Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Artículo 8. Derechos
En pocas palabras
Al personal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponden los derechos individuales y colectivos establecidos con carácter general para los empleados públicos. Además, en el ejercicio de su función se le garantiza protección frente a cualquier violencia, coacción, amenaza o influencia indebida.
Explicación sencilla
El artículo no crea un catálogo propio de derechos: remite a los generales de los empleados públicos. Lo específico es la garantía de protección en el ejercicio de la función, que enumera cuatro riesgos concretos: violencia, coacción, amenaza e influencia indebida.
Regla mnemotécnica
Derechos: los de cualquier empleado público. Protección frente a V-C-A-I: Violencia, Coacción, Amenaza e Influencia indebida.
Trampa típica de examen
Creer que el personal inspector tiene un régimen de derechos propio y distinto: le corresponden los derechos individuales y colectivos establecidos con carácter general para los empleados públicos.
Texto del artículo 8 de la Ley 23/2015 (LOITSS)
Al personal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponden los derechos individuales y colectivos establecidos con carácter general para los empleados públicos. En el ejercicio de su función se les garantizará protección frente a cualquier violencia, coacción, amenaza o influencia indebida.
En qué tema del programa entra
- Administradores Generales de la Junta de Andalucía · Tema 90La Administración laboral del Estado: Organización y funciones. La Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en materia laboral.
- Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía · Tema 57La Administración laboral del Estado: organización y funciones. La Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en materia laboral.
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