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C2 · Materias comunes

Tema 2 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026

La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

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Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 1–3, 54–57, 81–84, 88–89, 98–99, 103–104, 109–113, 118–120 y 128–129. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.

  2. Artículo 2. Ámbito Subjetivo

    La ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades locales y sector público institucional. Este se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a lo que específicamente se refiera a ellas —en particular a los principios del artículo 3— y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

  3. Artículo 3. Principios generales

    Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

  4. Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

    La Administración General del Estado actúa y se organiza según los principios del artículo 3 y, además, los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección del sector público institucional estatal, conforme a los artículos 55 bis y 84 bis. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios que no estén atribuidas específicamente por Ley a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda.

  5. Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado

    La organización responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno. La Administración General del Estado comprende la Organización Central —Ministerios y servicios comunes—, la Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado; y órganos directivos, los Subsecretarios y Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y Directores generales y los Subdirectores generales. En la organización territorial son directivos los Delegados del Gobierno, con rango de Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno, con nivel de Subdirector general. En el exterior lo son los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Todos ellos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación y a los directivos desarrollarlos y ejecutarlos.

  6. Artículo 55 bis. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado

    Las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.

  7. Artículo 56. Elementos organizativos básicos

    Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades complejas, que agrupen dos o más menores. Los jefes de las unidades son responsables del correcto funcionamiento de estas y de la adecuada ejecución de sus tareas. Las unidades se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano.

  8. Artículo 57. Los Ministerios

    La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo cada uno uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización departamental no impide que existan órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados en la estructura general del Ministerio que, con carácter excepcional, se adscriban directamente al Ministro. El número, denominación y ámbito de competencia de los Ministerios y de las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

  9. Artículo 81. Principios generales de actuación

    Las entidades del sector público institucional se someten en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al de transparencia en su gestión; en materia de personal, incluido el laboral, quedan sujetas a las limitaciones de la normativa presupuestaria. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, para comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación —en particular los Capítulos I y VI y los artículos 129 y 134— y por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.

  10. Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

    El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. Contendrá, al menos, información actualizada sobre naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso la condición de medio propio, los regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y la clasificación en términos de contabilidad nacional. Se inscribirán, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional.

  11. Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

    El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva de los actos de creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible, acompañando la documentación justificativa. Tratándose de la creación, la notificación es electrónica y se acompaña de la copia o enlace a la publicación en el Boletín Oficial, o del acto jurídico de creación, con los Estatutos o el plan de actuación. La inscripción se practicará dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Para que la Administración Tributaria asigne el Número de Identificación Fiscal definitivo y la letra identificativa que corresponda será necesaria la certificación de la inscripción en el Inventario.

  12. Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal

    Integran el sector público institucional estatal: los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; los consorcios; las fundaciones del sector público; los fondos sin personalidad jurídica; y las universidades públicas no transferidas. El Estado o sus entidades no podrán crear ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas. Se exceptúan la participación en organismos internacionales o de ámbito supranacional, en los organismos de normalización y acreditación nacionales y en las sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984 de reconversión y reindustrialización.

  13. Artículo 84 bis. Presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal

    El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres se aplica a las personas titulares de presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables, así como a quienes tengan contratos de alta dirección, de modo que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta en el ámbito de cada entidad. El principio se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno.

  14. Artículo 88. Definición y actividades propias

    Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, directamente o a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas —de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación—, actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas, así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

  15. Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades

    Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Dentro de su esfera de competencia les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos de sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuirles la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco de las disposiciones que fijen su régimen jurídico básico. Los actos y resoluciones dictados en ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

  16. Artículo 98. Definición

    Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública —de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación—, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ella. Dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

  17. Artículo 99. Régimen jurídico

    Los organismos autónomos se rigen por esta Ley, su ley de creación, sus estatutos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la legislación de contratos del sector público, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

  18. Artículo 103. Definición

    Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado —salvo las que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado— y que, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de esta, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. Deberá figurar en su denominación la indicación «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».

  19. Artículo 104. Régimen jurídico

    Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para ellas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo que les sean de aplicación.

  20. Artículo 109. Definición

    Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. Actuarán con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».

  21. Artículo 110. Régimen jurídico

    Las autoridades administrativas independientes se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por esta Ley —en particular por lo dispuesto para los organismos autónomos—, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Ley General Presupuestaria, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo. En defecto de norma administrativa, se aplica el derecho común. Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012.

  22. Artículo 111. Definición

    Es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal: bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o de alguna de las entidades del sector público institucional estatal —incluidas otras sociedades mercantiles estatales— sea superior al 50 por 100, sumando a estos efectos las participaciones de todas ellas cuando participen varias; bien porque la sociedad se encuentre en el supuesto de control del artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».

  23. Artículo 112. Principios rectores

    La Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de las sociedades mercantiles estatales, y para ello promoverán buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad, conforme a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

  24. Artículo 113. Régimen jurídico

    Las sociedades mercantiles estatales se rigen por esta Ley, por la Ley 33/2003 y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

  25. Artículo 118. Definición y actividades propias

    Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Pueden realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras prevean las leyes, y pueden utilizarse para la gestión de servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

  26. Artículo 119. Régimen jurídico

    Los consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto en ellos sobre derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se somete al artículo 97 de esta Ley y, en su defecto, a la Ley de Sociedades de Capital. Las normas sobre consorcios locales de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local tienen carácter supletorio respecto de esta Ley.

  27. Artículo 120. Régimen de adscripción

    Los estatutos determinarán la Administración a la que el consorcio queda adscrito, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien tenga mayor control por normativa especial; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría del órgano de gobierno; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; quien tenga el mayor porcentaje en el fondo patrimonial; y quien tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, según los fines se orienten a personas o a territorio. Si participan entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. Todo cambio de adscripción conlleva la modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio siguiente.

  28. Artículo 128. Definición y actividades propias

    Son fundaciones del sector público estatal las que reúnan alguno de estos requisitos: constituirse con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal, o recibirla después; que su patrimonio esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por ellos; o que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a sus representantes. Sus actividades propias son las realizadas sin ánimo de lucro para fines de interés general, se presten gratuitamente o mediante contraprestación, y únicamente pueden versar sobre el ámbito competencial de las entidades fundadoras, coadyuvando a sus fines sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa. No podrán ejercer potestades públicas. En su denominación figurará «fundación del sector público» o «F.S.P.», y podrá existir aportación privada de forma no mayoritaria.

  29. Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones

    Los estatutos determinarán la Administración de adscripción, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos al primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de mayoría de patronos; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien pueda hacerlo con la mayoría del patronato; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; y quien tenga el mayor porcentaje del fondo patrimonial. Si nada de eso resulta determinante, se adscribe a la Administración General del Estado y, si esta no participa, a la que decida su patronato. El cambio de adscripción conlleva modificar los estatutos en un plazo no superior a tres meses desde el inicio del ejercicio siguiente. Quedan sujetas al régimen presupuestario, económico-financiero y de control de la Administración de adscripción.

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local

En este tema: arts. 3 y 85. Ver la norma

  1. Artículo 3

    El artículo 3 distingue dos grupos. Son Entidades Locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Gozan también de la condición de Entidades Locales, sin ser territoriales, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a esta Ley y a sus Estatutos de Autonomía), las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.

  2. Artículo 85

    Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Se gestionan de la forma más sostenible y eficiente entre: gestión directa (propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital público) o gestión indirecta (formas del contrato de gestión de servicios públicos). La entidad pública empresarial y la sociedad mercantil solo caben si una memoria justificativa acredita que son más sostenibles y eficientes; la memoria se eleva al Pleno y se recaba informe del interventor local.

  3. Artículo 85 bis

    Organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales se rigen por los arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, con especialidades: el Pleno los crea, modifica, refunde y suprime y aprueba sus estatutos; quedan adscritos a una Concejalía, Área u órgano equivalente (las EPE también a un organismo autónomo); el máximo directivo ha de ser titulado superior (el profesional privado, con más de cinco años de ejercicio); consejo rector en los organismos autónomos y consejo de administración en las EPE. Los estatutos se aprueban y publican antes de su funcionamiento efectivo.

  4. Artículo 85 ter

    Las sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente, sea cual sea su forma jurídica, por Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Deben adoptar una de las formas del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010, de 2 de julio); la escritura de constitución fija el capital que aportan las Administraciones o entidades del sector público titulares. Los estatutos determinan la designación y funcionamiento de la Junta General, del Consejo de Administración y de los máximos órganos de dirección.

El Derecho administrativo y sus fuentes

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. Concepto de Derecho administrativo y su ubicación en el ordenamiento

    El DPEJ define el Derecho administrativo como la rama que estudia la organización y funcionamiento de las Administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, su sistema normativo y sus garantías jurisdiccionales. Quadra-Salcedo y Vida lo ven desde dos perspectivas: subjetiva (Derecho de las Administraciones Públicas) y objetiva (Derecho que ordena la administración del poder). Su objeto es la Administración como organización y como actividad. Pertenece al Derecho público, enmarcado por el constitucional, y se distingue del privado y del penal.

  2. Definiciones doctrinales y origen del Derecho administrativo

    Definiciones doctrinales: García de Enterría, Derecho propio de las Administraciones públicas en cuanto personas; Villar Palasí, Derecho propio, peculiar y autónomo de la Administración pública, definición que adoptan Quadra-Salcedo y Vida; Giannini, rama particular de la normativa pública; Alessi, normas que regulan la función administrativa del Estado. El término parece emplearlo primero Romagnosi en 1814. El Derecho administrativo es en buena medida producto de la Revolución francesa. Primeras obras españolas: Oliván (1842), Posada Herrera y Ortiz de Zúñiga (1843) y Colmeiro (1850).

  3. Un Derecho propio y peculiar: legalidad frente a autonomía de la voluntad

    Para Quadra-Salcedo y Vida, el Derecho administrativo es propio y además peculiar, porque sus principios están «en las antípodas» de los del civil. El civil se inspira en la autonomía de la voluntad; el administrativo, en el principio de legalidad: la Administración solo puede hacer lo que le permite la ley. Vinculación negativa (ciudadanos): «está permitido todo lo que no está prohibido». Vinculación positiva (Administración): «está prohibido lo que no está permitido». La STC 42/2014 acoge la vinculación positiva.

  4. La autonomía del Derecho administrativo y el Derecho común de la Administración

    Para Quadra-Salcedo y Vida, el Derecho administrativo es autónomo: ante una laguna no se acude en principio a otra rama, como el civil, sino que se auto-integra con instituciones análogas del ordenamiento administrativo o con sus principios; solo excepcionalmente entra otra rama como supletoria. No es el único Derecho que se aplica a la Administración (también el privado o el laboral), pero sí su Derecho común cuando ejerce funciones públicas; y lo aplican también las Cortes o el Tribunal Constitucional en tareas materialmente administrativas.

  5. Cuándo se aplica el Derecho administrativo: el sujeto y la función

    Ordenando la lección de Quadra-Salcedo y Vida caben dos criterios (los rótulos no son suyos): el del sujeto, porque es el Derecho propio de la Administración Pública, y el de la función, porque se le aplica siempre que ejerce funciones públicas. No hay definición legal de Administración: las Leyes 39/2015 y 40/2015 enumeran la AGE, las autonómicas, las locales y los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes. Las corporaciones de Derecho público se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 39/2015.

  6. Sometimiento de la Administración al Derecho privado y «huida del Derecho administrativo»

    Según Quadra-Salcedo y Vida, la Administración a veces actúa sometida al Derecho privado o al laboral (alquiler de un local, personal laboral). Lo más extremo son las entidades de Derecho privado «en mano pública», que en principio no ejercen potestades públicas y a las que se aplican normas administrativas de contratación, presupuesto, contabilidad y control. El DPEJ define la «huida del derecho administrativo»: su primer patrocinador fue M. Clavero, y el informe Abril (1991) culpó al Derecho administrativo de la crisis de los servicios sanitarios.

  7. Rule of law y régimen administrativo según la crónica de Entrena Cuesta (1958)

    En una crónica de 1958, Rafael Entrena Cuesta señala como estudios clásicos sobre «régimen administrativo» y «rule of law» los de Dicey y Hauriou, que ven como nota diferenciadora la ausencia en Inglaterra de tribunales administrativos. Entrena sostiene que esas ideas están en crisis, con dos monografías inglesas: la de Hamson (1954), que considera superior el recurso por desviación de poder al ultra vires, y la de Allen (1956); ambas defienden la superioridad del sistema francés. Para Entrena, la dualidad de jurisdicciones no es consustancial al Derecho administrativo.

  8. Formas de sometimiento de la Administración al Derecho según el esquema de Prieto (ULL)

    El esquema de Luis F. Prieto González (Universidad de La Laguna) distingue la sumisión total al Derecho común (rule of law, de la Gran Revolución de 1688) y la sumisión a un Derecho especial (régime administratif, de la Revolución francesa de 1789). Dicey asocia el rule of law a la igualdad ante la ley ordinaria y a tribunales ordinarios; Hauriou, además, a la descentralización. Condiciones objetivas de la universalidad: división de poderes, sometimiento a la ley y control judicial; subjetivas: servicio de los intereses generales y garantía de los derechos fundamentales.

  9. El ordenamiento jurídico-administrativo y el concepto de fuentes del Derecho

    Para Antonio Fortes Martín, el ordenamiento es un sistema, no un agregado de normas. El jurídico-administrativo tiene rasgos propios: la Administración está sometida a la ley pero crea normas; hay múltiples centros con capacidad normativa; muchas funciones y muchas normas; contingencia y variabilidad («legislación motorizada», de Carl Schmitt); y derogaciones tácitas. El DPEJ recuerda que el Código Civil (art. 1.1) cita la ley, la costumbre y los principios generales. Fortes considera el reglamento el producto normativo prototípico del Derecho administrativo.

  10. La Constitución como fuente y el principio de jerarquía normativa

    Para Fortes Martín, la Constitución tiene valor normativo propio (art. 9.1 CE), es la «norma de normas» y obliga a interpretar el ordenamiento conforme a ella. El DPEJ define la jerarquía normativa como la superioridad de rango de unas normas sobre otras (art. 9.3 CE); los reglamentos que vulneran normas superiores son nulos de pleno derecho. Entre ley estatal y autonómica no rige la jerarquía sino el criterio material de la competencia, aunque por la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) la estatal prevalece en lo no atribuido a la comunidad.

  11. La ley: concepto, clases y reserva de ley

    El DPEJ define la ley como norma del Parlamento, aprobada con ese nombre por el procedimiento legislativo, inferior a la Constitución y superior a las demás normas. Fortes Martín distingue leyes orgánicas (materias del art. 81.1 CE, mayoría absoluta del Congreso) y ordinarias, además de las del art. 150 CE y la legislación básica, distinta de las leyes de bases. Reserva de ley material: ciertas materias deben regularse por ley. Formal: regulada una materia por ley, su rango se «congela» y solo otra ley puede modificarla.

  12. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decretos legislativos y decretos-leyes

    Fortes Martín llama disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley a los decretos legislativos y los decretos-leyes. Los decretos legislativos requieren delegación de las Cortes: por ley ordinaria para un texto refundido y por ley de bases para un texto articulado; solo en el Gobierno, sin subdelegación, no en materia orgánica, expresa, para materia concreta y con plazo. Los decretos-leyes exigen «extraordinaria y urgente necesidad», tienen materias vedadas y se convalidan o derogan en treinta días.

  13. El reglamento: concepto, formas y clases

    El DPEJ define el reglamento como disposición general de categoría inferior a la ley, dictada por el Gobierno u otros órganos habilitados. Para Fortes Martín es el producto normativo prototípico del Derecho administrativo; se distingue de las normas con fuerza de ley y del acto administrativo. Su forma depende del ente: reales decretos y órdenes ministeriales en la AGE, decretos y órdenes en las comunidades, ordenanzas en los municipios. Clases: ejecutivos (secundum legem), independientes (extra legem, solo en materias organizativas internas) y de necesidad (contra legem).

  14. Otras fuentes: Derecho de la Unión, tratados, principios generales, jurisprudencia, costumbre y precedente

    Fortes Martín enumera otras fuentes: el Derecho de la Unión (aplicabilidad directa, efecto directo y primacía), los tratados (art. 96 CE), los principios generales (supletorios e informadores, art. 1.4 CC), la jurisprudencia (complemento, art. 1.6 CC), la costumbre (en defecto de ley y probada) y el precedente administrativo: vinculación de la Administración a sus actos propios, sucesivos y reiterados en una misma dirección (art. 35.1.c Ley 39/2015). F. de Castro atribuyó a los principios generales una triple función.

  15. Concepto de Administración pública

    El DPEJ define la Administración pública como el conjunto de órganos y entidades que sirven con objetividad los intereses generales ejecutando las leyes y prestando servicios públicos. Para Quadra-Salcedo y Vida no hay definición legal y lo fundamental es la personalidad jurídica. Coordenada horizontal: se encuadra en el Poder Ejecutivo, junto al Gobierno, como su brazo ejecutor. Coordenada vertical: hay una pluralidad de Administraciones en cada nivel territorial (art. 137 CE). Consume en torno al 40 % del PIB.

  16. Tipología de las Administraciones: territoriales e instrumentales

    Quadra-Salcedo y Vida distinguen Administraciones territoriales e instrumentales. Las territoriales son completas, sin fin predeterminado y con todas las potestades: la AGE, diecisiete autonómicas y una por cada municipio (8.124), provincia (43, sin las comunidades uniprovinciales) e isla (8). Las instrumentales dependen de una territorial (salvo las independientes), tienen fines concretos y carecen de algunas potestades, siempre de la expropiatoria. Empresas y fundaciones públicas no son Administración, aunque integran el sector público institucional.

  17. La Administración corporativa y los colegios profesionales

    El DPEJ define la Administración corporativa como la formada por entes asociativos de base privada regulados por normas de Derecho público que les asignan funciones públicas (art. 36 CE). Quadra-Salcedo y Vida la fundan en el art. 52 CE. Los colegios profesionales son autoadministración: en funciones de interés general se rigen por el Derecho administrativo; en las de interés privado de sus colegiados, por el privado. La Ley 2/1974 los define como corporaciones de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad.

  18. Otras corporaciones de Derecho público y entes afines

    Quadra-Salcedo y Vida citan como corporaciones de Derecho público las Cámaras de Comercio, las Comunidades de Usuarios del Agua y las Cofradías de Pescadores; la ONCE es corporación de carácter social bajo tutela del Estado. La Constitución recoge tres fórmulas asociativas profesionales: sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), colegios (art. 36) y otras organizaciones profesionales (art. 52). Según la STC 132/1989, el pacto asociativo se sustituye por un acto de creación estatal. El DPEJ da a la comunidad de regantes tres órganos: junta general, junta de gobierno y jurados.

Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía

En este tema: arts. 1–3 y 50–54. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley

    La Ley 9/2007 regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, y las especialidades del procedimiento administrativo común que le son propias. También regula los principios generales de organización, funcionamiento y régimen jurídico de sus entidades instrumentales. Estas entidades quedan sujetas a la Ley en todo caso cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

  2. Artículo 2. Personalidad jurídica y potestades

    La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo. Formada por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan sus entidades instrumentales dependientes. Goza de las potestades y prerrogativas que le atribuya el ordenamiento y las que éste confiere a la Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación. Las agencias de su Administración instrumental las tienen en tanto les sean expresamente reconocidas por las leyes y sus estatutos.

  3. Artículo 3. Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía

    Sirve con objetividad al interés general, sujeta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al ordenamiento. Principios: eficacia; jerarquía; descentralización funcional; desconcentración funcional y territorial; coordinación; lealtad institucional; buena fe; confianza legítima; transparencia; cooperación interadministrativa; eficiencia y control de resultados; programación de objetivos; coordinación y planificación; racionalidad organizativa; procedimientos ágiles; imparcialidad; igualdad de hombres y mujeres; no discriminación; proximidad; responsabilidad; buena administración y calidad.

  4. Artículo 50. Delimitación

    Entidades instrumentales: con personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Junta o sus entes públicos, cuya actividad, por eficacia, justifica autonomía de gestión y mayor proximidad a la ciudadanía. Si duplican lo existente, se suprimen o reducen las funciones de lo ya existente. Si integran servicios de otra, rigen los artículos 52 bis y, en su caso, 60. La Consejería de Hacienda ejerce el control económico-financiero, informa y, en su caso, autoriza crear, alterar y suprimir entidades, e informa sobre sedes y subsedes.

  5. Artículo 51. Personalidad jurídica y principio de instrumentalidad

    Las entidades instrumentales reguladas en este título tienen cuatro rasgos: personalidad jurídica diferenciada, patrimonio propio, tesorería propia y autonomía de gestión en los términos de la Ley. Además se ajustan al principio de instrumentalidad: los fines y objetivos que se les asignan específicamente son propios de la Administración de la que dependen.

  6. Artículo 52. Clasificación y naturaleza jurídica

    Las entidades instrumentales se clasifican en agencias y en entidades instrumentales privadas (sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz). Las agencias tienen personalidad jurídica pública y son Administración institucional dependiente de la Junta. Sociedades y fundaciones tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer autoridad. Cualquier participación no reglada en entidades, distinta de las previstas en la ley, requiere autorización del Consejo de Gobierno.

  7. Artículo 52 bis. Transformación

    Cualquier agencia, sociedad mercantil o fundación del sector público andaluz puede transformarse en otra entidad instrumental. Conserva su personalidad jurídica: cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal. No altera condiciones financieras ni es causa de resolución. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en Administración Pública, Regeneración y Hacienda. El personal se integra, sin adquirir por ello la condición de funcionario y sin incremento de la masa salarial. El proyecto lleva memoria.

  8. Artículo 53. Gestión de calidad

    Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las actividades que tienen atribuidas. Además, implantarán sistemas de gestión de calidad en la producción de bienes y en la prestación de servicios, incluidos los de naturaleza medioambiental.

  9. Artículo 53 bis. Encargos de los poderes adjudicadores y no adjudicadores a medios propios personificados

    Entidades instrumentales y consorcios adscritos pueden ser medios propios si cumplen los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017. Necesitan medios suficientes e idóneos y ser opción más eficiente que la contratación pública o necesaria por seguridad pública o urgencia. Su denominación llevará «Medio Propio» o «M.P.». La propuesta de declaración lleva memoria justificativa e informe previo de la Intervención General. Anticipos: justificarlos antes de tres meses tras el plazo de ejecución. Emergencias: cuenta al Consejo de Gobierno en dos meses y pagos hasta el 100 %.

  10. Artículo 54. Concepto y clasificación

    Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública, dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, que realizan actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización funcional. Se clasifican en tres tipos: agencias administrativas, agencias públicas empresariales y agencias de régimen especial.

Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: arts. 46–47. Ver la norma

  1. Artículo 46. Instituciones de autogobierno

    El artículo 46 atribuye a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, dos materias: 1.ª la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno; y 2.ª las normas y procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general.

  2. Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas

    Exclusivas: procedimiento derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos; bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad; control, inspección y sanción en lo no afectado por el art. 149.1.18.ª CE; organización a efectos contractuales de la Administración propia. Compartidas: régimen jurídico de la Administración y de su personal; procedimiento administrativo común; contratos y concesiones; responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa: ejecutiva. Facultades para incorporar figuras jurídico-privadas necesarias.

Constitución Española

En este tema: arts. 103–106. Ver la norma

  1. Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

    La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

  2. Artículo 104. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

    Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.

  3. Artículo 105. Audiencia al ciudadano, acceso a archivos y procedimiento

    La ley regulará tres materias: la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones y asociaciones, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado.

  4. Artículo 106. Control judicial de la Administración y responsabilidad patrimonial

    Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican. Además, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

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