Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social

Artículo 97. Forma de la sentencia

En pocas palabras

Sentencia en cinco días, publicada de inmediato y notificada en los dos días siguientes, con hechos probados razonados y fallo fundado. Puede imponer, motivadamente, sanción pecuniaria (límites del art. 75.4) a quien faltó sin causa a conciliación o mediación, obró con mala fe o temeridad, o cuando la condena coincide con la papeleta; si el condenado es el empresario, paga además honorarios contrarios hasta 600 euros. De oficio tras el juicio, dos días para alegar. Indicará firmeza, recursos, órgano, plazo, requisitos, depósitos y consignaciones.

Explicación sencilla

Fija el plazo y el contenido obligatorio de la sentencia del proceso ordinario y permite sancionar económicamente a quien evita sin causa la conciliación o mediación, litiga con mala fe o temeridad o fuerza un pleito que la papeleta ya anticipaba, cargando al empresario condenado con honorarios contrarios.

Regla mnemotécnica

Sentencia en 5, notificación en 2, alegaciones de oficio en 2, y honorarios hasta 600 euros: «5-2-2-600».

Trampa típica de examen

Pensar que los honorarios de abogados y graduados sociales de la parte contraria los paga cualquier condenado: el texto solo los impone cuando el condenado fuera el empresario, y con el tope de seiscientos euros.

Texto del artículo 97 de la Ley 36/2011 (LRJS)

1. El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes. 2. La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo. 3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3, así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. También motivadamente podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros. La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de imponer la sanción pecuniaria una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66. 4. En el texto de la sentencia se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo y los requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios y la forma de efectuarlos.

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