Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

Artículo 44. Revocación

En pocas palabras

Se revoca el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria cuando: a) concurra una exclusión de los arts. 8, 9, 11 y 12; b) el beneficiario haya tergiversado u omitido hechos decisivos para la concesión, incluido el uso de documentos falsos; c) sea, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España o, condenado por sentencia firme por delito grave, una amenaza para la comunidad. La revocación supone aplicar de inmediato la normativa de extranjería y, si procede, abrir un expediente sancionador de expulsión (art. 57 LO 4/2000). La Oficina de Asilo y Refugio da traslado inmediato al órgano competente. Nunca se enviará al interesado a un país donde corra peligro.

Explicación sencilla

Fija las tres causas tasadas por las que se pierde la protección internacional ya concedida y sus consecuencias: la persona pasa al régimen de extranjería y puede ser expulsada. Limita esa expulsión, porque ni la revocación ni la expulsión pueden enviarla a un país de peligro, tortura o riesgo de devolución al país perseguidor.

Regla mnemotécnica

Tres causas de revocación: Exclusión (arts. 8, 9, 11 y 12: se salta el 10), Engaño (hechos decisivos tergiversados u omitidos, documentos falsos) y Peligro (seguridad de España o condena firme por delito grave). Después, la OAR avisa «inmediato» al órgano sancionador.

Trampa típica de examen

Creer que basta cualquier condena penal para revocar. El texto exige sentencia firme, por delito grave, y además que la persona constituya una amenaza para la comunidad.

Texto del artículo 44 de la Ley 12/2009 (LRDA)

1. Procederá la revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria cuando: a) concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de esta Ley; b) la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria; c) la persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, o que, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, constituya una amenaza para la comunidad. 2. La revocación de la protección internacional conllevará la inmediata aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, y, cuando así procediera, la tramitación del correspondiente expediente administrativo sancionador para la expulsión del territorio nacional de la persona interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en su normativa de desarrollo. 3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Oficina de Asilo y Refugio dará traslado inmediato de la revocación al órgano competente para incoar el correspondiente expediente sancionador. 4. No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, ninguna revocación ni eventual expulsión posterior podrá determinar el envío de los interesados a un país en el que exista peligro para su vida o su libertad o en el que estén expuestos a tortura o a tratos inhumanos o degradantes o, en su caso, en el que carezca de protección efectiva contra la devolución al país perseguidor o de riesgo.

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