Tema 25 del temario de Administrativo de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto

El Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito y determinar las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas. Refleja además doce fundamentos de actuación, de la a) a la l): entre ellos, servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, transparencia, jerarquía y negociación colectiva. La objetividad, profesionalidad e imparcialidad se garantizan con la inamovilidad del funcionario de carrera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de: la Administración General del Estado; las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla; las entidades locales; los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes; y las Universidades Públicas. Para el personal de investigación caben normas singulares. Docentes y estatutarios de los Servicios de Salud se rigen por legislación específica estatal y autonómica y por el Estatuto, con excepciones. Es supletorio para el personal no incluido.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación autonómica, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia

El Estatuto solo se aplica directamente, cuando lo disponga su legislación específica, a ocho colectivos: funcionarios de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas; funcionarios de los demás Órganos Constitucionales y de los órganos estatutarios autonómicos; Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia; militares de las Fuerzas Armadas; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal retribuido por arancel; Centro Nacional de Inteligencia; y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus normas específicas y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública

En desarrollo del Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral

El personal laboral de las Administraciones públicas se rige por la legislación laboral, por las demás normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan. Excepción: en los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se rige por el Estatuto, y no se le aplican las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre suspensiones del contrato de trabajo por esos mismos supuestos de hecho.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos de la ley de desarrollo de cada Administración.

Artículo 10. Funcionarios interinos

Interinos: nombrados por necesidad y urgencia justificadas por: vacantes (máximo tres años); sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario); programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses por ley de Función Pública); exceso o acumulación de tareas (nueve meses dentro de dieciocho). Selección pública, por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Cese de oficio y sin compensación. A los tres años la vacante solo la ocupa un funcionario de carrera, salvo proceso desierto; el interino permanece si la convocatoria se publicó en esos tres años.

Artículo 11. Personal laboral

Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; el contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijarán los criterios para determinar los puestos que puede desempeñar, respetando el artículo 9.2. La selección es pública y se rige por igualdad, mérito y capacidad; en el laboral temporal, también por celeridad, para atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Artículo 12. Personal eventual

Personal eventual: nombrado con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y cobra de créditos consignados para ese fin. Las leyes de Función Pública determinan qué órganos de gobierno pueden tenerlo; el número máximo lo fijan los respectivos órganos de gobierno; número y retribuciones son públicos. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que sirve. No es mérito para el acceso ni para la promoción interna. Se le aplica, en lo adecuado, el régimen de los funcionarios de carrera.

Artículo 13. Personal directivo profesional

El Gobierno y los órganos de gobierno autonómicos podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición. Principios: es directivo quien desarrolla funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas de cada Administración; se designa por mérito, capacidad e idoneidad, con publicidad y concurrencia; se evalúa por eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados; sus condiciones de empleo no son materia de negociación colectiva; si es laboral, relación especial de alta dirección.

Disposición adicional decimoséptima. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público

Las Administraciones Públicas deben evitar irregularidades en la contratación laboral temporal y en los nombramientos de interinos; las actuaciones irregulares generan responsabilidades. Es nulo de pleno derecho todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria que suponga incumplir los plazos máximos de permanencia como personal temporal. El interino afectado recibe veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, hasta doce mensualidades, salvo cese disciplinario o renuncia voluntaria; el laboral temporal, la diferencia entre ese máximo y su indemnización.

Artículo 1. Objeto

La ley tiene un doble objeto: por un lado, definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía; por otro, determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía que esté incluido en su ámbito de aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica a: a) funcionarios de la Administración General de la Junta (Consejerías, Delegaciones, otros órganos, agencias administrativas y de régimen especial, o adscritos a agencias públicas empresariales); b) laborales de la misma (legislación laboral, texto refundido del EBEP, legislación básica, artículos de esta ley que lo dispongan y normas convencionales); c) contratados por entidades instrumentales: normas propias y, en todo caso, principios de acceso, deberes, código de conducta, potestad disciplinaria y cupos de reserva; d) directivos públicos profesionales: título II.

Artículo 3. Personal con legislación específica

Se aplica a: docentes no universitarios y estatutarios del SAS (supletoria); Administración de Justicia (si su normativa lo dispone); Universidades públicas; Administraciones locales (respetando autonomía local y legislación básica); Oficina contra el Fraude, Consejos Consultivo, Audiovisual, Económico y Social y de Transparencia; investigadores; y eventuales (régimen del funcionario de carrera en lo adecuado). Excluidos: altos cargos, salvo la dirección pública profesional, y contratistas y su personal. Parlamento, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas: solo si lo dispone su legislación.

Artículo 4. Principios de actuación

Principios de la función pública andaluza: sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento; servicio público; simplificación de procedimientos; transparencia y rendición de cuentas; objetividad; igualdad entre mujeres y hombres y de personas con discapacidad; equidad retributiva; conciliación; talento (máxima validez predictiva en selección y promoción); cualificación; jerarquía; eficacia; negociación colectiva; participación; coordinación entre Administraciones; cuidado de las personas; seguridad y salud; teletrabajo; y los demás de la normativa básica.

Artículo 5. Transparencia y derecho de acceso a la información

A las Administraciones del ámbito de la ley y a sus entidades instrumentales se les aplican las obligaciones de publicidad activa sobre su personal. Con carácter general, salvo que prevalezca la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos, se da acceso a la información con datos meramente identificativos (plantillas, catálogos, relaciones de puestos, retribuciones de los puestos). Es público el acceso a las autorizaciones de compatibilidad. Las retribuciones de puestos de directivos, eventuales y libre designación se facilitan siempre en cómputo íntegro anual.

Artículo 6. Integridad y conflicto de intereses

El personal actúa conforme a siete principios: profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. Este comprende cualquier participación en una actuación administrativa o procedimiento en que tenga, directa o indirectamente, intereses financieros, políticos, económicos o personales que pudieran comprometer el ejercicio imparcial, independiente y objetivo de sus funciones. En esos casos se aplica el régimen de abstención y recusación.

Artículo 7. Órganos superiores

Artículo 8. Competencias del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno establece, dirige y coordina la política general de personal de la Administración de la Junta. En particular: iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva; dar instrucciones a quienes negocien por la Administración y aprobar expresa y formalmente los acuerdos; fijar las directrices del régimen retributivo; determinar los puestos vedados a nacionales de otros Estados; establecer el dimensionamiento de efectivos a propuesta de Función Pública y Hacienda; aprobar la oferta de empleo público; y conceder la rehabilitación tras inhabilitación.

Artículo 9. Competencias de la Consejería competente en materia de Función Pública

La Consejería competente en Función Pública planifica los recursos humanos y desarrolla, ejecuta y coordina la política de personal del Consejo de Gobierno. Su titular: propone anteproyectos de ley, reglamentos, acuerdos y la oferta de empleo; aprueba y modifica las relaciones de puestos; fija criterios de interpretación; impone la separación del servicio; nombra funcionarios de carrera de la Administración General y contrata laborales fijos del convenio propio; aprueba convenios de movilidad interadministrativa; y tiene la competencia residual. Con Hacienda, propone las normas retributivas.

Artículo 10. Competencias de las Consejerías

A las personas titulares de cada Consejería les corresponde la superior jefatura y dirección del personal adscrito a ellas. En particular, dictan las instrucciones de servicio, dirigen la actividad de ese personal y adoptan las resoluciones sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto concreto: carrera, situaciones administrativas, retribuciones, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio, entre otros. También tienen las demás competencias que legal y reglamentariamente se les atribuyan sobre ese personal.

Artículo 11. Competencias específicas de las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia

En sus ámbitos respectivos, las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia ejercen las competencias que se les atribuyan legal y reglamentariamente respecto de, respectivamente: el personal docente que presta servicios en los centros públicos educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el personal adscrito al Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma.

Artículo 12. Concepto y clases

Es personal al servicio de la Administración pública el que desempeña funciones retribuidas al servicio de los intereses generales en el ámbito de la ley. El personal empleado público se clasifica en cuatro clases: funcionario de carrera, funcionario interino, laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y eventual. También es personal al servicio de la Administración pública el directivo público profesional, regulado en el título II.

Artículo 13. Personal funcionario de carrera

Define al personal funcionario de carrera con cuatro notas: lo es en virtud de nombramiento legal; está vinculado a la Administración pública por una relación estatutaria; esa relación la regula el Derecho Administrativo; y desempeña servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Artículo 14. Personal funcionario interino

Interino: nombrado con carácter temporal, por necesidad y urgencia justificadas, en cuatro casos: vacantes (máximo tres años), sustitución transitoria (tiempo estrictamente necesario), programas temporales (hasta tres años, ampliables doce meses) y exceso o acumulación de tareas (nueve meses en dieciocho). En vacantes y sustituciones ocupa puestos de la relación de puestos de trabajo; en programas y acumulación, puestos coyunturales fuera de ella y con autorización previa de la Consejería de Función Pública. Debe ser ajeno a la función pública de la Junta.

Artículo 15. Funciones del personal funcionario y laboral en la Administración de la Junta de Andalucía

Reserva al personal funcionario las funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales y, además, una lista: fe pública, constatación de hechos con presunción de veracidad, registros con efecto constitutivo, órdenes de policía, medidas cautelares, control económico-financiero, reintegro de subvenciones, deslinde… Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios; el personal laboral puede ocupar los del apartado 4 (no permanentes, oficios, instrumentales, de apoyo…).

Artículo 16. Concepto y clases

Personal laboral: presta servicios profesionales retribuidos en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito. Por la duración del contrato es fijo (proceso selectivo con igualdad, mérito, capacidad y publicidad), por tiempo indefinido (sentencia judicial firme o normativa básica estatal) o temporal (necesidad y urgencia; se añade la celeridad). Por la jornada, a tiempo completo o parcial. Su clasificación profesional se fija mediante negociación colectiva.

Artículo 17. Concepto y adscripción

Personal eventual: en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, y se retribuye con cargo a créditos presupuestarios consignados para ese fin. No puede hacer gestión ordinaria, tareas técnicas ni funciones exclusivas de funcionarios. Pueden contar con él los titulares de Presidencia, Vicepresidencias, Consejerías, Instituciones estatutarias y entidades con autonomía reconocida por ley. El Consejo de Gobierno fija número máximo, características y retribuciones, que son públicos.

Artículo 18. Nombramiento y cese

El nombramiento y el cese del personal eventual son libres y corresponden a la persona titular del órgano en el que preste la función de confianza o asesoramiento. Ser eventual no puede ser mérito para el acceso a la función pública, la promoción interna ni la contratación laboral. Cesa por las causas de la normativa básica estatal, por renuncia y, en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que presta la función; sin derecho a indemnización. Con el Consejo de Gobierno en funciones puede continuar hasta la formación del nuevo.

Artículo 19. Concepto y clases de personal directivo público profesional

En la Administración General de la Junta de Andalucía es personal directivo público profesional quien desempeña puestos de estructura orgánica de las Consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial catalogados así en la relación de puestos de dirección pública profesional. Dos clases: alto cargo, y funcionario de carrera o laboral fijo. El Estatuto de este personal se aprueba mediante ley. El alto cargo exige titulación universitaria de grado o equivalente; la otra clase, la de acceso al Grupo A. La relación la aprueba y mantiene la Consejería de Función Pública.

Artículo 20. Funciones del personal directivo público profesional

La misión general del personal directivo público profesional es definir, planificar y garantizar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones de su unidad administrativa, en coordinación con las demás y de acuerdo con la acción de gobierno. Respeta los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y ética y los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad. Entre otras funciones: planificación estratégica, liderar equipos con perspectiva de género, gestionar recursos, evaluar, innovar, simplificar procedimientos y rendir cuentas mediante informes o memorias.

Artículo 21. Régimen jurídico y retributivo del personal directivo público profesional

El régimen jurídico y retributivo del personal directivo depende de la condición del puesto, se regula en su Estatuto y no es materia de negociación colectiva. Para cada puesto se elabora y firma un acuerdo de gestión, que entra en vigor con el nombramiento y es público; fija objetivos, evaluación y retribuciones variables y puede modificarse de común acuerdo, con publicidad. El nombramiento se publica en el BOJA. El funcionario directivo que no sea alto cargo queda en servicio activo sin reserva de puesto y, tras su cese, vuelve a un puesto de las mismas características.

Artículo 22. Selección del personal directivo público profesional

La selección del personal directivo público profesional obedece a los principios de mérito, capacidad y publicidad y a criterios de idoneidad, valorando capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales, competencias técnicas y competencias directivas. Se realiza mediante convocatorias y procesos públicos que garanticen la transparencia y la libre concurrencia. El Estatuto del personal directivo público profesional establece los procesos, los criterios y los elementos de las convocatorias.

Artículo 23. Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional

Crea la Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional, adscrita a la Consejería competente en materia de Función Pública, que convoca y desarrolla los procesos de selección. A sus titulares los nombra y los cesa el Consejo de Gobierno (el cese, previo informe de la Comisión), entre personas de reconocido prestigio profesional y atendiendo a la paridad. La asesora la Consejería proponente, puede contar con personas expertas, rinde cuentas en el Parlamento y sus resoluciones son públicas y motivadas.

Artículo 24. Nombramiento y cese del personal directivo público profesional

Para cubrir un puesto directivo, la Consejería o agencia interesada solicita a la Comisión la convocatoria y la propuesta de personas candidatas. El cese se produce por las causas legales propias de su condición, por finalización del período del nombramiento, por renuncia voluntaria o por decisión motivada basada en la evaluación negativa de los objetivos del acuerdo de gestión. El alto cargo cesa además por decisión discrecional debidamente motivada del órgano competente para su designación o por ordenación o redistribución de competencias de las Consejerías.

Artículo 25. Acreditación de competencias directivas para el personal directivo público profesional funcionario o laboral

El Instituto Andaluz de Administración Pública realiza procesos abiertos para acreditar las competencias directivas del personal funcionario de carrera o laboral fijo que pueda acceder a puestos de dirección pública profesional. Las convocatorias garantizan transparencia y libre concurrencia. Se verifican capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas, u otros sistemas predictores del comportamiento. Mantener la acreditación podrá exigir formación con aprovechamiento y superar pruebas. El Instituto podrá contar con personas expertas.

Artículo 26. Evaluación de cumplimiento del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional está sujeto a evaluación continua y periódica del cumplimiento de su cargo o puesto, según el acuerdo de gestión, como mínimo cada dos años. La realiza el superior jerárquico de quien dependa o al que esté adscrito, que puede pedir asesoramiento o colaboración a la comisión o al Instituto Andaluz de Administración Pública. El resultado determina la continuidad en el puesto y la cuantía de la parte variable de las retribuciones. Acuerdos de gestión y resultados son públicos. Debe dedicar un mínimo de horas al año a su formación y desarrollo.

Artículo 27. Responsabilidad disciplinaria y compromiso ético del personal directivo público profesional

El personal directivo público profesional está sometido al código de conducta del personal empleado público y a los compromisos éticos, de permanencia y confidencialidad derivados del acuerdo de gestión asumido con su nombramiento. Se le aplica la legislación disciplinaria y de incompatibilidades que le corresponda según sea alto cargo o personal funcionario o laboral. Debe cumplir un código ético y de conducta elaborado y mantenido en vigor por una comisión de ética, órgano colegiado de asesoramiento adscrito a la Consejería competente en materia de Función Pública.

Artículo 1. Objeto

El decreto crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía (en adelante, «Comisión»), que estaba prevista en el artículo 179 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía. Además de crearla, regula tres cosas de ella: su composición, sus funciones y su régimen de funcionamiento.

Artículo 2. Naturaleza, adscripción y finalidad de la Comisión

La Comisión es un órgano técnico colegiado de participación administrativa, de los previstos en el artículo 20 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Es de consulta y asesoramiento, está adscrita a la Consejería competente en materia de administración pública y su finalidad es hacer efectiva la coordinación de la política de empleo público de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Artículo 3. Funciones de la Comisión

La Comisión ejerce, por no corresponder a ningún otro órgano, las funciones de las letras a) a l): elaborar los estudios e informes que le soliciten las Administraciones Públicas de Andalucía, informar con carácter facultativo los proyectos normativos de empleo público, analizar criterios, planes y programas, proponer medidas de movilidad interadministrativa y elevar un informe anual de seguimiento a la persona titular de la Consejería competente en materia de función pública, entre otras. Sus acuerdos, informes y propuestas no son vinculantes y debe incorporar la perspectiva de género.

Artículo 4. Composición de la Comisión

Presidencia: titular de la Consejería competente en administración pública; Vicepresidencia: titular de su Viceconsejería. Vocalías: Viceconsejerías de educación, salud, justicia, universidades, hacienda y administración local (si ninguna es la vicepresidencia), órganos directivos centrales de personal, dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, dirección gerencia del Servicio Andaluz de Empleo y cuatro representantes de la Administración Local y cuatro de las Universidades Públicas. La Secretaría, con voz y sin voto, la designa la Presidencia.

Artículo 5. Funcionamiento de la Comisión

La Comisión se rige por las reglas de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 y de la Ley 9/2007. Convocada por la Secretaría, se reúne, al menos, cada seis meses; la Presidencia puede convocarla de manera extraordinaria a petición de la Vicepresidencia o de cualquiera de las Vocalías. Cualquier miembro puede proponer a la Presidencia asuntos para el orden del día. Puede constituir grupos de trabajo técnicos e invitar a otras personas; puede asistir personal del Gabinete Jurídico, con voz y sin voto. Elabora y aprueba su reglamento interno y puede reunirse a distancia.

Artículo 6. Medios personales y materiales

La Consejería competente en Administración Pública es la que provee los medios personales y materiales necesarios para que la Comisión ejerza sus funciones. El artículo menciona las dos clases de medios, personales y materiales, y atribuye su provisión a esa Consejería.

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos, al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos y al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social. Pueden dictarse normas específicas para el personal docente e investigador, sanitario, de los servicios postales y de telecomunicación y el destinado en el extranjero. El apartado 3 enumera los preceptos que son bases aplicables a todas las Administraciones Públicas, y la Ley es supletoria para el personal no incluido en su ámbito.

Artículo 2. Dependencia orgánica

Todo el personal al servicio de la Administración del Estado a que se refiere el artículo anterior, con sus Cuerpos, Escalas, Categorías y Clases, tiene dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia. Esa dependencia orgánica se entiende sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.

Artículo 3. El Gobierno

El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la Administración del Estado. En particular: establece directrices para los órganos con competencias de personal; da instrucciones para negociar con funcionarios y personal laboral; fija anualmente las normas del régimen retributivo; aprueba, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, los criterios de coordinación de las letras e) y f); y aprueba la oferta de empleo de la Administración del Estado y la estructura en grados de su personal.

Artículo 4. El Ministro de la Presidencia

Al Ministro de la Presidencia le compete el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Gobierno en materia de personal de la Administración del Estado. En particular: propone al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos y demás normas de general aplicación a la Función Pública (si se refieren a funcionarios de régimen singular o especial, a iniciativa del Ministerio competente); impulsa los planes de mejora del rendimiento, la formación y la promoción; y cuida del cumplimiento de las normas de personal.

Artículo 5. El Ministro de Economía y Hacienda

El Ministro de Economía y Hacienda tiene dos cometidos: proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, las directrices a que deben ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, y autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.

Artículo 6. El Consejo Superior de la Función Pública

El Consejo Superior de la Función Pública es el órgano superior colegiado de coordinación y consulta de la política de Función Pública y de participación del personal de las Administraciones Públicas. Informa en dos meses los anteproyectos de Ley de personal consultados por el Gobierno o los Consejos de Gobierno autonómicos, y las disposiciones o decisiones relevantes que consulten también las Corporaciones Locales a través de sus representantes. Debate y propone medidas a iniciativa de sus componentes. Sus deliberaciones y propuestas en ningún caso son vinculantes.

Artículo 7. Composición del Consejo Superior de la Función Pública

Integran el Consejo Superior de la Función Pública: por el Estado, el Ministro de la Presidencia (Presidente), el Secretario de Estado para la Administración Pública (Vicepresidente), el Secretario de Estado de Hacienda, los Subsecretarios de todos los Ministerios y el Secretario general del Consejo, nombrado por Real Decreto con categoría de Director general; un representante por cada Comunidad Autónoma (el miembro del Consejo de Gobierno con la dirección superior del personal); diecisiete de las Corporaciones Locales y diecisiete del personal. El Consejo elabora sus propias normas.

Artículo 8. La Comisión de Coordinación de la Función Pública

La Comisión de Coordinación de la Función Pública coordina la política de personal de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, para formar el plan de oferta de empleo público y proponer medidas de ejecución de las bases del régimen estatutario. La preside el Secretario de Estado para la Administración Pública y su Vicepresidente es el Secretario de Estado de Hacienda; incluye ocho representantes del Estado designados por el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia y, por las Comunidades Autónomas, los titulares de los órganos directivos de personal.

Artículo 9. La Comisión Superior de Personal

La Comisión Superior de Personal se configura como un órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado. Ejerce las competencias y funciones que le atribuye la legislación vigente, y es el Gobierno quien, por Real Decreto, regula su composición y funciones.

Artículo 10. Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles

Los Delegados del Gobierno, respecto del personal destinado a los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles, respecto del destinado a los servicios periféricos provinciales, ejercen las competencias que la legislación vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales sobre el personal de los servicios periféricos de la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a los Departamentos ministeriales.

Artículo 11. Ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas ordenan su Función Pública propia mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas. A estos efectos, y previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, agrupan a sus funcionarios propios en los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías que proceda, respetando en todo caso los grupos establecidos en el artículo 25 de la Ley.

Artículo 12. Regulación de la situación de los funcionarios transferidos

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la Función Pública de estas, que respetarán el grupo del Cuerpo o Escala de procedencia y los derechos económicos inherentes al grado personal reconocido. Se garantiza la igualdad entre todos los funcionarios propios. En la Comunidad Autónoma están en servicio activo; en sus Cuerpos o Escalas de origen quedan en la situación especial de servicios en Comunidades Autónomas, que les permite mantener todos sus derechos como si se hallaran en activo, de acuerdo con los respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 13. Los Registros administrativos de personal

En la Dirección General de la Función Pública existe un Registro Central donde se inscribe a todo el personal de la Administración del Estado y se anotan preceptivamente los actos de su vida administrativa; sus normas las aprueba el Gobierno. Comunidades Autónomas y Entidades Locales constituyen también Registros, y todos están coordinados. No pueden incluirse en nómina nuevas remuneraciones sin comunicar antes al Registro el acto que las reconoce. En la documentación individual no figuran datos de raza, religión u opinión, y el personal tiene libre acceso a su expediente.

Artículo 14. Dotaciones presupuestarias de personal

Las dotaciones presupuestarias de personal se distribuyen entre los programas de gasto de los Centros gestores garantizando el equilibrio entre medios materiales y humanos, previo informe de Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto, con representantes de Economía y Hacienda, de la Presidencia y de los demás Departamentos ministeriales. Las plantillas del Estado resultan de los créditos de la Ley de Presupuestos; las Comunidades Autónomas las determinan en sus Leyes de Presupuestos; las de la Administración Local se fijan anualmente a través de su Presupuesto.

Artículo 15. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado

Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico de ordenación del personal de la Administración del Estado. Indican denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos, nivel de complemento de destino y, en su caso, complemento específico, o categoría profesional y régimen jurídico si el puesto es de personal laboral. Como regla general los puestos son de funcionarios. Las aprueban conjuntamente los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, salvo la asignación inicial de complementos, que es del Gobierno. Son públicas.

Artículo 16

Las comunidades autónomas y la Administración local forman también la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización. Debe incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos son públicas.

Artículo 17. Movilidad de funcionarios de las distintas Administraciones Públicas

Los puestos del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden cubrirse por funcionarios de cualquiera de estas Administraciones, según establezcan las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios de la Administración local, si así lo prevén dichas relaciones, pueden ocupar puestos en otras Corporaciones locales, en las Comunidades Autónomas y en la Administración General del Estado en puestos relacionados con sus funciones en materia de Entidades locales. En los Acuerdos de movilidad tiene especial consideración la movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género.

Artículo 18. La oferta de empleo público

Las Administraciones Públicas pueden elaborar Planes de Empleo, para personal funcionario y laboral. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan cubrirse con los efectivos existentes son objeto de Oferta de Empleo Público. Tribunales y Comisiones de Selección no pueden declarar que han superado el proceso más aspirantes que plazas convocadas: la propuesta contraria es nula de pleno derecho. En la Administración General del Estado, la Oferta la aprueba el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Artículo 19. Selección del personal

Las Administraciones seleccionan su personal, funcionario o laboral, según su oferta de empleo público, con convocatoria pública, por concurso, oposición o concurso-oposición libre, con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El Gobierno regula los órganos de selección, que no pueden formarse mayoritariamente con funcionarios del Cuerpo que se selecciona, salvo las peculiaridades del personal docente e investigador. El Instituto Nacional de Administración Pública coordina, controla y, en su caso, realiza los cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios estatales.

Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo

Los puestos de funcionarios se proveen por concurso (sistema normal) o por libre designación (puestos fijados en las relaciones de puestos de trabajo). Hay quince días hábiles para presentar solicitudes. En libre designación la remoción es discrecional; en concurso exige expediente contradictorio y resolución motivada, oída la Junta de Personal. Para concursar hay que permanecer dos años en cada puesto. La reasignación de efectivos tiene tres fases: seis meses, tres meses y expectativa de destino. El personal eventual cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve.

Artículo 21. Promoción profesional

Los puestos se clasifican en 30 niveles y todo funcionario posee un grado personal que corresponde a uno de ellos. El grado se adquiere desempeñando puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, o mediante cursos específicos u otros requisitos objetivos. Quien obtiene un puesto superior en más de dos niveles a su grado consolida cada dos años el grado superior en dos niveles. Se garantiza al menos el complemento de destino del grado. Quien cesa por alteración o supresión del puesto cobra sus retribuciones complementarias un máximo de tres meses.

Artículo 22. Fomento de la promoción interna

La promoción interna es el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otros del inmediato superior. Exige la titulación del cuerpo de destino, al menos dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el grupo inmediatamente inferior y superar las pruebas, que pueden hacerse en convocatorias independientes si lo autoriza el Gobierno o el órgano competente de las demás Administraciones. Quien promociona tiene preferencia para cubrir las vacantes ofertadas y conserva el grado consolidado si entra en el intervalo del nuevo cuerpo.

Artículo 23. Conceptos retributivos

Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias. Básicas: sueldo, trienios (cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio) y pagas extraordinarias (dos al año, de importe mínimo de una mensualidad de sueldo y trienios, en junio y diciembre). Complementarias: complemento de destino, complemento específico (no más de uno por puesto), complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. Además se perciben indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 24. Determinación de la cuantía de los conceptos retributivos

Las cuantías de las retribuciones básicas de los párrafos a) y b) del artículo 23.2 son iguales en todas las Administraciones públicas para cada grupo de clasificación. También lo son las de las pagas extraordinarias, para cada grupo según el nivel del complemento de destino que se perciba. El sueldo del grupo A no puede exceder en más de tres veces al del grupo E. Las retribuciones básicas y los complementos de destino, específicos y de productividad se reflejan cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y figuran en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.

Artículo 25. Grupos de clasificación

Los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de funcionarios se agrupan según la titulación exigida para su ingreso. Grupo A: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Grupo B: Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente. Grupo C: Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Grupo D: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente. Grupo E: Certificado de escolaridad.

Artículo 26. Ordenación de la adscripción y funciones de los Cuerpos y Escalas de las Administraciones Públicas

Los Cuerpos y Escalas de funcionarios no pueden tener asignadas facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos; solo las relaciones de puestos de trabajo pueden determinar qué Cuerpos o Escalas pueden desempeñar los puestos que las ejercen. La adscripción concreta de los Cuerpos y Escalas a un Departamento u Organismo corresponde al Gobierno, previo informe del Departamento al que figuren adscritos y a propuesta del Ministro de la Presidencia. En su ámbito, la ejercen los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los Plenos de las Corporaciones Locales.

Artículo 27. Racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado

Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia, a convocar pruebas unitarias de selección para el ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas y a unificar, previo dictamen del Consejo de Estado, Cuerpos y Escalas de igual grupo. Unificar requiere que se hayan exigido los mismos requisitos de capacidad profesional e igual titulación académica, que las pruebas sean conjuntas o de contenido sensiblemente equivalente, con Tribunales o Comisiones de composición similar, y que tengan funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico.

Artículo 28. Racionalización de las plantillas de personal laboral

El Gobierno procederá también a racionalizar las plantillas de personal laboral. Lo hará a través de los instrumentos establecidos en el artículo anterior o de los que resulten precisos, de acuerdo con la naturaleza jurídica de ese personal y de forma coherente con el proceso de racionalización de los Cuerpos y Escalas de funcionarios.

Artículo 29. Situaciones de los funcionarios

Suprime la excedencia especial y la de supernumerario y crea los servicios especiales, la excedencia para el cuidado de hijos, la expectativa de destino, la excedencia voluntaria incentivada y una modalidad de excedencia forzosa. Servicios especiales: reserva de plaza y destino. Interés particular: cinco años previos de servicios y permanencia mínima de dos. Agrupación familiar: de dos a quince años. Cuidado de hijo o familiar: hasta tres años. Expectativa de destino: máximo un año. Incentivada: cinco años. Violencia de género: reserva de puesto seis meses y retribuciones íntegras dos meses.

Artículo 29 bis. Reingreso al servicio activo

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza y destino se efectúa participando en las convocatorias de concurso o de libre designación. También cabe por adscripción provisional a un puesto, condicionada a las necesidades del servicio y a que se reúnan los requisitos para desempeñarlo. El puesto asignado con carácter provisional se convoca para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año y el funcionario reingresado está obligado a participar en la convocatoria; si no obtiene destino definitivo se le aplica el artículo 21.2.b) de la Ley.

Artículo 30. Permisos

Permisos: cuatro semanas para el padre por nacimiento, acogimiento o adopción; por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar de primer grado, tres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta, y de segundo grado, dos y cuatro; un día por traslado de domicilio sin cambio de residencia; una hora diaria por lactancia de un hijo menor de doce meses. Parto: dieciséis semanas ininterrumpidas, más dos por cada hijo a partir del segundo. Adopción internacional: hasta dos meses con las retribuciones básicas.

Artículo 31. Régimen disciplinario

Son faltas muy graves: incumplir el deber de fidelidad a la Constitución; la discriminación y el acoso; el abandono del servicio; los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o utilizar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga o incumplir sus servicios esenciales; limitar la libre expresión, y ser sancionado por tres faltas graves en un año.

Artículo 32. Seguridad Social

Los apartados 1 a 5 del artículo están derogados. Solo queda el apartado 6: la determinación de la condición de beneficiario de asistencia sanitaria en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los funcionarios públicos se adecuará a lo dispuesto para el Régimen General.

Artículo 33. Jubilación forzosa

La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declara de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad. No obstante, esa declaración no se produce hasta que cesen en el servicio activo cuando voluntariamente prolonguen su permanencia en él hasta, como máximo, los setenta años; las Administraciones Públicas dictan las normas de procedimiento necesarias para ejercer este derecho. De esa prolongación quedan exceptuados los funcionarios de los cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación.

Artículo 34

Los funcionarios afectados por una reasignación de efectivos que estén en expectativa de destino o en excedencia forzosa por un Plan de Empleo pueden solicitar la jubilación voluntaria anticipada si tienen cumplidos sesenta años, acreditan al menos treinta de servicios y reúnen los requisitos de su Régimen de Seguridad Social. Perciben, por una sola vez, una indemnización que fija el Gobierno según su edad y sus retribuciones íntegras, sin complemento específico ni productividad, referida a doce mensualidades. Esta jubilación la acuerda el Ministerio para las Administraciones Públicas.