C2 · Materias comunes
Tema 1 del temario de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Cádiz 2026
La Constitución Española de 1.978. Principios generales, características y estructura. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
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- Constitución Española · preámbulo, arts. 1–55, 116, 166–169, DA 1.ª–4.ª, DT 1.ª–9.ª, DD 1.ª y DF 1.ª
- La Constitución de 1978 y el Estado autonómico · fichas 1–8
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En este tema: preámbulo, arts. 1–55, 116, 166–169, DA 1.ª–4.ª, DT 1.ª–9.ª, DD 1.ª y DF 1.ª. Ver la norma
Preámbulo
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizar la convivencia democrática; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en sus derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía; establecer una sociedad democrática avanzada; y colaborar con todos los pueblos de la Tierra.
Artículo 1. Estado social y democrático de Derecho
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2. Unidad y autonomía
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 3. Lenguas de España
El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CCAA respectivas, de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza lingüística es patrimonio cultural.
Artículo 4. La bandera
La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Las CCAA podrán reconocer banderas propias, que se usarán junto a la de España.
Artículo 5. La capital
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Artículo 6. Partidos políticos
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.
Artículo 8. Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Artículo 9. Principios del art. 9.3
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 10. Dignidad de la persona
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Artículo 11. Nacionalidad española
La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en esos mismos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad.
Artículo 12. Mayoría de edad
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
Artículo 13. Derechos de los extranjeros
Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos del derecho de asilo.
Artículo 14. Igualdad ante la ley
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 15. Derecho a la vida
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.
Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Artículo 17. Derecho a la libertad y seguridad
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus.
Artículo 18. Intimidad, domicilio y comunicaciones
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.
Artículo 19. Libertad de residencia y circulación
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. También a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley, con un límite tajante: ese derecho no podrá limitarse por motivos políticos o ideológicos.
Artículo 20. Libertad de expresión e información
Se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. No podrá restringirse mediante censura previa.
Artículo 21. Derecho de reunión y manifestación
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y su ejercicio no necesita autorización previa. En las reuniones en lugares de tránsito público y en las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
Artículo 22. Derecho de asociación
Se reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Las constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 24. Tutela judicial efectiva
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Artículo 25. Principio de legalidad penal y sancionadora
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados; el preso conserva los derechos fundamentales de este Capítulo salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Y la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
Artículo 27. Derecho a la educación
Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes.
Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga
Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 29. Derecho de petición
Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.
Artículo 30. Deber de defender a España
Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares y regulará la objeción de conciencia. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Los ciudadanos podrán ser requeridos para colaborar en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Artículo 32. Derecho al matrimonio
El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia
Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Artículo 34. Derecho de fundación
Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Rige también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
Artículo 35. Derecho y deber de trabajar
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Artículo 36. Colegios profesionales
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
Artículo 37. Negociación colectiva y conflictos colectivos
La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, y la ley que lo regule incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 38. Libertad de empresa
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Artículo 39. Protección de la familia y de la infancia
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral de los hijos —iguales ante la ley con independencia de su filiación— y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales.
Artículo 40. Progreso social y económico y política de empleo
Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica, y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Fomentarán además la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Artículo 41. Seguridad Social
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Artículo 42. Protección de los trabajadores españoles en el extranjero
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Artículo 43. Protección de la salud
Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Artículo 44. Acceso a la cultura y a la ciencia
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes lo violen se establecerán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado.
Artículo 46. Conservación del patrimonio histórico y cultural
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Artículo 47. Derecho a una vivienda digna
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 48. Participación de la juventud
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Artículo 49. Atención a las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles, y fomentarán la participación de sus organizaciones, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Artículo 50. Suficiencia económica de las personas mayores
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles. Y la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Artículo 52. Organizaciones profesionales
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 53. Garantías de los derechos y libertades
Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Los principios del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.
Artículo 54. El Defensor del Pueblo
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades
Los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio; se exceptúa el artículo 17.3 en el estado de excepción. Además, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan suspenderse los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. El uso injustificado o abusivo de esas facultades producirá responsabilidad penal.
Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio
Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.
Artículo 166. Iniciativa de reforma constitucional
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
Artículo 167. Procedimiento ordinario de reforma
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por esa vía, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Aprobada por las Cortes, se someterá a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Artículo 168. Procedimiento agravado de reforma
Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, se aprobará el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se disolverán inmediatamente las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación.
Artículo 169. Límite temporal a la reforma
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.
Disposición adicional primera
La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Si se actualiza con carácter general ese régimen foral, la actualización se hará, en su caso, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía: no fuera de ellos ni por encima de ellos.
Disposición adicional segunda
La mayoría de edad que declara el artículo 12 de la Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales, pero solo en el ámbito del Derecho privado. Es decir, la regla constitucional sobre la mayoría de edad convive con lo que los derechos forales amparen en materia de Derecho privado.
Disposición adicional tercera
Para modificar el régimen económico y fiscal del archipiélago canario hace falta un informe previo de la Comunidad Autónoma (o, en su caso, del órgano provisional autonómico, previsión pensada para el momento de aprobarse la Constitución). El dato clave: es un informe y es previo a la modificación.
Disposición adicional cuarta
Cuando en una Comunidad Autónoma tengan su sede más de una Audiencia Territorial, sus Estatutos de Autonomía podrán mantener las existentes y repartir entre ellas las competencias. Siempre de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.
Disposición transitoria primera
Disposición de alcance histórico: en los territorios que, al aprobarse la Constitución, tenían un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores podían sustituir a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares en la iniciativa autonómica del artículo 143.2. Para ello necesitaban un acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.
Disposición transitoria segunda
Disposición de alcance histórico: se refería a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y que, al promulgarse la Constitución, contaran con regímenes provisionales de autonomía. Podían proceder inmediatamente en la forma del artículo 148.2 si lo acordaban, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto se elaboraba según el artículo 151.2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.
Disposición transitoria tercera
Disposición de alcance histórico: la iniciativa del proceso autonómico que el artículo 143.2 atribuye a las Corporaciones locales o a sus miembros se entendió diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
Disposición transitoria cuarta
Para que Navarra se incorpore al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa no sigue el artículo 143: corresponde al Órgano Foral competente, que decide por mayoría de sus miembros, y debe ratificarse en referéndum aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si no prospera, solo puede reproducirse en distinto período del mandato del Órgano Foral y, en todo caso, transcurrido el plazo mínimo del artículo 143.
Disposición transitoria quinta
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si lo deciden sus Ayuntamientos, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, y lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica, en los términos del artículo 144.
Disposición transitoria sexta
Disposición de alcance histórico: si se remitían varios proyectos de Estatuto a la Comisión Constitucional del Congreso, se dictaminaban por su orden de entrada en ella. El plazo de dos meses del artículo 151 empezaba a contar desde que la Comisión terminara el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente hubiera conocido.
Disposición transitoria séptima
Disposición de alcance histórico: los organismos provisionales autonómicos se consideraban disueltos en tres casos: a) una vez constituidos los órganos de los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a la Constitución; b) si la iniciativa autonómica no prosperaba por no cumplir los requisitos del artículo 143; c) si el organismo no había ejercido en el plazo de tres años el derecho que le reconocía la disposición transitoria primera.
Disposición transitoria octava
Disposición de alcance histórico: las Cámaras que aprobaron la Constitución asumieron las funciones del Congreso y del Senado, sin que su mandato pudiera ir más allá del 15 de junio de 1981. La promulgación de la Constitución abrió un período de treinta días para aplicar el artículo 99; en él, el entonces Presidente del Gobierno podía disolver (artículo 115) o dimitir y dar paso al artículo 99. Si había disolución sin ley electoral, se aplicaban las normas anteriores con las excepciones citadas.
Disposición transitoria novena
Disposición de alcance histórico: a los tres años de la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional se sorteó qué grupo de cuatro miembros de la misma procedencia cesaba y se renovaba. Solo a estos efectos se agruparon como de la misma procedencia los dos designados a propuesta del Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Tres años después se repitió entre los dos grupos no afectados por el primer sorteo; después, se aplica el artículo 159.3.
Disposición derogatoria única
La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, para la Reforma Política, y las Leyes Fundamentales anteriores (Principios del Movimiento Nacional, Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley Constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión, Ley Orgánica del Estado y Ley de Referéndum Nacional). Considera definitivamente derogadas la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que afecte a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la Ley de 21 de julio de 1876. Y deroga cuanto se oponga a la Constitución.
Disposición final única
La Constitución entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado; no hay periodo de vacatio. Además, se publicará también en las demás lenguas de España.
La Constitución de 1978 y el Estado autonómico
En este tema: fichas 1–8. Ver las fichas
Antecedentes: la Ley para la Reforma Política
La transición partió de la legalidad anterior: las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976; se ratificó en referéndum el 15 de diciembre de 1976 (más del 94 % de votos afirmativos, con más del 77 % del electorado votando) y se publicó en el BOE el 5 de enero de 1977. Bases: soberanía popular y supremacía de la ley; Cortes bicamerales por sufragio universal, directo y secreto, proporcional en el Congreso y mayoritario en el Senado; 350 diputados y 207 senadores electos más 41 de designación real; procedimiento de reforma constitucional.
Las elecciones de 15 de junio de 1977 y las Cortes Constituyentes
Antes de las elecciones, el Real Decreto-ley 12/1977 reguló la asociación política y el Real Decreto-ley 20/1977 aprobó las normas electorales. Convocadas por el Real Decreto 679/1977, se celebraron el 15 de junio de 1977 (586 candidaturas, participación del 79 %). Congreso: UCD 165 escaños y PSOE 103. Senado: UCD 106 y PSOE 35. Las Cámaras se reunieron por primera vez el 13 de julio (Junta Preparatoria), pero la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977, en sesión conjunta ante los Reyes.
El proceso constituyente en el Congreso: Ponencia, Comisión y Pleno
El 26 de julio de 1977 el Pleno del Congreso creó una Comisión Constitucional, constituida el 1 de agosto, que designó una Ponencia de siete diputados, los «Padres de la Constitución»: Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca (UCD), Peces-Barba (Socialista), Fraga (AP), Solé Tura (Comunista) y Roca (Minoría Catalana). Celebró 29 sesiones reservadas; el anteproyecto se publicó el 5 de enero de 1978 y recibió más de 3.000 enmiendas. El Pleno aprobó el texto el 21 de julio de 1978 (258 a favor, 2 en contra, 14 abstenciones).
El proceso constituyente en el Senado y la Comisión Mixta
En el Senado el plazo de enmiendas acabó el 7 de agosto de 1978 (1.254 escritos); la Comisión de Constitución debatió en diecisiete sesiones y el Pleno aprobó las «Modificaciones» el 5 de octubre. Como había discrepancias, se constituyó una Comisión Mixta presidida por Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes; sus sesiones fueron secretas y su Dictamen se publicó el 28 de octubre. Ambas Cámaras lo votaron el 31 de octubre de 1978: Congreso 325 a favor; Senado 226 a favor.
Referéndum, sanción y publicación de la Constitución
El referéndum, convocado por el Real Decreto 2550/1978, se celebró el 6 de diciembre de 1978: aprobación por el 87,78 % de los votantes (58,97 % del censo). El Rey sancionó la Constitución el 27 de diciembre de 1978 en sesión conjunta solemne de Congreso y Senado en el Palacio de las Cortes; el BOE la publicó el 29 de diciembre (núm. 311), junto con las versiones en las restantes lenguas de España. Cronología: 21-7 Pleno del Congreso, 5-10 Pleno del Senado, 31-10 Comisión Mixta.
Características generales: la «Constitución del consenso»
Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).
Valor normativo y supremacía de la Constitución
El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).
Alcance de la vinculación a la Constitución: poderes públicos, ciudadanos, jueces, valores
La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.
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