Tema 3 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

Artículo 143. Acceso a la autonomía por la vía ordinaria

Podrán acceder al autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas —o al órgano interinsular— y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y debe cumplirse en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo. Si la iniciativa no prospera, solo podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144. Autorización de las Cortes para constituir Comunidades Autónomas

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, podrán autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuyo ámbito no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1; autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios no integrados en la organización provincial; y sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del artículo 143.2.

Artículo 145. Prohibición de federación y convenios entre Comunidades

En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146. Elaboración del proyecto de Estatuto

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147. Los Estatutos de Autonomía

Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Deben contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones propias, y las competencias asumidas junto con las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Su reforma se ajustará al procedimiento que ellos mismos establezcan y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Artículo 148. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas

Enumera en veintidós apartados las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras internos, agricultura y ganadería, montes, gestión de la protección del medio ambiente, pesca en aguas interiores, turismo, asistencia social, sanidad e higiene y vigilancia de sus edificios, entre otras. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149.

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado

Enumera en 32 apartados las materias reservadas en exclusiva al Estado: relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, procesal, civil y laboral, Hacienda general, seguridad pública… El apartado 3 cierra el sistema: lo que la Constitución no atribuye al Estado puede asumirlo una Comunidad Autónoma por su Estatuto; lo que ninguna asuma queda para el Estado; y el derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico.

Artículo 150. Leyes marco, de transferencia y de armonización

Recoge tres instrumentos distintos. Las Cortes pueden atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de dictar normas legislativas propias en el marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, estableciendo la modalidad de control (leyes marco). El Estado puede transferir o delegar mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal susceptibles de ello, previendo la transferencia de medios financieros y las formas de control. Y puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades cuando lo exija el interés general, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara.

Artículo 151. Acceso a la autonomía por la vía especial

Permite saltarse el plazo de cinco años del artículo 148.2 cuando la iniciativa la acuerdan, además de las Diputaciones u órganos interinsulares, las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una, y esa iniciativa se ratifica en referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El Estatuto lo elabora una Asamblea de Parlamentarios por mayoría absoluta, lo examina la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses, se somete a referéndum del cuerpo electoral y se ratifica por los plenos de ambas Cámaras antes de que el Rey lo sancione y promulgue como ley.

Artículo 152. Organización institucional de las Comunidades Autónomas

En los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151, la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde dirigir el Consejo, la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella. Presidente y Consejo responden políticamente ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.

Artículo 153. Control de la actividad de las Comunidades Autónomas

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por el Tribunal Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al ejercicio de funciones delegadas del artículo 150.2; por la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas en lo económico y presupuestario.

Artículo 154. El Delegado del Gobierno

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155. Medidas de cumplimiento forzoso

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso o para proteger el interés general. Para ejecutarlas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para desarrollar y ejecutar sus competencias, pero con dos límites expresos: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Además pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para recaudar, gestionar y liquidar los recursos tributarios estatales.

Artículo 157. Recursos de las Comunidades Autónomas

Los recursos de las Comunidades Autónomas están constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias del Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. No podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que obstaculicen la libre circulación de mercancías o servicios. Por ley orgánica podrá regularse el ejercicio de estas competencias financieras.

Artículo 158. Asignaciones presupuestarias y Fondo de Compensación Interterritorial

En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Y para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos distribuirán las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias.

Artículo 1. Andalucía

Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. Valores superiores que propugna el Estatuto: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas. Los poderes emanan de la Constitución y del pueblo andaluz; el Estatuto es su norma institucional básica. La Unión Europea es su ámbito de referencia.

Artículo 2. Territorio

Artículo 3. Símbolos

Bandera: la tradicional de tres franjas horizontales —verde, blanca y verde— de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. Escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, con la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», teniendo en cuenta el acuerdo de la Asamblea de Ronda de 1918. Himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933. Día de Andalucía: 28 de febrero. Protección de los símbolos: la misma que corresponda a los demás símbolos del Estado.

Artículo 4. Capitalidad y sedes

Sevilla es la capital de Andalucía y sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno, que pueden celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía según establezcan, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley. Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas Salas pueden ubicarse en otras ciudades. Por ley del Parlamento andaluz se pueden establecer sedes de organismos o instituciones en distintas ciudades, salvo las sedes establecidas en el Estatuto.

Artículo 5. Condición de andaluz o andaluza

Condición política de andaluz (a efectos del Estatuto): españoles con vecindad administrativa en cualquier municipio andaluz, conforme a las leyes generales del Estado. Españoles residentes en el extranjero: gozan de los derechos políticos del Estatuto si su última vecindad administrativa fue en Andalucía y lo acreditan en el correspondiente Consulado de España; también sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado. Extranjeros residentes: dentro del marco constitucional, se establecerán mecanismos para promover su participación.

Artículo 6. Andaluces y andaluzas en el exterior

Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía tienen derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los términos que establezcan las leyes. Las comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, con los efectos que dispongan las leyes. Para fomentar los vínculos, prestarles asistencia y garantizar sus derechos, la Comunidad Autónoma podrá formalizar acuerdos con instituciones públicas y privadas de esos territorios y países, o instar del Estado la suscripción de tratados internacionales.

Artículo 7. Eficacia territorial de las normas autonómicas

Las leyes y normas que emanan de las instituciones de autogobierno de Andalucía tienen eficacia en el territorio andaluz. Además, podrán tener eficacia extraterritorial, pero con dos condiciones que el artículo fija: que así se deduzca de su naturaleza y que sea en el marco del ordenamiento constitucional.

Artículo 8. Derecho propio de Andalucía

El artículo 8 define qué es el derecho propio de Andalucía: lo forman las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias. No se refiere a cualquier norma, sino a las que regulan materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias.

Artículo 9. Derechos

Todas las personas en Andalucía gozan, como mínimo, de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España; en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea. La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías que residan en su territorio.

Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma

La Comunidad Autónoma promoverá que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerá obstáculos, fomentará la participación y adoptará medidas de acción positiva (ap. 1), y propiciará la igualdad del hombre y la mujer y la democracia paritaria (ap. 2). El ap. 3 fija 24 objetivos básicos: pleno empleo, educación, modalidad lingüística andaluza, retorno de los andaluces en el exterior, dependencia, discapacidad, inmigrantes, comunidad gitana, paz, entre otros. El ap. 4 pide legislación, financiación suficiente y eficacia y eficiencia administrativa.

Artículo 11. Promoción de los valores democráticos y ciudadanos

Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. Esa conciencia se fundamenta en los valores constitucionales y en los principios y objetivos del Estatuto, como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esa finalidad se adoptarán las medidas precisas para la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Artículo 42. Clasificación de las competencias

Andalucía tiene competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Exclusivas: potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva íntegramente; el derecho andaluz es preferente y el estatal supletorio. Compartidas: esas potestades en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley. Ejecutivas: función ejecutiva, organización propia y, cuando proceda, reglamentos de ejecución de normativa estatal. Además desarrolla y ejecuta la normativa de la UE, ejerce competencias transferidas o delegadas por el Estado y, si se acuerda con él, inspección y sanción en materias estatales.

Artículo 43. Alcance territorial y efectos de las competencias

Las competencias autonómicas despliegan su eficacia en el territorio de Andalucía, excepto en los supuestos a que se refieren expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia extraterritorial de disposiciones y actos de la Junta. Si el objeto de una competencia excede del territorio andaluz, la Comunidad la ejerce sobre la parte situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas.

Artículo 44. Principios de eficacia, proximidad y coordinación

El artículo 44 fija los principios que rigen todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial. Son tres: eficacia, proximidad y coordinación. La coordinación es la que ha de darse entre las Administraciones responsables.

Artículo 45. Fomento

Con fondos propios, en sus materias, la Comunidad Autónoma otorga subvenciones y regula o desarrolla objetivos y requisitos. Subvenciones territorializables de la Administración central y de la UE: en competencias exclusivas especifica objetivos, regula condiciones y gestiona; en compartidas precisa objetivos, completa condiciones y asume toda la gestión; en ejecutivas, gestión (tramitación y concesión). En las no territorializables participa, en los términos que fije el Estado, en determinar ese carácter y en su gestión y tramitación.

Artículo 46. Instituciones de autogobierno

El artículo 46 atribuye a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, dos materias: 1.ª la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno; y 2.ª las normas y procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general.

Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas

Exclusivas: procedimiento derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos; bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad; control, inspección y sanción en lo no afectado por el art. 149.1.18.ª CE; organización a efectos contractuales de la Administración propia. Compartidas: régimen jurídico de la Administración y de su personal; procedimiento administrativo común; contratos y concesiones; responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa: ejecutiva. Facultades para incorporar figuras jurídico-privadas necesarias.

Artículo 48. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de calidad

Exclusiva: agricultura, ganadería y desarrollo rural (48.1); pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, almadraba, pesca con artes menores, buceo profesional y titulaciones de recreo (48.2). Exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y los artículos 38, 131 y 149.1 CE (48.3): sectores agrario, ganadero, agroalimentario y pesquero. Compartida: planificación del sector pesquero y puertos pesqueros (48.4). Gestión de tierras públicas estatales (48.5).

Artículo 49. Energía y minas

Compartida: instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuyo transporte transcurra íntegramente por Andalucía sin afectar a otro territorio (con su autorización); renovables y eficiencia energética. Según las bases y la ordenación de la actuación económica general: energía y minas y regulación de producción, depósito y transporte de energías. Informe si las instalaciones superan Andalucía o la energía se aprovecha fuera. Participa en la planificación estatal (art. 221.1). Compartida: minas, actividades extractivas e instalaciones radiactivas de 2.ª y 3.ª categoría.

Artículo 50. Agua

Aguas que transcurren íntegramente por Andalucía, competencia exclusiva sobre: recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio; aguas minerales y termales; participación de usuarios, garantía del suministro, regulación parcelaria y obras de regadíos y de ahorro del agua. Intercomunitarias: participación en planificación y gestión. Ejecutiva: medidas adicionales de protección, obras estatales por convenio y policía del dominio público hidráulico.

Artículo 51. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Artículo 52. Educación

En enseñanza no universitaria que conduce a título con validez estatal (incluida educación infantil), la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre programación y creación de centros públicos, becas y ayudas con fondos propios, evaluación, formación del personal docente, cultura andaluza, actividades extraescolares y enseñanzas no presenciales y semipresenciales. Es compartida sobre planes de estudio, becas y ayudas estatales, admisión de alumnos y personal docente. Es ejecutiva sobre expedición y homologación de títulos estatales y de ejecución en las demás materias educativas.

Artículo 53. Universidades

En enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre la programación y coordinación del sistema universitario andaluz, la creación de universidades públicas y autorización de las privadas, la aprobación de sus estatutos y normas, la coordinación de los procedimientos de acceso, los títulos propios, la financiación propia, las becas propias y el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado. Tiene competencia compartida sobre todo lo demás y de ejecución en la expedición de títulos universitarios.

Artículo 54. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Competencia exclusiva sobre los centros y estructuras de investigación de la Junta y los proyectos que financia: líneas propias y evaluación de proyectos; organización y acreditación de centros; becas y ayudas de la Junta; regulación y formación del personal investigador y de apoyo; difusión de la ciencia y transferencia de resultados. Compartida: coordinación de los centros y estructuras de investigación de Andalucía. Colaboración con el Estado en el marco del Título IX; la Junta participa en la voluntad del Estado ante la Unión Europea y organismos internacionales.

Artículo 55. Salud, sanidad y farmacia

Exclusiva (55.1): organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios; ordenación farmacéutica (art. 149.1.16.ª CE); investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del Estado. Compartida (55.2): sanidad interior, sin perjuicio del artículo 61. Ejecución de la legislación estatal en productos farmacéuticos (55.3). Participación en la planificación y coordinación estatal de sanidad y salud pública, según el Título IX (55.4).

Artículo 56. Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, ordenación del litoral y obras públicas en su ámbito no declaradas de interés general por el Estado. Tiene competencia sobre condiciones de los edificios para infraestructuras comunes de telecomunicaciones, y compartida sobre derecho de reversión en expropiaciones urbanísticas. Emite informe previo sobre la calificación de obra de interés general del Estado; la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado lo emite sobre la ubicación de infraestructuras estatales en Andalucía.

Artículo 57. Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad

Sin perjuicio del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre montes, vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales, fauna y flora silvestres, prevención ambiental y caza y pesca fluvial y lacustre. Es compartida sobre planificación ambiental, recursos naturales, contaminación, vertidos, residuos, gases de efecto invernadero y fiscalidad ecológica. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado informa preceptivamente sobre espacios naturales de protección estatal. Puede establecer un servicio meteorológico propio.

Artículo 58. Actividad económica

Exclusivas (58.1): comercio, incluidos ferias y mercados interiores; nuevas tecnologías de la sociedad de la información; artesanía; cooperativas y economía social; promoción de la competencia y un órgano independiente que la defienda. Exclusivas según las bases de la actuación económica general (58.2): fomento y planificación económica, sector público económico, industria, consumidores, mercados de valores. Desarrollo y gestión de la planificación general (58.3). Ejecutivas (58.4), entre otras: ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, metrología y defensa de la competencia.

Artículo 59. Organización territorial

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre organización territorial, respetando la garantía institucional establecida por la Constitución en los artículos 140 y 141. Incluye en todo caso: a) la determinación, creación, modificación y supresión de las entidades que configuran la organización territorial de Andalucía; b) la creación, supresión y alteración de los términos de los entes locales y las comarcas que puedan constituirse, así como denominación y símbolos.

Artículo 60. Régimen local

Exclusiva en régimen local (respetando el art. 149.1.18.ª CE y la autonomía local): relaciones Junta–entes locales y cooperación mancomunal, convencional y consorcial; competencias y potestades locales en los ámbitos del Título III; bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y prestación de servicios; órganos de gobierno de los entes creados por la Junta; órganos complementarios; régimen electoral de los entes creados por la Junta, salvo los constitucionalmente garantizados. Lo no previsto en el apartado 1: compartida. Haciendas locales y tutela financiera: de la Comunidad Autónoma, dentro de las bases del Estado.

Artículo 61. Servicios sociales, voluntariado, menores y familias

Competencia exclusiva en servicios sociales (servicios y prestaciones técnicas y económicas; planes y programas para personas y colectivos en situación de necesidad social; instituciones de protección y tutela, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación), en voluntariado, en protección de menores (desamparados, en riesgo e infractores, sin perjuicio de la legislación civil y penal) y en promoción de las familias y de la infancia. En menores, participa además en la legislación penal y procesal vía los órganos y procedimientos multilaterales del artículo 221.1.

Artículo 62. Inmigración

Corresponden a la Comunidad las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias, y la competencia ejecutiva en autorizaciones de trabajo de extranjeros con relación laboral en Andalucía: tramitar y resolver las autorizaciones iniciales y sus recursos, y aplicar el régimen de inspección y sanción. Participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía; en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros, de forma preceptiva y previa, por los mecanismos del Título IX.

Artículo 63. Empleo, relaciones laborales y seguridad social

En el marco de la legislación del Estado, la Comunidad Autónoma tiene competencias ejecutivas en empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso, entre otras, las políticas activas de empleo, las cualificaciones profesionales, los servicios mínimos de huelgas, la potestad sancionadora del orden social, los convenios colectivos y el calendario de días festivos. La Junta tiene la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora, cuyos funcionarios dependen orgánica y funcionalmente de ella. En Seguridad Social, competencias ejecutivas con pleno respeto a la unidad de caja.

Artículo 64. Transportes y comunicaciones

Exclusiva (64.1): red viaria, transportes terrestres y transporte marítimo y fluvial íntegramente andaluces, centros de transporte y logística, y puertos, aeropuertos y helipuertos sin calificación legal de interés general del Estado. Ejecución (64.2): puertos y aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa, y ordenación del transporte con origen y destino en Andalucía. Además: participación en la planificación estatal, informes previos y competencia ejecutiva en comunicaciones electrónicas.

Artículo 65. Policía autonómica

Corresponden a la Comunidad Autónoma: las políticas de seguridad públicas de Andalucía, en los términos del artículo 149.1.29.ª de la Constitución; la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Andaluza, bajo la directa dependencia de la Junta y sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado; y la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales, que dependen de las autoridades municipales. Se creará una Junta de Seguridad paritaria (Gobierno y Junta de Andalucía).

Artículo 66. Protección civil y emergencias

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en protección civil, que incluye en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas sobre emergencias y seguridad civil, y la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, incluidos los de prevención y extinción de incendios, respetando las competencias del Estado en seguridad pública. Tiene competencias de ejecución en salvamento marítimo en el litoral andaluz y participa en la ejecución en seguridad nuclear, en los términos de las leyes y de los convenios que se suscriban.

Artículo 67. Seguridad y competencias en materia penitenciaria

La Comunidad Autónoma tiene competencias de ejecución en tres materias: seguridad ciudadana y orden público, en los términos que establezca la legislación del Estado; seguridad privada, cuando así lo establezca la legislación del Estado; y la competencia ejecutiva en materia penitenciaria.

Artículo 68. Cultura y patrimonio

Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en cultura (actividades artísticas y culturales, fomento, patrimonio, proyección internacional) y en el flamenco. Competencias ejecutivas sobre museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. Exclusiva sobre protección del patrimonio (sin perjuicio del art. 149.1.28.ª CE) y sobre archivos, museos y bibliotecas no estatales. Colabora con el Estado en el Archivo de Indias y la Real Chancillería y participa en las inversiones culturales estatales en Andalucía.

Artículo 69. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual

Corresponden a la Comunidad Autónoma: la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Junta y de los de ámbito local, respetando la autonomía local; el desarrollo legislativo y la ejecución sobre medios de comunicación social; y la competencia compartida sobre ordenación, regulación y control de los servicios audiovisuales dirigidos al público de Andalucía y de las ofertas distribuidas en su territorio. Podrá crear y mantener todos los medios de comunicación social necesarios para sus fines.

Artículo 70. Publicidad

El artículo 70 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre la publicidad en general y sobre publicidad institucional. Esa competencia corresponde a la Comunidad sin perjuicio de la legislación del Estado. Hay que retener el tipo de competencia (exclusiva), su objeto (la publicidad en general y la publicidad institucional) y la salvedad «sin perjuicio de la legislación del Estado».

Artículo 71. Turismo

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en turismo, que incluye en todo caso: ordenación y planificación del sector; regulación y clasificación de empresas y establecimientos; gestión de la red de establecimientos de titularidad de la Junta; coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España según la legislación estatal; promoción interna y externa, con acuerdos con entes extranjeros y oficinas en el extranjero; derechos y deberes de usuarios y prestadores; formación, y líneas públicas de ayuda y promoción.

Artículo 72. Deportes, espectáculos y actividades recreativas

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en dos bloques. Deportes y actividades de tiempo libre: incluye planificación, coordinación y fomento de estas actividades, y la regulación y declaración de utilidad pública de entidades deportivas. Espectáculos y actividades recreativas: incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.

Artículo 73. Políticas de género

Exclusiva en políticas de género, respetando lo establecido por el Estado en ejercicio del artículo 149.1.1.ª de la Constitución: promoción de la igualdad de hombres y mujeres en los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos (con facultad expresa de dictar normativas propias o de desarrollo); normas y planes de políticas para la mujer y acciones positivas contra la discriminación por razón de sexo; y asociacionismo de mujeres. Compartida en lucha contra la violencia de género, planificación de actuaciones y evaluación y propuesta ante la Administración central.

Artículo 74. Políticas de juventud

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye en todo caso: a) la promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes y las actividades de fomento o normativas para su acceso al trabajo, la vivienda y la formación profesional; b) el diseño, aplicación y evaluación de políticas y planes para la juventud; c) la promoción del asociacionismo juvenil, la participación de los jóvenes, la movilidad internacional y el turismo juvenil; d) la regulación y gestión de actividades e instalaciones para la juventud.

Artículo 75. Cajas de ahorro, entidades de crédito, bancos, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de Seguridad Social

Sobre cajas de ahorro con domicilio en Andalucía, cajas rurales y cooperativas de crédito: competencia exclusiva sobre su organización y compartida sobre la actividad financiera y sobre disciplina, inspección y sanción; colabora en la inspección y sanción del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. Desarrollo legislativo y ejecución en crédito, banca y seguros. Exclusiva sobre las mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad Social; compartida sobre otras entidades de crédito, aseguradoras y gestoras de pensiones.

Artículo 76. Función pública y estadística

Función pública: la Comunidad tiene el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. A la Junta, respetando la autonomía local: exclusiva sobre planificación, organización general, formación y acción social de su función pública; compartida sobre el régimen estatutario del personal de las Administraciones andaluzas; exclusiva, en personal laboral, sobre su adaptación a la organización administrativa y su formación. Estadística para fines de la Comunidad: exclusiva; en la de alcance suprautonómico, participa y colabora.

Artículo 77. Notariado y registros públicos

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva sobre tres materias: el nombramiento de Notarios y Registradores y el establecimiento de demarcaciones notariales y registrales; el Registro Civil; y los archivos de protocolos notariales y de libros registrales de la propiedad, mercantiles y civiles.

Artículo 78. Consultas populares

Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria, por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum.

Artículo 79. Asociaciones, fundaciones y corporaciones de derecho público

Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre el régimen jurídico de las asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, respetando las condiciones básicas del Estado y la reserva de ley orgánica; y sobre las academias y el régimen jurídico de las fundaciones con ese ámbito. En lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª CE, competencias exclusivas sobre cámaras, cofradías de pescadores, consejos reguladores de denominaciones de origen y colegios profesionales. Y competencia sobre la definición de las corporaciones, en el marco de la legislación básica estatal.

Artículo 80. Administración de Justicia

La Comunidad Autónoma tiene competencias compartidas en materia de administración de justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluyen: la gestión de los recursos materiales; la organización de los medios humanos al servicio de la Administración de Justicia; las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales; los concursos y oposiciones de personal no judicial; y cuantas competencias ejecutivas le atribuyen el Título V del Estatuto y la legislación estatal.

Artículo 81. Juego

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. La autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal, o la modificación de las existentes, requiere la deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el Título IX y el informe previo de la Junta de Andalucía.

Artículo 82. Protección de datos

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal gestionados por: las instituciones autonómicas de Andalucía, la Administración autonómica, las Administraciones locales, otras entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, y las universidades del sistema universitario andaluz.

Artículo 83. Denominaciones de origen y otras menciones de calidad

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Incluye, en todo caso: el régimen jurídico de creación y funcionamiento, el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación de sus normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control de su actuación.

Artículo 84. Organización de servicios básicos

La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar todos los servicios relacionados con educación, sanidad y servicios sociales y ejercerá la tutela de las instituciones y entidades en estas materias, sin perjuicio de la alta inspección del Estado. Ajustará el ejercicio de esas competencias a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, en los términos que la ley establezca.

Artículo 85. Ejercicio de las funciones y servicios inherentes a las competencias de la Comunidad Autónoma

En el ámbito de las competencias que le atribuye el Estatuto, a la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponden, además de las facultades y funciones expresamente contempladas en él, todas aquellas que, por su naturaleza, resulten inherentes a su pleno ejercicio. El ejercicio de las funciones y servicios inherentes a las competencias recogidas en este Título se entenderá conforme a lo establecido en el Título VIII de la Constitución.

Artículo 86. Participación en la ordenación general de la actividad económica

El artículo 86 dispone que la Junta de Andalucía participa en la elaboración de las decisiones estatales que afectan a la ordenación general de la actividad económica. Esa participación se produce en el marco de lo establecido en el artículo 131.2 de la Constitución. Retener quién participa (la Junta de Andalucía), en qué (la elaboración de decisiones estatales sobre la ordenación general de la actividad económica) y el marco citado (artículo 131.2 de la Constitución).

Artículo 87. Procesos de designación de los miembros de los organismos económicos y sociales

Andalucía participa en la designación de miembros de órganos e instituciones del Estado de carácter económico y social en los términos de la Constitución y la legislación estatal: 1.º Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y otras autoridades reguladoras estatales; 2.º organismos económicos y energéticos, instituciones financieras y empresas públicas estatales no traspasadas; 3.º Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria y otros. La participación corresponde al Parlamento o se hace con su acuerdo.

Artículo 88. Coordinación con el Estado

El artículo 88 establece cómo se coordina la Junta de Andalucía con el Estado: esa coordinación se llevará a cabo a través de los mecanismos multilaterales y bilaterales previstos en el Título IX. Hay que retener quién se coordina (la Junta de Andalucía con el Estado), con qué mecanismos (multilaterales y bilaterales) y dónde están previstos (Título IX).

Naturaleza jurídica: el Estado autonómico como Estado regional

El Estado se distingue de sus entidades territoriales por la soberanía; estas tienen autonomía. Garrorena distingue Estados unitarios, compuestos (federales y confederales) y, en medio, descentralizados o regionales, categoría del Estado de las autonomías. Notas: entidades creadas en el marco de la Constitución pero no directamente por ella, no necesariamente homogéneas, sistema competencial abierto, sin Poder Judicial propio. Se inspira en el modelo italiano de 1947 y en el «Estado integral» de 1931. Para Santamaría Pastor hay un solo ordenamiento con subsistemas.

Fundamento constitucional: el principio de unidad

El artículo 2 contiene tres principios: unidad, autonomía y solidaridad; con el artículo 1 integra los supraprincipios del ordenamiento (Santamaría). La unidad de la Nación española se refuerza con «indisoluble», «común» e «indivisible», añadidos en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso. Consecuencias según Sánchez Agesta y Goig Martínez: unidad constituyente, internacional, del ordenamiento, fiscal y del territorio. Para el TC el Estado ocupa una posición de superioridad (SSTC 4/1982 y 76/1983) y no hay otra Nación que la española (STC 31/2010).

El principio de autonomía: autonomía política y no soberanía

Según Biscaretti, la descentralización puede ser administrativa (gestión de asuntos propios sin autogobierno) o política (poder legislativo y ejecutivo, pero sin Constitución ni poder judicial propios). La autonomía política tiene dimensiones normativa, financiera, organizativa y administrativa (Sánchez Agesta y Goig Martínez). Es un derecho garantizado por el TC. «Autonomía no es soberanía» y no puede oponerse a la unidad (STC 4/1981); la de las Comunidades es «cualitativamente superior» a la de los entes locales (STC 25/1981).

El principio de solidaridad

La solidaridad es el punto de equilibrio entre unidad y autonomía. Alonso de Antonio: «corresponsabilidad de todas las partes [...] en los fines colectivos», y del conjunto hacia los intereses de los miembros. Ejemplo: la financiación autonómica (157 y 158); la recogen los artículos 138, 156 y 158.2. Dos dimensiones: económica y organizativa y competencial. Solozábal la asocia a la Constitución de la integración. TC: «corolario de la autonomía» (25/1981), «deber de auxilio recíproco» (18/1982), «recíproco apoyo y mutua lealtad» (96/1986).

Antecedentes del autonomismo andaluz

El preámbulo del Estatuto de 2007 sitúa las raíces del autonomismo en: la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883), primer texto que plasma la voluntad de autogobierno; la Asamblea de Ronda (1918), que aprobó bandera y escudo; el Manifiesto de Córdoba (1919), que describió a Andalucía como realidad nacional; y 1933, con el himno y un proyecto de Estatuto que la Guerra Civil frustró. Blas Infante fue reconocido Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Hitos: 4 de diciembre de 1977 y referéndum de 28 de febrero de 1980.

La preautonomía y la vía del artículo 151

Según el Parlamento de Andalucía, el impulso inicial fue el 4 de diciembre de 1977 (cerca de millón y medio de manifestantes). Dos caminos: el «Pacto de Antequera» de 4 de diciembre de 1978 y el Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, que creó la Junta preautonómica, presidida por Plácido Fernández Viagas. La Junta de Rafael Escuredo acordó en Granada, el 21 de junio de 1979, seguir la vía del artículo 151; borrador en Carmona. En el referéndum de 28 de febrero de 1980 no se alcanzaron las mayorías exigidas, aunque el sí ganó en todas las provincias salvo Almería.

El desbloqueo de 1981 y el Estatuto de Autonomía de 1981

Tras el referéndum de iniciativa, el proceso solo podía seguir con una negociación política: los Acuerdos Autonómicos de 1981 (UCD y PSOE), que impusieron una organización institucional homogénea y la equiparación final de competencias. Se modificó la Ley de Referéndum para suplir la carencia de Almería con una ley orgánica pedida por sus diputados y senadores. El Estatuto, aprobado en Córdoba, se votó en referéndum el 20 de octubre de 1981. Elecciones el 23 de mayo de 1982 (109 diputados); Escuredo, primer presidente de la Junta.

La reforma del Estatuto de 2007: gestación y aprobación en el Parlamento de Andalucía

Manuel Chaves propuso la reforma el 28 de junio de 2001 para una «segunda modernización». En el Parlamento: el 29 de junio de 2004 se creó la Ponencia de Reforma (11 parlamentarios); el 2 de febrero de 2006 la Comisión de Desarrollo Estatutario aprobó el Dictamen; el 16 de febrero, toma en consideración (abstención de andalucistas y populares); el 2 de mayo de 2006 el Pleno aprobó la Proposición con mayoría de 3/5, por 67 votos a favor y 41 en contra, y la remitió al Congreso. Novedades: Derechos Sociales, Organización Territorial, Medio Ambiente, Medios de Comunicación.

La reforma del Estatuto de 2007: tramitación en las Cortes Generales

El 5 de mayo de 2006 la presidenta del Parlamento andaluz presentó en el Congreso la Propuesta de Reforma (246 artículos, 11 títulos). Congreso: toma en consideración el 23 de mayo (187 a favor); 285 enmiendas; Ponencia de 11 diputados y 11 parlamentarios andaluces; dictamen de la Comisión Constitucional el 25 de octubre; Pleno el 2 de noviembre (306 a favor de 308 presentes). Senado: ponencia el 27 de noviembre, Comisión General de las Comunidades Autónomas el 30 de noviembre y Pleno el 20 de diciembre de 2006 (242 a favor de 243 emitidos).

El referéndum de 18 de febrero de 2007 y la entrada en vigor del Estatuto

El referéndum de ratificación se celebró el domingo 18 de febrero de 2007, convocado por la Junta por delegación del Consejo de Ministros. Resultados: 87,4 % a favor, 9,4 % en contra, 3 % en blanco; participación del 36,2 % (Jaén la más alta, Cádiz la más baja). El Rey lo rubricó el 19 de marzo de 2007 y entró en vigor el 20 de marzo, al publicarse en el BOE. Tiene preámbulo, 11 títulos y 250 artículos. Lema: «Igualdad no significa uniformidad»; renueva el compromiso del 28-F de 1980.