Real Decreto Legislativo 5/2000, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras

En pocas palabras

En la Administración General del Estado, la potestad sancionadora por infracciones del orden social corresponde al órgano que fije el reglamento. Cuando corresponde a una Comunidad Autónoma con competencia de ejecución de la legislación del orden social, la ejercen los órganos y con los límites que determine cada Comunidad. Las sanciones accesorias las acuerda quien tenga potestad para imponer la sanción principal de la que derivan.

Explicación sencilla

Distribuye quién sanciona: el Estado por vía reglamentaria, las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución según su propia organización, y las accesorias siguen a la sanción principal.

Regla mnemotécnica

Lo accesorio sigue a lo principal: quien impone la sanción principal acuerda también la accesoria.

Trampa típica de examen

Creer que el Estado fija qué órganos autonómicos sancionan: en las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución, los órganos y los límites los determina cada Comunidad Autónoma.

Texto del artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2000 (LISOS)

1. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma. 3. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas en esta ley corresponderá a quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.

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