Tema 23 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos del derecho de asilo.

Artículo 1. Delimitación del ámbito

Son extranjeros, a efectos de la Ley, quienes carecen de la nacionalidad española. La Ley se aplica sin perjuicio de las leyes especiales y de los tratados internacionales en que España sea parte. Los nacionales de la Unión Europea y quienes estén en el régimen comunitario se rigen por sus propias normas, pero se les aplica esta Ley en los aspectos que les resulten más favorables.

Artículo 2. Exclusión del ámbito de la ley

Quedan fuera de la Ley: a) agentes diplomáticos, funcionarios consulares acreditados y demás miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares, y sus familiares, si el Derecho internacional los exime de inscribirse como extranjeros y de obtener autorización de residencia; b) miembros de misiones o delegaciones ante organismos intergubernamentales con sede en España o en conferencias internacionales celebradas aquí, y sus familiares; c) funcionarios de organizaciones internacionales con sede en España y sus familiares, si los tratados les eximen de esas obligaciones.

Artículo 2 bis. La política inmigratoria

El Gobierno define, planifica, regula y desarrolla la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que asuman comunidades autónomas y entidades locales. Las Administraciones respetan diez principios: coordinación con la UE, flujos laborales según el empleo, integración transversal, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, garantía de derechos, lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, persecución de la trata, igualdad laboral y de Seguridad Social, y diálogo con países de origen y tránsito. El Estado garantiza la solidaridad territorial.

Artículo 2 ter. Integración de los inmigrantes

Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros, con el solo límite de la Constitución y la ley. Las Administraciones harán de la integración un objetivo transversal, con formación en valores, escolarización obligatoria, lenguas oficiales y empleo. El Estado coopera con comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y ayuntamientos mediante un plan estratégico plurianual que atiende a los menores no acompañados. Gobierno y comunidades acuerdan en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales, financiados por un fondo estatal que se dota anualmente.

Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas

Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I de la Constitución en los términos de los tratados, de esta Ley y de las leyes que regulen cada derecho. Como criterio interpretativo general, ejercen los derechos de esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. Las normas sobre sus derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados vigentes en España, y no cabe alegar creencias o convicciones para justificar actos contrarios a ellos.

Artículo 4. Derecho a la documentación

Los extranjeros en España tienen el derecho y el deber de conservar la documentación de su identidad, expedida por su país de origen o procedencia, y la que acredite su situación en España. Quien tenga visado o autorización para permanecer más de seis meses obtendrá la tarjeta de identidad de extranjero, que solicitará personalmente en el plazo de un mes desde la entrada o desde la concesión; no la necesitan los titulares de visado de residencia y trabajo de temporada. Solo se les puede privar de su documentación en los casos de esta Ley y de la Ley Orgánica 1/1992.

Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación

Los extranjeros que estén en España conforme al Título II pueden circular libremente y elegir residencia, con los límites de tratados y leyes o los acordados por la autoridad judicial (cautelares, en proceso penal o de extradición, o por sentencia firme). Caben medidas específicas en estado de excepción o de sitio y, excepcionalmente por seguridad pública, por resolución individualizada, motivada y proporcionada del Ministro del Interior. Duran lo imprescindible y pueden consistir en presentación periódica ante las autoridades y alejamiento de fronteras o núcleos de población.

Artículo 6. Participación pública

Los extranjeros residentes pueden ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, en los términos de la Constitución, los tratados y la ley. Los residentes empadronados tienen los derechos que da la legislación de régimen local y pueden ser oídos en los asuntos que les afecten. Los ayuntamientos incorporan al padrón a los extranjeros con domicilio habitual en el municipio y mantienen actualizados sus datos. Los poderes públicos facilitan que voten en las elecciones de su país de origen.

Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación

Los extranjeros tienen derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público deben comunicarlo previamente a la autoridad competente con la antelación que fija la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, y esa autoridad solo puede prohibirlas o proponer su modificación por las causas previstas en dicha Ley.

Artículo 8. Libertad de asociación

Artículo 9. Derecho a la educación

Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber de educación básica, gratuita y obligatoria; los menores de dieciocho, derecho a la posobligatoria, con titulación y becas como los españoles, y lo conservan hasta fin de curso si cumplen dieciocho durante él. Los mayores de dieciocho tienen derecho a la educación según la legislación educativa; si son residentes, a las etapas posobligatorias, titulaciones y becas como los españoles. Los residentes con menores en edad obligatoria deben acreditar su escolarización al renovar o pedir la larga duración.

Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social

Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos de esta Ley Orgánica y de sus normas de desarrollo tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena y a acceder al sistema de la Seguridad Social, conforme a la legislación vigente. Además, los extranjeros pueden acceder al empleo público en los términos del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007).

Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga

Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, y pueden ejercer el derecho de huelga en las mismas condiciones que los españoles.

Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria

Artículo 13. Derechos en materia de vivienda

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas a la vivienda en los términos que fijen las leyes y las Administraciones competentes. Los residentes de larga duración, en todo caso, tienen derecho a esas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

Artículo 14. Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales

Los extranjeros residentes acceden a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social, y a los servicios y prestaciones sociales generales, básicas y específicas, en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros con discapacidad menores de dieciocho años con domicilio habitual en España tienen derecho al tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado. Cualquiera que sea su situación administrativa, todos los extranjeros tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles

Salvo lo que dispongan los acuerdos sobre doble imposición internacional, los extranjeros están sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. Tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país o a cualquier otro, conforme a la legislación española y a los acuerdos internacionales, y el Gobierno adoptará medidas para facilitar esas transferencias.

Artículo 23. Actos discriminatorios

Es discriminación todo acto que, directa o indirectamente, distinga, excluya, restrinja o prefiera contra un extranjero por raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico o convicciones y prácticas religiosas, que destruya o limite sus derechos. Siempre lo son: los de autoridades o funcionarios en sus funciones; condiciones más gravosas o negarle bienes y servicios ofrecidos al público; restringir al extranjero regular trabajo, vivienda, educación o servicios sociales; impedir la actividad económica legítima del residente legal. Indirecta: criterios que dañan a trabajadores extranjeros.

Artículo 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario

La tutela judicial frente a cualquier práctica discriminatoria que vulnere derechos y libertades fundamentales puede exigirse por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, en los términos legalmente establecidos.

Artículo 1. Objeto de la ley

La Ley 12/2009 se dicta conforme al apartado cuatro del artículo 13 de la Constitución. Tiene por objeto fijar los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en España de la protección internacional, formada por el derecho de asilo y la protección subsidiaria. También regula el contenido de esa protección internacional.

Artículo 2. El derecho de asilo

El derecho de asilo es la protección que se dispensa a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. Esa condición se define en tres textos: el artículo 3 de la propia Ley, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951) y su Protocolo (suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967).

Artículo 3. La condición de refugiado

Es refugiado quien, por fundados temores de persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género, orientación sexual o identidad sexual, está fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a su protección. También el apátrida que, fuera del país de su anterior residencia habitual, no puede o no quiere regresar. En ambos casos no debe incurrir en las causas de exclusión del art. 8 ni en las de denegación o revocación del art. 9.

Artículo 4. La protección subsidiaria

La protección subsidiaria se dispensa a personas de otros países y a apátridas que no reúnen los requisitos del asilo o del estatuto de refugiado. Debe haber motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen (nacionales) o al de su anterior residencia habitual (apátridas), se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves del artículo 10. Además, no deben poder o, a causa de ese riesgo, no querer acogerse a la protección de ese país. No se concede si concurre alguno de los supuestos de los artículos 11 y 12.

Artículo 5. Derechos garantizados con el asilo y la protección subsidiaria

La protección que otorgan tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria consiste en dos cosas: 1) la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido; y 2) la adopción de las medidas contempladas en el artículo 36 de la Ley y en sus normas de desarrollo, en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España.

Artículo 6. Actos de persecución

Para que haya persecución (en el sentido del art. 3), los actos deben: a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado para violar gravemente derechos fundamentales, en particular los no exceptuables según el art. 15.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o b) ser una acumulación suficientemente grave de varias medidas. Formas, entre otras: violencia física o psíquica (incluida sexual); medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales discriminatorias; procesamientos o penas desproporcionados o discriminatorios; denegación de tutela judicial con esas penas; penas por negarse al servicio militar en un conflicto con conductas excluibles (art. 8.2); actos sexuales contra adultos o niños. Deben estar relacionados con los motivos del artículo siguiente.

Artículo 7. Motivos de persecución

Motivos: raza (color, origen, grupo étnico); religión (creencias teístas, no teístas y ateas); nacionalidad (no solo ciudadanía); opiniones políticas (aunque no se actúe conforme a ellas); y grupo social determinado (característica compartida e identidad diferenciada). Según el país de origen, el grupo social incluye orientación sexual o identidad sexual y/o edad; aparte, se incluye a quien huye por persecución por género y/o edad. Esos aspectos solos no bastan. Lo que es delito en España nunca es orientación sexual. Es indiferente poseer realmente la característica si el perseguidor la atribuye.

Artículo 8. Causas de exclusión

Apartado 1: quedan excluidas de la condición de refugiado dos categorías. La a) son las personas protegidas o asistidas por un órgano u organismo de la ONU distinto del ACNUR (art. 1.D Convención de Ginebra). Si esa protección cesa sin solución definitiva según las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, tienen «ipso facto» derecho al asilo. La b) son las personas a quienes su país de residencia reconoce derechos y obligaciones de nacional o equivalentes. Apartado 2: también quedan excluidas las personas sobre las que haya motivos fundados de: delitos contra la paz, de guerra o contra la humanidad; delito grave cometido fuera del país de refugio antes de ser admitidas; actos contrarios a los fines y principios de la ONU. Apartado 3: el apartado 2 alcanza también a quien incite o participe.

Artículo 9. Causas de denegación

El artículo 9 fija dos causas por las que el derecho de asilo se denegará «en todo caso». La primera alcanza a las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España. La segunda alcanza a las personas que, tras una condena firme por delito grave, constituyan una amenaza para la comunidad. En esta segunda causa no basta la condena firme por delito grave: además ha de existir esa amenaza para la comunidad.

Artículo 10. Daños graves

El artículo 10 enumera, en tres letras, los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria del artículo 4. Son: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

Artículo 11. Causas de exclusión

Excluye de la protección subsidiaria a quien, con fundados motivos, se le atribuya: a) delito contra la paz, de guerra o contra la humanidad; b) delito grave del Código Penal español contra vida, libertad, indemnidad o libertad sexual, integridad o patrimonio, con fuerza en las cosas o violencia o intimidación, o de delincuencia organizada, cometido fuera del país de protección antes de autorizarse su residencia; c) actos contrarios a fines y principios de la ONU; o d) ser un peligro para la seguridad interior o exterior de España o el orden público. También a quien incite o participe.

Artículo 12. Causas de denegación

El artículo 12 fija dos causas por las que la protección subsidiaria se denegará «en todo caso». La primera afecta a las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España. La segunda afecta a las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave, constituyan una amenaza para la comunidad. En esta segunda hacen falta tres requisitos a la vez: condena firme, delito grave y amenaza para la comunidad.

Artículo 13. Agentes de persecución o causantes de daños graves

El artículo enumera, con la fórmula «entre otros», quiénes pueden ser agentes de persecución o causantes de daños graves: a) el Estado; b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio; c) los agentes no estatales, pero solo cuando los anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves.

Artículo 14. Agentes de protección

Pueden proporcionar protección: a) el Estado, o b) los partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio. Hay protección cuando esos agentes adoptan medidas razonables y efectivas para impedir la persecución o los daños graves (por ejemplo, un sistema jurídico eficaz de investigación, procesamiento y sanción) y el solicitante tiene acceso efectivo a ella. Para valorar si una organización internacional controla un Estado se atiende a los actos de las instituciones de la UE o de organizaciones internacionales relevantes.

Artículo 15. Necesidades de protección internacional surgidas «in situ»

Los fundados temores de persecución (art. 6) o el riesgo real de daños graves (art. 10) pueden basarse también en hechos ocurridos o en actividades del solicitante posteriores a su salida del país de origen o, si es apátrida, del de residencia habitual. Esto vale en especial si esos hechos expresan convicciones u orientaciones que ya mantenía allí. Si el riesgo de persecución nace de circunstancias creadas expresamente por el solicitante tras salir, ese hecho se ponderará a efectos de no reconocer la condición de refugiado.

Artículo 16. Derecho a solicitar protección internacional

Los nacionales no comunitarios y los apátridas presentes en territorio español tienen derecho a solicitar protección internacional en España. Los solicitantes tienen derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que abarca la formalización y toda la tramitación, y a intérprete según el art. 22 de la LO 4/2000. La asistencia jurídica es preceptiva si la solicitud se formaliza por el procedimiento del art. 21 de esta Ley. La solicitud implica valorar tanto la condición de refugiado como la protección subsidiaria, y se informa de ello al solicitante. Toda la información del procedimiento es confidencial, incluido el hecho de haber presentado la solicitud.

Artículo 17. Presentación de la solicitud

La solicitud de protección internacional se presenta por comparecencia personal en los lugares que fije el reglamento o, si hay imposibilidad física o legal, mediante representante, y el solicitante la ratifica cuando cesa el impedimento. Plazo: sin demora y como máximo un mes desde la entrada en España o desde los hechos que justifican el temor. La entrada ilegal no se sanciona si la persona reúne los requisitos de protección. Se informa al solicitante en lengua comprensible. Se formaliza por entrevista personal siempre individual. Puede registrarse al solicitante por seguridad.

Artículo 18. Derechos y obligaciones de los solicitantes

Presentada la solicitud, el solicitante de asilo tiene siete derechos: ser documentado como solicitante de protección internacional; asistencia jurídica gratuita e intérprete; que su solicitud se comunique al ACNUR; suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectarle; conocer el expediente en cualquier momento; atención sanitaria; y prestaciones sociales específicas. Tiene cinco obligaciones: cooperar con las autoridades españolas; presentar lo antes posible los elementos que fundamenten su solicitud; dar sus huellas dactilares, dejarse fotografiar y, en su caso, consentir la grabación de sus declaraciones si ha sido informado previamente; informar de su domicilio y de sus cambios; e informar o comparecer ante la autoridad competente cuando se le requiera.

Artículo 19. Efectos de la presentación de la solicitud

Pedida la protección, la persona extranjera no puede ser retornada, devuelta ni expulsada hasta que se resuelva o se inadmita la solicitud. Por salud o seguridad públicas caben medidas cautelares de extranjería. Se suspende, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier extradición pendiente, y la solicitud se comunica de inmediato al órgano judicial o gubernativo. Sí cabe entregarla a otro Estado de la UE por orden europea de detención y entrega o a órganos judiciales penales internacionales. Tiene derecho a entrevistarse con abogado en puestos fronterizos y CIE. La solicitud inicia el cómputo de plazos. Si la tramitación pudiera exceder de seis meses, se informa del motivo de la demora.

Artículo 20. No admisión de solicitudes presentadas dentro del territorio español

El Ministro del Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio y mediante resolución motivada, puede no admitir a trámite solicitudes presentadas en territorio español. Hay dos grupos de causas. Por falta de competencia: que no corresponda a España según el Reglamento (CE) 343/2003 o según los Convenios Internacionales. Por falta de requisitos: refugiado reconocido en un tercer Estado, tercer país seguro, solicitud reiterada o con otros datos sin nuevas circunstancias, y nacional de la UE. Se notifica en un mes máximo desde la presentación; si no, la solicitud queda admitida. La inadmisión equivale a denegación.

Artículo 21. Solicitudes presentadas en puestos fronterizos

En puesto fronterizo, si el extranjero no reúne los requisitos de entrada, el Ministro del Interior puede inadmitir (supuestos del art. 20.1) o denegar (letras c, d y f del art. 25.1 o alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles o insuficientes) mediante resolución motivada notificada en 4 días. El plazo llega a 10 días si el ACNUR lo pide razonadamente en casos de la letra f). Cabe reexamen en 2 días, que suspende efectos y resuelve el Ministro en 2 días. Sin notificación en plazo: procedimiento ordinario y entrada y permanencia provisional.

Artículo 22. Permanencia del solicitante de asilo durante la tramitación de la solicitud

El artículo 22 ordena que la persona solicitante de asilo permanezca en las dependencias habilitadas a tal efecto en tres supuestos: mientras se tramita la petición de reexamen del artículo 21.4, mientras se tramita el recurso de reposición del artículo 21.5 y cuando se solicite la adopción de las medidas del artículo 29.2. La regla se aplica «en todo caso».

Artículo 23. Órganos competentes para la instrucción

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para tramitar las solicitudes de protección internacional, además de otras funciones que se le atribuyan por reglamento. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) es un órgano colegiado adscrito también al Ministerio del Interior. La integra un representante de cada departamento con competencia en política exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad. Sus funciones son las de esta Ley y las que fije el reglamento, que regulará también su funcionamiento.

Artículo 24. Procedimiento ordinario

Admitida a trámite la solicitud de protección internacional, el Ministerio del Interior inicia el procedimiento ordinario e incorpora las diligencias de instrucción. Las nuevas entrevistas deben cumplir los requisitos del artículo 17. Concluida la instrucción, el expediente pasa a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que formula propuesta. El Ministro del Interior resuelve concediendo o denegando el asilo o la protección subsidiaria. Si en seis meses desde la presentación no se notifica resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. Persiste la obligación de resolver expresamente y se aplica lo dispuesto en el artículo 19.7.

Artículo 25. Tramitación de urgencia

El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado y previa notificación a este, acuerda la tramitación de urgencia cuando la solicitud: a) parezca manifiestamente fundada; b) proceda de solicitantes con necesidades específicas, especialmente menores no acompañados; c) plantee solo cuestiones ajenas a los requisitos de refugio o protección subsidiaria; d) venga de país de origen seguro (art. 20.1.d); e) se presente sin motivo justificado pasado el plazo de un mes del art. 17.2; f) incurra en exclusión o denegación (arts. 8, 9, 11 y 12). Las solicitudes en un CIE siguen el art. 21 y, si se admiten, la vía de urgencia. Se informa a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Se aplica el art. 24, con plazos reducidos a la mitad.

Artículo 26. Evaluación de las solicitudes

El artículo 26 fija dos reglas para evaluar las solicitudes de protección. Primera: la Administración General del Estado velará por que la información necesaria no se obtenga de los responsables de la persecución o de los daños graves si con ello se les informa de que la persona interesada es solicitante. Tampoco debe ponerse en peligro la integridad de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen. Segunda: para resolver favorablemente bastan indicios suficientes de persecución o de daños graves.

Artículo 27. Archivo de la solicitud

El procedimiento termina con el archivo de la solicitud cuando el solicitante la retira o desiste, en los casos y términos de la Ley 30/1992. Se puede presumir la retirada o el desistimiento si, en el plazo de treinta días, el solicitante: no responde a las peticiones de información esencial para su solicitud, no se presenta a una audiencia personal a la que fue convocado o no comparece para renovar la documentación que se le facilitó. La presunción no opera si demuestra que se debió a circunstancias ajenas a su voluntad.

Artículo 28. Notificación

Las comunicaciones y notificaciones se dirigen al último domicilio o residencia que conste en el expediente. Si así no prospera, se hacen a través del Portal del Ciudadano, del portal electrónico de la Oficina de Asilo y Refugio y de los tablones de anuncios, accesibles al público, de la Comisaría de Policía correspondiente o de la Oficina de Extranjeros de la provincia del último lugar de residencia y, en todo caso, de la Oficina de Asilo y Refugio. Esto se informa al formalizar la solicitud, y el solicitante puede exigir la garantía del artículo 16.4.

Artículo 29. Recursos

Las resoluciones de la Ley ponen fin a la vía administrativa. Excepción: si se presentó la petición de reexamen del artículo 21.4, la pone fin la resolución que decida esa petición. Caben recurso de reposición potestativo y recurso contencioso-administrativo. Si en el contencioso se pide la suspensión del acto, la solicitud tiene la consideración de especial urgencia del artículo 135 de la Ley 29/1998. A quien se le haya denegado la solicitud puede pedir su revisión si aparecen nuevos elementos probatorios, conforme a la Ley 30/1992.

Artículo 30. Derechos sociales generales

Los solicitantes de protección internacional que carezcan de recursos económicos recibirán los servicios sociales y de acogida necesarios para cubrir sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. Como extranjeros, se les aplica además la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo. Los servicios específicos para ellos los determina reglamentariamente el Ministerio competente. Si se comprueba que el solicitante dispone de medios suficientes, se le reclamará el reembolso de los costes.

Artículo 31. Acogida de los solicitantes de protección internacional

El Ministerio competente fija reglamentariamente los servicios de acogida y puede prestarlos de forma directa, indirecta por contrato, por acción concertada (art. 11.6 Ley 9/2017) o con centros subvencionados a ONG, sin duplicar financiación. La autorización de acción concertada puede alcanzar cuatro años, prorrogables de mutuo acuerdo por igual periodo. Se anticipa hasta el 50 % de la retribución máxima, con garantía salvo entidades no lucrativas. Sin garantía se retiene el pago y puede perderse si el requerimiento no se atiende en 15 días. Se mantiene la unidad familiar (art. 40).

Artículo 32. Autorización de trabajo a los solicitantes de protección internacional

Artículo 33. Reducción o retirada de las condiciones de acogida

El Ministerio competente en servicios, ayudas y prestaciones de acogida puede reducir o retirar algunos o todos los servicios de acogida en cinco casos. Primero, si el solicitante abandona la residencia asignada sin informar a la autoridad competente o, si lo pidió, sin permiso. Segundo, si accede a recursos económicos u oculta los que tiene y se beneficia indebidamente. Tercero, si se ha dictado resolución de la solicitud y se ha notificado, salvo el art. 36.3. Cuarto, si vulnera derechos de residentes o personal o dificulta gravemente la convivencia. Quinto, si ha finalizado el periodo del programa o prestación. También caben reducción o retirada por sanciones. El régimen de faltas y sanciones lo fija reglamentariamente el Ministerio competente.

Artículo 34. Intervención en el procedimiento de solicitud

La presentación de toda solicitud de protección internacional se comunica al ACNUR. Este puede hacer tres cosas: informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las audiencias a la persona solicitante y presentar informes para que se incluyan en el expediente. Para ello tiene acceso a las personas solicitantes, también a las que estén en dependencias fronterizas, en centros de internamiento de extranjeros o en centros penitenciarios.

Artículo 35. Intervención en la tramitación de protección internacional

El representante en España del ACNUR interviene en tres momentos. Primero, es convocado a las sesiones de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Segundo, en las solicitudes presentadas en frontera, se le informa inmediatamente y puede entrevistarse con los solicitantes si lo desea; además, se le da audiencia antes de las resoluciones del artículo 21.1, 2 y 3. Tercero, en el procedimiento de urgencia y en la admisión a trámite del artículo 20, si la propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio es desfavorable, dispone de diez días para informar.

Artículo 36. Efectos de la concesión del derecho de asilo o de protección subsidiaria

Conceder asilo o protección subsidiaria reconoce los derechos de la Convención de Ginebra, de la normativa de extranjería y de la UE. En todo caso incluye: protección contra la devolución, información en lengua comprensible, autorización de residencia y trabajo permanente, documentos de identidad y viaje (refugiados siempre; subsidiaria cuando sea necesario), servicios públicos de empleo, educación, sanidad, vivienda y otros en las mismas condiciones que los españoles, libertad de circulación, integración, retorno voluntario y unidad familiar.

Artículo 37. Efectos de las resoluciones denegatorias

La no admisión a trámite o la denegación de una solicitud de protección internacional conlleva, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al Estado responsable del examen de la solicitud. Hay dos excepciones, apreciadas conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo: a) que el interesado reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia; b) que se autorice su estancia o residencia por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente.

Artículo 38. Solicitudes de protección internacional en Embajadas y Consulados

Para casos que se presenten fuera del territorio nacional, los Embajadores de España podrán promover el traslado a España del solicitante o solicitantes de asilo. Así se hace posible que presenten la solicitud conforme al procedimiento de esta Ley. Se exigen dos requisitos: que el solicitante no sea nacional del país donde está la Representación diplomática y que corra peligro su integridad física. El Reglamento de desarrollo determinará las condiciones de acceso a Embajadas y Consulados y el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado.

Artículo 39. Mantenimiento de la unidad familiar

El artículo 39 garantiza el mantenimiento de la familia de las personas refugiadas y de las beneficiarias de protección subsidiaria, en los términos de los artículos 40 y 41. Si, durante la tramitación de una solicitud de protección internacional, los familiares del artículo 40 están también en España y no han presentado una solicitud independiente, se les autoriza la residencia con carácter provisional. Esa autorización queda condicionada a la resolución de la solicitud y se rige por lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 40. Extensión familiar del derecho de asilo o de la protección subsidiaria

La unidad familiar de refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria puede garantizarse con asilo o protección subsidiaria por extensión familiar para: a) ascendientes en primer grado que acrediten dependencia y descendientes en primer grado menores de edad, salvo distinta nacionalidad, con pruebas científicas si el parentesco ofrece dudas; b) cónyuge o pareja análoga, salvo divorcio, separación legal o de hecho, distinta nacionalidad o estatuto por razón de género con violencia de género de esa persona; c) otro adulto responsable si el beneficiario es menor no casado; d) otros familiares con dependencia y convivencia previa en el país de origen. La Oficina de Asilo y Refugio tramita, la Comisión interministerial de Asilo y Refugio estudia y el Ministro del Interior resuelve. Efectos: los del artículo 36. Nunca se concede a los incursos en los artículos 8.2 y 8.3, 9, 11 y 12.

Artículo 41. Reagrupación familiar

Refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria pueden reagrupar a los familiares del artículo anterior, aunque ya estén en España, sin pedir la extensión del estatuto. Esta vía es siempre aplicable si los familiares tienen distinta nacionalidad. No se exigen, ni al reagrupante ni a los reagrupados, los requisitos de extranjería. La resolución concede residencia y, en su caso, trabajo, de análoga validez a la del reagrupante. Solo cabe una vez: los reagrupados no pueden hacer reagrupaciones sucesivas. No hay extensión familiar para los incursos en los arts. 8.2 y 8.3, 9, 11 y 12.

Artículo 42. Cese del estatuto de refugiado

El artículo enumera ocho causas de cese de la condición de refugiado: a) solicitarlo expresamente; b) acogerse de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; c) recobrar voluntariamente la nacionalidad perdida; d) adquirir una nueva nacionalidad y disfrutar de la protección de ese país; e) establecerse de nuevo, voluntariamente, en el país que abandonó por temor a ser perseguido; f) abandonar España y fijar la residencia en otro país; g) haber desaparecido las circunstancias del reconocimiento, con un cambio significativo y no temporal; h) siendo apátrida, poder regresar al país de su anterior residencia habitual por la misma razón. El cese no impide seguir residiendo en España conforme a la normativa de extranjería, y se tiene en cuenta el tiempo de residencia legal.

Artículo 43. Cese de la protección subsidiaria

La protección subsidiaria cesa en tres casos: a) cuando lo solicite expresamente la persona beneficiaria; b) cuando haya abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país; c) cuando las circunstancias que motivaron su concesión dejen de existir o cambien de modo que ya no sea necesaria. El cambio debe ser significativo y no temporal, de forma que ya no haya riesgo real de sufrir daños graves. El cese no impide seguir residiendo en España conforme a la normativa de extranjería, y se computa el período de residencia legal.

Artículo 44. Revocación

Se revoca el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria cuando: a) concurra una exclusión de los arts. 8, 9, 11 y 12; b) el beneficiario haya tergiversado u omitido hechos decisivos para la concesión, incluido el uso de documentos falsos; c) sea, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España o, condenado por sentencia firme por delito grave, una amenaza para la comunidad. La revocación supone aplicar de inmediato la normativa de extranjería y, si procede, abrir un expediente sancionador de expulsión (art. 57 LO 4/2000). La Oficina de Asilo y Refugio da traslado inmediato al órgano competente. Nunca se enviará al interesado a un país donde corra peligro.

Artículo 45. Procedimientos para el cese y la revocación

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) inicia los procedimientos de cese y revocación, de oficio o a instancia de parte, si hay causa legal suficiente, y lo comunica a los interesados. Además de las garantías del art. 17, el afectado tiene derecho a ser informado por escrito de la reconsideración y sus motivos, a trámite de audiencia para alegaciones, a que se recabe información actualizada de diversas fuentes (p. ej. ACNUR) y a que no se obtenga información de los perseguidores ni se ponga en peligro a él o a su familia. La OAR puede archivar si las causas no son fundadas. El expediente completo pasa a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), que ordena el archivo o eleva propuesta al Ministro del Interior, que resuelve. El cese o la revocación supone perder todos los derechos inherentes. Plazo de notificación: seis meses desde la solicitud o desde la notificación del acuerdo de incoación. Si vence, el expediente caduca y se archiva de oficio. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa: cabe reposición potestativa ante el Ministro del Interior y recurso contencioso-administrativo.

Artículo 46. Régimen general de protección

El apartado 1 manda tener en cuenta, en los términos que se desarrollen reglamentariamente, la situación de los solicitantes o beneficiarios vulnerables: menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores, víctimas de torturas, violaciones u otras formas graves de violencia y víctimas de trata. El apartado 2 prevé darles un tratamiento diferenciado cuando sea preciso, y un tratamiento específico a quienes pudieron ser perseguidos por varios motivos. El apartado 3 permite autorizar la permanencia por razones humanitarias distintas de las de protección subsidiaria, conforme a la normativa de extranjería.

Artículo 47. Menores

Los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, o víctimas de conflictos armados, tienen derecho a tres tipos de asistencia: la sanitaria y la psicológica, ambas «adecuada», y la «asistencia cualificada que precisen». No se aplica a todo menor solicitante, solo a quienes hayan sido víctimas de alguno de esos supuestos.

Artículo 48. Menores no acompañados

Los menores no acompañados que piden protección internacional se remiten a los servicios competentes de protección de menores y se informa al Ministerio Fiscal. Si la minoría de edad es dudosa, se informa de inmediato al Fiscal, que dispone lo necesario para determinar la edad. Las instituciones sanitarias hacen las pruebas científicas con carácter prioritario y urgente. Negarse al reconocimiento médico no impide resolver la solicitud. Si resulta menor, el Fiscal lo pone a disposición de los servicios de menores. De forma inmediata se asegura que su representante, nombrado según la legislación de menores, actúe en su nombre y le asista en el examen de la solicitud.