Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social
Artículo 75. Deberes procesales de las partes
En pocas palabras
Los órganos judiciales rechazan de oficio las peticiones dilatorias o abusivas y corrigen el fraude procesal. Los terceros deben cumplir lo que ordenen los jueces para garantizar los derechos de las partes. El daño económico se reclama ante el juzgado del asunto. Por mala fe o pretensiones temerarias se puede imponer por auto una multa de seiscientos a seis mil euros, sin superar la tercera parte de la cuantía del litigio; cabe pedir audiencia en justicia en tres días y recurso de alzada en cinco ante la Sala de Gobierno.
Explicación sencilla
Impone a todos los intervinientes la buena fe procesal y da al juez instrumentos para hacerla cumplir, desde el rechazo de peticiones dilatorias hasta multas con límites, con garantías de audiencia y recurso para el sancionado.
Regla mnemotécnica
Multa de 600 a 6.000 €, nunca más de un tercio del pleito; 3 días para ser oído y 5 para la alzada.
Trampa típica de examen
Creer que la multa por mala fe puede alcanzar siempre los seis mil euros: nunca puede superar la tercera parte de la cuantía del litigio.
Texto del artículo 75 de la Ley 36/2011 (LRJS)
1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones. 2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales. 3. Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal. 4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse estas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez, la jueza o el tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de seiscientos a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez, la jueza o el tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez, jueza o Sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. 5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior.
En qué tema del programa entra
- Administradores Generales de la Junta de Andalucía · Tema 91La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.
- Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía · Tema 58La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.
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