Tema 58 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social

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1. Artículo 1. Orden jurisdiccional social

   El orden social conoce de las pretensiones de la rama social del Derecho, tanto individuales como colectivas, incluidas las que versan sobre materias laborales y de Seguridad Social. También conoce de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre esas mismas materias.

2. Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social

   Enumera, de la letra a) a la t), las cuestiones de las que conoce el orden social: contrato de trabajo y de puesta a disposición (salvo lo concursal), daños laborales incluida la acción directa contra la aseguradora, sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado con sus socios trabajadores solo por la prestación de servicios, autónomos económicamente dependientes, prevención de riesgos, derechos fundamentales, conflictos colectivos, convenios y laudos, elecciones, sindicatos, prestaciones de Seguridad Social y lo atribuido por normas con rango de ley.

3. Artículo 3. Materias excluidas

   Quedan fuera del orden social, entre otras: la impugnación directa de disposiciones generales inferiores a la ley y de decretos legislativos que excedan la delegación; litigios de prevención entre empresarios coordinados y servicios de prevención; libertad sindical y huelga de funcionarios y personal estatutario; servicios mínimos en huelga, salvo la designación concreta del personal laboral; pactos aplicables a funcionarios; actos de afiliación, cotización y recaudación; responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria; y lo reservado al juez del concurso.

4. Artículo 4. Competencia funcional por conexión

   El orden social decide también las cuestiones previas y prejudiciales de otros órdenes directamente relacionadas con las suyas, salvo lo del apartado 3 y lo concursal; lo hace en la resolución que pone fin al proceso y sin efecto fuera de él. Las prejudiciales penales solo suspenden el plazo para decidir si se basan en falsedad documental y su solución es de todo punto indispensable. En ejecución, solo suspenden si la falsedad es posterior a la constitución del título ejecutivo.

5. Artículo 5. Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia

   Si el órgano aprecia falta de jurisdicción, de competencia internacional o incompetencia por materia, territorio o función, lo declara por auto indicando al demandante ante quién y cómo ejercer su derecho, o en sentencia sin entrar en el fondo. Antes oye a las partes y al Ministerio Fiscal en plazo común de tres días. El auto es recurrible; si declara la competencia, la cuestión puede plantearse otra vez en juicio y en recurso. La caducidad queda suspendida desde la demanda hasta la firmeza del auto.

6. Artículo 6. Juzgados de lo Social

   Los Juzgados de lo Social conocen en única instancia de todos los procesos del orden social, salvo los atribuidos a otros órganos en los artículos 7, 8 y 9 y en la Ley Concursal. Incluye la impugnación de actos de las letras n) y s) del artículo 2 dictados por órganos de la Administración General del Estado de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado, por las Comunidades Autónomas (salvo su Consejo de Gobierno), por las entidades locales y por cualquier otra entidad de derecho público con esas competencias.

7. Artículo 7. Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia

   Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia de los procesos de las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 que superen la circunscripción de un Juzgado sin exceder de la Comunidad Autónoma, de los despidos colectivos impugnados por los representantes en ese ámbito y de ciertos actos del Consejo de Gobierno o ministeriales. También resuelven la suplicación contra resoluciones de los Juzgados de lo Social de su circunscripción y de los jueces de lo mercantil, y las cuestiones de competencia entre esos Juzgados.

8. Artículo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional

   La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de los procesos de las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 que superen el ámbito de una Comunidad Autónoma (y de los laudos cuando le habría correspondido el asunto), de los despidos colectivos impugnados por los representantes y de otros procesos de ese mismo ámbito. Además, con independencia del ámbito territorial, conoce de los actos de Ministro o Secretario de Estado, originarios o que rectifiquen los de órganos con competencia en todo el territorio nacional.

9. Artículo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo

   La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conoce: en única instancia, de la impugnación de actos del Consejo de Ministros atribuidos al orden social; de los recursos de casación; de la revisión de sentencias firmes del orden social y de laudos arbitrales firmes en materia social; de las demandas de error judicial imputado a órganos sociales (salvo si se imputa a la propia Sala o a sus secciones, que corresponde a la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); y de las cuestiones de competencia entre órganos sociales sin otro superior jerárquico común.

10. Artículo 10. Competencia territorial de los Juzgados de lo Social

    Regla general: juzgado del lugar de prestación de servicios o del domicilio del demandado, a elección del demandante; con servicios en varias circunscripciones, el trabajador elige entre la de su domicilio, la del contrato (si allí puede citarse al demandado) o la del domicilio del demandado. Contra Administraciones empleadoras, lugar de servicios o domicilio del demandante. Fueros especiales: salarios de tramitación frente al Estado, el juzgado que dictó la sentencia de despido; sindicatos, su sede; procesos electorales, empresa o centro.

11. Artículo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia

    Atribuye la instancia entre Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia: convenios, laudos y conflictos colectivos, la de los efectos o del ámbito del convenio; sindicatos y asociaciones empresariales, la de su sede; tutela de derechos, la del lugar de la lesión. Si los efectos alcanzan a varias Salas sin salir de la Comunidad, decide el reparto aprobado por la Sala de Gobierno. Actos del Consejo de Gobierno, la Sala de su sede; de Ministro o Secretario de Estado, la de la sede del órgano o, con destinatario individual, la del domicilio del demandante.

12. Artículo 12. Régimen legal

    Los conflictos de competencia que enfrentan a órganos jurisdiccionales del orden social con órganos de otros órdenes de la jurisdicción no se regulan en esta ley: se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

13. Artículo 13. Cuestiones de competencia

    No pueden suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí, y en ese punto se está a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos del orden social las decide el inmediato superior común.

14. Artículo 14. Tramitación de las cuestiones de competencia

    Las cuestiones de competencia se tramitan conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con dos reglas propias: las declinatorias se proponen como excepciones y se resuelven previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos; y si se estima la declinatoria, el demandante puede presentar su demanda ante el órgano territorialmente competente, con la caducidad suspendida desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme.

15. Artículo 15. Régimen legal y procedimiento

    Las causas de abstención y recusación son las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el procedimiento, el de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La recusación se propone en instancia antes de los actos de conciliación y juicio y, en recursos, antes del día de votación y fallo o de la vista; no suspende la ejecución. Instruye, según el recusado, un Magistrado de su Sala por turno de antigüedad o uno de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia; y decide la Sala o Sección que corresponda según el apartado 3.

16. Artículo 16. Capacidad procesal y representación

    Comparecen en juicio quienes estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Los trabajadores de 16 y 17 años tienen capacidad procesal en lo derivado de su contrato y de la Seguridad Social si no necesitan autorización para contratar o ya la obtuvieron; también en derechos sindicales, de representación e impugnación de actos administrativos. Los TRADE mayores de 16 años también la tienen. Por los incapaces, personas jurídicas, entes sin personalidad, patrimonios separados y comunidades de bienes comparecen sus representantes o gestores.

17. Artículo 17. Legitimación

    Pueden accionar los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo. Sindicatos y asociaciones empresariales defienden sus intereses propios; los sindicatos con implantación suficiente y vínculo con el objeto, los intereses colectivos. Las organizaciones de autónomos defienden sus acuerdos de interés profesional; el Ministerio Fiscal interviene en los supuestos de la Ley. En discriminación LGTBI actúan, con autorización expresa, diversas organizaciones; si los afectados son indeterminados, solo las entidades listadas; en acoso, solo la persona acosada. Se recurre por gravamen o perjuicio.

18. Artículo 18. Intervención en el juicio

    Las partes pueden comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. El poder se otorga por comparecencia ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, por el registro electrónico de apoderamientos apud acta o por escritura pública. Si se otorga a abogado, se siguen los trámites del artículo 21.2.

19. Artículo 19. Presentación de la demanda y pluralidad de actores o demandados

    La demanda puede presentarse individual o conjuntamente; si se admite, equivale a acumular salvo que las acciones no sean acumulables. Si demandan juntos más de diez actores deben designar representante común (abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato). Si por acumulación hay más de diez actores, o hay más de diez demandados sin intereses contrapuestos, se les cita a comparecer en cuatro días para nombrarlo. Cualquiera puede justificar comparecer por sí o con representante propio.

20. Artículo 20. Representación por los sindicatos

    Los sindicatos pueden actuar en nombre e interés de trabajadores, funcionarios y personal estatutario afiliados que lo autoricen, para defender sus derechos individuales. En la demanda acreditan la afiliación y la comunicación al afiliado; la autorización se presume salvo declaración en contrario. Si el afiliado declara en la oficina judicial que no recibió la comunicación o negó la autorización, el juez, oído el sindicato, archiva sin más trámite. Los sindicatos están exentos de depósitos y consignaciones y gozan de justicia gratuita al ejercitar un interés colectivo.

21. Artículo 21. Intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador

    En la instancia, la defensa por abogado y la representación por graduado social son facultativas. En suplicación hay que estar defendido por abogado o representado por graduado social colegiado; en casación y ante el Tribunal Supremo la defensa de abogado es preceptiva. El demandante anuncia en la demanda si irá con profesional; el demandado, por escrito en dos días desde su citación, y el actor puede entonces designar en otros dos días. El turno de oficio suspende la caducidad e interrumpe la prescripción.

22. Artículo 22. Representación y defensa del Estado

    La representación y defensa del Estado y demás entes del sector público se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas y demás normas aplicables. La de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corresponde a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, aunque en casos determinados puede conferirse según el artículo 18 o designarse abogado.

23. Artículo 23. Intervención del Fondo de Garantía Salarial

    El FOGASA puede comparecer como parte en cualquier fase si pueden derivarse prestaciones de garantía salarial; con empresas concursadas, insolventes o desaparecidas se le cita como parte. Tiene plenas facultades y es parte en los arbitrajes. Debe alegar todos sus motivos de oposición. La reclamación extrajudicial o el reconocimiento de deuda no interrumpen la prescripción frente a él, salvo que el reconocimiento sea ante un servicio de mediación, arbitraje o conciliación o en acta de conciliación judicial. Si fue emplazado preceptivamente, la sentencia le vincula.

24. Artículo 24. Pago de prestaciones por el Fondo de Garantía Salarial y subrogación en los derechos y acciones de los trabajadores

    Si el FOGASA pagó antes de iniciarse la ejecución, al instarla por subrogación debe acreditar fehacientemente el abono y que corresponde a lo reconocido en el título. Despachada la ejecución, el secretario judicial dicta decreto que hace constar la subrogación y se notifica a los trabajadores o sus representantes, que pueden constituirse como ejecutantes en quince días por lo no satisfecho. Lo obtenido se prorratea entre el Fondo y los trabajadores en proporción a sus créditos.

25. Artículo 63. Conciliación o mediación previas

    Antes de tramitar el proceso hay que intentar la conciliación o, en su caso, la mediación, ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, que puede crearse mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, o mediante acuerdos de interés profesional de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo.

26. Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previas

    No exigen conciliación o mediación previa, entre otros, los procesos con vía administrativa previa, Seguridad Social, despido colectivo impugnado por los representantes, vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial, suspensión y reducción de jornada por causas ETOP o fuerza mayor, monitorios, conciliación familiar, oficio, convenios, estatutos sindicales, derechos fundamentales, laudos, acuerdos de conciliación, trabajo a distancia y violencia de género. Tampoco si representa un letrado público o hay que ampliar la demanda a otras personas.

27. Artículo 65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los laudos arbitrales

    La solicitud de conciliación o mediación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad; el cómputo se reanuda al día siguiente del intento o a los quince días hábiles sin celebrarse. A los treinta días hábiles sin acto o sin acuerdo se tiene por cumplido el trámite. El compromiso arbitral también suspende e interrumpe; la caducidad se reanuda con la firmeza del laudo o de la sentencia de anulación. Los laudos se impugnan por el procedimiento ordinario en treinta días hábiles desde su notificación; el FOGASA y terceros, por ilegalidad o lesividad.

28. Artículo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de mediación

    Asistir a la conciliación o mediación es obligatorio. Quien comparece sin profesional aporta teléfono, correo u otro medio telemático para notificaciones. Si no comparece el solicitante sin justa causa, se tiene por no presentada la papeleta y se archiva. Si no comparece la otra parte, se hace constar, se tiene por intentada sin efecto y el juez o tribunal le impondrá las costas, incluidos honorarios del letrado o graduado social contrario hasta seiscientos euros, si la sentencia coincide esencialmente con la papeleta.

29. Artículo 67. Impugnación del acuerdo de conciliación o de mediación

    El acuerdo de conciliación o mediación puede impugnarse ante el juzgado o tribunal que habría conocido del asunto: por las partes, con la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, y por los posibles perjudicados, por ilegalidad o lesividad. La acción caduca a los treinta días hábiles, sin contar sábados, domingos y festivos, desde el día siguiente a la adopción del acuerdo; para los perjudicados, desde que pudieran conocerlo.

30. Artículo 68. Ejecutividad del acuerdo de conciliación o de mediación y de los laudos arbitrales firmes

    Lo acordado en conciliación o mediación es título ejecutivo sin necesidad de ratificarlo ante el juez y se ejecuta por los trámites del Libro Cuarto. Se equiparan a sentencias firmes, a efectos de ejecución definitiva, los laudos arbitrales firmes de órganos creados por acuerdos interprofesionales o convenios colectivos, los de acuerdos de interés profesional de los TRADE, los electorales, los que ponen fin a huelgas o conflictos colectivos y otros del orden social, solo en sus pronunciamientos de condena ejecutables y no en los de eficacia normativa o interpretativa.

31. Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social

    Para demandar al Estado, comunidades autónomas, entidades locales y sus entes públicos dependientes hay que agotar antes la vía administrativa, cuando proceda. La notificación debe contener el texto íntegro, si es definitiva, los recursos, el órgano y el plazo; si falta algún requisito, los plazos quedan suspendidos o interrumpidos hasta que el interesado muestre conocerla o recurra. Agotada la vía, se demanda en dos meses; en despido y acciones sujetas a caducidad, en veinte días hábiles o el plazo especial.

32. Artículo 70. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa

    Para demandar por tutela de derechos fundamentales frente a actos de las Administraciones públicas en materia laboral y sindical no hay que agotar la vía administrativa. El plazo es de veinte días desde el siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo para resolver. Si la lesión viene de inactividad o vía de hecho, o se interpuso un recurso administrativo potestativo, esos veinte días empiezan tras otros veinte desde la reclamación o desde la presentación del recurso.

33. Artículo 71. Reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social

    Para demandar en materia de prestaciones de Seguridad Social hay que interponer reclamación previa ante la Entidad gestora, salvo en la impugnación del alta médica al agotarse los 365 días de incapacidad temporal. Se presenta ante el órgano que resolvió, en treinta días (once en altas médicas). Si resolvió una entidad colaboradora, ante ella si tiene competencia o, si no, ante la Entidad gestora. La Entidad contesta en cuarenta y cinco días (siete en altas médicas); si no, se entiende denegada. La demanda se presenta en treinta días (veinte en altas médicas).

34. Artículo 72. Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa

    En el proceso las partes no pueden introducir variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de lo planteado en el procedimiento administrativo, en la reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o en el recurso que agotó la vía administrativa. Solo se exceptúan los hechos nuevos o los que no hubieran podido conocerse antes.

35. Artículo 73. Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social

    La reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social interrumpe los plazos de prescripción y suspende los de caducidad. Los de caducidad se reanudan al día siguiente de la notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada la reclamación.

36. Artículo 74. Principios del proceso

    Los jueces y tribunales del orden social, y los secretarios judiciales en la ordenación del procedimiento y demás competencias del artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretan y aplican las normas del proceso social ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad. Esos mismos principios orientan las modalidades procesales de la Ley.

37. Artículo 75. Deberes procesales de las partes

    Los órganos judiciales rechazan de oficio las peticiones dilatorias o abusivas y corrigen el fraude procesal. Los terceros deben cumplir lo que ordenen los jueces para garantizar los derechos de las partes. El daño económico se reclama ante el juzgado del asunto. Por mala fe o pretensiones temerarias se puede imponer por auto una multa de seiscientos a seis mil euros, sin superar la tercera parte de la cuantía del litigio; cabe pedir audiencia en justicia en tres días y recurso de alzada en cinco ante la Sala de Gobierno.

38. Artículo 76. Solicitud de actos preparatorios y diligencias preliminares

    Quien vaya a demandar puede pedir al juez que el futuro demandado declare sobre hechos de su personalidad, capacidad, representación o legitimación o aporte documentos, y que se determinen los socios o gestores de entidades sin personalidad, el empresario y su grupo, los concurrentes en un daño y la cobertura del riesgo. Cabe preparar procesos colectivos concretando a los afectados. La Inspección de Trabajo puede pedir autorización judicial si el centro coincide con el domicilio del afectado y este se opone. La denegación no es recurrible, salvo con la sentencia.

39. Artículo 77. Exhibición previa de documentos

    Si examinar libros, cuentas u otros documentos es imprescindible para fundamentar la demanda o la oposición, quien vaya a demandar o prevea ser demandado puede pedir al órgano judicial su comunicación. Con documentos contables puede acudir asesorado por un experto, sujeto al secreto de la contabilidad, cuyas costas paga quien lo contrata. El juez resuelve por auto dentro del segundo día, del modo menos gravoso y sin que la documentación salga del poder de su titular. Durante el proceso puede pedirse con la antelación del artículo 90.3.

40. Artículo 78. Causas y normas aplicables a la anticipación de la prueba

    Antes del proceso, quien vaya a demandar o prevea ser demandado puede pedir al juez o tribunal la práctica anticipada de una prueba si hay temor fundado de que no pueda hacerse en su momento o presente graves dificultades, incluido el examen de testigos de edad avanzada, en peligro inminente para su vida o próximos a ausentarse. Iniciado el proceso, cualquier parte puede pedirla, sin suspender el juicio, conforme a los artículos 293 a 297 y 298.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La denegación no es recurrible, salvo contra la sentencia.

41. Artículo 79. Régimen aplicable para la adopción de medidas cautelares

    Las medidas cautelares se rigen por los artículos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil adaptados al proceso social y oídas las partes, aunque puede anticiparse su efectividad por urgencia; si se impugnan actos administrativos, por los artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998. Trabajadores, beneficiarios, sindicatos y asociaciones de autónomos dependientes no prestan cauciones. Cabe embargo preventivo, de oficio o a instancia de parte o del Fondo de Garantía Salarial, solicitable hasta la sentencia sin suspender las actuaciones.

42. Artículo 80. Forma y contenido de la demanda

    La demanda es escrita (puede usarse el formulario de la oficina judicial) y contiene: órgano y modalidad procesal; identificación del demandante con su documento y de los demás interesados con sus domicilios; hechos claros y concretos, sin añadir otros distintos de los de conciliación o mediación salvo los nuevos o desconocidos; súplica; domicilio para comunicaciones si litiga por sí mismo, o firma del profesional que lo represente; y fecha y firma. Se acompaña la justificación de la conciliación o mediación o del agotamiento de la vía administrativa, y los documentos preceptivos.

43. Artículo 81. Admisión de la demanda

    El letrado de la Administración de Justicia, en tres días desde la recepción, requiere a partes y Fiscal si aprecia falta de jurisdicción o competencia, y da cuenta al juez. Si no, admite la demanda y señala juicio, o advierte de defectos para subsanar en cuatro días; sin subsanación, el juez decide en tres días. Si falta la acreditación de la conciliación o mediación previa, admite y señala, pero da quince días para acreditarla, con apercibimiento de archivo. Requiere al demandado para designar profesional en dos días.

44. Artículo 82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio

    Al admitir la demanda, el letrado de la Administración de Justicia señala conciliación y juicio con un mínimo de diez días entre citación y celebración, salvo otra previsión legal o nuevo señalamiento. La conciliación se celebra ante él y el juicio ante el juez; la conciliación anticipada, desde diez días tras la admisión y al menos treinta antes del juicio. La mediación no suspende la comparecencia salvo petición común y máximo quince días. La prueba documental o pericial se traslada con diez días de antelación; la Abogacía del Estado y similares tienen veintidós días de consulta.

45. Artículo 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio

    Solo a petición de ambas partes o por motivos justificados acreditados ante el secretario judicial puede este suspender, una sola vez, la conciliación y el juicio, con nuevo señalamiento dentro de los diez días siguientes; excepcionalmente cabe una segunda suspensión. Si el actor no comparece sin justa causa, se le tiene por desistido (en conciliación lo declara el secretario; en juicio, el juez). La ausencia injustificada del demandado a la conciliación no impide celebrar los actos, sin declarar su rebeldía.

46. Artículo 84. Celebración del acto de conciliación

    El letrado de la Administración de Justicia intenta la conciliación y, con avenencia, la aprueba por decreto y archiva; también aprueba los acuerdos previos al juicio. Con acuerdo firmado digitalmente, decreto en tres días como máximo; si no, comparecencia en cinco días. Tiene valor de conciliación judicial. No aprueba acuerdos lesivos, fraudulentos, abusivos o contrarios al interés público. Ya en juicio, aprueba el acuerdo el juez. Se ejecuta como las sentencias. La impugnación caduca a los treinta días de la celebración; para terceros, desde que pudieron conocerlo.

47. Artículo 85. Celebración del juicio

    Al inicio del juicio se resuelven oralmente las cuestiones previas e incidencias, y las que plantee el juez sobre competencia o presupuestos. El demandante ratifica o amplía la demanda sin variarla sustancialmente; el demandado contesta y opone excepciones. Solo cabe reconvención anunciada en la conciliación o reclamación previa; no se admite si el órgano no es competente, la modalidad es distinta y no acumulable o falta conexión. La compensación de deudas vencidas y exigibles no exige reconvención. Se fijan los hechos conformes y disconformes, y el allanamiento se aprueba con límites.

48. Artículo 86. Prejudicialidad penal y social

    Seguir una causa criminal sobre los hechos debatidos no suspende en ningún caso el proceso social. Si se alega la falsedad de un documento de notoria influencia, el juicio continúa hasta el final y, si el juez lo considera decisivo, suspende las actuaciones posteriores y da ocho días para acreditar la querella; la suspensión dura hasta sentencia o sobreseimiento penal. Otra absolución penal por inexistencia del hecho o no participación abre la revisión. Otro proceso social no suspende salvo previsión legal o litispendencia, o petición de ambas partes.

49. Artículo 86 bis. Procedimiento testigo

    Si ante un mismo órgano hay varios procesos con idéntico objeto y la misma parte demandada que no puedan acumularse, debe tramitar preferentemente uno o varios, según el orden de presentación de las demandas, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, y suspender los demás hasta que se dicte sentencia en aquellos. Firme la sentencia, se notifica en los procesos suspendidos y los demandantes, en cinco días, pueden pedir la extensión de efectos del artículo 247 ter, la continuación del procedimiento o desistir.

50. Artículo 87. Práctica de la prueba en el acto de juicio

    Se admiten las pruebas útiles y pertinentes sobre hechos no conformes que puedan practicarse en el acto; si exigen salir del local, solo si son imprescindibles. El juez decide la pertinencia y la parte puede protestar la inadmisión, que consta en acta. Juez, partes y defensores pueden preguntar a partes, peritos y testigos, y el juez puede someter a alegaciones cuestiones apreciables de oficio. Tras la prueba, conclusiones orales concretas y con cantidades líquidas. Con prueba documental o pericial de extraordinario volumen o complejidad, cabe conclusiones escritas en tres días.

51. Artículo 88. Diligencias finales

    Terminado el juicio y dentro del plazo para dictar sentencia, el juez puede acordar como diligencias finales las pruebas necesarias, con intervención de las partes. Fija un plazo de práctica no superior a veinte días o señala comparecencia; sin comparecencia, el resultado se pone de manifiesto tres días para alegaciones. Si no se practica en plazo, nuevo plazo no superior a diez días y, si tampoco, autos conclusos para sentencia previa audiencia. Si la parte no comparece al interrogatorio o no aporta el documento sin causa, pueden tenerse por probadas las alegaciones contrarias.

52. Artículo 89. Documentación del acto de juicio

    El juicio y las actuaciones orales se graban conforme a los artículos 146 y 147 de la Ley 1/2000; la oficina judicial incorpora la grabación al expediente electrónico o, si no lo hay, la custodia el letrado de la Administración de Justicia. Con firma electrónica u otra garantía, este no necesita estar en sala, salvo petición de las partes al menos dos días antes o necesidad excepcional. Sin esas garantías, acta con datos mínimos; sin medios de registro, acta de cada sesión, por medios informáticos salvo carencia, firmada por juez, partes y secretario.

53. Artículo 90. Preparación y admisibilidad de los medios de prueba

    Las partes pueden usar cualquier medio de prueba legal, incluida la reproducción de palabra, imagen y sonido o de datos, aportando soporte y medios de reproducción. No se admiten pruebas obtenidas violando derechos fundamentales; contra lo resuelto sobre ello solo cabe reposición, resuelta oralmente en el acto. Las diligencias de preparación se piden al menos diez días antes del juicio, o tres si el señalamiento es más breve. El acceso a documentos que afecten a la intimidad exige auto y juicio de proporcionalidad. La negativa injustificada del afectado puede valorarse en la sentencia.

54. Artículo 91. Interrogatorio de las partes

    Las preguntas del interrogatorio de parte se proponen verbalmente, sin pliegos. Si el citado no comparece sin justa causa, se niega a declarar o no responde, pueden tenerse por ciertos los hechos en que intervino personalmente y que le perjudiquen. Las personas jurídicas privadas declaran por su representante legal, que debe aportar a quien conozca los hechos si él no intervino. Administradores, gerentes o directivos declaran dentro del interrogatorio de la empresa, salvo que el juez acuerde oírlos como testigos.

55. Artículo 92. Interrogatorio de testigos

    No se admiten escritos de preguntas y repreguntas a testigos, y el órgano judicial puede limitar discrecionalmente su número si es excesivo y sus declaraciones serían inútil reiteración. Los testigos no pueden ser tachados: solo en conclusiones las partes pueden hacer observaciones sobre sus circunstancias personales y su veracidad. Los vinculados por parentesco, afectividad o interés con empresario, trabajador o beneficiario solo pueden proponerse si su testimonio tiene utilidad directa y presencial y no hay otros medios de prueba.

56. Artículo 93. Prueba pericial

    La prueba pericial se practica en el acto del juicio: los peritos presentan su informe y lo ratifican. No necesitan ratificación los informes, las actuaciones de expedientes ni la demás documentación administrativa de aportación preceptiva según la modalidad procesal. El órgano judicial, de oficio o a petición de parte, puede requerir la intervención de un médico forense cuando su informe sea necesario por las circunstancias del caso, la especialidad requerida y los reconocimientos e informes previos.

57. Artículo 94. Prueba documental

    La prueba documental se aporta adecuadamente presentada, ordenada y numerada, y se da traslado de ella a las partes en el acto del juicio para su examen. Los documentos y medios de certeza en poder de las partes deben aportarse si la contraria los propuso y el juez los admitió, o si el juez requirió su aportación; si no se presentan sin causa justificada, pueden estimarse probadas las alegaciones de la contraria sobre esa prueba.

58. Artículo 95. Informes de expertos

    El juez puede oír a expertos en el juicio o como diligencia final; recabar informe de la comisión paritaria si se discute la interpretación de un convenio; pedir dictamen a organismos públicos en cuestiones de discriminación por sexo, orientación sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad o acoso; y en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, informe de la Inspección y de organismos de prevención. Una parte puede pedir que una persona jurídica o entidad pública informe por escrito en los diez días anteriores al juicio.

59. Artículo 96. Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo

    Discriminación o lesión de derechos fundamentales: si de las alegaciones del actor se deducen indicios fundados, el demandado debe aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas y de su proporcionalidad. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: los deudores de seguridad y concurrentes prueban que adoptaron las medidas para prevenir o evitar el riesgo y cualquier factor excluyente o minorador. No exonera la culpa no temeraria del trabajador ni la del ejercicio habitual del trabajo o la confianza que inspira.

60. Artículo 97. Forma de la sentencia

    Sentencia en cinco días, publicada de inmediato y notificada en los dos días siguientes, con hechos probados razonados y fallo fundado. Puede imponer, motivadamente, sanción pecuniaria (límites del art. 75.4) a quien faltó sin causa a conciliación o mediación, obró con mala fe o temeridad, o cuando la condena coincide con la papeleta; si el condenado es el empresario, paga además honorarios contrarios hasta 600 euros. De oficio tras el juicio, dos días para alegar. Indicará firmeza, recursos, órgano, plazo, requisitos, depósitos y consignaciones.

61. Artículo 98. Principio de inmediación

    Principio de inmediación: si el juez que presidió el acto del juicio no puede dictar sentencia, el juicio debe celebrarse otra vez. Para las Salas de lo Social, el artículo no da regla propia y remite a lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

62. Artículo 99. Prohibición de reservas de liquidación

    Si la sentencia condena al pago de una cantidad, el juez o tribunal debe fijarla expresamente en ella: nunca puede dejar su determinación para la ejecución. Excepción: cuando se reclaman prestaciones o cantidades periódicas, la sentencia puede condenar también a pagar las que se devenguen después de dictarse.

63. Artículo 100. Salarios por asistencia a actos procesales

    El empresario debe pagar al demandante que comparezca personalmente los salarios del tiempo necesario para asistir a conciliación y juicio, a cualquier comparecencia judicial y, en su caso, a la conciliación o mediación previa. No los paga en dos casos: cuando era preceptivo otorgar representación conforme al artículo 19 y no se requirió su asistencia personal, o cuando se declaró que el demandante obró con mala fe o temeridad.

64. Artículo 101. Proceso monitorio

    Monitorio: cantidades vencidas, exigibles y determinadas de la relación laboral, hasta 15.000 euros, frente a empresarios no concursados (no colectivas ni contra gestoras o colaboradoras). El letrado de la Administración de Justicia comprueba, da 4 días para subsanar y requiere pagar u oponerse en 10 días; el FOGASA, igual plazo ampliable 10 más. Sin pago ni oposición, el letrado dicta decreto de terminación y el actor pide ejecución. Con oposición, el actor alega en 3 días; sin vista resuelve el juez, con vista se sigue el ordinario.

65. Artículo 102. Modalidades procesales

    Las modalidades procesales se rigen supletoriamente por el proceso ordinario. Se sigue la modalidad expresada en la demanda, pero si en cualquier momento se advierte que es inadecuada se reconduce a la que corresponda, con su régimen de recursos; solo cabe sobreseer o absolver en la instancia si no puede completarse la tramitación o el actor persiste en la modalidad inadecuada. Las acciones del autónomo económicamente dependiente van por el ordinario o la modalidad adecuada, con el plazo de esta y, en su defecto, prescripción de un año desde que pudieran ejercitarse.

66. Artículo 103. Presentación de la demanda por despido

    Se reclama contra el despido en los 20 días hábiles siguientes; es plazo de caducidad a todos los efectos y no cuentan sábados, domingos ni festivos en la sede del órgano. Si se demandó por error a quien no era el empresario, se puede demandar de nuevo al verdadero o ampliar la demanda (si no hubo juicio) y la caducidad no empieza hasta que conste quién es. Si la empresa no tramitó la baja en la TGSS, el procedimiento es urgente y preferente: vista en 5 días desde la admisión y sentencia en 5 días; igual para la extinción por la causa del art. 50.1.b) ET.

67. Artículo 104. Requisitos de la demanda por despido

    Además de los requisitos generales, la demanda por despido incluye: a) antigüedad con periodos, categoría, salario, tiempo y forma de pago, lugar, modalidad y duración del contrato, jornada y particularidades del trabajo; b) fecha de efectividad, forma y hechos alegados por el empresario, con la comunicación o mención de su contenido; c) si es o fue en el año anterior representante legal o sindical y otras circunstancias para nulidad, improcedencia u opción; d) afiliación sindical, si alega improcedencia por falta de audiencia previa a delegados sindicales.

68. Artículo 105. Posición de las partes

    En el juicio por despido, ratificada en su caso la demanda, el demandado expone primero sus posiciones en alegaciones, prueba y conclusiones, y le corresponde probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido. Para justificar el despido no se le admiten en juicio otros motivos de oposición que los que figuraban en la comunicación escrita del despido.

69. Artículo 106. Garantías del proceso

    En los supuestos del apartado 1 del artículo 32 se respetan las garantías de alegaciones, prueba y conclusiones del proceso de despido disciplinario. Y cuando se despide a miembros del comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales, la empresa demandada debe aportar el expediente contradictorio legalmente exigido.

70. Artículo 107. Hechos probados

    Los hechos probados de la sentencia de despido deben recoger: a) antigüedad con los periodos trabajados, categoría, salario, tiempo y forma de pago, lugar de trabajo, modalidad y duración del contrato, jornada y particularidades del trabajo; b) fecha y forma del despido, causas invocadas y hechos acreditados sobre ellas; c) si el trabajador es o fue en el año anterior delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical, y cualquier otra circunstancia relevante para nulidad, improcedencia u opción.

71. Artículo 108. Calificación del despido por la sentencia

    El fallo califica el despido como procedente (se acredita el incumplimiento de la comunicación), improcedente (en otro caso o por defectos de forma del art. 55.1 ET) o nulo (casos del art. 55.5 ET). Si los hechos son falta menor no prescrita, el juez puede autorizar una sanción adecuada: el empresario la impone en 10 días de caducidad desde la firmeza, previa readmisión en debida forma; el trabajador la impugna en 20 días de caducidad desde su notificación, por incidente de ejecución. Si el móvil es nulo, el juez se pronuncia sea cual sea la forma.

72. Artículo 109. Efectos del despido procedente

    Si la sentencia estima procedente el despido, declara convalidada la extinción del contrato que el despido produjo. El trabajador no tiene derecho ni a indemnización ni a salarios de tramitación.

73. Artículo 110. Efectos del despido improcedente

    Improcedente: readmisión en las mismas condiciones con salarios de tramitación o, a elección del empresario, indemnización. La opción puede anticiparse en el juicio; si la readmisión no es realizable, a solicitud del actor se tiene por hecha la indemnización, calculada hasta la sentencia; en relaciones especiales, su norma. Si es representante legal o sindical, opta el trabajador. Se opta en 5 días desde la notificación, sin esperar a la firmeza. Improcedencia por forma y readmisión: nuevo despido en 7 días, que no subsana el primero.

74. Artículo 111. Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido

    Recurrida la improcedencia: si se optó por readmitir, readmisión provisional (art. 297) recurra quien recurra; si por indemnizar, no hay readmisión mientras pende el recurso y el trabajador está en desempleo involuntario. Si el recurso del trabajador eleva la indemnización, el empresario puede cambiar de opción en 5 días; la readmisión retrotrae efectos a la primera elección, descontando el desempleo cobrado, y ese periodo es ocupación cotizada. Nulidad en el recurso: opción no hecha; confirmación: inalterable.

75. Artículo 112. Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores

    Recurrida la improcedencia del despido de un representante: si optó por readmitir, art. 297 recurra quien recurra; si por indemnización, ni readmisión ni salarios mientras pende el recurso, y queda en desempleo involuntario. Si el recurso del empresario reduce la indemnización, el trabajador puede cambiar su opción en 5 días; la readmisión retrotrae efectos a la primera elección, descontando el desempleo cobrado, y ese periodo es ocupación cotizada. Nulidad en el recurso: opción no hecha; confirmación: inalterable.

76. Artículo 113. Efectos de la declaración de nulidad del despido

    Si el despido se declara nulo, se condena a la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia se ejecuta provisionalmente conforme al artículo 297, tanto si la recurre el empresario como si la recurre el trabajador.

77. Artículo 114. Impugnación de sanciones

    El trabajador impugna la sanción mediante demanda en el plazo del artículo 103. Si la sanción por falta grave o muy grave afecta a un representante legal o sindical, la empresa debe aportar el expediente contradictorio. El empresario prueba la realidad de los hechos imputados y su entidad, y no puede oponer motivos distintos de los alegados al sancionar. Alegaciones, pruebas y conclusiones siguen el orden del despido disciplinario.

78. Artículo 115. Contenido de la sentencia

    La sentencia confirma la sanción si constan la forma, los hechos y su entidad; la revoca totalmente si no se prueban o no son falta, con abono de salarios; la revoca en parte si la falta es de menor entidad y no había prescrito, y el juez puede autorizar en diez días una sanción adecuada, revisable en veinte; o la declara nula por defectos formales graves, discriminación, lesión de derechos fundamentales, sanción prohibida o no tipificada. Es nula la sanción grave a un representante sin oír a la representación. Solo cabe recurso en faltas muy graves apreciadas judicialmente.

79. Artículo 116. Reclamación del pago de salarios de tramitación

    Si desde que se tuvo por presentada la demanda por despido hasta la sentencia que por primera vez declare su improcedencia pasan más de noventa días hábiles, el empresario, firme la sentencia, puede reclamar al Estado los salarios de tramitación pagados que excedan de ese plazo. Si el empresario está en insolvencia provisional, el trabajador puede reclamarlos directamente al Estado.

80. Artículo 117. Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial

    Para demandar al Estado por salarios de tramitación hay que reclamar antes en vía administrativa; contra la denegación, el empresario o el trabajador demandan ante el juzgado que conoció del despido en la instancia, con copia de la resolución denegatoria o de la solicitud. La prescripción es la del artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores y corre, para el empresario, desde que abona los salarios y, para el trabajador, desde la notificación del auto que declara la insolvencia del empresario.

81. Artículo 118. Celebración del acto de juicio

    Admitida la demanda contra el Estado por salarios de tramitación, se señala el juicio en los cinco días siguientes y se cita al trabajador, al empresario y al abogado del Estado, sin suspender el procedimiento para que este eleve consulta. El juicio versa solo sobre la procedencia y cuantía de la reclamación, y no se admiten pruebas para revisar lo declarado probado en la sentencia de despido.

82. Artículo 119. Cómputo del tiempo

    Para calcular el exceso de tiempo que paga el Estado se excluyen: el tiempo de subsanación de la demanda (por no acreditar la conciliación, mediación o reclamación previa, o por defectos), la suspensión de los autos a petición de parte por suspensión del juicio y la suspensión para acreditar la querella por falsedad documental. En esos casos el juez decide si esos salarios los paga el Estado o el empresario, y excepcionalmente puede privar de ellos al trabajador por manifiesto abuso de derecho.

83. Artículo 120. Tramitación

    Los procesos por extinción del contrato por causas objetivas siguen las normas del capítulo de los procesos por despidos y sanciones, con las especialidades de los artículos siguientes. Cuando la extinción es la del artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, el procedimiento es urgente y tiene tramitación preferente.

84. Artículo 121. Plazo de ejercicio de la acción. Carga de la prueba

    La acción contra la extinción por causas objetivas se ejercita en veinte días, contados siempre desde el día siguiente a la fecha de extinción, aunque el trabajador puede adelantarla desde que recibe el preaviso. Cobrar la indemnización ofrecida o usar el permiso para buscar empleo no impide demandar ni implica conformidad. Si el trabajador con contrato de fomento de la contratación indefinida alega que la causa real es disciplinaria, a él le corresponde probarlo.

85. Artículo 122. Calificación de la extinción del contrato

    La extinción por causas objetivas es procedente si el empresario cumplió la forma y acredita la causa indicada en la comunicación escrita; si no la acredita, es improcedente. Es nula en los supuestos del artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores y cuando elude en fraude de ley las normas del despido colectivo. Es improcedente si no se cumplen los requisitos del artículo 53.1, pero no conceder el preaviso o errar excusablemente en la indemnización no la hace improcedente, aunque obliga a pagar esos salarios o la indemnización correcta.

86. Artículo 123. Efectos de la sentencia

    Si la extinción por causas objetivas es procedente, se declara extinguido el contrato y se condena, en su caso, a pagar las diferencias de indemnización y los salarios del preaviso incumplido. Si es improcedente o nula, se condena como en el despido disciplinario, sin descontar los salarios de tramitación de los del preaviso. Si procede la readmisión, el trabajador reintegra la indemnización cuando la sentencia sea firme, y el juez acuerda, en su caso, la compensación entre la indemnización percibida y la fijada.

87. Artículo 124. Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor

    Los representantes legales (y los sindicales con implantación suficiente) pueden impugnar el despido colectivo por falta de causa, falta de consultas o documentación, fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, o vulneración de derechos fundamentales; no por prioridades de permanencia. Plazo de caducidad: veinte días desde el acuerdo o la notificación. Si nadie impugna, el empresario puede demandar en otros veinte días. No exige conciliación previa. Es urgente y preferente salvo frente a la tutela de derechos fundamentales; juicio en quince días, sentencia en cinco y casación ordinaria.

88. Artículo 125. Fijación de vacaciones

    Para fijar la fecha de vacaciones: si está fijada por convenio, por acuerdo con los representantes o unilateralmente por el empresario, el trabajador tiene veinte días desde que la conoce para demandar ante el Juzgado de lo Social. Si no hay fecha, la demanda se presenta al menos dos meses antes de la fecha pretendida. Fijar las fechas durante el proceso no lo interrumpe. Si se discuten preferencias de otros trabajadores, también se les demanda.

89. Artículo 126. Urgencia del procedimiento

    El procedimiento de vacaciones es urgente y de tramitación preferente. El secretario judicial señala la vista dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia se dicta en tres días y no tiene recurso.

90. Artículo 127. Supuestos, legitimación y plazo

    Los laudos arbitrales del artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores se impugnan por este proceso. Ese arbitraje abarca todas las impugnaciones del proceso electoral desde su promoción, incluida la comunicación a la oficina pública, las actuaciones antes y después de constituirse la Mesa, sus decisiones y la atribución de resultados, hasta que las actas entran en la oficina pública. Pueden impugnar quienes tengan interés legítimo, también la empresa, en tres días desde que conocieron el laudo.

91. Artículo 128. Fundamento de la demanda

    La demanda contra el laudo electoral solo puede fundarse en: indebida apreciación o no apreciación de las causas del artículo 76.2 del Estatuto de los Trabajadores alegadas por el promotor en el arbitraje; haber resuelto aspectos no sometidos o no arbitrables (anulándose solo esos aspectos si tienen sustantividad propia); promover el arbitraje fuera de plazo; o no haber dado el árbitro a las partes ocasión de ser oídas o de presentar pruebas.

92. Artículo 129. Legitimación pasiva

    La demanda contra el laudo electoral se dirige contra las personas y sindicatos que fueron partes en el arbitraje y contra cualesquiera otros afectados por el laudo. Nunca son demandados los comités de empresa, los delegados de personal ni la mesa electoral.

93. Artículo 130. Litisconsorcio pasivo necesario

    Si al examinar la demanda contra el laudo electoral se aprecia que puede no dirigirse contra todos los afectados, se cita a las partes a una audiencia preliminar ante el órgano judicial dentro del día siguiente, en la que este, oídas las partes sobre el posible litisconsorcio pasivo necesario, resuelve en el acto.

94. Artículo 131. Legitimación de sindicatos y empresario

    En los procesos de impugnación de laudos en materia electoral pueden comparecer como parte, siempre que tengan interés legítimo, los sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos.

95. Artículo 132. Especialidades del proceso

    La impugnación del laudo electoral es urgente: al admitir la demanda se pide a la oficina pública el laudo y el expediente, que se envían dentro del día siguiente; el juicio se celebra en cinco días desde la admisión y la sentencia, sin recurso, se dicta en tres y se comunica a las partes y a la oficina pública. El proceso no suspende las elecciones salvo acuerdo motivado del juez a petición de parte. Si la empresa demandó para obstaculizar o retrasar las elecciones, se le impone la sanción de los artículos 75.4 y 97.3.

96. Artículo 133. Denegación del registro de actas. Competencia territorial y legitimación

    La denegación por la oficina pública del registro de actas de elecciones de delegados de personal y comités de empresa se impugna ante el Juzgado de lo Social de la circunscripción de esa oficina. Pueden demandar quienes obtuvieron algún representante en el acta. La Administración a la que está adscrita la oficina es siempre parte, y se demanda también a quienes presentaron candidatos a esas elecciones.

97. Artículo 134. Plazo

98. Artículo 135. Especialidades del proceso

    El proceso por denegación del registro de actas electorales es urgente. Al admitir la demanda se pide a la oficina pública el expediente, que lo remite en dos días. El juicio se celebra en los cinco días siguientes a la recepción del expediente. La sentencia, sin recurso, se dicta en tres días y se comunica a las partes y a la oficina pública; si estima la demanda, ordena de inmediato el registro del acta.

99. Artículo 136. Certificación de capacidad representativa sindical

    Las resoluciones de la oficina pública sobre certificaciones de capacidad representativa de los sindicatos o de resultados electorales las impugnan los sindicatos interesados ante el Juzgado de lo Social de la circunscripción de la oficina, en diez días desde la expedición o denegación, demandando en su caso a los demás sindicatos afectados. El juicio se señala con urgencia en diez días y el expediente se remite en dos. La sentencia se dicta en tres días y admite recurso de suplicación.

100. Artículo 137. Reclamación de categoría o grupo profesional

     La demanda de reclamación de categoría o grupo profesional se acompaña de informe del comité de empresa o de los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas; si no lo emiten en quince días, basta acreditar que se pidió. Al admitirla se recaba informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emite en quince días. Se puede acumular la reclamación de diferencias salariales. La sentencia no tiene recurso salvo que esas diferencias alcancen la cuantía de la suplicación.

101. Artículo 138. Tramitación

     Los trabajadores afectados por movilidad geográfica, modificación sustancial o suspensión o reducción de jornada demandan en veinte días hábiles desde la notificación escrita de la decisión, aunque no se siguiera el procedimiento del Estatuto; sin notificación el plazo no corre. Se demanda también a trabajadores con preferencias y a representantes conformes con medidas colectivas. Un conflicto colectivo posterior suspende el proceso individual. Vista en cinco días y sentencia en cinco, ejecutiva y en general irrecurrible. Declara la medida justificada o no.

102. Artículo 138 bis. Tramitación en reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia

     Las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia se presentan ante el Juzgado de lo Social en veinte días hábiles desde que la empresa comunica su negativa o disconformidad. El juez puede pedir informe urgente a la Inspección. El procedimiento es urgente y preferente: vista en cinco días y sentencia en tres, sin recurso salvo que se acumule una reclamación de perjuicios con cuantía de suplicación. Si la causa está ligada a derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se sigue el procedimiento del artículo 139.

103. Artículo 139. Tramitación

     Para los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el trabajador demanda ante el Juzgado de lo Social en veinte días desde que el empresario comunica su negativa o disconformidad. Cabe acumular los daños por la negativa o la demora; el empresario se exonera si cumplió al menos provisionalmente. Ambos llevan sus propuestas a conciliación y juicio, con posible informe de los órganos paritarios o de seguimiento del plan de igualdad. Vista en cinco días, sentencia en tres. Rige también para la víctima de violencia de género y la reducción o reordenación de jornada.

104. Artículo 140. Tramitación. Impugnación de altas médicas

     En las demandas sobre prestaciones de Seguridad Social hay que acreditar el agotamiento de la vía administrativa, salvo en la impugnación de altas médicas emitidas al agotarse los 365 días de incapacidad temporal. Si se omite, se da plazo de cuatro días para subsanar. La impugnación de alta médica se dirige solo contra la Entidad gestora (y, en su caso, la colaboradora), es urgente y preferente; la vista se señala dentro de los cinco días siguientes a la admisión y la sentencia, sin recurso, se dicta en tres días. No cabe acumular otras acciones.

105. Artículo 141. Legitimación de las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social

     Las entidades u organismos gestores y la Tesorería General de la Seguridad Social pueden personarse y ser parte, con plenas posibilidades de alegación, defensa y recurso, en los pleitos de prestaciones y en los que les interesen por sus competencias, sin que su intervención haga retroceder ni detener las actuaciones. Se les notifican la admisión, el señalamiento y demás resoluciones. El órgano judicial puede pedirles antecedentes, y ellos pueden aportarlos aunque no estén personados.

106. Artículo 142. Documentación en procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional

     Si la demanda por accidente de trabajo o enfermedad profesional no indica la Entidad gestora o la Mutua, se requiere al empresario, antes del juicio, para que en cuatro días presente el documento de cobertura del riesgo; si no lo hace, el juez, oyendo a la Tesorería General, acordará el embargo de bienes y otras medidas cautelares. Igual para mejoras voluntarias y otras responsabilidades. En pleitos de contingencia o falta de medidas de seguridad se pide informe a la Inspección Provincial de Trabajo, que debe expedirse en diez días como máximo y se reitera al menos cinco días antes del juicio.

107. Artículo 143. Remisión del expediente administrativo

     Al admitirse la demanda se reclama a la Entidad gestora u organismo gestor o colaborador el expediente (original o copia, preferentemente informático) y, en su caso, informe de antecedentes, en diez días; debe llegar completo, foliado y con índice, y puede remitirse electrónicamente. El organismo informará de otras demandas sobre el mismo acto para su posible acumulación. Los interesados se emplazan con al menos cinco días hábiles de antelación al juicio. No pueden alegarse hechos distintos de los del expediente, salvo hechos nuevos o desconocidos antes.

108. Artículo 144. Efectos de la falta de remisión del expediente administrativo

     Si vence el plazo sin recibir el expediente, se reitera su remisión por vía urgente, y el juicio se celebra el día señalado aunque falte, salvo que la entidad justifique la omisión. Si al demandante le conviene el expediente, puede pedir la suspensión del juicio para que se reitere la orden en un nuevo plazo de diez días (cinco en impugnación de altas médicas), con apercibimiento de las medidas del artículo 75.5. Si en el nuevo señalamiento sigue sin llegar, pueden tenerse por probados los hechos del demandante de prueba imposible o difícil por otros medios.

109. Artículo 145. Responsabilidad disciplinaria por la falta de remisión del expediente administrativo

     La falta de remisión del expediente y cualquier otro incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso se notifican al director de la entidad gestora u organismo gestor, para la posible exigencia de responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de las demás medidas que procedan.

110. Artículo 146. Revisión de actos declarativos de derechos

     Las Entidades, órganos u Organismos gestores y el FOGASA no pueden revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de los beneficiarios: deben pedirlo al Juzgado de lo Social mediante demanda contra el beneficiario. Excepciones: errores materiales, de hecho o aritméticos e inexactitudes del beneficiario; desempleo y cese de actividad de autónomos, dentro de un año; y muerte y supervivencia por homicidio doloso del causante, en cualquier momento. La acción prescribe a los cuatro años y la sentencia es inmediatamente ejecutiva.

111. Artículo 147. Impugnación de prestaciones por desempleo

     Si la Entidad gestora del desempleo constata que, en los cuatro años anteriores a una solicitud, el trabajador cobró prestaciones por el fin de varios contratos temporales con la misma empresa, puede demandar de oficio para que el empresario responda de ellas (salvo la del último contrato) si la contratación fue abusiva o fraudulenta, y las devuelva con las cotizaciones. La comunicación vale como demanda y se dirige en seis meses desde la última solicitud; subsanación en diez días. Los hechos de la comunicación hacen fe salvo prueba en contrario.

112. Artículo 148. Ámbito de aplicación

     El proceso de oficio puede iniciarse: a) por certificaciones de resoluciones firmes de la autoridad laboral derivadas de actas de infracción con perjuicios económicos para los trabajadores; b) por acuerdos de la autoridad laboral que aprecie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción, o posible obtención indebida de prestaciones por desempleo; c) por actas o comunicaciones de la Inspección que constaten discriminación por razón de sexo u otras causas legalmente previstas.

113. Artículo 149. Requisitos de la demanda

     La demanda de oficio debe reunir los requisitos generales de las demandas del proceso ordinario y expresar contra quién se dirige y la condena pedida, los hechos imprescindibles (en concreto, los constitutivos de discriminación u otro incumplimiento), en su caso el acuerdo de suspensión, reducción de jornada o extinción impugnado y su causa, las partes que intervinieron, la pretensión concreta, los perjuicios o bases de la indemnización y los datos y domicilios de los trabajadores afectados. Si afecta a más de diez trabajadores, se les requiere para que designen representantes.

114. Artículo 150. Admisión de la demanda y tramitación

     Los defectos de la demanda de oficio se advierten a la autoridad laboral para que los subsane en diez días. El proceso sigue de oficio aunque no asistan los trabajadores perjudicados, que son parte pero no pueden desistir ni pedir la suspensión; la conciliación solo cabe si se satisface la totalidad de los perjuicios; los pactos posteriores al acta de infracción solo valen si se celebran ante el inspector que la levantó o la autoridad laboral; los hechos de la resolución o comunicación hacen fe salvo prueba en contrario; y las sentencias se ejecutan siempre de oficio.

115. Artículo 151. Tramitación

     La impugnación de actos administrativos en materia laboral se rige por el proceso ordinario laboral con especialidades y, supletoriamente, por las normas contencioso-administrativas compatibles. Hay que acreditar el agotamiento de la vía administrativa; defectos subsanables en cuatro días. Las actas de la Inspección tienen presunción de certeza. La Administración puede impugnar sus propios actos previa declaración de lesividad, en dos meses. Anulada una extinción por fuerza mayor, hay readmisión salvo que el empresario opte por indemnizar en cinco días.

116. Artículo 152. Adopción de medidas cautelares

     Los interesados pueden pedir en cualquier momento la suspensión del acto administrativo recurrido y otras medidas que aseguren la sentencia; el juez resuelve por auto tras oír a las partes por tres días, salvo urgencia especial, y puede denegarla si perturba gravemente los intereses generales o de terceros. Si se impugna una paralización de trabajos por riesgo grave e inminente, se cita a una audiencia preliminar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes y se piden a la Inspección sus actuaciones en el mismo plazo.

117. Artículo 153. Ámbito de aplicación

     Por el proceso de conflictos colectivos van las demandas que afectan a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico determinable individualmente, sobre aplicación e interpretación de normas, convenios, pactos, decisiones empresariales colectivas o prácticas de empresa. Los despidos colectivos van por el artículo 124. También se tramitan aquí la impugnación de convenios y laudos sustitutivos y la de decisiones empresariales de atribuir carácter reservado o no comunicar información a los representantes, y los litigios sobre su sigilo.

118. Artículo 154. Legitimación activa

     Pueden promover conflictos colectivos: a) los sindicatos con ámbito igual o más amplio que el conflicto; b) las asociaciones empresariales con ese ámbito, solo en conflictos de ámbito superior a la empresa; c) los empresarios y los órganos de representación legal o sindical, en conflictos de empresa o de ámbito inferior; d) las Administraciones públicas empleadoras del ámbito del conflicto y los órganos de representación de su personal laboral; e) las asociaciones y sindicatos representativos de autónomos económicamente dependientes, y las empresas para las que trabajan y sus asociaciones.

119. Artículo 155. Intervención de sindicatos, asociaciones empresariales y órganos de representación

     En todo caso, los sindicatos representativos (artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical), las asociaciones empresariales representativas (artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores) y los órganos de representación legal o sindical pueden personarse como partes en el proceso de conflicto colectivo aunque no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto.

120. Artículo 156. Intento de conciliación o de mediación

     Para tramitar un conflicto colectivo es requisito necesario intentar antes la conciliación o la mediación, en los términos del artículo 63. Lo acordado en ellas tiene, según su naturaleza, la misma eficacia que el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores atribuye a los convenios colectivos, si quienes concilian tienen legitimación y cumplen los requisitos; se envía copia a la autoridad laboral. Para los autónomos económicamente dependientes, el acuerdo tiene la eficacia de los acuerdos de interés profesional.

121. Artículo 157. Contenido de la demanda

     La demanda de conflicto colectivo, además de los requisitos generales, debe contener: a) la designación general de trabajadores y empresas afectados y, si se piden condenas individualizables después sin nuevo pleito, los datos para individualizar a los afectados; b) la designación concreta de los demandados (empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria); c) una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos; d) las pretensiones concretas. Se acompaña certificación del intento de conciliación o mediación, o alegación de no ser necesaria.

122. Artículo 158. Iniciación por la autoridad laboral

     El proceso de conflicto colectivo puede iniciarse también por comunicación de la autoridad laboral, a instancia de las representaciones del artículo 154. La comunicación debe reunir los mismos requisitos que la demanda del artículo anterior, y se advierte a la autoridad laboral de sus defectos u omisiones para que los subsane en el plazo de diez días.

123. Artículo 159. Urgencia y preferencia del proceso

     El proceso de conflictos colectivos es urgente. Su despacho tiene preferencia absoluta sobre cualesquiera otros asuntos, con una única salvedad: los procesos de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, que van por delante.

124. Artículo 160. Celebración del juicio y sentencia

     Admitida la demanda o la comunicación de la autoridad laboral, se cita a las partes a juicio en única convocatoria dentro de los cinco días siguientes a la admisión; la sentencia se dicta en los tres días siguientes y se notifica, en su caso, a la autoridad laboral. Es ejecutiva desde que se dicta, aunque se recurra. Firme, produce cosa juzgada sobre los procesos individuales de igual objeto, que quedan en suspenso mientras dura el conflicto. Iniciar el conflicto interrumpe la prescripción de las acciones individuales.

125. Artículo 161. Inimpugnabilidad de las resoluciones de tramitación

126. Artículo 162. Archivo de actuaciones

     Si el juzgado o tribunal recibe comunicación de las partes de que el conflicto colectivo ha quedado solventado, se archivan sin más las actuaciones, cualquiera que sea el estado de la tramitación, siempre que sea anterior a la sentencia.

127. Artículo 163. Iniciación

     La impugnación de un convenio colectivo estatutario o de un laudo sustitutivo por ilegal o por lesionar gravemente a terceros puede promoverse de oficio mediante comunicación de la autoridad correspondiente. Si el convenio no está registrado, los legitimados deben pedir antes a la autoridad laboral que curse la comunicación; si no contesta en quince días, la desestima o el convenio ya está registrado, pueden impugnar directamente por el proceso de conflicto colectivo mientras siga vigente. No impugnarlo no impide atacar sus actos de aplicación.

128. Artículo 164. Requisitos de la comunicación de oficio

     La comunicación de oficio que sostiene la ilegalidad del convenio debe concretar la legislación conculcada, referir sucintamente los fundamentos jurídicos y relacionar las representaciones de la comisión o mesa negociadora; si sostiene la lesividad, debe incluir esa relación, la de terceros lesionados y su interés. Los defectos se subsanan en diez días. El proceso se sigue con la comisión o mesa negociadora y con los denunciantes o terceros lesionados; sin denunciantes, se cita a la representación legal de la autoridad laboral. El Ministerio Fiscal es siempre parte.

129. Artículo 165. Legitimación

     Por ilegalidad pueden impugnar un convenio los órganos de representación de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas en su ámbito; para cláusulas discriminatorias por razón de sexo, también los organismos de igualdad que cita. Por lesividad, los terceros gravemente lesionados, sin que lo sean los trabajadores y empresarios incluidos en el convenio. Legitimación pasiva: todas las representaciones de la comisión o mesa negociadora.

130. Artículo 166. Celebración del juicio y sentencia

     Admitida la comunicación o la demanda, se señala juicio con citación del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes del artículo 164.4, que alegan primero su conformidad u oposición a la pretensión. La sentencia se dicta en tres días, se comunica a la autoridad laboral y es ejecutiva desde que se dicta, aunque se recurra. Firme, produce cosa juzgada sobre los procesos individuales respecto de los preceptos convalidados, anulados o interpretados. Si anula total o parcialmente un convenio publicado, se publica en el mismo Boletín Oficial.

131. Artículo 167. Legitimación

     Los promotores de sindicatos en constitución y los firmantes de su acta de constitución pueden impugnar las resoluciones de las oficinas públicas que rechacen el depósito de los estatutos presentados para su publicidad. La Administración pública a la que esté adscrita la oficina de depósito autora de la resolución y el Ministerio Fiscal son siempre parte en estos procesos.

132. Artículo 168. Plazo

     La acción para impugnar la denegación del depósito de los estatutos de un sindicato debe ejercitarse en diez días hábiles, contados desde que se recibe la notificación de la resolución denegatoria expresa o desde que transcurre un mes desde la presentación de los estatutos sin que se hayan notificado a los promotores defectos a subsanar.

133. Artículo 169. Contenido de la demanda

     A la demanda de impugnación de la denegación del depósito de estatutos sindicales hay que acompañar copias de los estatutos y de la resolución denegatoria, si se dictó expresamente, o bien copia que acredite la presentación de esos estatutos (cuando no hay resolución expresa).

134. Artículo 170. Remisión del expediente

     Dentro del día hábil siguiente a la admisión de la demanda de impugnación de la denegación del depósito de estatutos sindicales, se requiere a la oficina pública competente el envío del expediente, que debe remitirlo en el plazo de cinco días.

135. Artículo 171. Efectos de la sentencia estimatoria

136. Artículo 172. Impugnación de la resolución administrativa denegatoria del depósito de la modificación de estatutos

     Las reglas de la sección sobre impugnación de la denegación del depósito de estatutos sindicales se aplican también cuando se deniega el depósito de modificaciones de estatutos, incluidas las de sindicatos que ya tengan personalidad jurídica. Están legitimados para impugnar los representantes del sindicato, y sus afiliados pueden comparecer como coadyuvantes.

137. Artículo 173. Legitimación

     Pueden pedir que se declaren no conformes a Derecho los estatutos de un sindicato, o sus modificaciones, ya depositados y publicados, el Ministerio Fiscal y quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo, tanto si el sindicato está en constitución como si ya tiene personalidad jurídica. Son demandados los promotores y firmantes del acta de constitución y, si ya tiene personalidad, sus representantes legales. El Ministerio Fiscal es siempre parte.

138. Artículo 174. Remisión del expediente

     En el proceso para declarar no conformes a Derecho los estatutos de un sindicato, una vez admitida la demanda se requiere a la oficina pública correspondiente que remita la copia autorizada del expediente, y la oficina debe enviarla en el plazo de cinco días.

139. Artículo 175. Efectos de la sentencia

     Si la sentencia estima la demanda sobre los estatutos de un sindicato, declara la nulidad de las cláusulas estatutarias que no sean conformes a Derecho o, en su caso, de los estatutos en su integridad. La sentencia debe comunicarse a la oficina pública correspondiente.

140. Artículo 176. Tramitación

     La impugnación de la denegación del depósito de los estatutos de asociaciones empresariales o de sus modificaciones, y la declaración de no ser conformes a Derecho esos estatutos o modificaciones, se tramitan, respectivamente, por las mismas modalidades procesales reguladas en las secciones anteriores para los sindicatos. El Ministerio Fiscal es siempre parte, con independencia de que esté legitimado para promoverlos.

141. Artículo 177. Legitimación

     Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados la libertad sindical, la huelga u otros derechos fundamentales, incluida la prohibición de discriminación y acoso, puede pedir tutela por este proceso en el ámbito social. Si el legitimado principal es el trabajador, pueden ser coadyuvantes su sindicato, cualquier sindicato más representativo y, en discriminación, entidades de defensa de esos intereses, nunca contra su voluntad. El Ministerio Fiscal es siempre parte. La víctima es la única legitimada y elige la tutela.

142. Artículo 178. No acumulación con acciones de otra naturaleza

     El proceso de tutela de derechos fundamentales se limita a conocer la lesión del derecho fundamental o libertad pública: no admite acumular acciones de otra naturaleza ni la misma pretensión basada en fundamentos distintos de la tutela de ese derecho. Cuando la tutela deba hacerse necesariamente por las modalidades del artículo 184, se aplican a las pretensiones de tutela las reglas y garantías de este capítulo, incluida la citación del Ministerio Fiscal.

143. Artículo 179. Tramitación

     Los procesos de tutela de derechos fundamentales son urgentes a todos los efectos y preferentes sobre todos los del juzgado, también sus recursos. La demanda se interpone dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para la conducta o acto lesivo. Debe expresar claramente los hechos, el derecho infringido y la indemnización pedida, con sus bases y circunstancias (salvo daños morales de difícil estimación). Se rechazan de plano las demandas que no deban seguir este cauce y no sean subsanables, salvo que puedan reconducirse a la tramitación adecuada.

144. Artículo 180. Medidas cautelares

     En la demanda puede pedirse la suspensión del acto y otras medidas cautelares. Se acuerda si la ejecución haría perder su finalidad a la tutela y no perturba gravemente otros derechos o intereses superiores; si se invoca libertad sindical, solo cuando se impida la participación electoral o la función representativa en cuestiones trascendentales con daños irreparables. Cabe en huelga sobre servicios mínimos o de seguridad y mantenimiento. En acoso y violencia de género caben suspensión, traslado o reordenación del tiempo de trabajo. Audiencia preliminar en 48 horas y auto de viva voz.

145. Artículo 181. Conciliación y juicio

     Admitida la demanda de tutela, se cita a conciliación y juicio, que deben celebrarse en el plazo improrrogable de los cinco días siguientes a la admisión, con un mínimo de dos días entre la citación y su celebración. En el juicio, acreditados indicios de violación del derecho fundamental, el demandado debe aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de sus medidas y de su proporcionalidad. La sentencia se dicta en tres días desde el juicio y se notifica inmediatamente.

146. Artículo 182. Sentencia

     La sentencia de tutela declara si procede o no el amparo. Si estima, según lo pedido: declara la vulneración y el derecho infringido conforme a la doctrina constitucional, aunque los litigantes no lo hayan invocado bien; declara la nulidad radical de la actuación del empleador, Administración u otro sujeto; ordena el cese inmediato de la conducta, o la prohibición de interrumpirla o la obligación de realizar la omitida; y dispone el restablecimiento del derecho, la reposición al momento anterior y la reparación, con indemnización. También resuelve sobre las medidas cautelares adoptadas.

147. Artículo 183. Indemnizaciones

     Si la sentencia declara la vulneración, el juez debe fijar la indemnización por discriminación u otra lesión de derechos fundamentales, por el daño moral y por los daños adicionales; si la prueba exacta es muy difícil o costosa, la fija prudencialmente, para resarcir a la víctima, restablecerla y prevenir el daño. Es compatible con la indemnización por modificación o extinción del contrato y otras laborales. Si se ejercitó la acción de daños en un proceso penal, no puede reiterarse en el social mientras no se desista o se sobresea o absuelva por resolución firme.

148. Artículo 184. Demandas de ejercicio necesario a través de la modalidad procesal correspondiente

     Aunque se invoque lesión de derechos fundamentales, se tramitan inexcusablemente por su propia modalidad procesal, con carácter preferente y acumulando la tutela del derecho fundamental, las demandas de despido y demás extinciones, modificaciones sustanciales, suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, vacaciones, materia electoral, impugnación de estatutos sindicales, movilidad geográfica, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, impugnación de convenios y sanciones empresariales.