Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional

Artículo 96

Título VIII. Del personal al servicio del Tribunal Constitucional

En pocas palabras

Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional el Secretario General, los letrados, los secretarios de justicia y los demás funcionarios adscritos. Se rigen por esta Ley y su Reglamento y, supletoriamente, por la legislación del personal al servicio de la Administración de Justicia. Sus cargos son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas; solo cabe la docencia o investigación que, a juicio del Tribunal, no sea incompatible con su mejor servicio.

Explicación sencilla

Define quién es funcionario al servicio del Tribunal Constitucional, qué normas se le aplican directa y supletoriamente, y su régimen estricto de incompatibilidades, con la única salvedad de la docencia y la investigación compatibles a juicio del Tribunal.

Regla mnemotécnica

Funcionarios: Secretario General, Letrados, Secretarios de justicia y Adscritos: SLSA. Supletoria: Administración de Justicia.

Trampa típica de examen

Pensar que pueden ejercer libremente la docencia o la investigación: solo las que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con su mejor servicio.

Texto del artículo 96 de la Ley Orgánica 2/1979 (LOTC)

Uno. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional: a) El Secretario General. b) Los letrados. c) Los secretarios de justicia. d) Los demás funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional. Dos. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte, y, con carácter supletorio, en lo que sea aplicable por la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Tres. Los cargos y funciones relacionados en este artículo son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de éste.

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