Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional

Artículo 64

Título IV. De los conflictos constitucionales›Capítulo II. De los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí›Sección Primera. Conflictos positivos

En pocas palabras

En diez días el Tribunal comunica la iniciación del conflicto al Gobierno u órgano autonómico y le da un plazo no mayor de veinte días para documentos y alegaciones. Si el Gobierno entabla el conflicto tras la decisión autonómica e invoca el artículo 161.2 CE, la formalización comunicada suspende de inmediato la disposición, resolución o acto. En los demás casos, quien formaliza puede pedir la suspensión por perjuicios de imposible o difícil reparación, y el Tribunal la acuerda o deniega libremente. El planteamiento y el auto de suspensión se notifican y publican por el propio Tribunal.

Explicación sencilla

Ordena el inicio del conflicto positivo ante el Tribunal, con los plazos de diez y veinte días, y distingue la suspensión inmediata ligada a la invocación del artículo 161.2 de la Constitución de la que el Tribunal acuerda o deniega libremente.

Regla mnemotécnica

10 días para comunicar, máximo 20 para alegar. Gobierno + 161.2: suspensión inmediata; resto: suspensión a petición, por perjuicios de imposible o difícil reparación.

Trampa típica de examen

Confundir los dos plazos: diez días es el término para que el Tribunal comunique la iniciación del conflicto y veinte días el máximo para aportar documentos y alegaciones.

Texto del artículo 64 de la Ley Orgánica 2/1979 (LOTC)

Uno. En el término de diez días, el Tribunal comunicará al Gobierno u órgano autonómico correspondiente la iniciación del conflicto, señalándose plazo, que en ningún caso será mayor de veinte días, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Dos. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión por la Comunidad Autónoma y con invocación del artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución, su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al conflicto. Tres. En los restantes supuestos, el órgano que formalice el conflicto podrá solicitar del Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación, el Tribunal acordará o denegará libremente la suspensión solicitada. Cuatro. El planteamiento del conflicto iniciado por el Gobierno y, en su caso, el auto del Tribunal por el que se acuerde la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto serán notificados a los interesados y publicados en el correspondiente «Diario Oficial» por el propio Tribunal.

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