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A2 · Bloque III · Políticas públicas

Tema 22 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo.

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Ley 3/2023, de Empleo

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  1. Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley

    La Ley de Empleo fija el marco de ordenación de las políticas públicas de empleo y regula las estructuras, recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional de Empleo. Su objetivo es promover la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo, garantizar los servicios garantizados y una adecuada cartera de servicios, para crear empleo, reducir el desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial.

  2. Artículo 2. Definición de la política de empleo

    La política de empleo la integran las políticas activas de empleo y las de protección frente al desempleo; su diseño y ejecución se coordinan con la colaboración de las Administraciones competentes y la participación de los interlocutores sociales. Las activas buscan mejorar la empleabilidad, reducir el desempleo, el empleo digno y el pleno empleo (arts. 35 y 40 CE, estrategia europea). Las de protección son prestaciones y subsidios por desempleo (art. 41 CE).

  3. Artículo 3. Otros conceptos básicos

    Define conceptos de la ley. Persona joven: demandante menor de treinta años o beneficiaria de Garantía Juvenil. La intermediación no puede hacerse exclusivamente por medios automatizados. Colocación adecuada: en la profesión demandada, la habitual u otra ajustada a sus aptitudes (en estos dos casos con salario equivalente al del sector); indefinida y nunca por debajo del SMI. La búsqueda activa se acredita con la suscripción y cumplimiento del acuerdo de actividad.

  4. Artículo 4. Objetivos de la política de empleo

    Enumera quince objetivos de la política de empleo (letras a a ñ): mercados inclusivos e igualdad, empleo de calidad y estable, mantenimiento del empleo y formación, cualificación, atención a colectivos prioritarios, intermediación eficiente, servicio integrado de información, movilidad funcional y sectorial, acompañamiento personalizado, libre circulación en el ámbito estatal y del Espacio Económico Europeo, integración de inmigrantes, emprendimiento y economía social, protección ante el desempleo, anticipación a medio y largo plazo y atención a empresas.

  5. Artículo 5. Principios rectores de la política de empleo

    Los principios rectores de la política de empleo son: igualdad y no discriminación (por edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, religión, afiliación sindical, lengua, etc.); transparencia del mercado de trabajo, difundiendo políticas, servicios y ofertas y demandas a través del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo; colaboración institucional y coordinación; adaptación, acompañamiento y activación; eficacia y eficiencia; y adecuación al territorio. También rigen la actuación de las entidades colaboradoras.

  6. Artículo 6. Planificación de la política de empleo

    La política de empleo se desarrolla dentro de la planificación de la política económica, en el marco de la estrategia coordinada para el empleo del TFUE. En el ámbito estatal, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en el marco de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, planifica la política que desarrollan la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos. El Gobierno aprueba las normas en la materia y, en todo caso, gestiona y controla las prestaciones por desempleo a través de ese Ministerio.

  7. Artículo 7. Dimensión autonómica y local de la política de empleo

    La política de empleo debe tener en cuenta su dimensión autonómica y local; se favorecen iniciativas de empleo en esos ámbitos y se garantiza una atención personalizada, especializada y continuada. Las Comunidades Autónomas desarrollan la política de empleo, fomentan el empleo y ejecutan la legislación laboral y los programas. Las Corporaciones Locales colaboran y cooperan; las entidades locales pueden participar en la concertación territorial, y los servicios autonómicos de empleo determinan su representación en los órganos autonómicos.

  8. Artículo 8. Sistema Nacional de Empleo

    El Sistema Nacional de Empleo lo conforman la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos; colaboran Corporaciones Locales y otras entidades. Prestar servicios de empleo es servicio público, sea quien sea quien lo haga. Sus órganos de gobernanza son la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Entre sus funciones: concretar la Estrategia mediante el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y mantener una Cartera Común de Servicios. La Agencia articula la participación autonómica en la PES Network.

  9. Artículo 9. Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales

    La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales es el órgano de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La preside la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la forman los consejeros autonómicos y de Ceuta y Melilla competentes en empleo; puede convocarse, con voz pero sin voto, a otras Administraciones y a la asociación local más representativa. Entre sus funciones: acordar la distribución de créditos a las Comunidades Autónomas, identificar colectivos prioritarios y elaborar con el Consejo General el Informe Conjunto sobre el empleo.

  10. Artículo 10. Consejo General del Sistema Nacional de Empleo

    El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo es el órgano consultivo y de participación institucional en empleo. Es tripartito: lo preside la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Empleo y lo integran un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de miembros de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y de las sindicales más representativas. Los votos empresariales y sindicales se ponderan para que cada representación pese lo mismo que el conjunto de ambas administraciones. Informa propuestas normativas y la planificación.

  11. Artículo 11. Estrategia e instrumentos de planificación de la política de empleo

    El Sistema Nacional de Empleo se ordena con los principios de lealtad institucional, adecuación al reparto de competencias, colaboración, coordinación y cooperación. El seguimiento y evaluación de las políticas activas se hace en la Conferencia Sectorial y en el Consejo General y se recoge en un Informe Conjunto sobre el empleo. Los instrumentos de planificación y coordinación son la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.

  12. Artículo 12. La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo

    El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprueba por real decreto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, previo informe del Consejo General y de la Conferencia Sectorial. Es cuatrienal, con evaluación intermedia a los dos años y ex post al final. Se articula en siete Ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de empleo, Oportunidades para personas con discapacidad, Igualdad de oportunidades, Emprendimiento y Mejora del marco institucional, este último transversal.

  13. Artículo 13. El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno

    El Plan Anual concreta cada año las directrices para alcanzar los objetivos de la Estrategia en el Estado y en cada Comunidad Autónoma, con indicadores anuales, y fija los servicios y programas de las Comunidades y de la Agencia. La Agencia puede modificarlos excepcionalmente a petición justificada de la Comunidad por necesidades extraordinarias sobrevenidas. Lo elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo informan el Consejo General y la Conferencia Sectorial y lo aprueba el Consejo de Ministros. Se articula en seis Ejes; el sexto, transversal.

  14. Artículo 14. El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo

    El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo es el instrumento técnico de coordinación del Sistema Nacional de Empleo: mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial, establece protocolos de registro de datos comunes. Es una red de información común para la estructura pública y privada del empleo. Se integran necesariamente la Agencia, los servicios autonómicos, las agencias privadas de colocación y las entidades colaboradoras. Se coordina con la Red Europea y permite el perfilado de las personas usuarias.

  15. Artículo 15. Criterios orientadores del Sistema Público Integrado de Información

    El Sistema Público Integrado de Información garantiza la intermediación sin barreras territoriales, el registro de demandantes y empleadores, la trazabilidad de actuaciones, estadísticas comunes, la comunicación del contenido de los contratos y el seguimiento de formación, orientación, iniciativas de empleo, bonificaciones y entidades colaboradoras. Reúne datos de empleo, empleabilidad y vacantes. Su calidad se somete a una auditoría anual. La información debe seguir la regulación estatal de seguridad e interoperabilidad y se promueve su publicación como datos abiertos.

  16. Artículo 16. Tratamiento de datos

    Los tratamientos de datos se rigen por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Se tratan los datos imprescindibles para la política de empleo (identificativos, laborales, formativos, de protección social y socioeconómicos). Son responsables del tratamiento la Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos; son encargados las entidades colaboradoras públicas y privadas. Rige la minimización de datos, que se conservan el tiempo necesario y luego se suprimen. Pueden comunicarse a jueces, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para investigar delitos.

  17. Artículo 17. Toma de decisiones fundamentada en el análisis de datos, las evidencias estadísticas y el análisis del mercado de trabajo

    La información del Sistema Público Integrado es la base de herramientas de apoyo a decisiones basadas en datos y evidencias estadísticas, desarrolladas en el Sistema Nacional de Empleo con las Comunidades Autónomas y puestas a disposición del personal de tutorización y de atención. Se evita la discriminación y sus efectos se evalúan cada año. Las decisiones y recomendaciones siempre pueden ser revisadas o modificadas por el personal de tutorización, y la persona interesada accede a su contenido íntegro. El algoritmo se desarrolla reglamentariamente y no se usan categorías especiales de datos.

  18. Artículo 18. Autorización para la creación de la Agencia Española de Empleo

    El artículo autoriza la creación de la Agencia Española de Empleo. Las condiciones de transformación del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., en la Agencia Española de Empleo se regularán mediante Real Decreto, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la ley. La ley no crea directamente la Agencia: la autoriza y remite la transformación a una norma reglamentaria.

  19. Artículo 19. Concepto y misión

    La Agencia Española de Empleo será una entidad de derecho público de la Administración General del Estado. Se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas tanto de las políticas activas de empleo como de protección por desempleo, siempre en el marco de lo establecido en la Ley de Empleo. Conviene retener los tres verbos de su misión y que abarca las dos ramas de la política de empleo.

  20. Artículo 20. Naturaleza y régimen jurídico

    La Agencia Española de Empleo es un organismo público de la Ley 40/2015, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Como agencia estatal tiene personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión y plena capacidad, con plan de acción anual y contrato plurianual de gestión. Se rige por la Ley 40/2015, la Ley General Presupuestaria y su estatuto. Controles: de eficacia, la Secretaría de Estado; interno, la Intervención General del Estado; externo, el Tribunal de Cuentas.

  21. Artículo 21. Estructura organizativa

    Los estatutos de la Agencia Española de Empleo concretan su estructura organizativa, con la composición, funciones, competencia y rango de cada órgano. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participan de forma tripartita y paritaria en sus órganos. Se facilita, cuando proceda, la consulta a la economía social y al trabajo autónomo. En todo caso, la estructura central tendrá un consejo rector y una comisión permanente como órganos rectores y de participación institucional.

  22. Artículo 22. Competencias

    Competencias de la Agencia Española de Empleo: proponer normas al Ministerio, elaborar y aprobar su anteproyecto de presupuesto, percibir fondos europeos, elaborar el proyecto de la Estrategia y del Plan Anual con las Comunidades, gestionar el Observatorio de las Ocupaciones, mantener bases de datos y estadísticas, gestionar programas con cargo a su reserva de crédito (dotada cada año por la Ley de Presupuestos, previo informe de la Conferencia Sectorial), gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, representar a España en EURES y coordinar los Centros de Orientación.

  23. Artículo 23. Definición y competencias

    Los servicios públicos de empleo autonómicos son los órganos o entidades que gestionan y desarrollan las políticas activas de empleo y garantizan los servicios de empleo comunes y complementarios. Para prestarlos pueden recurrir a Corporaciones Locales o a otras entidades públicas o privadas colaboradoras. Las normas autonómicas pueden desarrollar una cartera complementaria y programas propios. Elaboran los instrumentos de la política autonómica de empleo en coordinación con la Estrategia, el Plan Anual, las Orientaciones Específicas y la Estrategia Europea.

  24. Artículo 24. Estructura organizativa

    Los servicios públicos de empleo autonómicos, según sus potestades organizativas, deben contar con los recursos humanos necesarios para prestar de forma eficaz los servicios de empleo comunes y complementarios, cumplir los servicios garantizados y compromisos con personas y empresas usuarias y participar en la política autonómica de empleo. Su estructura organizativa debe incluir órganos tripartitos y paritarios con participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

  25. Artículo 25. Entidades públicas colaboradoras

    Dentro del marco competencial existente, las entidades locales colaborarán con la Agencia Española de Empleo y con los servicios públicos de empleo autonómicos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del artículo 4. Además, para cumplir esos mismos objetivos, la Agencia y los servicios autonómicos podrán determinar la colaboración con otras entidades públicas. La colaboración local es un deber («colaborarán»); la de otras entidades públicas, una posibilidad.

  26. Artículo 26. Entidades privadas de empleo colaboradoras

    Las entidades privadas que actúen en políticas activas de empleo deben colaborar y coordinarse con los organismos públicos. Las que opten por esa colaboración deben actuar con total transparencia e informar de su actividad a los organismos autonómicos de empleo; si su ámbito excede de una Comunidad, también a los servicios autonómicos afectados y a la Agencia Española de Empleo. La información se transmite con periodicidad anual e incluye, como mínimo, una memoria de actividades con datos numéricos y cualitativos concretos.

  27. Artículo 27. Acuerdos marco de colaboración

    La Agencia Española de Empleo y los servicios de empleo autonómicos pueden suscribir con entidades privadas, que actúen individual o mancomunadamente, acuerdos marco de vigencia máxima cuatrienal, en los términos de los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Tanto los acuerdos marco como los contratos basados en servicios se someten a esa Ley 9/2017 y a su normativa de desarrollo.

  28. Artículo 28. Personal de los servicios públicos de empleo

    El personal del Sistema Nacional de Empleo lo conforman dos grupos: el personal al servicio de la Agencia Española de Empleo y el personal al servicio de las entidades autonómicas de empleo. El artículo no incluye en esa definición al personal de las entidades colaboradoras ni al de las Corporaciones Locales, aunque estas colaboren con el sistema.

  29. Artículo 29. Dotación de las plantillas de los servicios públicos de empleo

    La Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos, mediante sus instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, deben tener los recursos humanos necesarios para prestar los servicios de forma eficaz y eficiente, atender de forma personalizada a personas y empresas usuarias y cumplir los servicios garantizados de su cartera. En el caso de la Agencia, siempre dentro de lo que permitan las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. También deben contar con plantillas suficientes para gestionar el Sistema Público Integrado de Información, con ese mismo límite.

  30. Artículo 30. Especialización y profesionalización del personal de los servicios públicos de empleo y las entidades colaboradoras

    La Agencia Española de Empleo y los servicios autonómicos procurarán mantener plantillas con perfiles técnicos y de gestión especializados en políticas de empleo, capaces de atender a los distintos perfiles de demandantes, incluidas las personas con discapacidad. Sus planes de formación incluirán las acciones necesarias y formación específica en accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo. En la colaboración con entidades públicas y privadas se procurará adecuar sus plantillas y se ponderará su profesionalización.

  31. Artículo 31. Concepto de las políticas activas de empleo

    Las políticas activas de empleo son el conjunto de servicios y programas de orientación, intermediación, empleo, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, dirigidos a crear empleo, mejorar el acceso a un empleo digno por cuenta ajena o propia, mantener y mejorar la empleabilidad y fomentar el espíritu empresarial y la economía social. Sus objetivos prioritarios son elevar la empleabilidad, reducir las brechas de género y conseguir el ajuste simultáneo entre oferta y demanda. A los colectivos prioritarios se les garantizan servicios especializados.

  32. Artículo 32. Desarrollo de las políticas activas de empleo

    Las políticas activas se desarrollan en todo el Estado en el marco de los instrumentos de planificación. Las diseñan y ejecutan la Agencia y los servicios autonómicos, que gestionan sus recursos directamente o mediante colaboración público-privada o público-pública (contratos-programa, subvenciones, acuerdos marco, convenios). Cada año elevan a la Conferencia Sectorial una memoria de gasto y resultados. Los contratos-programa con entidades del sector público tienen naturaleza administrativa, vigencia máxima de cuatro años y los celebra, en la Agencia, la persona titular de su Dirección.

  33. Artículo 33. Sistema de formación en el trabajo

    La formación en el trabajo tendrá regulación específica. Sus fines incluyen: formación a lo largo de la vida de ocupados y desempleados, del sector público y privado; consolidar el derecho a la formación y a la promoción profesional, incluido el permiso de veinte horas anuales acumulables hasta cinco años; mejorar competencias, sobre todo digitales y de sostenibilidad; productividad de las empresas; perspectiva de género en todos los contenidos; empleabilidad; valoración de competencias pactada en negociación colectiva; transición digital y ecológica; y formación programada por las empresas.

  34. Artículo 34. Concepto

    La empleabilidad es el conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y del mercado de trabajo. Además, debe producir un ajuste dinámico entre las competencias propias y las demandadas por el mercado de trabajo.

  35. Artículo 35. Mantenimiento y mejora de la empleabilidad

    El mantenimiento y mejora de la empleabilidad es un derecho y un deber de las personas demandantes de los servicios de empleo, como desarrollo del artículo 35 de la Constitución. El Sistema Nacional de Empleo debe velar por ella respecto de todas las personas demandantes, y todas las actuaciones de sus entidades públicas y privadas se orientan a ese derecho. Las políticas de protección frente al desempleo siguen la misma orientación: las personas beneficiarias no deben verse abocadas a decisiones que perjudiquen su profesionalidad.

  36. Artículo 36. La medición de la mejora de la empleabilidad: tasas de empleabilidad, intermediación y cobertura

    Los itinerarios individuales y patrones de atención buscan mejorar la empleabilidad. Se miden con tres tasas: la de empleabilidad, definida reglamentariamente tras deliberación técnica en el Sistema Nacional de Empleo y el Diálogo Social; la de intermediación, que mide el impacto de las atenciones en las transiciones al empleo y la atención a empresas; y la de cobertura, que indica qué proporción de personas desempleadas está protegida. Las tres se publican, se actualizan periódicamente y se desagregan por sexo y edad.

  37. Artículo 37. El catálogo de instrumentos de empleabilidad

    El Sistema Nacional de Empleo mantiene y actualiza un catálogo de instrumentos eficaces de empleabilidad, cuya utilidad debe estar contrastada con datos objetivos cuantitativos y cualitativos. El catálogo orienta las acciones que se proponen a cada persona según su perfilado. Al actualizarlo se buscan las mejores prácticas de los ámbitos territoriales del Sistema y de otros Estados del Espacio Económico Europeo. Lo desarrolla el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.

  38. Artículo 38. Competencias básicas para la empleabilidad

    Son finalidades prioritarias de las acciones de empleabilidad mejorar las competencias básicas de los demandantes de empleo en comunicación oral y escrita y en manejo y aprovechamiento de herramientas digitales y tecnológicas, asegurando su plena accesibilidad y la no discriminación en su uso. Desarrollar estas competencias y habilidades debe ser una competencia transversal en la programación de todas las actividades de empleabilidad.

  39. Artículo 39. No discriminación

    Al planificar, organizar y desarrollar acciones de empleabilidad se pondrá especial cuidado en evitar discriminaciones por edad, sexo o discapacidad, o por otras razones (orientación sexual, identidad de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier circunstancia personal, familiar o social), y decisiones con sesgo o estereotipo negativo. Tampoco se fijarán criterios que presupongan que los destinatarios son suficientemente mayores o jóvenes, o referidos a su sexo o discapacidad.

  40. Artículo 40. Concepto de la intermediación laboral

    La intermediación laboral es el conjunto de acciones para proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado y a los empleadores los trabajadores más apropiados. Puede comprender: prospección y captación de ofertas; puesta en contacto de ofertas con quien busca empleo; selección sin sesgos de género, edad o discapacidad; y apoyos a solicitantes (en especial colectivos prioritarios). Es colocación especializada la recolocación de afectados por reestructuraciones y también la selección de personal, aunque se busque entre no inscritos.

  41. Artículo 41. Agentes de la intermediación

    En el Sistema Nacional de Empleo la intermediación se realiza únicamente a través de los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación (incluidas las especializadas en recolocación o selección de personal) y otros servicios que se determinen reglamentariamente para o con las personas trabajadoras en el exterior. Las entidades colaboradoras o promotoras de programas de políticas activas aprobados por los servicios públicos pueden intermediar de forma complementaria con sus participantes, sin constituirse como agencias de colocación.

  42. Artículo 42. El servicio público de intermediación laboral

    La intermediación laboral es un servicio de carácter público, la haga quien la haga. Los servicios públicos de empleo, directamente o a través de agencias de colocación, la garantizan sin barreras territoriales y gratuita para los trabajadores. Pueden firmar acuerdos o convenios con agencias y derivarles demandantes. La financiación pública somete a las agencias a indicadores de eficiencia; las que tengan ánimo de lucro harán al menos un 60 % de su actividad con fondos propios. Su actividad la siguen y evalúan los servicios de empleo de cada territorio.

  43. Artículo 43. Agencias de colocación

    Son agencias de colocación las entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que intermedian en coordinación con los servicios públicos de empleo o como colaboradoras. Basta una declaración responsable ante el servicio público de empleo de la Comunidad o ciudad autónoma de su establecimiento principal: vale en todo el Estado, sin límite de duración, y pueden empezar ese mismo día. Tienen obligaciones (información, gratuidad, protección de datos, accesibilidad, igualdad). El falseamiento o el incumplimiento causan baja, y no podrán volver a serlo en dos años.

  44. Artículo 44. La actividad de recolocación de las personas trabajadoras

    La recolocación de trabajadores afectados por reestructuraciones empresariales puede hacerla el personal de los servicios públicos de empleo o agencias de colocación. Se desarrolla según el plan de recolocación externa (art. 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y art. 9 del Real Decreto 1483/2012) y también puede promoverla el servicio público de empleo cuando lo vea oportuno. El plan procurará en particular el retorno al trabajo de quienes pierdan el empleo por despido colectivo después de los cincuenta y dos años.

  45. Artículo 45. La actividad de selección de personal

    La selección de personal, como colocación especializada, puede hacerla directamente el personal de los servicios públicos de empleo o agencias de colocación. Se rige por la igualdad y la no discriminación en el acceso al empleo por edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, lengua dentro del Estado o cualquier otra circunstancia personal o social.

  46. Artículo 46. Indicadores de eficiencia

    Los indicadores de proceso, impacto y resultados que miden la eficiencia de las agencias de colocación se regularán reglamentariamente, teniendo en cuenta, entre otros, el número y perfil de las personas atendidas, las ofertas captadas, la reducción de las brechas de género y las inserciones logradas. La medición debe incentivar el acceso en igualdad a los Servicios de Empleo de cualquier persona, con independencia de su empleabilidad inicial.

  47. Artículo 47. Solicitantes y perceptores de prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica frente a la situación de desempleo

    Quien solicite o perciba prestaciones o subsidios de desempleo o por cese de actividad debe adquirir la condición de demandante de servicios de empleo, con los servicios garantizados y el acuerdo de actividad. Quien perciba otras rentas frente al desempleo será usuario de los servicios públicos de empleo. El procedimiento lo acuerdan la Agencia Española de Empleo, el Instituto Social de la Marina si es competente y los servicios públicos de empleo. Cumplir el itinerario supone cumplir el acuerdo de actividad, y lo acreditan los servicios públicos o entidades colaboradoras.

  48. Artículo 48. Colaboración institucional

    La Agencia Española de Empleo, los servicios públicos de empleo autonómicos, las entidades colaboradoras, el INSS, el ISM, la TGSS, las mutuas y otras entidades gestoras de prestaciones por desempleo o cese de actividad colaborarán mutuamente. Los servicios de empleo suministran datos del perfil, itinerario, acciones y ofertas; las gestoras, datos de la protección y de los períodos de actividad. Todo ello conforme a la normativa de protección de datos, y coordinado mediante acuerdos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y convenios.

  49. Artículo 49. Programas y medidas de apoyo activo al empleo

    Se articularán programas que permitan compatibilizar, al menos parcialmente, las prestaciones por desempleo o cese de actividad con un trabajo por cuenta ajena o propia, con las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla. Caben programas extraordinarios y temporales para colectivos prioritarios o para la movilidad geográfica voluntaria. Para emprender o crear economía social viable, la prestación contributiva puede abonarse por una sola vez, total o parcialmente, y/o destinarse a cuotas a la Seguridad Social, con auditoría de viabilidad y acompañamiento técnico.

  50. Artículo 50. Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo

    El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán programas específicos para personas con especiales dificultades de empleo. La ley enumera los colectivos vulnerables de atención prioritaria (jóvenes con baja cualificación, parados de larga duración, personas con discapacidad, mayores de 45 años, etc.). Tienen mayores dificultades las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o autismo con discapacidad igual o superior al 33 %, y las de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %.

  51. Artículo 51. La perspectiva de género en las políticas de empleo

    Los organismos de empleo públicos y privados deben promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo y evitar toda discriminación, con más intensidad si la demandante encabeza una familia monomarental. Habrá objetivos cuantitativos de reducción de la brecha en los sectores donde la diferencia de empleo en perjuicio de las mujeres supere la media total, computada anualmente. Caben incentivos para incorporar varones en ámbitos feminizados y acciones de empleabilidad solo para mujeres donde estén infrarrepresentadas.

  52. Artículo 52. Políticas de empleo para mayores de cuarenta y cinco años

    Son colectivo prioritario de las políticas de empleo las personas demandantes de servicios de empleo que hayan alcanzado los cuarenta y cinco años, cuando hayan perdido su empleo o estén en riesgo de perderlo. La atención se intensifica si tienen a cargo menores de dieciséis años o mayores dependientes.

  53. Artículo 53. Personas demandantes de servicios de empleo jóvenes

    Es persona joven quien no haya alcanzado los treinta años o sea beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los jóvenes son siempre colectivo prioritario, sobre todo los mayores de 18 años sin titulación para un contrato formativo para la práctica profesional. Con los de dieciséis y diecisiete años sin estudios, la prioridad es volver al sistema educativo y mejorar sus cualificaciones; con los titulados, favorecer la práctica profesional. En general se promueve empleo de calidad, indefinido, a jornada completa y con salarios dignos.

  54. Artículo 54. Personas con discapacidad demandantes de servicios de empleo

    Para las personas con discapacidad se tendrán especialmente en cuenta las medidas del artículo 39.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Los servicios de empleo procurarán prioritariamente su acceso al empleo ordinario, el mantenimiento del empleo, la mejora de su empleabilidad y su desarrollo profesional, y la sostenibilidad del empleo protegido. Si lo deciden las Administraciones competentes, el personal de los servicios de empleo se integrará en los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad. Habrá acciones positivas y empleo con apoyo.

  55. Artículo 55. Servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo y a personas, empresas y demás entidades empleadoras

    La Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, directamente o colaborando con otros agentes públicos, privados y los interlocutores sociales, deben garantizar en todo el territorio nacional los servicios de los artículos siguientes a los demandantes de servicios de empleo y a los empleadores. Su asignación se apoyará en el análisis de datos y en evidencias estadísticas de impacto y efectividad. Su contenido y alcance se fijarán reglamentariamente.

  56. Artículo 56. Catálogo de servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo

    Son servicios garantizados a los demandantes: perfil individualizado con diagnóstico previo; tutorización individual durante las transiciones laborales; itinerario personalizado con acuerdo de actividad; formación en el trabajo; asesoramiento para el autoempleo; intermediación eficiente; canal presencial o digital; acceso a trabajos en todo el Estado en iguales condiciones; protección social; y expediente laboral único. La evaluación individual se dará lo antes posible y el itinerario, en un mes como máximo desde la elaboración del perfil.

  57. Artículo 57. Catálogo de servicios garantizados a personas, empresas y demás entidades empleadoras

    La Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos deben garantizar en todo el territorio a empleadores: gestión de las ofertas presentadas; información y asesoramiento sobre contratación y sus medidas de apoyo; identificación de sus necesidades de puestos y perfiles; información y apoyo sobre la comunicación de contrataciones y trámites; apoyo en la recolocación en los supuestos legales; e información sobre la difusión de ofertas en la Unión Europea mediante la Red EURES. Se desarrollarán reglamentariamente.

  58. Artículo 58. Compromisos de las personas demandantes de servicios de empleo

    Los demandantes de servicios de empleo se comprometen a: colaborar en su perfil y en el diseño de su itinerario, aportando documentación y atendiendo requerimientos; desarrollar, salvo causa justificada, las actividades del itinerario; cumplir, salvo causa justificada, la formación y la carga lectiva mínima del acuerdo de actividad; mantener una actitud activa; comunicar cambios de domicilio y otras circunstancias relevantes; y, si están desempleados, aceptar ofertas de empleo adecuadas.

  59. Artículo 59. Compromisos de las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo

    Para acceder a los servicios garantizados del artículo 57.2, las personas, empresas y demás entidades empleadoras usuarias de los servicios de empleo se comprometen a: colaborar activamente con los servicios públicos de empleo en la planificación de las actividades formativas; comunicar sus puestos vacantes en los términos que fije el reglamento; y colaborar con la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras.

  60. Artículo 60. Personas, empresas y demás entidades usuarias de los servicios de empleo

    Pueden ser usuarios de los servicios de empleo dos grupos: las personas demandantes de servicios de empleo, y las personas, empresas y demás entidades empleadoras, cualquiera que sea su forma jurídica. El artículo no limita el acceso de los empleadores por razón de la forma que adopten.

  61. Artículo 61. Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y carteras propias

    La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, regulada por reglamento, recoge los servicios garantizados y los demás que se presten en todo el Estado. Se agrupan en orientación, intermediación y asesoramiento a empresas, formación en el trabajo y asesoramiento para el autoempleo y el desarrollo local. Cada servicio público puede aprobar su propia cartera, que incluirá siempre la común, más servicios complementarios. Además se implantará, con carácter accesorio, una cartera digital con asistente virtual e identificación electrónica.

  62. Artículo 62. Régimen presupuestario de fondos de empleo de ámbito nacional

    Los fondos de empleo de ámbito nacional son competencia del Estado y figuran identificados en los presupuestos estatales. Se distribuyen según el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria y financian programas del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno. El Consejo de Ministros, previo informe de Hacienda, puede fijar criterios plurianuales para las Comunidades que cumplan objetivos. Si los cumplen, devuelven los remanentes no comprometidos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Se reserva crédito para la Administración General del Estado.

  63. Artículo 63. Políticas activas de empleo cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea

    Al distribuir los fondos que gestionarán las Comunidades Autónomas, se identificarán los programas cofinanciados por fondos de la Unión Europea. Cuando una política activa de empleo esté cofinanciada por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma que haya asumido su gestión asume también la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos de la legislación comunitaria aplicable.

  64. Artículo 64. Órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional

    Son órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional: la Agencia Española de Empleo; los órganos de las Comunidades Autónomas, respecto de la gestión transferida; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Intervención General de la Administración del Estado; el Tribunal de Cuentas; y, si hay cofinanciación europea, los órganos de la Unión y las autoridades estatales de gestión y pagadoras de los fondos estructurales. Cada uno controla según su normativa.

  65. Artículo 65. Remanentes generados con la cuota de formación profesional

    Los remanentes de crédito para formación en el trabajo de la reserva de la Agencia Española de Empleo se incorporan al ejercicio siguiente, según la Ley de Presupuestos. Si el remanente de tesorería afectado a la formación en el trabajo, calculado a 31 de diciembre, supera los dos mil millones de euros durante dos ejercicios consecutivos, el exceso sobre esa cifra puede usarse al año siguiente para políticas activas de empleo que incluyan mejora de competencias, incluyéndolo en el presupuesto inicial o mediante modificación presupuestaria.

  66. Artículo 66. Planificación y carácter público de sus resultados

    La política de empleo se evaluará de forma continuada y planificada, dirigida en el seno del Sistema Nacional de Empleo y realizada con carácter externo e independiente, además de las evaluaciones internas del propio Sistema. Perseguirá los objetivos finales de la evaluación de políticas públicas en el Estado. Sus resultados serán públicos, se actualizarán periódicamente e incluirán recomendaciones que se incorporarán con claridad a la toma de decisiones.

  67. Artículo 67. Prioridades

    La evaluación de la política de empleo tiene dos prioridades: medir el retorno social y económico de las inversiones en política de empleo, y valorar la eficacia de las medidas de protección a las personas y a las empresas y su impacto en el mantenimiento del empleo.

  68. Artículo 68. Niveles de organización

    La planificación de la evaluación abarca las estrategias vigentes y sus planes de desarrollo, y se organiza al menos en cuatro niveles: estratégico (cumplimiento de objetivos); de desempeño de la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos autonómicos, según el modelo de la Comisión Europea en la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión; de impacto, eficacia y eficiencia de programas y medidas; y de satisfacción de personas y entidades empleadoras atendidas.

  69. Artículo 69. Aspectos metodológicos y calidad de los datos

    La metodología de evaluación valorará el diseño, la puesta en práctica y los efectos de las políticas de empleo, y podrá usar grupos de control, escenarios contractuales o proyectos piloto previos. Atenderá especialmente a la mejora de la empleabilidad y a las transiciones del desempleo al empleo. La fuente principal serán los datos administrativos de gestión del Sistema Nacional de Empleo, cuya calidad se asegurará con proyectos sobre su Sistema de Información, desagregados por colectivos prioritarios si es posible. Incluirá recomendaciones públicas.

  70. Artículo 70. Otras iniciativas de evaluación

    Además de lo previsto en el título de evaluación, se favorecerán las iniciativas de evaluación que las administraciones competentes desarrollen en paralelo a los niveles de gestión, para cubrir la evaluación del impacto del mayor número posible de programas y medidas. En el Sistema Nacional de Empleo se promoverá sistematizar la puesta en común de las buenas prácticas y casos de éxito que surjan de ellas.

Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social

En este tema: arts. 262–304. Ver la norma

  1. Artículo 262. Objeto de la protección

    Protege a quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria (art. 267). Total: cese, temporal o definitivo, en la actividad con privación del salario; incluye el cese por días completos, continuados o alternos, durante al menos una jornada ordinaria, por suspensión o reducción temporal decididas por el empresario (art. 47 ET) o por resolución judicial en procedimiento concursal. Parcial: reducción temporal de la jornada diaria ordinaria entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 %, con análoga reducción del salario.

  2. Artículo 263. Niveles de protección

    La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio. El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada. El nivel asistencial, complementario del anterior, garantiza la protección a los trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos incluidos en el artículo 274.

  3. Artículo 264. Personas protegidas

    Si tienen previsto cotizar por desempleo, se protege a: trabajadores por cuenta ajena del Régimen General y de regímenes especiales que lo protegen (con peculiaridades reglamentarias); emigrantes retornados y liberados de prisión, en las condiciones del título; interinos, personal eventual y contratado en su momento en régimen administrativo; cargos locales, forales, insulares y sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y retribuidos; y altos cargos con dedicación exclusiva, retribuidos y no funcionarios, salvo compensación por cese. El Gobierno podrá ampliar la cobertura.

  4. Artículo 265. Acción protectora

    Nivel contributivo: prestación por desempleo total o parcial y abono de la aportación de la empresa a las cotizaciones durante la percepción de las prestaciones, salvo en los supuestos del artículo 273.2. Nivel asistencial: subsidio por desempleo; abono, en su caso, de la cotización por la contingencia de jubilación durante el subsidio, en los supuestos del artículo 280; y derecho a asistencia sanitaria y, en su caso, a prestaciones familiares. Se añaden acciones de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional y de fomento del empleo estable.

  5. Artículo 266. Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones

    Las personas del artículo 264 deberán: a) estar afiliadas y en alta o asimilada al alta en los casos que legal o reglamentariamente se determinen; b) tener cubierto el período mínimo del artículo 269.1 en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese de la obligación de cotizar; c) estar en situación legal de desempleo y suscribir el acuerdo de actividad; d) no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo las excepciones de esa letra; e) estar inscritas como demandantes en el servicio público de empleo competente.

  6. Artículo 267. Situación legal de desempleo

    Están en situación legal de desempleo, entre otros, quienes ven extinguida su relación laboral por despido colectivo, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, despido, causas objetivas, resolución voluntaria en los supuestos de los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 ET o expiración del tiempo convenido sin denuncia del trabajador; y quienes retornan del extranjero sin prestación allí y con cotización suficiente antes de salir. No lo están quienes cesen voluntariamente (salvo el 1.a) 5.º) o no acrediten su disponibilidad a través del acuerdo de actividad.

  7. Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones

    Quien cumpla los requisitos del artículo 266 debe solicitar la prestación a la entidad gestora competente dentro de los quince días siguientes a la situación legal de desempleo, inscribirse como demandante de empleo, que debe mantenerse toda la prestación, y suscribir el acuerdo de actividad. Si la pide tarde, nace desde la solicitud y pierde los días que medien. Las vacaciones no disfrutadas lo retrasan hasta que transcurran. La decisión empresarial de extinguir es por sí misma situación legal de desempleo. Si hay readmisión, lo percibido es indebido por causa no imputable al trabajador.

  8. Artículo 269. Duración de la prestación por desempleo

    La duración de la prestación por desempleo depende de la ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese de la obligación de cotizar: la escala va de 120 días de prestación (desde 360 hasta 539 cotizados) a 720 (desde 2.160). El Gobierno podrá modificarla previo informe al Consejo General del SEPE. Cuentan las cotizaciones no computadas para un derecho anterior; no, las del tiempo de abono de la prestación, salvo la del artículo 45.1.n) del Estatuto. Las vacaciones del artículo 268.3 computan. En el desempleo parcial la consunción es por horas.

  9. Artículo 270. Cuantía de la prestación por desempleo

    La base reguladora es el promedio de la base cotizada por desempleo en los últimos 180 días del período del apartado 1 del artículo 269, excluidas las horas extraordinarias, que tampoco figuran en el certificado de empresa. Se cobra el 70 % los 180 primeros días y el 60 % desde el día 181. Máximo: 175 % del indicador público de rentas de efectos múltiples, o 200 % y 225 % con uno o más hijos a cargo, respectivamente. Mínimo: 107 % con hijos a cargo y 80 % sin ellos. Se toma el indicador mensual vigente al nacer el derecho, incrementado en una sexta parte.

  10. Artículo 271. Suspensión del derecho

    La entidad gestora suspende la prestación por desempleo por: sanción por infracciones leves y graves; nacimiento, adopción, guarda o acogimiento; condena privativa de libertad (con la salvedad de las rentas familiares); trabajo por cuenta ajena inferior a doce meses o por cuenta propia inferior a sesenta (veinticuatro con mutualidad alternativa); traslado al extranjero inferior a doce meses o estancia de hasta noventa días al año; no presentar documentos requeridos; no estar inscrito; incumplir o suspender el acuerdo de actividad; fijos-discontinuos que no se reincorporen.

  11. Artículo 272. Extinción del derecho

    Se extingue la prestación por desempleo por: a) agotamiento del plazo; b) sanción según la LISOS; c) trabajo por cuenta ajena igual o superior a doce meses (sin perjuicio de la opción del 269.3), o por cuenta propia igual o superior a sesenta meses con alta en RETA o Mar, o a veinticuatro con alta en mutualidad alternativa al RETA; d) edad ordinaria de jubilación, salvo lo del 266.d); e) pensión de jubilación o de IP total, absoluta o gran incapacidad (podrá optar); f) traslado o estancia en el extranjero, salvo 271.1.f) y g); g) renuncia voluntaria; h) seis años desde la baja sin reanudar.

  12. Artículo 273. Cotización durante la situación de desempleo

    Durante la percepción de la prestación por desempleo, la entidad gestora ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social: asume la aportación empresarial y descuenta de la prestación, incluidos los supuestos del artículo 270.3, la aportación del trabajador. En reducción de jornada o suspensión del contrato, ingresa únicamente la aportación del trabajador, tras efectuar ese descuento. Extinguida la relación laboral, la cotización no comprende las cuotas de desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

  13. Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo

    Beneficiarios: desempleados que cumplan el apartado 2 y a) hayan agotado la prestación (si son menores de cuarenta y cinco años sin responsabilidades familiares, de duración igual o superior a trescientos sesenta días) o b) estén en situación legal de desempleo sin el período mínimo para la contributiva, si han cotizado al menos noventa días. Apartado 2: no tener derecho a la contributiva, no estar en supuesto de incompatibilidad y carecer de rentas propias o, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares. En todos los casos: inscripción y acuerdo de actividad.

  14. Artículo 275. Carencia de rentas y responsabilidades familiares

    Carencia de rentas: rentas propias del mes natural anterior que no superen el 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Responsabilidades familiares: rentas de la unidad familiar (incluido el solicitante) divididas entre sus miembros, con el mismo límite. Unidad familiar: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho y los hijos menores de 26 años, o mayores con discapacidad, o menores acogidos o en guarda, que convivan o dependan económicamente. Los requisitos deben concurrir al solicitar el subsidio, sus prórrogas o reanudaciones.

  15. Artículo 276. Solicitudes, nacimiento y prórroga del derecho al subsidio

    Nace el día siguiente al del hecho causante si se pide en los 15 días hábiles siguientes; pedido después, pero dentro de 6 meses, nace el día de la solicitud; más tarde se deniega, salvo que el último día se estuviera trabajando o cobrando IT o nacimiento y cuidado de menor (plazo ampliado a 15 días hábiles tras su fin). Hecho causante: agotamiento de la prestación contributiva o última situación legal de desempleo si se accede por cotizaciones insuficientes. Prórroga hasta la duración máxima del art. 277: solicitud cada 3 meses devengados, en 15 días hábiles tras el trimestre.

  16. Artículo 277. Duración del subsidio

    Art. 274.1.a): la duración máxima depende de la edad al agotar la prestación, de si se acreditan responsabilidades familiares y de la duración de la prestación agotada: sin ellas, 6 meses en los casos de edad y duración de la tabla; con ellas (edad indiferente), 24 o 30 meses según la prestación agotada. Pueden acreditarse después, en los 12 meses siguientes al hecho causante. Art. 274.1.b): 90 días cotizados, 3 meses; 120, 4; 150, 5; 180, 6 sin responsabilidades o 21 con ellas (ampliable a 21 en 12 meses). Esas cotizaciones no valen para un futuro derecho. Siempre por trimestres prorrogables.

  17. Artículo 278. Cuantía del subsidio

    La cuantía del subsidio es igual a un porcentaje del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento: el 95 por ciento durante los ciento ochenta primeros días; el 90 por ciento desde el día ciento ochenta y uno al día trescientos sesenta; y el 80 por ciento a partir del día trescientos sesenta y uno.

  18. Artículo 279. Suspensión, reanudación y extinción del derecho al subsidio

    El subsidio del 274.1 se suspende por las causas del 271 y se reanuda en su forma y plazos si mantiene los requisitos de acceso. Si al acabar la suspensión no cumple la carencia de rentas o las responsabilidades familiares, podrá pedir la reanudación al cumplirlo, en los seis meses siguientes: efectos desde la solicitud, sin días consumidos. Fuera de plazo no procede (salvo último párrafo del 276.2), sin acumular suspensiones. Se extingue por el 272, salvo su h), y a los seis meses del agotamiento de la prórroga o del fin de la suspensión (276.2: quince días hábiles). Mayores de 52: 280.

  19. Artículo 280. Beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años

    Accede quien tenga cincuenta y dos años en la fecha del supuesto del artículo 274.1 y, en la del hecho causante, reúna todos los requisitos, salvo la edad, para cualquier pensión contributiva de jubilación, haya cotizado efectivamente en España por desempleo al menos seis años y carezca de rentas propias, requisito que ha de mantenerse. Cuantía: 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual. Declaración anual de rentas. La entidad gestora cotiza por jubilación sobre el 125 % de la base mínima del Régimen General.

  20. Artículo 281. Automaticidad del derecho a las prestaciones

    La entidad gestora competente pagará las prestaciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y de cotización. Lo hará sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y de la responsabilidad que corresponda a esta por las prestaciones abonadas.

  21. Artículo 282. Incompatibilidades

    La prestación y el subsidio son incompatibles con el trabajo por cuenta propia y, con carácter general, con las prestaciones contributivas económicas de la Seguridad Social, salvo que fueran compatibles con el trabajo que originó el derecho. La prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial si se solicita, deduciendo la parte proporcional: desde el inicio si se pide en 15 días hábiles; si no, desde la solicitud, siempre que se presente antes de 12 meses. El subsidio se compatibiliza como complemento de apoyo al empleo, con duración máxima de 180 días.

  22. Artículo 283. Prestación por desempleo e incapacidad temporal

    Si el contrato se extingue durante una incapacidad temporal por contingencias comunes, esta se sigue cobrando en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta su extinción; si la causa de extinción es del artículo 267.1 y se reúnen los requisitos, se pasa al desempleo, descontando ese tiempo como consumido. La entidad gestora de las prestaciones por desempleo cotiza y asume toda la aportación del trabajador. Si son profesionales: cuantía reconocida, sin descuento. Si surge cobrando desempleo total, tras el período inicial: misma cuantía si es recaída; 80 % del indicador mensual si no.

  23. Artículo 284. Prestación por desempleo y nacimiento y cuidado de menor

    Ap. 1: si, estando en nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el trabajador pasa a un supuesto del art. 267.1, sigue cobrando esa prestación hasta que se extinga; luego pasa a desempleo y cobra, si reúne los requisitos, la prestación por desempleo, sin descontar de la contributiva ese tiempo. Ap. 2: si cobra desempleo total y pasa a esas situaciones, se suspenden el desempleo y la cotización del art. 265.1.a).2.º; extinguida aquella prestación, se reanuda el desempleo por la duración que restaba y la cuantía del momento de la suspensión.

  24. Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años y jubilación

    Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274.4 y alcance la edad ordinaria que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos de la pensión se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad, si la jubilación se solicita en el plazo de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, la retroactividad máxima será de tres meses desde la solicitud.

  25. Artículo 286. Normas aplicables

    Los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios deben cotizar por desempleo y tienen derecho a su protección, con las especialidades de la sección. No cotizan ni tienen derecho a prestaciones por desempleo, por esos periodos, el cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, del titular de la explotación en la que trabajen, si conviven con él, salvo que se demuestre su condición de asalariados. Durante las prestaciones, la cotización se rige por el artículo 289.

  26. Artículo 287. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales

    Acceden a las prestaciones del título con los requisitos del art. 266; si inmediatamente antes estuvieron de alta como autónomos, necesitan 720 días cotizados y luego rige la escala del art. 269.1, aunque el trabajo con situación legal de desempleo no sea eventual agrario, si la mayoría de cotizaciones al desempleo son de ese trabajo. Las jornadas reales computadas para la protección general o el subsidio del art. 274.1.b) no sirven para el subsidio del RD 5/1997 ni la renta agraria, y viceversa para la protección general. Si reúne requisitos de ambos, podrá optar por uno.

  27. Artículo 288. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales residentes en Andalucía y Extremadura

    Los eventuales agrarios del Sistema Especial residentes en Andalucía y Extremadura tienen la protección del artículo anterior y, además, el subsidio del RD 5/1997 o la renta agraria del RD 426/2003, si al quedar en desempleo acreditan esa condición y los requisitos. En cotización mensual, un mes completo computa 23 jornadas reales. La entidad gestora cotiza a la TGSS sobre el tope mínimo. El subsidio exige haberlo cobrado en alguno de los tres años naturales inmediatamente anteriores a la solicitud; las personas trabajadoras en esa fecha deben suscribir un acuerdo de actividad.

  28. Artículo 289. Cotización durante la percepción de las prestaciones

    La entidad gestora abona la cotización directamente a la TGSS. Prestación contributiva: base de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, calculada según las bases de los períodos de actividad; tipo de los períodos de inactividad (art. 255.3); la entidad gestora asume el 73,50 % de la aportación del trabajador y este el 26,50 %, descontado de la prestación. Subsidio del art. 274: base = tope mínimo vigente en el Régimen General. En los eventuales con cotizaciones computadas a distintos regímenes o sistemas, se cotiza al de mayor período cotizado.

  29. Artículo 290. Trabajadores contratados para la formación y aprendizaje

    En el contrato para la formación y el aprendizaje, la cotización por la contingencia de desempleo se efectúa por una cuota fija: la resultante de aplicar a la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el mismo tipo de cotización y distribución entre empresario y trabajador establecidos para el contrato en prácticas. Para determinar la base reguladora y la cuantía de la prestación por desempleo se aplica lo establecido en el artículo 270 de esta ley.

  30. Artículo 291. Trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar

    A las bases de cotización para desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Esa aplicación es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de esta ley.

  31. Artículo 292. Militares profesionales de tropa y marinería

    Los militares profesionales de tropa y marinería con relación de servicios de carácter temporal están en situación legal de desempleo cuando finalice el compromiso suscrito o se resuelva por causas independientes de su voluntad. La prestación o el subsidio por desempleo son compatibles con la asignación de reservista de especial disponibilidad, cuyo importe se computa como renta a efectos del subsidio según el artículo 275.2. En desempleo tendrán un seguimiento activo e individualizado del Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

  32. Artículo 293. Financiación

    La acción protectora regulada en el título en el que se encuentra el artículo 293 se financiará mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado. La cuantía de la aportación del Estado será cada año la fijada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

  33. Artículo 294. Entidad gestora

    Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones. Las empresas colaborarán con la entidad gestora asumiendo el pago delegado de la prestación por desempleo en los supuestos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

  34. Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos

    La entidad gestora competente declara y exige la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario. Transcurrido el plazo sin reintegro, la Tesorería General de la Seguridad Social recauda en vía ejecutiva, con recargo e interés de demora. La entidad gestora podrá concertar servicios con la Tesorería o con cualquier administración pública, y podrá conceder compensación parcial o fraccionamiento, a solicitud del sujeto responsable presentada antes del inicio de la vía ejecutiva.

  35. Artículo 296. Pago de las prestaciones

    La entidad gestora deberá dictar resolución motivada sobre las prestaciones por desempleo en los quince días siguientes a la solicitud formulada en tiempo y forma. Pagan la entidad gestora o la propia empresa, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen. Si lo establece algún programa de fomento del empleo, la entidad gestora podrá: abonar de una sola vez la prestación contributiva pendiente, total o parcial; abonarla en pagos parciales para subvencionar la cotización; y, por movilidad geográfica, abonar un mes de prestaciones o tres de subsidio pendientes.

  36. Artículo 297. Control de las prestaciones

    La entidad gestora controla el cumplimiento del título y comprueba el fraude. Podrá exigir a quienes cesaron según los párrafos 3.º, 4.º y 5.º del artículo 267.1.a) acreditar que percibieron la indemnización legal. Si no la percibieron ni demandaron judicialmente su pago o impugnaron la decisión extintiva, o si la extinción no lleva aparejada indemnización, se reclamará la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la involuntariedad del cese. Podrá suspender el abono ante indicios suficientes de fraude apreciados en las investigaciones de los órganos competentes.

  37. Artículo 298. Obligaciones de los empresarios

    Obligaciones de los empresarios: a) cotizar por la aportación empresarial a desempleo; b) ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad; c) proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen; d) entregar el certificado de empresa; e) abonar a la entidad gestora las prestaciones si se le declara responsable por incumplir afiliación, alta o cotización; f) en su caso, pago delegado; g) comunicar la readmisión en cinco días e ingresar las prestaciones (art. 268.5); h) comunicar antes las variaciones de calendario u horario (art. 47 ET).

  38. Artículo 299. Obligaciones de los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo

    Deben cotizar por desempleo; aportar documentación e información y comunicar su domicilio y cambios; inscribirse como demandantes de empleo y cumplir el acuerdo de actividad; buscar activamente empleo y acreditarlo si se les requiere; comparecer si se les requiere; participar en programas y aceptar la colocación adecuada; devolver en cinco días el justificante de comparecencia; pedir la baja; comunicar situaciones del complemento de apoyo al empleo; reintegrar lo indebido. Son beneficiarios en los quince días hábiles para pedir la prórroga del subsidio y en las suspensiones de su apartado 2.

  39. Artículo 300. Acuerdo de actividad

    A los efectos previstos en «este título», por acuerdo de actividad se entiende el así definido en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El artículo no contiene la definición: remite a la de esa ley.

  40. Artículo 301. Colocación adecuada

    A los efectos previstos en «este título», por colocación adecuada se entiende la así definida en el artículo 3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El artículo no contiene la definición: remite a la de esa ley.

  41. Artículo 302. Infracciones y sanciones

    En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en el título en el que se encuentra el artículo 302 y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

  42. Artículo 303. Impugnación de actos

    Van al orden social las decisiones de la entidad gestora sobre reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de las prestaciones por desempleo, y sus resoluciones sobre: a) devolución de prestaciones indebidamente percibidas y reintegro de las que responda directamente el empresario (arts. 268.5.b) y 295.1), salvo la gestión recaudatoria (art. 3.f) Ley 36/2011); b) pago único (art. 296.3); c) sanciones a trabajadores (art. 48.5 LISOS). Para demandar es requisito necesario la reclamación previa ante la entidad gestora (art. 71 LRJS).

  43. Artículo 304. Derecho supletorio

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