Tema 57 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Definición y objeto del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo forman principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos. La Inspección es un servicio público que vigila el cumplimiento de las normas del orden social y exige responsabilidades, y además asesora y, en su caso, concilia, media y arbitra. Actúa conforme al Estado social y democrático de Derecho y a los Convenios 81 y 129 de la OIT. El orden social abarca lo laboral, prevención, Seguridad Social, empleo, migraciones, igualdad y no discriminación, entre otras materias.

Artículo 2. Principios ordenadores del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El Sistema se ordena por nueve principios: eficacia y calidad; concepción única e integral con coordinación, cooperación y participación de las Administraciones; unidad de función y de actuación inspectora en todo el orden social; imparcialidad, objetividad e igualdad de trato; reserva de la función inspectora a Inspectores y Subinspectores Laborales; trabajo programado y en equipo; ingreso y convocatoria únicos con procesos selectivos unitarios estatales; movilidad entre Administraciones; y participación institucional de sindicatos y empresarios más representativos.

Artículo 3. Funcionarios que lo integran

La Inspección la ejercen en su totalidad funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, de nivel técnico superior y habilitación nacional. Los Subinspectores Laborales ejercen funciones de inspección en los términos de la ley y de apoyo, colaboración y gestión. Inspectores: grupo A, Subgrupo A1; Subinspectores: grupo A, Subgrupo A2; ambos son Cuerpos Nacionales. Los Subinspectores tienen dos Escalas: Empleo y Seguridad Social, y Seguridad y Salud Laboral; pasar de una a otra exige la titulación y superar el proceso selectivo específico.

Artículo 4. Régimen jurídico

Los funcionarios de Inspección se rigen por esta ley, la Ley 7/2007, la demás legislación estatal sobre función pública inspectora y las normas estatales o autonómicas de desarrollo, además de la Ley General Presupuestaria y las leyes anuales de presupuestos. Dependen funcionalmente de la Administración competente por la materia, sin perjuicio de su dependencia orgánica. Las Comunidades Autónomas participan en su gestión mediante cooperación multilateral. La separación del servicio la impone el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo dictamen del Consejo de Estado.

Artículo 5. Ingreso y provisión de puestos de los Cuerpos Nacionales del personal con funciones inspectoras

El ingreso en los Cuerpos de Inspectores y de Subinspectores Laborales es por oposición, abierta a nacionales españoles mayores de edad. La Oferta de Empleo Público incluye las plazas del Estado y de las Comunidades con transferencia de personal inspector; convoca el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con las plazas que autorice el Consejo de Ministros y las que propongan esas Comunidades. Los aprobados nunca superan las plazas convocadas. La provisión es de ámbito nacional, por concurso o libre designación para jefaturas; las Comunidades también pueden convocar.

Artículo 6. Registro integrado del personal inspector

Además del Registro Central de Personal y, en su caso, de los registros autonómicos de las Comunidades con traspaso de la función pública inspectora, existe un registro integrado del personal inspector con todas las plazas de cada Cuerpo con funciones inspectoras en las relaciones de puestos de trabajo de sus Administraciones. Lo elabora y actualiza el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y las Administraciones le facilitan la información sobre la cobertura de esas plazas en los términos que fije el reglamento.

Artículo 7. Personal técnico y administrativo

El Sistema de Inspección contará con el personal técnico y de apoyo administrativo necesario, conforme a las leyes de presupuestos y a las relaciones de puestos de trabajo. Para el desempeño de la labor inspectora, a ese personal se le pueden encomendar, dentro de sus funciones, la preparación de actuaciones y otras tareas auxiliares de apoyo y colaboración, en los términos que fije el reglamento.

Artículo 8. Derechos

Al personal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponden los derechos individuales y colectivos establecidos con carácter general para los empleados públicos. Además, en el ejercicio de su función se le garantiza protección frente a cualquier violencia, coacción, amenaza o influencia indebida.

Artículo 9. Deberes y código de conducta

El personal del Sistema está sometido a los deberes generales de los empleados públicos. Debe desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Ha de observar la máxima corrección, procurar perturbar lo menos posible la actividad de los inspeccionados sin merma de su autoridad ni del cumplimiento de sus deberes, y actuar con celo en la custodia de la documentación que se le confíe.

Artículo 10. Deber de sigilo e incompatibilidades

Los funcionarios del Sistema consideran confidencial el origen de cualquier queja sobre incumplimientos. Guardan secreto, aun después de dejar el servicio, sobre los datos, informes o antecedentes conocidos en sus funciones, salvo para investigar o perseguir delitos públicos y en el marco legal de colaboración con las Administraciones Laboral, de Seguridad Social, Tributaria y de lucha contra el fraude, y con comisiones parlamentarias de investigación. Les afectan las incompatibilidades, abstención y recusación, y no actúan si tienen interés directo o indirecto.

Artículo 11. Formación, promoción y participación en objetivos

Los funcionarios del Sistema tienen derecho a la formación continua y a la actualización permanente, y deben participar en las acciones de formación y especialización que se determinen. Los puestos de dirección y jefatura que conlleven funciones inspectoras se reservan al Cuerpo Superior de Inspectores. El Sistema incentivará la promoción interna de los Subinspectores Laborales al Cuerpo Superior, en el marco de la Ley 7/2007. Además, tienen el derecho y el deber de contribuir a los objetivos de su unidad y a ser informados por sus superiores de los medios para cumplirlos.

Artículo 12. De la función inspectora

La función inspectora la ejercen los Inspectores en su integridad y los Subinspectores en los términos de la ley. Comprende: vigilancia y exigencia del cumplimiento de normas y convenios (relaciones laborales, prevención, Seguridad Social, empleo, migraciones, economía social y otros); asistencia técnica; y conciliación y mediación, si las partes la aceptan, y arbitraje, si lo solicitan expresamente o lo prevé la ley. El arbitraje es incompatible con inspeccionar a la vez esas empresas, y lo conocido al mediar o arbitrar no pasa a la inspección.

Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias

Los inspectores son autoridad pública. Pueden entrar libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, en lugares sujetos a inspección (en el domicilio de una persona física, con su consentimiento expreso o autorización judicial), identificándose salvo que perjudique la actuación; hacerse acompañar de trabajadores, representantes y peritos; practicar diligencias, requerir información, exigir comparecencias, examinar documentación y tomar muestras o fotografías notificándolo al empresario; y adoptar medidas cautelares proporcionadas para proteger la documentación.

Artículo 14. Funciones de los Subinspectores Laborales

Los Subinspectores Laborales actúan bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector responsable de su unidad, grupo o equipo. La Escala de Empleo y Seguridad Social comprueba empleo, menores de dieciséis años, modalidades contractuales, Seguridad Social y trabajo de extranjeros, entre otras materias; la de Seguridad y Salud Laboral, la prevención de riesgos laborales. Son agentes de la autoridad y pueden proceder conforme a los apartados 1 a 4 del artículo 13. Sus actas de infracción y liquidación las visa el Inspector que los dirige, según el reglamento.

Artículo 15. Garantías en el ejercicio de las funciones inspectoras

Los inspectores ejercen todas las competencias del artículo 12 con plena autonomía técnica y funcional, protección frente a violencia, coacción y amenaza e independencia frente a influencias indebidas. Actúan sobre todas las materias del orden social sea cual sea su Administración de adscripción; si actúan por un servicio específico no se les exigen otras actuaciones, salvo que aprecien un riesgo grave e inminente. Los Subinspectores tienen garantías semejantes. Las actuaciones de la Inspección no son intromisiones ilegítimas a efectos de la Ley Orgánica 1/1982.

Artículo 16. Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Autoridades, órganos de todas las Administraciones, corporaciones, colegios y quienes ejerzan funciones públicas deben dar datos a la Inspección y colaborar con ella. El Consejo General del Notariado le suministra telemáticamente el índice único informatizado; la Administración Tributaria le cede datos y la Seguridad Social le da información, incluso personal, sin consentimiento del afectado. Colaboran también mutualidades, autoridades de transporte, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Juzgados. Límites: intimidad, secreto de la correspondencia e información estadística.

Artículo 17. Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección colabora con las Administraciones Públicas, en especial con la autoridad laboral, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y la Administración Tributaria, y les facilita la información que necesiten, garantizando la confidencialidad si procede. Procura colaborar con organizaciones empresariales y sindicales y con los representantes de los trabajadores. Ante un posible delito, remite al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de hechos y sujetos. Ayuda a las autoridades equivalentes de la Unión Europea.

Artículo 18. De la colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Cuando son requeridos, empresarios, trabajadores, sus representantes y demás responsables deben atender a inspectores y subinspectores, acreditar su identidad y la de quienes estén en el centro, colaborar en las visitas, declarar y facilitar información y documentación. Toda persona debe dar los datos con trascendencia derivados de sus relaciones con terceros inspeccionados, sin que valga el secreto bancario; los profesionales no revelan datos confidenciales de asesoramiento, defensa o sanidad sin conformidad del interesado. Incumplir el requerimiento es infracción por obstrucción.

Artículo 19. Ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección actúa sobre personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, y entidades sin personalidad obligadas por las normas del orden social. Actúa en empresas, centros y lugares de trabajo, aunque los gestione una Administración, y en alojamientos puestos por el empresario a disposición de los trabajadores; en vehículos y medios de transporte; en buques españoles mercantes y de pesca en puertos o aguas bajo soberanía o jurisdicción española; en puertos y aeropuertos; en entidades colaboradoras, cooperativas y sociedades laborales; y en las Mutuas.

Artículo 20. Normas generales, origen de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y condición de interesado

Las actuaciones se rigen por esta ley, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley Orgánica 4/2000. La Inspección actúa siempre de oficio: por orden superior, por planes o programas, a petición razonada de otros órganos, por denuncia o por iniciativa del inspector. La denuncia es pública; el denunciante no es interesado en la investigación, pero se le informa si el resultado afecta a sus derechos, y puede serlo en el procedimiento sancionador. No se tramitan denuncias anónimas, sin identificar tras subsanación, sub iudice o infundadas.

Artículo 21. Modalidades y documentación de la actuación inspectora

La Inspección actúa por visita sin aviso previo, por requerimiento de comparecencia, por expediente administrativo o comprobando datos de las Administraciones. Las comprobaciones no pueden durar más de nueve meses, salvo dilación imputable al inspeccionado, ampliables otros nueve por especial complejidad, obstrucción u ocultación o cooperación internacional; no pueden interrumpirse más de cinco meses. Los plazos corren desde la primera visita o desde la comparecencia efectiva con toda la documentación. De cada actuación se extiende diligencia escrita.

Artículo 22. Medidas derivadas de la actividad inspectora

Finalizada la comprobación, el inspector puede, entre otras medidas: advertir y requerir en vez de sancionar si no hay perjuicio directo a los trabajadores; requerir el cumplimiento o la subsanación en plazo; extender actas de infracción, de obstrucción o de liquidación; promover altas, afiliación y encuadramiento; instar la suspensión de prestaciones o el recargo por accidente; ordenar la paralización inmediata ante riesgo grave e inminente; y proponer a su superior jerárquico demandas de oficio ante la Jurisdicción Social.

Artículo 23. Presunción de certeza de las comprobaciones inspectoras

Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección y formalizados en actas de infracción y de liquidación, con los requisitos legales, tienen presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que aporten los interesados. El mismo valor tienen los hechos reseñados en los informes de la Inspección derivados de sus comprobaciones, que los interesados pueden contradecir. La sustitución del funcionario durante la actuación no afecta a la presunción, pero debe comunicarse a los interesados antes de que la actuación termine.

Artículo 24. Información del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Por el principio de concepción única e integral, la información del Sistema debe garantizar unidad e integración, interoperabilidad, interconexión y acceso de las Administraciones según sus competencias; el personal inspector accede a los registros y bases de datos necesarios. Se usa una base de datos unitaria e integrada para todo el Estado. Rige la Ley Orgánica 15/1999, pero no se necesita el consentimiento de los interesados para incluir, consultar o comunicar sus datos entre Administraciones competentes. Seguridad de nivel alto.

Artículo 25. Cooperación y participación de las Administraciones Públicas

La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas garantizan, cada una en su ámbito, el ejercicio y la eficacia de la Inspección, organizando sus actuaciones según los principios del artículo 2 y cooperando mediante los órganos e instrumentos de la ley y convenios de colaboración. Las Comunidades participan en la dirección del Sistema a través del Consejo Rector del Organismo Estatal. Ambas Administraciones establecen planes y programas para objetivos generales y disponen de un sistema de información común.

Artículo 26. Definición de los servicios y puestos de inspección

Los puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social y de Subinspector Laboral, en sus dos Escalas (Empleo y Seguridad Social, y Seguridad y Salud Laboral), se definen con criterios únicos en todo el territorio español. El resto de servicios y puestos de Inspección se adaptan a las características de cada demarcación, según las competencias de cada Administración y atendiendo preferentemente a criterios homogéneos.

Artículo 27. Creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social como organismo autónomo con personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado, con estructura central y territorial. Se rige por esta ley y por la Ley 6/1997; su régimen contable, presupuestario, de control y de rendición de cuentas es el de la Ley 47/2003. Está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que lo dirige estratégicamente y evalúa sus resultados. El Gobierno aprueba sus Estatutos por real decreto, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

Artículo 28. Estructura del Organismo Estatal

El Organismo Estatal se despliega en todo el territorio español; su estructura central y territorial la fijan los Estatutos. La estructura central tiene dos órganos de dirección, el Consejo Rector y el Director, y un órgano de participación institucional, el Consejo General Consultivo. Comprende la dirección y gestión de sus responsabilidades y la planificación y coordinación de todas las funciones del Organismo, en el ámbito central y periférico.

Artículo 29. El Consejo Rector

El Consejo Rector es paritario: lo preside la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y lo integran vocales de la Administración General del Estado y de cada Comunidad Autónoma; los Estatutos fijan su número y funcionamiento. Aprueba los planes y programas generales, la propuesta de presupuesto y las cuentas anuales, los criterios de evaluación de calidad y, a propuesta del Director, los criterios de distribución de puestos de personal inspector en la estructura territorial. También informa propuestas normativas y adopta propuestas sobre política europea y personal.

Artículo 30. El Consejo General

El Consejo General es el órgano de participación institucional del Organismo Estatal. Lo forman cuatro representantes de la Administración General del Estado, cuatro de las Comunidades Autónomas, ocho de las organizaciones empresariales más representativas y ocho de las organizaciones sindicales más representativas. Tiene funciones de información, audiencia y consulta en las materias de que conoce el Consejo Rector.

Artículo 31. El Director

Artículo 32. Estructura territorial del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El Organismo Estatal se despliega en todo el territorio y su estructura territorial se desarrolla por reglamento. En cada Comunidad Autónoma hay una Dirección Territorial, cuyo titular se designa con participación de la Comunidad según el convenio de colaboración y mantiene la interlocución permanente con sus autoridades. Depende funcionalmente del Estado o de la Comunidad según la materia, salvo en Comunidades con traspaso, donde rige lo acordado en cooperación bilateral. La estructura incluye unidades especializadas y se basa en el trabajo programado y en equipo.

Artículo 33. Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

En cada Comunidad Autónoma, la Autoridad Autonómica de la Inspección es el cargo público que esta designe para esas funciones en materias de su competencia, según el convenio de colaboración. Le corresponde, entre otras: impulsar y seguir la actividad inspectora autonómica; promover convenios con el Organismo Estatal; presentar las memorias territoriales; supervisar actuaciones en centros que gestione la Comunidad; proponer planes de formación y criterios técnicos; proponer al Director del Organismo la instrucción de medidas disciplinarias; y dictar instrucciones sobre guardias.

Artículo 34. Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

En cada Comunidad Autónoma existe una Comisión Operativa Autonómica de la Inspección, coordinada por el titular de la Dirección Territorial del Organismo Estatal y presidida por la Autoridad Autonómica cuando acuda a las reuniones. Su composición la fija el convenio de colaboración. Se ocupa, al menos, de analizar los incumplimientos más frecuentes, establecer mecanismos de información y apoyo técnico, integrar los planes de cada Administración y aprobar el programa territorial de objetivos, seguir los programas, analizar los efectivos y distribuir las actuaciones entre ellos.

Artículo 35. Participación institucional

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participan en los asuntos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social circunscritos al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. Esa participación se produce en los órganos de representación de carácter consultivo, en la forma que prevean las propias Comunidades Autónomas.

Artículo 1. Infracciones en el orden social

Son infracciones en el orden social las acciones u omisiones de los sujetos responsables tipificadas y sancionadas en esta Ley y en las leyes del orden social. No pueden sancionarse sin previa instrucción del oportuno expediente, conforme al procedimiento administrativo especial, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de otras responsabilidades. Se califican como leves, graves y muy graves según la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado.

Artículo 2. Sujetos responsables de la infracción

Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las conductas tipificadas en la Ley. La lista incluye, entre otros: el empresario en la relación laboral; los sujetos de la relación de Seguridad Social; quienes intervengan en movimientos migratorios (transportistas, agentes consignatarios…); los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto del trabajo de extranjeros; las cooperativas respecto de sus socios trabajadores; agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y usuarias; y las empresas de inserción.

Artículo 3. Concurrencia con el orden jurisdiccional penal

No pueden sancionarse hechos ya sancionados penal o administrativamente si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento, regla que se extiende a los desplazamientos temporales ya sancionados en el país de desplazamiento. Si la infracción puede ser delito, la Administración pasa el tanto de culpa al juez o al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir hasta la sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o hasta que el Fiscal comunique la improcedencia de actuar. Sin ilícito penal, sigue el expediente con los hechos probados por los Tribunales.

Artículo 4. Prescripción de las infracciones

Regla general: las infracciones en el orden social prescriben a los tres años desde la fecha de la infracción. Seguridad Social: cuatro años. Prevención de riesgos laborales: leves al año, graves a los tres años y muy graves a los cinco años. Sociedades cooperativas: leves a los tres meses, graves a los seis meses y muy graves al año. En todos los casos el plazo se cuenta desde la fecha de la infracción.

Artículo 5. Concepto

Infracciones laborales: acciones u omisiones de los empresarios contrarias a normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de convenios en relaciones laborales individuales y colectivas, colocación, empleo, formación profesional para el empleo, trabajo temporal e inserción sociolaboral, y las demás de los sujetos responsables del capítulo. También lo son los incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo y los contrarios a la Ley 31/2006 sobre implicación de los trabajadores en sociedades europeas, incluidas las modificaciones estructurales transfronterizas.

Artículo 6. Infracciones leves

Son leves: no exponer en lugar visible del centro el calendario laboral vigente; no entregar puntualmente el recibo de salarios o no usar el modelo aplicable, oficial o pactado; no informar por escrito de los elementos esenciales del contrato y principales condiciones de ejecución; no entregar el documento justificativo del artículo 15.9 del Estatuto; no informar sobre vacantes a trabajadores a tiempo parcial, a distancia, temporales (incluidos formativos) y fijos-discontinuos; y otros incumplimientos meramente formales o documentales.

Artículo 7. Infracciones graves

Son graves, entre otras: no formalizar por escrito el contrato si es exigible o lo pide la persona trabajadora; el fraude en modalidades contractuales (una infracción por persona afectada); no consignar en el recibo lo realmente abonado; incumplir la tramitación de finiquitos; transgredir normas de jornada, horas extraordinarias, descansos, vacaciones, permisos y registro de jornada; la modificación sustancial unilateral; vulnerar derechos de información y consulta; incumplir planes de igualdad; y contratar pese a la prohibición del artículo 47.7.d) del Estatuto.

Artículo 8. Infracciones muy graves

Muy graves, entre otras: impago y retrasos reiterados del salario; cesión ilegal de trabajadores; despidos colectivos, suspensiones o reducciones de jornada sin los procedimientos de los artículos 51, 47 y 47 bis del Estatuto; trabajo de menores; impedir el derecho de reunión; negarse a reabrir el centro tras un cierre patronal cuando lo requiera la autoridad laboral competente; sustituir a huelguistas; atentar contra la intimidad y dignidad; discriminaciones; acoso sexual y acoso discriminatorio; no elaborar o aplicar el plan de igualdad obligatorio; y externalizaciones prohibidas.

Artículo 9. Infracciones graves y muy graves

En empresas y grupos de dimensión comunitaria son graves, salvo que proceda calificarlas como muy graves: no facilitar la información sobre el número de trabajadores, no trasladar a la dirección central la petición de negociar, transgredir los derechos de reunión, expertos, recursos y garantías, y no convocar en tiempo y forma las reuniones del comité de empresa europeo. Son muy graves impedir la negociación, el funcionamiento o los derechos de información y consulta (incluido el abuso de la confidencialidad) y las decisiones discriminatorias adoptadas en aplicación de la Ley 10/1997.

Artículo 10. Infracciones

Desplazamiento de trabajadores a España: es leve el defecto formal de la comunicación de desplazamiento y no comunicar accidentes y enfermedades leves. Es grave presentar la comunicación tras el inicio o sin designar representantes, no tener la documentación en España, no comunicar accidentes graves, muy graves o mortales y no presentar la documentación requerida por la Inspección o presentarla sin traducir. Es muy grave no comunicar el desplazamiento, falsear u ocultar sus datos y el desplazamiento fraudulento. También es infracción no garantizar las condiciones de trabajo españolas.

Artículo 10 bis. Infracciones graves y muy graves

En sociedades europeas y cooperativas europeas son graves, salvo calificación como muy graves: no facilitar a los representantes la información para constituir la comisión negociadora; transgredir derechos de reunión, expertos, recursos y garantías; y no convocar en tiempo y forma la comisión y las reuniones del órgano de representación. Son muy graves impedir la negociación, el funcionamiento o esos derechos, discriminar y el recurso indebido a constituir una sociedad europea o cooperativa europea para privar a los trabajadores de esos derechos o hacerlos ineficaces.

Artículo 11. Infracciones leves

Son leves en prevención: la falta de limpieza sin riesgo para la integridad física o salud; no comunicar a la autoridad laboral los accidentes y enfermedades leves; no comunicar la apertura o reanudación del centro (o consignar datos inexactos) si no es industria peligrosa, insalubre o nociva; incumplimientos sin trascendencia grave; obligaciones formales o documentales no tipificadas como graves o muy graves; que el contratista no tenga en obra el Libro de Subcontratación; y que contratista o subcontratista no tengan la documentación de la maquinaria.

Artículo 12. Infracciones graves

Son graves en prevención, entre otras: no integrar la prevención mediante un plan de prevención; no evaluar riesgos ni planificar la actividad preventiva; no hacer reconocimientos médicos; no comunicar accidentes graves, muy graves o mortales; no comunicar la apertura en industria peligrosa, insalubre o nociva; incumplir formación, información, primeros auxilios o coordinación; la falta de limpieza habitual o con riesgo; y, en construcción, fallos del plan de seguridad y salud, del promotor (coordinadores, estudio de seguridad) y del régimen de subcontratación.

Artículo 13. Infracciones muy graves

Son muy graves en prevención, entre otras: incumplir las normas de protección de embarazo, lactancia y menores; no paralizar los trabajos a requerimiento de la Inspección ante riesgo grave e inminente o reanudarlos sin subsanar; adscribir trabajadores a puestos incompatibles con riesgo grave e inminente; vulnerar la confidencialidad de los datos de vigilancia de la salud; impedir el derecho de los trabajadores a paralizar su actividad; operar como servicio de prevención, auditora o entidad formativa sin acreditación; y los incumplimientos de subcontratación en trabajos con riesgos especiales.

Artículo 14. Infracciones leves

Son infracciones leves en materia de empleo: no comunicar a la oficina de empleo las contrataciones ni la terminación de los contratos cuando sea obligatorio; no registrar en la oficina de empleo el contrato y sus prórrogas cuando proceda; e incumplir las obligaciones formales o documentales de la normativa de formación profesional para el empleo (empresarios, entidades de formación u organizadoras, solicitantes y beneficiarios de ayudas), si no están tipificadas como graves o muy graves.

Artículo 15. Infracciones graves

Son graves en empleo: incumplir medidas de reserva, duración o preferencia del artículo 17.2 y 3 del Estatuto; incumplir la reserva de puestos para personas con discapacidad o sus medidas alternativas; no notificar a los representantes las contrataciones de duración determinada o no darles en plazo la copia básica; publicitar ofertas de empleo falsas o ilegales; e incumplir la normativa de formación profesional para el empleo, salvo disfrute indebido de bonificaciones, en los supuestos a) a i). En a), b) y c) hay una infracción por cada empresa y acción formativa.

Artículo 16. Infracciones muy graves

Son muy graves: ejercer intermediación laboral para la colocación de trabajadores sin haber presentado antes la declaración responsable de reunir los requisitos de la Ley 56/2003, de Empleo, o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios; y solicitar datos personales en procesos de intermediación, colocación o selección, o establecer condiciones por publicidad u otro medio que discriminen en el acceso al empleo por motivos como edad, sexo, discapacidad, origen, religión, opinión política, afiliación sindical, orientación e identidad sexual o lengua.

Artículo 17. Infracciones de los trabajadores por cuenta ajena y propia

Infracciones de los trabajadores en empleo. Leves: no comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o agencias colaboradoras; no devolver en plazo el justificante de comparecencia; e incumplir el acuerdo de actividad sin causa justificada o fuerza mayor. Grave: rechazar una colocación adecuada o negarse, sin causa justificada, a actividades de mejora de la empleabilidad del itinerario. Muy grave: no aplicar o desviar ayudas de fomento del empleo y la connivencia para justificar acciones formativas inexistentes o no realizadas.

Artículo 18. Infracciones de las empresas de trabajo temporal

Empresas de trabajo temporal. Leves: no cumplimentar los contratos del artículo 10 de la Ley 14/1994, no identificarse en su publicidad y no entregar a la usuaria la copia básica. Graves: no formalizar por escrito los contratos, no remitir la información del artículo 5 ni la actualización anual de la garantía, puesta a disposición fuera del artículo 6.2, no destinar fondos a formación, cobrar al trabajador y ceder sin evaluación de riesgos. Muy graves: no actualizar la garantía, puestos peligrosos sin requisitos, no exclusividad, falsedad y cesión a terceros.

Artículo 19. Infracciones de las empresas usuarias

Empresas usuarias. Leves: no cumplimentar el contrato de puesta a disposición y no facilitar los datos de retribución total del convenio. Graves: no formalizarlo por escrito; usarlo fuera del artículo 6.2 de la Ley 14/1994; impedir derechos del artículo 17; no informar al trabajador; cubrir puestos amortizados en los doce meses anteriores, o cubiertos más de doce meses en los dieciocho anteriores por trabajadores cedidos; iniciar sin constancia de información, formación y salud; y sin evaluación de riesgos. Muy graves: sustituir huelguistas y puestos de especial peligrosidad.

Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de trabajo temporal establecidas en otros estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Empresas de trabajo temporal de otros Estados miembros. Graves: no formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición y formalizarlo para supuestos distintos del artículo 6.2 de la Ley 14/1994 (una infracción por persona afectada). Muy graves: formalizarlo sin estar válidamente constituida como empresa de trabajo temporal según la legislación del Estado de establecimiento o sin reunir sus requisitos; para actividades de especial peligrosidad determinadas reglamentariamente; y ceder personas con contrato temporal a otra empresa para su cesión a terceros.

Artículo 19 ter. Infracciones de las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España

Leve: no dar a la empresa de trabajo temporal los datos de retribución del convenio. Graves: no formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición; usarlo fuera del artículo 6.2; impedir derechos o no informar a la persona cedida; cubrir puestos amortizados en los doce meses previos o cubiertos más de trece meses y medio en los dieciocho previos; iniciar sin constancia de información, formación y salud; no avisar a tiempo de un envío a otro Estado; y sin evaluar riesgos. Muy graves: sustituir huelguistas, trabajos peligrosos y contratar con empresas no válidas.

Artículo 19 quater. Infracciones de las empresas usuarias establecidas en otro Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Es infracción grave que la empresa usuaria no informe a la empresa de trabajo temporal establecida en otro Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre el inicio del envío temporal de una persona trabajadora desplazada a España con la antelación suficiente para que dicha empresa pueda comunicar el desplazamiento a las autoridades españolas.

Artículo 19 quinquies. Infracciones de las empresas de inserción

Empresas de inserción. Graves: incumplir los requisitos para su creación; ocultar o falsear documentación de modificaciones estatutarias que afecten a su calificación; no facilitar el plan de actividades, presupuesto, cuentas anuales, informe de gestión y balance social; no informar a los Servicios Sociales y de Empleo públicos; e incumplir el proceso personal de inserción. Muy graves: actuar sin cumplir su fin primordial de integración sociolaboral de personas en exclusión social y obtener o disfrutar indebidamente subvenciones de los programas de apoyo a la inserción.

Artículo 20. Concepto

Son infracciones en materia de Seguridad Social las acciones y omisiones de los sujetos responsables del artículo 2.2 contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el sistema de Seguridad Social, tipificadas y sancionadas como tales en esta Ley. Además, se asimilan a ellas las infracciones y sanciones producidas respecto de otras cotizaciones que recaude el sistema de Seguridad Social.

Artículo 21. Infracciones leves

Son leves: no conservar durante cuatro años la documentación de afiliación, altas, bajas y variaciones, los documentos de cotización y los recibos de salarios y pago delegado; no exponer o poner a disposición, dentro del mes siguiente al ingreso de las cuotas, el documento de cotización; no comunicar en tiempo y forma bajas y variaciones; no facilitar o comunicar fuera de plazo datos y certificaciones, u omitirlos o consignarlos mal; no comunicar cambios en documentos de asociación; y no remitir los partes médicos de incapacidad temporal.

Artículo 22. Infracciones graves

Son graves, entre otras: iniciar la actividad sin pedir la inscripción en la Seguridad Social; no pedir la afiliación o alta de los trabajadores (una por trabajador); no ingresar las cuotas en plazo, salvo concurso, fuerza mayor o aplazamiento previo; no entregar el certificado de empresa; disfrutar indebidamente de bonificaciones; no comprobar, antes del inicio de la contrata, el alta de los trabajadores del contratista; y comunicar bajas de asalariados sirviéndose de un alta indebida como autónomos.

Artículo 23. Infracciones muy graves

Muy graves, entre otras: ocupar sin alta previa a perceptores de prestaciones incompatibles; no ingresar cuotas sin haber cumplido las obligaciones del artículo 26 de la Ley General de la Seguridad Social o eludir con fraude la responsabilidad; datos falsos; pactar que los trabajadores paguen la cuota empresarial; incrementar indebidamente bases; no suscribir el convenio especial del artículo 51.9 del Estatuto; ocupar a trabajadores con contrato suspendido o en horario reducido; y retener la cuota obrera. Se cuenta una infracción por persona con prestaciones fraudulentas.

Artículo 24. Infracciones leves

Son leves: no facilitar, cuando se les requieran, los datos para su afiliación o alta y, en general, incumplir deberes informativos; no comparecer, previo requerimiento, ante la entidad gestora sin causa justificada; y, en desempleo o cese de actividad, no comparecer ante los servicios públicos de empleo o agencias colaboradoras, no devolver el justificante en plazo, incumplir el acuerdo de actividad o no dar datos para notificaciones. Las citaciones electrónicas valen con consentimiento previo (en el apartado 4, también si lo impone una norma con rango de ley).

Artículo 25. Infracciones graves

Son graves de trabajadores y beneficiarios: trabajar durante la percepción de prestaciones cuando exista incompatibilidad; no comparecer, sin causa justificada, a reconocimientos médicos de entidades gestoras o colaboradoras o no presentar los justificantes requeridos que afecten a su continuidad; no comunicar bajas en prestaciones por incompatibilidad, suspensión o extinción (salvo no figurar inscritos como demandantes de empleo) si se ha percibido indebidamente; y, en desempleo o cese de actividad, rechazar una oferta adecuada o negarse a acciones del itinerario.

Artículo 26. Infracciones muy graves

Son muy graves: actuar fraudulentamente para obtener prestaciones indebidas o superiores, o prolongar su disfrute, con datos o documentos falsos, simulación de la relación laboral u omisión de declaraciones obligatorias; compatibilizar prestaciones o subsidio por desempleo, o la prestación por cese de actividad, con trabajo por cuenta propia o ajena, salvo los casos previstos; la connivencia con el empresario para obtener prestaciones indebidas; y no aplicar o desviar las prestaciones por desempleo percibidas según programas de fomento de empleo.

Artículo 27. Infracciones leves

Son leves de las Mutuas: incumplir obligaciones formales sobre libros, registros, documentos, relaciones de trabajadores y boletines estadísticos; incumplir obligaciones formales sobre documentos y certificados de reconocimientos médicos obligatorios; no remitir en plazo y debidamente cumplimentados los partes de accidentes de trabajo de carácter leve; y no informar a empresarios asociados, trabajadores, órganos de representación del personal y personas con interés personal y directo de los datos a ellos referentes que obren en la entidad.

Artículo 28. Infracciones graves

Son graves de las Mutuas, entre otras: no llevar al día libros y contabilidad; aceptar asociaciones fuera de su ámbito sin autorización, rechazar asociaciones de su ámbito, convenios de más de un año o no proteger a todos los trabajadores de la empresa en la misma provincia; incumplir normas de denominación y órganos; no remitir partes graves, muy graves o mortales; incumplir fianza, reservas y remisión de cuentas; no facilitar datos ni coordinarse; dar publicidad sin autorización del órgano superior de vigilancia y tutela cuando se requiera; y no pedir autorizaciones económicas.

Artículo 29. Infracciones muy graves

Son muy graves de las Mutuas: operaciones distintas de las permitidas o cláusulas contrarias a las normas en los convenios de asociación; no contribuir a los Servicios comunes o incumplir reaseguro y compensación; aplicar tarifas de primas indebidas o cobrar sustitutivos de cuotas; concertar servicios sanitarios sin autorización; exigir como garantía más de un trimestre anticipado de cuotas o exigirla más de una vez; actuar con ánimo de lucro o repartir beneficios; incumplir incompatibilidades; falsear la fuerza mayor en el cese de actividad; y falta reiterada de diligencia en la supervisión.

Artículo 30. Infracciones leves

En las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social son infracciones leves no llevar en orden y al día la documentación reglamentariamente exigida y no dar cuenta, semestralmente, al comité de empresa de la aplicación de las cantidades percibidas para el ejercicio de la colaboración.

Artículo 31. Infracciones graves

En las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión son graves: no mantener las instalaciones sanitarias propias en las condiciones exigidas; no coordinar la asistencia sanitaria con los servicios sanitarios de la Seguridad Social; prestarla con personal ajeno a esos servicios sin autorización; conceder prestaciones en tiempo, cuantía o forma distintos de los reglamentarios; no ingresar las aportaciones para el sostenimiento de los Servicios comunes; y no llevar una cuenta contable específica de las operaciones de la colaboración.

Artículo 32. Infracciones muy graves

El artículo 32 recoge cuatro infracciones muy graves de las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión: ejercer las funciones de la colaboración sin previa autorización; seguir colaborando tras perder los requisitos mínimos exigibles; destinar los excedentes a fines distintos de la mejora de las prestaciones, y no aplicar a los fines exclusivos de la colaboración (incluida la mejora de prestaciones) las cantidades deducidas de la cuota reglamentaria.

Artículo 32 bis. Infracción grave

Es infracción grave de las mutualidades de previsión social alternativas al RETA no poner a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social la relación telemática de los profesionales colegiados integrados en ellas, prevista en el apartado 4 de la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el plazo y con el contenido fijados en esa disposición.

Artículo 33. Concepto

Define las infracciones en materia de movimientos migratorios laborales: son las acciones u omisiones de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.4 de la propia Ley que estén tipificadas y sancionadas de conformidad con esta Ley. Exige, pues, un sujeto concreto y una conducta tipificada y sancionada en la LISOS.

Artículo 34. Infracciones leves

Única infracción leve en materia de movimientos migratorios: modificar las condiciones de la oferta de trabajo para desplazarse al exterior, siempre que esa modificación no cause perjuicio grave para el trabajador. Lo que decide que sea leve es la falta de perjuicio grave.

Artículo 35. Infracciones graves

Son infracciones graves en movimientos migratorios: modificar la oferta de trabajo para el exterior si causa perjuicio grave al trabajador; ocultar, falsificar o rectificar cláusulas sustanciales del contrato para desplazarse al exterior; desplazar al trabajador sin la documentación necesaria o retenerla la empresa injustificadamente, y contratar marinos españoles para armadoras extranjeras por personas o entidades no autorizadas por la autoridad laboral.

Artículo 36. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves en movimientos migratorios: establecer cualquier tipo de agencias de reclutamiento; la simulación o engaño al contratar trabajadores que se desplazan al exterior; el abandono de trabajadores desplazados por el empresario contratante o sus representantes autorizados; cobrar a los trabajadores comisión o precio por contratarlos, y obtener fraudulentamente ayudas a los movimientos migratorios (individuales o de reagrupación familiar) o no aplicarlas o aplicarlas indebidamente.

Artículo 37. Infracciones

Son infracciones muy graves en materia de permisos de trabajo de extranjeros: la del empresario que utilice extranjeros sin el preceptivo permiso de trabajo previo o su renovación, con una infracción por cada trabajador extranjero ocupado; la del extranjero que ejerza en España una actividad lucrativa, laboral o profesional por cuenta propia sin permiso o sin renovarlo, y la de quien promueva, medie o ampare su trabajo sin permiso.

Artículo 38. Infracciones en materia de cooperativas

Se aplica a las cooperativas cuando la ley autonómica remite a la estatal, no existe ley autonómica o actúan en varias Comunidades Autónomas. Leves: incumplir la Ley de Cooperativas sin conflicto entre partes ni interrupción de la actividad social. Graves: no convocar la Asamblea General ordinaria, no inscribir actos obligatorios, no dotar los fondos obligatorios, falta de auditoría obligatoria, no depositar cuentas y transgresión generalizada de derechos de socios. Muy graves: paralización o inactividad de órganos durante dos años y connivencia para lucrarse o lograr ficticiamente ayudas.

Artículo 39. Criterios de graduación de las sanciones

Las sanciones se imponen en grado mínimo, medio o máximo según negligencia e intencionalidad, fraude o connivencia, advertencias y requerimientos desatendidos, cifra de negocios, número de afectados, perjuicio y cantidad defraudada. En los artículos 22.3 y 23.1.b): mínimo hasta 10.000 euros, medio de 10.001 a 25.000 y máximo por encima, y siempre máximo si hubo ocultación o falsedad. Hay criterios propios para riesgos laborales y cooperativas. Si no hay criterio relevante, grado mínimo en su tramo inferior; la persistencia continuada, en el máximo.

Artículo 40. Cuantía de las sanciones

Fija las multas. Laborales, Seguridad Social, migración, ETT y obstrucción: leves de 70 a 750 euros, graves de 751 a 7.500 y muy graves de 7.501 a 225.018, con escalas propias y porcentajes sobre las cuotas no ingresadas para ciertos tipos. Riesgos laborales: leves de 45 a 2.450, graves de 2.451 a 49.180 y muy graves de 49.181 a 983.736. Cooperativas: de 450 a 45.504. Si hay conformidad con la liquidación e ingreso en plazo, la sanción de Seguridad Social se reduce al 50 %.

Artículo 41. Reincidencia

Hay reincidencia si se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior dentro de los 365 días siguientes a su notificación, y la resolución sancionadora debe ser firme. La multa puede subir hasta el duplo del grado, sin superar los máximos del artículo 40. La ETT reincidente en muy graves puede ser suspendida un año; las ETT de otros Estados de la UE o del EEE, prohibidas un año, o indefinidamente si se sanciona dos veces.

Artículo 42. Responsabilidad empresarial

Las infracciones de los artículos 42 a 44 del Estatuto de los Trabajadores generan la responsabilidad prevista allí. La empresa principal responde solidariamente con contratistas y subcontratistas de las obligaciones de prevención durante la contrata si la infracción ocurre en su centro de trabajo. En las ETT, la empresa usuaria responde de la seguridad y salud en la ejecución del trabajo y del recargo de prestaciones por accidente o enfermedad profesional en su centro por falta de medidas de seguridad. Son nulos los pactos para eludir estas responsabilidades.

Artículo 43. Responsabilidades empresariales

Las sanciones no excluyen las demás responsabilidades exigibles según la Ley General de la Seguridad Social y su desarrollo. Las responsabilidades entre ETT y empresas usuarias en Seguridad Social se rigen por el artículo 16.3 de la Ley 14/1994. En la infracción del artículo 23.1.c), la empresa responde directamente de devolver lo que la persona trabajadora percibió indebidamente, salvo que concurra dolo o culpa de esta.

Artículo 44

Artículo 45. Sanciones a los empresarios que colaboren voluntariamente en la gestión

Además de las multas del artículo 40.1, y si las circunstancias lo requieren, a los empresarios que colaboran voluntariamente en la gestión se les puede aplicar, en la propuesta elevada al órgano directivo de vigilancia, dirección y tutela de la Seguridad Social, la suspensión temporal de la autorización para colaborar hasta cinco años o su retirada definitiva con pérdida de la condición de Entidad colaboradora.

Artículo 46. Sanciones accesorias

Por las graves de los apartados 3 y 6 del artículo 15 y las muy graves de los artículos 16 y 23 en empleo, formación y desempleo, el empresario pierde automáticamente ayudas y bonificaciones, en proporción a los trabajadores afectados, desde la comisión, empezando por las de mayor cuantía. Puede quedar excluido de ellas hasta dos años, y cinco en todo caso en los supuestos de las letras d), e) y f) del 16.1 y h) del 23.1. En el 22.2 la exclusión puede ser de un año, o dos si hay reiteración en 365 días.

Artículo 46 bis. Responsabilidades empresariales específicas

Por las muy graves de los apartados 12, 13 y 13 bis del artículo 8 y del 16.2, además de la multa, el empresario pierde automáticamente ayudas y bonificaciones de empleo (las de mayor cuantía primero) y puede ser excluido de seis meses a dos años. En discriminación por razón de sexo (8.12 y 16.2), estas accesorias pueden sustituirse por un plan de igualdad si la empresa no estaba ya obligada a tenerlo, a solicitud suya, con informe de la Inspección y decisión de la autoridad laboral.

Artículo 47. Sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios

Solicitantes y beneficiarios de prestaciones: leves, pérdida de un mes (en desempleo, escala de 1, 3 y 6 meses y extinción; en cese de actividad, 15 días, 1 mes y 15 días, 3 meses y extinción); graves, tres meses (extinción en incapacidad temporal en las del número 2); muy graves, seis meses o extinción en desempleo y cese de actividad. La entidad gestora puede suspender cautelarmente la prestación. Demandantes de empleo sin prestación: suspensión de derechos 1, 3 o 6 meses.

Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras

En la Administración General del Estado, la potestad sancionadora por infracciones del orden social corresponde al órgano que fije el reglamento. Cuando corresponde a una Comunidad Autónoma con competencia de ejecución de la legislación del orden social, la ejercen los órganos y con los límites que determine cada Comunidad. Las sanciones accesorias las acuerda quien tenga potestad para imponer la sanción principal de la que derivan.

Artículo 49. Actuaciones de advertencia y recomendación

Pese a lo dispuesto en el artículo anterior, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a los Convenios 81 y 129 de la OIT, puede advertir y aconsejar en lugar de iniciar un procedimiento sancionador cuando las circunstancias del caso lo aconsejen y siempre que no se deriven daños ni perjuicios directos a los trabajadores. En esos casos debe dar cuenta de sus actuaciones a la autoridad laboral competente.

Artículo 50. Infracciones por obstrucción a la labor inspectora

Obstruir la labor inspectora (perturbar, retrasar o impedir las funciones de Inspectores y Subinspectores) es grave por regla general, igual que si afecta a los funcionarios técnicos del artículo 9.2 de la Ley de Prevención. Es leve el mero retraso en información, comunicación o comparecencia (salvo lo requerido en visita sobre documentos del centro) y la falta del Libro de Visitas. Es muy grave impedir la entrada o permanencia, no identificar, la coacción, amenaza o violencia, la reiteración de obstrucciones graves y no colaborar o no entregar la información en soporte informático.

Artículo 51. Normativa aplicable

Corresponde al Gobierno dictar el Reglamento de procedimiento especial para imponer sanciones del orden social. El procedimiento sancionador es común a todas las Administraciones públicas y se rige por esta Ley y por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Ley 30/1992 como norma de aplicación subsidiaria.

Artículo 52. Principios de tramitación

El procedimiento se inicia siempre de oficio por acta de la Inspección, también a raíz de comunicaciones de otros Estados de la UE o del EEE cuando hay desplazamiento transnacional de trabajadores. El acta se notifica y el responsable tiene quince días para alegar ante el órgano que resuelve. Si alega y las diligencias revelan hechos distintos, hay nueva audiencia de ocho días. El Ministerio Fiscal notifica a la autoridad laboral y a la Inspección la existencia de un procedimiento penal, lo que paraliza el sancionador hasta la firmeza.

Artículo 53. Contenido de las actas y de los documentos iniciadores del expediente

El acta de infracción recoge los hechos constatados (los relevantes para tipificar y graduar), la infracción con el precepto vulnerado, la calificación, graduación, propuesta y cuantía de la sanción y, si lo hay, el responsable solidario. Los hechos así formalizados tienen presunción de certeza, salvo prueba en contrario de los interesados. Las actas de liquidación e infracción de Seguridad Social sobre los mismos hechos se practican simultáneamente. Si el informe de un funcionario técnico es insuficiente y no se subsana en 15 días, se archiva.

Artículo 54. Recursos

Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores del orden social caben los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan. El artículo no fija ningún recurso, plazo ni órgano concretos: se remite a lo que disponga la legislación aplicable en cada caso.

Artículo 8. Sistema Nacional de Empleo

El Sistema Nacional de Empleo lo conforman la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos; colaboran Corporaciones Locales y otras entidades. Prestar servicios de empleo es servicio público, sea quien sea quien lo haga. Sus órganos de gobernanza son la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Entre sus funciones: concretar la Estrategia mediante el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y mantener una Cartera Común de Servicios. La Agencia articula la participación autonómica en la PES Network.

Artículo 9. Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales es el órgano de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La preside la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la forman los consejeros autonómicos y de Ceuta y Melilla competentes en empleo; puede convocarse, con voz pero sin voto, a otras Administraciones y a la asociación local más representativa. Entre sus funciones: acordar la distribución de créditos a las Comunidades Autónomas, identificar colectivos prioritarios y elaborar con el Consejo General el Informe Conjunto sobre el empleo.

Artículo 10. Consejo General del Sistema Nacional de Empleo

El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo es el órgano consultivo y de participación institucional en empleo. Es tripartito: lo preside la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Empleo y lo integran un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de miembros de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las sindicales más representativas. Los votos empresariales y sindicales se ponderan para que cada representación pese lo mismo que el conjunto de ambas administraciones. Informa propuestas normativas y la planificación.

Artículo 18. Autorización para la creación de la Agencia Española de Empleo

El artículo autoriza la creación de la Agencia Española de Empleo. Las condiciones de transformación del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., en la Agencia Española de Empleo se regularán mediante Real Decreto, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la ley. La ley no crea directamente la Agencia: la autoriza y remite la transformación a una norma reglamentaria.

Artículo 19. Concepto y misión

La Agencia Española de Empleo será una entidad de derecho público de la Administración General del Estado. Se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas tanto de las políticas activas de empleo como de protección por desempleo, siempre en el marco de lo establecido en la Ley de Empleo. Conviene retener los tres verbos de su misión y que abarca las dos ramas de la política de empleo.

Artículo 20. Naturaleza y régimen jurídico

La Agencia Española de Empleo es un organismo público de la Ley 40/2015, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Como agencia estatal tiene personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad, con plan de acción anual y contrato plurianual de gestión. Se rige por la Ley 40/2015, la Ley General Presupuestaria y su estatuto. Controles: de eficacia, la Secretaría de Estado; interno, la Intervención General del Estado; externo, el Tribunal de Cuentas.

Artículo 21. Estructura organizativa

Los estatutos de la Agencia Española de Empleo concretan su estructura organizativa, con la composición, funciones, competencia y rango de cada órgano. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participan de forma tripartita y paritaria en sus órganos. Se facilita, cuando proceda, la consulta a la economía social y al trabajo autónomo. En todo caso, la estructura central tendrá un consejo rector y una comisión permanente como órganos rectores y de participación institucional.

Artículo 22. Competencias

Competencias de la Agencia Española de Empleo: proponer normas al Ministerio, elaborar y aprobar su anteproyecto de presupuesto, percibir fondos europeos, elaborar el proyecto de la Estrategia y del Plan Anual con las Comunidades, gestionar el Observatorio de las Ocupaciones, mantener bases de datos y estadísticas, gestionar programas con cargo a su reserva de crédito (dotada cada año por la Ley de Presupuestos, previo informe de la Conferencia Sectorial), gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, representar a España en EURES y coordinar los Centros de Orientación.

El SERCLA y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales: adscripción y características del sistema

El CARL se creó por la Ley 4/1983, de 27 de junio; sede en Sevilla; funciona en Pleno o Comisión Permanente. Lo integran Presidente, Secretario General y 28 miembros: 4 de la Consejería de trabajo, 10 sindicales, 10 empresariales y 4 designados por el Presidente de la Junta. Es tripartito (CEA, UGT-A, CCOO-A y Junta). El SERCLA se gestiona por adscripción funcional al CARL. Características del SERCLA: origen en acuerdo interprofesional con efectos de convenio colectivo, sistema paritario (Administración meramente instrumental), autonómico y subsidiario.

Artículo 8. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo conserva las competencias que ya tenía en políticas activas de empleo (como la formación profesional en el ámbito laboral y la intermediación laboral), trabajo y prevención de riesgos laborales, trabajo autónomo y economía social, y comercio y artesanía. Lleva además las relaciones institucionales con el Consejo Económico y Social de Andalucía. Mantiene adscritos el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y se le adscribe el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Artículo 1. Creación y naturaleza

Crea el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales como organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de la Junta de Andalucía, y se crea de conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Adscripción

El Instituto queda adscrito a la consejería competente en materia de seguridad y salud laborales. Bajo la autoridad superior del titular de esa consejería, depende de la dirección general competente en la materia, que ejerce sobre él las facultades de dirección, control y tutela que le atribuyen la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto del ordenamiento.

Artículo 3. Fines y funciones

Fines generales del Instituto: fomentar la cultura preventiva en Andalucía, analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud laborales y promover y apoyar su mejora, con especial atención a pymes, trabajadores autónomos y sectores de mayor riesgo. Sus funciones (a-n) incluyen fomento y difusión de la cultura preventiva, estudio de condiciones de trabajo y de siniestralidad, formación, campañas, foros, información y asesoramiento, investigación, seguimiento de enfermedades profesionales, recomendaciones técnicas y formación de nuevos empresarios.

Artículo 4. Régimen de colaboración

El Instituto podrá colaborar, en materias de su competencia, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los centros de prevención dependientes de la consejería de empleo, las restantes consejerías (en especial la de salud), los organismos de la Junta, sindicatos y organizaciones empresariales, los institutos y órganos técnicos de prevención de otras Comunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades públicas o privadas.

Artículo 5. Sede

Artículo 6. Órganos

El Instituto se estructura en órganos de gobierno —la Presidencia, el Consejo General y la Dirección-Gerencia— y en un órgano de asesoramiento y formación: la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 7. La Presidencia

La Presidencia del Instituto corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de seguridad y salud laborales. Sus funciones: representación legal del organismo; convocar, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones del Consejo General; suscribir contratos, convenios y resoluciones de asuntos propios, pudiendo delegar funciones o competencias; y velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos del Instituto.

Artículo 8. El Consejo General

El Consejo General es el órgano superior del Instituto: ejerce su alta dirección, lo gobierna y fija sus directrices, con participación de los agentes económicos y sociales más representativos. Lo forman la Presidencia (la del Instituto), la Vicepresidencia (titular de la dirección general competente) y 16 vocales nombrados por la Presidencia: 8 de la Junta (uno, el Director Gerente), 4 empresariales y 4 sindicales. Tiene una Secretaría con voz y sin voto, puede funcionar en Comisión Permanente y aprueba criterios, planes, borrador de presupuesto, memoria y cuentas.

Artículo 9. La Dirección-Gerencia

La Dirección-Gerencia dirige, coordina y controla las actividades del Instituto. El Director o Directora Gerente es designado y cesado por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en seguridad y salud laborales y previa consulta al Consejo General. Le corresponde ejecutar los acuerdos del Consejo General, elevarle las propuestas de planes y programas, la jefatura superior del personal, autorizar y disponer gastos, contraer obligaciones y ordenar pagos, y lo que le atribuyan los Estatutos o se le delegue.

Artículo 10. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es el órgano de asesoramiento y formación del Instituto; propone la planificación y realización de actividades de información, formación y asesoramiento en los sectores productivos que lo acuerden. La forman seis vocales nombrados por el Presidente o Presidenta: dos de la Junta (designados por la consejería), dos propuestos por las organizaciones empresariales y dos por las sindicales más representativas. Ambos sexos deben estar representados en al menos un 40 % de los miembros designados en cada caso.

Artículo 11. Programas de actuación

Para desarrollar sus funciones de información, asesoramiento y formación, el Instituto podrá establecer con las organizaciones sindicales y empresariales programas temporales de actuación, en la forma que se determine estatutariamente.

Artículo 12. Régimen jurídico-administrativo

Los actos del Instituto se rigen por la normativa reguladora de la Administración de la Junta de Andalucía y demás aplicable. Agotan la vía administrativa los actos dictados por su Presidente o Presidenta o por los órganos colegiados que preside. Contra los demás actos administrativos del Instituto cabe recurso de alzada ante su Presidente o Presidenta.

Artículo 13. Régimen de personal

El personal del Instituto podrá ser funcionario o laboral, en los mismos términos y condiciones que el resto del personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 14. Patrimonio

Para cumplir sus fines, el Instituto tiene patrimonio propio, formado por los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se le adscriban y por los que adquiera por cualquier título, conforme a la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 15. Régimen presupuestario, de contratación y de contabilidad

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del Instituto es el de la normativa de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás aplicable; su contratación, la prevista para las Administraciones Públicas. La Intervención General de la Junta de Andalucía realiza el control financiero, de legalidad, de eficacia y contable del Instituto.

Artículo 16. Recursos

Son recursos del Instituto: los créditos consignados a su nombre en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma (con programas propios específicos) y las consignaciones para sus fines; las subvenciones, aportaciones, donaciones y herencias; los créditos traspasados con funciones, programas o servicios de otras Administraciones Públicas; los ingresos ordinarios o extraordinarios que esté autorizado a percibir; y cualquier otro recurso que se le atribuya.

Artículo 1. Objeto y naturaleza del Servicio Andaluz de Empleo

Crea el Servicio Andaluz de Empleo como organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo y órgano gestor de la política de empleo de la Junta. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía administrativa y financiera para cumplir sus fines y gestionar su patrimonio y fondos. Se rige por esta Ley, sus Estatutos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2. Principios de organización y funcionamiento

La actuación del Servicio se ajusta a estos principios: igualdad de oportunidades y no discriminación; participación de los agentes sociales y económicos; transparencia del mercado de trabajo; integración, complementariedad y coordinación en la gestión; solidaridad territorial; gratuidad, universalidad y personalización; racionalización, simplificación, eficacia y eficiencia; calidad del servicio para trabajadores y empresas; fomento de la innovación en políticas activas; y colaboración y coordinación con otros organismos y Administraciones.

Artículo 3. Funciones del Servicio Andaluz de Empleo

El Servicio, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma, ejerce las competencias de empleo (fomento, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación). Funciones: elaborar los anteproyectos de los planes de empleo; planificar, gestionar, promover y evaluar los programas para el empleo; resolver convocatorias de ayudas y suscribir convenios; asistencia técnica; ejecutar acciones formativas y gestionar centros de formación para el empleo; y las demás que se le atribuyan.

Artículo 4. Competencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Corresponde al Consejo de Gobierno: aprobar los planes de empleo; establecer las directrices generales de las políticas de empleo; establecer cada año el proyecto de Presupuesto del Servicio dentro del de la Comunidad Autónoma; aprobar sus Estatutos; nombrar, a propuesta del Consejero competente en empleo, al Director Gerente y a los titulares de las Direcciones Generales que se establezcan; y las demás que le atribuya la legislación.

Artículo 5. Atribuciones de la Consejería competente en materia de empleo

Corresponde a la Consejería competente en empleo: fijar las directrices generales y criterios de actuación del Servicio; proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones generales de su materia; aprobar las Órdenes en materia de empleo; aprobar el anteproyecto del Presupuesto del Servicio; aprobar la propuesta anual de necesidades de recursos humanos para elevarla al Consejo de Gobierno; planificar, supervisar y controlar su actuación; y las demás que le atribuya el ordenamiento.

Artículo 6. Estructura de los órganos del Servicio Andaluz de Empleo

Órganos del Servicio Andaluz de Empleo: de gobierno y gestión (Presidencia, Consejo de Administración, Dirección Gerencia y, en su caso, Direcciones Generales); territoriales (Direcciones Provinciales, Comisiones Provinciales y oficinas del Servicio); y de participación (el Consejo Asesor).

Artículo 7. La Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo

La Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo corresponde a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de empleo. Funciones: representación legal del organismo; convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración; y suscribir los contratos, convenios y resoluciones de asuntos propios del Servicio.

Artículo 8. El Consejo de Administración

El Consejo de Administración lo forman el Presidente y 18 vocales nombrados por el titular de la Consejería de empleo, la mitad de la Junta: 9 de la Consejería, 4 sindicales, 4 empresariales y 1 de la FAMP. Un funcionario de categoría mínima de Jefe de Servicio es Secretario, con voz y sin voto. Aplica los criterios de actuación, elabora propuestas de planes, aprueba el borrador de anteproyecto de presupuesto, la memoria y las cuentas, y eleva propuestas al Consejero. En permanente: 9 vocales (4 Junta, 2 sindicales, 2 empresariales, 1 FAMP).

Artículo 9. La Dirección Gerencia

Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración, la Dirección Gerencia dirige, coordina, planifica y controla las actividades del Servicio. Le corresponde: ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración; la jefatura superior del personal; autorizar y disponer gastos, contraer obligaciones y ordenar pagos dentro de los límites presupuestarios; preparar y elevar al Consejo el borrador de anteproyecto de Presupuesto, planes y programas, Memoria y cuentas anuales; y lo que le atribuyan los Estatutos o se le delegue.

Artículo 10. Áreas funcionales

Artículo 11. Las Direcciones Provinciales

En cada provincia, la gestión del Servicio se realiza a través de las Direcciones Provinciales, que asumen las competencias que se les atribuyan en desarrollo de la Ley y de sus normas, representan al Servicio en su demarcación y velan por el cumplimiento de sus fines. Las desempeñan los titulares de las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de empleo.

Artículo 12. Las Comisiones Provinciales

En cada provincia existen Comisiones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, cuya composición y funciones se fijarán estatutariamente. En todo caso, las integran vocales designados por la Junta de Andalucía, por las organizaciones sindicales y empresariales que forman parte del Consejo de Administración y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Artículo 13. El Consejo Asesor

El Consejo Asesor es el órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento del Servicio. Lo forman Presidente (titular de la Viceconsejería de empleo), Vicepresidente (designado por el Presidente), 24 vocales nombrados por el titular de la Viceconsejería —6 de la Junta, 4 de la FAMP, 4 sindicales, 4 empresariales, 2 de la economía social y 4 de reconocido prestigio propuestos por el Consejo de Administración— y un Secretario, funcionario con categoría mínima de Jefe de Servicio, con voz y sin voto.

Artículo 14. Recursos económicos

El Servicio Andaluz de Empleo se financia con: los créditos que se le asignen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, con las consignaciones para sus fines; las subvenciones, aportaciones, donaciones y herencias que reciba; los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio; y los créditos traspasados con funciones y servicios de otras Administraciones Públicas que se le encomienden.

Artículo 15. Régimen presupuestario

El Servicio está sometido al régimen de presupuestos de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio; al régimen de intervención y contabilidad de los títulos V y VI de esa Ley y sus normas de desarrollo; y, en contratación, al régimen aplicable a las Administraciones Públicas conforme al Real Decreto Legislativo 2/2000.

Artículo 16. Patrimonio

El patrimonio del Servicio Andaluz de Empleo lo forman los bienes y derechos que le adscriban o cedan la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquier otra Administración pública, y cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 17. Normativa de aplicación

El régimen jurídico de los actos del Servicio Andaluz de Empleo es el establecido en el capítulo V del título III de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y en la demás normativa vigente.

Artículo 18. Régimen de recursos

Agotan la vía administrativa los actos del Servicio dictados por el Presidente o por los órganos colegiados que preside; contra ellos cabe recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó. Contra los actos de los restantes órganos procede recurso de alzada ante el Presidente del Servicio.

Artículo 19. Servicios administrativos

Para cumplir las funciones que tiene legalmente atribuidas, el Servicio Andaluz de Empleo se estructurará en los servicios administrativos que se establezcan. El artículo no enumera esos servicios: deja su determinación a lo que se establezca.

Artículo 20. Recursos humanos del Servicio Andaluz de Empleo

El personal del Servicio puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos y condiciones que el del resto de la Junta de Andalucía. Integran sus efectivos: el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma que se le adscriba o se incorpore conforme a la normativa; el de nuevo ingreso; y el procedente de la Administración General del Estado adscrito en el proceso de transferencia.