Tema 9 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 81–139. Ver la norma

1. Artículo 81. Principios generales de actuación

   Las entidades del sector público institucional se someten en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al de transparencia en su gestión; en materia de personal, incluido el laboral, quedan sujetas a las limitaciones de la normativa presupuestaria. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, para comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación —en particular los Capítulos I y VI y los artículos 129 y 134— y por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.

2. Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

   El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. Contendrá, al menos, información actualizada sobre naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso la condición de medio propio, los regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y la clasificación en términos de contabilidad nacional. Se inscribirán, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional.

3. Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

   El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva de los actos de creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible, acompañando la documentación justificativa. Tratándose de la creación, la notificación es electrónica y se acompaña de la copia o enlace a la publicación en el Boletín Oficial, o del acto jurídico de creación, con los Estatutos o el plan de actuación. La inscripción se practicará dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Para que la Administración Tributaria asigne el Número de Identificación Fiscal definitivo y la letra identificativa que corresponda será necesaria la certificación de la inscripción en el Inventario.

4. Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal

   Integran el sector público institucional estatal: los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; los consorcios; las fundaciones del sector público; los fondos sin personalidad jurídica; y las universidades públicas no transferidas. El Estado o sus entidades no podrán crear ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas. Se exceptúan la participación en organismos internacionales o de ámbito supranacional, en los organismos de normalización y acreditación nacionales y en las sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984 de reconversión y reindustrialización.

5. Artículo 84 bis. Presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal

   El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres se aplica a las personas titulares de presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables, así como a quienes tengan contratos de alta dirección, de modo que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta en el ámbito de cada entidad. El principio se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno.

6. Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua

   Las entidades del sector público institucional estatal están sometidas a control de eficacia y a supervisión continua. Todas contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación con las líneas estratégicas de su actividad, que se revisarán cada tres años y se completará con planes anuales. El control de eficacia lo ejerce el Departamento al que estén adscritas, a través de las inspecciones de servicios, y evalúa el cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos conforme al plan de actuación. La supervisión continua corresponde al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, desde su creación hasta su extinción, y verifica al menos la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de causa de disolución. Los resultados se plasman en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que podrá contener recomendaciones de mejora o propuesta de transformación o supresión.

7. Artículo 86. Medio propio y servicio técnico

   Las entidades del sector público institucional podrán ser medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades cuando cumplan las condiciones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Tendrán esa consideración cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos en el sector de actividad correspondiente a su objeto, concurra alguna de estas circunstancias: que sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz aplicando criterios de rentabilidad económica; o que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia. La comprobación de estos requisitos forma parte del control de eficacia. En la denominación de estas entidades deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.», y crear uno nuevo exige memoria justificativa informada por la Intervención General.

8. Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal

   Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las citadas. La transformación se produce conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal de derechos y obligaciones; no altera las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni es causa de resolución de las relaciones jurídicas. Se lleva a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación, salvo la transformación en agencias estatales, que deberá efectuarse por ley. Requiere memoria justificativa —con análisis de eficiencia, previsión de ahorro, inexistencia de duplicidades y situación del personal— e informe preceptivo de la Intervención General. La adaptación de personal no atribuye por sí misma la condición de funcionario al personal laboral, ni puede derivarse incremento de la masa salarial.

9. Artículo 88. Definición y actividades propias

   Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, directamente o a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas —de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación—, actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas, así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

10. Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades

    Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Dentro de su esfera de competencia les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos de sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuirles la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco de las disposiciones que fijen su régimen jurídico básico. Los actos y resoluciones dictados en ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

11. Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal

    Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que determine su Estatuto. Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector, si bien el estatuto puede prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. La dirección debe establecer un modelo de control orientado a lograr una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos. Corresponde al Ministro de Hacienda la clasificación de las entidades conforme a su naturaleza y a los criterios del Real Decreto 451/2012, en tres grupos. Esa clasificación determina el número máximo de miembros de los órganos de gobierno, la estructura organizativa —con número mínimo y máximo de directivos— y la cuantía máxima de la retribución total.

12. Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales

    La creación de los organismos públicos se efectúa por Ley. La Ley de creación establecerá el tipo de organismo que crea, con indicación de sus fines generales y del Departamento de dependencia o vinculación; y, en su caso, los recursos económicos y las peculiaridades de su régimen de personal, contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que por su naturaleza exijan norma con rango de Ley. El anteproyecto que se eleve al Consejo de Ministros deberá acompañarse de una propuesta de estatutos, un plan inicial de actuación y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda.

13. Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación

    El plan inicial de actuación contendrá al menos: las razones que justifican la creación, por no poder asumir esas funciones otro organismo ya existente, y la constatación de que no supone duplicidad; la forma jurídica propuesta con el análisis que justifique que es más eficiente que las alternativas descartadas; la fundamentación de la estructura organizativa y la previsión de recursos humanos; el anteproyecto de presupuesto del primer ejercicio con estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación inicial y la sostenibilidad futura; y los objetivos, sus indicadores y la programación plurianual estratégica, con las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento, vinculadas a la evaluación del personal directivo y al reparto del complemento de productividad. El plan se actualiza anualmente; el plan anual lo aprueba en el último trimestre del año natural el departamento de adscripción, y la programación estratégica se revisa cada tres años. La falta de aprobación del plan anual en plazo por causa imputable al organismo paraliza las transferencias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros decida otra cosa. Los planes y sus modificaciones se publican en la web del organismo.

14. Artículo 93. Contenido de los estatutos

    Los estatutos regularán al menos: las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar; su estructura organizativa, con la composición, funciones, competencias y rango administrativo de cada órgano, especificando qué actos y resoluciones agotan la vía administrativa; el patrimonio asignado y los recursos económicos que lo financien; el régimen de recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación; y la facultad de participar en sociedades mercantiles cuando sea imprescindible para sus fines. Se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de vinculación o dependencia, y deben estar aprobados y publicados antes de la entrada en funcionamiento efectivo del organismo.

15. Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales

    Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse, bien extinguiéndose e integrándose en un nuevo organismo, bien extinguiéndose por ser absorbidos por otro ya existente. La fusión se lleva a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación; si crea un organismo nuevo, deberá cumplir los requisitos del artículo 91.2. Se acompañará de un plan de redimensionamiento que acredite el ahorro que generará, previo informe preceptivo de la Intervención General, aprobado por los organismos fusionados o por el absorbente. Si alguno estuviera en desequilibrio financiero, los elementos liquidables podrán integrarse en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, y la actividad que causó el desequilibrio dejará de prestarse salvo que pueda serlo de forma sostenible. La fusión conlleva la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal, sin alterar las condiciones financieras de las obligaciones ni servir de causa de resolución.

16. Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes

    La norma de creación de los organismos públicos estatales incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique en la memoria en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, por razones de seguridad nacional, o cuando la gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. La coordinación corresponde al Ministerio de adscripción, al Ministerio de Hacienda o a un organismo público vinculado a él. Se consideran servicios comunes, al menos: gestión de bienes inmuebles; sistemas de información y comunicación; asistencia jurídica; contabilidad y gestión financiera; publicaciones; y contratación pública.

17. Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales

    Los organismos públicos estatales deberán disolverse: por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación; porque la totalidad de sus fines sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado; porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos y así se ponga de manifiesto en el control de eficacia; porque del seguimiento del plan resulte el incumplimiento de los fines o que su subsistencia no es el medio más idóneo; por cualquier otra causa de los estatutos; o cuando lo acuerde el Consejo de Ministros. Concurrida una causa —salvo la última—, el máximo órgano de dirección lo comunicará al departamento de adscripción en dos meses; transcurrido ese plazo sin comunicación, el organismo queda automáticamente disuelto. Recibida la comunicación, el Consejo de Ministros adoptará el acuerdo de disolución en dos meses, designando liquidador y comunicándolo al Inventario para su publicación; si transcurre sin publicarse, el organismo queda igualmente disuelto de forma automática. En ambos casos no podrá realizar ningún acto jurídico salvo los estrictamente necesarios para su liquidación y extinción.

18. Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales

    Publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos sin publicarse, se entiende automáticamente iniciada la liquidación. Esta tiene lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo en la Administración General del Estado, que le sucede universalmente en todos sus derechos y obligaciones; el liquidador determina el órgano concreto donde se integran los elementos. La responsabilidad del empleado público que actúe como liquidador la asume directamente la entidad o Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si hubo dolo, culpa o negligencia graves. La Administración General del Estado queda subrogada automáticamente en todas las relaciones con los acreedores a la fecha del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa, incluidos los activos y pasivos sobrevenidos, sin alterar las condiciones financieras ni servir de causa de resolución. Formalizada la liquidación, la extinción se produce automáticamente.

19. Artículo 98. Definición

    Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública —de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación—, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ella. Dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

20. Artículo 99. Régimen jurídico

    Los organismos autónomos se rigen por esta Ley, su ley de creación, sus estatutos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la legislación de contratos del sector público, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

21. Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación

    El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de funcionarios, o por la normativa laboral. El nombramiento de los titulares de sus órganos se rige por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El organismo está obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y a comunicarle cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación de su régimen específico de personal. La contratación se ajusta a la legislación de contratos del sector público, y el órgano de contratación es el titular del máximo órgano de dirección.

22. Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial

    Los organismos autónomos tendrán un patrimonio propio, distinto del de la Administración, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares; su gestión, y la de los bienes del Patrimonio de la Administración que se les adscriban, se rige por la Ley 33/2003. Sus recursos económicos pueden provenir de: los bienes y valores de su patrimonio; los productos y rentas de dicho patrimonio; las consignaciones específicas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado; las transferencias corrientes o de capital procedentes de Administraciones o entidades públicas; las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y particulares; y cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir.

23. Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

    Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

24. Artículo 103. Definición

    Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado —salvo las que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado— y que, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de esta, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. Deberá figurar en su denominación la indicación «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».

25. Artículo 104. Régimen jurídico

    Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para ellas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo que les sean de aplicación.

26. Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas

    Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que los estatutos asignen expresamente esa facultad. No obstante, los órganos de estas entidades no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que a determinados efectos fijen sus estatutos.

27. Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación

    El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las excepciones relativas a los funcionarios de la Administración General del Estado que en ellas presten servicio. La selección del personal laboral sigue dos reglas: el personal directivo, determinado en los estatutos, se nombra atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada; el resto, mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. El Ministerio de Hacienda efectuará controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y la gestión de recursos humanos. La Ley de creación de cada entidad determinará las condiciones en que los funcionarios estatales podrán cubrir destinos en ella, y las competencias sobre ese personal, que en todo caso serán las que tengan atribuidas los organismos autónomos. La contratación se rige por la legislación de contratos del sector público.

28. Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial

    Las entidades públicas empresariales tendrán un patrimonio propio, distinto del de la Administración, cuya gestión —y la de los bienes que se les adscriban— se rige por la Ley 33/2003. Podrán financiarse con los ingresos derivados de sus operaciones como contraprestación de sus actividades comerciales y con los bienes y valores de su patrimonio y sus productos y rentas. Excepcionalmente, y solo cuando lo prevea su Ley de creación, podrán financiarse además con consignaciones presupuestarias, transferencias de Administraciones o entidades públicas y donaciones, legados y patrocinios. Se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, salvo las que sean o puedan ser declaradas medio propio personificado; se entiende que es así cuando tengan la consideración de productor de mercado conforme al Sistema Europeo de Cuentas, según la clasificación del Comité Técnico de Cuentas Nacionales recogida en el Inventario.

29. Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

    Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

30. Artículo 108 bis. Definición

    Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado. Están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «Agencia Estatal».

31. Artículo 108 ter. Régimen jurídico

    Las agencias estatales se rigen por esta ley y, en su marco, por el estatuto propio de cada una y el resto de normas de derecho administrativo. Su actuación se produce con arreglo al plan de acción anual y bajo un contrato plurianual de gestión que fija, como mínimo: los objetivos y resultados a obtener; los planes para alcanzarlos con sus indicadores; las previsiones máximas de plantilla; los recursos a aportar, revisables automáticamente conforme a la Ley de Presupuestos; los efectos asociados al grado de cumplimiento, en forma de responsabilidad de los órganos ejecutivos y del personal directivo y de complemento de productividad; el procedimiento para cubrir déficits; y el de modificaciones anuales. El Consejo Rector aprueba la propuesta de contrato inicial en el plazo de tres meses desde su constitución, y los posteriores se presentan en el último trimestre de vigencia del anterior; la aprobación es por Orden conjunta de los Ministerios de adscripción, de Función Pública y de Hacienda, en un máximo de tres meses, y si no se aprueba en plazo sigue vigente el anterior. En el seno del Consejo Rector se constituye una Comisión de Control.

32. Artículo 108 quater. Régimen jurídico de personal

    El personal de las agencias estatales se compone del que ya ocupaba puestos en los servicios integrados al constituirse, del que se incorpore desde cualquier Administración, del seleccionado por la propia agencia y del personal directivo. Los dos primeros mantienen su condición de origen, funcionarial, estatutaria o laboral. La selección propia se hace por convocatoria pública con los principios de igualdad, mérito y capacidad y de acceso de las personas con discapacidad, sujeta a la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos e integrada en la oferta de empleo público estatal. Las convocatorias de personal funcionario las efectúa el Ministerio al que estén adscritos los cuerpos o escalas, y excepcionalmente la propia agencia mediante convenio. Cada agencia dispone de su relación de puestos de trabajo. El personal directivo lo nombra y cesa el Consejo Rector a propuesta de los órganos ejecutivos, por procedimiento que garantice mérito, capacidad y publicidad, entre titulados superiores preferentemente funcionarios, y está sujeto a evaluación con parte de su retribución como incentivo de rendimiento. El órgano ejecutivo es el director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.

33. Artículo 108 quinquies. Régimen económico financiero y contratación

    Las agencias estatales se financian con las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, los ingresos propios por contraprestación de sus actividades, la enajenación y el rendimiento de sus bienes y valores, las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados, los ingresos por patrocinio, y los demás ingresos de derecho público o privado autorizados. Cuando lo prevean sus estatutos y solo si generan recursos propios suficientes, podrán financiarse con cargo a los créditos del capítulo VIII adjudicados por pública concurrencia para proyectos de investigación y desarrollo. El endeudamiento está prohibido, salvo que una Ley disponga lo contrario; no obstante, para desfases temporales de tesorería pueden contratar pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto. La contratación se rige por la normativa del sector público, y sus sociedades y fundaciones deben ajustarse en todo caso a los principios de publicidad y concurrencia.

34. Artículo 108 sexies. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero

    El Consejo Rector elabora y aprueba el anteproyecto de presupuesto, que va al Ministerio de adscripción, después a Hacienda y se incorpora al de los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto de gastos es limitativo por su importe global y estimativo en la distribución por categorías económicas, salvo los gastos de personal, que son limitativos y vinculantes por su cuantía total, y las subvenciones nominativas y atenciones protocolarias, limitativas y vinculantes en cualquier nivel. Las variaciones de la cuantía global y las que afecten a personal las autoriza el Ministerio de Hacienda; el resto, la Dirección de la agencia, dando cuenta a la Comisión de Control. Pueden adquirirse compromisos de gasto para hasta cuatro ejercicios posteriores, con límites del 70 %, 60 %, 50 % y 50 %. Las cuentas anuales las formula la Dirección en tres meses desde el cierre, las audita la Intervención General, las aprueba el Consejo Rector antes del 30 de junio y se remiten al Tribunal de Cuentas dentro de los siete meses siguientes al cierre. El control externo es del Tribunal de Cuentas y el interno de la Intervención General.

35. Artículo 109. Definición

    Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. Actuarán con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».

36. Artículo 110. Régimen jurídico

    Las autoridades administrativas independientes se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por esta Ley —en particular por lo dispuesto para los organismos autónomos—, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Ley General Presupuestaria, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo. En defecto de norma administrativa, se aplica el derecho común. Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012.

37. Artículo 111. Definición

    Es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal: bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o de alguna de las entidades del sector público institucional estatal —incluidas otras sociedades mercantiles estatales— sea superior al 50 por 100, sumando a estos efectos las participaciones de todas ellas cuando participen varias; bien porque la sociedad se encuentre en el supuesto de control del artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».

38. Artículo 112. Principios rectores

    La Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de las sociedades mercantiles estatales, y para ello promoverán buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad, conforme a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

39. Artículo 113. Régimen jurídico

    Las sociedades mercantiles estatales se rigen por esta Ley, por la Ley 33/2003 y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

40. Artículo 114. Creación y extinción

    La creación de una sociedad mercantil estatal, o la adquisición sobrevenida de ese carácter, se autoriza por acuerdo del Consejo de Ministros, acompañado de una propuesta de estatutos y un plan de actuación con: las razones que justifican la creación y la constancia del análisis sobre inexistencia de duplicidades con entidades que actúen sobre el mismo territorio y población; el análisis de eficiencia frente a la creación de un organismo público u otras alternativas; y los objetivos anuales con sus indicadores. Se acompañará informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o de la Intervención General. El Programa de Actuación Plurianual incluirá un plan de actuación anual que sirve de base al control de eficacia; su falta de aprobación en plazo por causa imputable a la sociedad paraliza las aportaciones con cargo a los Presupuestos. La liquidación recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o entidad del sector público institucional, y la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si hubo dolo, culpa o negligencia grave.

41. Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado

    La responsabilidad que corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración de una sociedad mercantil estatal será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. Esta podrá exigirle de oficio la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a la legislación de responsabilidad patrimonial.

42. Artículo 116. Tutela

    Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio cuyas competencias guarden relación específica con el objeto social la tutela funcional. En ausencia de atribución expresa, corresponde íntegramente al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de tutela ejerce el control de eficacia, instruye sobre líneas de actuación estratégica, fija prioridades y propone su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital, previa conformidad financiera de la Dirección General del Patrimonio del Estado o del organismo titular del capital. En casos excepcionales debidamente justificados, el titular del departamento podrá dar instrucciones a la sociedad para que realice determinadas actividades de interés público. Si la instrucción implica variación presupuestaria, el órgano de administración no podrá iniciar su cumplimiento sin autorización del órgano competente. Los administradores que ejecuten diligentemente esas instrucciones quedan exonerados de la responsabilidad del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital si se derivaran consecuencias lesivas.

43. Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal

    Las sociedades mercantiles estatales elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación integrado en el Programa Plurianual, que se incorporan al Presupuesto General del Estado; el Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación del artículo 85. Formulan y rinden sus cuentas conforme al Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, su gestión económico-financiera está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas derivadas de su adscripción al sector público estatal, incluida siempre la normativa presupuestaria y en especial las Leyes de Presupuestos.

44. Artículo 118. Definición y actividades propias

    Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Pueden realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras prevean las leyes, y pueden utilizarse para la gestión de servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

45. Artículo 119. Régimen jurídico

    Los consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto en ellos sobre derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se somete al artículo 97 de esta Ley y, en su defecto, a la Ley de Sociedades de Capital. Las normas sobre consorcios locales de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local tienen carácter supletorio respecto de esta Ley.

46. Artículo 120. Régimen de adscripción

    Los estatutos determinarán la Administración a la que el consorcio queda adscrito, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien tenga mayor control por normativa especial; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría del órgano de gobierno; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; quien tenga el mayor porcentaje en el fondo patrimonial; y quien tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, según los fines se orienten a personas o a territorio. Si participan entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. Todo cambio de adscripción conlleva la modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio siguiente.

47. Artículo 121. Régimen de personal

    El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones participantes; su régimen jurídico será el de la Administración de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las de puestos equivalentes en aquella. Excepcionalmente —por la singularidad de las funciones, o cuando tras un anuncio público de convocatoria restringida a las Administraciones consorciadas no fuera posible cubrir el puesto—, el Ministerio competente u órgano equivalente de la Administración de adscripción podrá autorizar la contratación de personal por el consorcio.

48. Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial

    Los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración a la que estén adscritos, sin perjuicio de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Para determinar la financiación de cada Administración consorciada se atiende tanto a los compromisos estatutarios o convencionales como a la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos. El órgano de control interno de la Administración de adscripción deberá auditar las cuentas anuales de los consorcios en que concurran al menos dos de estas tres circunstancias: activo superior a 2.400.000 euros; ingresos superiores a 2.400.000 euros; o más de 50 trabajadores de media. La situación debe repetirse dos ejercicios consecutivos para producir efectos. Los consorcios forman parte de los presupuestos y se incluyen en la cuenta general de la Administración de adscripción, y se rigen por sus normas patrimoniales.

49. Artículo 123. Creación

    Los consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos o entidades participantes. Cuando participe la Administración General del Estado o sus organismos, se requiere además: que su creación se autorice por ley; que el convenio cuente con autorización previa del Consejo de Ministros, siendo la competencia para suscribirlo indelegable y correspondiendo al titular del departamento ministerial —o, en organismos autónomos, al titular de su máximo órgano de dirección, previo informe del Ministerio de dependencia—; y que del convenio formen parte los estatutos, un plan de actuación conforme al artículo 92, una proyección presupuestaria trienal y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda. El convenio y los estatutos, así como sus modificaciones, se publican en el BOE.

50. Artículo 124. Contenido de los estatutos

    Los estatutos determinarán la Administración de adscripción y el régimen orgánico, funcional y financiero, y al menos: la sede, objeto, fines y funciones; la identificación de los participantes y sus aportaciones, incluyendo cláusulas que limiten las actividades del consorcio si alguno incumple sus compromisos de financiación y fórmulas de aseguramiento de las cantidades comprometidas antes de realizar las actividades presupuestadas; los órganos de gobierno y administración, su composición y funcionamiento con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos, pudiendo preverse la suspensión temporal del derecho de voto a quien incumpla manifiestamente sus obligaciones; y las causas de disolución.

51. Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio

    Los miembros de un consorcio podrán separarse en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para su duración. Si el consorcio tiene duración determinada, cualquiera podrá separarse antes del plazo si otro miembro hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias, en particular las que impidan cumplir el fin para el que se creó, como la de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio que sea de los prestados por el consorcio al que pertenece, podrá separarse. El derecho se ejercita mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno, haciendo constar, si el consorcio tuviera duración determinada, el incumplimiento que lo motiva, el requerimiento previo de cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado.

52. Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio

    El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto acuerde su continuidad y sigan permaneciendo al menos dos Administraciones, o entidades vinculadas a más de una Administración. Si no hay disolución, se calcula la cuota de separación según la participación que le habría correspondido en el patrimonio neto de haberse liquidado, con el criterio de reparto de los estatutos; en su defecto, atendiendo al porcentaje de aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año, y si el saliente no estaba obligado a aportar, a su participación en los ingresos recibidos. La separación efectiva se produce una vez determinada la cuota si es positiva, o una vez pagada la deuda si es negativa. Si el consorcio estaba adscrito a la Administración que se separa, deberá acordarse a cuál de las restantes se adscribe.

53. Artículo 127. Disolución del consorcio

    La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso es causa de disolución que los fines para los que fue creado hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno, al acordar la disolución, nombra un liquidador que será un órgano o entidad de la Administración de adscripción; la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si concurrió dolo, culpa o negligencia graves. El liquidador calcula la cuota de liquidación de cada miembro conforme a los estatutos y, en su defecto, según su participación en el patrimonio neto, atendiendo a las aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año. Las entidades consorciadas podrán acordar —con la mayoría estatutaria o, a falta de previsión, por unanimidad— la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público para mantener la continuidad de la actividad, lo que implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

54. Artículo 128. Definición y actividades propias

    Son fundaciones del sector público estatal las que reúnan alguno de estos requisitos: constituirse con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal, o recibirla después; que su patrimonio esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por ellos; o que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a sus representantes. Sus actividades propias son las realizadas sin ánimo de lucro para fines de interés general, se presten gratuitamente o mediante contraprestación, y únicamente pueden versar sobre el ámbito competencial de las entidades fundadoras, coadyuvando a sus fines sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa. No podrán ejercer potestades públicas. En su denominación figurará «fundación del sector público» o «F.S.P.», y podrá existir aportación privada de forma no mayoritaria.

55. Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones

    Los estatutos determinarán la Administración de adscripción, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos al primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de mayoría de patronos; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien pueda hacerlo con la mayoría del patronato; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; y quien tenga el mayor porcentaje del fondo patrimonial. Si nada de eso resulta determinante, se adscribe a la Administración General del Estado y, si esta no participa, a la que decida su patronato. El cambio de adscripción conlleva modificar los estatutos en un plazo no superior a tres meses desde el inicio del ejercicio siguiente. Quedan sujetas al régimen presupuestario, económico-financiero y de control de la Administración de adscripción.

56. Artículo 130. Régimen jurídico

    Las fundaciones del sector público estatal se rigen por esta Ley, la Ley 50/2002 de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable en materia de fundaciones y el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.

57. Artículo 131. Régimen de contratación

    La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

58. Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal

    Las fundaciones del sector público estatal elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital que se integra en el Presupuesto General del Estado, y formulan sus cuentas conforme a la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a la normativa de fundaciones. Aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la Ley 47/2003 y, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, están sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas derivadas de su adscripción al sector público estatal, incluida la normativa presupuestaria y las Leyes de Presupuestos.

59. Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal

    La creación de las fundaciones del sector público estatal, o la adquisición de ese carácter de forma sobrevenida, se realiza por ley, que establecerá sus fines y, en su caso, los recursos económicos con que se la dota. El anteproyecto que se eleve al Consejo de Ministros deberá acompañarse de una propuesta de estatutos, del plan de actuación del artículo 92 y del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o de la Intervención General. Los estatutos se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y del que ejerza el protectorado. Por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio de adscripción inicial.

60. Artículo 134. Protectorado

    El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, y velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua a que están sometidas conforme a esta Ley.

61. Artículo 135. Estructura organizativa

    En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. La responsabilidad del empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

62. Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción

    A las fundaciones del sector público estatal les resulta de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97 de esta Ley.

63. Artículo 137. Creación y extinción

    La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectúa por Ley, y la norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. Con independencia de su creación por Ley, se extinguirán por norma de rango reglamentario. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».

64. Artículo 138. Régimen jurídico

    Los fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación y en el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación.

65. Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero

    Los fondos carentes de personalidad jurídica están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, General Presupuestaria.