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C2 · Bloque II · Actividad administrativa y ofimática

Tema 20 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

En este tema: arts. 12–14. Ver la norma

  1. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

    Las Administraciones deben garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales, sistemas y aplicaciones necesarios. Deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse por esa vía que lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de ellos no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma puede realizarla válidamente un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia.

  2. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

    Quienes tienen capacidad de obrar conforme al artículo 3 son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de un catálogo de derechos: comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013; ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados públicos, que han de facilitarles el ejercicio de sus derechos; exigir responsabilidades a las Administraciones y autoridades; obtener y utilizar los medios de identificación y firma de esta ley; a la protección de datos; y cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes.

  3. Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

    Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, y los empleados públicos para los trámites propios de su condición. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican electrónicamente o no.

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 38–45. Ver la norma

  1. Artículo 38. La sede electrónica

    La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Establecer una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella. Cada Administración determina las condiciones e instrumentos de creación de sus sedes con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, garantizando en todo caso la identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas. Dispondrán de sistemas que permitan comunicaciones seguras cuando sean necesarias, publicarán respetando la accesibilidad y los estándares abiertos, y se identificarán mediante certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

  2. Artículo 39. Portal de internet

    El portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

  3. Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas

    Las Administraciones podrán identificarse mediante un sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado. Esos certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente y, en su caso, la identidad de la persona titular cuando se trate de sellos de órganos administrativos. La relación de sellos utilizados por cada Administración, con las características de los certificados y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, y cada Administración facilitará la verificación de sus sellos. Además, se entenderá identificada la Administración respecto de la información que publique como propia en su portal de internet.

  4. Artículo 41. Actuación administrativa automatizada

    Es actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento administrativo en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En estos casos deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano responsable a efectos de impugnación.

  5. Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada

    Para la actuación administrativa automatizada, cada Administración podrá determinar los supuestos de utilización de dos sistemas de firma electrónica: el sello electrónico de Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, basado en certificado reconocido o cualificado; y el código seguro de verificación (CSV) vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

  6. Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

    Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Cada Administración determinará los sistemas de firma que debe utilizar su personal, que podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma podrán referirse sólo al número de identificación profesional del empleado público.

  7. Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

    Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones, órganos, organismos públicos y entidades de Derecho Público serán válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes pertenecen a una misma Administración, será ella quien determine las condiciones y garantías, que comprenderán al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si pertenecen a distintas Administraciones, esas condiciones se establecerán mediante convenio suscrito entre ellas. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos transmitidos.

  8. Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica

    Las Administraciones podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma. Para favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma, cuando una Administración utilice sistemas de firma distintos de los basados en certificado reconocido o cualificado y remita o ponga a disposición de otros órganos, organismos, entidades de Derecho Público o Administraciones documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado.

Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación por medios electrónicos

En este tema: arts. 1–36, 41–45 y 56–65. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

    El Reglamento desarrolla dos leyes: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. Su ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 y en el artículo 2 de la Ley 40/2015.

  2. Artículo 2. Principios generales

    El sector público deberá respetar en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso (estándares abiertos y, en su caso y de forma complementaria, de uso generalizado); b) accesibilidad (igualdad y no discriminación, en particular de personas con discapacidad y mayores); c) facilidad de uso (minimizar el conocimiento necesario); d) interoperabilidad (compartir datos); e) proporcionalidad (garantías y medidas de seguridad adecuadas); f) personalización y proactividad (servicios precumplimentados).

  3. Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

    Están obligados a relacionarse electrónicamente, al menos, los sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015. Las personas físicas no obligadas pueden optar por ello al inicio del procedimiento o en una fase posterior, y también dejar de hacerlo, comunicándolo al órgano competente para tramitarlo: los efectos se producen a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que este tenga constancia. En el ámbito estatal la obligatoriedad puede establecerse por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente.

  4. Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

    Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos de su ámbito competencial a través de alguno o algunos de estos canales: presencial (oficinas de asistencia que se determinen), portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015.

  5. Artículo 5. Portales de internet de las Administraciones Públicas

    Portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público y que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada. Cada Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de sus portales y criterios obligatorios de imagen institucional. Los portales dispondrán de sistemas que permitan establecer medidas de seguridad conforme al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero (Esquema Nacional de Seguridad).

  6. Artículo 6. Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal

    En el ámbito estatal los portales se crean o suprimen por orden de la persona titular del ministerio o resolución de la persona titular del órgano superior (Administración General del Estado) y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección (organismos y entidades). Crear exige informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital y posterior comunicación a dos ministerios; suprimir, previa comunicación a ambos. La dirección incluirá el dominio de segundo nivel «.gob.es» y los portales estarán referenciados en el PAGe.

  7. Artículo 7. Punto de Acceso General electrónico

    Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que facilita el acceso a servicios, trámites e información y dispone de una sede electrónica que da acceso a todas las sedes y sedes asociadas; esa sede podrá incluir un área personalizada. El PAGe de la Administración General del Estado lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital; en su sede está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única y podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.

  8. Artículo 8. Carpeta Ciudadana del sector público estatal

    La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas en su relación con el sector público estatal. Además del interesado pueden acceder sus representantes legales y quien ostente un poder general otorgado por él e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos. Es accesible a través de la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras funcionalidades, seguimiento de procedimientos, acceso a comunicaciones y notificaciones, conocer qué datos obran en poder del sector público estatal y obtener certificaciones.

  9. Artículo 9. Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas

    Una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante ella se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas. Su titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias.

  10. Artículo 10. Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

    Pueden crearse una o varias sedes asociadas a una sede electrónica por razones técnicas y organizativas; la asociada es sede a todos los efectos. El acto de creación o supresión se publica en el boletín oficial que corresponda (en las entidades locales, el de la provincia) y en el directorio del PAGe, y determina, al menos, ámbito de aplicación, dirección electrónica de referencia, titular y órgano u órganos gestores. En el ámbito estatal se hace por orden o resolución con informe previo favorable de dos ministerios, que exige una memoria justificativa y económica.

  11. Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas

    Toda sede o sede asociada tiene un contenido mínimo: identificación de la sede y de su titular, acto de creación, información de uso (mapa), sistemas de identificación y firma admitidos, normativa del Registro, fecha y hora oficial y calendario de días inhábiles, incidencias técnicas, y relación actualizada de servicios y de actuaciones automatizadas. Y, al menos, estos servicios: acceso a trámites con plazos máximos, enlace de sugerencias y quejas, verificación de certificados y sellos, comprobación de documentos con código seguro de verificación, modelos y directorio de oficinas.

  12. Artículo 12. Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada

    El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede asociada responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia accesibles desde ella. Si la sede contiene un enlace o vínculo a otra sede, responde el titular de esta última. Si contiene procedimientos o servicios cuya competencia corresponde a otro órgano, organismo o entidad, de la misma o de diferente Administración, responde el titular de la competencia. En estos dos casos, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede respecto de la incorporación de los contenidos.

  13. Artículo 13. Actuación administrativa automatizada

    La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada. En el ámbito estatal, la determinación de una actuación como automatizada se autoriza por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad, y se publica en la sede electrónica o sede asociada. La resolución expresa los recursos que procedan, el órgano y el plazo, y establece medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos.

  14. Artículo 14. Régimen de subsanación

    Si el obligado a usar medios electrónicos no los utiliza, se le requiere subsanar en diez días; si no, se le tendrá por desistido o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite, previa resolución. Igual para las personas físicas no obligadas que hayan optado por la vía electrónica. En solicitudes de iniciación, la fecha de subsanación es la de presentación. Diez días también por incumplir formatos y estándares u otro defecto subsanable; este último plazo es ampliable hasta cinco días por dificultades especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

  15. Artículo 15. Sistemas de identificación, firma y verificación

    Las Administraciones admiten sistemas de firma electrónica conformes a la normativa vigente. Para identificarse ellas pueden usar: identificación de sedes y sedes asociadas, sello electrónico, firma para la actuación automatizada, firma de su personal e intercambio de datos en entornos cerrados. Los sistemas del artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015 requieren autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital. La Administración no responde del uso por terceros de los medios del interesado, salvo que concurran los requisitos del artículo 32 de la Ley 40/2015.

  16. Artículo 16. Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación

    La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para verificar la vigencia y el contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público, libre y gratuitamente para este. Órgano responsable: la Secretaría General de Administración Digital. Está disponible para todo el sector público previa formalización del instrumento de adhesión. Su declaración de prácticas de validación es pública, electrónica y gratuita. Los prestadores cualificados de servicios de confianza deben facilitarle acceso electrónico y gratuito para verificar la vigencia de sus certificados.

  17. Artículo 17. Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal

    La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal la constituyen las directrices y normas técnicas sobre el uso de certificados y firma electrónica. Contiene en todo caso: su ámbito de aplicación; los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante la Administración General del Estado y sus organismos y entidades; y las especificaciones técnicas y operativas de los servicios de confianza. La aprueba por Resolución la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se publica en el BOE y en la sede electrónica del PAGe.

  18. Artículo 18. Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas

    Las sedes electrónicas y sedes asociadas se identifican y garantizan una comunicación segura mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente, ajustados al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a la normativa de identidad y firma electrónica. En el ámbito estatal se identifican mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web; las direcciones que sean sede deben hacerlo constar de forma visible e inequívoca, seguir la imagen institucional de la Administración General del Estado e incluir el nombre de dominio «.gob.es».

  19. Artículo 19. Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica

    Las Administraciones pueden identificarse con sello electrónico basado en certificado cualificado, que incluye el número de identificación fiscal y la denominación y, en su caso, la identidad del titular en los sellos de órganos administrativos. La relación de sellos de cada Administración es pública y accesible por medios electrónicos. En el ámbito estatal los crea por resolución la persona titular de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo o entidad; el certificado contiene al menos la denominación «sello electrónico» y el nombre y el NIF del suscriptor.

  20. Artículo 20. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada

    En la tramitación automatizada, cada Administración Pública puede determinar los supuestos de utilización de estos sistemas de firma: a) sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado; b) código seguro de verificación vinculado a la Administración, órgano, organismo o entidad, que permite en todo caso comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica. Cada Administración determina los medios de firma admitidos en sus entidades de derecho privado cuando tramiten de forma automatizada ejerciendo potestades administrativas.

  21. Artículo 21. Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada

    Las Administraciones pueden usar código seguro de verificación (CSV) en actuaciones automatizadas. Vincula al órgano, organismo o entidad y, en su caso, al firmante, y permite comprobar la integridad del documento en la sede o sede asociada de forma directa y gratuita. Si el documento se modifica, surge otro con CSV diferente. En el ámbito estatal exige resolución, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital; la verificación en sede estará disponible al menos cinco años, salvo plazo superior en normativa especial.

  22. Artículo 22. Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

    La actuación de la Administración por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado público a través del que se ejerza la competencia. Cada Administración determina los sistemas de firma de su personal, que podrán identificar conjuntamente al titular del puesto o cargo y a la Administración u órgano en que presta servicios. Los certificados de empleado público serán cualificados. Cada Administración determina los medios de firma admitidos en sus entidades de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas.

  23. Artículo 23. Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional

    Los prestadores cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación profesional en el certificado de empleado público, a petición de su Administración, para actuaciones que afecten a información clasificada, seguridad pública, defensa nacional u otras con anonimato legalmente justificado. En el ámbito estatal lo solicita el titular de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo. La Administración solicitante conserva la documentación de la identidad del titular. Son cualificados y limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.

  24. Artículo 24. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

    El personal de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades podrá identificarse con los sistemas de la Ley 39/2015 que se establezcan según el nivel de seguridad del trámite de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad. Podrá firmar con certificados electrónicos cualificados facilitados a sus empleados, utilizables en el desempeño efectivo del puesto, para trámites y actuaciones por razón del mismo, o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan. Los registros de personal podrán recoger los datos para la identificación electrónica.

  25. Artículo 25. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

    Los documentos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones, órganos, organismos y entidades de derecho público son válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores. Si los participantes son de una misma Administración, esta fija las condiciones y garantías, que comprenden al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos; si son de distintas, se fijan por convenio. En el ámbito estatal las establece la Secretaría General de Administración Digital. Rige el Esquema Nacional de Seguridad.

  26. Artículo 26. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento

    Los interesados podrán identificarse con cualquier sistema con registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Se admiten: a) certificados cualificados de firma electrónica y b) de sello electrónico, de prestadores de la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza»; c) clave concertada y otros sistemas que las Administraciones consideren válidos, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital, denegable solo por motivos de seguridad pública. Uno de los sistemas a) y b) debe ser posible para todo procedimiento.

  27. Artículo 27. Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas

    Fija los atributos mínimos de los certificados usados para identificarse. Persona física (certificado cualificado de firma): nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF que conste de manera inequívoca. Representante de persona jurídica: denominación y NIF de la persona jurídica, más nombre y apellidos y DNI, NIE o NIF del representante. Persona jurídica (certificado cualificado de sello): denominación y NIF. La identidad del solicitante se comprueba conforme al artículo 7 de la Ley 6/2020.

  28. Artículo 28. Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas

    Los sistemas de clave concertada u otros que las Administraciones consideren válidos para identificar a personas físicas deben ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Consular Central o NIF, y el pasaporte si así se establece. Los autoriza previamente la Secretaría General de Administración Digital; solo cabe denegar por seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad. En el ámbito estatal se crean por orden o resolución; si abarcan toda la AGE, por Acuerdo del Consejo de Ministros.

  29. Artículo 29. Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso

    Si el interesado opta por relacionarse electrónicamente, valen como firma: a) firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada con certificado cualificado; b) sello electrónico cualificado y avanzado con certificado cualificado; c) cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, con registro previo como usuario. Uno de los de a) y b) debe ser posible en todos los procedimientos y trámites. Los de c) necesitan autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital, que solo podrá denegarse por motivos de seguridad pública.

  30. Artículo 30. Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado

    El interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 que no disponga de medios electrónicos puede ser identificado o firmar mediante personal funcionario público habilitado. Debe identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, del que queda constancia por escrito. El funcionario le entrega la documentación del trámite y copia del consentimiento. En el ámbito estatal, el funcionario ha de estar inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

  31. Artículo 31. Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado

    Crea el Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE y sus organismos y entidades. Constan inscritos: a) los habilitados para la identificación y firma electrónica de interesados; b) los habilitados para expedir copias auténticas, a quienes habilitan los órganos de emisión, custodia o archivo de los documentos; c) el personal de las oficinas de asistencia en materia de registros. Lo gestiona la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital. Su funcionamiento se regula por orden conjunta.

  32. Artículo 32. Acreditación en la actuación por medio de representante

    Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por representante: persona física con capacidad de obrar o persona jurídica si lo prevén sus Estatutos. Los representantes de obligados a relacionarse electrónicamente también lo están. La representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, entre otros: apoderamiento apud acta (personal o electrónico), inscripción en el registro electrónico de apoderamientos, certificado electrónico cualificado de representante o documento público notarial o inscripción en un registro mercantil.

  33. Artículo 33. Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado

    En el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE se inscriben los apoderamientos generales del artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015 otorgados apud acta, y pueden inscribirse los del 6.4.b) y 6.4.c) si el organismo o entidad no tiene registro particular. Consta el bastanteo de los servicios jurídicos. Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Cada organismo o entidad puede tener registro particular, donde no caben los poderes del 6.4.a). Son interoperables y no públicos.

  34. Artículo 34. Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante

    La representación puede acreditarse ante la Administración con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica acorde al artículo 28 y al Anexo I del Reglamento (UE) 910/2014 (Reglamento eIDAS) y a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados, que además se haya expedido a quien tenga un poder general para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Si el certificado es de alcance no general, su aceptación queda sujeta al Reglamento eIDAS, a esa Política Marco y, además, a los requisitos que disponga cada Administración.

  35. Artículo 35. Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil

    Si la representación resulta de documento público notarial o de certificación de un registro mercantil, el interesado debe aportar la certificación registral electrónica o, al menos, expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico. Las Administraciones verifican autenticidad e integridad con acceso electrónico y gratuito a la dirección que habilitan el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores. Para comprobar vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas, consultan electrónica y gratuitamente el Registro Mercantil.

  36. Artículo 36. Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

    La AGE y sus organismos y entidades pueden habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. Se requiere la firma previa de un convenio con la organización o corporación, que especifica al menos los procedimientos y trámites y las condiciones y obligaciones de la entidad firmante y de los habilitados, y determina la presunción de validez de la representación. Los trámites se publican en la sede electrónica del PAGe y en las sedes respectivas.

  37. Artículo 41. Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos

    Cuando la relación con las Administraciones Públicas deba ser electrónica, se comunican al interesado por esos medios, al menos: la fecha y, en su caso, hora de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración; la fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente, el plazo máximo para resolver y notificar y los efectos del silencio; y las solicitudes de pronunciamiento a un órgano de la Unión Europea, de informe preceptivo o de pronunciamiento jurisdiccional, el procedimiento europeo no finalizado y el requerimiento de anulación o revisión entre administraciones.

  38. Artículo 42. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos

    Las notificaciones electrónicas se practican por comparecencia en la sede electrónica o sede asociada, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o por ambos sistemas; si son ambos, cuenta el acceso o rechazo ocurrido en primer lugar. La comparecencia voluntaria del no obligado, con posterior acceso o rechazo expreso, tiene plenos efectos jurídicos. El acuse de recibo identifica acto, destinatario, fechas y horas. El sucesor comunica la sucesión en 15 días hábiles. Los emisores de ámbito estatal notifican en la DEHú y, de forma complementaria, pueden hacerlo en su sede.

  39. Artículo 43. Aviso de puesta a disposición de la notificación

    Sea la notificación en papel o electrónica, se envía al interesado o a su representante un aviso de su puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única, en la sede electrónica o sede asociada o en ambas. El aviso es meramente informativo: su falta no impide la plena validez de la notificación, y se practica si se ha comunicado un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico. Si el obligado a relacionarse electrónicamente no tiene datos de contacto, en los procedimientos iniciados de oficio la primera notificación se hace en papel.

  40. Artículo 44. Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única

    La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es el sistema de información para la notificación electrónica; la gestiona el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el de Política Territorial y Función Pública y se aloja en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. Ante una incidencia técnica, los emisores podrán ampliar el plazo no vencido. El acceso al contenido, el rechazo expreso o la presunción de rechazo por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición dan por efectuada la notificación.

  41. Artículo 45. Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada

    Antes de acceder al contenido de la notificación en la sede electrónica o sede asociada, el interesado es informado de que la comparecencia y acceso, el rechazo expreso o la presunción de rechazo por el transcurso de diez días naturales desde la puesta a disposición dan por efectuado el trámite y el procedimiento continúa. Debe quedar constancia de ello con fecha y hora. El estado se sincroniza automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única si la notificación también está en ella. La obligación de notificar en plazo se cumple con la puesta a disposición.

  42. Artículo 56. Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos

    De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. La misma obligación se aplica a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

  43. Artículo 57. Comunicaciones en la Administración General del Estado

    Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de esta deben utilizar medios electrónicos para comunicarse entre sí. Las comunicaciones se efectúan a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, del registro del organismo o entidad de que se trate o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia de su recepción. La obligación alcanza a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando ejerzan potestades administrativas.

  44. Artículo 58. Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

    Las Administraciones Públicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden adherirse voluntariamente a las sedes electrónicas o sedes asociadas disponibles, de titularidad de la misma Administración o de otra Administración Pública. La adhesión se hace mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión y sin que se constituya como sede electrónica asociada.

  45. Artículo 59. Adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal

    Las Administraciones Públicas pueden integrar sus áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, si las hubiere, o determinadas funcionalidades de las mismas, con la Carpeta Ciudadana prevista en el artículo 8 del Reglamento. Con ello el interesado puede acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido su punto de acceso.

  46. Artículo 60. Sistema de interconexión de Registros

    Las aplicaciones o sistemas de información del Registro Electrónico General de cada Administración y del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público deben ser interoperables. Las interconexiones entre Registros se realizan a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En la Administración General del Estado deben permitir además la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes.

  47. Artículo 61. Transmisiones de datos

    Las transmisiones de datos del artículo 155 de la Ley 40/2015 tienen la consideración de certificados administrativos. Si el interesado no aporta datos que ya obren en poder de las Administraciones, el órgano tramitador los incorpora si puede acceder a ellos electrónicamente; excepcionalmente, los solicita por otros medios y conserva la acreditación de lo que imposibilitó el acceso. Toda transmisión se efectúa a solicitud del órgano o entidad tramitadora, que identifica datos, titulares y finalidad. El cesionario responde del correcto acceso y de la utilización de los datos.

  48. Artículo 62. Plataformas de intermediación de datos

    Las plataformas de intermediación de datos dejan constancia de la fecha y hora de la transmisión y del procedimiento, trámite o actuación a que se refiere la consulta, y deben ser interoperables con la Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado y entre ellas. La adhesión exige garantizar las condiciones de seguridad exigidas por los cedentes. La Plataforma estatal la gestiona la Secretaría General de Administración Digital y es el punto de conexión con el sistema técnico del Reglamento (UE) n.º 2018/1724.

  49. Artículo 63. Remisión electrónica de expedientes administrativos en el ámbito de las Administraciones públicas mediante puesta a disposición

    Cuando una Administración Pública solicita a otra un expediente electrónico, la remisión por esta, a través de un nodo de interoperabilidad, de la dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente puesto a disposición equivale a la remisión del mismo. Se exige que se garantice la integridad del acceso durante el tiempo que determine la correspondiente política de gestión de documentos electrónicos y el cumplimiento de la normativa de interoperabilidad aplicable al tipo de expediente. El mismo procedimiento se puede utilizar dentro de una misma Administración Pública.

  50. Artículo 64. Reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas

    Las Administraciones Públicas ponen a disposición de la que lo solicite las aplicaciones de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información asociada sea objeto de especial protección por una norma; cedentes y cesionarias pueden acordar repercutir el coste. Mantienen directorios de aplicaciones, interoperables con el Directorio general de la Administración General del Estado, que deben consultar antes de adquirir, desarrollar o mantener una aplicación. La no reutilización de una solución disponible se justifica en términos de eficiencia.

  51. Artículo 65. Adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado

    La adhesión a plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado la realiza el órgano competente de cada Administración, que acepta en su integridad las condiciones de uso. Los modelos de adhesión se aprueban por Resolución de la Secretaría General de Administración Digital o, en su caso, del órgano competente de la plataforma. No cambia la titularidad de las actuaciones administrativas. Para comunidades autónomas y entidades locales es voluntaria, pero la no adhesión debe justificarse en términos de eficiencia.

Real Decreto 208/1996, servicios de información administrativa y atención al ciudadano

En este tema: arts. 1–10. Ver la norma

  1. Artículo 1. La información administrativa

    Define la información administrativa como un cauce adecuado para que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y puedan utilizar los bienes y servicios públicos. La información que prestan las unidades y oficinas del capítulo II del Real Decreto puede ser de dos clases: general o particular.

  2. Artículo 2. La información general

    La información general versa sobre la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades; los requisitos jurídicos o técnicos de proyectos y solicitudes; la tramitación de procedimientos, los servicios públicos y prestaciones. Se facilita obligatoriamente, sin exigir acreditar legitimación alguna; si conviene más difusión, debe ofrecerse a grupos sociales o instituciones interesados, potenciando los medios de información a distancia.

  3. Artículo 3. La información particular

    La información particular se refiere al estado o contenido de los procedimientos en tramitación y a la identidad de las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramitan. Solo puede darse a los interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales. Puede referirse también a datos personales, reservados a las personas a que se refieran. La aportan las unidades de gestión de la AGE, que pueden estar conectadas con las oficinas de información, las cuales colaborarán con ellas cuando así se establezca.

  4. Artículo 4. Las funciones de atención al ciudadano

    La atención personalizada comprende seis funciones: a) recepción y acogida (orientación inicial y localización de dependencias y funcionarios); b) orientación e información (aclaraciones prácticas sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación, sin interpretación normativa ni consideración jurídica o económica); c) gestión; d) recepción de iniciativas o sugerencias; e) recepción de quejas y reclamaciones; f) asistencia en el derecho de petición, elevando a los órganos competentes las peticiones sin destinatario o con destinatario erróneo.

  5. Artículo 5. Unidades departamentales de información administrativa

    En cada Ministerio, la jefatura de la unidad departamental de información administrativa corresponde al titular de la Subdirección General competente en información administrativa. La unidad se relaciona de forma permanente con centros directivos y organismos, que le transmiten las variaciones de sus datos. Entre sus funciones: dirigir las oficinas del Departamento, mantener su base de datos y representarlo. Realiza además cometidos internos de obtención, difusión, catalogación (con informe preceptivo, no vinculante, sobre impresos y publicaciones) y publicidad.

  6. Artículo 6. Centro de Información Administrativa

    El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas está adscrito a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios, con nivel de Subdirección General. Además de las funciones de las unidades departamentales, mantiene y distribuye las bases de datos de la AGE, sostiene un sistema de información eminentemente telefónico, coopera con las oficinas de otros Departamentos y organiza cursos de capacitación en colaboración con el INAP.

  7. Artículo 7. Funciones y cometidos

    Todas las oficinas de información y atención al ciudadano realizan las funciones del capítulo I del Real Decreto. Además, asumen los cometidos de gestión interna de tratamiento y difusión de la información que expresamente les delegue o encomiende el Centro de Información Administrativa o su unidad de información administrativa, en la medida en que sus recursos humanos y materiales lo vayan permitiendo. Las oficinas que forman la red informativa general son las de los artículos siguientes.

  8. Artículo 8. Oficinas de información y atención al ciudadano en los servicios centrales

    En los servicios centrales hay dos tipos de oficinas de información y atención: a) las oficinas centrales, que radican en la sede de cada Departamento ministerial salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento, y que pueden tener oficinas delegadas o puntos de información en otros edificios; b) las de entidades de derecho público, centros directivos y demás servicios cuya entidad y especialidad justifiquen oficinas de información especializada o sectorial.

  9. Artículo 9. Oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado

    Son oficinas centrales las dependientes de las Delegaciones del Gobierno, Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares; puede haber oficinas sectoriales en servicios provinciales si el volumen y la especialidad de la demanda lo justifican. Las centrales coordinan, apoyan y tutelan a las demás de su territorio. Todas comunican sus variaciones de datos al Centro de Información Administrativa, que actúa como coordinador territorial y dirige grupos de trabajo cuyos representantes designan los Delegados del Gobierno; los provinciales, los Gobernadores civiles.

  10. Artículo 10. Colaboración entre Administraciones públicas

    Mediante convenio de colaboración suscrito por distintas Administraciones públicas puede acordarse que, desde las oficinas de información y atención de cualquiera de ellas, se ofrezca a los ciudadanos la información administrativa de las otras, con los mecanismos de comunicación necesarios para intercambiar información. También puede acordarse así la creación de oficinas integradas de información con participación de varias Administraciones.

Orden HAP/1949/2014, Punto de Acceso General de la AGE y su sede electrónica

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La orden tiene un triple objeto: regular el Punto de Acceso General (PAG), regular su sede electrónica y regular el fichero de datos de carácter personal de dicha sede. Además, el artículo fija la abreviatura «PAG», que la orden usa en adelante para referirse al Punto de Acceso General.

  2. Artículo 2. Alcance y características

    El PAG, con los dominios www.administracion.es y www.administracion.gob.es, informa a ciudadanos y empresas sobre procedimientos y servicios de Ministerios y Organismos públicos y reúne la información sobre actividad y organización de las Administraciones. Da acceso a su sede electrónica, con la que los Departamentos deben coordinar las suyas. Informa de otras Administraciones mediante instrumentos de colaboración. La coordinación con portales de la Unión Europea se canaliza por la Representación Permanente de España.

  3. Artículo 3. Contenido y funcionalidades

    El PAG garantizará de forma gradual y progresiva, según lo permitan recursos y desarrollos técnicos, el acceso a: portales y sedes electrónicas de Ministerios y Organismos, su propia sede, los servicios más usados, el Portal de transparencia, otros portales estatales (Datos abiertos, Ventanilla Única de la Directiva de Servicios) y áreas privadas de usuario. Contendrá información horizontal como ayudas, becas, subvenciones, empleo público y legislación, un espacio de participación ciudadana y acceso desde redes sociales y móviles.

  4. Artículo 4. Acceso

    Los canales de acceso a los servicios del PAG son tres: electrónico, por Internet, con las características del artículo 2; presencial, en la oficina 060 de calle María de Molina, 50 (Madrid), las Oficinas 060 de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares y las demás oficinas de las Administraciones con convenio, sin perjuicio de los registros; y telefónico, mediante los servicios de información departamental en el teléfono 060.

  5. Artículo 5. Titularidad y gestión

    La titularidad del PAG corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que fija sus principios generales y directrices básicas de funcionamiento. Su gestión corresponde a la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, que la ejerce a través de la Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la AGE y Atención al Ciudadano, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cada Departamento u Organismo responde de proveer y actualizar su información.

  6. Artículo 6. Gobernanza

    Para coordinar la información del PAG y mantenerla actualizada se crea un Grupo de Trabajo adscrito a la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos. Lo integran un representante de la Dirección TIC y un representante por Departamento ministerial, al menos de nivel 30, designado por la Subsecretaría, que representa también a sus Organismos. Entre sus funciones, colaborar en la gestión de la sede. Lo relativo a otras Administraciones se sigue en el Comité Sectorial de Administración Electrónica.

  7. Artículo 7. Creación y ámbito de aplicación

    Se crea la sede electrónica del PAG conforme a los artículos 3 y 9 del Real Decreto 1671/2009. Su ámbito abarca todos los Departamentos ministeriales y Organismos públicos vinculados o dependientes y puede extenderse a los organismos que fijen los instrumentos de colaboración que formalice el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con otras Administraciones. Esta sede se considera la sede central de la Administración General del Estado.

  8. Artículo 8. Características

    Por la sede electrónica del PAG se accede a los procedimientos y servicios que requieren autenticación, y a otros incluidos por eficacia y calidad; cuando sea técnicamente posible, sin volver a identificarse. Su dirección es https://sede.administracion.gob.es. Cumplirá los principios de accesibilidad y usabilidad y los criterios de seguridad e interoperabilidad. Sus canales: Internet; atención presencial en la oficina 060 de María de Molina, 50 (Madrid) y Oficinas 060 territoriales; y atención telefónica en el 060.

  9. Artículo 9. Contenidos

    La sede del PAG tiene el contenido mínimo y los servicios de los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Real Decreto 1671/2009. Además, contenidos específicos: trámites y servicios en línea, Registro Electrónico Común, Dirección Electrónica Habilitada, Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro de Funcionarios Habilitados, servicios con autenticación (pruebas selectivas, cambio de domicilio, notificaciones), enlace a la orden de creación en el BOE, buzón de contacto y otros de interés. Cuando sea técnicamente posible, permitirá acceder en lenguas cooficiales.

  10. Artículo 10. Titularidad y gestión de la sede electrónica del PAG

    La titularidad de la sede del PAG corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como la del PAG. La gestiona la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, a través de la Subdirección General de la Inspección General de Servicios y en coordinación con la Dirección TIC. Ministerios y Organismos participan a través del Grupo de Trabajo del artículo 6. El titular responde de la integridad, veracidad y actualización de la información, pero no de la de enlaces que correspondan a otro órgano o Administración.

  11. Artículo 11. Medios para la formulación de quejas y sugerencias

    Para formular quejas y sugerencias sobre el contenido, gestión y servicios de la sede del PAG hay dos medios, sin perjuicio de los procedimientos específicos: presentación presencial o por correo postal ante los registros y oficinas de atención al público del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y demás lugares legales; y presentación electrónica a través del Servicio electrónico de quejas y sugerencias de la Inspección General del Ministerio, enlazado en la sede. Los servicios de asesoramiento electrónico al usuario no son medios de queja.

Servicios al ciudadano de la AGE: oficinas integradas, ventanilla única empresarial y portales

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005 y la red de espacios comunes de atención al ciudadano

    El Consejo de Ministros acordó el 15 de julio de 2005 implantar una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano con las Comunidades Autónomas y la Administración Local, publicado por Resolución de 19 de julio de 2005. Encomendó la coordinación al Ministerio de Administraciones Públicas. Su apartado tercero preveía Convenios Marco con las Comunidades con cuatro objetos: red de espacios comunes, registros locales para la AGE y la Comunidad, información web compartida y gestión conjunta. El apartado cuarto fijó un modelo de convenio bilateral con las Entidades Locales.

  2. Oficinas de contacto, de información y de gestión

    El convenio marco AGE-Canarias de 2008 clasifica las Oficinas Integradas en tres categorías: de contacto (nivel primario: recepción, registro y remisión de comunicaciones), de información (además, nivel intermedio: atención y orientación personalizada sobre una oferta normalizada) y de gestión (además, nivel avanzado: servicios integrales con tramitación conjunta). Conservan su adscripción e identificación institucional. Una Comisión de Seguimiento copresidida por el Ministerio y la Comunidad decide la integración y el nivel de servicios y se reúne al menos dos veces al año.

  3. Los convenios de ventanilla única con las Entidades Locales

    Los convenios de ventanilla única permiten presentar en el registro de la Entidad Local escritos para la AGE y la Comunidad Autónoma. Dos vías: adhesión al Convenio Marco AGE-Comunidad (en Canarias, la Comisión de Seguimiento resuelve en quince días) o, si no hay Convenio Marco, convenio bilateral con la AGE, en el que la Entidad Local es en un primer momento Oficina de Contacto. Las Entidades adheridas admiten cualquier escrito, dejan constancia de su entrada y lo remiten inmediatamente y, en todo caso, dentro de los tres días siguientes.

  4. Las oficinas de asistencia en materia de registros: concepto, funciones y coordinación

    Con la Ley 39/2015 los registros pasan a llamarse Oficinas de Asistencia en Materia de Registro (OAMR). En ellas se presentan solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a las Administraciones, y deben admitir cualquier escrito dirigido a un órgano de una Administración Pública. Sus funciones, en el artículo 40 del Real Decreto 203/2021, incluyen digitalizar, emitir recibos, expedir copias auténticas, identificar o firmar por el no obligado y notificar. Las coordina la Dirección General de Gobernanza Pública. Tienen horario, a diferencia de los registros electrónicos.

  5. El trabajo en la OAMR: SIR, GEISER, digitalización y copias auténticas

    SIR intercambia asientos electrónicos entre Administraciones; GEISER es una solución de registro en la nube. Si la UT de destino no está en SIR, se busca un órgano superior que lo esté y, si no, se envía en papel a la oficina de registro de destino, nunca a la UT. Si no se puede digitalizar todo, no se digitaliza nada; mejor a 200 ppp y en pdf. Originales y copias auténticas se validan como «copia electrónica auténtica»; fotocopias y compulsas, como «copia». La copia auténtica de entrada no se entrega en papel. El NIE solo no basta: hace falta el pasaporte.

  6. Funcionarios habilitados, apoderamientos y notificaciones en la OAMR

    La AGE tiene tres registros electrónicos (Órdenes de 9 de diciembre de 2021): el General (REG-AGE, PCM/1382/2021; hasta 5 documentos de 10 Mb, 15 Mb en total), el de Funcionarios Habilitados (RFH, PCM/1383/2021; aplicación Habilita) y el de Apoderamientos (REA-AGE, PCM/1384/2021; aplicación Apodera). En la OAMR solo apoderan personas físicas no obligadas; si inscribe el poderdante, el apoderado tiene 20 días hábiles para aceptar. La asistencia específica con funcionario habilitado es solo para no obligados. La notificación en papel se descarga en la DEHú.

  7. El teléfono 060: origen y evolución

    El 060 se presentó en 2006 para centralizar la información de los servicios de la AGE y conectar con los teléfonos de otras administraciones; en 2008 firmó acuerdos con Interior y la DGT. En 2013 la CORA le dedicó una medida con doble objetivo: simplificar el acceso sin conocer los distintos números y ahorrar por economía de escala; desde entonces se le migran números. Usa voz sobre IP y desde 2011 está en la nube. Su plataforma de red inteligente atiende en un primer nivel centralizado y deriva a especialistas. En junio de 2020 incorporó la cita previa en oficinas de la AGE.

  8. Los canales de atención del 060 hoy: teléfono, webchat y buzón

    El Punto de Acceso General presenta cuatro canales de atención: presencial, telefónico (en la AGE, el 060), vía web (portales y buzones) y redes sociales. El 060 da información administrativa general de la AGE; sus horarios y coste pueden cambiar. El Webchat 060 es gratuito, lo atiende un bot y, según temática y horario, agentes generalistas, y permite pedir información pero no hacer trámites. El Buzón de atención del PAGe da información general conforme al Real Decreto 208/1996, no particular (el estado de un expediente se pide a la unidad gestora).

  9. El Punto de Acceso General electrónico (administracion.gob.es): titularidad, gestión y contenidos

    El Punto de Acceso General electrónico (PAGe), administracion.gob.es, es el portal de la AGE creado como punto de entrada general para remediar la dispersión de la información pública; da acceso único a las administraciones estatal, autonómica, local y de la UE. Su titular es el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y lo gestiona la Dirección General de Gobernanza Pública, con apoyo técnico de la Secretaría General de Administración Digital. Incluye un buscador de empleo público con la aplicación IPS, otro de ayudas y la Carpeta Ciudadana.

  10. La Ventanilla Única Empresarial: del Protocolo de 1999 a las OI-VUE

    La AGE y el Consejo Superior de Cámaras firmaron el 26 de abril de 1999 el Protocolo del proyecto «Ventanilla Única Empresarial» (VUE) para facilitar la creación de empresas. El Convenio de 29 de octubre de 2004 prefiguró su integración en la red de centros integrales de atención al ciudadano, y el de 28 de noviembre de 2005 describe las OI-VUE como una subred especializada en la creación, desarrollo y cese de empresas. El convenio de 2010 con Castilla-La Mancha aprovecha las «Antenas camerales». Las Cámaras son corporaciones de derecho público.

  11. Funciones y apertura de las Oficinas Integradas-Ventanillas Únicas Empresariales

    Las OI-VUE son oficinas de gestión integral especializadas en la creación, desarrollo y cese de empresas. Según el convenio de 2010 con Castilla-La Mancha, registran escritos para la AGE y la Comunidad, dan acceso a servicios electrónicos, transmiten asientos, informan sobre una oferta normalizada y tramitan siempre la creación de empresas, y pueden tramitar su desarrollo y cese. Para abrirlas, la Entidad Local debe estar adherida al Convenio Marco y la Cámara aporta espacio, equipamiento y personal, con un funcionario para el registro.

  12. Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), CIRCE y el Documento Único Electrónico

    Según el artículo 13 de la Ley 14/2013, los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) son oficinas de organismos públicos y privados y puntos virtuales que facilitan la creación de empresas, el inicio de su actividad y su desarrollo; también pueden tramitar el cese. Usan el CIRCE (Real Decreto 682/2003), gestionado por la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, y el Documento Único Electrónico (DUE), cuya tramitación debe iniciarse en el PAE. Se crean por convenios del Ministerio con Administraciones y entidades privadas.

  13. Los servicios de los PAE

    El convenio de 2026 con la FEDA para PAE de la Red CIRCE distingue servicios obligatorios (información general sobre las formas jurídicas; tramitación gratuita de constitución e inicio de actividad con CIRCE y PACDUE; información sobre ayudas públicas) y opcionales (ejercicio y cese, estado de tramitación, notificaciones, tutorización del plan de empresa, transmisión de empresas, internacionalización, I+D+i, propiedad industrial). CIRCE y PACDUE son siempre gratuitos; el resto puede ser gratis o con contraprestación, previa información.

  14. La ventanilla única de la Directiva de Servicios: eugo.es

    La Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado interior obliga a crear la Ventanilla Única (Point of Single Contact, PSC), interlocutor único para hacer a distancia todos los trámites de las actividades de servicios; los PSC forman la red EUGO. eugo.es es el Punto Único de Contacto en España. Distingue el establecimiento (tiempo indefinido, infraestructura estable) de la prestación temporal (sin sede). Excluye, entre otros, los servicios financieros, de transporte, de empresas de trabajo temporal, sanitarios y postales.

  15. Cl@ve: identificación electrónica con claves concertadas

    Cl@ve es una plataforma común de identificación, autenticación y firma con claves concertadas; complementa el DNIe y el certificado. Exige registro previo, básico o avanzado; el básico no sirve para todo ni para Cl@ve Firma. Modalidades: Cl@ve Móvil (QR o app), Cl@ve Permanente (DNI o NIE y contraseña duradera, con OTP por SMS en nivel superior) y Cl@ve PIN (validez limitada; por SMS, antes de 10 minutos). Con PIN, Permanente o Móvil solo se identifica; para firmar está Cl@ve Firma, en muy pocos trámites.

  16. Identificación, notificaciones y Carpeta Ciudadana en el Punto de Acceso General

    El portal informa y lleva a la sede; la sede electrónica es donde se tramita y equivale a la sede física. Hay, por lo general, dos tipos de identificación electrónica: certificados electrónicos (la mayor garantía; permiten firmar; los más comunes, el de la FNMT y el DNIe) y clave concertada. Para firmar hace falta AutoFirma. Las notificaciones electrónicas se consultan en la DEHú o en la Carpeta Ciudadana; los no obligados eligen y cambian el medio; están obligadas, entre otras, las personas jurídicas y quienes opositan a cuerpos de la AGE.

  17. Las sedes electrónicas de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la DGT

    Entre las sedes electrónicas de la AGE están las de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es), la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es) y la DGT (sede.dgt.gob.es). La ficha describe sus portadas en octubre de 2026, que cambian con frecuencia: declaraciones, registro, pago y notificaciones en la AEAT; trámites, Importass, Carpeta ciudadana y Clases Pasivas en la Seguridad Social; transferencia de vehículos, multas, puntos y la Dirección Electrónica Vial (DEV), buzón de notificaciones, en la DGT.

  18. El Centro de Información Administrativa hoy: la Dirección General de Gobernanza Pública

    El Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, sitúa la Dirección General de Gobernanza Pública bajo la Secretaría de Estado de Función Pública. Le atribuye, entre otras, la gobernanza del teléfono 060, la gestión del Centro de Información Administrativa y la gobernanza del Punto de Acceso General. De ella dependen cinco subdirecciones generales; esas funciones corresponden a la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano (la de la letra g, en coordinación con la de Datos para la Gobernanza Pública). Su titular lo es también de la Inspección General de Servicios.

  19. La Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Punto de Acceso General y la red de oficinas de información

    El Punto de Acceso General tiene como canales propios el teléfono 060, el buzón de atención, el webchat, las redes sociales y su Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía. La oficina informa, orienta y atiende sobre servicios y trámites de la AGE y hace el registro en Cl@ve y la modificación de sus datos. Atiende sin cita previa, opcional para Cl@ve. La página cita el artículo 6 del Real Decreto 208/1996. El portal tiene un buscador de oficinas de la AGE (por ministerios) y de las comunidades autónomas.

  20. Mi Carpeta Ciudadana: concepto, gestión, acceso y servicios

    El Real Decreto 203/2021 define la Carpeta Ciudadana como el área personalizada de los interesados en su relación con el sector público estatal; se accede por la sede del Punto de Acceso General, también por representantes legales y apoderados con poder general inscrito. Tiene web, app y el asistente Ada (solo web); responsable: AEAD; primera gran app del Plan de Digitalización 2021-2025. Se entra con Cl@ve. Muestra datos, notificaciones pendientes de la DEHú sin gestionarlas, expedientes y citas, como mero intermediario.

  21. La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú): concepto, regulación, gestión y acceso

    Según el Real Decreto 203/2021, la DEHú es el sistema de información para la notificación electrónica, se aloja en la sede del Punto de Acceso General y es la prevista en el artículo 43 de la Ley 39/2015. Toda notificación de emisor estatal se pone a disposición en ella; el emisor puede notificar además en su sede. Responsable del servicio: AEAD; titular de los derechos: el ministerio. Sin alta, uso gratuito, libre y voluntario. Lo de órganos no adheridos se consulta en la sede donde se puso a disposición.

  22. La DEHú en funcionamiento: comparecencia, acuse, estados, avisos y Notifica

    La notificación traslada una resolución o acto con efectos jurídicos: plazo de comparecencia, acuse y posible plazo de alegaciones o recursos; la comunicación, ni efectos, ni plazo, ni acuse. La comparecencia electrónica es firmar la aceptación o el rechazo. Cuatro estados de notificación y hasta cinco correos de aviso. El emisor fija el plazo de acceso; plazos y caducidad, el PUC (en la AGE, Notifica). Según el artículo 44.5 del Real Decreto 203/2021, a los diez días naturales sin acceder se presume el rechazo.

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