Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional

Artículo 40

Título II. De los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad›Capítulo IV. De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos

En pocas palabras

Las sentencias que declaran inconstitucional una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no permiten revisar procesos ya fenecidos con sentencia con fuerza de cosa juzgada en que se aplicó la norma. Excepción: procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que la nulidad de la norma suponga reducción de la pena o sanción o exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Además, la jurisprudencia de los tribunales sobre esas normas se entiende corregida por la doctrina de las sentencias y autos del Tribunal Constitucional.

Explicación sencilla

Fija el alcance temporal de la declaración de inconstitucionalidad: protege la cosa juzgada, salvo cuando la nulidad favorece al condenado o sancionado, y obliga a entender corregida la jurisprudencia de los tribunales de justicia por la doctrina de las sentencias y autos del Tribunal Constitucional.

Regla mnemotécnica

La cosa juzgada no se toca, salvo para favorecer al castigado: solo procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores con menos pena o menos responsabilidad.

Trampa típica de examen

Creer que la excepción alcanza a cualquier proceso contencioso-administrativo: solo a los referentes a un procedimiento sancionador y siempre que resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

Texto del artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1979 (LOTC)

Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.

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