Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional

Artículo 65

Título IV. De los conflictos constitucionales›Capítulo II. De los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí›Sección Primera. Conflictos positivos

En pocas palabras

El Tribunal puede pedir a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue necesarias y resuelve dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del fijado para esas informaciones complementarias. En el caso del número dos del artículo anterior, si la sentencia no se produce dentro de los cinco meses desde la iniciación del conflicto, el Tribunal debe resolver en ese plazo, por auto motivado, sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados por el Gobierno.

Explicación sencilla

Fija los tiempos de resolución del conflicto positivo: quince días para resolver tras las alegaciones o las precisiones pedidas y, si hay suspensión de lo impugnado por el Gobierno, un límite de cinco meses para pronunciarse sobre ella por auto motivado.

Regla mnemotécnica

15 días para resolver tras las alegaciones; a los 5 meses sin sentencia, auto motivado sobre la suspensión.

Trampa típica de examen

Pensar que la suspensión decae por sí sola a los cinco meses: el Tribunal debe resolver, por auto motivado, sobre su mantenimiento o levantamiento.

Texto del artículo 65 de la Ley Orgánica 2/1979 (LOTC)

Uno. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas. Dos. En el caso previsto en el número dos del artículo anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciación del conflicto, el Tribunal deberá resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados de incompetencia por el Gobierno.

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