Tema 12 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera se hallan en servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública de desarrollo pueden regular otras situaciones cuando concurra, entre otras, alguna de estas circunstancias: imposibilidad transitoria de asignar puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, o conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo; acceso a otros cuerpos o escalas, o paso al sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Artículo 86. Servicio activo

Están en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública de desarrollo del Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad de destino, y no les corresponda otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades. Se rigen por el Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales

Pasa a servicios especiales, entre otros supuestos, quien es miembro del Gobierno o alto cargo, realiza una misión internacional superior a seis meses, es Diputado, Senador o parlamentario autonómico con retribuciones periódicas, desempeña cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva, es personal eventual y no opta por el servicio activo, o es activado como reservista voluntario. Percibe las retribuciones del cargo, más los trienios; el tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y Seguridad Social, y puede reingresar, al menos, en la misma localidad.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas

Quien obtiene destino en otra Administración por transferencias o por provisión de puestos queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Los transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, en servicio activo en ella, respetando Grupo o Subgrupo y derechos económicos, y mantienen sus derechos en origen. Los que obtuvieron puesto por provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, conservan su condición de funcionario de la de origen y pueden participar en sus convocatorias; ese tiempo computa como servicio activo en origen.

Artículo 89. Excedencia

Modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Interés particular: cinco años de servicios inmediatamente anteriores, subordinada a las necesidades del servicio, sin retribuciones ni cómputo. Cuidado de hijo o de familiar hasta segundo grado: máximo tres años, computable, reserva del puesto al menos dos años. Violencia de género: reserva seis meses, prorrogable por tres meses hasta dieciocho, y retribuciones íntegras los dos primeros meses.

Artículo 90. Suspensión de funciones

El funcionario en suspensión queda privado, mientras dure, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Si la suspensión excede de seis meses, pierde el puesto de trabajo. La suspensión firme se impone por sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria; la disciplinaria no puede exceder de seis años. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en sus organismos, agencias o entidades de derecho público. Cabe también la suspensión provisional durante un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo

Los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia. Esa regulación ha de respetar el derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 140

Los funcionarios de carrera de la Administración local pueden hallarse en estas situaciones: servicio activo, servicio en Comunidades Autónomas, excedencia forzosa o voluntaria, servicios especiales y suspensión. Se regulan por la normativa básica estatal y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.

Artículo 146

Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos se califican de leves, graves y muy graves. Prescriben: las leves, al mes; las graves, a los dos años; las muy graves, a los seis años. La forma de computar esos plazos de prescripción se determinará reglamentariamente.

Artículo 147

Las faltas muy graves son las tipificadas por la legislación básica de la función pública. Las faltas graves y leves son las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, en la legislación de funcionarios civiles del Estado.

Artículo 148

Sanciones: a) apercibimiento, b) deducción proporcional de las retribuciones, c) suspensión de funciones, d) destitución del cargo, e) separación del servicio. Leves: sólo a) y b); las de puntualidad y asistencia leves, deducción proporcional. Graves: b), c) y d). Muy graves: c), d) y e). La d) sólo se aplica a funcionarios con habilitación de carácter nacional; a ellos no se les aplica la suspensión por más de un año, sustituida por destitución con prohibición de nuevo destino por un máximo de tres años. La suspensión firme determina la pérdida del puesto de trabajo.

Artículo 149

No se pueden imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente instruido al efecto con audiencia del interesado; la tramitación del expediente se rige por las disposiciones reglamentarias correspondientes. Las faltas leves pueden ser corregidas sin necesidad de instruir expediente, dando audiencia, en todo caso, al interesado.

Artículo 150

Incoan los expedientes disciplinarios: el Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro que por delegación suya ostente la jefatura directa del personal; y la Dirección General de Administración Local, para funcionarios con habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta de aquélla en la que presten servicios o cuando, por la gravedad de los hechos, pudiera dar lugar a destitución o separación del servicio. Quien incoa nombra Instructor, decreta o alza la suspensión provisional e instruye diligencias previas.

Artículo 151

Imponen las sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente: a) el Ministro de Administraciones Públicas, la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional, y su suspensión de funciones cuando la falta se cometió en Corporación distinta de la que prestan servicios actualmente; b) el Pleno de la Corporación, las sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no comprendidas en a) y la separación del servicio de otros funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación.

Artículo 152

Las sanciones disciplinarias se anotan en las hojas de servicios de los funcionarios y, en todo caso, en el Registro de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación se rige por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la de funcionarios civiles del Estado. Los separados del servicio por sanción disciplinaria podrán ser rehabilitados acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades y una conducta acreedora a ello a juicio de la autoridad que deba decidir.

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Los particulares exigirán directamente a la Administración las indemnizaciones por los daños causados por sus autoridades y personal. La Administración, una vez haya indemnizado, exigirá de oficio en vía administrativa a esas autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado. El mismo procedimiento se instruye por los daños causados en los bienes o derechos de la propia Administración cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves.

Artículo 37. Responsabilidad penal

La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá conforme a la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.

Artículo 27

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.

Artículo 28

Artículo 29

Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.

Artículo 30

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.

Artículo 31

La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.

Artículo 32

Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.

Artículo 33

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.

Artículo 34

El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.

Artículo 35

El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Artículo 36

El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

Artículo 37

Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.

Artículo 38

Artículo 39

Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Artículo 40

La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 41

Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.

Artículo 42

El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.

Artículo 43

La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).

Artículo 44

Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

Artículo 45

La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.

Artículo 46

El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.

Artículo 47

Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.

Artículo 48

La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.

Artículo 49

Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.

Artículo 50

El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.

Artículo 51

Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de esas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado, en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. Las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, en ningún caso se computan a efectos de reincidencia.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El Reglamento se aplica a los funcionarios de la Administración general del Estado y sus Organismos autónomos comprendidos en el ámbito de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Excepción: a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas de la función pública docente no se les aplican las disposiciones relativas a las situaciones aludidas en la disposición adicional decimoquinta, apartado 1, párrafo segundo, de esa Ley (añadido por la Ley 22/1993).

Artículo 2. Situaciones administrativas

Enumera once situaciones administrativas en que pueden hallarse los funcionarios: servicio activo; servicios especiales; servicio en Comunidades Autónomas; expectativa de destino; excedencia forzosa; excedencia para el cuidado de hijos; excedencia voluntaria por servicios en el sector público, por interés particular, por agrupación familiar e incentivada; y suspensión de funciones.

Artículo 3. Servicio activo

Están en servicio activo, entre otros, quienes ocupan un puesto adscrito a funcionarios de la Ley 30/1984 o puestos en Corporaciones Locales o Universidades públicas abiertos a ellos; están en comisión de servicios; sirven en las Cortes Generales o el Tribunal de Cuentas sin corresponderles otra situación; son miembros de Corporaciones Locales sin cargo retribuido y de dedicación exclusiva; están en plazo posesorio; se encuentran en las dos primeras fases de reasignación de efectivos; o están en cesación progresiva de actividades.

Artículo 4. Servicios especiales

Pasan a servicios especiales, entre otros, quienes: realizan una misión autorizada de más de seis meses en organismos internacionales o programas de cooperación; son miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos no reservados a funcionarios; son Diputados, Senadores o eurodiputados; son parlamentarios autonómicos con retribuciones periódicas; ocupan cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva; ocupan cargo político incompatible; o lo determina una norma con rango de Ley.

Artículo 5. Cargo de carácter político

Para pasar a servicios especiales por el supuesto del artículo 29.2.j) de la Ley 30/1984 hay que haber sido nombrado en el sector público para un cargo de carácter político: un cargo de confianza que no implique relación profesional de carácter permanente, del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública y que, según los criterios que establezca el ministerio competente, conlleve responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel político.

Artículo 6. Declaración de la situación de servicios especiales

El pase a servicios especiales se declara de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que lo ocasiona, y produce efectos desde el momento en que ese supuesto se produjo. Si se trata de una misión internacional (artículo 4 a), la autorización exige que conste el interés de la Administración, según los criterios que establezca el ministerio competente en materia de asuntos exteriores.

Artículo 7. Reserva de puestos de trabajo

Al reingresar desde servicios especiales, quien venía de servicio activo recibe puesto así: si el anterior era de libre designación, se le adjudica con carácter provisional, hasta que obtenga otro definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio; en los demás casos, con carácter definitivo, uno de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Ministerio y municipio. Si se accedió desde situaciones sin desempeño ni reserva de puesto, no hay reserva, sin perjuicio del párrafo segundo del artículo 23.

Artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales

En servicios especiales se cobra la retribución del puesto o cargo efectivo, no la de funcionario. Excepción: si los trienios no pueden pagarse por causa legal con cargo a esos presupuestos, los abona el Departamento del último puesto en servicio activo, que también paga en ese caso la cuota de Seguridad Social. El tiempo en esta situación computa para ascensos, consolidación de grado personal, trienios, derechos pasivos y el período mínimo de servicios para pedir la excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 9. Solicitud de reingreso al servicio activo

Quien pierde la condición por la que fue declarado en servicios especiales debe pedir el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes; si no lo hace, se le declara en excedencia voluntaria por interés particular con efectos desde el día en que perdió esa condición. Con derecho a reserva de puesto, el reingreso surte efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud. Diputados, Senadores, parlamentarios autonómicos o europeos que pierden la condición por disolución o fin del mandato de la Cámara pueden seguir en servicios especiales hasta su nueva constitución.

Artículo 10. Funcionarios transferidos

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en su organización y están en servicio activo en ellas. En su Cuerpo o Escala estatal de origen quedan en la situación especial de servicio en Comunidades Autónomas, que les mantiene todos sus derechos como si estuvieran en servicio activo. La sanción de separación del servicio la acuerda el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que exija su legislación específica.

Artículo 11. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos

Los funcionarios del Estado que ocupan puestos en Comunidades Autónomas por concurso, libre designación o reasignación de efectivos se someten al régimen estatutario y a la legislación de Función Pública de esa Comunidad, pero conservan su condición de funcionarios estatales en situación de servicio en Comunidades Autónomas. Rigen las normas de destino sobre promoción, retribuciones, situaciones, incompatibilidades y régimen disciplinario, salvo la separación del servicio: la acuerda el Ministro del Departamento al que esté adscrito su Cuerpo o Escala, tras expediente de la Comunidad.

Artículo 12. Expectativa de destino

Pasan a expectativa de destino quienes, en una reasignación de efectivos, no obtienen puesto en sus dos primeras fases. Se permanece en ella un año como máximo y luego se pasa a excedencia forzosa. Deben aceptar puestos de características similares en la provincia, concursar a los puestos adecuados que se les notifiquen y asistir a los cursos de capacitación; si no, excedencia forzosa. Cobran retribuciones básicas, complemento de destino y el 50 por 100 del complemento específico; en lo demás se equipara al servicio activo.

Artículo 13. Excedencia forzosa

Hay excedencia forzosa para quien agota el período máximo de expectativa de destino o incumple sus obligaciones, y para el suspenso firme sin puesto reservado que pide el reingreso y no lo obtiene en seis meses desde la extinción de su responsabilidad. Si incumplen sus obligaciones de concursar o reingresar, pasan a excedencia voluntaria por interés particular. No pueden trabajar en el sector público. Cobran retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones por hijo a cargo; el tiempo computa para derechos pasivos y trienios.

Artículo 14. Excedencia para el cuidado de hijos

Cada hijo, por naturaleza o adopción (o acogimiento, mientras dure), da derecho a una excedencia; si trabajan padre y madre, solo uno puede ejercerla. Se pide en cualquier momento tras el nacimiento o la resolución judicial de adopción, con un máximo de tres años desde el nacimiento, y exige declarar que no se desempeña actividad que impida el cuidado del hijo. Un nuevo hijo abre un nuevo período. Hay reserva de puesto y cómputo de tiempo; sin solicitud de reingreso antes del final, excedencia voluntaria por interés particular de oficio.

Artículo 15. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público

Se declara en esta excedencia al funcionario de carrera en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración (salvo compatibilidad) y a quien pasa a ser laboral fijo en el sector público sin quedar en servicio activo ni servicios especiales; ser interino o laboral temporal no habilita. Incluye las empresas controladas por las Administraciones y a los funcionarios estatales integrados en una Comunidad que ingresan en otros Cuerpos propios. Dura lo que la relación; tras el cese, un mes para pedir el reingreso o excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 16. Excedencia voluntaria por interés particular

La excedencia voluntaria por interés particular se declara a petición del funcionario o de oficio. Para pedirla hay que haber prestado servicios efectivos en cualquier Administración durante los cinco años inmediatamente anteriores. Cada período dura entre dos años continuados y tantos años como servicios acredite, con un máximo de quince. La resolución fija el plazo máximo; no pedir el reingreso en él supone perder la condición de funcionario. Está subordinada a las necesidades del servicio y no se concede a petición de quien tenga expediente disciplinario en instrucción.

Artículo 17. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Puede concederse excedencia voluntaria por agrupación familiar, de dos años como mínimo y quince como máximo, al funcionario cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral, en cualquier Administración pública, Organismo autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad Social, o en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. Antes de acabar los quince años debe pedirse el reingreso; si no, se declara de oficio la excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 18. Excedencia voluntaria incentivada

Pueden pedir la excedencia voluntaria incentivada los afectados por reasignación de efectivos en sus dos primeras fases, y tienen derecho a ella quienes estén en expectativa de destino o excedencia forzosa por un Plan de Empleo. Dura cinco años sin poder trabajar en el sector público. Sin reingreso dentro del mes siguiente a su fin, el Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala declara la excedencia por interés particular. Da una mensualidad de retribuciones periódicas por año completo de servicios, hasta doce.

Artículo 19. Efectos de la excedencia voluntaria

Ninguna modalidad de excedencia voluntaria produce reserva de puesto de trabajo, y quienes están en ellas no devengan retribuciones, salvo la mensualidad prevista en el apartado 5 del artículo 18 para la excedencia voluntaria incentivada. El tiempo pasado en excedencia voluntaria no computa a efectos de promoción, trienios ni derechos pasivos.

Artículo 20. Suspensión de funciones

La suspensión de funciones puede ser provisional o firme. El funcionario declarado en suspensión firme pasa a esa situación en todos los Cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito del Reglamento a los que pertenezca; para ello, el órgano que la acuerda debe comunicarla a los Departamentos ministeriales a los que estén adscritos esos Cuerpos o Escalas.

Artículo 21. Suspensión provisional

La suspensión provisional puede acordarse preventivamente durante un procedimiento judicial o disciplinario; si se decreta prisión provisional u otra medida que impida trabajar, dura lo que esas medidas. En vía disciplinaria la acuerda quien ordenó incoar el expediente y no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. Se cobra el 75 por 100 de sueldo, trienios y pagas extraordinarias y toda la prestación por hijo a cargo. Si la suspensión no se declara firme, computa como servicio activo.

Artículo 22. Suspensión firme

La suspensión es firme si se impone por condena criminal o sanción disciplinaria, y conlleva la pérdida del puesto salvo que no exceda de seis meses. Mientras dure no cabe cambiar de situación administrativa. Quien perdió el puesto debe pedir el reingreso con un mes de antelación al final de la suspensión, con efectos desde la extinción de la responsabilidad; si no lo pide, pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular desde el fin de la sanción. Si pedido el reingreso no se concede en seis meses, se le declara de oficio en excedencia forzosa.