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C2 · Materias comunes

Tema 5 del temario de Auxiliar Administrativo de la Diputación de Cádiz 2026

El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Organización y competencias municipales.

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Constitución Española

En este tema: arts. 137–142. Ver la norma

  1. Artículo 137. Organización territorial del Estado

    El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

  2. Artículo 138. Solidaridad y equilibrio entre territorios

    El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

  3. Artículo 139. Igualdad de derechos y libre circulación de bienes

    Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas ni la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

  4. Artículo 140. Autonomía municipal

    La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones del régimen de concejo abierto.

  5. Artículo 141. La provincia

    La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de sus límites debe aprobarse por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Su gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia, y en los archipiélagos las islas tendrán además administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

  6. Artículo 142. Suficiencia financiera de las Haciendas locales

    Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local

En este tema: arts. 1–10 y 19–28. Ver la norma

  1. Artículo 1

    Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para gestionar sus intereses respectivos.

  2. Artículo 2

    Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles competencias según la actividad pública y su capacidad de gestión, conforme a los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las Leyes básicas del Estado deben determinar las competencias locales en las materias que regulen.

  3. Artículo 3

    El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

  4. Artículo 4

    Municipios, provincias e islas tienen en todo caso, en su esfera competencial: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio; prerrogativas de la Hacienda Pública e inembargabilidad de sus bienes y derechos. A otras entidades locales, las que concreten las leyes autonómicas; a las mancomunidades, las de sus Estatutos o, en su defecto, todas las precisas.

  5. Artículo 5

    Para cumplir sus fines y dentro de sus competencias, las Entidades locales tienen, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras o servicios públicos; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

  6. Artículo 6

    Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que tienen encomendados y actúan según los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El control de legalidad de sus acuerdos y actos lo ejercen los Tribunales.

  7. Artículo 7

    Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo las determina la Ley y se ejercen con autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinadas con las demás Administraciones. El Estado y las CCAA pueden delegar; lo delegado se ejerce según la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27. Otras competencias distintas solo si no peligra la sostenibilidad financiera ni hay ejecución simultánea del mismo servicio, con informes previos necesarios y vinculantes.

  8. Artículo 8

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

  9. Artículo 9

    Las normas que desarrollen la Ley 7/1985 y afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular. Queda a salvo lo que la propia Ley dispone para los regímenes municipales o provinciales especiales.

  10. Artículo 10

    La Administración Local y las demás Administraciones se relacionan con cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Procede coordinar las competencias locales cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la Entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios. En especial, la coordinación asegura el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es compatible con la autonomía local.

  11. Artículo 19

    El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en Concejo Abierto. Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde, por los Concejales o por los vecinos, según la legislación electoral general. Los municipios del título X se rigen por él y, en lo no previsto, por el régimen común de los artículos siguientes.

  12. Artículo 20

    En todos los ayuntamientos existen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local, en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Con el mismo umbral, órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, con participación proporcional de todos los grupos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del título X o si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta o lo dispone el reglamento. La Comisión Especial de Cuentas, en todos.

  13. Artículo 21

    El Alcalde preside la Corporación. Entre sus atribuciones: dirigir el gobierno y la administración municipal, convocar y presidir Pleno y Junta de Gobierno Local con voto de calidad, dictar bandos, jefatura superior del personal y de la Policía Municipal, otorgar licencias y concertar créditos previstos en el Presupuesto hasta el 10 % de los recursos ordinarios. Nombra a los Tenientes de Alcalde. No puede delegar convocar y presidir, voto de calidad, créditos, jefatura del personal, separación, despido ni las letras a), e), j), k), l) y m), aunque la j) sí en la Junta de Gobierno Local.

  14. Artículo 22

    Lo integran todos los Concejales y lo preside el Alcalde. Le corresponden en todo caso (y a la Asamblea vecinal en Concejo Abierto), entre otras: control y fiscalización de los órganos de gobierno, alteración del término municipal, aprobación inicial del planeamiento general, reglamento orgánico y ordenanzas, presupuestos y cuentas, lesividad y créditos que excedan del 10 % de los recursos ordinarios. Vota la moción de censura y la cuestión de confianza, públicas y por llamamiento nominal. Puede delegar en Alcalde y Junta de Gobierno Local, salvo 2.a) a i), l), p) y el apartado 3.

  15. Artículo 23

    La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y Concejales en número no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. Asiste al Alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o legales. Los Tenientes de Alcalde lo sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad; los designa y remueve el Alcalde entre los miembros de la Junta o, si no existe, entre los Concejales. El Alcalde puede delegar en miembros de la Junta (o Tenientes) y hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal.

  16. Artículo 24

    Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla. Su organización, funciones y competencias son las que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo al asentamiento de la población en el término municipal y sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios del artículo 121 se aplica el régimen de gestión desconcentrada del artículo 128.

  17. Artículo 24 bis

    Las leyes autonómicas de régimen local regulan los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del Municipio para administrar núcleos de población separados (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos…). La iniciativa corresponde indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento, que debe ser oído en todo caso. Solo pueden crearse si resultan una opción más eficiente según la Ley Orgánica 2/2012.

  18. Artículo 25

    El Municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para la comunidad vecinal. El apartado 2 enumera, de la a) a la p), las materias en que ejercerá en todo caso competencias propias (urbanismo, medio ambiente urbano, agua, policía local, tráfico, cementerios, cultura, deporte, igualdad, energía…). Esas competencias se determinan por Ley, que irá con memoria económica, no puede suponer mayor gasto, debe evitar atribuciones simultáneas a otra Administración y exige ponderar antes la capacidad de gestión de la entidad local.

  19. Artículo 26

    Servicios obligatorios en todo caso. Todos: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Más de 20.000: protección civil, necesidad y exclusión social, incendios e instalaciones deportivas de uso público. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Con menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios y el Ministerio decide la forma de prestación.

  20. Artículo 27

    El Estado y las CCAA pueden delegar competencias en los Municipios. La delegación debe mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades y respetar la estabilidad presupuestaria; fija alcance, condiciones y duración (no inferior a cinco años), con memoria económica y sin mayor gasto. Exige aceptación del Municipio y financiación suficiente, siendo nula sin dotación. La delegante puede dar instrucciones, pedir información, revocar o ejecutar por sí misma. La renuncia la acuerda el Pleno.

  21. Artículo 28

    En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos para sus competencias y una prestación de calidad y sostenible de los servicios mínimos obligatorios: racionalización organizativa, gestión común o asociativa, personal en común con otros municipios y fomento del desarrollo. Su aplicación requiere decisión de la Comunidad Autónoma, conformidad previa del municipio afectado e informe de las entidades locales afectadas.

Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía

En este tema: arts. 1–49. Ver la norma

  1. Artículo 1. Carácter de la ley

    La Ley 5/2010 se dicta en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre organización territorial de Andalucía y se aprueba con las prescripciones establecidas en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esas mismas prescripciones estatutarias condicionan también las modificaciones que afecten al régimen jurídico que la ley establece.

  2. Artículo 2. Objeto de la ley

    La ley determina las competencias y potestades de los municipios y demás entes locales y las reglas de las eventuales transferencias y delegaciones de competencias de la Comunidad Autónoma. Regula las relaciones entre las entidades locales y las instituciones de la Junta, la concertación y las técnicas de cooperación y colaboración. Contiene el régimen de los bienes, las modalidades de prestación de los servicios locales de interés general y la iniciativa económica, así como la demarcación territorial municipal y la organización administrativa de su territorio.

  3. Artículo 3. Organización territorial de Andalucía

    Municipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma, integran un único nivel de gobierno. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de participación ciudadana. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma. Por ley, o de acuerdo con esta ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias.

  4. Artículo 4. Autonomía local

    Municipios y provincias gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes; actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas de su comunidad. La autonomía comprende, en todo caso, sus intereses públicos, órganos de gobierno y administración, territorio, servicios locales, iniciativa económica, personal, patrimonio y recursos de sus haciendas. Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Municipios y provincias tienen plena personalidad jurídica.

  5. Artículo 5. Potestad de autoorganización

    Las entidades locales definen por sí mismas sus estructuras administrativas internas, para adaptarlas a sus necesidades específicas y permitir una gestión eficaz. Municipios y provincias han de contar con los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local; su funcionamiento, régimen de acuerdos y estatuto de sus miembros se ajustan a esa legislación, garantizándose en todo caso la acción de gobierno y la representación proporcional en los órganos asamblearios. El resto de los órganos complementarios se ajusta a los estatutos de cada entidad local.

  6. Artículo 6. Principios generales

    Las competencias de municipios y provincias se determinan por ley. Las que determina esta ley tienen la consideración de propias y mínimas y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía, y la legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

  7. Artículo 7. Competencias locales

    Las competencias locales facultan para la regulación de las correspondientes materias, dentro de la potestad normativa de la entidad. En el ámbito de sus competencias propias, corresponde a la entidad local la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.ª del capítulo.

  8. Artículo 8. Cláusula general de competencia

    Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

  9. Artículo 9. Competencias municipales

    Enumera en 28 apartados las competencias propias de los municipios andaluces: urbanismo, vivienda, servicios sociales comunitarios, ciclo integral del agua de uso urbano, alumbrado público, residuos, limpieza viaria, transporte urbano, caminos y vías pecuarias, movilidad en vías urbanas, patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública, seguridad en espacios públicos, consumo, turismo, cultura, deporte, cementerios, educación, desarrollo económico, actividades económicas, mercadillos, mercados de abastos, eventos menores, participación ciudadana, juzgados de paz e inmigración.

  10. Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales

    Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes. En ningún caso se verán afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.

  11. Artículo 11. Competencias de asistencia a los municipios

    Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, la asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrá consistir en: asistencia técnica (información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico), asistencia económica (financiación de inversiones, actividades y servicios municipales) y asistencia material (prestación de servicios municipales). Podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada.

  12. Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio

    La provincia presta asistencia técnica al municipio en: planeamiento y gestión urbanística; pliegos y procedimientos de contratación; ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones; tecnologías de la información y administración electrónica; estudios, planes y proyectos; asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la defensa jurídica; personal; formación de representantes locales; igualdad de género, y cualquier otra que determine. Una norma provincial fija los requisitos y la financiación, y la diputación decide motivadamente.

  13. Artículo 13. Asistencia económica de la provincia al municipio

    La provincia asiste económicamente a los municipios para inversiones, actividades y servicios municipales. Los planes y programas se regulan por norma provincial y se elaboran, con transparencia y publicidad, en fases: la diputación recaba información, fija criterios básicos (con apoyo preferente a los municipios de menor población), cada ayuntamiento formula su propuesta priorizada, la diputación formula el proyecto, audiencia a los ayuntamientos, modificaciones y aprobación definitiva por la diputación. El rechazo de prioridades municipales será motivado.

  14. Artículo 14. Asistencia material de la provincia al municipio

    La provincia presta los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, cuando este lo solicite, y determina la forma de gestión. Según norma provincial presta obligatoriamente, a petición del municipio, al menos: inspección, gestión y recaudación de tributos; disciplina urbanística y ambiental; disciplina del personal; representación y defensa judicial, y suplencias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes. Si un municipio incumple, la diputación, previo requerimiento, actúa por sustitución.

  15. Artículo 15. Competencias materiales de la provincia

    La provincia tiene competencias en tres materias: carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. En las tres se repite la referencia provincial: carreteras «provinciales» y archivos, museos e instituciones culturales «de interés provincial».

  16. Artículo 16. Disposiciones comunes a la transferencia y la delegación

    Respetando la voluntad de las entidades afectadas y por razones de eficacia, eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter ordinario en estos o en las provincias. Ambas figuras sirven al principio de diferenciación y se fundamentan en las características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los entes locales. Otros entes locales de los que formen parte los municipios podrán ejercerlas si lo prevé expresamente la ley de transferencia o el decreto de delegación.

  17. Artículo 17. Transferencia de competencias

    A iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pueden transferirse a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma mediante ley, que determinará los recursos financieros y los medios personales, materiales y económicos, conforme a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional. Un decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los municipios afectados, concreta el traspaso. La Comunidad Autónoma puede reservarse la ordenación, planificación y coordinación generales.

  18. Artículo 18. Suspensión y revocación de la transferencia

    Por razones de interés general, ante grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por los municipios o notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender el ejercicio de la competencia por tiempo determinado, no superior a un año, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad o entidades locales afectadas. La revocación la propone la Comunidad Autónoma al Parlamento y se aprueba por ley, que regula la liquidación de recursos y cargas y la devolución de bienes.

  19. Artículo 19. Delegación del ejercicio de competencias

    La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en su caso, en otras entidades locales. La entidad local ejerce las potestades inherentes a la competencia sin que se altere su titularidad. La delegación respeta en todo caso la potestad de autoorganización local y se ejerce con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control del decreto de delegación. Su efectividad requiere aceptación expresa de la entidad delegada y cesión de uso de medios materiales, dotaciones y, en su caso, recursos humanos.

  20. Artículo 20. El decreto de delegación

    El decreto de delegación lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia. Contenido mínimo: normas legales que justifican la delegación; funciones delegadas; medios, su valoración y procedimiento de revisión; coste efectivo del servicio; fecha de efectividad y duración; condiciones, instrucciones, directrices, mecanismos de control y supuestos de revocación. La Comunidad Autónoma puede reservarse, entre otras facultades, la potestad reglamentaria, el recurso de alzada y promover la revisión de oficio.

  21. Artículo 21. Obligaciones de la entidad delegada

    Los municipios y demás entidades locales que asuman por delegación competencias propias de la Comunidad Autónoma están obligados a: cumplir los programas y directrices que esta pueda establecer; proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias y atenerse a los requerimientos de subsanación de deficiencias del órgano competente de la Comunidad Autónoma; mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación, y cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.

  22. Artículo 22. Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competencias

    Si se incumplen las obligaciones del decreto de delegación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia a la entidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, podrá suspender o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias. Las entidades delegadas podrán renunciar en los casos del decreto de delegación o cuando circunstancias sobrevenidas justifiquen suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo de sus competencias propias o transferidas. El Consejo de Gobierno fija, previo expediente, los mecanismos de liquidación.

  23. Artículo 23. La encomienda de gestión

    La Administración de la Junta de Andalucía puede acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión. Se formaliza en un convenio interadministrativo que determina, al menos, alcance, habilitación normativa y plazo de vigencia. Su efectividad requiere que vaya acompañada de dotación económica o incremento de financiación a favor de las entidades locales receptoras.

  24. Artículo 24. Colaboración financiera

    La Comunidad Autónoma financia las competencias locales propias y transferidas fundamentalmente mediante la participación en sus tributos (artículo 192.1 del Estatuto). Adicionalmente puede establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas: las beneficiarias se determinan con criterios objetivos y previa aceptación. Las entidades locales deben participar en su elaboración y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en la definición de los parámetros de aplicación de los recursos. Los desarrolla y regula la consejería competente en materia de hacienda.

  25. Artículo 25. Financiación de nuevas atribuciones

    Si la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.

  26. Artículo 26. Servicios locales de interés general

    Son servicios locales de interés general los que las entidades locales prestan o regulan y garantizan en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, y también las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas del Estatuto de Autonomía. Las entidades locales, de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

  27. Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general

    El régimen de los servicios locales de interés general se inspira y fundamenta en once principios: universalidad; igualdad y no discriminación; continuidad y regularidad; precio adecuado a los costes del servicio; economía, suficiencia y adecuación de medios; objetividad y transparencia en la actuación administrativa; prevención y responsabilidad por la gestión pública; transparencia financiera y en la gestión; calidad en la prestación; calidad medioambiental y desarrollo sostenible; y adecuación entre forma jurídica y fin de la actividad como límite de la discrecionalidad administrativa.

  28. Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general

    Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado. Hay servicio público cuando la propia entidad local realiza la actividad objeto de la prestación, de forma directa o mediante contrato administrativo. Hay servicio reglamentado cuando la actividad la realizan particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

  29. Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado

    Las ordenanzas de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros aspectos: del servicio, condiciones técnicas, obligaciones específicas de servicio público, niveles mínimos de calidad en su caso, tarifas o precios y supuestos de subvención; de los usuarios, derechos y deberes; del prestatario, su situación jurídica, sanciones y supuestos de revocación o clausura. Los controles preventivos se rigen por las normas de derecho interno y europeo de la competencia. Los ciudadanos pueden exigir, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza.

  30. Artículo 30. Creación de servicios públicos

    Cada servicio público local se crea y regula por ordenanza, y su prestación se inicia al entrar esta en vigor. Solo se excluyen las actuaciones esporádicas o discontinuas (talleres, cursos, jornadas o actividades singulares de cultura, deporte, enseñanza, turismo y similares); si procede exigir precios públicos, son preceptivos los acuerdos de imposición y ordenación. La ordenanza determina al menos: prestaciones, financiación, modalidades de gestión y sanciones al prestador, estándares de calidad, derechos y deberes de los usuarios e inspección. Todo ciudadano puede exigir su prestación.

  31. Artículo 31. Servicios públicos básicos

    Los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En todo caso tienen esa consideración los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

  32. Artículo 32. Servicios públicos reservados

    Se reservan a los municipios los servicios públicos básicos del artículo 92.2.d) del Estatuto; por ley cabe reservar otras actividades y servicios. La reserva habilita para prestarlos en monopolio, que acuerda el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente con memoria justificativa, información pública y audiencia a los directamente afectados e informe provincial, obstativo si la reserva afecta de forma relevante al interés económico supramunicipal. Por ordenanza puede declararse obligatoria la recepción y uso de los servicios reservados.

  33. Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público

    Los servicios públicos locales se gestionan de forma directa (por la entidad o sus entes vinculados o dependientes) o indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración. Modalidades directas: propia entidad, agencia pública administrativa, agencia pública empresarial, agencia especial, sociedad mercantil, sociedad interlocal y fundación pública local. Los servicios con ejercicio de autoridad no pueden prestarse por contrato, sociedad mercantil local o interlocal ni fundación. Constituir las entidades de las letras b a g exige memoria de ventajas con estudio económico financiero.

  34. Artículo 34. Agencia pública administrativa local

    Las agencias administrativas locales son entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo. Realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia local, salvo las potestades expropiatorias. No pueden crearse para ejercer actividades económicas en régimen de mercado. Su régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad es el de las entidades locales. Tienen las potestades que sus estatutos les atribuyan de manera expresa y un consejo rector.

  35. Artículo 35. Agencia pública empresarial local

    Las agencias empresariales locales son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestionan servicios o producen bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden crearse para actividades administrativas. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas expresamente en sus estatutos y lo regulado en la legislación de haciendas locales, sus estatutos y demás disposiciones generales. Las rige un consejo de administración.

  36. Artículo 36. Agencia local en régimen especial

    Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas que asumen actividades propias de las agencias administrativas y empresariales locales, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado, con excepciones. Actúan conforme a un plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión, que aprueba el pleno de la entidad local. Una comisión de control, regulada en los estatutos, informa sobre la ejecución del contrato de gestión.

  37. Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales

    La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponde al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Los estatutos han de aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo. Su contenido mínimo es: denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las potestades atribuidas, y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.

  38. Artículo 38. Sociedad mercantil local

    Las sociedades mercantiles locales tienen por objeto realizar actividades o gestionar servicios de competencia de la entidad local. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias sujetas a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una forma de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital es íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local. El pleno aprueba los estatutos y se constituye como junta general; se publican antes de funcionar.

  39. Artículo 39. Sociedad interlocal

    Las entidades locales pueden crear sociedades interlocales, o participar en ellas, para prestar conjuntamente actividades y servicios de su competencia. Esa prestación se considera gestión propia si se cumplen cinco requisitos: capital exclusivo público local, con prohibición expresa de capital privado; control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios; acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen; no tener encomendadas actividades de mercado; y prestar su actividad solo en el territorio de las entidades locales que la crean.

  40. Artículo 40. Fundación pública local

    Es fundación pública local aquella en la que concurra alguna de estas circunstancias. Primera: aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, o patrimonio fundacional formado, con carácter de permanencia, en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas. Segunda: representación mayoritaria de la entidad local, que existe cuando nombra, directamente o a través de sus entidades o empresas, a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia.

  41. Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local

    Requieren acuerdo previo del pleno de la entidad: la creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines fundacionales. Ese acuerdo determina las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designa a la persona que ha de actuar por la entidad en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.

  42. Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local

    Las fundaciones públicas locales no pueden ejercer potestades públicas. Solo pueden realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras y deben contribuir a la consecución de sus fines, sin asumir la titularidad de las competencias de estas. En todo caso, las entidades locales designan a la mayoría de los miembros del patronato. En lo no regulado específicamente en el capítulo se rigen, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.

  43. Artículo 43. La empresa mixta de colaboración pública-privada

    Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general constituyendo empresas mixtas o participando en ellas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local. En todo caso, su proceso de constitución debe asegurar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado se sujeta a los procedimientos de concurrencia aplicables según la legislación de contratos del sector público.

  44. Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general

    Las empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o concedido derechos especiales o exclusivos quedan sujetas a obligaciones de transparencia cuando realicen además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público. Deben llevar cuentas separadas e informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en los términos de la legislación estatal y del Derecho europeo.

  45. Artículo 45. Iniciativa económica local

    Las entidades locales andaluzas pueden ejercer la iniciativa pública para desarrollar actividades económicas, en los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, en el marco de sus políticas propias y en régimen de libre concurrencia. Para ejercer actividades económicas en ese régimen hace falta un acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría.

  46. Artículo 46. Empresa pública local

    Para ejercer actividades económicas, las entidades locales adoptarán preferentemente la forma de empresa pública local. Lo es cualquier sociedad mercantil con limitación de responsabilidad en la que los entes locales ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante por la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen. Su objeto son actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso podrán ejercer potestades públicas.

  47. Artículo 47. Creación de la empresa pública local

    Crear una empresa pública local exige autorización del pleno por acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente que acredite la conveniencia y oportunidad. El acuerdo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y recoge como mínimo: denominación, forma jurídica, actividades del objeto social, facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles, participación local en el capital, líneas básicas de organización y adscripción. Incorpora y aprueba el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación. Los estatutos se aprueban y publican antes de la entrada en funcionamiento.

  48. Artículo 48. Régimen jurídico

    La empresa pública local se rige por el ordenamiento jurídico privado, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo en las materias en que se aplique la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación. Los estatutos determinan el funcionamiento del consejo de administración y de los restantes órganos de dirección. El personal se rige por el Derecho Laboral; el nombramiento del no directivo va precedido de convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad.

  49. Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras

    Las empresas públicas locales deben suministrar información a la administración local de la que dependan, en los plazos que establezcan sus estatutos, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas administraciones públicas, para garantizar la transparencia de las relaciones financieras. Además, en la memoria anual deben incluir información específica sobre la puesta a disposición de fondos por las administraciones públicas, directa o indirectamente, los objetivos perseguidos y su utilización efectiva.

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