicial pueden personarse en 15 días y alegar en otros 15. Se da traslado a Congreso y Senado (por sus Presidentes), Fiscal General, Gobierno (por el Ministerio de Justicia) y, si la norma es autonómica, a sus órganos legislativo y ejecutivo, que alegan en quince días comunes e improrrogables. Sentencia en quince días, ampliables motivadamente hasta treinta.

Artículo 38

Las sentencias en procedimientos de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los Poderes Públicos y producen efectos generales desde su publicación en el BOE. Las desestimatorias en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local impiden plantear de nuevo la cuestión por cualquiera de las dos vías con base en la misma infracción de idéntico precepto. En las cuestiones, se comunica de inmediato al órgano judicial, que notifica a las partes; el Juez queda vinculado desde que conoce la sentencia y las partes desde su notificación.

Artículo 39

Si la sentencia declara la inconstitucionalidad, declara también la nulidad de los preceptos impugnados y, en su caso, la de otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. El Tribunal puede fundar la inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, se haya invocado o no durante el proceso.

Artículo 40

Las sentencias que declaran inconstitucional una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no permiten revisar procesos ya fenecidos con sentencia con fuerza de cosa juzgada en que se aplicó la norma. Excepción: procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que la nulidad de la norma suponga reducción de la pena o sanción o exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Además, la jurisprudencia de los tribunales sobre esas normas se entiende corregida por la doctrina de las sentencias y autos del Tribunal Constitucional.

Artículo 41

Son susceptibles de amparo constitucional los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 de la Constitución y la objeción de conciencia del artículo 30, sin perjuicio de su tutela general por los Tribunales de Justicia. El amparo protege frente a violaciones originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos territoriales, corporativos o institucionales, y de sus funcionarios o agentes. Solo cabe pedir restablecer o preservar esos derechos.

Artículo 42

Las decisiones o actos sin valor de Ley de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus órganos, que violen derechos y libertades susceptibles de amparo, pueden recurrirse en amparo en el plazo de tres meses, contado desde que sean firmes con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas.

Artículo 43

Las violaciones de derechos y libertades causadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o sus autoridades, funcionarios o agentes, dan lugar al amparo una vez agotada la vía judicial procedente. El plazo es de veinte días siguientes a la notificación de la resolución del previo proceso judicial, y el recurso solo puede fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos que reconocen derechos susceptibles de amparo.

Artículo 44

Las violaciones de derechos susceptibles de amparo con origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial dan lugar al amparo si: a) se agotaron todos los medios de impugnación de la vía judicial; b) la violación es imputable de modo inmediato y directo al órgano judicial, sin que el Tribunal Constitucional entre a conocer de los hechos del proceso; c) se denunció formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, tan pronto como hubo lugar. Plazo: 30 días desde la notificación de la resolución judicial.

Artículo 45

Artículo 46

Pueden interponer el amparo: en los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; en los de los artículos 43 y 44, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Si recurre el Defensor del Pueblo o el Fiscal, la Sala competente lo comunica a los posibles agraviados conocidos y ordena anunciarlo en el «Boletín Oficial del Estado», publicación que tiene carácter preferente.

Artículo 47

Pueden comparecer en el proceso de amparo, como demandado o como coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho que motiva el recurso o que tengan un interés legítimo en él. El Ministerio Fiscal interviene en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.

Artículo 48

Artículo 49

El amparo se inicia por demanda que expone con claridad y concisión los hechos, cita los preceptos constitucionales infringidos, fija con precisión el amparo solicitado y, en todo caso, justifica la especial trascendencia constitucional del recurso. Se acompañan el documento de representación y, en su caso, copia, traslado o certificación de la resolución recaída, y tantas copias como partes en el previo proceso más una para el Ministerio Fiscal. Si falta algún requisito, las Secretarías de Justicia lo advierten al interesado en el plazo de 10 días, con apercibimiento de inadmisión.

Artículo 50

El amparo requiere decisión de admisión. La Sección, por unanimidad, la acuerda por providencia, en todo o en parte, solo si la demanda cumple los artículos 41 a 46 y 49 y el recurso tiene especial trascendencia constitucional. Si hay mayoría sin unanimidad, decide la Sala. Las providencias de inadmisión especifican el requisito incumplido, se notifican al demandante y al Fiscal, y solo el Ministerio Fiscal puede recurrirlas en súplica en tres días; el auto que lo resuelve es inimpugnable. Defectos subsanables: como en el artículo 49.4; sin subsanación, inadmisión sin recurso.

Artículo 51

Admitida la demanda de amparo, la Sala requiere con carácter urgente al órgano o autoridad de que dimane la decisión, acto o hecho, o al Juez o Tribunal del procedimiento precedente, para que remita las actuaciones o su testimonio en un plazo que no puede exceder de diez días. Este acusa recibo inmediato, envía dentro de ese plazo y emplaza a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para comparecer en el proceso constitucional en diez días.

Artículo 52

Recibidas las actuaciones y pasado el emplazamiento, la Sala da vista a quien promovió el amparo, a los personados, al Abogado del Estado si está interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal, por plazo común de hasta veinte días para alegaciones. Después, la Sala puede deferir la resolución a una de sus Secciones cuando sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, o señalar día para la vista o la deliberación y votación. La sentencia se dicta en 10 días desde el día señalado.

Artículo 53

Al conocer del fondo del asunto, la Sala o, en su caso, la Sección pronuncia en su sentencia uno de estos dos fallos: otorgamiento de amparo o denegación de amparo. El artículo no prevé otros fallos sobre el fondo, y atribuye la sentencia a la Sala o a la Sección, no al Pleno.

Artículo 54

Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca de un recurso de amparo contra decisiones de jueces y tribunales, su función se limita a dos cosas: concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y preservar o restablecer esos derechos o libertades. Debe abstenerse de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.

Artículo 55

La sentencia que otorga el amparo contiene alguno o algunos de estos pronunciamientos: a) nulidad de la decisión, acto o resolución que impidió el pleno ejercicio de los derechos o libertades, con la extensión de sus efectos; b) reconocimiento del derecho o libertad pública según su contenido constitucionalmente declarado; c) restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho, con medidas para su conservación. Si el amparo debiera estimarse porque la ley aplicada lesiona derechos fundamentales, se eleva la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia.

Artículo 56

Interponer el amparo no suspende los efectos del acto o sentencia impugnados. Pero la Sala (o la Sección, en el supuesto del art. 52.2), de oficio o a instancia del recurrente, puede suspenderlos en todo o en parte si la ejecución haría perder al amparo su finalidad, salvo perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido o de derechos ajenos; también caben otras medidas cautelares. Se piden antes de la sentencia; audiencia por plazo común no superior a tres días. Cabe exigir caución o fianza. En urgencia excepcional, se adoptan en la admisión a trámite, impugnable en cinco días.

Artículo 57

La decisión sobre la suspensión, tanto si la concede como si la deniega, puede modificarse mientras dura el juicio de amparo constitucional. Puede hacerse de oficio o a instancia de parte, por circunstancias sobrevenidas o por circunstancias que no pudieron conocerse cuando se sustanció el incidente de suspensión.

Artículo 58

Las peticiones de indemnización por los daños causados por conceder o denegar la suspensión las resuelven los Jueces o Tribunales, a cuya disposición se ponen las fianzas constituidas. Se tramitan por el trámite de los incidentes y deben presentarse en el plazo de un año desde la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Artículo 59

El TC conoce de los conflictos sobre competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias que delimitan los ámbitos del Estado y las Comunidades Autónomas, cuando enfrentan: a) al Estado con una o más CCAA; b) a dos o más CCAA entre sí; c) al Gobierno con el Congreso, el Senado o el CGPJ, o a estos órganos entre sí. También conoce de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.

Artículo 60

Los conflictos de competencia entre el Estado y una Comunidad Autónoma, o entre Comunidades Autónomas, pueden suscitarlos el Gobierno o los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que fijan los artículos siguientes. Los conflictos negativos pueden instarlos también las personas físicas o jurídicas interesadas.

Artículo 61

Pueden originar conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos de órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas, y también la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos. Si el conflicto se plantea sobre algo cuya impugnación está pendiente ante cualquier Tribunal, este suspende el proceso hasta que se decida el conflicto. La decisión del Tribunal Constitucional vincula a todos los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos.

Artículo 62

Si el Gobierno considera que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia de la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las Leyes orgánicas correspondientes, puede formalizar directamente el conflicto ante el Tribunal Constitucional en el plazo de dos meses, o usar el previo requerimiento del artículo siguiente. En ambos casos puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución, con los efectos correspondientes.

Artículo 63

Si el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma cree que una disposición, resolución o acto de otra Comunidad o del Estado invade el orden de competencias y afecta a su ámbito, requiere su derogación o anulación. El requerimiento se formula en dos meses desde su publicación o comunicación, o con motivo de un acto concreto de aplicación; se dirige al Gobierno o al ejecutivo de la otra Comunidad, dando cuenta al Gobierno, y precisa los preceptos viciados. El requerido tiene un mes para atenderlo o rechazarlo; si no, se entiende rechazado. Luego hay un mes para plantear el conflicto.

Artículo 64

En diez días el Tribunal comunica la iniciación del conflicto al Gobierno u órgano autonómico y le da un plazo no mayor de veinte días para documentos y alegaciones. Si el Gobierno entabla el conflicto tras la decisión autonómica e invoca el artículo 161.2 CE, la formalización comunicada suspende de inmediato la disposición, resolución o acto. En los demás casos, quien formaliza puede pedir la suspensión por perjuicios de imposible o difícil reparación, y el Tribunal la acuerda o deniega libremente. El planteamiento y el auto de suspensión se notifican y publican por el propio Tribunal.

Artículo 65

El Tribunal puede pedir a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias y resuelve dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del fijado para esas informaciones complementarias. En el caso del número dos del artículo anterior, si la sentencia no se produce dentro de los cinco meses desde la iniciación del conflicto, el Tribunal debe resolver en ese plazo, por auto motivado, sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados por el Gobierno.

Artículo 66

En los conflictos positivos de competencia, la sentencia declara a quién corresponde la titularidad de la competencia controvertida. Además acuerda, en su caso, anular la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto, pero solo en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, y puede disponer lo procedente sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas a su amparo.

Artículo 67

Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el conflicto de competencias se tramita en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad. Ese cambio de cauce se aplica desde el inicio del conflicto o, en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invoque la existencia de la norma legal habilitante.

Artículo 68

Si un órgano de la Administración del Estado declina su competencia por entender que corresponde a una Comunidad Autónoma, el interesado, tras agotar la vía administrativa con recurso ante el Ministerio, puede reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo colegiado de la Comunidad declarada competente; igual a la inversa. La segunda Administración admite o declina en un mes. Si declina o no decide afirmativamente en ese plazo, puede demandar ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente a la notificación de la declinatoria o al transcurso del plazo sin resolución expresa.

Artículo 69

La solicitud de planteamiento del conflicto negativo se formula por escrito, con los documentos que acrediten haber agotado el trámite del artículo anterior y las resoluciones recaídas en él. Si el Tribunal entiende que la negativa de las Administraciones se basa precisamente en una diferencia de interpretación de preceptos que delimitan competencias, declara planteado el conflicto por auto dictado dentro de los diez días siguientes a la presentación, da traslado y fija a todos un plazo común de un mes para alegar.

Artículo 70

La sentencia del conflicto negativo se dicta dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo del artículo anterior o, en su caso, del concedido después por el Tribunal para responder a peticiones de aclaración, ampliación o precisión, y declara cuál es la Administración competente. Los plazos administrativos agotados se entienden nuevamente abiertos, por su duración ordinaria, a partir de la publicación de la sentencia.

Artículo 71

El Gobierno también puede plantear conflicto negativo cuando, tras requerir al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite atribuciones que le confieren sus estatutos o una Ley orgánica de delegación o transferencia, el requerimiento es desatendido porque ese órgano se declara incompetente. La declaración de incompetencia se entiende implícita por la simple inactividad del órgano dentro del plazo que le fije el Gobierno, que en ningún caso será inferior a un mes.

Artículo 72

Rechazado expresa o tácitamente el requerimiento, el Gobierno puede plantear el conflicto negativo ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente, por escrito que indique los preceptos que a su juicio obligan a la Comunidad. El Tribunal da traslado al órgano ejecutivo superior autonómico con un mes para alegar y, en el mes siguiente al fin de ese plazo (o del concedido para aclaraciones), dicta sentencia: requerimiento procedente, con plazo para que la Comunidad ejerza la atribución, o improcedente.

Artículo 73

Cuando uno de los órganos constitucionales del artículo 59.3 (hoy 59.1.c), por acuerdo de su Pleno, estime que otro asume atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas le confieren, se lo hará saber dentro del mes siguiente a conocer la decisión y le pedirá que la revoque. Si el requerido afirma que actúa dentro de sus atribuciones o no rectifica en un mes desde la recepción, el primero planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente, por escrito con preceptos vulnerados, alegaciones y certificación de antecedentes y de la comunicación.

Artículo 74

Recibido el escrito de planteamiento del conflicto entre órganos constitucionales, el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, da traslado al órgano requerido y le fija un mes para alegar. Los mismos traslados y emplazamientos se hacen a todos los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos, que pueden comparecer en apoyo del demandante o del demandado si entienden que la solución afecta de algún modo a sus propias atribuciones.

Artículo 75

El Tribunal puede pedir a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias y resuelve dentro del mes siguiente a la expiración del plazo de alegaciones o del fijado para esas informaciones complementarias, que no será superior a otros treinta días. La sentencia determina a qué órgano corresponden las atribuciones controvertidas, declara nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resuelve, en su caso, sobre las situaciones jurídicas producidas a su amparo.

Artículo 75 bis

Pueden dar lugar a un conflicto en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley y las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. La decisión del Tribunal Constitucional vincula a todos los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos.

Artículo 75 ter

Pueden plantear el conflicto: el municipio o provincia destinatario único de la ley; municipios que sean al menos un séptimo de los existentes en el ámbito de la ley y un sexto de su población oficial; o provincias que sean al menos la mitad de las existentes y la mitad de la población oficial. Hace falta acuerdo del pleno de las Corporaciones por mayoría absoluta del número legal de miembros y, antes de formalizarlo, dictamen preceptivo no vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico. Las asociaciones de entidades locales pueden asistir.

Artículo 75 quater

Los dictámenes a que se refiere el artículo anterior deben solicitarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiva de la autonomía local. Dentro del mes siguiente a recibir el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente, los municipios o provincias legitimados pueden plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando los requisitos del artículo anterior y alegando sus fundamentos jurídicos.

Artículo 75 quinquies

Planteado el conflicto en defensa de la autonomía local, el Tribunal puede inadmitirlo por auto motivado (falta de legitimación u otros requisitos no subsanables, o controversia notoriamente infundada). Admitido, da traslado en diez días a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma autora de la ley y, en todo caso, a los del Estado; personación y alegaciones en veinte días. El Tribunal notifica, publica y resuelve en quince días. La sentencia declara si hay vulneración; la inconstitucionalidad de la ley exige nueva sentencia si el Pleno se plantea la cuestión.

Artículo 76

El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y las resoluciones de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas. El plazo es de dos meses desde la publicación o, si no se han publicado, desde que llegaren a su conocimiento.

Artículo 77

La impugnación del título V, sea cual sea su motivo, sigue el procedimiento de los artículos sesenta y dos a sesenta y siete. Cuando el Tribunal la comunica, la disposición o resolución recurrida queda suspendida hasta que el Tribunal ratifique o levante la suspensión, en un plazo no superior a cinco meses, salvo que antes haya dictado sentencia.

Artículo 78

El Gobierno o cualquiera de las dos Cámaras pueden pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si un tratado internacional con texto ya definitivamente fijado, pero aún sin consentimiento del Estado, contradice la Constitución. El Tribunal emplaza a los legitimados para que opinen en un mes y declara en el mes siguiente; su declaración es vinculante. Puede pedir aclaraciones y alargar el plazo por el tiempo concedido, sin exceder de treinta días.

Artículo 79

Cabe recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos y propuestas de reforma, sobre el texto definitivo aprobado por las Cortes Generales. Legitimados: quienes lo están contra Estatutos. Plazo: tres días desde la publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»; suspende los trámites. El referéndum no puede convocarse hasta que resuelva el Tribunal, que tiene seis meses improrrogables. Si declara inconstitucionalidad, las Cortes deben suprimir o modificar los preceptos. No prejuzga recursos posteriores.

Artículo 80

Como supletorias de la Ley se aplican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil en: comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados. En ejecución de resoluciones, la supletoria es la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 81

Las personas físicas o jurídicas que comparezcan en procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deben conferir su representación a Procurador y actuar bajo dirección de Letrado. Quienes tengan título de Licenciado en Derecho pueden comparecer por sí mismos para defender derechos o intereses propios aunque no ejerzan. Para actuar como Abogado ante el Tribunal hay que estar incorporado como ejerciente a cualquier Colegio de Abogados de España. Quienes hayan sido Magistrados o Letrados del Tribunal no pueden actuar como Abogados ante él.

Artículo 82

Los órganos y los conjuntos de Diputados o Senadores legitimados para promover procesos constitucionales actúan representados por el miembro o miembros que designen o por un comisionado nombrado al efecto. Los órganos ejecutivos del Estado y de las Comunidades Autónomas son representados y defendidos por sus Abogados; por los del Estado actúa el Abogado del Estado.

Artículo 83

El Tribunal puede acordar, a instancia de parte o de oficio y en cualquier momento, la acumulación de procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitación y decisión. Antes debe oír a los comparecidos en el proceso constitucional, en una audiencia por plazo que no exceda de diez días.

Artículo 84

En cualquier tiempo anterior a la decisión, el Tribunal puede comunicar a los comparecidos la posible existencia de motivos distintos de los alegados que sean relevantes para la admisión o inadmisión y, en su caso, para la estimación o desestimación. La audiencia es común, por plazo no superior a diez días, y suspende el término para dictar la resolución.

Artículo 85

El proceso constitucional se inicia por escrito fundado que fije con precisión y claridad lo que se pide. Los escritos se presentan en la sede del Tribunal dentro del plazo legal; los recursos de amparo pueden presentarse también hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento, en el registro del Tribunal o en el registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad. El Tribunal regula el uso de medios electrónicos. El Pleno o las Salas pueden acordar vista oral.

Artículo 86

El proceso constitucional se decide por sentencia. La inadmisión inicial, el desistimiento y la caducidad se acuerdan por auto, salvo que la Ley disponga expresamente otra forma; las demás resoluciones son auto si son motivadas y providencia si no lo son. Sentencias y declaraciones del título VI se publican en el BOE dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo; los autos, si el Tribunal lo estima conveniente. El Tribunal puede ordenar además su difusión por otros medios, protegiendo los derechos del artículo 18.4 de la Constitución.

Artículo 87

Todos los poderes públicos están obligados a cumplir lo que resuelva el Tribunal Constitucional, que puede acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que considere necesario. Los Juzgados y Tribunales le prestan con carácter preferente y urgente el auxilio jurisdiccional que solicite y, a estos efectos, sus sentencias y resoluciones tienen la consideración de títulos ejecutivos.

Artículo 88

El Tribunal Constitucional puede pedir a los poderes públicos y a los órganos de cualquier Administración Pública el expediente, los informes y los documentos de la disposición o acto origen del proceso. Si el recurso ya estaba admitido, habilita un plazo para que las partes los conozcan y aleguen lo que convenga. También adopta las medidas necesarias para preservar el secreto legal de cierta documentación y el que acuerde, por decisión motivada, para determinadas actuaciones.

Artículo 89

El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede acordar la práctica de prueba cuando lo estime necesario, y decide libremente su forma y tiempo, que nunca puede exceder de treinta días. Si un testigo citado necesita autorización superior para comparecer, la autoridad competente para otorgarla expone al Tribunal, en su caso, las razones de la denegación, y el Tribunal, oído ese informe, resuelve en definitiva.

Artículo 90

Salvo que la Ley exija otros requisitos, las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros del Pleno, Sala o Sección que participen en la deliberación; en caso de empate decide el voto del Presidente. El Presidente y los Magistrados pueden formular voto particular discrepante, sobre la decisión o la fundamentación, siempre que lo hayan defendido en la deliberación. Los votos particulares se incorporan a la resolución y, en sentencias, autos o declaraciones, se publican con ellas en el BOE.

Artículo 91

El Tribunal Constitucional puede suspender el procedimiento que se sigue ante él hasta que se resuelva un proceso penal pendiente ante un juzgado o tribunal del orden penal. Es una facultad («podrá»), no una obligación, y solo se refiere a procesos penales pendientes.

Artículo 92

El Tribunal vela por el cumplimiento de sus resoluciones: fija quién ejecuta y las medidas, y puede anular resoluciones que las contravengan, oídos el Ministerio Fiscal y el órgano autor. Recaba auxilio preferente y urgente de administraciones y poderes públicos; las partes pueden promover el incidente de ejecución. Ante incumplimiento: multa coercitiva reiterable de 3.000 a 30.000 euros, suspensión en funciones, ejecución sustitutoria o testimonio para la responsabilidad penal. En suspensiones de especial transcendencia, actúa sin oír a las partes y luego oye a estas y al Fiscal tres días.

Artículo 93

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, aunque las partes pueden pedir su aclaración en los dos días siguientes a la notificación. Contra providencias y autos solo procede, en su caso, el recurso de súplica, sin efecto suspensivo, que se interpone en tres días y se resuelve en los dos siguientes, previa audiencia común de las partes por igual tiempo.

Artículo 94

Antes de pronunciar sentencia, el Tribunal Constitucional debe subsanar o convalidar los defectos que se hayan podido producir en el procedimiento. Lo hace a instancia de parte o de oficio, y es un deber («deberá»), no una simple facultad.

Artículo 95

El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito. Aun así, el Tribunal puede imponer las costas a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas si aprecia temeridad o mala fe, y sancionar con 600 a 3.000 euros a quien formule recursos de inconstitucionalidad o de amparo con temeridad o abuso de derecho. Los límites de esas sanciones y de las multas de la letra a) del artículo 92.4 pueden revisarse en todo momento por ley ordinaria.

Artículo 96

Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional el Secretario General, los letrados, los secretarios de justicia y los demás funcionarios adscritos. Se rigen por esta Ley y su Reglamento y, supletoriamente, por la legislación del personal al servicio de la Administración de Justicia. Sus cargos son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas; solo cabe la docencia o investigación que, a juicio del Tribunal, no sea incompatible con su mejor servicio.

Artículo 97

El Tribunal Constitucional está asistido por letrados, que pueden seleccionarse por concurso-oposición entre funcionarios de un cuerpo o escala del grupo A con acceso como licenciados en derecho, o ser designados libremente por el Tribunal, en adscripción temporal, entre abogados, profesores de universidad, magistrados, fiscales o esos funcionarios. Mientras sirven en el Tribunal quedan en servicios especiales en su carrera de origen. Tras cesar, durante tres años tienen la incompatibilidad del artículo 81.3.

Artículo 98

El Tribunal Constitucional tiene un Secretario General. Lo elige el Pleno y lo nombra el Presidente, y debe ser uno de los letrados del Tribunal. El Secretario General ejerce la jefatura de los letrados, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas.

Artículo 99

Bajo la autoridad e instrucciones del Presidente, el Secretario General dirige y coordina los servicios y es jefe del personal; recopila, clasifica y publica la doctrina constitucional; prepara, ejecuta y liquida el presupuesto (asistido por personal técnico), y ejerce las demás funciones del reglamento. Las normas del Tribunal pueden prever delegaciones del Presidente en él y de las suyas propias. Sus resoluciones admiten alzada ante el Presidente, que agota la vía administrativa; cabe después recurso contencioso-administrativo.

Artículo 100

El número de secretarios de justicia del Tribunal Constitucional lo determina su plantilla. Proceden del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y las vacantes se cubren por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.

Artículo 101

Los Secretarios de Justicia ejercen la fe pública judicial en el Tribunal o en las Salas. Respecto del Tribunal o Sala a la que estén adscritos, desempeñan las funciones que la legislación orgánica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los Secretarios.

Artículo 102

El Tribunal Constitucional adscribe a su servicio personal de la Administración de Justicia y otros funcionarios, en las condiciones de su reglamento. Puede contratar personal laboral solo para puestos sin participación directa ni indirecta en sus atribuciones y con funciones de oficios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo. La selección de ese personal laboral se ajusta a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Constitución como fuente y el principio de jerarquía normativa

Para Fortes Martín, la Constitución tiene valor normativo propio (art. 9.1 CE), es la «norma de normas» y obliga a interpretar el ordenamiento conforme a ella. El DPEJ define la jerarquía normativa como la superioridad de rango de unas normas sobre otras (art. 9.3 CE); los reglamentos que vulneran normas superiores son nulos de pleno derecho. Entre ley estatal y autonómica no rige la jerarquía sino el criterio material de la competencia, aunque por la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) la estatal prevalece en lo no atribuido a la comunidad.

Antecedentes: la Ley para la Reforma Política

La transición partió de la legalidad anterior: las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976; se ratificó en referéndum el 15 de diciembre de 1976 (más del 94 % de votos afirmativos, con más del 77 % del electorado votando) y se publicó en el BOE el 5 de enero de 1977. Bases: soberanía popular y supremacía de la ley; Cortes bicamerales por sufragio universal, directo y secreto, proporcional en el Congreso y mayoritario en el Senado; 350 diputados y 207 senadores electos más 41 de designación real; procedimiento de reforma constitucional.

Las elecciones de 15 de junio de 1977 y las Cortes Constituyentes

Antes de las elecciones, el Real Decreto-ley 12/1977 reguló la asociación política y el Real Decreto-ley 20/1977 aprobó las normas electorales. Convocadas por el Real Decreto 679/1977, se celebraron el 15 de junio de 1977 (586 candidaturas, participación del 79 %). Congreso: UCD 165 escaños y PSOE 103. Senado: UCD 106 y PSOE 35. Las Cámaras se reunieron por primera vez el 13 de julio (Junta Preparatoria), pero la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977, en sesión conjunta ante los Reyes.

El proceso constituyente en el Congreso: Ponencia, Comisión y Pleno

El 26 de julio de 1977 el Pleno del Congreso creó una Comisión Constitucional, constituida el 1 de agosto, que designó una Ponencia de siete diputados, los «Padres de la Constitución»: Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca (UCD), Peces-Barba (Socialista), Fraga (AP), Solé Tura (Comunista) y Roca (Minoría Catalana). Celebró 29 sesiones reservadas; el anteproyecto se publicó el 5 de enero de 1978 y recibió más de 3.000 enmiendas. El Pleno aprobó el texto el 21 de julio de 1978 (258 a favor, 2 en contra, 14 abstenciones).

El proceso constituyente en el Senado y la Comisión Mixta

En el Senado el plazo de enmiendas acabó el 7 de agosto de 1978 (1.254 escritos); la Comisión de Constitución debatió en diecisiete sesiones y el Pleno aprobó las «Modificaciones» el 5 de octubre. Como había discrepancias, se constituyó una Comisión Mixta presidida por Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes; sus sesiones fueron secretas y su Dictamen se publicó el 28 de octubre. Ambas Cámaras lo votaron el 31 de octubre de 1978: Congreso 325 a favor; Senado 226 a favor.

Referéndum, sanción y publicación de la Constitución

El referéndum, convocado por el Real Decreto 2550/1978, se celebró el 6 de diciembre de 1978: aprobación por el 87,78 % de los votantes (58,97 % del censo). El Rey sancionó la Constitución el 27 de diciembre de 1978 en sesión conjunta solemne de Congreso y Senado en el Palacio de las Cortes; el BOE la publicó el 29 de diciembre (núm. 311), junto con las versiones en las restantes lenguas de España. Cronología: 21-7 Pleno del Congreso, 5-10 Pleno del Senado, 31-10 Comisión Mixta.

Características generales: la «Constitución del consenso»

Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).

Valor normativo y supremacía de la Constitución

El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).

Alcance de la vinculación a la Constitución: poderes públicos, ciudadanos, jueces, valores

La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.

La fórmula del artículo 1.1 y el Estado de Derecho

El artículo 1.1 define a España como «Estado social y democrático de Derecho». Sus principios son supraprincipios o principios de principios (Santamaría). Para Garrorena, la fórmula es histórica e integradora; el orden histórico es Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social. Principios del Estado de Derecho: legalidad (9.1, 9.3 y 103.1), división de poderes, reserva de ley, tutela judicial (24) y responsabilidad administrativa (106). El TC ha basado en esta cláusula el cumplimiento y la motivación de las sentencias.

Los principios del artículo 9.3 en la jurisprudencia constitucional

Los principios del artículo 9.3 no son compartimentos estancos (STC 27/1981). Legalidad: «dogma básico de todo sistema democrático». Jerarquía: la Constitución en la cúspide. Publicidad: consecuencia ineluctable del Estado de derecho. Irretroactividad de lo sancionador desfavorable, que a contrario garantiza la retroactividad penal favorable. Seguridad jurídica: «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad». Responsabilidad: excepto el Rey. Interdicción de la arbitrariedad.

El Estado democrático y la soberanía nacional

El Estado democrático se concreta en la participación del artículo 23. Indirecta: elegir representantes en elecciones periódicas por sufragio universal. Directa, con tres instrumentos: iniciativa legislativa popular (87.3), referéndum consultivo (92) y participación en la Administración de Justicia (125). También mediante partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales y organizaciones de consumidores y profesionales. El 1.2 es una fórmula de compromiso entre soberanía nacional y popular; solo el pueblo español es soberano (STC 42/2014).

El Estado social y la igualdad material

El Estado social busca la «procura existencial» (Forsthoff): condiciones económicas y sociales mínimas promovidas por el intervencionismo estatal, que defendió Heller desde los años 20. Se manifiesta en el 9.2 (promover libertad e igualdad reales y efectivas, remover obstáculos, facilitar la participación), en el capítulo III del título I y en el título VII. Precedentes: arts. 46-48 de la Constitución de 1931 y 3.2 de la italiana. El 14 recoge la igualdad formal y el 9.2 la material; no discrimina favorecer a colectivos preteridos (STC 216/1991).

La Constitución económica: concepto, rasgos y unidad del orden económico

Incluir la economía en la Constitución fue una novedad en el constitucionalismo español. W. Eucken define la Constitución económica como «el conjunto de decisiones políticas o constitucionales sobre temas económicos». El TC la mencionó por primera vez en la STC 1/1982, que exige principios del orden económico de aplicación unitaria. Rasgos: abundancia de preceptos, flexibilidad e indeterminación, y dualismo interpretativo. Marco amplio y flexible, desde la economía de mercado, que admite desde una economía mixta de preponderancia pública a una de preponderancia privada.

Libertad de empresa y economía de mercado en la doctrina del Tribunal Constitucional

La libertad de empresa (art. 38) se ejerce en el marco de la economía de mercado y garantiza la libre empresa junto a la defensa de la productividad. Según la jurisprudencia: la defensa de la competencia es presupuesto y límite, no mera restricción; se relaciona con la unidad de mercado, sin exigir condiciones idénticas en todo el territorio; no es absoluta, con doble garantía (reserva de ley y contenido esencial); subjetivamente, es el derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial «en libertad». El artículo 128 no contradice el 38.

Iniciativa pública, reserva de servicios esenciales e intervención de empresas (art. 128)

El artículo 128.1 subordina toda la riqueza del país al interés general. El 128.2 recoge: iniciativa pública económica, que rompió con la subsidiariedad anterior a 1978 (economía mixta, Parejo Alfonso); reserva al sector público, mediante ley, de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, que no equivale a demanialización y admite gestión privada por concesión; e intervención de empresas cuando lo exija el interés general: la titularidad sigue en manos de los propietarios y un órgano público dirige la gestión (STC 111/1983, RUMASA).

Naturaleza jurídica: el Estado autonómico como Estado regional

El Estado se distingue de sus entidades territoriales por la soberanía; estas tienen autonomía. Garrorena distingue Estados unitarios, compuestos (federales y confederales) y, en medio, descentralizados o regionales, categoría del Estado de las autonomías. Notas: entidades creadas en el marco de la Constitución pero no directamente por ella, no necesariamente homogéneas, sistema competencial abierto, sin Poder Judicial propio. Se inspira en el modelo italiano de 1947 y en el «Estado integral» de 1931. Para Santamaría Pastor hay un solo ordenamiento con subsistemas.

Fundamento constitucional: el principio de unidad

El artículo 2 contiene tres principios: unidad, autonomía y solidaridad; con el artículo 1 integra los supraprincipios del ordenamiento (Santamaría). La unidad de la Nación española se refuerza con «indisoluble», «común» e «indivisible», añadidos en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso. Consecuencias según Sánchez Agesta y Goig Martínez: unidad constituyente, internacional, del ordenamiento, fiscal y del territorio. Para el TC el Estado ocupa una posición de superioridad (SSTC 4/1982 y 76/1983) y no hay otra Nación que la española (STC 31/2010).

El principio de autonomía: autonomía política y no soberanía

Según Biscaretti, la descentralización puede ser administrativa (gestión de asuntos propios sin autogobierno) o política (poder legislativo y ejecutivo, pero sin Constitución ni poder judicial propios). La autonomía política tiene dimensiones normativa, financiera, organizativa y administrativa (Sánchez Agesta y Goig Martínez). Es un derecho garantizado por el TC. «Autonomía no es soberanía» y no puede oponerse a la unidad (STC 4/1981); la de las Comunidades es «cualitativamente superior» a la de los entes locales (STC 25/1981).

El principio de solidaridad

La solidaridad es el punto de equilibrio entre unidad y autonomía. Alonso de Antonio: «corresponsabilidad de todas las partes [...] en los fines colectivos», y del conjunto hacia los intereses de los miembros. Ejemplo: la financiación autonómica (157 y 158); la recogen los artículos 138, 156 y 158.2. Dos dimensiones: económica y organizativa y competencial. Solozábal la asocia a la Constitución de la integración. TC: «corolario de la autonomía» (25/1981), «deber de auxilio recíproco» (18/1982), «recíproco apoyo y mutua lealtad» (96/1986).

Antecedentes del autonomismo andaluz

El preámbulo del Estatuto de 2007 sitúa las raíces del autonomismo en: la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883), primer texto que plasma la voluntad de autogobierno; la Asamblea de Ronda (1918), que aprobó bandera y escudo; el Manifiesto de Córdoba (1919), que describió a Andalucía como realidad nacional; y 1933, con el himno y un proyecto de Estatuto que la Guerra Civil frustró. Blas Infante fue reconocido Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Hitos: 4 de diciembre de 1977 y referéndum de 28 de febrero de 1980.

La preautonomía y la vía del artículo 151

Según el Parlamento de Andalucía, el impulso inicial fue el 4 de diciembre de 1977 (cerca de millón y medio de manifestantes). Dos caminos: el «Pacto de Antequera» de 4 de diciembre de 1978 y el Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, que creó la Junta preautonómica, presidida por Plácido Fernández Viagas. La Junta de Rafael Escuredo acordó en Granada, el 21 de junio de 1979, seguir la vía del artículo 151; borrador en Carmona. En el referéndum de 28 de febrero de 1980 no se alcanzaron las mayorías exigidas, aunque el sí ganó en todas las provincias salvo Almería.

El desbloqueo de 1981 y el Estatuto de Autonomía de 1981

Tras el referéndum de iniciativa, el proceso solo podía seguir con una negociación política: los Acuerdos Autonómicos de 1981 (UCD y PSOE), que impusieron una organización institucional homogénea y la equiparación final de competencias. Se modificó la Ley de Referéndum para suplir la carencia de Almería con una ley orgánica pedida por sus diputados y senadores. El Estatuto, aprobado en Córdoba, se votó en referéndum el 20 de octubre de 1981. Elecciones el 23 de mayo de 1982 (109 diputados); Escuredo, primer presidente de la Junta.

La reforma del Estatuto de 2007: gestación y aprobación en el Parlamento de Andalucía

Manuel Chaves propuso la reforma el 28 de junio de 2001 para una «segunda modernización». En el Parlamento: el 29 de junio de 2004 se creó la Ponencia de Reforma (11 parlamentarios); el 2 de febrero de 2006 la Comisión de Desarrollo Estatutario aprobó el Dictamen; el 16 de febrero, toma en consideración (abstención de andalucistas y populares); el 2 de mayo de 2006 el Pleno aprobó la Proposición con mayoría de 3/5, por 67 votos a favor y 41 en contra, y la remitió al Congreso. Novedades: Derechos Sociales, Organización Territorial, Medio Ambiente, Medios de Comunicación.

La reforma del Estatuto de 2007: tramitación en las Cortes Generales

El 5 de mayo de 2006 la presidenta del Parlamento andaluz presentó en el Congreso la Propuesta de Reforma (246 artículos, 11 títulos). Congreso: toma en consideración el 23 de mayo (187 a favor); 285 enmiendas; Ponencia de 11 diputados y 11 parlamentarios andaluces; dictamen de la Comisión Constitucional el 25 de octubre; Pleno el 2 de noviembre (306 a favor de 308 presentes). Senado: ponencia el 27 de noviembre, Comisión General de las Comunidades Autónomas el 30 de noviembre y Pleno el 20 de diciembre de 2006 (242 a favor de 243 emitidos).

El referéndum de 18 de febrero de 2007 y la entrada en vigor del Estatuto

El referéndum de ratificación se celebró el domingo 18 de febrero de 2007, convocado por la Junta por delegación del Consejo de Ministros. Resultados: 87,4 % a favor, 9,4 % en contra, 3 % en blanco; participación del 36,2 % (Jaén la más alta, Cádiz la más baja). El Rey lo rubricó el 19 de marzo de 2007 y entró en vigor el 20 de marzo, al publicarse en el BOE. Tiene preámbulo, 11 títulos y 250 artículos. Lema: «Igualdad no significa uniformidad»; renueva el compromiso del 28-F de 1980.