Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social

Artículo 146. Revisión de actos declarativos de derechos

En pocas palabras

Las Entidades, órganos u Organismos gestores y el FOGASA no pueden revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de los beneficiarios: deben pedirlo al Juzgado de lo Social mediante demanda contra el beneficiario. Excepciones: errores materiales, de hecho o aritméticos e inexactitudes del beneficiario; desempleo y cese de actividad de autónomos, dentro de un año; y muerte y supervivencia por homicidio doloso del causante, en cualquier momento. La acción prescribe a los cuatro años y la sentencia es inmediatamente ejecutiva.

Explicación sencilla

Protege al beneficiario: lo que la Administración de Seguridad Social le ha reconocido no puede quitárselo ella sola, sino un juez. Fija además las excepciones en que sí cabe la revisión directa, el plazo de prescripción y la ejecutividad de la sentencia.

Regla mnemotécnica

Revisar en perjuicio, por el juez. Prescribe a los 4 años. Desempleo: 1 año. Homicidio del causante: en cualquier momento.

Trampa típica de examen

Confundir el plazo de un año de las revisiones directas en desempleo con el de prescripción de la acción de revisión judicial, que es de cuatro años.

Texto del artículo 146 de la Ley 36/2011 (LRJS)

1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior: a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. b) Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147. c) La revisión de los actos de reconocimiento del derecho a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, que podrá efectuarse en cualquier momento, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto. 3. La acción de revisión a la que se refiere el apartado uno prescribirá a los cuatro años. 4. La sentencia que declare la revisión del acto impugnado será inmediatamente ejecutiva.

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