Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

Artículo 19. Efectos de la presentación de la solicitud

En pocas palabras

Pedida la protección, la persona extranjera no puede ser retornada, devuelta ni expulsada hasta que se resuelva o se inadmita la solicitud. Por salud o seguridad públicas caben medidas cautelares de extranjería. Se suspende, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier extradición pendiente, y la solicitud se comunica de inmediato al órgano judicial o gubernativo. Sí cabe entregarla a otro Estado de la UE por orden europea de detención y entrega o a órganos judiciales penales internacionales. Tiene derecho a entrevistarse con abogado en puestos fronterizos y CIE. La solicitud inicia el cómputo de plazos. Si la tramitación pudiera exceder de seis meses, se informa del motivo de la demora.

Explicación sencilla

Fija las consecuencias inmediatas de pedir protección: protege frente a la salida forzosa del territorio y paraliza la extradición pendiente, con dos válvulas expresas (medidas cautelares por salud o seguridad públicas y entrega por orden europea o a tribunales penales internacionales). Además arranca los plazos y obliga a informar de la demora si se superan seis meses.

Regla mnemotécnica

La solicitud es un escudo con dos grietas: protege del RDE (Retorno, Devolución, Expulsión) y congela la extradición, pero no frena la orden europea ni a los tribunales penales internacionales. A los seis meses de retraso, se explica el porqué.

Trampa típica de examen

Creer que la prohibición de retorno, devolución o expulsión impide cualquier actuación sobre el solicitante. El texto permite que, por motivos de salud o seguridad públicas, la autoridad competente adopte medidas cautelares conforme a la normativa de extranjería.

Texto del artículo 19 de la Ley 12/2009 (LRDA)

1. Solicitada la protección, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida. No obstante, por motivos de salud o seguridad públicas, la autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares en aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. 2. Asimismo, la solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente. A tal fin, la solicitud será comunicada inmediatamente al órgano judicial o al órgano gubernativo ante el que en ese momento tuviera lugar el correspondiente proceso. 3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, podrá entregarse o extraditarse a una persona solicitante, según proceda, a otro Estado miembro de la Unión Europea en virtud de las obligaciones dimanantes de una orden europea de detención y entrega, o a un país tercero ante órganos judiciales penales internacionales. 4. Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a entrevistarse con un abogado en las dependencias de los puestos fronterizos y centros de internamiento de extranjeros. Reglamentariamente, y sin perjuicio de las normas de funcionamiento establecidas para las citadas dependencias y centros, podrán establecerse condiciones para el ejercicio de este derecho derivadas de razones de seguridad, orden público o de su gestión administrativa. 5. La solicitud de protección dará lugar al inicio del cómputo de los plazos previstos para su tramitación. 6. La resolución que admita a trámite una solicitud de asilo determinará el procedimiento correspondiente. 7. En caso de que la tramitación de una solicitud pudiese exceder de seis meses, ampliables de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para su resolución y notificación, se informará a la persona interesada del motivo de la demora.

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